Doctrina
Título:Aplicación de las normas de consumo en materia de prescripción de acciones de responsabilidad
Autor:Piris, Cristian
País:
Argentina
Publicación:Revista de Derecho Bancario y Financiero - Número 29 - Junio 2016
Fecha:29-06-2016 Cita:IJ-C-16
Índice Voces
La prescripción
La prescripción en el CCYC y leyes especiales
Dialogo de fuentes
Soluciones posibles
Notas

Aplicación de las normas de consumo en materia de prescripción de acciones de responsabilidad [1]

Cristian Ricardo A. Piris[2]

En este trabajo voy a centrarme en la prescripción liberatoria y el juego de las fuentes del Derecho. Veremos la complejidad del asunto en un caso testigo, como es el plazo de la prescripción en los contratos de seguro cuando se hallen involucrado consumidores.

La prescripción [arriba] 

La prescripción es una institución ancestral, y nos habituamos a ella porque nos la han enseñado en la Facultad de Derecho como algo muy natural, pero es una figura jurídica controvertida, que supone brindar seguridad jurídica a un precio muy alto, nada menos que la pérdida del derecho o de su exigibilidad. 

Cuando más corto el tiempo de la prescripción, más alto el precio de la seguridad jurídica. Hay una pregunta latente que nunca nos formulamos: ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para obtener certeza en referencia a los derechos? La respuesta varía según los casos… 10 años, 5, 3, 2, 1… no lo pueden determinar los particulares, son normas indisponibles fijadas según criterio legislativo. El Código Civil y Comercial (en adelante CCyC) nos dice claramente que se trata de una institución de orden público, y así lo establece el artículo 2533 cuando dispone: “Carácter imperativo. Las normas relativas a la prescripción no pueden ser modificadas por convención”.

Si leemos entre líneas, y de manera descarnada, lo que nos quieren decir la institución prescripción es lo siguiente: los derechos no son todos iguales, no valen todos lo mismo, los hay más y menos valiosos, los más importantes socialmente son los que decidimos preservar durante más tiempo, son aquellos con los cuales decidimos ser más tolerantes frente la inacción del acreedor. Y es tan relevante esta determinación que el “valor” de derecho no pueden fijarlo los particulares en ningún caso, lo establece el Estado de manera imperativa.

Este tema del tiempo de la prescripción y el valor de los derechos, es un tema que dejo planteado, y lo reservo para ser retomado al final del trabajo.

La prescripción en el CCYC y leyes especiales [arriba] 

El CCyC, a diferencia del Código de Vélez, no define la prescripción, al menos no la liberatoria, porque si lo hace con la adquisitiva en el artículo 1897.

Entre materia de prescripción, había un juego de relaciones cruzadas entre la Ley de Defensa del Consumidor (en adelante LDC) y el Código Civil, así como entre la LDC y las leyes especiales como la ley 17.418 de Seguros cuando se trataba de contratos a consumidores. Lo problemático venía dado por que una ley de tan amplio alcance como LDC (que algunos llaman directamente ley general) tuviera un régimen propio de prescripción de todas las “acciones emergentes” de dicha ley, porque ello generaría superposiciones normativas que deberían ser resueltas por vía interpretativa.

El inicio del problema se dio con el original artículo 50 de la LDC que disponía “Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres (3) años”.

Esa norma generaba discusión cuando colisionaba, por ejemplo con el artículo 4023 del Código de Vélez que disponía que “toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años” ¿Qué pasaba entonces con las acciones de un contrato de consumo?... era necesario recurrir al principio pro consumidor consagrado en otro artículo de la LDC para encontrar una solución al problema. Se daba una situación paradojal, la norma especial de defensa del consumidor era menos protectora del consumidor que las normas generales.

Esa situación vino a subsanarse con la ley 26.361, modificatoria de la LDC, que dispuso un nuevo artículo 50 en los siguientes términos “Prescripción. Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario.”

Como se puede apreciar una combinación del anterior art. 50 con el 3, vinieron a generar esa norma y zanjar la disputa. Para las acciones emergentes de la ley el plazo común era de 3 años, salvo que otra ley (general o especial) dispusiera de un plazo mayor, en ese supuesto se aplicaría lo más favorable al consumidor.

Esto motivó un conocido plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el año 2012[3], considerando aplicable el plazo trienal de la LDC por sobre el plazo anual de los contratos de transporte regulado por el entonces vigente Código de Comercio. En ese caso todo encajaba de manera perfecta porque le eran aplicable tres principios interpretativos de manera conjunta: ley especial por sobre ley general, ley más benigna para el consumidor, y ley posterior sobre ley anterior.

Ahora bien, la situación no era igual con la Ley de Seguros que en su artículo 58 dispone que “las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible”.

El eje de la disputa estaba dada por el hecho que el artículo 50 de la LDC disponía un plazo de 3 años, y el principio de interpretación más favorable al consumidor, y por otro lado la ley de seguro, como ley especial y con un plazo más breve (es decir menos favorable al consumidor) 

Quedaba claro que si en un contrato de seguro no existía ninguna cuestión relacionada con la LDC, el plazo sería el previsto en el artículo 58 de la ley 17.418, pero si el reclamo involucraba alguna cuestión vinculada con la ley 24.240, ¿el plazo de prescripción sería de tres años o de un año? ¿La norma especial de la ley de seguros regía por sobre la norma general de la ley 24.240? ¿El orden público y el mandato constitucional del derecho de los consumidores se aplicaría por sobre las normas de un contrato como el seguro?

Si, como lo ha destacado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la prescripción liberatoria no puede separarse de la causa de la obligación jurídicamente demandable[4], ¿no sería un caso de separación aplicar a un contrato de seguro una prescripción que no le resulte propia?

Podría sostenerse que la protección del consumidor es parte del derecho privado constitucionalizado, que tiene jerarquía superior a las leyes. Que el principio de ley especial debe ceder ante la jerarquía del principio protectorio.

Pero también podría sostenerse que la ley especial no vulnera derechos del consumidor, es cierto que fija un plazo de prescripción más acotado, pero también tiene en consideración el riesgo económico específico de ese tipo de contrataciones y del modo en que eso incide luego en el precio de la prima de seguro. La mirada sería más compleja, no se limita a analizar solo qué es lo que protege más al consumidor de manera focalizada en el plazo de la prescripción, por el contrario pone en la balanza: derechos del asegurado (dado que no se desentiende del asunto), riesgo económico y control estatal de la actividad asegurativa a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, vigilancia del cual carece la mayor parte de los contratos de consumo.

Es importante señalar que la jurisprudencia se ha pronunciado a favor y en contra de una u otra postura sin haberse consolidado una tendencia en ningún sentido.

Ahora bien, con la entrada en vigencia del CCyC el escenario ha cambiado. El CCyC toma contenidos del Derecho del Consumidor y los regula, aunque mantiene el microsistema vigente. Entonces, en ese esquema, mantener incólume el art. 50 hubiera significado un problema, dado que solo se aplicaría a las “acciones emergentes” de dicha ley. Ello llevó, con buen criterio, a modificar la norma en cuestión que quedó redactada de la siguiente manera: “Prescripción. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de TRES (3) años.”

Como puede apreciarse, todo lo relativo a prescripción de acciones referidas a relaciones de consumo se rige por el derecho común, y solo se mantiene una prescripción trienal para las “sanciones emergentes” de la ley. Es decir, ha desaparecido la prescripción especial para las acciones derivadas de relaciones de consumo.

Esa decisión es conteste con lo expresado en los fundamentos del anteproyecto del CCyC, cuando expresa que “el Código recupera una centralidad que ilumina a las demás fuentes, debiendo el intérprete, recurrir al Código para el lenguaje común de lo no regulado en la ley especial”.

La remisión al derecho común nos conduce a los artículos 2560, 2561, 2562 y 2564. El primero estipula el “Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local”, más allá de la mala factura técnica de la norma, se fija una línea de base, 5 años como plazo común. Luego nos encontramos con los plazos especiales, según el 2561 “el reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los tres años”. El 2562 que estipula un plazo de prescripción de dos años para “el reclamo de los daños derivados del contrato de transporte de personas o cosas”, y el artículo 2564 que estipula un plazo de prescripción de 1 año por “el reclamo por vicios redhibitorios” y “ruina”. También contamos con los plazos de leyes especiales, por ejemplo el de un año previsto en el art. 58 de la Ley de Seguros que se mantiene incólume.

Si bien el plazo de prescripción genérico del nuevo Código será el de 5 años, éste solo será aplicable si no existe un plazo especial, según lo dispones el art. 2532… Entonces, ¿Problema resuelto?

Podríamos pensar que con la redacción del CCyC el problema de la articulación entre art. 50 LDC y 58 Ley de seguros ha desaparecido. Pero en rigor de verdad no ha sido resuelto por el CCyC, como puede parecer a primera vista, solo se ha reformulado bajo otro sistema normativo. El nuevo sistema normativo no se limita al art. 50 de la LDC y el 58 de la ley de seguros, se ha complejizado, integrando los actuales 1094 y 1095 del CCyC, su correlato con el art. 3 LDC, 2532, 2560, 2561 del CCyC, y el art. 58 ley de seguros. Siguiendo las enseñanzas de Alchourron y Buligyn[5], esas son las normas del sistema normativo con que debemos nutrirnos para resolver el problema de la prescripción de contratos de seguro que involucre a un consumidor.

Pero vayamos a la pregunta de fondo. ¿Cuál es la discusión aquí?

1) Se pueden aplicar o no normas consumeristas en el ámbito del contrato de seguro.

2) Si la prescripción debe encuadrarse en la normativa especial asegurativa o puede regirse por normas generales.

Son 2 preguntas diferentes. En relación a la primera, ya se ha recorrido mucho camino desde la aprobación de la LDC a la fecha, y entiendo que es bastante clara una respuesta afirmativa. Pero la segunda pregunta no es un epifenómeno de la primera, no es verdad que respondiendo esa pregunta ya se obtiene la clave de la respuesta de la segunda.

El sistema normativo actual nos deja planteado el problema en los siguientes términos:

1) La modificación del art. 50 LDC eliminó la prescripción especial aplicable a relaciones de consumo.

2) Ya no hay normas de prescripción “consumeristas”, hay normas generales que se aplican a consumidores.

3) El plazo genérico de prescripción es de 5 años (2560), y de 3 años para responsabilidad civil (2561).

4) Se mantiene la prescripción anual para los contratos de seguro (art. 58 Ley de Seguros)

5) El artículo 2532, por aplicación del principio de las normas específicas, reclama la aplicación del plazo del art. 58 de la ley de seguros a todos los contratos de seguro, haya o no consumidores involucrados.

6) Los artículos 1094 y 1095 del CCyC, su correlato con el art. 3 LDC, por aplicación del principio pro consumidor, reclaman la aplicación de los artículos 2560 y 2561 también a los contratos de seguro donde sea parte un consumidor.

Esta situación no puede ser resuelta de manera sencilla y nos obliga a llevar adelante uno de los postulado del nuevo CCyC, el dialogo de fuentes.

Dialogo de fuentes [arriba] 

Todo operador jurídico debe realizar una primera labor de selección del sistema normativo aplicable a los casos concretos. Esa tarea supone identificar el universo normativo relevante, escoger las normas pertinentes, y en caso de contradicciones aplicar reglas interpretativas que permitan superar inconsistencias o incompletitudes. En esa labor la pirámide jurídica de Kelsen ha demostrado ser una herramienta de enorme valor, de modo tal que el lugar que la norma ocupa en dicha construcción resulta determinante para establecer su aplicabilidad en caso de contradicciones.

La idea de la prelación normativa, así como la concepción de la “norma única” o de la “única respuesta correcta”, son principios básicos subyacentes en nuestro ordenamiento jurídico, que impulsa al intérprete a la tarea de intentar “descubrir” la norma que brinda la solución al caso. Eso es una consecuencia de otra antigua concepción, la creencia dogmática de la existencia de un legislador racional y coherente que nunca se contradice.

Pero el mundo real ha demostrado ser mucho más complejo que el esbozado por los positivistas. No solo hay colisión de normas, que generan contradicciones y superposiciones, sino también lagunas, y tensión entre valores y principios jurídicos. Muchas veces las contradicciones provienen de normas de igual rango, o las inconsistencias no resultan manifiestas sino solapadas.

Esto ha llevado a los juristas a explorar lo que conoce como el dialogo de fuentes, renunciando a la idea de que hay que “descubrir” la norma única aplicable al caso, para recrear una sofisticada labor de reconstrucción del sistema jurídico a partir de normas, principios y valores que pueden ponerse en tensión frente al caso concreto.

El precursor de este método ha sido el profesor alemán Erik Jayme, a partir de las enseñanzas del Curso de Derecho Internacional de La Haya de 1995.

El diálogo de fuentes es una elaboración teórica que pretende ser superadora del modelo de resolución de inconsistencias normativas basado en la idea de que una norma puede excluir a la otra por razones jerárquicas, temporales, o de especificidad, que se consagraron en los conocidos principios “lex superior”, “lex posterior” y “lex especialis”. Los problemas de la aplicación de la ley en el tiempo, en el espacio (geográfico o de competencias), o en el tema, se resolvían a fuerza de exclusiones.

El razonamiento inmanente del diálogo de fuentes no apunta a igualar todas las fuentes del derecho y crear una masa informe de material normativo, sino a reconocer que la riqueza del sistema jurídico se halla en las diferentes racionalidades regulatorias; y que ella se pierde si privilegiamos una regla de exclusión por otra de convivencia.

La concepción tradicional del derecho está fundada sobre una estructura piramidal, un juego de jerarquías, en cambio el paradigma actual se inclina hacia un modelo en red, mucho más dinámico y flexible.

Soluciones posibles [arriba] 

La situación es compleja. Veamos 

PRELACIÓN NORMATIVA. El art. 1709 CCC, establece la prelación normativa aplicable a la responsabilidad civil y determina lo siguiente: “En los casos en que concurran las disposiciones de este Código y las de alguna ley especial relativa a responsabilidad civil, son aplicables, en el siguiente orden de prelación:

a. Las normas indisponibles de este Código y de la ley especial…”

No hay prelación entre normas del Código y la ley especial, al aparecer ambas en el primer orden no nos sirve de guía para resolver nuestra cuestión.

EXISTENCIA DE NORMAS ESPECÍFICAS. El art. 2532, que establece el ámbito de aplicación de las normas de prescripción del CCyC, y nos dice “en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria”. En principio esta sería la puerta de acceso para la aplicación del art. 58 de la ley de seguros, pero una mirada atenta del artículo 2532 nos lleva a preguntarnos ¿A qué capítulo hace referencia?, es el CAPITULO 1 “Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva”. Los plazos de la prescripción están en el CAPITULO 2 “Prescripción liberatoria”, por ende tampoco aplicaría al caso.

LEX ESPECIALIS. El principio de ley especial se ve neutralizado por el principio pro consumidor sobre todo el claro precepto del art. 1094: “En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor”. Cuando hay consumidores involucrados, no prevalece la ley especial sino la más favorable.

PRO CONSUMIDOR. El Derecho del Consumidor no es una rama jurídica neutral que tome a los sujetos intervinientes como iguales, y por ende solo se limite a establecer un marco de garantías para que éstos regulen sus derechos con la mayor libertad. Por el contrario es un Derecho protectorio, que parte de reconocer a sujetos estructuralmente desiguales, buscando restablecer desde lo jurídico los desequilibrios que se evidencian en el mercado.

La lógica de la protección del débil jurídico es la columna vertebral y el principio informante de todo el Derecho del Consumidor.

Ahora bien, lo más favorable al consumidor debe ser mirado ¿de manera aislada o integral? ¿Qué favorece más al consumidor, contar con una norma de seguros con reglas claras donde un tiempo de prescripción breve forma parte de un sistema, o poder armar un “collage” normativo con disposiciones de aquí y de allá bajo el riesgo de desquiciar el sistema? No cuento con una respuesta contundente a esta pregunta. No es una pregunta que pueda ser respondida de manera dogmática sin una contrastación empírica y desconozco que se hayan realizado estudios de esta naturaleza.

Solo tenemos una certeza, y por ello retomo lo que afirmaba al principio, los derechos más importantes son los que cuentan con plazos de prescripción más prolongados, son aquellos por los cuales estamos dispuestos a “pagar con más tiempo de incertidumbre” para mantener su exigibilidad. La raigambre constitucional de los derechos del consumidor los pone en un lugar de privilegio, merecedores de la mayor protección, con tiempos de prescripción más extensos, y por ende, entiendo que esta situación puede vencer una defensa articulada en torno a la aplicación del art. 58 de la ley de seguros a los consumidores.

Como dice Edgar Morin en los tiempos presentes debemos "aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza". El nuevo CCyC nos ha introducido esta realidad con toda crudeza y estamos destinados a aferrarnos a las pocas certezas que podamos encontrar y sobre ellas construir las soluciones que se nos requiere a los operadores jurídicos.

 

 

Notas [arriba] 

[1] Adaptación de la exposición realizada en las 1ras Jornadas de Derecho Privado del Mercosur. Resistencia, 08 al 10 de junio de 2016.
[2] Abogado. Magister en Derecho Privado. Doctor en Derecho. Profesor por concurso en la Universidad Nacional del Nordeste.
[3] Saez Gonzalez Julia del Carmen c/Astrada Armando Valentín y otros s/daños y perjuicios – accidente de tránsito con lesiones o muerte.
[4] conf. CSJN, 4.11.97, "Wiater, Carlos c/ Estado Nacional -Ministerio de Economía- s/proceso de conocimiento", Fallos 320:2289; 25.8.98, "Maquia Gómez de Lascano, Elena Haydeé y otro c/Gobierno Nacional - Ministerio del Interior", Fallos 321:2310; 5.12.00, "Minond, Luis c/Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios", Fallos 323:3963; 9.11.00, "Mc Kee del Plata S.A. c/Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires -SEGBA- s/contrato administrativo", Fallos 323:3351; 18.11.07, "Rufo Antuña, Alejandro y otro c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ordinario", Fallos 330:5306; entre otros
[5] ALCHOURRÓN, Carlos y BULYGIN, Eugenio. Sistemas normativos. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas. Astrea. Buenos Aires, 2015 (reimpresión).