Doctrina
Título:El derecho a la información de los herederos forzosos de acciones nominativas no endosables cuya declaratoria no ha sido inscripta en el Libro de Registro de Accionistas
Autor:Khedayán, Eugenia
País:
Argentina
Publicación:Revista Argentina de Derecho Comercial y de los Negocios - Número 1 - Agosto 2011
Fecha:05-08-2011 Cita:IJ-VL-471
Índice Voces
1. Introducción y objetivos del trabajo
2. La tensión entre los arts. 215 de la LSC y 3410 y ss. del Cód. Civ.
3. El derecho a la información en las Sociedades Anónimas “cerradas”
4. Conclusiones
El derecho a la información de los herederos forzosos de acciones nominativas no endosables cuya declaratoria no ha sido inscripta en el Libro de Registro de Accionistas
 
Por Eugenia Khedayán
 
 
1. Introducción y objetivos del trabajo [arriba] 
 
El derecho a la información consiste en el derecho a “tener noticia del desenvolvimiento de los negocios sociales, mediante la inspección de los libros y documentos sociales, y el requerimiento de aclaraciones a los administradores.”[1]
 
La finalidad de ello es la obtención previa datos suficientes que permitan al socio tomar decisiones en las cuales su consentimiento no se encuentre viciado y así puedan ejercer adecuadamente otros derechos (como el de voto, el de suscripción preferente, la impugnación de las asambleas), por lo cual se ha afirmado que se trata de un derecho instrumental.[2]
 
Se ha dicho que su causa es el contrato de sociedad y que existe en virtud del status de socio[3]. Éste constituye un haz de relaciones jurídicas,[4] conjunto de derechos obligaciones funciones y poderes que el socio tiene con la sociedad, es el recurso técnico que establece la posición jurídica del socio en la sociedad.[5] Es la calidad que adquiere una persona en virtud de formar parte de una sociedad; un derecho de participación, una situación compleja que incluye derechos personales y patrimoniales. [6]
 
En virtud de estas consideraciones, surge la pregunta acerca del momento y de qué formalidades se requieren para que los herederos forzosos de un accionista puedan ejercer los derechos derivados de dicha calidad y proteger esa participación. Por otro lado, si bien en las Sociedades Anónimas no son relevantes las cuestiones personales de los socios, es importante cuestionarse si en Argentina, dadas las especiales características que suelen presentar bajo las formas de sociedades “cerradas” merecen una flexibilidad en cuanto a la interpretación de las normas en este punto[7].
 
En síntesis, el objeto del presente trabajo consiste en determinar si los herederos forzosos de acciones nominativas no endosables cuya declaratoria no ha sido inscripta en el Libro de Registro de Accionistas de una S.A. “cerrada” tienen o no derecho a la información que la ley concede a los socios.
 
 
2. La tensión entre los arts. 215 de la LSC y 3410 y ss. del Cód. Civ. [arriba] 
 
a) Un planteo anterior en el derecho sucesorio: necesidad de la declaratoria de herederos
 
El debate en el ámbito del derecho societario, presupone la adopción de una postura respecto a la pregunta anterior formulada en el Derecho sucesorio, en cuanto a los alcances de la posesión hereditaria ipso jure, considerados en el art 3410 y ss. del Cód. Civ..
 
Por un lado, el art. 3410 expresa: “Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia.”
 
Además los arts. 3412 y 3413, exigen a los otros parientes y a los herederos testamentarios, que pidan a los jueces la posesión hereditaria, justificando ambos su título a la sucesión. Ello significa que los herederos forzosos se encuentran en una posición distinta: en virtud de los especiales vínculos con el causante, que hacen que su título sea oponible sin declaración judicial alguna.
 
Finalmente, el art. 3417 manifiesta: “El heredero que ha entrado en la posesión de la herencia, o que ha sido puesto en ella por juez competente, continúa la persona del difunto, y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor, con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión”.
 
En el ámbito sucesorio, se discute si es necesaria o no la declaratoria para que los herederos forzosos ejerzan los derechos que confiere la posesión hereditaria, contraponiendo la letra del art. 3410 con ciertas prácticas y precedentes judiciales que han erigido la costumbre de que es imprescindible para dicho ejercicio.
 
Se ha dicho que la jurisprudencia en la materia es variada y contradictoria, y debe estarse a la letra de la ley que es terminante y clara en este asunto. El art. 3410 confiere a los herederos forzosos todos los derechos que poseía el causante, desde el momento de la muerte, y estas normas son de orden público.[8] La naturaleza de las acciones no admite un régimen diferenciado del 3410.[9] El art. 3415 equipara los efectos de la posesión hereditaria de pleno derecho, respecto de la obtenida por declaración judicial. Y la aplicación coordinada de los arts. 3410, 3412 y 3414 a 3418, autorizaría a afirmar que el heredero forzoso tiene el derecho de ejercer todas las acciones y defensas, y administrar y disponer de los bienes. Lo que no habilita la ley es a la inscripción de dichos actos.[10] En concordancia, se ha agregado que la declaratoria es sólo un medio de prueba natural del carácter de heredero, pero no es una exigencia ineludible, y además, al no gozar de cosa juzgada, no causa estado y es revisable.[11]
 
Por el contrario, otros autores responden que la adquisición de pleno derecho de los herederos forzosos, se limita a la herencia como universalidad. Sin embargo, para adquirir a título singular los bienes registrables y obtener un título oponible frente a terceros requieren la declaratoria de herederos y la pertinente inscripción, al igual que los no forzosos.[12]
 
b) Aplicación de la posesión hereditaria ipso jure al derecho societario
 
Por otra parte, el art. 215 de la Ley de sociedades comerciales (LSC) reza de la siguiente manera: “La transmisión de las acciones nominativas o escriturales y de los derechos reales que las graven debe notificarse por escrito a la sociedad emisora o entidad que lleve el registro e inscribirse en el libro o cuenta pertinente. Surte efecto contra la sociedad y los terceros desde su inscripción.”[13] Éste ha sido interpretado de diversas maneras por la doctrina y la jurisprudencia, generando un amplio debate. La cuestión radica en determinar si la sucesión se encuentra, al igual que cualquier otro medio de transmisión, sometida a dicha norma, o si merece un régimen específico en virtud de la necesaria prevalencia de las normas sucesorias del Cód. Civ..
 
Por una parte, se ha opinado que en virtud del art. 3417, los herederos son propietarios de lo que el causante era propietario, y ello incluye los derechos sobre sus activos (por ende de las acciones), sobre los otros bienes y respecto a la titularidad de las relaciones patrimoniales.[14] En base a idénticos razonamientos, la IGJ ha dicho que el heredero no puede ser considerado como tercero por la sociedad ni por los restantes socios.[15] Además, se ha sostenido que la inscripción es un mero requisito formal y su inobservancia no puede hacerse valer para negar los derechos emanados del carácter de socio[16] Por eso admiten el ejercicio de los derechos de socio sin cumplimentar con el requisito del 215.[17]
 
Se les ha reconocido incluso el de asistir a las asambleas sin depositar previamente las acciones nominativas bastando que el administrador sucesorio curse la comunicación pertinente a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, o el de requerir la designación de un administrador de la sucesión a fin de participar en la asamblea de la sociedad.[18] Finalmente se ha sostenido que el heredero forzoso no tiene un régimen distinto que el adquirente por título oneroso, resultándole suficiente demostrar la posesión de la acción y la partida de defunción.[19]
 
Por otra parte, alguna jurisprudencia y doctrina considera que no puede aplicarse directamente el 3410 a las cuestiones societarias sino que debe ajustarse a las particularidades de la Ley Nº 19.550.[20] Se ha dicho que el conflicto es aparente, y que no se procura desconocer la validez de la ley sucesoria sino afirmar la especificidad de la normativa societaria, fundado su carácter imperativo.[21]
 
El 3410 no se aplicaría al negocio societario, y los herederos no se encuentran en la misma posición que el socio fallecido, sino que son terceros. Algunos argumentos son que por la complejidad de los efectos derivados del contrato social y conforme al art. 1195 del Cód. Civ.[22], los derechos se incluirían entre los no transmisibles por sucesión, que constituyen la excepción del art. 3417 del Cód. Civ..[23] A ello se suma que dada la prioridad que el legislador otorgó a la técnica societaria y su utilidad para el crecimiento de la empresa y al carácter no personalista de la sociedad anónima, las vicisitudes particulares de los accionistas no pueden afectar el regular funcionamiento orgánico. El art. 215 no distingue la causa de la transmisión y por ello debe incluirse a la mortis causa. Tampoco exige un plazo para la inscripción, por lo que el órgano societario podría abusar de tal vacío demorándola, y el heredero se vería perjudicado: en tal situación debería prevalecer la fecha de notificación de la declaratoria de herederos.[24]
 
Las acciones integran el haber sucesorio, por lo que la adquisición requiere el cumplimiento del procedimiento sucesorio, probado con el testimonio de la declaratoria de herederos[25], e inscripta la transferencia en el libro de registro, será oponible frente a la sociedad y a los terceros.
 
Entre sus fundamentos se refieren a la finalidad del libro de registro de acciones, que, dicen, no sólo registra la identidad de cada suscriptor y el número de acciones sino que también es su rol el registro de las transferencias.[26] La tenencia y la exhibición de los títulos no sería suficiente para legitimar al ejercicio de los derechos de socio, puesto que el conjunto de las exigencias del art. 215 son un acto integrativo y constitutivo[27] y no una mera exigencia formal[28], por lo que mientras no se cumplan, carece de la calidad de accionista. [29] En concordancia, tampoco se suple con las constancias en otros documentos sociales, tales como el libro de depósito de acciones o el registro de asistencias a asamblea, que demuestran la posesión de aquellas, pero no el título de socio.[30] En consecuencia, se ha negado el derecho a los herederos forzosos puesto que la inscripción en el libro de registros de la declaratoria de herederos o testamento aprobado judicialmente es requisito esencial para que la calidad de socio sea oponible a la sociedad y a los terceros.[31] La inscripción es en tutela de la sociedad, de los socios y los terceros acreedores, funciona como medio de publicidad con fe pública y es constitutiva.[32] Al calificar a las acciones nominativas no endosables como títulos de crédito[33], consideran que sin la inscripción hay propiedad de las acciones pero no titularidad del derecho incorporado al documento, por lo cual deviene sucesor a título derivado[34] puesto que es un problema de legitimación y no de la titularidad sustancial.[35]
 
Esta postura ha sido criticada por otros autores, los que sostienen que ya no puede considerarse a la acción como un título valor, y que lo único que tienen en común es la adquisición a título propio.[36] Agregan que la inclusión de las acciones dentro de los bienes registrables, aplicándoles sus rígidos formalismos perjudicaría la necesaria celeridad de los negocios.[37] Por eso es que se propugna una interpretación laxa del requisito de inscripción o su reemplazo por la mera notificación, puesto que se trata de un asiento en un libro contable, cual es el libro de registro de accionistas, es un mero medio de prueba, la causa de la transmisión no es la anotación, sino el efectivo conocimiento de la transmisión.[38]
 
 
3. El derecho a la información en las Sociedades Anónimas “cerradas” [arriba] 
 
a) La importancia y los intereses en juego. Virtualidades sobre el ejercicio de otros derechos.
 
Se ha dicho que propugnar el desuetudo de la posesión hereditaria ipso jure, privaría de una herramienta de gran utilidad, y generaría una lentitud en los negocios jurídicos.[39]
 
Esta apreciación es plenamente aplicable al caso del derecho a la información de los herederos forzosos de acciones nominativas no endosables cuya declaratoria no ha sido inscripta en el Libro de Registro de Accionistas de una S.A. Ello porque, tal como ha sido manifestado en los comienzos del presente trabajo, es sabido que en la Argentina, numerosas sociedades anónimas son de tipo “cerradas”, por lo cual deberían admitir cierta flexibilidad en cuanto a la aplicación de la normativa societaria[40], en especial en el punto objeto de este trabajo.
 
Luego de todo lo dicho, se sostiene la necesaria aplicación de la posesión hereditaria ipso jure al derecho a la información de los herederos forzosos. Ello por varias razones. En primer lugar, es de interés general y hace a la subsistencia del derecho que no se vulneren las normas de orden público, en este caso las normas sucesorias en juego. En segundo lugar, la vulneración de los derechos individuales de los herederos forzosos, en cuanto “socios”: privar a los herederos forzosos del derecho a la información, fundado en rigorismos formales, puede concluir en resultados injustos en los casos concretos. Es decir, que una interpretación equitativa y armónica de la LSC y las normas societarias (recordando que el ordenamiento jurídico es un todo coordinado y que se encuentra al servicio del hombre) permitiría servirse a los herederos forzosos del derecho a la información que hubiera ejercido el causante, desde su fallecimiento hasta el momento que se realizara la inscripción pertinente en el Libro de Registro de accionistas[41]. Lo contrario implicaría que dicha participación accionaria se encontraría desprotegida.
 
En tercer lugar, surge la protección del interés social y la exigencia del adecuado funcionamiento de los órganos societarios[42], en miras al cumplimiento de la finalidad del art. 1 de la Ley de sociedades.
 
Las últimas dos consideraciones nos remiten al problema de la pretendida tensión del interés individual del socio y del interés social, y su proyección sobre este asunto.
 
Si bien algunos autores consideran que la información es un derecho individual y exclusivo del accionista,[43] otros piensan que es también un interés de la sociedad[44] e incluso un interés general[45].
 
Frente a los posibles cuestionamientos de la intromisión en la actividad societaria, se responde que la tutela de la organicidad no debe ser en exceso formalista, sino que debe implementarse siempre en miras a la finalidad de la realización del interés social. Éste no se vería afectado por permitir el derecho a la información de los herederos forzosos, puesto que sería ejercido bajo ciertas condiciones y límites[46]: en forma no abusiva, de buena fe y en amparo de un interés legítimo.[47] Asimismo debe respetar la información confidencial que le sea brindada.[48]
 
De manera que en tanto los herederos forzosos ejerciten este derecho de manera regular y por motivos fundados, no se ve razonabilidad alguna al hecho de que se los prive, dejando indefensa dicha porción accionaria, lo cual podría dar lugar a numerosos abusos por parte de los restantes socios, quienes se aprovecharen de esta situación para impedirle el ejercicio de los derechos para obtener ventajas personales y no en beneficio del interés social. Algunas cuestiones de hecho que podrían suceder son el ocultamiento del libro de Registro de accionistas[49], la negación a permitir o registrar en el libro de asistencia de asamblea al administrador provisorio de la sucesión, autorizada a ello por el juez[50] con diversos fines referidos a la toma de decisiones que pudieran perjudicarlos, por ejemplo, realizar aumentos de capital que generen eventuales licuaciones de la participación accionaria de los herederos forzosos. En caso los socios no herederos, que fueran administradores, podrían tomar ventaja del caso para aprobar su gestión o para obtener beneficios, con los cual también el conflicto se extendería al otro órgano societario.[51]
 
Asimismo, recordando el concepto de derecho a la información expuesto a los inicios de este trabajo, surge que no se protege en exclusivo interés individual del socio para controlar la gestión de la sociedad, sino que tiende a otra función que hace a la esencia de la sociedad: el permitir que se emita un voto no viciado en el consentimiento, y contribuir así a formar la voluntad social, que sea fidedigna al interés social. [52]
 
Tal como se ha dicho, debe admitirse que el heredero forzoso, bajo ciertas condiciones de prudencia, ejerza algunos de los derechos derivados del status socii: el derecho a ingresar a la asamblea (suele materializarse a través del administrador sucesorio), el derecho al voto y la posibilidad de determinar la intervención judicial, adecuando la calidad del interventor a la gravedad del caso, entre otras cuestiones.[53] Afecta de modo fundamental al interés social la desinformación, pues obstruye a la naturaleza del debate en la asamblea, el cual debe contar con datos veraces y abundantes, que posibiliten la necesaria deliberación que recepta todas las posiciones.[54]
 
En el caso de las sociedades anónimas cerradas, que suelen ser de familia, las participaciones accionarias no se encuentran atomizadas, sino que por el contrario ocurre con frecuencia que uno de los socios posee la mayoría accionaria necesaria para formar la voluntad sociedad.
 
Aquí surge una doble vía de conflictos, conforme a si el causante era titular accionario de la mayoría o de la minoría. En ambos casos, la no admisión del derecho a la información por parte de los herederos forzosos genera no sólo una afección al interés individual, sino principalmente a la formación de la voluntad social, por lo cual se altera el funcionamiento orgánico de la sociedad.
 
Es frecuente que las minorías sufran abusos en virtud del principio mayoritario, pero es esencial recordar que el interés social persigue un bien común, que tiene entidad objetiva propia, y es independiente de la voluntad de la mayoría. El principio mayoritario es sólo un medio de proteger el interés común de los socios, y por eso en ciertos casos debe ceder el principio mayoritario frente al interés social.[55] Por otro lado, también la mayoría puede sufrir oposiciones injustificadas y/o malintencionadas por parte de la minoría, que obstruya a la adecuada gestión social.
 
b) La necesidad de regulación.
 
Hasta que se dicte una regulación específica, será tarea de la prudencia de los jueces, los cuales deberán ponderar entre otras cuestiones:
 
- los requisitos correspondientes a toda medida cautelar.[56]
 
- la necesidad de obtener la información.[57]
 
- la calidad de la información requerida y su posible confidencialidad y la paridad al brindarla respecto de los otros accionistas.[58]
 
- la buena fe de los herederos forzosos y el ejercicio regular del derecho.
 
- los derechos individuales del socio en cuanto socio, que pudieran vulnerarse.
 
- la afectación al interés social.
 
- condición de administrador provisorio del sucesorio del accionista fallecido, en su caso.[59]
 
- la oponibilidad de esa transferencia cuando la sociedad haya tenido conocimiento fehaciente de la misma[60]. Al tratarse la transmisión mortis causa de una cesión de derecho de participación, lo esencial es que la sociedad esté informada, y no el registro[61], el cual es sólo uno de los pasos de un único procedimiento, que individualmente considerados no constituyen el estado de socio. El conocimiento de la sociedad la constituye en parte de la transferencia.[62]
 
 
4. Conclusiones [arriba] 
 
Se han generado encontrados debates, tal como en todas las cuestiones jurídicas pues el Derecho rige conductas humanas y no es una ciencia exacta. Cada caso concreto clama una solución equitativa. Las normas deben interpretarse en cuanto a los fines a los que tienden y los bienes jurídicos que protegen, y no exclusivamente por la letra de la ley sin mayor fundamento. Resulta contradictorio que el art. 215 de la LSC se entienda de modo que vulnere el interés social, de modo que esa excesiva literalidad atenta contra la sociedad misma tal como se entiende en el art. 1 de la LSC.
 
Se requiere el esfuerzo de los intérpretes y los legisladores, de manera que no se vean vulnerados los derechos constitucionales de la propiedad y de la defensa, en pos de defender rigorismos legales o costumbres que no tienen basamento constitucional. Es por ello que sería recomendable una reglamentación específica del tema y conforme a las pautas del art. 28 de la Constitución Nacional; y mientras tanto, una mayor coherencia entre los precedentes jurisprudenciales que no se ha logrado hasta el día de hoy, interpretando armónicamente las normas societarias y sucesorias.
 
Permitir el ejercicio del derecho a la información de los herederos forzosos de acciones nominativas no endosables cuya declaratoria no ha sido inscripta en el Libro de Registro de Accionistas de una Sociedad Anónima “cerrada”, sustentado en la posesión hereditaria ipso jure y siempre bajo las condiciones expuestas anteriormente, no afectará ni los intereses de los otros accionistas, ni el interés social. No admitirlo, vulnerará el orden público de las normas sucesorias, el correcto funcionamiento de los órganos sociales, el interés social y los derechos constitucionales de los herederos forzosos. Una interpretación en exceso restrictiva del concepto de status socii, designación o calificación cuyo alcance es materia de debate, no puede conducir a la negación, en los casos concretos, de los derechos mencionados.
 
Llegando al final de estas líneas, corresponde recordar que el derecho se encuentra al servicio del hombre, quién es su protagonista, eje y fin; y no en sentido contrario.
 

 



[1] Guillermo E. MATTA y TREJO, “Reflexiones en torno al derecho de información en la sociedad anónima moderna”, LL 1996-E-1210.
[2] Ana María AGUINIS, “El derecho de información de los accionistas”, RDCO, 1978.
[3] Alejandro M. LÓPEZ TILLI, Las asambleas de accionistas, ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Ciudad de Buenos Aires, 2001.
[4] Isaac HALPERIN y Julio C. OTAEGUI, Sociedades Anónimas, ed. Depalma, 2° edición, Buenos Aires, 1998, 391.
[5] Alberto V. VERON, Sociedades comerciales, ed. Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2007, p.358
[6] Luis R. CARRANZA TORRES, El derecho a la información del socio: aspectos prácticos y conceptuales, Ed. ED, Colección académica, Buenos Aires, 2006, 15 y ss.
[7] María S. SOSA DE IRIGOYEN, “Situación de los herederos de los socios o accionistas en las relaciones societarias”, en Conflictos en sociedades “cerradas” y de familia, Coordinadores Martín Arecha, Eduardo M. Favier Dubois (H.), Efraín H. Richard y Daniel R. Vítolo, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, p.127 y 133-134.
 
[8] Cfr. Marcos M. CÓRDOBA, Derechos del heredero. La Posesión hereditaria, ed. La Ley, Buenos Aires, 2000. Para un estudio profundo del tema, incluyendo posiciones doctrinarias y jurisprudenciales en el ámbito sucesorio, me remito a dicha obra.
[9] Eduardo A. ROCA, Transferencia de acciones, mortis causa, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, 51.
[10] CÓRDOBA, 12 y ss.
[11] ROCA, 57.
[12] Eduardo A. ZANNONI, Derecho de las Sucesiones, ed. Astrea, 4° edición, 1997, 463 y ss.
[13] Ello es reafirmado en el artículo 23 de la Ley 20.643, que agrega que la transmisión debe constar en el título, si existiera. (Ver Rafael Hugo REYES, Derechos individuales del socio, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,1993, p. 63)
[14] SOSA DE IRIGOYEN, 149.
[15] Pronunciamiento de la IGJ, sobre El Chañar S.A. s/ inscripción, 27/10/1993.
[16] CNCOM, Sala B, Caselli de Merli, Eliene v. Szpayzer, Benjamín", del 14/5/1980, ED 94:635.  
[17] VERON, 359.
[18] CNCom, Sala C, 29-10-90, “Schillaci, Irene c. Establecimiento Textil San Marco S.A.”, LL, 1991-E-109
[19]ROCA, 52
[20] CCivCom. Minas Paz y Trib. Mendoza,  3ª, 08/02/2008, T. C. S. B. v. A. V. S. A., AbeledoPerrot OnLine, Lexis Nº 70045695. CNCom, Sala B, El Chañar S.A. s/ inscripción, 27/10/1993, JA 1996-III.
[21] C. Nac. Com.,  sala B, Rodríguez, Marcela v. Trasportes Rodríguez Cozar y Compañía S.A; JA 1999‑I‑741 (1998). CNCom, Sala B, Pérez de Pérez Marcelina y otros c/ Ladder SA y Otros s/ Sumario.
[22] En sentido contrario, ROCA, 51.
[23] Ricardo A. NISSEN, Negocios sobre partes, cuotas, acciones y otros títulos societarios, Ed. Ad-hoc, Buenos Aires, 1995.
[24]Alejandro LINARES LUQUE, “Sobre la transmisión hereditaria de acciones nominativas”, ED 157-65.
[25] Isaac HALPERÍN, "Sociedades Anónimas", Ed. Depalma, Bs. As., 1974, p. 278).
[26] CNCom, Sala B, 22-10-93, Guccerelli, Liliana v. Cira SACECI s/ sum, ED 157-65 (1993).
[27] En sentido contrario, se ha dicho que la inscripción no tiene carácter registral de los arts. 1277 y 2505 Código Civil. ROCA, 50.
[28] Enrique ZALDÍVAR, Cuadernos de Derecho Societario, v. III, p 208, ed. Abeledo Perrot, citado por “Guccerelli”.
[29] CNCom, Sala C, Luna Jorge c/ Cervecería Argentina, San Carlos SA, ED, 139-664 (1990). C. Nac. Com.,  sala B, Guccerelli, Liliana v. Cira SACECI s/ sum, ED 157-65 (1993). CNCom, Sala B, Servia Alfonso c/ Medyscart SA s/ sumario, ED 167-247 (1994).
[30] CNCom, Sala A, Aizerstein, Marcos c/ Estancias Santa María S.A.I.C.I.A. y F. s/ Sumario, ED 165-225 (1994)
[31] CNCom, Sala B, 22-10-93, Guccerelli, Liliana v. Cira SACECI s/ sum, ED 157-65 (1993). CNCom, Sala E, “Kispia S.A. c/ Donati Hnos S.A.”, ED 132:369, 1988.
[32] C. Nac. Com.,  sala B, Rodríguez, Marcela v. Trasportes Rodríguez Cozar y Compañía S.A; JA 1999‑I‑741 (1998). 
[33] Francesco MESSINEO, Derecho Civil y Comercial, t. VI, Ed. Ejea, Bs. As., p. 231.
[34] C. Nac. Com.,  sala B, Rodríguez, Marcela. 
[35] CNCom, Sala B, Pérez de Pérez Marcelina y otros c/ Ladder SA y Otros s/ Sumario
[36]ROCA, p. 22.
[37] ROCA, 54.
[38] ROCA, 38 y ss.
[39] CÓRDOBA, p. 100. ROCA, 54.
[40]SOSA DE IRIGOYEN, op.cit.
[41]La jurisprudencia, tal como se verá más adelante, ha instado a la protección a través de la figura del administrador del sucesorio, y su eventual participación en las asambleas.
[42]Juzgado Civil y Com de 39° Nominación, Córdoba, “Bello Carlos c/ Warbel S.A.”, en Revista de las sociedades y concursos N° 19, Nov/Dic, 2002.
[43] LOPEZ TILLI, P 149.
[44] Alberto V. VERON, Ley de sociedades, Astrea, Buenos Aires, t.1, p 472.
[45] HALPERIN y OTAEGUI, p. 407.
[46] Por exceder el objeto de este trabajo, en cuanto a los límites al acceso a la información me remito a MATTA y TREJO, op.cit, CARRANZA TORRES, 29 y ss; y fallos “Kispia” (cit), CNCom, sala E, ORTEU c/ Finank S.A., RDCO P. 749 1989; CNCom, Sala B, Mourin Lopez c. Editorial Molina S.A, ED 162: 433, 29/11/1994. CNCom, Sala B, NOEL, Carlos c. Noel y Cía S.A., LL 1996-D-636, (1995) y “Bello Carlos” (cit).  
[47] HALPERIN, 415. VERON, 473. CARRANZA TORRES, 40.
[48] Juan Javier NEGRI, “El derecho a la información del accionista, la obligación de informar de los administradores y el deber de confidencialidad”, p 760 y ss., en Derechos patrimoniales, ed Ad-Hoc, Laura FILIPPI y María Laura JUÁREZ (directoras), Buenos Aires, 2001.
[49]Así se ha afirmado, con buen criterio, que si "...en una sociedad cerrada, una de las partes en un conflicto sobre acciones tiene el control del libro es casi seguro que lo use para perjudicar los derechos de la otra, obligándola a recurrir a la justicia, remedio costoso en tiempo y dinero...", ROCA, 27.
[50] CNCom,  sala E , González Lobo, Ramón y otro v. Química Industrial del Sur, 27/06/2005. 
[51] González Lobo (cit).
[52]Isaac HALPERIN, “El balance”, RDCO, 1975, p.414.
[53] González Lobo. CNCom,  sala E, Lobbosco Héctor v. Masino srl s/ medida precautoria, 29/12/1989 (si bien se trata de una SRL, fue tomado como precedente por González Lobo).
[54] CNCom, Sala B, Mourin Lopez c. Editorial Molina S.A, ED 162: 433, 29/11/1994. CNCom, Sala B, NOEL, Carlos c. Noel y Cía S.A., LL 1996-D-636, (1995).
[55]Santiago Bargalló BEADE, “Consideraciones iusfilosóficas en torno del interés social”, Cuadernos de la Universidad Austral, Sociedades Comerciales, Ed De Palma, Buenos Aires, 1997. Emilio CORNEJO COSTAS, La sociedad comercial. Aspectos estructurales, ed. Virtudes, Salta, 2006, P. 422 y ss.
[56] González Lobo, considerando 7, destaca la aplicabilidad del CPCCN, aunque sostiene la primacía de la legislación societaria.
[57] Si bien la ley nada dice, debe entenderse que es un baremo a considerar. CARRANZA TORRES, 37 y 39.
[58] NEGRI, op. cit. CARRANZA TORRES, op.cit. HALPERIN y OTAEGUI, op.cit.
[59] González Lobo (cit). 
[60] Resolución de la IGJ. 995, del 17/8/2004, en el expte. "Cerrito Car SA”.
[61] ROCA, 24 y 26.
[62] ROCA, 32 y 59.


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