ARGENTINA
Doctrina
Título:Historia Ideológica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1955-1966)
Autor:Tanzi, Héctor J.
País:
Argentina
Publicación:Revista IusHistoria - Número 3 (2006)
Fecha:15-09-2006 Cita:IJ-LXV-8
Indice Citados Relacionados Ultimos Artículos
I. Los Jueces
II. Los Procuradores Generales
III. Las Secretarías
IV. El Proceso Institucional
V. La Labor de la Corte Suprema
VI. La Doctrina
La competencia originaria de la Corte
VII. La Igualdad y los distintos Criterios Judiciales
Facultades implícitas
Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria
Recurso Extraordinario por Gravedad Institucional
Las Cuestiones Políticas No Justiciables
Los gobiernos de Facto
La acción de Amparo
La Jurisdicción Administrativa y el Control Judicial
El Control Judicial en el Ámbito Universitario
Las Garantías Constitucionales
Los Edictos Policiales y el Principio No hay Pena Sin Ley
Aplicación de la Justicia Militar a civiles
Alcance del Poder De Reglamentación del Estado o Poder De Policía
Poder de Policía de Emergencia en las Locaciones Urbanas
La Libertad de Expresión
La Legislación Laboral
Aplicación de la Cláusula de la Prosperidad
La Reglamentación de las Leyes y la Interpretación Judicial
Cuestiones suscitadas en torno a la Expropiación
Relación jerárquica entre un Tratado y una Ley
Límites a los Poderes de Guerra del Presidente
VIII. Las Disidencias
 
 Historia Ideológica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1955-1966)
 
 
Héctor José Tanzi
 
 
 
El gobierno militar que depuso a Perón y clausuró el Congreso, dejó cesante por Decreto Nº 415 del 6 de octubre de 1955 a los jueces de la Corte peronista, y nombró a los nuevos.
 
Por primera vez desde su organización, la Corte era renovada sin el procedimiento constitucional. El gobierno peronista, si bien forzó un juicio político que en 1947 dejó sin cargo a tres de los jueces y al procurador, podría aceptarse que siguió el camino marcado por la Constitución. Ahora desaparecía el respeto por los pasos constitucionales y los gobiernos militares o civiles que se sucederían apelarían a toda clase de violación de tales normas para cambiar los jueces de la Corte e incluso los de instancias inferiores. De esta manera, la independencia y la inamovilidad de los jueces desapareció.
 
Por el decreto citado el general Eduardo Lonardi y su elenco del ministerio de Justicia, nombraron jueces de la Corte a Alfredo Orgaz, Manuel Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera y Jorge Vera Vallejo; como procurador general a Sebastián Soler.
 
No se puede desconocer la capacidad profesional y científica de estos jueces, pero tampoco su antiperonismo, muy marcado en algunos fallos.
 
Todos juraron el 7 de octubre de 1955 y el mismo día fue elegido y juró Orgaz como presidente.
 
Orgaz nació en Córdoba el 6 de noviembre de 1900. Varios de sus hermanos se destacaron en la actividad cultural: Jorge fue rector de la Universidad de Córdoba, Arturo y Oscar fueron destacados juristas. No lo fue menos Alfredo: se recibió de abogado en Córdoba en 1924 y comenzó su actividad profesional y también docente como profesor de enseñanza media y en 1928 ingresó en el cuerpo docente de la Facultad de Derecho de aquella Universidad en derecho civil, pasando en 1934 a ejercer la titularidad de la materia, especialidad en la que se destacaría; continuó hasta 1946 en que debió renunciar. Entre 1943 y 1945 presidió el Colegio de Abogados de Córdoba y en 1946 la Federación Argentina de Colegios de Abogados; en ambos cargos se manifestó públicamente en contra del avance del gobierno militar sobre el Poder Judicial y rechazó el juicio político a los miembros de la Corte. Esta postura política lo ubicó entre los antiperonistas. Producido el movimiento militar de 1955, fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que dejó para pasar a la Corte Nacional.
 
Como estos jueces no tenían el acuerdo del Senado, se interpretó que carecían de estabilidad. Por lo tanto, el nuevo presidente Frondizi inició un profundo cambio en el Tribunal y en los inferiores. Pero dos jueces de la Corte fueron confirmados: uno fue Orgaz, vuelto a nombrar con acuerdo del Senado por Decreto Nº 53 del 9 de mayo de 1958 (el otro sería Villegas Basavilbaso). Nuevo juramento el 12 de ese mes y nueva elección como presidente.
 
Pronto tendría los primeros enfrentamientos con el gobierno constitucional. La reorganización que se intentaba, estaba dirigida al reemplazo de jueces de todos los fueros, pero especialmente del federal y penal. Los amparos que siguieron al caso “Sagasta”, que Orgaz rechazó junto con los demás colegas, pusieron de manifiesto las intervenciones políticas en el Poder Judicial y el deseo de cada gobierno de contar con jueces del mismo signo político. Orgaz no pudo soportar tal situación y como presidente de la Corte, el 8 de julio de 1958 elevó su renuncia indeclinable y viajó a Córdoba. En nota aparte explicaba al presidente Frondizi la delicada situación que se vivía ante cambios tan arbitrarios. La decidida actitud de Orgaz permitió una revisión por parte del gobierno, que dio marcha atrás en algunos cambios. El presidente Frondizi se reunió con Orgaz quien, ante estos cambios en la política judicial, el 14 de julio dejó sin efecto la renuncia y retornó a sus funciones.
 
En un artículo sobre el Poder Judicial, Orgaz atribuyó los cambios en la administración de justicia al pacto firmado entre Perón y Frondizi, que se daría a conocer por los diarios el 12 de junio de 1959; en su art. 5 se preveía el reemplazo de los miembros de la Corte y de magistrados que intervinieron en actos de persecución política, que eran los del fuero federal y penal que Frondizi intentaba desplazar(1).
 
Nuevas discrepancias terminarían con la renuncia definitiva de Orgaz. Esta vez el motivo estuvo en las gestiones del gobierno para elevar a 7 el número de los jueces de la Corte. En los primeros días de febrero de 1960 el Senado aprobada la ley. El juez no desconocía estas gestiones y se reunió con Frondizi para manifestarle su oposición al cambio. Pero la ley fue promulgada y el 8 de febrero quedaban nombrados los dos nuevos jueces. Orgaz pidió licencia manifestando que se encontraba fatigado para continuar en sus funciones: “me hallo cansado, sobre todo moralmente” (según “La Nación” del 12 de agosto de 1984, era una frase del ideólogo marxista Gramsci). Cumplida la licencia, llegó la formal renuncia, aceptada por Decreto Nº 2258 del 2 de marzo de 1960(2).
 
Orgaz cumpliría funciones diplomáticas como embajador en Chile entre 1964 y 1965, durante el gobierno de Arturo Illia. También fue candidato a presidente por el Partido Socialista Independiente.
 
Sus estudios sobre el derecho civil siguen siendo de utilidad por su solidez y la compleja gama de problemas que trató: Incapacidad civil de los penados, Responsabilidad por el hecho de cosas inanimadas, Personas individuales, Estudios de derecho civil y Nuevos estudios de derecho civil, donde reunió distintos trabajos. Estudió especialmente El recurso de amparo, que colaboró en crear con las sentencias de los casos “Siri” y “Kot”.
 
Falleció en Córdoba el 11 de agosto de 1984.
 
Manuel José Argañarás (a veces se escribe Argañaraz, aunque en los fallos figura con s), hizo una extensa carrera judicial en la provincia de Buenos Aires. Había nacido en Santiago del Estero el 19 de junio de 1885, hijo de Manuel Argañarás y Rosario López Cabanillas. Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió en 1908, doctorándose con un trabajo sobre los Efectos de la sentencia sobre la prescripción del derecho ventilado; la prescripción de la ejecutoria, publicado en Buenos Aires en 1922.
 
Se inició en la administración de justicia de la provincia de Buenos Aires en el entonces departamento judicial de Costa Sud, Bahía Blanca, ocupando entre 1914 y 1918 los cargos de secretario de juzgado civil, de la cámara de apelación y juez civil. Con este último cargo pasó al departamento judicial del Centro, en Mercedes, hasta 1924 en que ascendió a juez de la Cámara de Apelación. Tres años después con este cargo se desempeñó en La Plata.
 
La Intervención Nacional lo nombró juez de la Suprema Corte provincial el 16 de septiembre de 1930, en el que fue confirmado posteriormente. Renuncia y se jubila en octubre de 1946 cuando no obtiene el acuerdo del nuevo gobierno(3). El gobierno militar de septiembre de 1955 lo nombra en la Corte para esta transición. Cesó por renuncia que le fue aceptada por Decreto Nº 51 del 8 de mayo de 1958.
 
Falleció en La Plata, donde vivía, el 28 de enero de 1973.
 
Enrique Valentín Galli también residía en La Plata. En esta ciudad nació el 14 de febrero de 1896 y falleció el 16 de octubre de 1958. Todos sus estudios los realizó en dicha ciudad y en 1918 se doctoró en ciencias jurídicas. Ejerció la profesión y se incorporó como docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata en derecho civil, curso de Obligaciones, que desempeñó de manera muy destacada hasta 1946 en que renunció por considerar que las autoridades de la intervención, sometían la libertad del profesor a las directivas del gobierno imperante.
 
Durante su larga actividad docente, fue consejero académico de la Facultad (1928- 1931), miembro del Consejo Superior de la Universidad platense (1932-1936), representante docente en congresos especializados. En la actividad profesional integró la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Asociación Internacional de Abogados. Antes de fallecer, la Universidad de La Plata lo designó profesor honorario de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
 
Nombrado en la Corte Suprema, su labor fue honesta y responsable. Aplicó sus conocimientos profesionales y su especialidad docente en la solución de los casos, y con humildad dejó de lado la disidencia personal cuando sus concepciones no se imponían. De conducta íntegra, lo definió Alfredo Orgaz. Cuando asumió el gobierno de Frondizi, renunció, siendo aceptada por Decreto Nº 51 del 8 de mayo de 1958.
 
Su salud no era buena y falleció a los pocos meses. Son notables sus notas y actualizaciones a la obra de Raimundo Salvat, Tratado de Derecho Civil Argentino, en los dos tomos de Obligaciones.
 
El otro juez designado por Lonardi fue Carlos Herrera, nacido en Paraná el 5 de enero de 1902. Se graduó de abogado a los 20 años en Buenos Aires e inició una breve actividad docente en la enseñanza media. Pronto ingresaría al Poder Judicial y, como Argañarás, su experiencia fue dentro de estas funciones, aunque Herrera tuvo breve actividad política. En 1924 fue nombrado defensor en el entonces territorio nacional del Chubut, luego pasó como fiscal al territorio de Río Negro. Se desempeñó como inspector de justicia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y entre 1936 y 1938 como defensor de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Continuó en la justicia federal como juez de ese fuero en Córdoba. En 1940 tuvo breve actuación como ministro de gobierno de una de las intervenciones dispuestas en la provincia de Buenos Aires, para seguir luego como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal. Sus vínculos políticos con el conservadorismo, lo llevaron a asesorar al Procurador General Juan Álvarez en la formación de aquel gobierno nonato de octubre de 1945. En 1949 no fue confirmado en su cargo de camarista federal y en 1953 hasta llegó a ser encarcelado por su decidida oposición al peronismo.
 
Estos antecedentes y su experiencia judicial, justificaban el nombramiento en la Corte en octubre de 1955. Fue el único disidente cuando se resolvió el caso “Siri”. Durante su gestión en la Corte, fue delegado a la Conferencia Marítima de Bruselas de 1957. Cesó el 8 de mayo de 1958 junto con Argañarás y Galli. Sin embargo los gobiernos que siguieron lo incorporaron a la diplomacia: el presidente Frondizi lo nombró embajador en Suiza, donde se desempeñó entre 1958 y 1961, pasando luego a Chile en 1962.
 
Falleció en Buenos Aires el 15 de agosto de 1972.
 
Completó el número de 5 vocales, Jorge Vera Vallejo. Nacido en La Rioja el 22 de febrero de 1889, estudió y se recibió de abogado en la Universidad de Córdoba a finales de 1912. Llamado por un pariente, se inició en la profesión en Mendoza. Posteriormente y durante cerca de 15 años se desempeñaría en la administración de justicia de esa provincia, en donde no le faltaron serios enfrentamientos con los gobiernos locales, en especial con los que respondían al lencinismo. Fue primero fiscal en lo criminal en 1916 y al año siguiente juez civil y de minas. Un habeas corpus en favor de un periodista del diario “Crítica” detenido en Mendoza, causó las iras del gobernador José Néstor Lencinas, que intentó declarar en comisión a todo el Poder Judicial provincial, pero la provincia terminó intervenida por el presidente Yrigoyen y Vera Vallejo repuesto. Sin embargo, un jurado de enjuiciamiento logró destituir al juez rebelde en agosto de 1924. Debió alejarse de la actividad judicial hasta que la intervención derivada del golpe militar de septiembre de 1930, lo nombró juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Minas de Mendoza; menos de dos años después era Procurador General de la Suprema Corte provincial. En ese mismo año de 1932 aceptó el cargo de juez federal de Mendoza y en 1935 al crearse la Cámara de Apelaciones Federal de esa provincia, ocupó una vocalía. Si bien superó el primer embate del peronismo, al establecerse la necesidad de nuevo acuerdo senatorial en una cláusula transitoria de la reforma constitucional de 1949, no fue confirmado. Su carrera judicial está relatada en unas memorias que llevan el título de Mi magistratura, editadas en 1953.
 
Retornó a la justicia como juez de la Corte Suprema en octubre de 1955. Pero volvió a asomar el inquieto y batallador espíritu de este juez. Al año siguiente, cuando el presidente militar Aramburu puso en vigencia mediante un decreto la Constitución de 1853, elevó su renuncia por discrepar con el método. Dijo que había jurado defender la Constitución de 1853 con sus modificaciones hasta la de 1949 y que la derogación de esta última le producía un conflicto de conciencia que como juez no podía aceptar. Anteponía su condición de juez a sus convicciones políticas. El gobierno no tuvo otra alternativa que aceptar la renuncia, que lo fue por Decreto Nº 8172 del 7 de mayo de 1956.
 
Vera Vallejo volvió a Mendoza donde falleció el 28 de diciembre de 1975(4).
 
La renuncia de Vera Vallejo sorprendió al gobierno militar. Varios meses se tardó en designar al reemplazante. Lo encontraron en Benjamín Villegas Basavilbaso, que fue nombrado por Decreto Nº 17844 del 21 de septiembre de 1956. Juró el 2 de octubre y comenzó a firmar en los acuerdos desde el 8 de ese mes (v. F. 236-96).
 
Había nacido en Buenos Aires el 25 de marzo de 1884 e ingresó a la Escuela Naval Militar, egresando en 1905 como guardiamarina, carrera que puso fin en 1911. Estudió abogacía en Buenos Aires recibiéndose en 1915. Desde entonces su actividad se dirigió al ejercicio de la profesión y a la docencia. Pero también quedó ligado a la Armada Argentina, desempeñándose como asesor letrado de la Secretaría de Marina y como profesor de historia de la Escuela Naval; también cumplió tareas como asesor de la comisión que redactó un proyecto de ley de aguas para la provincia de Buenos Aires y fue miembro de la Comisión de Organización de la Marina Mercante.
 
La investigación histórica lo atrajo, en particular la vinculada con la historia naval argentina, temas sobre los que publicó numerosas colaboraciones en el "Boletín del Centro Naval” y en otras publicaciones especializadas. Fue miembro de la Sociedad de Historia Argentina, que reunió brillantes estudiosos del pasado y editó obras de relevancia, y lo fue de la Academia Nacional de la Historia, de la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos y de otras instituciones nacionales y extranjeras.
 
En el campo de derecho, desde 1922 y hasta 1946 fue profesor de derecho administrativo en la Universidad de La Plata, materia en la que se especializó y que culminó con la publicación de un tratado exhaustivo. Fue miembro del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas de Bruselas. También tuvo actuación judicial: en 1937 como juez correccional de la Capital Federal, en 1944 juez de la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional, cargo al que renunció en 1946.
 
Ocupó transitoriamente cargos políticos: ministro de la intervención de San Juan en 1934, del interventor en la provincia de Buenos Aires en 1941; Interventor de la Universidad de La Plata en 1945 y en octubre de 1955.
 
La importancia de la Armada en el proceso político que se vivía, llevó a Villegas Basavilbaso a la Corte. El gobierno de Frondizi lo mantuvo en el cargo, con acuerdo del Senado, junto con Orgaz, designado por Decreto Nº 53 del 9 de mayo de 1958; juró con el resto de los jueces el 12 de mayo. Cuando la renuncia definitiva de Orgaz, fue elegido presidente del Tribunal (Acordada del 4 de marzo de 1960, en F. 246-7), jurando el 4 de ese mes. Cesó por renuncia el 17 de julio de 1964 (F. 259-115).
 
Villegas Basavilbaso enfrentó difíciles problemas políticos agravados por los planteos militares, que terminaron con la deposición del presidente Frondizi y el juramento ante la Corte del sucesor Guido. Otro particular suceso lo elevó en la consideración pública: había intervenido en la fijación del valor que el Estado debía pagar por la transferencia de bienes de Empresas Eléctricas Argentinas y compañías derivadas, según la Ley Nº 14793, por lo cual se le fijaron altísimos honorarios (cuarenta millones de pesos); los donó al Instituto Tecnológico de Buenos Aires, centro universitario de origen naval y de gran prestigio científico (v. F. 248-7).
 
En la estancia La Negra, en la estación Pieres, descansaba desde fines de 1966; en ella se encontraba cuando sus males se agravaron y trasladado a una clínica de Necochea, falleció el 16 de agosto de 1967.
 
Al asumir el presidente Frondizi, los jueces de la Corte constituían una preocupación política y motivo de atención. Estaba presente la posibilidad de aumentar el número, pero en el momento se decidió aceptar las renuncias de Argañarás, Galli y Herrera y mantener a Orgaz y Villegas Basavilbaso. Para reemplazar los cargos vacantes, se eligieron abogados de la misma tendencia política gobernante y algunos muy allegados al Presidente:
 
Aristóbulo Donato Aráoz de Lamadrid, Luis María Boffi Boggero y Julio César Oyhanarte, designados con acuerdo del Senado por Decreto Nº 53 del 9 de mayo de 1958. Todos juraron el 12 de mayo (v. F. 240-413).
 
El juez Aráoz de Lamadrid era nacido en Buenos Aires el 12 de diciembre de 1908.
 
Desde su juventud se manifestó a favor del partido radical y como estudiante fue afin con el reformismo, al punto que alumno de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, en 1930 aparece entre los suspendidos por el Interventor por los sucesos ocurridos en esa Facultad el año anterior.
 
Recibido de abogado, su actividad fue profesional y política. En la profesión estuvo vinculado con Frondizi, compañeros del Colegio Nacional Mariano Moreno, y luego también con Julio Oyhanarte. En 1949 formó parte de la Convención Constituyente por la U.C.R. y fue de los que impugnó la reforma peronista. Producida la caída de Perón, el gobierno militar en 1956 lo designó presidente del Instituto de Previsión Social y en 1957 fue convencional por la U.C.R. Intransigente que lideraba Frondizi, fracción del dividido radicalismo a la que se había unido. Una vez Frondizi en el poder, pasó a la Corte Suprema. Tuvo una actuación sin estridencias, pero política y jurídicamente relevante.
 
Estuvo unido en numerosos fallos con Oyhanarte. Al renunciar Villegas Basavilbaso a la presidencia, fue elegido para ella por Acuerdo del 20 de julio de 1964 (F. 259-115), que ejerció hasta el cese dispuesto por el gobierno militar que asumió en julio de 1966.
 
Falleció en Buenos Aires el 19 de abril de 1990.
 
Boffi Boggero ha despertado opiniones contradictorias. Hay quienes lo consideran muy pagado de si mismo. Otros como un jurista relevante. Si lo hemos de examinar a través de su actuación en la Corte, sus reiteradas disidencias o votos personales, sin aportes importantes, probarían su apego individual. Pero también se encontrarán disidencias donde podrán apreciarse sus condiciones de juez creador, poco frecuente en nuestros tribunales, que supo ver más allá de su tiempo. En este sentido podría ser comparado con Tomás Casares. Sin la profundidad filosófica de este último y en no pocos casos con exceso literario, insistió en la función superior de la Corte Suprema y dejó sentada su opinión de manera solitaria pero con convicción y saber jurídico en cuestiones que hoy han terminado aceptadas. Véase, por ejemplo: rechazó la existencia de cuestiones políticas no judiciables, recalcando en todo momento que la justicia no debía tener limitaciones en el control judicial; sostuvo la posibilidad de pedir la inconstitucionalidad de la norma impugnada a través de las acciones de amparo y habeas corpus, hoy reconocida en la misma Constitución Nacional; rechazó la extensión de la jurisdicción militar a los civiles; pidió una adecuada prudencia en la amplitud legislativa justificada en la prosperidad, pues podían afectarse derechos de las provincias; insistió en actualizar las indemnizaciones por daños y perjuicios, que posteriormente no tendría opositores teniendo en cuenta la necesidad de fijar montos actuales para llegar a la reparación integral del daño; reclamó que se reconociera el valor llave en la indemnización por expropiación.
 
Esta enumeración limitada de las interpretaciones de Boffi Boggero, son suficientes para dejar de lado objeciones menores sobre su personalidad e insulsas disidencias, y reconocer a un juez de moderno pensamiento jurídico.
 
Nació en La Plata el 8 de febrero de 1915 y falleció en Buenos Aires el 20 de julio de 1984. Se recibió en la Universidad de La Plata en 1937; se doctoró en La Plata en 1941 con un estudio sobre la Declaración unilateral de la voluntad como fuente de las obligaciones.
 
Se desempeñó en el ejercicio de la profesión e inició actuación docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de aquella ciudad hasta 1946 en que renunció a las cátedras de derecho civil y notarial. Luego de septiembre de 1955 fue reincorporado como docente en La Plata, donde dictaba parte general del derecho civil, y se incorporó a la Facultad de Derecho de Buenos Aires en la misma materia, curso de Obligaciones, en la que se especializó como lo demuestran los medulosos tomos de su Tratado de esta parte del derecho civil. Ya por entonces había publicado un estudio sobre El Plan económico del presidente Roosevelt, la Síntesis jurídica de la estipulación por otro o para otro y otros artículos. Al mismo tiempo el 4 de noviembre de 1955 ingresaba en la justicia de la Capital Federal como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. En este cargo se encontraba cuando fue designado juez de la Corte por el presidente Frondizi. Juró con los demás miembros el 12 de mayo de 1958 y se mantuvo en ella hasta que el nuevo gobierno militar del general Onganía dejó cesante a todos los jueces de la Corte por decreto del 28 de junio de 1966.
 
Boffi Boggero mantuvo su actividad científica y docente, desempeñándose en la Universidad del Salvador. En la publicación Tres centenarios de la Corte Suprema de Justicia (ediciones Pizarro. Buenos Aires, 1979), recogió algunas conferencias con sus ideas sobre la justiciabilidad de las cuestiones políticas y otras vinculadas con el centenario de la Corte, que se recordó en 1963 con discursos, conferencias y entrevistas. Perteneció a numerosas instituciones dedicadas al derecho del país y del extranjero.
 
Julio César Oyhanarte había nacido en La Plata el 3 de julio de 1920. Descendía de una familia de filiación radical que se inició con su abuelo Juan en la localidad de Rojas a fines del siglo XIX; luego se afincaron en La Plata. Su tío Horacio, fue de los primeros diputados de la U.C.R. en 1914 y era íntimo de Yrigoyen; fue su ministro de relaciones exteriores en 1928. También fue legislador radical su padre Raul(5).
 
Se recibió de abogado en La Plata en 1944. Se desempeñó como asesor del bloque radical en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en 1949 y aparece como candidato a diputado nacional en 1952, aunque no fue elegido. Derrocado el peronismo, en 1955 es designado asesor del Interventor de la Universidad de La Plata. Cuando en 1956 se produjo la división de la U.C.R., se unió con Frondizi en la U.C.R. Intransigente. Fue convencional por el partido en la Convención Constituyente de 1957 y en 1958 resultó electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, función que dejó para asumir como juez de la Corte. En este Tribunal consolidó la asunción de Guido luego de la deposición de Frondizi. Sin embargo, presentó la renuncia en septiembre de 1962 por considerar que el presidente Guido se había apartado de la legalidad constitucional al comportarse como un presidente de facto y no con las facultades que le asignaba la ley de acefalía. La renuncia le fue aceptada por Decreto Nº 953 del 28 de septiembre de 1962.
 
Su actividad política continuó. Siempre al lado de Frondizi, enfrentó la división que produjo Oscar Alende, antes colega en la provincia de Buenos Aires y en la U.C.R. Instransigente, y que había organizado un partido político propio propiciando su candidatura en las elecciones que se avecinaban en 1963.
 
La ideología de Oyhanarte aparece expuesta en su libro Poder político y cambio estructural en la Argentina (Paidós. Buenos Aires, 1969). Defiende el poder del Estado para encarar el desarrollo, posición que se refleja en sentencias propias. Entendía que este desarrollo lo lograría un gobierno fuerte, del tipo que presentaba el del general Onganía. Se equivocó. Esta concepción lo llevó a aceptar la presidencia de un Consejo Económico y Social creado durante el gobierno militar del general Lanusse entre 1972 y 1973, sucesor de la administración militar iniciada en 1966 con Onganía. No apreciamos que sus ideas sobre la transformación que propiciaba, lograran concretarse ni a través de un gobierno militar fuerte ni a través del Consejo que presidió.
 
Se lo ha considerado un intelectual político. En 1989 durante el primer momento de la presidencia justicialista de Carlos Menen, ocupó la secretaría de Justicia durante unos tres meses. Propició el aumento del número de jueces de la Corte de cinco a nueve, que era lo que pretendía el nuevo presidente para lograr un Tribunal adicto; sin embargo Oyhanarte renunció a la secretaría por considerar que las circunstancias no eran propicias para esta modificación. Pese a tal manifestación, aprobado el aumento por el Congreso, fue de los nuevos cuatro jueces que se designaron en abril de 1990 y volvió a integrar la Corte Suprema. Renunciaría al año siguiente.
 
Por 1955 fue profesor de derecho constitucional en Buenos Aires y autor del libro citado y de otros bosquejos, como Crisis de la libertad y la democracia y La expropiación y los servicios públicos, resultado de los casos resueltos en la Corte durante el período que estudiamos. Su artículo sobre la historia de la Corte Suprema, publicado en el nº 51 de la revista Todo es Historia (mayo de 1972), fue el primer análisis crítico de este poder, con interesantes apreciaciones sobre el desenvolvimiento de la doctrina durante los cien años de vida del Tribunal.
 
Falleció en Buenos Aires el 29 de abril de 1997.
 
El presidente Frondizi elevó a siete el número de jueces de la Corte. En los dos cargos que se crearon por Ley Nº 15271, propuso y el Senado aprobó a Pedro Aberastury y Ricardo Colombres. Fueron nombrados por Decreto Nº 1466 del 8 de febrero de 1960; juraron el 12 de ese mes. Los nombramientos se ratificaron por Decreto Nº 1570 del 10 de febrero del mismo año.
 
Aberastury nació en Buenos Aires el 5 de abril de 1905, se recibió de abogado en esa Universidad en 1929 e ingresó como abogado en la Municipalidad de Buenos Aires (1930- 1944); en este último año renunció. Ordenó y comentó la legislación municipal en el “Digesto Municipal” y recopiló los “Dictámenes de asesoría legal”. Luego se dedicó al ejercicio profesional y derrocado Perón, durante el gobierno militar, el ministro de Educación y Justicia Carlos Adrogué, con quien se había desempeñado en la tarea municipal, lo designó subsecretario de Educación.
 
En la Corte se desempeñó hasta que fue separado por el gobierno militar por Decreto Nº 3 del 28 de junio de 1966. Su actuación fue honorable y digna. Especializado en derecho administrativo, dejó sentada su interpretación personal en algunas interesantes disidencias de valioso contenido doctrinario.
 
Ejerció la docencia en las Universidades de La Plata y Buenos Aires e integró comisiones y la vicepresidencia del Colegio de Abogados de Buenos Aires. Fue miembro de asociaciones especializadas como la de Derecho Comparado y Derecho Administrativo.
 
Falleció a los 96 años en Buenos Aires el 19 de octubre de 2001.
 
Ricardo Colombres nació en Tucumán el 27 (ó el 25 según otra información) de julio de 1921, pero todos sus estudios los hizo en Buenos Aires y se recibió de abogado en su Universidad con el premio Félix Uriburu. Se comentaba que no retiró su diploma por no recibirlo de manos del decano peronista de la Facultad de Derecho. Estos antecedentes le abrieron posibilidades luego de la caída de Perón. Se desempeñó como profesor de Sociología y Filosofía del Derecho en La Plata y en Buenos Aires. El gobierno militar, además, lo nombró Procurador del Tesoro de la Nación en 1955, cargo en el que se lo confirmó en 1958. De aquí pasó a la Corte donde se desempeñó hasta junio de 1966.
 
En 1983 el presidente Raul Alfonsín lo nombró miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y participó en el informe “Nunca más”.
 
Estuvo casado con Ana María Santillán, y fue padre de cuatro hijos.
 
Falleció en Buenos Aires el 14 de febrero de 1998.
 
Cuando renunció Orgaz, el cargo fue cubierto meses después por Esteban Imaz (aparece también con Y, pero en los fallos y en el nombramiento figura con I. Fue nombrado por Decreto Nº 12151 del 3 de octubre de 1960 y juró al día siguiente.
 
Había nacido en Buenos Aires el 16 de noviembre de 1903; fue alumno del Colegio Nacional Buenos Aires y abogado en 1927, recibido en Buenos Aires con excelentes calificaciones. Se doctoró con una tesis publicada en ese año sobre El empréstito como recurso del Estado. Nos ocupamos cuando mencionamos que fue nombrado secretario de la Corte por Acuerdo del 19 de abril de 1937, luego de un breve paso por secretarías de 1ª instancia y de la Cámara Civil. Desde entonces su actividad se desarrolló en la Corte y en la docencia universitaria como profesor de Derecho Romano. Fue notable el estudio sobre El recurso extraordinario que publicó en colaboración con Ricardo E. Rey, también secretario de la Corte.
 
Fue un juez sin antecedentes políticos, especialista en el trabajo de la Corte, cuyos jueces conoció durante más de dos décadas. Hasta se pensó que fue un error apartarlo de la secretaría, pues se perdió a un funcionario de relevantes cualidades para ese cargo. Hay quien ha advertido la influencia de la filosofía jurídica de Carlos Cossio en los jueces Imaz y Colombres(6).
 
Cesante en junio de 1966, dejó toda actividad y falleció en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1980.
 
En el cargo que dejó Oyhanarte al renunciar en septiembre de 1962, fue designado José Francisco Bidau por el presidente Guido, por Decreto Nº 9753 del 17 de septiembre de 1962.
 
Juró el 21 de ese mes.
 
Había nacido en Buenos Aires el 3 de julio de 1903 y se recibió de Abogado en Buenos Aires a los 22 años. Se doctoró con un trabajo titulado De la propiedad de las cosas muebles en el derecho argentino comparado (Buenos Aires, 1931). Desde 1929 fue docente en la Facultad de Derecho de Buenos Aires en Derecho Civil y renunció en 1947.
 
Su carrera judicial la inicia en noviembre de 1955 como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo (sala civil y comercial) y de aquí pasaría a la Corte en septiembre de 1962. Renunció el 1 de octubre de 1964 y continuó con su actividad docente como profesor de derecho civil, familia y sucesiones, que extendería a las Universidades del Museo Social y del Salvador. Fue Decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires.
 
Pero el 26 de enero de 1967, durante el gobierno militar, sería nuevamente nombrado juez de la Corte.
 
Junto con Colombres y Aberastury, a pesar de sus simpatías por los presidentes Frondizi y Guido, integraron un Tribunal Superior que se apartó de la política partidaria y las permanentes divergencias de la época, para decidir con competencia los problemas jurídicos que llegaban a la Corte.
 
Bidau falleció en Buenos Aires en la madrugada del 27 de julio de 1970.
 
El presidente Arturo Illia, que asumió en 1964, cubrió las vacantes producidas por las renuncias de Villegas Basavilbaso y Bidau. Designó a dos simpatizantes de su tendencia: Carlos Juan Zavala Rodríguez, especialista de mérito en derecho comercial, y Amílcar Ángel Mercader, de antecedentes judiciales y políticos y de familia vinculada al partido radical.
 
Zavala Rodríguez había nacido en San Luis el 27 de diciembre de 1906 y se recibió de abogado en Buenos Aires en 1929. Obtuvo el cargo de representante judicial de San Luis en Buenos Aires y se desempeñó como abogado de la Corporación de Transportes entre 1949 y 1953. Se especializó en derecho comercial y publicó un notable y original estudio sobre la Publicidad comercial. Su régimen legal (1946). Amaba la actividad docente, en la que se inició en 1933 como subencargado en un curso de derecho penal en la carrera de Procuración; luego se desempeñó en el Instituto de Enseñanza Práctica y en la materia Derecho Industrial entre 1946 y 1951. En 1955, reincorporado a la enseñanza, actuó como profesor adjunto primero y titular después, de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y más tarde en la Universidad Católica Argentina. Sus amplios conocimientos de la materia, le permitieron en 1959 iniciar la edición del Código de Comercio y leyes complementarias, comentados y concordados, que en 1980 llegaba al volumen VII, obra que concluiría su hijo Carlos Juan. También publicó sobre temas entonces poco explorados, como Régimen legal de los dibujos y modelos industriales (1962) y Derecho de la empresa (1971).
 
Se desempeñaba como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial desde 1955, cuando fue propuesto para la Corte. El presidente Illia lo nombró con acuerdo del Senado por Decreto Nº 9218 del 16 de noviembre de 1964 y juró el día 26 del mismo mes.
 
Su actuación en el Tribunal superior fue de firme personalidad. Votó de manera individual o en disidencia en casi todos los casos, discrepando en cuestiones de fondo pero mucho más en temas meramente procesales, como podían serlo los debates sobre la procedencia del recurso extraordinario.
 
Cesó en junio de 1966. La medida dispuesta por el gobierno militar, motivó una declaración de todos los jueces, menos Boffi Boggero y Mercader (“La Prensa”, “La Nación” del 30 de junio de 1966). Pero Zavala Rodríguez también dio a conocer una personal, donde criticó el empleo de la fuerza y ratificó los principios constitucionales.
 
Fue miembro de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Formó familia con Juana Irene Luco. Falleció retirado en San Luis el 29 de junio de 1988.
 
Mercader pertenecía a una familia radical de La Plata. En esta ciudad nació el 9 de agosto de 1896 y falleció el 5 de junio de 1967. Se recibió de abogado en La Plata en 1916 y ya actuaba en el periodismo local. Con gobiernos radicales en la provincia de Buenos Aires, fue secretario de un juzgado civil y comercial de la Plata (1918-1921), luego oficial mayor del ministerio de Gobierno provincial, realizando comisiones en los municipios de Avellaneda, Mercedes, Luján y Salto entre 1921 y 1924. Por entonces también presidió el Tribunal de Cuentas provincial (1924-1930).
 
Desplazado el radicalismo del poder, terminaron los cargos para Mercader, pero no se apartó de la política ni de la actuación profesional. En 1942 presidía la Asociación de Abogados de La Plata y fue convencional por la U.C.R. en la Convención reformadora reunida a comienzos de 1949 por el gobierno de Perón.
 
Publicó Los poderes de la Nación y de las provincias para instituir normas procesales (1939), El silencio en el proceso (1940), La acción, su naturaleza dentro del orden jurídico (1944), El abuso del derecho en la reforma del Cód. Civ. Argentino (1944), trabajos técnicos que lo mostraban como estudioso de los problemas prácticos del derecho.
 
No bien depuesto Perón, fue nombrado miembro de la Suprema Corte de la provincia, en la que se desempeñó entre 1955 y 1958. El 1963 el presidente Guido lo designó Procurador del Tesoro de la Nación, cargo que mantuvo con el gobierno de Illia. En esta función dictaminó políticamente en favor de la anulación de los contratos petroleros suscriptos durante la presidencia de Frondizi con firmas norteamericanas, tema que había sido invocado por Illia durante la campaña electoral. Mercader sostuvo que fueron firmados por una decisión política adoptada en condiciones incompatibles con el objeto de los actos jurídicos y con cláusulas sutiles y difusas y mediante un sistema inusitado en los negocios de la República. Meras palabras que costaron caro al país que debió indemnizar a las empresas con sumas millonarias, cuando con estos contratos se había llegado al abastecimiento local de petróleo y derivados. La política estaba por encima de los intereses reales del país.
 
Con estas ideas y en este cargo se encontraba cuando el presidente Illia lo propuso para juez de la Corte en lugar de Bidau que había renunciado. Fue nombrado por Decreto Nº 515 del 25 de enero de 1965 y juró el día 3 de febrero. Duró poco pues quedó cesante en junio de 1966 con el resto de sus colegas.
 
Mercader falleció en La Plata el 5 de junio de 1967, un año después del golpe militar de Onganía.
 
 
 
En este período ocuparon el cargo Sebastián Soler, designado por el gobierno militar, y Ramón Lascano, nombrado por Frondizi.
 
Soler había nacido en España, en Sallent, Barcelona, el 30 de junio de 1899, pero desde pequeño vivió en Córdoba y adoptaría la nacionalidad argentina. En Córdoba realizó sus estudios y en 1924 se graduó en derecho. Se desempeñó en la docencia y en la Dirección de Cárceles provincial; luego fue juez en las ciudades de Santa Fe y Rosario y en esta última era camarista cuando fue exonerado en 1947. En este año renunció a las cátedras que dictaba en Córdoba en solidaridad con el rector.
 
Su orientación y profundidad como penalista ya se manifestó en su estudio Exposición y crítica de la teoría del estado peligroso (Buenos Aires, 1929). Posteriormente, compenetrado de las modernas tendencias penales de la doctrina alemana, tradujo la obra de Ernst von Beling (Grundzûge des Strafrechts, 1930, con el título Esquema de derecho penal. La doctrina del delito-tipo (Depalma, 1944, traducción que incluía el estudio de Beling, Die Lehre vom Tatbestand), doctrinas que se ven reflejadas en su tratado de derecho penal. Fue un especialista de fama internacional en materia penal y su notable tratado de la materia, apareció en la Parte General, en Córdoba en 1940, y le siguió la especial entre 1945 y 1946, con un total de cinco tomos.
 
Fue nombrado Procurador General por Decreto Nº 415 del 6 de octubre de 1955 y juró con los jueces de la nueva Corte el 7 de ese mes. Su antiperonismo se puso de manifiesto en varios dictámenes. Otros fueron famosos por su contenido científico y ajustados al orden constitucional, como el del caso “Mouviel” (en F. 237-636), donde, a pesar de lo que había venido sosteniendo el Tribunal, propició la nulidad de los edictos policiales que creaban penas fuera de la ley. Por entonces integró la Comisión de Estudios Constitucionales que formó el gobierno militar para informar sobre la posibilidad de una reforma constitucional, Comisión que integró con Juan A. González Calderón y Carlos Sánchez Viamonte, aunque este último renunció.
 
Cesó en la Procuración por renuncia, aceptada por Decreto Nº 51 del 8 de mayo de 1958.
 
Su actividad docente y publicista no cesó. Integró numerosos congresos de su especialidad en el país y en el extranjero. Como profesor de derecho penal, parte general, en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, se destacó por la hondura de sus conocimientos y la facilidad con que los transmitía. Aparecieron nuevas ediciones de su Tratado de derecho penal y publicó estudios como Las palabras y la ley, Temas liberales (marxistas y autoritarios), Ley, historia y libertad, que acreditan su concepción penal y su pasión liberal. Fue miembro de las Academias nacionales de Derecho (desde 1971) y de Ciencias Morales y Políticas (desde 1974).
 
Falleció en Buenos Aires el 12 de septiembre de 1990.
 
El Procurador Lascano fue nombrado por Decreto Nº 53 del 9 de mayo de 1958 y juró el día 12 con los jueces que pasaron a integrar la Corte. Ocupó el cargo hasta que cesó por decreto del gobierno militar de junio de 1966. Sus dictámenes resultan elaborados y equilibrados. Como Procurador sustituto se desempeñó Eduardo H. Marquardt, profesor de derecho penal al lado de Soler, quien reemplazaría a Lascano con el gobierno militar que asumió a fines de junio de 1966.
 
Lascano había nacido en La Plata el 2 (ó el 3) de marzo de 1901 y se recibió de abogado en su Universidad. Era hijo de Adolfo E. Lascano y de Clara García Vieyra, radicados en La Plata al poco tiempo de su fundación, donde formaron una numerosa familia con cinco hijos abogados.
 
Actuó en la profesión ocupando cargos en el Colegio de Abogados local. También estuvo a cargo de la Inspección de Justicia provincial durante la gobernación de Valentín Vergara. Con David Lascano intervino en la redacción de un proyecto de reformas al código de procedimientos civil y comercial. Tuvo una activa participación en la política dentro de la U.C.R. Fue convencional en 1949 y al producirse la división del partido en 1956 se adhirió a la U.C.R. Intransigente que lideraba Frondizi. Fue convencional de este partido en la Convención constituyente de 1957.
 
Estuvo casado con Margarita Duarte y no tuvo hijos. Cuando dejó la Procuración se jubiló y se entusiasmó con la actividad literaria, dejando relatos de ficción y recuerdos autobiográficos. Falleció en La Plata el 25 de enero de 1989.
 
 
 
Se mantuvo la estructura dispuesta en el período anterior: tres secretarías judiciales y una secretaría de superintendencia. De las judiciales sólo dos estaban cubiertas: por Esteban Imaz, nombrado el 19 de abril de 1937, y Ricardo E. Rey, por Acuerdo del 7 de septiembre de 1945 y en la secretaría judicial por Acuerdo del 24 de agosto de 1950.
 
Imaz siguió en el cargo hasta ser nombrado juez de la Corte en octubre de 1960.
 
Rey, en cambio, renunció el 22 de julio de 1957. Había nacido en Buenos Aires el 19 de enero de 1905 y falleció en Mar del Plata el 27 de febrero de 1963.
 
En la secretaría de superintendencia fue nombrado Jorge Arturo Pero (Acuerdo del 17 de octubre de 1955, en F. 233-8), en lugar del despedido González del Solar. Pero era nacido en Buenos Aires el 10 de octubre de 1913 y cesó para jubilarse en 1973 (v. Acuerdo del 5 de abril de 1976).
 
En la secretaría judicial no cubierta, fue nombrado Roberto Juan José Repetto (Acuerdo del 19 de diciembre de 1958, en F. 242-348). Era hijo del ex juez de la Corte, y nació en Buenos Aires el 5 de abril de 1916. Renunció el 23 de agosto de 1965. Repetto se había recibido de abogado en Buenos Aires en 1941 y tuvo actuación en cargos políticos en Jujuy y Buenos Aires. La actividad docente le atrajo y se desempeñó en derecho e historia constitucional en la Universidad del Museo Social Argentino, mientras que en la Universidad de Belgrano tuvo a su cargo una cátedra de Ética y Política. Luego de su paso por la Corte, estuvo a cargo del rectorado del Instituto Libre de Segunda Enseñanza, al que renunció a fines de 1994 cuando el rector de la Universidad de Buenos Aires, de donde dependía el Instituto, dejó sin efecto sanciones que aplicara a alumnos por pésimo comportamiento. Publicó artículos periodísticos sobre temas de derecho constitucional que reunió en los libros La libertad y la Constitución (1973) y La crisis argentina y la Constitución (1983). De vasta cultura vivía con sus libros y sus árboles, a los que amaba.
 
Fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Falleció en Buenos Aires el 27 de enero de 1997.
 
A Imaz lo reemplazó Lino Enrique Palacio (Acuerdo del 4 de octubre de 1960, en F. 248-6). Era nacido en Buenos Aires el 10 de Abril de 1928 y se recibió de abogado en Buenos Aires doctorándose en 1953 con una tesis sobre El recurso de casación por quebrantamiento de formas. Renunció a la secretaría el 14 de octubre de 1966. En 1969, este especialista en derecho procesal y discípulo del filósofo del derecho Carlos Cossio, sería nombrado Procurador del Tesoro de la Nación por el gobierno militar de entonces.
 
Rey fue reemplazado por Ricardo José Brea, nacido en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, el 14 de febrero de 1921. Fue nombrado por Acuerdo del 24 de julio de 1957 (F. 238-173). Se lo describe como de seria personalidad y gran eficiencia. En 1973, con el ascenso del peronismo al poder con el cual no congeniaba, renunció para acogerse a un sistema jubilatorio especial, de los tantos que se aprobaron legislativamente. Pero volvería a la Corte en el mismo cargo con el gobierno militar iniciado en marzo de 1976 (Acuerdo del 7 de abril de 1976). Falleció en Buenos Aires el 28 de marzo de 1980.
 
En lugar de Repetto fue nombrado Guillermo Roberto Moncayo (Acuerdo del 23 de agosto de 1965, en F. 262-277). Era nacido en Buenos Aires el 23 de marzo de 1929.
 
Continuó en el cargo hasta el 25 de junio de 1974 en que renunció.
 
Por entonces la Corte Suprema ocupaba una parte del cuarto piso del edificio de Tribunales y según recuerda Vanossi, entonces secretario letrado, el personal de letrados llegaba a l5 personas: los cuatro secretarios, secretarios letrados y relatores. La labor era intensa pero el personal limitado(7).
 
 
 
Depuesto Perón, el 23 de septiembre de 1955 asumió el jefe militar de la Revolución Libertadora, general Eduardo Lonardi. Pero como ocurriría durante más de tres lustros, las fuerzas armadas, cada una con el apoyo de distintos grupos civiles, mantendrían permanentes disidencias sobre la manera de tratar al peronismo. Lonardi pretendía el castigo de los corruptos pero sin dejar de lado los éxitos sociales logrados por el gobierno depuesto. Otros se inclinaban por la “desperonización” completa. La posibilidad de una conciliación concluyó cuando Lonardi tuvo que renunciar el 13 de noviembre y fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu y un Consejo Militar consultivo.
 
Comenzaron medidas directas contra el peronismo y el asiento de sus principales actividades: intervención de la C.G.T., disolución del partido peronista, inhabilitación de sus dirigentes. El Decreto Nº 5148 del 9 de diciembre de 1955 creó la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial para investigar la conducta de dirigentes peronistas y reintegrar al patrimonio nacional bienes mal habidos. Sus facultades para confiscar bienes fueron impugnadas por considerársela una comisión especial de las prohibidas por la Constitución, planteo que la Corte rechazaría (“Perón”, 21 de junio de 1957, en F. 238- 123).
 
Un levantamiento militar de tendencia peronista iniciado el 9 de junio de 1956, fue reprimido con el fusilamiento de los cabecillas apresados, que separó aún más al gobierno del peronismo.
 
Además se tomaron distintas medidas inéditas entre los gobiernos de facto anteriores: el nuevo gobierno militar desde el primer momento se atribuyó facultades legislativas del Congreso Nacional (Decreto Nº 42/55), se dejaron cesantes por decreto a todos los miembros de la Corte Suprema y a otros jueces, se penó el uso de símbolos peronistas y el 27 de abril de 1956, invocando los poderes revolucionarios, por decreto se derogó la reforma constitucional de 1949 y se puso en vigencia la de 1853 con sus reformas de 1860, 1866 y 1898, pero ello incluso “en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la revolución”, fórmula que en lo sucesivo sería utilizada por los gobiernos de facto militares que se sucederían durante casi 30 años.
 
El panorama político ofrecía la división de la Unión Cívica Radical, el partido político más importante, luego del peronismo, en dos fracciones lideradas una por Ricardo Balbín, que mantenía una relación menos crítica con el gobierno militar, y la otra por Arturo Frondizi, decididamente contrario al gobierno de facto. Terminarían diferenciándose con distintos aditamentos: U.C.R. del Pueblo la primera y U.C.R. Intransigente la segunda.
 
Después de haber derogado la Constitución de 1949, el gobierno decidió convocar a una Convención Constituyente (abril de 1957). Los resultados de esta encuesta electoral, pusieron de manifiesto la paridad de votos que lograron las dos ramas del radicalismo, pero también la existencia de un número aún mayor de votos en blanco, que correspondían a la opinión peronista.
 
La Convención resultó un fracaso: los debates fueron políticos y huecos. Los intransigentes abandonaron la Convención y paulatinamente lo fueron haciendo otros grupos cercanos al peronismo que dejaron sin quorum a la reunión, quedando sólo los representantes del radicalismo del Pueblo. Se aprobó un agregado al art. 14 sobre derechos laborales y gremiales, propios del constitucionalismo social que de manera más completa había recogido la reforma de 1949. También se autorizó al Congreso a dictar un código del trabajo y seguridad social. En la sesión del 23 de septiembre de 1957 se declaró que la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898 era la que regía, confirmado el decreto del gobierno militar.
 
Mientras, el gobierno militar mantenía discordias internas y desacuerdos políticos sobre la posibilidad de convocar a elecciones. Predominó el llamado a elecciones. Se realizaron el 23 de febrero de 1958 y Frondizi fue elegido presidente con el voto favorable del electorado peronista, resultado –según se sabría después- de un acuerdo secreto logrado con el mismo Perón en el exilio. Asumió el 1 de mayo.
 
Pero su presidencia tuvo un permanente enfrentamiento con los jefes militares. Estos asumieron unilateralmente la responsabilidad de salvaguardar los intereses nacionales, sin que ninguna norma lo autorizase. Pero los desacuerdos internos dentro de cada fuerza llevarían a interpretar estos intereses de distinta manera, provocando constantes conflictos político-militares.
 
Frondizi no era bien visto por una importante parte de las fuerzas armadas, en primer lugar por haber obtenido el voto peronista, que lo podía llevar a un retorno que los militares no estaban dispuestos a permitir; por otro lado se lo tildaba de comunista, sistema que los militares repudiaban uniformemente.
 
Debe reconocerse que Frondizi fue un gobernante creativo y encaró reformas que resultaron transformaciones económicas significativas. Fue realista en la política petrolera, dejando de lado el sentido nacionalista y convocando a empresas extranjeras para la explotación, política que funestamente se rechazaría durante la presidencia de Illia. Intentó ser flexible para liberarse de las propuestas partidarias, encarando, por ejemplo, reformas educativas que sobrevivieron con éxito. Es cierto que su actuación ofreció aspectos sombríos que permitieron que se lo definiera como intrigante, como cuando, el 18 de agosto de 1961, recibió secretamente la visita del dirigente cubano Ernesto Guevara, quien asistía como ministro del régimen cubano a la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social en Punta del Este, en un momento en que se consideraba con temor el ascenso revolucionario de Fidel Castro en Cuba.
 
El gobierno quedó envuelto en la vigilancia militar y en la agresiva actitud gremial que obligó a movilizar militarmente a los huelguistas, a lo que se agregó una irresponsable crítica periodística. Es frecuente la superficialidad de los ataques a los gobernantes, por parte de quienes no tienen ideas de la práctica política y consumen los problemas con visión intelectual o pasión intemperante. A Frondizi hasta se le discutió la elección de sus colaboradores.
 
El 11 de noviembre de 1958 se decretó el estado de sitio, con la excusa de los paros de los trabajadores petroleros de Mendoza. Pocos días después desencuentros con el vicepresidente Alejandro Gómez, terminaron con su renuncia el 18 de noviembre.
 
En junio de 1959 nueva crisis al conocerse el texto del pacto secreto con Perón, que había permitido el triunfo electoral del año anterior. En septiembre el comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos s.Toranzo Montero, se atrincheró y reclamó la renuncia del secretario de Ejército en manifiesta insubordinación; pero tuvo éxito pues Frondizi debió ceder a sus reclamos y cambió al secretario. Desde entonces Toranzo Montero inspirado en una ideología que repudiaba al comunismo y hostilizaba al peronismo, se convirtió en un censor activo del presidente, facultad y mando que pudo mantener hasta marzo de 1961.
 
En octubre de 1960 una serie de reclamos militares y políticos provocaron aguda crisis.
 
Para males, el triunfo electoral del socialista Alfredo Palacios como senador por la Capital Federal, que había invocado su admiración por Fidel Castro, trajeron nuevos temores a las Fuerzas Armadas. Todo provocaba disputas en la sensibilizada sociedad militar, que alteraban al gobierno y a la población. Nadie se detenía a pensar que los políticos apelan a cualquier alternativa favorable para llegar al poder, como había hecho Palacios en esa ocasión, poco antes defensor y embajador del gobierno militar de Aramburu.
 
En la lucha interna de las Fuerzas Armadas, se perfilaban dos tendencias: una que se ha definido como legalista, que pretendía mantener el orden constitucional sin aprobar en su totalidad la labor de gobierno de Frondizi. Otra que no confiaba en el presidente y que pretendía reemplazarlo por un gobierno militar. Ambas coincidían en que no podía permitirse el retorno peronista ni tolerarse al comunismo. Los jefes militares se consideraban autorizados para propiciar políticas de todo tipo.
 
En marzo de 1962 se renovarían legisladores nacionales y gobernadores de provincia y el gobierno propuso levantar la proscripción del peronismo, autorizando a sus candidatos a presentarse en las elecciones, pero dando al partido otro nombre. La medida volvió a preocupar a los militares. Un confiado optimismo privaba en el gobierno, pero las elecciones del 18 de marzo de ese año no confirmarían en su totalidad tales esperanzas.
 
Los partidos de tendencia peronista se impusieron en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro. Pero la U.C.R.
 
Intransigente había triunfado en elecciones realizadas en diciembre de 1961 en Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Catamarca y en marzo en Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Capital Federal, mientras que la U.C.R. del Pueblo ganó en Córdoba y los conservadores en Mendoza. La Cámara de Diputados se integraría con 74 legisladores intransigentes, 57 del pueblo, 45 peronistas y 16 de otras agrupaciones. El resultado no permitía una alarma como la que se desencadenó entre los militares. Por otra parte era una manera de incorporar al peronismo al poder. Pero nada de esto parece que se pensó. La pretendida desperonización no progresaría y en lugar de permitir una pausada y paulatina participación política como la que se ofrecía en marzo de 1962, en 1973 los militares terminarían entregando todo el poder a un peronismo exacerbado y vengativo que creó un caos nacional, llevó a la guerrilla extremista y a la posterior represión que dejó tantos conflictos y dolores.
 
El resultado electoral fue el argumento que para los militares justificaba la deposición de Frondizi. Una junta de los comandantes de las tres fuerzas estaba dispuesta a asumir el mando. Frondizi no renunció y fue detenido en la isla Martín García en la madrugada del 29 de marzo, luego de fracasar los intentos de superar la crisis.
 
Siguieron intensas gestiones: los militares para asumir, otros para impedirlo. En el orden sucesorio correspondía ocupar la presidencia al presidente de la Cámara de Senadores, José María Guido, pues el vicepresidente Gómez había renunciado en 1958.
 
Frondizi mismo pidió que Guido asumiera. Pero hubo que convencerlo. Al mismo tiempo se hicieron gestiones ante los jueces de la Corte Suprema para que le tomaran el juramento.
 
La Corte adquirió un protagonismo muy grande, inédito en su historia. Pero como no se tenía la renuncia de Frondizi, se debía tomar juramento a un nuevo presidente cuando existía aún el anterior. Formalismo que fue salvado ante la urgencia del caso. Se intentaba impedir que los militares asumieran y presentar ante la sociedad un orden o continuidad constitucional.
 
Por otra parte, como interpretarían los jueces ante un caso concreto, la “acefalía de la República”, como decía la Ley Nº 252 aplicable al supuesto, se daba con la falta de presidente y vicepresidente, y los jueces no debían analizar las causas de tal acefalía. En consecuencia, una vez que Guido aceptó jurar, solicitó a la Corte que le tomara juramento, el que se llevó a cabo el mismo 29 de marzo alrededor de las 17 horas en el edificio de Tribunales. Al día siguiente Guido hizo extender un acta notarial en la Casa de Gobierno, que firmaron los comandantes de las fuerzas armadas y los miembros de la Corte Suprema; en ella se dejaba constancia que ante la vacante había asumido la presidencia en forma definitiva y prestado juramento ante la Corte. El 31 de marzo la Corte homologaba esta acta donde se consideraba definitiva la asunción presidencial de Guido, aunque el juez Boffi Boggero firmó en disidencia: sostuvo que los actos en que la Corte toma juramentos, no deciden sobre la validez de la investidura de quien los presta, pues implicaría decidir fuera de un caso judicial; una cosa fue tomarle juramento, que se ajustaba a la ley de acefalía, otra era homologar un acta cuyo trámite no estaba previsto ni se ajustaba a un caso concreto judicial en que la Corte debía resolver (firmaron los jueces Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Oyhanarte, Aberastury, Colombres, Imaz y Boffi en disidencia, con el procurador Lascano, en F. 252-8 y en “El Derecho”, 2-1). O bien el juez Boffi Boggero no estaba dispuesto a avalar la detención de Frondizi, o bien se ajustó a un excesivo formalismo.
 
Pero si se evitó un gobierno militar, no se evitó que siguieran controlando las políticas del gobierno y al nuevo presidente.
 
Conocida la jura de Guido, los comandantes en jefe de las fuerzas armadas le reclamaron la anulación de las elecciones del 18 de marzo, la proscripción del peronismo y del comunismo, la modificación de la ley de acefalía para postergar las futuras elecciones, la revisión de las normas sindicales, la limitación de la actividad política para los candidatos y sindicatos peronistas o comunistas. De esta manera el presidente quedaba sujeto al control militar y por el origen de su mandato, aún con escasas posibilidades de desarrollar políticas propias.
 
A ello se agregaba que dentro de las mismas fuerzas armadas, las facciones incrementaban sus divergencias, azuzadas por políticos ávidos de poder. Los legalistas pretendían encaminar la situación hacia un orden constitucional a través de elecciones; se los conocería como azules, según los colores de los juegos de guerra. Otros pretendían un gobierno militar, eran los colorados, llamados también “golpistas” o “gorilas”.
 
Las consecuencias de estas diferencias y de la indisciplina militar reinante, pronto las padecería el nuevo presidente. El 20 de abril de 1962 el general Enrique Rauch, al comando de un cuerpo de caballería, exigió la renuncia del secretario de Ejército. Tuvo éxito pero debió terminar relevado y posteriormente se retiró. El 8 de agosto, el general Federico Toranzo Montero, jefe del IV Cuerpo de Ejército, exigía la renuncia del secretario del arma proclamándose comandante en jefe del Ejército; nuevas inquietudes, amenazas, exhibición de tropas, que también fueron exitosas para el insubordinado. Los ministros del arma cambiaban.
 
Se preparaban futuras elecciones, pero el Congreso Nacional fue disuelto mientras se estudiaba un nuevo estatuto para los partidos políticos que restringiera la participación peronista.
 
Los militares no cesaban en sus controversias internas, que trasladaban al resto de la población, impotente y en alguna manera indiferente, muy dada a criticar al gobierno de turno. El 18 de septiembre nuevo planteo militar dirigido por el grupo azul y destinado a pedir la destitución de oficiales opuestos a su tendencia. En esta ocasión el movimiento de tropas fue grande y se llegó a un enfrentamiento armado entre ambos bandos. Todo concluyó el 22 de septiembre con el nombramiento del general Juan Carlos Onganía como comandante en jefe del Ejército, oficial del bando legalista que tendría importante actuación futura y que terminaría como jefe de un nuevo gobierno militar en 1966.
 
Si bien las diferencias entre las facciones militares no quedaron terminadas con los sucesos de septiembre, unos meses de calma permitieron organizar las futuras elecciones.
 
Mientras los partidos se preparaban y se adecuaban a las normativas estatutarias, la justicia autorizaba a la Unión Popular para intervenir, partido que representaba al peronismo con otro nombre. La Marina de Guerra, principal bastión del bando colorado, reclamó abiertamente y se opuso a tal autorización. Aunque el gobierno estaba dispuesto a impedir el retorno peronista, los grupos opositores iniciaron una revuelta militar el 2 de abril de 1963 que daría lugar a duros combates. El bando colorado, compuesto especialmente por personal de la Armada y del Ejército, fue vencido con consecuencias políticas que definieron el poder de cada bando. La Marina dejó de tener participación política, sobreviviendo el grupo legalista en este largo conflicto. Ello no obstante, los partidarios del “régimen inmoral derrocado en 1955”, según un comunicado de las fuerzas legales durante este alzamiento armado, no podrían intervenir en las elecciones. Perón, que dirigía a sus fieles desde un cómodo exilio, aconsejaba la abstención para las elecciones fijadas el 7 de julio de 1963. Triunfó la U.C.R. del Pueblo y su candidato a presidente, Humberto Illia, quien asumió el 12 de octubre.
 
Aunque la amenaza militar se atenuó, no faltaron los planteos. Pocos meses después de asumir la presidencia, los gremios obreros lanzaron planes de lucha con toma de fábricas.
 
A ello se unió la intención de Perón de regresar al país, que levantó nuevos temores en las fuerzas armadas. Perón voló de Madrid a Río de Janeiro en diciembre de 1964, pero las autoridades brasileñas lo devolvieron a España. Illia se enfrentaba a estos desafíos y a los que sembraba una desaprensiva campaña periodística que lo mostraba como lento y débil.
 
El periodismo creaba la imagen de la influencia de la masa de votantes peronistas, a lo que agregaba la indecisión del gobierno y las dificultades económicas permanentes del país.
 
Todo justificaba un próximo gobierno militar de fuerza.
 
Así ocurrió: los militares, con el asesoramiento de civiles, evaluaban programas de gobierno que se aplicarían una vez tomado el poder. Todo dispuesto, en la noche del 27 al 28 de junio de 1966 dos oficiales del Ejército en nombre de las fuerzas armadas, exigieron que Illia abandonara su despacho en la Casa de Gobierno. Una junta militar asumió y trasladó el mando al general Onganía, que hasta el año anterior había sido el comandante en jefe del Ejército y aparecía como figura rectora del proceso.
 
Habían pasado más de diez años desde el derrocamiento del régimen peronista. No se había logrado que el peronismo dejara de ser el centro de la preocupación política, sin duda por los errores de los que se sucedieron en el gobierno. Los esfuerzos políticos de los gobiernos de Frondizi y de Illia para permitir la integración paulatina del peronismo a los centros de gobierno, fue resistido irracionalmente por los militares, con las consecuencias que en 1973, otro gobierno militar, les entregaría todo el poder. Durante este período los militares asumieron una actitud vigilante que no correspondía con su función; pero tampoco demostraron unidad interna; las diferencias fueron ventiladas públicamente con indiferencia de las autoridades constitucionales que no tuvieron poder para sancionar y juzgar los alzamientos. Pero nada cambiaba ni los gobiernos militares lograban modificar las deficiencias estructurales y políticas existentes. Por último, en 1973 el peronismo retornaría al poder con el caos consiguiente y la acción terrorista, que ya en esta etapa comenzaba a sentirse.
 
Dirigentes militares y civiles resultan responsables de esta catástrofe. Invocando la Constitución y la democracia, que no había interés en respetar ni vivir en ella, se atacaron irresponsablemente todas las instituciones, alterando a la población que sufría las consecuencias de quienes luchaban sólo por tomar el poder, demostrando luego que carecían de orientaciones sobre lo que correspondía hacer en la labor de gobierno. Los políticos tenían sus plataformas ideales y los militares trazaban planificaciones asombrosas, pero el problema era llevarlas a la realidad práctica. Cuando estuvieron en el poder, llegaban a la conclusión de que toda la planificación era irreal. Quizá el gobierno de Frondizi fue el que encaró propuestas más reales y efectivas, pero el acoso militar y político impidió que muchas de ellas avanzaran(8).
 
 
 
En este ambiente político, la Corte Suprema mantuvo cierta continuidad y hasta una reconocida dignidad. Fue el poder mejor tratado, con jueces dignos que sortearon los embates de los constantes cambios. La intervención que tuvo en el juramento de Guido, constituyó un hecho sobresaliente, que demostró también su prestigio y capacidad política.
 
Nadie intentó impugnar seriamente la jura de Guido y en ello contribuyó los merecimientos de respeto que reunían los jueces del Tribunal.
 
Los designados por el gobierno militar que asumió en septiembre de 1955, estaban comprometidos con una tradición ideológica antiperonista. Cuando Frondizi fue elegido presidente, tres de ellos consideraron terminadas sus funciones, pero se mantuvo a dos, Orgaz y Villegas Basavilbaso, que dieron un signo de continuidad. Los tres nuevos estaban compenetrados ideológicamente con el ideario del presidente: Boffi Boggero, Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte, pero sin renegar de sus propias concepciones mantuvieron su independencia y demostraron talento en sus decisiones. Boffi Boggero, en determinado momento, se lo consideró separado de sus vínculos políticos pero era el resultado de su menor compromiso con Frondizi.
 
La Ley Nº 15271 de febrero de 1960 creó dos nuevos cargos en la Corte aumentando su número a siete. Además autorizó al Tribunal a dividirse en salas conforme con el reglamento que debería dictar. La ley regulaba un sistema que ha sido muy discutido por la doctrina: la posibilidad de la Corte de actuar dividida. Algunos consideran que el Tribunal es único y todos deben opinar en todos los casos. Consideramos que nada impediría que la Corte tratara algunas cuestiones por salas especializadas, mientras que otras de carácter institucional lo fueran por el Tribunal completo. De cualquier manera el reglamento no se dictó y el trabajo de la Corte siguió igual.
 
Aprobado el aumento, se propusieron a los jueces Aberastury y Colombres, de trayectoria en la labor letrada y que, a pesar de sus relaciones con el Presidente, actuaron con homogeneidad en esta experiencia de una Corte con siete miembros.
 
Los reemplazos que le tocó cubrir a Guido (designó a Bidau) y a Illia (a Zavala Rodríguez y Mercader), fueron de jueces relacionados con la tendencia política del gobierno, pero con experiencia judicial.
 
Se ha mencionado la influencia del filósofo del derecho Carlos Cossio en el secretario Palacio, y en los jueces Imaz y Colombres, a los que debe agregarse Mercader, todos admiradores de la experiencia del derecho como forma de reemplazar la norma jurídica, según lo había predicado Cossio con su teoría egológica del derecho como profesor de la Universidad de La Plata a partir de la década de 1940.
 
Los jueces nombrados por el gobierno militar de Lonardi, por decreto del 6 de octubre de 1955, juraron al día siguiente y nombraron presidente a Alfredo Orgaz (F. 233-5).
 
Hombre apasionado, tuvo polémicas disputas con el ministro de justicia del gobierno militar y enfrentó la reorganización de la justicia que llevó adelante el gobierno de Frondizi. Fue uno de los jueces que este presidente confirmó, pero los cambios que se intentaron llevar adelante lo angustiaron al punto que el 8 de julio de 1958 presentó su renuncia. Su decisión obligó al gobierno a revisar la lista de jueces no confirmados y otras designaciones y luego de una reunión con Frondizi, el 14 de julio retiró la renuncia.
 
El aumento del número de jueces de la Corte estuvo en consideración del nuevo gobierno desde su inicio. El 18 de agosto de 1958 Frondizi consultó oficialmente a los jueces de la Corte sobre una ampliación. En Acuerdo del 25 de ese mes, contestaron la nota aconsejando el aumento a nueve jueces, fundados en el incremento de las causas: mientras que en 1949 la Corte recibía 1018 expedientes, en 1957 tenían 1997, casi el doble. La regularidad de este aumento de causas se mantuvo debido al aumento de juzgados federales en todo el país y de las causas provenientes de tribunales provinciales. Indicaban que de la estadística del mes de julio de 1958, surgía que tenían 423 expedientes pendientes de resolución y 172 en trámite. Consideraban que este enorme trabajo podía remediarse reformando la estructura de la Corte y haciendo posible la división en salas y aumentando el número de secretarios (Orgaz, Villegas Basavilbaso, Oyhanarte, procurador Lascano). Por su parte el juez Aráoz de Lamadrid consideró que era prudente demorar la reforma hasta considerar el funcionamiento de las nuevas secretarías, pues por Acordada del 1 de agosto de ese año se había creado una nueva secretaría judicial, que entonces serían cuatro, y ocho cargos letrados (F. 241-112).
 
Sin embargo, cuando a comienzos de 1960 se aprobó la Ley Nº 15271 que elevó a siete el número de jueces, Orgaz se mostró contrario a su aplicación. Tomó el juramento a los nuevos jueces y pidió licencia por encontrarse cansado moralmente, según dijo a la prensa.
 
Volvió a insistir en su renuncia, la que fue aceptada por decreto del 2 de marzo de 1960.
 
Lo reemplazó en la presidencia Villegas Basavilbaso (Acuerdo del 4 de marzo de 1960, en F. 246-1). Le tocaron años intensos por las huelgas del personal de tribunales, por los constantes planteos y alzamientos militares y por la intervención que tuvo la Corte en la jura de Guido. Renunció en julio de 1964 (acuerdo del día 17) y se eligió a Aráoz de Lamadrid como presidente (Acuerdo del 20 de julio, en F. 259-115).
 
En 1964, durante la presidencia de Illia, hubo nuevo intento para crear una Corte con diez jueces, proyecto que aprobado por Diputados, no fue tratado en el Senado.
 
Luego de la caída de Perón, cesantes los jueces de la Corte sin ningún tipo de contemplaciones legales y designados los nuevos, un decreto del Ejecutivo del 29 de septiembre de 1955 declaró en comisión a los magistrados y funcionarios de la justicia nacional, medida que los interventores provinciales extendieron a las justicias locales. El sistema de la declaración en comisión, expresión que indicaba la pérdida de la estabilidad y la posibilidad de disponer por decreto la cesantía, se instalaba en el Poder Judicial y tendría larga vida, pasando por encima de la inamovilidad de los jueces. Muchos quedaron cesantes.
 
La lucha que se extendió por varios días y que terminó con el derrocamiento de Perón, justificó que la nueva Corte suspendiera los términos judiciales entre el 16 de septiembre y el 3 de octubre de 1955 (Acuerdo del 10 de octubre, en F. 233-5). Inmediatamente los jueces tomaron medidas que intentaban reparar el agravio a que fueron sometidos los jueces de la Corte separados por juicio político en 1947: se colocaron los retratos de Repetto, Sagarna, Linares y del procurador general Álvarez, todos fallecidos (Acordada del 20 de octubre, en F. 233-8), y se anularon las acordadas que habían demostrado sumisión ante el presidente y su esposa (28 de octubre).
 
También los empleados quedaron sujetos a control por un decreto que los puso a disposición de la Corte. Pero por acordada del 7 de noviembre de 1955, el Tribunal resolvió dejar en manos de las cámaras de apelación, juzgados y organismos del ministerio fiscal y pupilar, para que presentaran la nómina de los funcionarios y empleados que debían ser separados “por su reputación, falta de capacidad o por haber realizado actos políticos incompatibles con normas legales y reglamentarias” (F. 233-12 y ss.).
 
Por entonces nadie se interesaba por los derechos laborales ni se reclamó la inamovilidad constitucional de los jueces. Huelgas del personal y reclamo de jueces dejados cesantes, aparecerían cuando el nuevo presidente Frondizi intente una nueva organización del Poder Judicial nacional que afectaba a los jueces y no a los empleados.
 
En los primeros meses del gobierno frondizista existió una seria reacción contra los nuevos nombramientos de magistrados. La inamovilidad era sólo un texto constitucional que sería sorteado tanto por los gobiernos de jure, que alegaban la falta de acuerdo senatorial de los jueces existentes, como por los gobiernos de facto que invocaban su poder revolucionario y que se fueron sucediendo hasta 1983.
 
La misma Corte justificaría estas violaciones en el reclamo planteado por el juez de paz José M. Sagasta: había sido nombrado durante el gobierno peronista con acuerdo del Senado; el gobierno militar de 1955 lo confirmó en el cargo. Ahora era el gobierno de Frondizi el que no lo confirmaba al designar otro juez en el cargo. Es decir que este juez no había sido designado por el gobierno militar, sino que lo tenía de otro gobierno de jure y con acuerdo senatorial. Pero para la Corte la declaración en comisión del gobierno militar, hizo que perdiera la inamovilidad y que al normalizarse los poderes con la asunción del gobierno constitucional de Frondizi, el requisito de un nuevo acuerdo del Senado era indispensable y, al no obtenerlo, quedaba cesante (1 de julio de 1958, en F. 241-50; L.L. 91-152; J.A. 1958-III-241). A pesar que los jueces declaraban que la independencia del Poder Judicial no quedaba afectada por las nuevas designaciones que hacía el Ejecutivo con acuerdo del Senado, la realidad era que con los permanentes cambios de gobierno, la estabilidad de los jueces, protegida por la mismísima Constitución, era burlada.
 
A partir de 1958 los disturbios provocados por el personal judicial administrativo fueron reiterados. Los reclamos por aumentos salariales gozaban de la simpatía de los magistrados. El 12 de julio de 1963 se dispuso declarar en comisión al personal; tres días después la medida quedaba sin efecto (F. 256-131, 132 y 133). El 15 de noviembre del mismo año se debía reclamar el auxilio policial para impedir disturbios en los tribunales.
 
El juez Boffi Boggero sostenía que no correspondían estas medidas y que sólo era suficiente repudiar los hechos, fórmula discutible (F. 257-12). El 10 de diciembre nuevamente se debió declarar en comisión al personal de la Capital Federal, a tal punto habían llegado las huelgas e interrupciones en el trabajo; la medida se dejó sin efecto el 31 de diciembre (F. 257-193 a 201). Las decisiones sólo parecían tender a asustar a los huelguistas.
 
Al mismo tiempo que agobiaban los enfrentamientos y planteos de las fuerzas armadas, se renovaban los reclamos del personal de la justicia por aumentos de sueldos. Se sucedieron las acordadas de la Corte tendientes a tomar medidas para mantener el orden y el servicio (F. 259-213 y 332 y 262-278 del 12 de agosto y 25 de septiembre de 1964 y 25 de agosto de 1965 y en F. 262-443).
 
Un grato suceso fue la celebración del Centenario de la instalación de la Corte Suprema y de su primer fallo, que fue el 15 de octubre de 1863. Cien años después se lo recordó dignamente con un discurso del presidente Villegas Basavilbaso (F. 257-7). Hubo actos paralelos y el juez Boffi Boggero, según anticipamos, publicó un librito con discursos que recordaban el suceso (Tres centenarios de la Corte Suprema de Justicia. 1979).
 
 
 
 
Según el art. 101 de la Constitución (actual 117), la Corte tiene competencia originaria y exclusiva en dos cuestiones: cuando en el juicio es parte una provincia y en las causas concernientes a embajadores, ministros diplomáticos y cónsules extranjeros.
 
En las causas en que es parte una provincia, el texto llevaría a interpretar que en todas debería intervenir la Corte. Pero no ha sido así. Ya la Ley Nº 48 indicaba que la competencia exclusiva era en causas entre dos o más provincias, pero en las de una provincia con vecinos de otra o con extranjeros, la competencia quedaba limitada a causas civiles. El decreto-Ley Nº 1285 de 1958 reiteró este texto.
 
Fue la doctrina de la Corte la que amplió su competencia en causas entre una provincia y sus vecinos cuando la materia fuera federal, y a causas entre una provincia y el estado nacional. La redujo cuando siendo parte una provincia, se trataba de cuestiones vinculadas con el derecho provincial.
 
Los autores han criticado tanto los límites impuestos por la legislación como por la jurisprudencia de la Corte(9).
 
En este período la Corte mantuvo esta doctrina. En la causa entablada por la provincia de Santiago del Estero contra las firmas Mercator S.A. y Knowles y Foster por nulidad de un contrato y daños y perjuicios, declaró que no era de competencia originaria, a pesar que una provincia era parte y actora. Los jueces recordaron las normas constitucionales y el decreto-Ley Nº 1285, reiteraron el antiguo concepto de causas civiles: las nacidas de estipulaciones o contrato, pero agregaron que también lo eran las regidas por el derecho común, es decir que excluía la legislación provincial salvo que se debatiera la inconstitucionalidad de tales normas locales. En el caso, si la Corte entraba a considerarlo - como más claramente dictaminó el Procurador General Lascano-, debería someter a revisión actos y disposiciones provinciales regidos por el orden local, lo que era ajeno a su competencia originaria (24 de abril de 1963, F. 255-256; L.L. 111-665; J.A. 1963-IV-196).
 
Con referencia a los diplomáticos, la competencia originaria procede en causas civiles en las que actúen como actores o demandados, y en las penales donde se los procese o sean querellantes. Pero debe tratarse de representantes acreditados, pues no se extendería a los de un comité internacional, en el caso del Comité Intergubernamental de Inmigraciones Europeas, del cual el actor era el jefe en Buenos Aires (“Lago Carballo c/Tarquini”, 25 de septiembre de 1961, en F. 250-774 y L.L. 106-380).
 
 
La igualdad de que habla el art. 16 de la Constitución, es la igualdad ante la ley, a fin de que ninguna norma legal pueda establecer diferencias en situaciones idénticas. Pero no se extiende a la existencia de fallos contradictorios. Es decir, que la diferente interpretación que hagan los jueces nacionales o provinciales de una ley, no da lugar a la intervención de la Corte. Esta desigualdad, resultado de la distinta interpretación judicial de la ley, es consecuencia natural del ejercicio de la potestad de juzgar que corresponde a los tribunales de justicia.
 
La interpretación es muy criticable pues plantea una manifiesta desigualdad ante distintas decisiones judiciales sin que exista un tribunal que las defina, cuando la Corte tendría en su poder la posibilidad de unificar la jurisprudencia sin que parezca necesario reglamentar el recurso de casación. Los tribunales superiores de provincia tienen facultades para unificar la jurisprudencia. La Corte podría unificar la de estos tribunales.
 
En un fallo se acogió esta lamentable doctrina: se trataba de una indemnización por falta de preaviso que pedía Pedro Jorge Rovegno a la empresa Ducilo S.A., productora de Rayon. La existencia de sentencias contradictorias motivó un recurso de queja ante la Corte. Por entonces aún regía la Constitución reformada en 1949 que había establecido la obligatoriedad de la jurisprudencia sentada por la Corte por recurso extraordinario y la que hiciera interpretando la legislación por recurso de casación. Pero este último recurso destinado para que un tribunal superior uniforme la jurisprudencia de los tribunales, no estaba reglamentado. La Corte, en el fallo, distinguió el recurso extraordinario del de casación y sostuvo que no podía hacer uso de este último por falta de reglamentación; por otra parte, los jueces se apegaron a la clásica jurisprudencia que sostenía que la subsistencia de fallos contradictorios no era argumento para abrir el recurso extraordinario, vía inadecuada para uniformar la jurisprudencia (Orgaz, Argañarás, Galli, Herrera, Vera Vallejo, 7 de septiembre de 1955, en F. 233-173 y en L.L. 82-145).
 
Esta jurisprudencia subsistió (v., por ej., F. 250-860), grave deficiencia que, ante el aumento de interpretaciones judiciales contradictorias, dejaban sin posibilidad de reclamo en el ámbito nacional, pues en el provincial en general los tribunales superiores asumen tal función unificadora.
 
 
Son las que no están específicamente enumeradas en la Constitución, pero se le reconocen a cada uno de los poderes para el ejercicio de sus atribuciones.
 
La Corte manifestó la necesidad de ejercer facultades implícitas inherentes a todo poder estatal y que la habilitaban, por ejemplo, para juzgar la validez constitucional de los títulos de sus miembros, ejercido en el momento del juramento ante el presidente de la Corte, según el art. 98 de la Constitución (“S.A. Alejandro Bianchi y Cía.”, en F. 248-398), o para salvaguardar la investidura de los jueces de la Nación en el ejercicio de sus funciones, aunque en la medida que lo exigiera el resguardo de su garantía constitucional cuando pudiera alterarse por obra de otros poderes (“Alfredo Masi”, en F. 256-114 y “Junta Electoral Nacional. Entre Ríos”, F. 256-208). Señaló que en su condición de órgano capital del Poder Judicial de la Nación, posee facultades implícitas para preservar la autonomía de los tribunales que lo integran frente a los avances de otros poderes, aunque sin ingresar al ámbito de la autonomía reservada a las provincias (“Diaz, Jorge C. s/amparo”, 3 de junio de 1964, en F. 259-11).
 
De cualquier manera un repaso de la actuación de la Corte, demostraría que el ejercicio de estos poderes fue excesivamente mesurado, pues siempre tuvo por límites evitar la invasión del ámbito político de los otros dos poderes. De esta manera, la doctrina de la Corte en este sentido tendió más a disminuir sus facultades que aumentarlas, favoreciendo especialmente al poder presidencial y dejando sin control la labor interna del Congreso.
 
En el caso “Masi”, por ejemplo, reiteró la jurisprudencia de que la Corte carece de jurisdicción para evacuar consultas que formulen organismos o funcionarios administrativos. Ello no obstante los jueces expidieron consultas, como las relativas al aumento del número de jueces de la Corte durante la presidencia de Frondizi. Pero rechazarían el reclamo del juez Sagasta, que no obtuvo el acuerdo del Senado en 1958, con la invocación de la falta de una causa judicial, y con ello dejó de ejercer un mínimo ejercicio de la facultad implícita de preservar la autonomía del Poder Judicial que invocaba.
 
 
En este período se reiterará con firmeza que en el orden nacional, no existe acción destinada a que se declare la inconstitucionalidad de una norma. La decisión de cuestiones constitucionales, debe producirse sólo en el curso de un proceso litigioso, entre partes adversas y con intereses contrapuestos y propios. Así se declaró en un reclamo que efectuó el Banco Hipotecario Nacional contra la provincia de Córdoba. La Carta Orgánica del Banco autorizaba a designar y remover a los escribanos que actuaban en las escrituras de los créditos otorgados. Una ley de Córdoba dispuso que los escribanos se designasen de las listas confeccionadas por el Colegio de Escribanos provincial. El apoderado del Banco reclamó la inconstitucionalidad de dicha ley. A pesar que el Procurador General sostuvo que la ley provincial contrariaba normas federales, los jueces de la Corte entendieron que el caso planteaba el control directo de constitucionalidad como procedimiento destinado a la mera invalidación de la norma, que sólo podría oponerse en el curso de un procedimiento litigioso (26 de junio de 1963, en F. 256-144; L.L. 112-558 y E.D. 5-932).
 
Débilmente fundado en la validez de los actos estatales y en el equilibrio de los poderes, la jurisprudencia no sólo limitó el control de constitucionalidad, sino que insistió en que tal control tampoco podía llevarse a cabo de oficio. Si bien desde sus primeros fallos se había reconocido en los jueces la facultad de mantener la supremacía de la Constitución (F. 33-162 de 1888), posteriormente quedó restringido a que lo pidieran las partes y surgiera de un proceso contradictorio. No hay control de constitucionalidad de oficio, se reiteraba (F. 250-716, 252-328, entre otros), de manera que los jueces estaban impedidos de analizar una norma que violaba la Constitución si las partes no lo reclamaban o planteaban, doctrina que tardaría en modificarse y que recibió numerosas críticas(10).
 
Si las leyes provinciales permitían la declaración de inconstitucionalidad de oficio, el trámite quedaba limitado al ámbito local y no podía extenderse a una demanda de jurisdicción federal, dijo la mayoría en una demanda por inconstitucionalidad del Decreto Nº 260/63 del Ejecutivo Nacional, planteada por el Fiscal de Estado de la provincia de Río Negro; dicho decreto convocaba a elecciones para elegir gobernador de la provincia, contrariando la Constitución provincial. En disidencia se expidió Boffi Boggero: consideró necesario tramitar la causa teniendo en cuenta que así lo aconsejaban razones “de extrema gravedad institucional” que permitían la excepción a la doctrina que impedía promover un juicio declarativo de inconstitucionalidad (13 de marzo de 1963, en F. 255-86).
 
 
En este período se consolida la extensión del recurso extraordinario al ámbito excepcional de las llamadas sentencias arbitrarias o inconstitucionales. Lo que se avizoraba en etapas anteriores, recibirá una serie de tipificaciones que se extienden y que van identificando la existencia de la arbitrariedad. Es la anormalidad de la sentencia arbitraria la que da lugar al recurso extraordinario, aunque lo que decida no tenga relación con el derecho federal; ante esa anormalidad, la Corte la descalifica(11).
 
En la primera etapa posterior a septiembre de 1955, ya se aprecia, aunque tímidamente y hasta se evita mencionar la palabra arbitrariedad, la posibilidad de descalificar sentencias en cuestiones de procedimiento, normalmente ajenas al recurso extraordinario. Por ejemplo, se dejan sin efecto sentencias que regulan honorarios con escasos fundamentos (F. 234-176 y 179), o la que los eleva exageradamente de $ 9.000 a $ 100.000 (F. 237- 292). Pero los jueces intentan limitarse y señalan que la doctrina de la arbitrariedad y de interpretación inconstitucional, es de carácter excepcional, quizá por temor al alcance que podría tener (F. 235-249 del 29 de junio de 1956), aunque seguirá en expansión.
 
En un juicio por accidente de tránsito, no se logró probar que el conductor tenía registro habilitante debido a la falta de datos, lo que motivó que los organismos administrativos no pudieran informar al juez. Concluida la etapa de prueba se dictó sentencia desestimando la demanda y haciendo mérito a la falta de prueba sobre el citado registro. Antes de la notificación de esta sentencia, el actor consiguió y presentó constancia del registro que habilitaba al conductor con anterioridad al accidente. El juez indicó que no podía alterar la sentencia. Las partes apelaron y la Cámara confirmó la decisión considerando que el registro fue acompañado fuera del tiempo de prueba y luego de dictada la sentencia.
 
La causa llegó a la Corte en queja. No había una estricta cuestión federal. El propio Procurador General consideró que no correspondía abrir la queja. Sin embargo los jueces consideraron necesario contemplar las “características singulares” del caso. Reconocieron que el proceso debe estar sujeto a forma y tiempo, pues de otro modo los juicios no tendrían fin, pero no podía ser conducido en términos estrictamente formales. Partiendo del concepto de que un fallo judicial debe ser la conclusión razonada del derecho vigente con especial referencia a las circunstancias comprobadas de la causa, definición que se reiteraría, entendieron que los jueces en cualquier etapa del juicio podían disponer de los medios para esclarecer la verdad. Y en el caso ella estaba en que se había rechazado una demanda por falta de una constancia acompañada fuera de término, pero existente en el expediente y de la cual no podía prescindirse, pues de lo “contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho”.
 
Con este razonamiento se abrió el recurso extraordinario y se mandó dictar nueva sentencia teniendo en cuenta la prueba incorporada (“Colalillo c/Cía. de Seguros España y Río de la Plata”, 18 de septiembre de 1957, F. 238-550; L.L. 89-412 y J.A. 1957-IV-477).
 
En este fallo los jueces favorecieron la realidad y dejaron de lado el formalismo en la búsqueda de la justicia. No se menciona “arbitrariedad”, se dice que la sentencia carece de fundamentos. En otra ocasión se dirá que es incompatible con el adecuado servicio de justicia garantizado por el art. 18 (F. 247-176).
 
La Cámara había rechazado una adopción teniendo en cuenta la distinta religión entre adoptado y adoptante. Pero la ley de adopción (13.252) no exigía identidad de religión como requisito para su procedencia. Por otra parte el menor había sido recogido por los actores cuando tenía cuatro años en estado deplorable y desnutrido y el padre natural había dado su conformidad para la adopción (aunque luego se rectificara). Es decir que no podía considerarse el interés del padre legítimo que no atendió a su hijo, sino velar por el interés del menor que los actores contemplaron. Los adoptantes sostuvieron que la sentencia era arbitraria. En consecuencia los jueces entraron a considerar el recurso extraordinario y concluyeron que la decisión carecía de fundamentos y había sido dictada en contra de la ley por establecer una discriminación religiosa no prevista (“Jacobo L. Schvartz y otra en la adopción del menor Alberto L. Camino”, 16 de diciembre de 1957, en F. 239-367; L.L. 89-575 y J.A. 1958-II-408 que votaron Orgaz, Argañarás, Galli, Herrera, Villegas Basavilbaso).
 
Pero la procedencia del recurso extraordinario por arbitrariedad daría lugar a diferencias entre los jueces posteriores. Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte consideraron procedente un recurso por entender que la sentencia en debate no analizaba cuestiones debatidas en el pleito y otras introducidas, mientras que la mayoría sostenía que la materia era propia de los jueces inferiores y no daba lugar al recurso extraordinario, más aún cuando no aparecían garantías afectadas (F. 250-71).
 
Por su parte, el juez Boffi Boggero insistió en que la doctrina de la arbitrariedad no implicaba sustituir el criterio de los jueces de otras instancias por el de la Corte, sino privar de efectos a una sentencia carente de razones para sustentarla, por ejemplo, la que disponía un importante embargo sin cumplir con la fianza establecida en la ley procesal (F. 257-303 y 259-22). Aclaraba que las sentencias debían reunir determinados recaudos jurídicos que, cuando faltaban, podían malograr todo un proceso legal. Por lo tanto, si la sentencia contaba con tales requisitos, no había arbitrariedad aunque el pronunciamiento se considerase equivocado, pues se trataba de la interpretación válida del juzgador; pero si no reunía esos requisitos, la sentencia era arbitraria y la causa debía fallarse nuevamente (disidencia en “Alfredo Rodríguez y otro c/Dino Belek”, 17 de marzo de 1961, en F. 249- 324).
 
 
Es una nueva extensión del recurso extraordinario que la Corte permite sorteando formalismos, y hasta pueden llegar a considerar meros actos procesales, que normalmente no darían lugar al recurso extraordinario. Se fundamentan en la trascendencia de la cuestión, procesal o institucional, o en razones de interés general o que afectan a la comunidad.
 
El caso Jorge Antonio es orientador: el gobierno militar de septiembre de 1955 creó una Junta Nacional de Recuperación Patrimonial para determinar y recuperar bienes que fueron mal habidos por funcionarios del régimen peronista. Posteriormente parte de sus tareas se delegaron a la Comisión Liquidadora de Bienes Transferidos al Estado Nacional, creada por decreto-Ley Nº 8124/57. Uno de los investigados fue Jorge Antonio, a quien le fueron interdictos bienes que tenía en el país y en el extranjero. Sin embargo, en determinada etapa del proceso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso administrativo, dispuso la entrega a los abogados de Jorge Antonio y en depósito, de seis automotores y dos embarcaciones. La Comisión Liquidadora apeló la medida. La mayoría de la Corte analizó no sólo la legitimación de esta Comisión Liquidadora para apelar en el juicio, ya que la representación del Estado en juicio correspondía a la Procuración del Tesoro de la Nación, sino también la procedencia de su propia competencia. Pero a pesar de las dudas sobre la legitimación de la Comisión, los jueces llegaron a la conclusión que la relación entre lo decidido por la Cámara de Apelaciones y las funciones otorgadas a la Comisión, harían procedente el recurso más aún cuando nada impedía la tutela judicial que invocaban. En cuanto a su competencia, la Corte la resolvió favorablemente, teniendo en cuenta que el recurso extraordinario está destinado al ejercicio jurisdiccional cuando “están en juego problemas de gravedad institucional”.
 
Así como la ausencia de interés institucional permite rechazar de plano los recursos ante la Corte, “la existencia de aspectos de gravedad institucional puede justificar la intervención del Tribunal superando los ápices procesales frustratorios del control constitucional de esta Corte”. Recordaban que de esta manera se extendió el recurso extraordinario a los supuestos de arbitrariedad. En el caso la gravedad institucional estaba en las disposiciones federales del decreto-Ley Nº 5148/55 que había creado la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, destinada a tomar medidas sobre hechos de triste gravedad y repudiables moralmente. Por lo tanto concluían que mientras no existiese sentencia judicial con valor de cosa juzgada que indicase que los bienes afectados no habían sido producto de expoliación del patrimonio nacional, debía declararse improcedente toda entrega (28 de octubre de 1960, en F. 248-189; L.L. 101-835, Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Oyhanarte, Aberastury, Imaz y Boffi Boggero según su voto).
 
Si bien los elementos de la nueva extensión del recurso extraordinario no quedaban bien definidos, se abría una nueva posibilidad para llegar a la Corte, sujeta, como todas las que no cayeran estrictamente dentro de la enumeración de la Ley Nº 48, a la aceptación del Tribunal. La existencia de gravedad institucional y el fallo “Jorge Antonio”, por ejemplo, fueron invocados para abrir el recurso extraordinario en una queja planteada en el caso “Andrés Silva c/Empresa Nacional de Telecomunicaciones” (17 de febrero de 1961, F. 249-119).
 
Otro supuesto permitió penetrar más en la definición de este recurso. Se trataba de una investigación penal por el rapto, violación y homicidio de Norma Mirta Penjerek, que tuvo amplia difusión periodística y que puso a prueba la eficacia y objetividad de la administración de justicia, como sostuvo en su dictamen el Procurador Lascano. La joven había salido de su clase de inglés en la Capital Federal por la tarde del 29 de mayo de 1962 y nunca regresó a su domicilio. Hecha la denuncia por sus padres, el 15 de julio apareció muerta en un terreno de Llavallol perteneciente a la Universidad de La Plata. El suceso provocó temor en las familias pero la investigación no pudo determinar a los responsables.
 
El caso llegó a la Corte por un recurso de queja referido a un problema de recusación, meramente procesal. Las partes recusaron al juez penal de la provincia de Buenos Aires quien entendía en la investigación y que elevó el incidente a la Cámara de Apelación. Aquí se pidió sustentar la recusación oralmente, conforme al procedimiento, pero los jueces de la Alzada consideraron que por no existir hechos controvertidos, prescindían de la audiencia oral y, sin que tal medida quedara firme, rechazaron por infundada la recusación.
 
En la Corte se analizó la procedencia del recurso y con cita en el caso “Jorge Antonio”, lo consideraron procedente, fundados en que la cuestión superaba “los intereses de los partícipes en la causa, de tal modo que ella conmueve a la comunidad entera”. En cuanto al problema procesal, entendieron que no se brindó a los recusantes la oportunidad de probar su derecho, con decisiones que no contemplaron la garantía de la defensa, todo lo cual había que ponderar para salvaguardar la inobjetable administración de justicia, tanto en beneficio de los procesados como para la dignidad de los funcionarios y sosiego y tranquilidad colectiva. Dejaron sin efecto las resoluciones y mandaron tramitar la causa según lo resolvían (14 de noviembre de 1963, Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Aberastury, Imaz, Bidau, en F. 257-132; J.A. 1963-VI-249).
 
Hasta sentencias de apremio podían ser susceptibles del recurso extraordinario cuando lo resuelto revestía gravedad institucional por afectar derechos de naturaleza federal (“Provincia de Santa Fe c/Empresa Central “El Rápido” S.A. por cobro de impuestos a las actividades lucrativas, recargos y multas”, 17 de junio de 1964, en F. 259-43, Boffi Boggero según su voto).
 
Esta novedosa ampliación del recurso extraordinario, parece consecuencia de la inevitable diversificación de las cuestiones, de difícil encaje en la Ley Nº 48, pero necesitadas de una decisión del Superior Tribunal por política judicial. A un costado de la sentencia arbitraria, tiende a revisar aspectos institucionales o de transcendencia pública. Lo cierto es que los jueces advirtieron su necesidad y permitieron su aplicación y, en este sentido, fueron creadores.
 
 
Son causas que la Corte ha entendido que no debe intervenir por considerarlas exclusivas de los otros poderes. Tiene su origen en la jurisprudencia de los Estados Unidos que la Corte adoptó primero en la interpretación de casos sobre expropiación y luego analizó en el fallo dictado en “Cullen c/Llerena” en 1893. Desde entonces se fueron incorporando cuestiones que la jurisprudencia consideró ajenas al control judicial.
 
En este período las causas de este tipo se incrementarán. Pero su aceptación será más estricta y otras resistidas, en especial a través de las disidencias del juez Boffi Boggero que con insistencia impugnó la existencia de estas cuestiones. Por su parte la doctrina revisó la extensa gama de casos que se rechazaban con este título. Se sostenía que si bien existe una zona de reserva de los poderes, la ausencia de control judicial llevaba, en determinados supuestos, a la imposibilidad de reclamar contra actos arbitrarios de los poderes políticos.
 
En esta etapa se marcará el camino destinado a limitar estas cuestiones del conocimiento judicial.
 
La detención del presidente Frondizi y su separación del cargo por decisión de las fuerzas armadas el 29 de marzo de 1962 y la asunción del presidente del Senado, Guido, daría origen a varios reclamos judiciales que debieron ser rechazados invocando la doctrina de las cuestiones no justiciables. Explicamos que Guido juró ante la Corte debido a que el Congreso, donde debía jurar según la ley de acefalía 252, estaba en receso. La Corte, en acuerdo del 31 de marzo homologó el acta de posesión del cargo presidencial. Pero por otra parte Frondizi no había renunciado. El procedimiento fue impugnado judicialmente por el ciudadano Luis M. Pitto quien reclamó la reposición de Frondizi. La Corte resolvió el planteo explicando que la aplicación de la Ley Nº 252 que preveía la falta de presidente ante la inexistencia de vice, era aplicable aunque Frondizi no hubiese renunciado, pues la ausencia existía y no correspondía a los jueces pronunciarse sobre las causas de tal ausencia. Siendo necesario garantizar el orden constitucional, la Corte actuó adecuadamente. Decidir la reposición del presidente resultaba una cuestión que escapaba a la competencia de la Corte ante el hecho consumado de la deposición de Frondizi (3 de abril de 1962, en F. 252-177). Como sostuvo Oyhanarte, resultaba utópico reponer al presidente(12).
 
Aparecieron otros reclamos contra la detención de Frondizi. El abogado y correligionario del presidente depuesto, Jorge Tomás Haymes, opuso un habeas corpus ante la Corte. La mayoría decidió el caso sosteniendo la incompetencia originaria del Tribunal. Boffi Boggero llegó a igual conclusión, pero agregó otros fundamentos vinculados con el trámite que llevó a Guido a jurar ante la Corte (16 de mayo de 1962, en F. 252-277). Este juez se mantuvo en la tesitura de que el gobierno de Guido era de facto, mientras existía un Poder Judicial de iure cuya cabeza era la Corte; argumentaba que Guido había asumido por un acto de fuerza y sin que el anterior presidente fuera sometido a juicio político (F. 254-346 del 26 de noviembre de 1962).
 
Siguieron nuevos amparos que la Corte decidió de igual manera con votos especiales de Boffi Boggero y Aráoz de Lamadrid (pedido para reponer al presidente de Eduardo Arguero Fragueyro, resuelto el 16 de mayo de 1962, en F. 252-285) y los de Rodolfo Gutiérrez y Ángel Siri (F. 252-288 y 293). En un habeas corpus contra la detención de Frondizi en la isla Martín García que llegó en recurso extraordinario a la Corte, se resolvió que el detenido no había optado por salir del país, que no existía exceso en la medida y que la detención en la isla era facultad política presidencial según el art. 23 de la Constitución.
 
Pero para Boffi Boggero la revisión judicial del arresto durante el estado de sitio era posible, más aún cuando la detención en Martín García era exorbitante y excedía los alcances del art. 23 (F. 254-491 del 28 de noviembre de 1962; también L.L. 119-790).
 
Otra cuestión que la doctrina de la Corte había considerado que no era revisable judicialmente, era la declaración del estado de sitio. Las facultades del art. 23 de la Constitución eran privativas del Poder Ejecutivo y no estaban sujetas a revisión judicial.
 
Esta interpretación no se modificará en este período, pero se abrirá la posibilidad del control de razonabilidad de los actos derivados de la aplicación del estado de sitio, ya introducido en la jurisprudencia pero que ahora adquiriría más precisión.
 
Fue objeto de análisis cuando la Liga Argentina por los Derechos del Hombre solicitó a la policía autorización para realizar un acto público en la sala de un teatro el 30 de marzo de 1959, por la tarde y para tratar sobre la situación imperante en el Paraguay. Como regía el estado de sitio el jefe de policía negó la autorización. La Cámara de Apelaciones Federal y Contencioso administrativo, revocó la decisión: dijo que la reunión no tenía relación con los motivos que llevaron a decretar el estado de sitio y que la suspensión de los derechos durante la emergencia, debía ser interpretada restrictivamente y eran los jueces los que debían apreciar en cada caso y razonablemente la naturaleza del derecho afectado.
 
Llegado el caso a la Corte, el Procurador Lascano mantuvo la tesis tradicional: el estado de sitio suspende entre otros, el derecho de reunión y no cuestionada la validez del estado de sitio, no correspondía a los jueces revisar el acierto de la medida que pertenecía a los poderes políticos. El fallo de la Corte reconoció la doctrina invocada por el Procurador General y en este sentido recordó los casos “Alem”, “Alvear” y los recientes de los casos del diario “La Hora”, “Rubens L. Íscaro” y “Jorge Antonio”. Pero si bien el control era ajeno a la justicia, “procedería”: 1) ante la transgresión franca y ostensible de los límites en la facultad de arrestar o trasladar personas, 2) cuando las medidas de ejecución del estado de sitio, son clara y manifiestamente irrazonables, es decir, “impliquen medios que no guarden relación alguna con los fines del art. 23”. Por lo tanto, durante el estado de sitio la función judicial se reducía al control de razonabilidad de los actos administrativos impugnados. En el supuesto, la prohibición del acto no resultaba irrazonable, por lo cual se revocaba la decisión de la Alzada (Aráoz de Lamadrid, Oyhanarte, Francisco P. Laplaza, conjuez para el caso, en “Antonio Sofía y otros”, fallo del 22 de mayo de 1959, en F. 243- 504; L.L. 94-362 y J.A. 1959-VI-363).
 
Hubo dos disidencias que avanzaron sobre el control judicial: la de los jueces Orgaz y Boffi Boggero.
 
Orgaz hizo hincapié en la doctrina que sostenía que el estado de sitio suspendía todas las garantías constitucionales. Como toda ley, la que declara el estado de sitio debe ser interpretada; la Constitución no pudo entregar al arbitrio del Ejecutivo o de un funcionario policial el goce y ejercicio de todos los derechos. No sólo no podrían suspenderse derechos esenciales, como la defensa en juicio y otros, sino que tampoco podrían serlo las garantías en la medida que su ejercicio no tuviese relación con los motivos del estado de sitio. La función judicial no reemplazaba el juicio de la autoridad encargada de disponer la medida, sino que controlaba objetivamente todo exceso a los límites fijados por la propia ley. En el caso la reunión convocada no tenía relación con el motivo del estado de sitio ni revestía carácter gremial; incluso no era suficiente que la Liga registrara antecedentes de extrema izquierda, por tanto pedía que la sentencia se confirmara.
 
Boffi Boggero reiteró su postura a favor del control judicial amplio. El estado de sitio si bien suspende las garantías, la medida no puede llevarse a efecto con cualquier alcance, sino con una razonable. Esta razonabilidad reside en que se deben suspender sólo las garantías cuyo ejercicio resulte incompatible con la preservación de la paz social y en la medida que sea indispensable para obtener los fines buscados. No se darían estas circunstancias en el caso, por lo cual también pidió la confirmación de la sentencia de la Cámara de Apelaciones.
 
Poco más de un año después de este fallo, la Corte reconocía que la suspensión de las garantías individuales durante el estado de sitio, había experimentado una apreciable modificación favorable a los derechos humanos a partir del caso “Sofía” (“José M. Zárate s/habeas corpus”, 23 de septiembre de 1960, en F. 247-708). Sin embargo se insistía en que la facultad de arrestar por parte del Ejecutivo, era irrevisable judicialmente, pues de lo contrario se aceptaría que los jueces controlasen decisiones del presidente de la Nación.
 
Rechazaban el recurso de Zárate, detenido luego de una reunión obrera en virtud del estado de sitio. Zárate dijo que probaría que las causas de su detención no estaban vinculadas con el estado de sitio, que era irrazonable, que la ley que dispuso el estado de sitio era inconstitucional por no existir conmoción interior ni ataque exterior y haber sido dictada por tiempo indeterminado. La mayoría de los jueces opinaron que no podían recibir prueba destinada a impugnar actos judicialmente irrevisables y rechazó los demás argumentos.
 
Para Boffi Boggero, el habeas corpus, a pesar de su trámite sumario, permite analizar las causas invocadas por el Ejecutivo para decidir si corresponde el progreso de la acción, remitiéndose a argumentos ya desarrollados en uno de los reclamos de “Íscaro” de F. 247- 469.
 
A pesar que la Corte reconoció el avance en el control de razonabilidad de medidas hasta entonces consideradas propias de los otros poderes y, por ello, no judiciables, su aplicación práctica durante este período fue muy restringida. En esta lenta evolución, se consideró razonable que debido al estado de sitio, el Ejecutivo suspendiera el ejercicio de la libertad de prensa y clausurara periódicos por considerarlos insurreccionales (F. 236-59, 250-832, “Diario Norte”, “Voz Peronista”, semanario “Azul y Blanco”). El secuestro del diario “Nuevo País” por subversivo, fue considerado como ejercicio razonable del poder de policía. En contra Boffi Boggero entendió que se trataba del ejercicio excesivo del poder y que la Corte debía entender cuando aparecía transgredido un derecho (9 de mayo de 1962, en F. 252-248).
 
También se consideró razonable limitar el derecho a la organización sindical. Los antecedentes de este aspecto se resumen en el amparo planteado por el Sindicato Argentino de Músicos, cuya sede fue clausurada porque el Ejecutivo consideró que desarrollaba actividades comunistas y subversivas. La Corte reconoció que el poder administrativo actuó dentro de sus facultades excepcionales previstas en el art. 23 y en la ley que había dispuesto el estado de sitio, pues todos los derechos en esta emergencia pueden ser sometidos a “restricciones más intensas que las que habitualmente autoriza el poder de policía” y que los jueces no pueden analizar sin excederse en sus funciones. En este caso, además, se esbozó una definición de razonabilidad: “quiere decir tan sólo que las medidas utilizadas por la autoridad pública deben ser proporcionadamente adecuadas a los fines perseguidos por el legislador” (28 de diciembre de 1960, F. 248-813).
 
El caso “Zárate”, además, planteó dos cuestiones vinculadas con el control judicial del estado de sitio: si la declaración debía fijar un término y si debía limitarse territorialmente.
 
Con relación al primer aspecto la Constitución nada indicaba. En el segundo caso el art.23 señala que el estado de sitio se declarará en la provincia o territorio “en donde exista la perturbación del orden”. Pero la práctica impuso que se extendiera a todo el territorio del país, cuestión que tuvo un análisis crítico en “Sofía”. En el caso de Rubens Libertario Íscaro, resuelto el 28 de diciembre de 1956 (F. 236-632), la mayoría sostuvo que tanto la declaración del estado de sitio como el tiempo que debe imperar y el lugar, son facultades del Congreso o del Ejecutivo y no revisables por el Poder Judicial. Orgaz, en su voto, analizó la extensión geográfica de la emergencia: dijo que la limitación del espacio pudo estar en la idea de los constituyentes de 1853, pero en la actualidad el peligro en una región amenazaba a todo el país.
 
Durante el estado de sitio el Presidente de la Nación puede arrestar o trasladar a los detenidos si estos no prefieren salir del país. En el caso de un detenido por el Ejecutivo pero con dos procesos judiciales, aunque sin prisión preventiva ni orden de detención, la Corte sostuvo que no podía optar por salir del país, pues quedaría a su arbitrio el cumplimiento de la obligación de presentarse personalmente ante los jueces (13 de mayo de 1957, F. 237-250). Ya con otra integración, se reiteró que no procedía la opción para salir del país cuando el detenido estaba sujeto a un proceso penal no concluido, aunque no existiese auto de prisión preventiva (“Pablo Vicente”, 5 de septiembre de 1960, en F. 247- 587).
 
Una situación particular se dio ante otro reclamo de Rubens L. Íscaro. Fue arrestado por el Ejecutivo por el estado de sitio; planteó un habeas corpus y pendiente de resolución optó por salir y salió del país. La mayoría de los jueces de la Corte consideraron abstracta la cuestión, pues la restricción a la libertad había cesado al salir del país. Para el juez Boffi Boggero no había tal caso abstracto, pues el habeas corpus se opuso mientras estaba detenido y si bien luego pudo salir del país por la opción formulada, su interés subsistía para lograr retornar y vivir libremente (10 de agosto de 1960, en F. 247-472).
 
Las cuestiones electorales también fueron consideradas irrevisables en sede judicial, doctrina perniciosa que permitió excesos electorales sin control. En un primer momento de esta etapa, la doctrina se reiteró: las cuestiones electorales, como procedimiento para la constitución de los poderes políticos, no son propias de la función judicial sino políticas (“Partido Demócrata de San Juan”, F. 238-283. “Partido Provincial Unión Santiagueña”, 19 de julio de 1957, F. 238-288).
 
Los organismos especiales ante los cuales pueden debatirse estos conflictos, tienen carácter político (F. 237-286 y otros). Por ello las decisiones de las juntas electorales resultaban ajenas al recurso extraordinario (“Junta Electoral Permanente de Corrientes. Partido Justicialista de Corrientes”, 31 de diciembre de 1959, F. 245-571).
 
El debate sobre la denominación de un partido político, también era ajeno a la justicia; así lo disponía el decreto-Ley Nº 19044, Boletín Oficial del 18 de octubre de 1956, que regulaba los partidos políticos y disponía que las divergencias las definían jueces electorales con apelación a la Cámara Nacional respectiva; sólo podía llegarse a la Corte cuando se denegase o se revocase la personería jurídica (recurso de queja del Partido Socialista, 10 de octubre de 1960, en F. 248-66 y 253-389).
 
Boffi Boggero señaló diferencias de criterio: por ejemplo, contra la opinión mayoritaria, consideró que era procedente la jurisdicción extraordinaria de la Corte para conocer una decisión de tribunal electoral que negaba la inclusión de un ciudadano en la lista de candidatos del partido Unión Popular (F. 252-56).
 
También se consideraron irrevisables la oficialización de listas de candidatos, decisión que se tomó para evitar la presencia de candidatos peronistas en la lista de la Unión Popular, nombre que intentaba sustituir al Partido Peronista, perseguido mediante una serie de decretos del presidente Guido para impedir su participación en las elecciones de 1963.
 
En este caso, el juez Boffi Boggero consideró que la cuestión, si bien política, era tan justiciable como cualquier otro derecho y al rechazarlo se dejaba sin defensa a los reclamantes (“Partido Unión Popular”, 14 de junio de 1963, F. 256-50).
 
Debió expedirse la Corte sobre la constitucionalidad del control ideológico de los partidos políticos. Las reglamentaciones de los partidos se sucedieron, interesados como estaban los gobernantes por controlar los de signo comunista y peronista. Fueron considerados subversivos el “Partido Obrero” (F. 253-133 del 27 de junio de 1962) y el “Partido Justicialista”. En el primer caso la Corte reconoció que los partidos políticos se habían convertido en órganos de la democracia representativa, pero cuando su actuación se traducía en peligro cierto y real para la subsistencia del Estado democrático, era razonable rechazar su personería. El programa real y verdadero del “Partido Obrero” lo mostraba ligado o vinculado a la IVª Internacional trotskista y su proyección era subversiva.
 
También preocupaba a los militares que controlaban el poder, el posible retorno peronista. Durante el gobierno de Guido, el estatuto de los partidos políticos regulado por el decreto-Ley Nº 19044 fue reemplazado por el Decreto Nº 7162 del 24 de julio de 1962. En la misma fecha se creaba un nuevo sistema judicial de control de los partidos políticos con la organización de una Junta Nacional Electoral. Una serie de decretos fue limitando la participación del peronismo en las elecciones e incluso se prohibió que sus candidatos figurasen en otros partidos. El peronismo resolvió votar en blanco en las elecciones del 7 de julio de 1963 en las que resultaría elegido Illia.
 
Para las elecciones legislativas de marzo de 1965, este gobierno resolvió levantar las restricciones para el peronismo. Al mismo tiempo, el 11 de enero del mismo año se aprobaba la Ley Nº 16652 orgánica de los partidos políticos; uno de sus títulos regulaba el funcionamiento de la justicia electoral.
 
Antes de llevarse a cabo las elecciones de marzo de 1965 y de acuerdo con el levantamiento de la veda, el apoderado del Partido Justicialista pidió la personería jurídica.
 
Concedida por el juez electoral, fue revocada por la Cámara Nacional Electoral el 26 de febrero de ese año por considerar que, conforme con la nueva ley de los partidos políticos, el Partido Justicialista atacaba al Estado democráctico y propiciaba un sistema dictatorial.
 
El fallo fue apelado ante la Corte. Pero mientras se resolvía el caso en este Tribunal, se llevaron a cabo las elecciones y los peronistas se integraron a otros partidos ya autorizados, logrando un 30 % del electorado. Iniciado el período de sesiones, en la Cámara de Diputados y de acuerdo con las facultades que le otorgaba el art. 56 de la Constitución, se rechazaron las impugnaciones y se incorporaron 44 diputados de tendencia peronista ingresados en distintos partidos y que integraron el bloque Justicialista.
 
Así las cosas, la Corte se expidió el 15 de noviembre de 1965 sobre la negatoria de la personería de este partido (F. 263-267). La mayoría eludió el tema de fondo: autorizar o no autorizar la personería pedida, y buscó argumentos por momentos confusos. En primer lugar recordó la doctrina que rechazaba el recurso extraordinario por decisiones de organismos electorales; el “ejercicio incontrolado de la función judicial” en el ámbito de atribuciones de otros poderes, constituía una anomalía constitucional. Pero donde encuentran la solución, es al analizar la facultad usada por la Cámara de Diputados según el art. 56: las cámaras son jueces de las elecciones de sus miembros, facultad privativa del Congreso y ajena a la justicia. La sentencia no se compadecía con lo decidido por la Cámara de Diputados que había incorporado a los candidatos peronistas, por lo tanto se la dejaba sin efecto y se mandaba dictar nuevo pronunciamiento (Aráoz de Lamadrid, Aberastury con su voto, Colombres, Imaz, Mercader).
 
El juez Zavala Rodríguez tuvo una disidencia coherente. En primer lugar señaló que dictada la Ley Nº 16652, la cuestión vinculada con el reconocimiento de los partidos políticos dejó de ser una cuestión política y resultaba judiciable. Creada la justicia electoral para comprobar los principios de cada partido, llegaba a la conclusión que el Partido Justicialista se identificaba con el peronismo, lo cual implicaba que la agrupación personificaba a un hombre, con métodos y tendencias reñidas con el sistema democrático.
 
El nombre “justicialista”, entonces, no era prenda de paz y sólo llevaba a la separación del pueblo. Por otra parte la aprobación de la Cámara de Diputados no impedía que la Cámara Electoral resolviese si el partido Justicialista podía gozar de personería. No se debatía la regularidad del proceso electoral, sino el reconocimiento de la personería de un partido, cuyas directivas no se ajustaban a la ley, por lo cual se inclinaba por confirmar la resolución judicial que denegaba la personería al Partido Justicialista.
 
Lo curioso es que la Cámara Electoral que debió expedirse según este fallo de la Corte, el 31 de mayo de 1966 volvió a negar la personería al partido Justicialista (en J.A. 1966- III-581). El final lo dio el golpe militar del mes siguiente que acabó con las autoridades constituídas y con los partidos políticos.
 
La jurisprudencia de la Corte también consideró cuestión política y no justiciable las formalidades y procedimientos de los órganos legislativos. Ya se vio que en el caso del Partido Justicialista, se invocó que la incorporación de diputados era privativa de dicha Cámara según el art. 56 de la Constitución.
 
Esta doctrina se reiteró en un original planteo de inconstitucionalidad de una reforma constitucional. En un reclamo por despido debido a la participación en una huelga, la firma demandada fue condenada al pago de la reparación pues la huelga se tuvo por lícita. En tren de objetar el derecho de huelga, reconocido por el art. 14 bis agregado por la Convención Constituyente reunida en 1957, la demandada llegó a la Corte en queja, objetando la constitucionalidad de tal reforma, fundada en que no habría quedado válidamente integrada, pues no se realizó una reunión posterior de la Convención para aprobar el acta de dicha sanción.
 
Si no se podía judicialmente cuestionar los procedimientos de los órganos legislativos, tampoco podrían serlo los de una Convención Nacional constituyente reformadora. La mayoría de los jueces invocó esta doctrina y consideró que el citado art. 14 bis fue sancionado según el reglamento interno de la Convención y no estaba demostrada la ausencia “de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley”, supuesto que permitiría la intervención judicial (“Guerrero, Juana A. Soria de c/Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A.”, 20 de septiembre de 1963, en F. 256-556; L.L. 112-226; J.A. 1963-V-609).
 
Boffi Boggero fiel a su postura contraria a aceptar la doctrina de las cuestiones no justiciables, votó en disidencia y criticó la doctrina. La justicia debe analizar si la reforma objetada tiene validez constitucional; los poderes políticos deben ejercer sus facultades sin afectar los derechos, pues de lo contrario las facultades privativas se transformarían en facultades sin control judicial. Una cosa es la política en si misma y otra el derecho político que regula jurídicamente a la primera. Cuando la transgresión de los poderes políticos afectan materia jurisdiccional, se impone tramitar las causas sin que esos poderes puedan legítimamente alegar que se trata del ejercicio de facultades privativas.
 
Como cuestión no justiciable se tuvo también la verificación de la existencia de la forma republicana de gobierno y la división de poderes, o su delegación dentro del funcionamiento de las instituciones provinciales. La Corte entendía que quedaba en manos de los poderes políticos determinar si en las provincias se respetaba la forma republicana de gobierno. De esta manera dejó en poder del Congreso y del Ejecutivo nacional facultades que podían atentar, como ocurrió, contra la autonomía provincial sin que fuera posible ningún control judicial.
 
En este período la doctrina se reiteró, con la oposición del juez Boffi Boggero, en el recurso extraordinario opuesto por Felipe B. Lizondo, que venía ocupando la presidencia de la Corte de Justicia de Tucumán. Había sido designado el 4 de junio de 1958 por diez años y con acuerdo del Senado local según la Constitución de esa provincia. El 19 de marzo de 1962 la provincia fue intervenida por el gobierno nacional y los integrantes del Poder Judicial puestos en comisión; pero Lizondo se mantuvo en el cargo. Reinstalado el nuevo gobierno provincial constitucional en octubre de 1963, el Senado local no prestó acuerdo para el cargo de Lizondo y éste entabló una acción de amparo contra el Ejecutivo y el Senado provinciales para que se lo declarase vocal presidente de la Corte. En primera instancia se hizo lugar al pedido, pero la Cámara revocó y anuló la decisión, fundada en que la justicia no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre la legitimidad del acto cuestionado.
 
En la Corte nacional, la mayoría consideró que se trataba de un conflicto de poderes locales, cuya competencia no le correspondía desde la reforma de 1860 y que la violación del régimen republicano de gobierno no justificaba su intervención, que correspondía a los poderes políticos nacionales, y se declaraba improcedente el recurso extraordinario.
 
El juez Zavala Rodríguez declaró mal concedido el recurso. Dijo que no se trataba de dilucidar si era una cuestión política, sino que en el caso existía un conflicto de poderes provinciales cuya garantía había que buscar dentro de la jurisdicción provincial, que ya se había expedido, o por otras vías constitucionales (¿la intervención federal?). Estos conflictos no eran de competencia de la Corte.
 
Boffi Boggero, en disidencia, hizo lugar al recurso extraordinario y sostuvo la justiciabilidad del caso, pues de lo contrario la Corte perdía el control jurisdiccional en una cuestión de gran trascendencia institucional y que excedía el derecho local (fallo del 4 de octubre de 1965, en F. 263-15; L.L. 121-239; J.A. 1966-I-445; E.D. 15-17).
 
Nos parece que la Corte, por una vía rebuscada del conflicto local de poderes, eludió definir la cuestión. Pero lo mismo había hecho en el orden nacional, pues en parecida situación del juez tucumano había estado el juez Sagasta en el orden nacional. En ambos casos la Corte optó por burlar el principio de la inamovilidad de los jueces, confirmando el descrédito del sistema judicial nacional y provincial.
 
 
Los gobiernos militares o de facto, se sucedían y seguirían apareciendo. Por lo tanto fue necesario elaborar consignas para esta anómala situación. Hasta de facto fue considerado el gobierno de Guido que reemplazó a Frondizi e intentó una suerte de continuidad institucional anormal y subsistió sin Congreso, que primero estuvo en receso y luego fue disuelto, hasta que las elecciones de 1963 permitieron asumir a Humberto Illia y establecer un nuevo Congreso el 12 de octubre de ese año.
 
El gobierno militar de septiembre de 1955 creó una Junta Nacional de Recuperación Patrimonial con facultades para investigar los bienes de dirigentes peronistas. La Junta declaró transferidos al Estado todos los bienes adquiridos por Juan Domingo Perón después del 4 de junio de 1943. La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso administrativo de la Capital pero recurrida ante la Corte. Se impugnó la competencia de la Junta por violar la garantía del art. 18, considerándosela una comisión especial con procedimientos que no garantizaban el debido proceso.
 
El fallo de la Corte señaló que “la Revolución del 16 de septiembre de 1955 se hizo solamente contra los abusos” del régimen depuesto. Por lo tanto no podía desconocerse el derecho para investigar y reparar dichos abusos y para ello se creó la Junta, organismo especial que no era un tribunal de justicia sino un organismo administrativo con funciones jurisdiccionales, cuyas decisiones podían ser revisadas por un tribunal de justicia. De resultas de ello la Junta no constituía una comisión especial, pues la última palabra la tenían los jueces naturales. En cuanto a la crítica a los medios probatorios, la ley podía limitarlos o excluirlos, en el caso los testigos, o imponer a los funcionarios imputados por enriquecimiento ilegítimo que probaran la legitimidad de los bienes que acrecentaron su patrimonio. Para los jueces el régimen constitucional permite todo tipo de gobierno y la posibilidad de establecer la legislación que considere conveniente, tanto en situaciones ordinarias como en las de emergencia, con el límite de que sea razonable y reconozca las garantías individuales. La declaración jurada de Perón y de su esposa, denunciadas públicamente en diciembre de 1949, y la comprobada seis años después, entre propiedades y obsequios, constituía una muestra nunca vista entre los presidentes argentinos y extraño a las tradiciones civiles y políticas. De resultas de ello concluían que el gobierno provisional pudo organizar legítimamente a la Junta (Orgaz, Argañarás, Galli, Herrera, Villegas Basavilbaso, 21 de junio de 1957, en F. 238-123).
 
Esta doctrina ampliaba las facultades de los gobiernos de facto a extremos muy amplios, dejando abierto un camino que llevaría a futuros gobiernos militares a ejercerlos con el convencimiento de que el más alto tribunal de justicia los había autorizado. Además se otorgaba a las situaciones de emergencia un espacio ilimitado, que también permitiría en el futuro a todo tipo de gobierno, su constante invocación, pues desde entonces el país viviría en una emergencia permanente abierta a injustificables violaciones constitucionales.
 
En materia legislativa, el gobierno constitucional de Frondizi que siguió al gobierno militar de facto, optó por declarar la vigencia de los decretos-leyes dictados durante aquel gobierno militar que no fuesen derogados por el Congreso (Ley Nº 14467). De esta manera se seguía la doctrina implantada en el caso “Ziella” en 1947 (F. 209-26) que incluso no exigía la ratificación del Congreso: la legislación de facto era válida mientras que no fuera derogada por el Congreso de jure.
 
Un caso interesante replanteó el tema de las facultades legislativas de los gobiernos de facto. A fines de diciembre de 1954, se estudiaba en el Congreso una ley dedicada a la familia; imprevistamente fue agregado en el proyecto un artículo que permitía el divorcio vincular, que podía pedir cualquiera de los cónyuges una vez transcurrido un año de la sentencia de divorcio y que habilitaba para contraer nuevas nupcias. Fue aprobado y quedó agregado al art. 31 de la Ley Nº 14394. El gobierno militar de facto, por Decreto Nº 4070 del 1 de marzo de 1956 suspendió la aplicación de dicho artículo hasta que se adoptara una decisión definitiva sobre el divorcio, y paralizó los trámites judiciales que existieran en el estado en que se encontraban.
 
El matrimonio de Aída E. Lopardo Petrucci y Mario Jorge Amoroso Copello, habían iniciado el divorcio según lo autorizaba el art. 31 citado, pero aún no había transcurrido el año para pedir el divorcio vincular, cuando el Decreto Nº 4070 suspendió los trámites.
 
Sostuvieron la invalidez de este decreto, fundados en que el gobierno provisional tenía facultades legislativas limitadas, sólo para mantener el funcionamiento del Estado, doctrina que había impuesto la Corte en sus enfrentamientos con el gobierno militar nacido en junio de 1943. Además alegaron que el decreto les había privado de un derecho adquirido y les impedía disolver el vínculo matrimonial.
 
El caso en la Corte, recibió el rechazo del Procurador Soler; en primer lugar recordó la doctrina sentada en “Perón”: todo tipo de gobierno está facultado para establecer la legislación que considere más conveniente. La Corte fue más precisa: recordó que los gobiernos de facto de 1930 y 1943 limitaron su actividad legislativa (agregamos que en el último caso no fue así), pero el gobierno surgido en septiembre de 1955 se atribuyó desde un primer momento las facultades legislativas que la Constitución otorga al Congreso y las desempeñó como verdadera función, esto es, en beneficio del interés público. Incluso posteriormente el gobierno de jure confirmó por ley la vigencia de los decretos-leyes dictados por el gobierno provisional (Ley Nº 14467) (el argumento más sólido). Por lo tanto el Decreto Nº 4070 no podía ser impugnado por su origen y debía ser tenido como si hubiese emanado del Congreso. En cuanto a la violación de derechos adquiridos, los jueces recordaban que al momento en que fue publicado el decreto, no había transcurrido para las partes el plazo de un año fijado por el art. 31 de la Ley Nº 14394 para hacer efectivo el divorcio vincular, siendo tal derecho una expectativa aun no concretada (10 de abril de 1959, en F. 243-265, Orgaz, Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Boffi Boggero, Oyhanarte).
 
Tampoco los jueces superaron la doctrina de facto. El gobierno militar de 1955 declaró en comisión a los magistrados, que significaba, según interpretó la Corte, “la privación de la garantía de la inamovilidad”. El juez José M. Sagasta, vocal de la Cámara de Apelaciones de Paz de la Capital, había sido nombrado por el gobierno de Perón con acuerdo del Senado; el gobierno militar lo mantuvo en el cargo, pero el de Frondizi no le pidió el acuerdo al Senado y designó otro en su lugar. Presentó un reclamo ante la Corte para que se lo mantuviera en el cargo. Para el Procurador Lascano, la Corte sólo se expedía en un juicio que en el caso no existía, por lo cual el pedido carecía de sustento jurídico; pero agregó que con la “revolución triunfante” de 1955, todos los poderes habían caducado y el nuevo período constitucional exigía un nuevo acuerdo senatorial para permanecer en el cargo judicial. Los jueces de la Corte siguieron este dictamen. Agregaron también que no consideraban la necesidad de ejercer sus facultades implícitas para defender la independencia del Poder Judicial, pues no habría existido intromisión del Ejecutivo ni del Senado debido a que el gobierno de facto había hecho cesar la inamovilidad (Orgaz, Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Boffi Boggero, Oyhanarte, 1 de junio de 1958, en F. 241-50; L.L. 91-152 y J.A. 1958-III-241).
 
A partir de esta interpretación, cada gobierno de facto y de iure, tendría la puerta abierta para declarar en comisión a los magistrados y designar nuevos jueces propios, con el menoscabo consiguiente de la independencia de la administración de justicia.
 
 
Esta acción, tendiente a proteger los derechos individuales contra decisiones arbitrarias de la autoridad pública o de particulares, no vinculadas con la libertad física o ambulatoria, amparada mediante el habeas corpus, fue resistida por la jurisprudencia de la Corte a pesar de los antecedentes mexicanos recogidos en la Constitución de 1917 (art. 103), o los “mandados de seguranca” de las Constituciones de Brasil de 1934 (art. 113, 33) y de 1946 (arts. 101, I, i y II, a y 141, 24) y a pesar que tanto la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, de Bogotá de 1948 (art. XVIII) y la Declaración universal del mismo año de las Naciones Unidas (art. 8), pedían un procedimiento sencillo y breve para amparo de actos que violasen derechos fundamentales.
 
Cuando se invocaba el habeas corpus, se lo rechazaba por no estar en juego la libertad física, y si se mencionaba el amparo, por no estar reglamentado.
 
El primer antecedente que permitió argumentar a favor de la independencia de esta acción, aparece en la disidencia del juez Casares en el caso “San Miguel” del período anterior.
 
Pero en la etapa del gobierno militar en estudio, la Corte admitirá esta acción. Un diario local de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, había sido clausurado a comienzos de 1956 por una orden de la policía provincial; la clausura se mantenía con custodia del local cuando su director y propietario, Angel Siri, interpuso una acción ante el juez penal por considerar que la medida afectaba la libertad de imprenta y de trabajo. Fue rechazada por no estar afectada la libertad física del peticionante, según la doctrina clásica.
 
Pero llegado el caso a la Corte, se abrió el recurso extraordinario y se analizó el reclamo.
 
Se determinó que la clausura se mantenía lo cual afectaba las garantías invocadas, restringidas sin causa ni orden judicial. En consecuencia debían ser restablecidas en su integridad por los jueces; la carencia de una ley reglamentaria no era suficiente para el rechazo, pues las garantías existen y protegen a las personas por el solo hecho de estar en la Constitución y de manera independiente de aquellas normas. Siguiendo a Joaquín V. González, única cita que se les ocurrió a los jueces, indicaban que los derechos y garantías constitucionales no eran simples fórmulas teóricas, sino que tenían fuerza obligatoria que los jueces debían aplicar en plenitud (Orgaz, Argañarás, Galli, Villegas Basavilbaso, 27 de diciembre de 1957, en F. 239-459). En disidencia y manteniendo la postura tradicional, se expidió el juez Carlos Herrera; pero también agregó que si la jurisdicción de los tribunales provenía de la ley, ¿podían los jueces crear nuevos procedimientos?, ¿no asumían facultades legislativas afectando la división de los poderes? Los argumentos del juez Herrera no dejaban de ser significativos, pero predominó la postura mayoritaria menos ritualista y que, en definitiva, fue la que hizo camino.
 
Aunque tímidamente y con ausencia de fundamentos, nació por una decisión del más alto Tribunal de justicia, la acción de amparo, que sólo nueve años después tendría una ley reglamentaria nacional y normas provinciales similares y en 1994 sería constitucionalizada. Ello indica la trascendencia que puede alcanzar una Corte de justicia dinámica y creadora del derecho.
 
Sorprende que los jueces no hubieran recordado los antecedentes extranjeros e internacionales para fundar su sentencia. Que no recordaran la disidencia del caso “San Miguel” no sorprende, pues los fallos de dicho período pasaban como inexistentes e ideológicamente estaban prohibidos.
 
Un paso más se daría al año siguiente al resolver el caso “Kot”. La firma Samuel Kot SRL., propietaria de un establecimiento textil en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, mantenía un conflicto con sus obreros. Los trámites laborales no dieron resultado, la empresa se negó a reincorporar a los obreros despedidos y el 9 de junio de 1958 sus compañeros ocuparon la fábrica e impidieron la entrada de personal y capataces y la actividad se paralizó. El socio gerente denunció judicialmente la usurpación y reclamó la entrega del inmueble, pero el juez penal de La Plata rechazó el pedido fundado en que la ocupación se debía a un conflicto laboral y no tenía por finalidad el despojo de la posesión.
 
La Cámara de Apelación también rechazó el pedido. Pero pendiente esta última decisión, la empresa planteó un “recurso de amparo” invocando la libertad de trabajo, la libre actividad y el derecho de propiedad y recordando el antecedente de “Siri”. La Cámara volvió a desestimar el nuevo pedido. Llegado a la Corte Suprema se le haría lugar ampliándose los fundamentos de “Siri”.
 
El dictamen del Procurador Lascano no fue favorable al pedido, pero la mayoría de los jueces (Orgaz, Villegas Basavilbaso, Juan Carlos Beccar Varela, como conjuez), sostuvieron que aquí se había pedido un amparo y no un habeas corpus. Si bien en el caso “Siri” la restricción provenía de autoridad pública y en este nuevo caso se trataba de actos particulares, consideraron que no cabía hacer reservas que restringieran la garantía, pues si era posible interpretar que los constituyentes de 1853 pensaran en estas garantías sólo como medios de protección contra los excesos de la autoridad pública, nada impedía extenderlas a otros supuestos, más aún cuando la multiplicación de los sujetos particulares, como consorcios, sindicatos, empresas, representaban en el mundo moderno una fuente de amenazas para el individuo y “los llamados derechos humanos” (expresión que encontramos por primera vez en fallos de la Corte). Como fundamento de la garantía se mencionaba el Manual de procedimiento criminal de Tomás Jofré (1914), la Constitución de Entre Ríos que extendía el habeas corpus para proteger los demás derechos y no lo limitaba a la libertad física, y el art. 8 de la Declaración universal de los derechos del hombre.
 
Para esta mayoría, en estos casos la acción ordinaria, como un interdicto, no aseguraba la defensa inmediata de los derechos violados. No se desconocía el derecho de huelga ni la legitimidad de los reclamos obreros. Pero la ocupación de la fábrica era ilegítima dentro del estado de derecho y afectaba intereses particulares y generales. En consecuencia cuando aparecía una restricción a los derechos de las personas, que causara un daño grave e irreparable por el procedimiento ordinario, administrativo o judicial, correspondía a los jueces restablecer inmediatamente el derecho restringido por la vía rápida del amparo. De esta manera quedaba definida la finalidad y el alcance de la acción.
 
Los jueces Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte en disidencia, sostuvieron que esta acción no podía extenderse contra actos de particulares; los derechos que podían garantizarse por esta acción eran los del hombre frente al Estado y no frente a particulares. En el caso “Siri” se había resuelto un conflicto entre la libertad y la autoridad, en amparo de la primera. Pero ahora se pretendía crear una acción que sirviese para resolver conflictos de derecho privado cuando los derechos son tutelados sólo cuando son violados por el Estado.
 
Decisión mezquina. Los disidentes estaban limitados ideológicamente pues hasta aceptaban que si bien las acciones ordinarias eran ineficaces, entendían que no correspondía a los jueces expedirse sobre el acierto del Congreso en los medios elegidos, dejando de esta manera sin solución ni protección a los reclamantes ante un vacío legal que no se atrevían a llenar (fallo del 5 de septiembre de 1958, en F. 241-291; LL. 92-627; J.A. 1958-IV-216).
 
Sin embargo cuando el amparo sea reglamentado años después, predominará la tesis minoritaria y restrictiva, negándose contra actos arbitrarios de particulares. Ello terminó obligando a crear una acción procesal sumarísima incluida en los códigos procesales para estos supuestos. La reforma constitucional de 1994 admitirá la tesis amplia: el amparo procede contra el Estado y contra particulares.
 
A partir de estos dos señeros fallos, los juzgados inferiores comenzaron a aceptar la acción, aunque su desarrollo no fue amplio: se la consideró excepcional, sujeta a la inexistencia de otra vía procesal y luego del reclamo administrativo (F. 239-382; 242-434; 243-423; 244-179; 245-41 y 353; 248-755; 249-93; 258-229); además, los jueces minoritarios del caso “Kot”, insistieron en que sólo era procedente contra organismos estatales: relaciones entre gobernantes y gobernados y no trasladarla al orden privado (disidencias de Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte en F. 245-262, 440 y 545; 247-13; 250- 559, entre otros).
 
Contra estas opiniones el juez Boffi Boggero se inclinó por el contenido amplio de la acción, pero no siempre avanzó lo suficiente. Un arrendatario de un campo, planteó un amparo contra los titulares de un fundo vecino que le privaban del uso de una aguada e invocó el caso “Kot”. Los tribunales de Río Cuarto, Córdoba, rechazaron el pedido. En la Corte, los jueces invocaron el carácter excepcional de la acción y la existencia de procedimientos idóneos para ejercer el reclamo. El voto de Boffi Boggero, en definitiva coincidió con el de la mayoría, aunque dejó sentado que no impedía la procedencia del amparo las diferencias entre “derechos públicos subjetivos y derechos privados subjetivos”, pues, cuando un derecho es transgredido, el amparo es procedente (“José Buosi”, 18 de junio de 1959, en F. 244-68, votos que se reiteran en F. 245-8 y 262).
 
En otro caso la disidencia de Boffi Boggero fue acompañada por la del juez Aberastury, quienes señalaron la posibilidad de la acción de amparo incluso existiendo otras vías procesales. Se trataba de un portero de una escuela de Santa Fe, a quien se le descontaban sus haberes hasta tanto desocupara la casa habitación de una Escuela. La mayoría rechazó el amparo por existir vías administrativas pendientes. Los disidentes explicaron que estas vías debían ser adecuadas, pues por su lentitud u otros motivos, podían dejar sin tutela judicial al reclamante (“José Muriel”, 24 de marzo de 1961, en F. 249-366). La doctrina era moderna y adecuada, pero aún hoy, constitucionalizado el amparo por la reforma de 1994, tiene restricciones mentales en los juzgadores que consideran que la mera existencia de otra vía judicial, es suficiente para rechazar el amparo a pesar de los perjuicios que tales vías procesales puedan causar.
 
Interesante fue el amparo presentado por el apoderado de la Asociación Bancaria de Tucumán contra un acto administrativo del Ejecutivo nacional (el Decreto Nº 4311/59) y disposiciones complementarias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por ellas se dispuso la intervención administrativa de la sede sindical tucumana y la toma de posesión por un interventor. La resistencia de los dirigentes obligó a demorar la toma de posesión, mas, preventivamente, se inició un amparo contra dicho decreto y en defensa de los derechos de asociación y posesión de los bienes gremiales. El juez federal de Tucumán hizo lugar a la acción, pero la Cámara, por mayoría, revocó la decisión fundada en que el decreto impugnado estaba enmarcado dentro del estado de sitio existente y que el Ejecutivo se había ajustado a sus facultades sin excederse.
 
En la Corte, a pesar que el Procurador Lascano pidió la confirmación de la sentencia, los jueces interpretaron –al igual que lo había hecho el juez de 1ª instancia- que si bien la medida estaba suspendida, la amenaza de una lesión, cierta, actual e inminente, justificaba el reclamo. Con relación al derecho de asociación gremial, se recordó que la reciente Ley Nº 14455 del régimen legal de la Asociación Profesionales de Trabajadores, vedaba a la autoridad administrativa intervenir en la dirección y administración de las asociaciones.
 
Por otra parte, el decreto impugnado no se refería al estado de sitio existente, aunque aludía a actos ilegales de determinados gremialistas. En consecuencia, la intervención administrativa resultaba ilegal y debía hacerse lugar al amparo (Orgaz, Villegas Basavilbaso, Boffi Boggero, Oyhanarte, 23 de octubre de 1959, en F. 245-86).
 
En los amparos se impugnan normas legales que, en general, se las considera inconstitucionales. Sin embargo la Corte sostuvo que no era la vía indicada para pretender la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Los jueces entendían que esta acción rápida y sumaria de amparo, no podía alterar el régimen de la Ley Nº 27, que no admitía la intervención jurisdiccional de oficio; de ello se dedujo que no existía una acción declarativa de inconstitucionalidad en el orden nacional. Pero dicha ley declaraba que la justicia nacional siempre debía intervenir cuando existiese un “caso” y reclamo de parte. Y caso y reclamo existían en los amparos. Pero los jueces insistieron limitando esta acción, que no podía utilizarse para revisar o sustituir el criterio legislativo (“Aserraderos Clíper”, 2 de marzo de 1961, en L.L. 103-315). Aún se avanzó más por el camino de las restricciones: en un caso donde se discutió por la vía del amparo permisos precarios otorgados por ordenanzas para casas de juegos mecánicos de la Capital Federal, se afirmó que el amparo no sólo no era adecuado para ejercer control de las leyes, sino que tampoco podía invocarse para analizar la posible inconstitucionalidad de ordenanzas municipales (“Luminarias S.A.”, 27 de julio de 1964, en L.L. 115-716).
 
Esta doctrina que limitaba el campo del amparo, fue mantenida a pesar que forzaba su real efecto y que debió ser objeto de excepciones. El obrero portuario Luis E. Leguiza pidió mediante un amparo, la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Nº 280 del 16 de enero de 1964 que creó la “Bolsa de Trabajo Marítimo para marinería y maestranza”, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo. Según este decreto, para trabajar a bordo se debía estar inscripto en la Bolsa de Trabajo y para inscribirse se debía pertenecer a un sindicato con personería gremial, en el caso el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, al cual Leguiza no estaba afiliado. Sostenía que el decreto violaba la libertad de trabajo, la libre elección de empleador y la de ejercer su oficio de tripulante.
 
En Procurador Lascano repasó los antecedentes y recordó que si bien la doctrina de la Corte era contraria a la declaración de inconstitucionalidad por la vía del amparo, también se habían hecho excepciones y consideraba que este caso configuraba una de ellas, pues era necesario remover sin demora la exigencia reglamentaria para garantizar el derecho a trabajar.
 
El fallo de la mayoría fue breve: la acción de amparo era improcedente para buscar la inconstitucionalidad (Aráoz de Lamadrid, Colombres, Imaz, Mercader). Boffi Boggero y Zavala Rodríguez votaron en total disidencia. El primero recordó su voto en casos como “Buosi” y agregó que el amparo era procedente para lo pedido, incluso cuando existiesen otras vías procesales si no dieran adecuada protección. Amparo y habeas corpus permitían la declaración de inconstitucionalidad cuando ello era necesario para proteger los derechos humanos. Concluía que la afiliación obligatoria era contraria a la Ley Nº 14445 de Asociaciones Profesionales. Disidencia visionaria: 30 años después la reforma constitucional de 1994 recogía esta postura.
 
Zavala Rodríguez se ajustó al dictamen del Procurador General e insistió en que el decreto impugnado era contrario a la ley de Asociaciones Profesionales. Por otro lado, si bien la inconstitucionalidad en los amparos era rechazada, ello era “como principio”, pero cuando la invalidez era manifiesta y notoria, la medida era procedente (11 de marzo de 1966, en F. 264-37).
 
Debe señalarse que un año después, con nueva integración formada por el gobierno militar de facto, la Corte tuvo un caso similar y lo resolvió en favor de la declaración de inconstitucionalidad, aunque dejando a salvo que se trataba de una excepción, excepciones que seguirían repitiéndose a pesar de la obstinación de los jueces (en “Outon, Carlos José y otros”, 29 demarzo de 1967, en F. 267-215).
 
Novedoso fue el reclamo mediante un amparo, ante la instancia originaria de la Corte, que motivó el análisis de la competencia del Tribunal. La provincia de Santiago del Estero intervino la Compañía Argentina de Teléfonos por no aplicar las tarifas dispuestas por la provincia. La Compañía reclamó mediante un amparo interpuesto directamente ante la Corte, pues sostenía que correspondía aplicar las tarifas nacionales. El Procurador General si bien aceptó que existía vía administrativa para el reclamo, reconoció que el caso exigía un remedio inmediato que hacía apta la acción de amparo. Por otra parte aconsejó que la Corte interviniera en instancia originaria.
 
La mayoría de los jueces consideraron que “el grave problema atinente a la admisión de la demanda de amparo por esta Corte en instancia originaria”, no estaba resuelto ni correspondía resolverlo, pues el caso podía tramitarse por juicio ordinario ante la Corte.
 
Para solucionar la urgencia del caso los jueces autorizaron una medida de no innovar que suspendía la intervención dispuesta por la provincia.
 
Los jueces Boffi Boggero y Aberastury aceptaron directamente el procedimiento del amparo ante la Corte. Se estaba ante una causa entre un vecino de la Capital Federal (la empresa) y una provincia, materia federal, y ante la transgresión de leyes nacionales (imposición de tarifas locales ante las nacionales). Por otra parte, no todos los asuntos de competencia originaria ante la Corte debían sustanciarse necesariamente por un proceso ordinario. La cuestión no admitía dilaciones ni era adecuado un procedimiento ordinario en la Corte. Además, el amparo no se compadecía con dilaciones de cuestiones de competencia. La Corte intervenía originariamente en cuestiones sumarias, como interdictos, apremios, y, en el caso, se trataba de cuestiones de derecho. Hacían lugar a la acción y resolvían el caso declarando la invalidez de los decretos provinciales.
 
El juez Oyhanarte también siguió, con sus propios fundamentos, esta decisión. Señaló que si la Compañía se inició con las comunicaciones locales, cuando más tarde la red se unió con otras provincias, el servicio se convirtió en nacional y quedó bajo la jurisdicción del gobierno nacional y las provincias no podían controlar sus tarifas. (14 de julio de 1961, F. 250-154; L.L. 103-702).
 
Debía tenerse en cuenta que el amparo no procedía para controlar la actividad administrativa, sino cuando esta era ilegal. El representante aduanero de Ushuaia citó a declarar a un testigo, conforme con la ley de Aduanas; se presentó y se identificó, pero no declaró; fue nuevamente intimado a presentarse y opuso una acción de amparo que tuvo éxito y que rechazó la comparecencia compulsiva. La Corte revocó la decisión judicial y la tildó de indebida intervención en el ejercicio legítimo de las atribuciones aduaneras; se sostuvo que no correspondía por medio de esta acción supervisar judicialmente el desempeño de funcionarios o de organismos administrativos que actuaban en su órbita legal (“Enzo Arnoldo Giannoni”, 2 de diciembre de 1959, en F. 245-351).
 
 
La Corte venía reconociendo la existencia de organismos con procedimientos propios y jurisdicción especial, fundada en la necesidad de hacer más práctica la tutela de los intereses, debido al incremento y complejidad de la administración. Pero las decisiones de estos organismos requerían control judicial, esto es, la posibilidad de llegar ante un juez, por ejemplo, cuando el procedimiento administrativo vulneraba la garantía de la defensa.
 
En un caso donde se reclamaba una pensión por invalidez de una mujer, que acreditaba con certificados e informes médicos que desde 1938 tuvo intervenciones quirúrgicas por tuberculosis ulcerosas, y posteriormente insuficiencia ovárica acentudada por retención urinaria, con asistencia médica permanente, el Instituto de Previsión Social pretendió rechazar el pedido con un informe negativo de la junta médica. La resolución administrativa sólo podía apelarse ante la justicia del Trabajo por inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que no permitía revisar la prueba, dejando con ello su apreciación al criterio exclusivo de la administración.
 
A pesar de ello la Corte abrió el recurso extraordinario por la queja opuesta. La interesada impugnó la apreciación de la prueba hecha por el Instituto y reclamó la inconstitucionalidad del art. 14 de la Ley Nº 14236 que limitaba el recurso ante la justicia. El fallo mayoritario hizo lugar al recurso en virtud de que no se había realizado una valuación adecuada de la prueba. Pero rechazó la inconstitucionalidad, pues a pesar de reconocer la necesidad de que las decisiones administrativas quedaran sujetas a control judicial suficiente, la posibilidad de recurrir ante la justicia estaba prevista y el Instituto habilitado para averiguar hechos como el planteado en virtud de poseer medios especializados y técnicos adecuados. Solución contradictoria pues, en definitiva, se abrió el recurso y se revocó la decisión del Instituto precisamente por la falta adecuada de apreciación de la prueba.
 
Más congruente fue el voto de Boffi Boggero, quien también hizo lugar al reclamo, pero analizó la constitucionalidad del alcance de la apelación que autorizaba la Ley Nº 14236, para concluir que dejar en manos de la administración lo concerniente a la prueba de los hechos, no permitiría analizar los agravios que quedarían fuera del examen judicial y sin posibilidad de reclamo. Propiciaba la revisión integral de los pronunciamientos administrativos.
 
El juez Aráoz de Lamadrid se expidió por el rechazo del recurso: sostuvo que los recursos previstos eran suficientes para garantizar el control judicial, aunque el recurso extraordinario no permitía revisar la prueba (“Reyes, María Consuelo López de c/Instituto Nacional de Previsión Social”, 25 de septiembre de 1959, en F. 244-548).
 
El tema tuvo un estudio completo en el recurso de queja interpuesto por los demandados en la causa “Fernández Arias c/sucesión José Poggio”, resuelto el 19 de septiembre de 1960 (en F. 247-646; L.L. 100-63 y J.A. 1950-V-447). Las Leyes Nº 13246, 13897 y 14451 dictadas durante el gobierno peronista y de acuerdo con normas de la Constitución de 1949, crearon, para resolver conflictos entre propietarios y arrendatarios, las Cámaras Regionales Paritarias de Conciliación y Arbitraje Obligatorio, y una Cámara Central a la que podía apelarse y que definía el caso y contra la cual sólo se preveía el recurso extraordinario del art. 14 de la Ley Nº 48. Los pronunciamientos de estas Cámaras hacían cosa juzgada y debían ejecutarse por los tribunales judiciales. Este sistema (al estar a los votos de los jueces Boffi Boggero y Aberastury), estaba de acuerdo con la política peronista: propiciaba la gravitación del Ejecutivo sobre los otros poderes y privaba al Judicial de funciones propias, quedando estos conflictos reservados a organismos administrativos.
 
Precisamente los apelantes, condenados a entregar el predio cuestionado, fundaron el recurso en que las citadas leyes conferían facultades jurisdiccionales a organismos que no integraban el Poder Judicial y establecían jurisdicción nacional en materia procesal, además de que no consideraron la totalidad de la prueba que aportaron.
 
El fallo mayoritario sólo analizó el primer aspecto. Las Cámaras Regionales eran órganos administrativos con atribuciones de tipo jurisdiccional, “típica modalidad del derecho público actual”, y detallaban los numerosos organismos de este tipo cuya competencia la Corte fue aceptando, interpretando que no se oponían a la Constitución siempre que el procedimiento dejara expedita la instancia judicial posterior, esto es, un control judicial suficiente, que consistía en otorgar a los litigantes el derecho de interponer un recurso ante los jueces ordinarios, y negando a los tribunales administrativos, la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y el derecho controvertido.
 
Incluso la posibilidad de deducir el recurso extraordinario, no satisfacía las exigencias del control judicial, superando alguna disidencia del caso “López de Reyes”.
 
Como estas condiciones no estaban dadas en la organización de las Cámaras Regionales Paritarias, se declaraba la invalidez del sistema siendo innecesario considerar los demás agravios.
 
Boffi Boggero y Aberastury llegan a la misma conclusión, pero decretan la inconstitucionalidad de los artículos que organizan el procedimiento de estas Cámaras sin control judicial, y además consideran los otros agravios. Con relación al primero, sostienen que las atribuciones jurisdiccionales de las Cámaras Paritarias vulneran el art. 95 de la Constitución que prohibe al Presidente ejercer funciones judiciales, puesto que sus integrantes eran nombrados y removidos por el Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo el procedimiento atentaba contra los derechos provinciales, a los que correspondía regularlo conforme con el art. 67, inc. 11 de la Constitución, marcando un límite a la jurisdicción administrativa nacional.
 
Con este fallo quedó definida la capacidad jurisdiccional de la administración pública y de organismos paralelos: se la admitía a pesar de las dudas que surgían de la división de poderes, pero quedaba sujeta al control judicial que debía ser amplio y preciso.
 
Era difícil sortear el incesante avance de los organismos administrativos sobre las personas, por ello el control judicial debía ser aplicado con sumo cuidado para evitar que el poder aplastara las libertades, lo cual no se ha logrado en su integridad.
 
 
La doctrina no se extendió a este espacio. La Corte mantuvo la tesitura de no revisar judicialmente las resoluciones internas de las universidades, ya fuesen disciplinarias, administrativas o docentes. Posiblemente privaba en esta solución la mentada autonomía universitaria, cuya realidad fue distinta. La ley Avellaneda de 1885 que reguló la actividad universitaria, sólo estableció una autonomía ficticia, pues la intervención del Ejecutivo en la designación de autoridades, docentes y planes de estudio se mantuvo. Poco se alteró con la Ley Nº 13031 de 1947, además orientada por el régimen político imperante. En la etapa en estudio el gobierno militar dictó el Decreto Nº 6403 de diciembre de 1955 que exigió de los profesores concursantes, no haber participado en actos positivos y ostensibles durante la dictadura peronista.
 
La Corte entendió en dos reclamos contra resoluciones de la Universidad del Litoral: el de Angel A. I. Peluffo y el de Salvador M. Dana Montaño. Se insistió en que el recurso extraordinario sólo procedía contra sentencias judiciales, y si se aceptaba en casos contra resoluciones administrativas, era cuando ejercitaban facultades judiciales atribuidas por ley. Pero la designación y selección de profesores universitarios, eran cuestiones ajenas al Poder Judicial (fallo del 2 de octubre de 1957, en el caso Dana Montaño con argumentos especiales del juez Argañarás, en F. 239-13).
 
A pesar de la doctrina del caso “Fernández Arias”, la intervención judicial en problemas universitarios, continuó siendo rechazada, aunque las arbitrariedades también existían y la Universidad no dejaba de ser un espacio de la administración.
 
 
De interés resulta la decidida incorporación del control judicial sobre decisiones administrativas. También se señaló que la imposición de multas por organismos administrativos a particulares, constituía un ejercicio de tipo judicial y debía adecuarse con los derechos y garantías de la Constitución, entre los que estaba el control judicial (“S.A. Volcán Cuareta”, 24 de febrero de 1965, F. 261-36).
 
Importante debate ofreció la derogación del Código de Justicia Militar: había sido aprobado por Ley Nº 14165 del régimen peronista y derogado por el gobierno militar por Decreto Nº 276 del 4 de octubre de 1955. Una causa iniciada con anterioridad a esta derogación que dejaba en manos policiales la investigación de determinados delitos, pasó a jurisdicción del juzgado de instrucción penal de la Capital Federal luego de aquella derogación, y se discutió si debía seguir ante la policía o ante el juez. El juez de instrucción se declaró competente. En la Cámara de Apelaciones en lo Penal, la mayoría analizó la cláusula del art. 18 de la Constitución, según la cual ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. La cuestión giraba en torno al segundo párrafo, y se aplicó el texto constitucional al pie de la letra, llegándose a la conclusión de que el caso no podía salir de la competencia original policial sin afectar el principio constitucional. A pesar de ello los jueces no dejaban de apreciar las consecuencias prácticas de tal decisión, pues la justicia policial había sido derogada y de mantenerse dicho criterio se llegaría a la conclusión que no habría jueces para investigar el caso.
 
Llegado a la Corte, el Procurador Soler estudió extensamente el problema, ponderando las consecuencias de mantener la decisión de la mayoría de la Alzada. Usó la doctrina tradicional que señalaba que la garantía de los jueces naturales no resultaba afectada por la intervención de nuevos jueces en juicios pendientes de resolución, o de resultas de reformas en la organización de la justicia o en la distribución de competencias, y reclamó la competencia del juez penal, dictamen que la Corte aceptó. El fallo de la Corte agregó que las normas debían ser interpretadas en forma coherente para no trabar el eficaz y justo desempeño de los poderes del Estado, pues, de darse el sentido que pretendía el fallo de la Cámara, se llegaría a la inadmisible conclusión de que no sería posible hacer justicia.
 
En definitiva resolvieron que el juez penal de la Capital debía entender en el proceso, solución adecuada para impedir que quedaran delitos impunes o sin administración de justicia para ellos (“Grisolía”, 23 de abril de 1956, en F.234-482; L.L. 82-690; J.A. 1956- III-135 y comentario de Julio Oyhanarte en Poder político y cambio estructural en la Argentina, pág. 97).
 
En una inspección se tomaron muestras de harina de trigo que no reunían las condiciones sanitarias, por lo cual el Ministerio de Comercio impuso una multa. La firma multada sostuvo que no participó en el procedimiento de extracción de muestras y el fallo de la Corte, de conformidad con el dictamen del Procurador General, revocó la medida: el derecho de defensa en juicio –se dijo- debe interpretarse en el sentido de que al interesado o a algún representante suyo, debe concedérsele la oportunidad de presenciar el acto de muestras de harina (“S.A. Molinos Fénix”, 16 de marzo de 1962, en F. 252-120) En otro caso de contrabando, los jueces fueron severos: en su domicilio, la Prefectura Marítima secuestró a Mauricio Bilsky mercaderías de origen extranjero; se defendió diciendo que las adquirió a una persona que desconocía. Los jueces no encontraron probado el contrabando. Pero la Corte sostuvo que ante las múltiples formas de introducción clandestina de productos extranjeros, la exigencia de acreditar acabadamente que lo fue de contrabando, equivalía a la impunidad de los posibles infractores. La tenencia injustificada de artículos extranjeros, sustentaban razonablemente la presunción del contrabando, presunciones que en materia criminal constituían plena prueba del delito, por lo cual revocaban la sentencia y mandaban dictar nueva (21 de diciembre de 1962, en F. 254-301).
 
Muy compleja y aún en debate, es la legitimidad de la condena o de la agravación de la pena impuesta a un procesado, cuando no media recurso o este no fue mantenido por el Ministerio Fiscal. La Corte lo consideró en el recurso de queja interpuesto por Mario Sixto Gómez, acusado por homicidio con exceso de legítima defensa. Procesado ante los tribunales de la Capital, el fiscal lo acusó y el juez de sentencia lo absolvió; apeló el fiscal pero ya en la Cámara, el fiscal de Cámara no mantuvo el recurso. La causa pasó a sentencia y se revocó el fallo absolutorio condenándose al procesado por homicidio calificado. El defensor apeló alegando la arbitrariedad de la sentencia al violar la garantía de la defensa en juicio y de la igualdad de las partes, pues se imponía una condena sin potestad jurisdiccional y sin facultades para aplicar pena mayor y modificar la calificación del delito.
 
El fallo de la Corte recorrió los antecedentes: en unos casos se dijo que no mediando recurso fiscal no era posible agravar la situación del procesado; en otros se autorizó la revisión. La legislación procesal penal provincial no autorizaba la revisión. Para encontrar una solución se parte del sistema procesal criminal, en el cual, la bilateralidad y la acusación fundamentan el proceso y la condena. Por ello “tan desprovista de soportes legales resultaría una condena de primera instancia sin acusación, como una condena de segunda instancia sin apelación”. Los jueces de la Corte desestiman la tesis por la cual el ministerio fiscal tiene el ejercicio de la acción pero no la disposición, en cuyo caso concedido recurso al fiscal de primera instancia, el de Cámara no podría desistir o la Cámara no podría considerar el caso sin limitaciones, pues de lo contrario se autorizaría la renuncia de la acción penal, que es irrenunciable en delitos de acción pública; tal renuncia no existiría ni cuando no se acusa ni cuando se consiente la sentencia o se desiste del recurso. La subordinación del fiscal de Cámara a la apelación del fiscal de la instancia inferior, tampoco aparece justificada, pues para la institución del Ministerio Público, es indiferente la persona de los que lo integran; la única subordinación que existiría es la del inferior al superior, en este caso el fiscal de Cámara, quien no puede estar obligado a sostener un recurso interpuesto por el inferior. En el caso, además, se daba otra circunstancia: que el procesado había sido condenado por homicidio calificado pero acusado por un delito menor. La mayoría de la Corte decidió revocar la sentencia quedando firme la absolución. Los jueces Herrera y Vera Vallejo consideraron que las cuestiones en debate eran procesales y, por lo tanto, ajenas al recurso extraordinario, por lo cual desestimaban el recurso (6 de abril de 1956, en F. 234-270; L.L. 82-537 y J.A. 1956- II-219; en el mismo sentido: F. 255-79 de 1963).
 
Este aspecto de la llamada reformatio in pejus, siguió dividiendo a los jueces. Ya con nueva integración, se dio el caso de la absolución de un procesado en primera instancia con apelación fiscal; pero el fiscal de Cámara pidió la confirmación de la sentencia absolutoria; sin embargo la Cámara lo condenó. Para la mayoría de los jueces de la Corte, este diferente criterio fiscal importaba el desistimiento del agravio y decidieron declarar improcedente el recurso con lo cual quedaba firme la sentencia condenatoria. Orgaz y Villegas Basavilbaso se inclinaron por confirmar la absolución (F. 240-279; otro caso de especiales características en F. 263-81).
 
Las diferencias no han desaparecido. Están en juego garantías valiosas y el cumplimiento de formas sustanciales: acusación, defensa, prueba y sentencia. Sin acusación fiscal el juez no puede resolver, pues carecería de jurisdicción y comprometería la defensa en juicio. Pero también podría interpretarse que desde el momento de la acusación producida con la elevación a juicio, se abre la posibilidad de que los jueces decidan libremente, sin sujetarse al resultado de futuras actuaciones o apelaciones fiscales, pues estaría cumplida la etapa de la acusación y el espacio de la defensa.
 
La solución de la cuestión reconoce las pequeñas reservas que jueces y fiscales pretenden mantener. Cada uno reclama el poder de decidir. Pero esto sólo correspondería a los jueces. Sobre esta fórmula debería encaminarse la definición de este complejo asunto.
 
 
La jurisprudencia de la Corte justificó el juzgamiento de faltas o contravenciones a ordenanzas municipales y policiales reguladas mediante edictos, en virtud de la delegación efectuada por el Código de Procedimientos Criminal de la Capital Federal.
 
El gobierno militar de 1943 avanzó aún más, pues el Estatuto de la Policía Federal (Decreto Nº 33.265/44, ratificado por Ley Nº 13030), autorizó al jefe de policía a emitir y aplicar edictos dentro de la competencia que le otorgaba aquel Código.
 
De acuerdo con estas facultades, el 12 de noviembre de 1955 el jefe de policía de la Capital impuso 30 días de arresto no redimibles por multa, a Raul O. Mouviel y otros, por desórdenes y escándalo. El caso llegó a la Corte y el Procurador Soler hizo un extenso análisis de la constitucionalidad de estas facultades, a tenor de las garantías del art. 18 de la Constitución. Primero atacó la indebida delegación de atribuciones legislativas, origen de los edictos y de un código de faltas y contravenciones dictado por la policía. Pero agregaba que si la Constitución no permitía que nadie fuera condenado sin juicio previo fundado en ley, el término ley tenía sentido formal, y no podía tratarse de una disposición administrativa. Ponía un demoledor ejemplo: si la Constitución defiende la propiedad que no puede expropiarse sin ley, “¿habrá de concluirse entonces que la Constitución ha protegido con mayor vigor la propiedad que la libertad y que, si es necesaria una “ley” para privar a una persona del goce de sus bienes, no lo es en cambio para encarcelarla?” ya que para esto último bastaba con una disposición policial.
 
Los jueces tardaron más de un año en resolver, pero no se apartaron del dictamen del Procurador. Ajustados al principio “nulla poena sine lege”, interpretaron que la delegación del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital, sólo concedió al municipio y a la policía la facultad de juzgar las faltas y no la de configurarlas o definirlas, que corresponde a la ley. También alegaron que “las modernas formas de autoritarismo o despotismo”, utilizan los edictos policiales como instrumentos de opresión. Olvidaban que los edictos tenían más de un siglo de existencia. A pesar de todos los argumentos y del avance que tenía la delegación legislativa y la violación constitucional de los edictos, los jueces no decretaron su inconstitucionalidad, su inaplicabilidad: simplemente revocaron la sentencia apelada (fallo del 17 de mayo de 1957, en F. 237-636; L.L. 88-254; J.A. 1957- III-396).
 
Los edictos policiales no desaparecieron y las ordenanzas municipales llegaron a crear una estructura parecida a la judicial y hasta con distintas instancias para resolver las contravenciones, desarrolladas sin un control judicial efectivo.
 
 
A los pocos meses de haber asumido Frondizi, debió enfrentar insistentes y hasta violentos reclamos sociales a lo que se agregaron huelgas que en algunos casos afectaban y atentaban contra la actividad normal de servicios esenciales, como ocurrió con los operarios de los ferrocarriles. Se apeló a la aplicación de la Ley Nº 13234 de 1948, de organización de la Nación para tiempo de guerra. Esta ley autorizaba al Ejecutivo a movilizar a civiles para fines de defensa nacional en casos de catástrofes o emergencias graves; las personas movilizadas quedaban sometidas a la jurisdicción castrense. A pesar que fue dictada por el gobierno peronista como un medio para sujetar a civiles que pudieran oponerse a la ideología imperante, no fue derogada luego de septiembre de 1955, y hasta se hizo uso frecuente de sus previsiones.
 
La huelga ferroviaria implicaba un grave perjuicio en la vida cotidiana nacional y al no llegar a un acuerdo con los gremios, el gobierno dictó los Decretos Nº 10394 y 10395, ambos de 1958, por los cuales declaraba la movilización del personal de los ferrocarriles del Estado de todas las jerarquías y nacionalidades, que adquiría estado militar y quedaba sometido a las normas del Código de Justicia Militar de acuerdo con la Ley Nº 13234. La falta de obediencia a órdenes y la insubordinación se juzgarían por el proceso militar sumario según el citado Código.
 
El obrero Vicente Pucci que había faltado a su puesto de trabajo con motivo de la huelga, fue sancionado con fajina, que se negó a cumplir a pesar de las exhortaciones. El Consejo de Guerra permanente para Personal Subalterno, luego del proceso sumario, lo condenó a dos años de prisión por el delito de insubordinación. Un letrado amigo interpuso un habeas corpus ante el juez federal de Rosario, donde planteó también la inconstitucionalidad de los decretos de movilización y de la Ley Nº 13234 por entender que Pucci había sido sacado de sus jueces naturales, aplicándosele un estado militar que no le correspondía, restringiéndole el derecho de defensa ya que la suya estuvo a cargo de un oficial según normas militares, y no de un abogado, juzgado por una comisión especial y recibiendo penas por un delito no previsto en la legislación común.
 
Los jueces inferiores y el Procurador General rechazaron la inconstitucionalidad por considerar que el habeas corpus no era la vía apropiada para ello.
 
El fallo de la Corte también se ajustó a esta jurisprudencia: el habeas corpus no funciona como recurso de revisión apto para revocar sentencias firmes emanadas de tribunales militares, más aún cuando el fallo había sido notificado personalmente al procesado, sin que apelara. Se rechazó la posibilidad de revisar y revocar una sentencia con fuerza de cosa juzgada, emitida por un tribunal cuya competencia nacía de una ley que no había sido declarada inconstitucional. La solución demostraba la incapacidad de los jueces para garantizar los derechos e intentaba soslayar que lo que se pedía era precisamente la inconstitucionalidad de la ley, si bien por un procedimiento que consideraban improcedente. A esta alarmante solución, agregaban otra: los jueces no podían tomar la iniciativa y declarar de oficio la inconstitucionalidad (Aráoz de Lamadrid, Oyhanarte, Boffi Boggero, con voto propio pero igual conclusión, lo que sorprende pues este juez propiciaría la posibilidad de pedir la inconstitucionalidad en los habeas corpus).
 
Quien vio con mayor amplitud fue Orgaz. Ninguno de los argumentos de la mayoría lo convencieron. Los antecedentes citados eran para casos ordinarios y “como principio” y no para un caso donde se cuestionaba la competencia del tribunal actuante en un proceso sumario, donde el defensor militar no planteó la inconstitucionalidad. No fue un “defensor de confianza”; “la mera posibilidad verosímil de que un ciudadano haya sido condenado por un tribunal incompetente a sufrir una pena de privación de la libertad, justifica que se dejen de lado las objeciones de carácter formal a fin de examinar la cuestión de inconstitucionalidad que el recurso plantea”. La solución era dinámica y real (fallo del 17 de abril de 1959, en F. 243-306; L.L. 95-470; J.A. 1959-II-660).
 
El obrero Pucci terminó siendo indultado.
 
En otros casos que llegaron a la Corte con motivo de la aplicación del Decreto Nº 10394, los jueces encontraron la posibilidad de excluir la jurisdicción militar en casos de delitos comunes una vez terminada la movilización, anticipando la solución que brindarían en 1962 en el caso “Ruggero”: el levantamiento de la emergencia que había motivado la movilización de los ferroviarios –dijeron- hacía cesar la jurisdicción militar en los delitos comunes (hurto de efectos del ferrocarril). Pero el Decreto Nº 10394 indicaba que la jurisdicción militar se mantenía “aún después de decretarse la desmovilización”. Los jueces interpretaron que se refería a delitos específicamente militares y no a los comunes (F. 244-516 y 519 del 23 de septiembre de 1959).
 
Las alteraciones políticas y sociales continuaron, paralelas con los planteos militares.
 
Actos de terrorismo y sabotaje llevaron al Ejecutivo a dictar el Decreto Nº 2628 del 13 de marzo de 1960 que puso en vigencia el estado de conmoción interior (Plan llamado Conintes), y el Decreto Nº 2639 del 15 de marzo, invocando nuevamente la Ley Nº 13234, que sometía a la jurisdicción militar a las personas que incurrieran en hechos previstos en el Código de Justicia Militar. El Decreto Nº 2639 fue luego ratificado por la Ley Nº 15293.
 
La situación de emergencia se mantuvo hasta el 1 de agosto de 1961 en que el Decreto Nº 6495 resolvió dejar de aplicar aquellas medidas.
 
La vigencia de la conmoción interna y el establecimiento de consejos de guerra, dio ocasión a incidentes de competencia entre los militares y los tribunales judiciales. El presidente del Consejo de Guerra especial de Córdoba, el 14 de abril de 1960 pidió al juez de instrucción la entrega transitoria de varios detenidos por actividades subversivas y que estaban a disposición del juez; éste negó la petición. Diez días después eran sacados de la cárcel por efectivos militares. La justicia provincial reclamó ante la Corte que se expidió el 29 de abril: mencionó el grave menoscabo que se había producido a la justicia provincial, que la Corte, como órgano supremo, debía poner límites. Por ello intimaban al presidente del Consejo de Guerra especial que reintegrara los presos dentro de los tres días (“Adhemar Robustiano Moreno y otros”, en F. 246-237).
 
Vigente el estado de conmoción, el Consejo de Guerra especial de la Capital Federal condenó a Conrado A. Ruggero y a Juan C. Rodríguez a doce años de reclusión e inhabilitación absoluta y a Juan C. Tambascio a cinco años de reclusión con la accesoria, en un proceso por actividades terroristas, subversivas e intimidación pública, sentencia que confirmó el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Procesalmente sólo quedó para revisar el recurso extraordinario opuesto por el defensor de Ruggero, que es el que trató la Corte. El defensor invocó la inconstitucionalidad de la Ley Nº 13234 y de los decretos, fundado en las garantías del art. 18 de la Constitución sobre jueces naturales, irregularidad de las actuaciones y en la inadmisibilidad de la ley marcial en nuestra legislación.
 
El Procurador Lascano elaboró un extenso dictamen para justificar la legislación impugnada. Si bien se desconocía la competencia castrense a supuestos en que no podían entender, ello no era suficiente para llegar a la inconstitucionalidad del Decreto Nº 2639, cuyo origen fue la real existencia de la conmoción interna. Como es de competencia del Estado mantener el orden, el sometimiento de civiles a tribunales castrenses en determinados casos, es una consecuencia de aquella facultad. Si se sostuviera que tales atribuciones deberían corresponder sólo al Congreso, recordaba que en definitiva la Ley Nº 15293 había ratificado al Decreto Nº 2639. En consecuencia este decreto no tenía por finalidad someter a determinados habitantes al poder arbitrario del Presidente de la República o de sus subordinados militares, sino poner a los autores de los delitos especificados por el decreto en jurisdicción militar, que actuaban según la ley y lo autorizaba la Constitución.
 
El fallo de los jueces (Villegas Basavilbaso, Aberastury, Colombres, Imaz, Bidau; Boffi Boggero con su voto), se extiende en la doctrina que autoriza al Estado a autoconservarse.
 
Abundan las citas del derecho romano y las infaltables de la doctrina norteamericana. El desarrollo del fallo es confuso. Se extiende en apreciaciones sobre el carácter auxiliar o accesorio del apoyo militar a las autoridades civiles en casos de excepción, que no parecen coincidir con la solución final. Tampoco es de importancia la diferenciación que se hace entre la función auxiliar de las fuerzas armadas y el estado de sitio; por cierto que durante el estado de sitio puede apelarse al auxilio militar. Lo que es cierto es que en todo estado de excepción, la revisión judicial debe estar presente, al menos para comprobar la razonabilidad del recurso de la fuerza militar. No se dudaba que el auxilio militar puede ser utilizado por el Estado para preservar el orden. Lo que estaba en duda es la extensión de la competencia militar a civiles.
 
Los jueces aceptan que durante la emergencia las medidas de seguridad pueden convalidarse por ley, como ocurrió en el caso con la 15293. Todo es constitucional, pero hay una sentencia que se busca modificar, y encuentran una salida de muy dudosa juridicidad, aunque Oyhanarte la consideró “inteligente, pacificadora y respetuosa de los valores comprometidos” (en Todo es Historia, nº 61, pág. 116): como al momento de la sentencia de la Corte, el estado de conmoción había cesado por Decreto Nº 6495 del 1 de agosto de 1961, las condenas militares legalmente impugnadas no podían subsistir.
 
Consideran que superado el episodio subversivo, no se podía excluir a los jueces naturales.
 
Cabe preguntarse: si las normas objetadas eran constitucionales, también debieron serlo las sentencias militares que tenían que cumplirse.
 
Los jueces mandaron que Ruggero fuera juzgado nuevamente por un juez criminal de la Capital.
 
El voto de Boffi Boggero explica porqué no resolvió la inconstitucionalidad en la causa “Pucci”. Luego considera inconstitucionales tanto la Ley Nº 13234 como los decretos dictados, pues disponían la sustitución de los jueces por consejos de guerra, afectando las garantías de la defensa en juicio y de la organización constitucional. Pide que se deje sin efecto la sentencia del tribunal militar y que Ruggero sea nuevamente juzgado por la justicia ordinaria (24 de octubre de 1962, en F. 254-116; L.L. 108-260; J.A. 1962-VI-320).
 
La Corte no definió cuál era el alcance de la intervención de la justicia militar en civiles. Podría interpretarse que la consideró procedente, pero sólo durante la conmoción; superada la emergencia, volvían a intervenir los jueces de la Constitución. Pero las sentencias de los tribunales militares apeladas, terminada la emergencia, debían resolverse nuevamente por los jueces comunes. ¿Para qué sirvió, entonces, poner en vigencia la competencia militar?(13).
 
 
La facultad de reglamentar los derechos se había extendido desde la década de 1920, llegando a abarcar derechos económicos y también las relaciones privadas. La Corte acompañó y favoreció este avance.
 
En la etapa inmediata a la caída del peronismo, la Corte afirmó la doctrina. En un caso donde se discutió la facultad de la provincia de Santa Fe para regular normativas tendientes a crear y controlar la matrícula de profesionales de la medicina, los jueces recordaron los argumentos expuestos por la minoría disidente del caso “Sogga, Constantino y otros” (Sagarna y Casares) de 1945. La descentralización del control de los profesionales tuvo origen en el aumento de los diplomados y el Estado optó por que fueran los propios profesionales los encargados del control. Pero la facultad para reglar y limitar el ejercicio de las profesiones era facultad de las provincias.
 
Un profesional de la matrícula impugnó la constitucionalidad de la provincia para regular el Colegio de Médicos y su facultad para imponer contribuciones, poder de policía –sostuvo- que no podía ser transferido a una persona de derecho privado como era el Colegio. La Corte refutó estas consideraciones, apoyó el poder provincial y rechazó la calificación de persona de derecho privado atribuida a estos colegios, afirmando que por su función y fines de interés público, constituían “organismos integrantes de la gestión gubernamental provincial” con prerrogativas de imperio y creadas al amparo de normas constitucionales (Orgaz, Argañarás, Galli, Herrera, Villegas Basavilbaso, “Colegio de Médicos de la 2ª Circunscripción (Rosario) c/Sialle, Mario”, 8 de abril de 1957, en F. 237- 397) Pocos meses después, la misma Corte resolvió la impugnación de una multa aplicada por la Dirección de Industrias y Fomento Agropecuario de la provincia de Mendoza a la firma Giménez Vargas Hnos., por haber movilizado sin la autorización de dicha repartición, una partida de vino intervenida. Rechazados los reclamos ante la justicia local, la causa llegó a la Corte. El fallo recordó, siguiendo la opinión de Gorostiaga, que el poder de policía correspondía a las provincias y la promoción industrial mencionada en el art. 67, inc. 16 de la Constitución, era tarea concurrente de la Nación y las provincias. En virtud de ello la Nación pudo dictar la Ley Nº 12372 que puso la industria y el comercio vitivinícola sujeto a sus disposiciones y por decreto disponer la competencia de los ministerios nacionales en lo relacionado con la industria del vino y su comercialización. Pero la provincia pudo regular dentro de su territorio, el régimen de la actividad local y dictar la Ley Nº 47 que estableció la multa impuesta. Las normas nacionales regularon el comercio interprovincial y nacional. La industria local fue regulada en la provincia, lo mismo que la genuinidad y calidad del producto. Por lo tanto disponer de una partida intervenida en la bodega por autoridad provincial, por no estar en condiciones para el consumo y su comercialización, fue bien sancionado, pues el vino estaba bajo vigilancia local y quedaba sujeto a sus disposiciones (9 de diciembre de 1957, F. 239-345).
 
Especiales características tuvo el caso del ingeniero químico egresado de la Universidad del Litoral, Ángel F. Furlotti, a quien la provincia de Mendoza le negó, en virtud de normativas internas, la inscripción en el registro de técnicos en enología por no contar con título especializado de los que enumeraba la ley local, ley que impugnó por considerar que el diploma que poseía era adecuado.
 
La Corte justificó la legislación local en ejercicio de su poder de policía con fines de defensa y promoción industrial y de resguardo de la salubridad. De esta manera aceptó un ejercicio que aparece como excesivo del poder de policía provincial, destinado a determinar qué cualidades debía reunir el responsable técnico de un establecimiento vinícola (Orgaz, Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Boffi Boggero, Oyhanarte, fallo del 6 de marzo de 1959, en F. 243-127; L.L. 96-387; J.A. 1959-III-231).
 
Para hacer frente a la situación económica de los trabajadores, el presidente Frondizi dispuso por decreto un aumento salarial mínimo de emergencia; se invocó para ello la autorización legislativa otorgada por varias leyes. La firma Basso y Cía., sostuvo que la regulación del salario obrero por el Estado era contrario a la libertad de contratar y al desarrollo de la libre actividad privada; se agregó que las leyes que permitían en forma general al Ejecutivo fijar estos aumentos, establecían una delegación inválida no permitida por la Constitución.
 
Con cita de la jurisprudencia de Estados Unidos, cuya mención fue a veces inoportuna, los jueces respondieron con la tesis contraria, aceptando que la situación económica y social que había llevado al aumento, estaba encaminada a asegurar un nivel de vida adecuado y constituía un ejercicio válido del poder de policía.
 
Tampoco reconocían la existencia de una delegación legislativa en favor del Ejecutivo, sino el ejercicio de su potestad reglamentaria del art. 86, inc. 2 de la Constitución. Era necesario encontrar argumentos para justificar el aumento salarial, y, en este camino, los jueces intentaron adecuar la decisión del Ejecutivo, de neto corte legislativo, como facultad reglamentaria propia de dicho poder con abundante fraseología: se trataba de materias con “contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente”, por lo cual había que reconocer que quedaban librados “al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida”, con cita del caso “Delfino” (“Práttico c/Basso y Cía.”, 20 de mayo de 1960, en F. 246-345; J.A. 1960-VI-240; L.L. 102-714, con una nota de Próculo (Rafael Bielsa) que critica el fallo pues considera que dictar normas de emergencia que alteren los contratos, no podía ser de competencia del Ejecutivo ni constituía una facultad reglamentaria de las leyes).
 
Un caso resuelto al mes siguiente analizó si la reglamentación por el Estado de los derechos, podía alcanzar las relaciones privadas. La mayoría de los jueces se expidieron afirmativamente.
 
Con el fin de asegurar niveles de ocupación en las actividades artísticas, la Ley Nº 14226 dictada durante la época peronista, declaraba obligatoria la inclusión de espectáculos de variedades en salas cinematográficas de determinadas dimensiones, sin que pudieran cobrar un sobreprecio en la entrada. La empresa a cargo del cine Callao fue multada por no ajustarse a la ley y reclamó judicialmente. El Procurador Soler emitió dictamen el 29 de abril de 1958: sostuvo que el derecho a trabajar y ejercer comercio e industria, sólo estaba subordinado a su licitud, por lo que la autoridad no podía imponer determinada actividad por considerarla de conveniencia pública, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la ley.
 
El fallo de la Corte se expidió dos años después. Abiertamente declararon que había quedado abandonado el concepto limitado de poder de policía, y acogían uno amplio, que abarcaba junto con la seguridad, la moralidad y la salubridad pública, también la defensa y promoción de los intereses económicos de la colectividad, que se sustentaba en la cláusula del art. 67, inc. 16 de la Constitución. Los espectáculos artísticos de variedades previos a la exhibición cinematográfica, no reglamentaba la industria ni causaba un grave perjuicio a la reclamante, pues según las estadísticas, podía recuperar en corto tiempo la pequeña inversión que requería la preparación de la sala. También se escudaban en que no les correspondía analizar los medios del legislador para alcanzar los fines propuestos. Por tanto el llamado “número vivo” en estos espectáculos, no imponía carga que afectara el negocio central y la ley era razonable al no afectar garantías constitucionales.
 
Boffi Boggero resolvió en disidencia. Indicó que la ley tenía origen en un régimen político cuyo concepto del derecho de propiedad enfrentaba el de la doctrina individualista.
 
Rechazó que pudiera fundarse en la cláusula constitucional de la prosperidad, inspirada en Alberdi, ardoroso defensor de la propiedad y del libre ejercicio del comercio. Encontraba que la ley revelaba una fuerte restricción de estas libertades y apoyaba la revocación de las sanciones (22 de junio de 1960, en F. 247-121; L.L. 100-45; J.A. 1960-V-405).
 
La solución mayoritaria permitía que el derecho de propiedad vinculado con convenciones particulares, quedara sujeto a regulaciones que podrían alcanzar serias limitaciones, pues ni siquiera requería gravedad económica o social ni transitoriedad de las medidas. Como ya lo había señalado Bermejo en su famosa disidencia del caso “Lanteri de Renshaw” en 1922, el poder de policía invocado por el Estado avanzaba sobre las libertades al mismo paso que el tentáculo opresor del Estado. Lástima que lo hacía acompañado por el favor judicial.
 
Como ocurrió en períodos anteriores, el poder reglamentario de las provincias fue considerado con mayor rigor.
 
Para asegurar el abastecimiento de carne de la población y controlar el precio de kilogramo vivo de carne vacuna contra especulaciones, el gobierno de Santiago del Estero estableció, invocando su poder de policía, medidas temporarias extremas, como expropiar el ganado existente en la provincia e impedir su salida. Las medidas impidieron a la firma Acuña Hnos. y Cía. SRL. la venta de ganado a comerciantes de la provincia de Córdoba, la postergación de envíos a otra provincia y la pérdida del existente por inundaciones.
 
Pidieron la reparación de estos daños y el cumplimiento de la expropiación prevista por la ley.
 
Los jueces de la Corte entendieron que ni la invocación de la regularización del abasto, ni el poder de policía provincial podían afectar la libre circulación territorial y el tráfico comercial interprovincial. La medida era irrazonable e importaba una extralimitación de facultades locales. Mandaron reconocer algunas de las reparaciones pedidas (16 de febrero de 1962, en F. 252-39; L.L. 108-481; J.A. 1962-II-574).
 
Un caso de relevancia por sus alcances sociales y económicos, fue el resuelto en “Fernández Orquín, José María c/Ripoll, Francisco” el 31 de mayo de 1966. La Ley Nº 14451 había dispuesto la prórroga de los contratos de arrendamientos rurales; los propietarios podían obtener el reajuste del alquiler, pero este derecho no se extendía a propietarios que fuesen sociedades anónimas o a colonias de rentas. En el caso no se discutió si la ley atentaba contra el derecho de propiedad, sino si las excepciones afectaban ese derecho. El Procurador General se expidió afirmativamente. La mayoría de los jueces (Aráoz de Lamadrid, Colombres, Imaz, Mercader), sostuvieron la constitucionalidad. Un párrafo del fallo permitía un inédito alcance del poder reglamentario estatal: invocando la necesidad de aplicar una interpretación dinámica de la Constitución, dijeron que “las restricciones de los derechos individuales que provienen de la regulación legal requerida por notorias exigencias de progreso nacional y justicia social, y que no llegan a la imposición de cargas exorbitantes o expoliatorias… (considerando 9), pueden estimarse respaldadas constitucionalmente” (considerando 11).
 
Los jueces Boffi Boggero, Aberastury y Zavala Rodríguez consideraron que las excepciones atentaban contra el derecho de propiedad e igualdad sobre determinadas personas (F. 264-416; L.L. 124-685; J.A. 1966-IV-251).
 
El concepto amplísimo de poder de policía de este período servirá de antecedente en el futuro.
 
También se advierte en el control ideológico de los partidos políticos. La solicitud de personería del Partido Obrero, fue desestimada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso administrativo, fundada en que su programa no respetaba el régimen democrático, republicano, representativo de gobierno ni aseguraba las garantías constitucionales.
 
En la Corte se confirmó la decisión. Se invocó la defensa y la preservación de las instituciones y la necesidad del legislador de valerse de prohibiciones cuando las agrupaciones políticas traducían un peligro cierto y real para la subsistencia del Estado.
 
Para ello había que sujetarse al programa real y verdadero del partido y no a su programa ficticio, y en el caso se conocía que el Partido Obrero estaba ligado o vinculado a la “IVª Internacional”, revolucionaria y trotskista, de orientación subversiva para nuestras instituciones y, por tanto, ilícita. Recordando decisiones de los tribunales constitucionales de Italia y Alemania, que prohibieron en sus leyes y en su jurisprudencia partidos de tipo nazi o comunista, se concluye que no podría ser discutida la razonabilidad de la prohibición impuesta a este tipo de partidos (27 de junio de 1962, en F. 253-133).
 
 
La Ley Nº 14438 promulgada el 30 de mayo de 1958, paralizó temporariamente los juicios de desalojo e incluso los lanzamientos. Luego se dictaron nuevas leyes que prorrogaron tal situación. El locador Amar Nadur en un juicio de desalojo planteó la inconstitucionalidad de la primera por afectar el derecho de propiedad y el de usar y disponer de la misma, la desigualdad de trato entre locador y locatario y la violación a la facultad provincial de regular los procedimientos.. En las instancias inferiores el reclamo fue desestimado.
 
En la Corte, el Procurador Lascano consideró que la Ley Nº 14438 no sólo afectaba el derecho de propiedad, sino que impedía que los jueces resolvieran sobre los conflictos que regulaba, pues la ley al paralizar impedía todo reclamo, excediendo las facultades legislativas y pasando por encima de la división de poderes. Pedía que las leyes fueran declaradas inconstitucionales.
 
Los jueces votaron por separado. Orgaz reconoció que la legislación era restrictiva de los derechos individuales; pero como no son absolutos, por vía del ejercicio del poder de policía y mientras las medidas fueran razonables y justas, podrían restringirse y regularse los derechos del propietario para salvaguardar el orden público y el bienestar general. Se trataba de leyes de emergencia que no eran nuevas, pues la suspensión de los desalojos fue establecida por la Ley Nº 12847 del 20 de septiembre de 1946. Si bien era cierto que llevaba “demasiados años”, el tiempo no podía ser fijado de antemano en un número preciso de años o meses. Tampoco correspondía a la justicia analizar la eficacia de los medios empleados por el legislador para remediar el problema de la vivienda. En conclusión: las prórrogas no eran en si mismas irrazonables y este juez sólo se animó a pedir que el legislador no dilatara excesivamente el goce de los derechos individuales.
 
Es cierto que los jueces no pueden desconocer la realidad social. Pero llama profundamente la atención argumentos tan vacíos y dadivosos para fomentar la arbitrariedad del gobernante. Decir que el mal viene de años atrás y justificarse con ello, es, sorprendente.
 
Los jueces Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte también invocaron las “disposiciones que las precedieron”, que las nuevas leyes no hacían “sino consagrar una moratoria legal a favor de los inquilinos”. Con la cita de fallos como “Avico c/de la Pesa” de 1934, concluían que las leyes impugnadas establecían una moratoria razonable fundada en la policía de emergencia. “En otras palabras: si el Congreso resuelve que la paz y la tranquilidad pública son menos dañadas por la transitoria y razonable suspensión de los procedimientos y lanzamientos que por la desprotección de miles de personas expuestas a la pérdida de las viviendas que ocupan, su decisión, lejos de transgredir el ordenamiento vigente, lo beneficia, en cuanto tiende a impedir que vitales intereses públicos permanezcan insatisfechos y, por eso, amenazantes contra la seguridad pública”. Muchas palabras para justificar la omnipotencia legislativa y delegar la responsabilidad en el Congreso. La inoperancia de la Corte quedaba de manifiesto.
 
Boffi Boggero consideró que la suspensión era razonable y que no transgredía el principio de igualdad pues el interés de la comunidad era superior (15 de mayo de 1959, F. 243-449).
 
En la misma fecha se resolvió un caso parecido (“Russo c/Delle Donne”, F. 243-467) pero que ofrecía características aún más precisas, pues aquí hasta existía sentencia firme de desalojo anterior a la ley. En las instancias inferiores se habían rechazado los recursos y se decretó la inconstitucionalidad de la Ley Nº 14442 (una de las que fueron prorrogando los desalojos). En el caso, el voto de Orgaz fue breve: se amparó en la situación de emergencia y se ajustó a lo dicho en “Nadur”. Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte se extendieron en una larga lista de consideraciones que ampliaron lo dicho en “Nadur”. Pero las contradicciones son evidentes: a pesar de reconocer que la policía de emergencia no libera los actos del Congreso del control judicial, temen que los jueces se extralimiten en este control, pues si bien son los guardianes de la Constitución, excederse sería peligroso. ¡Para esta interpretación los jueces dejaban de ser el control de constitucionalidad pues era de temer que se excedieran en el ejercicio de esta facultad¡ Las leyes de emergencia, sostienen estos jueces, deben sujetarse a cuatro requisitos: situación de emergencia definida por el Congreso, que persiga un fin público y consulte los intereses generales del país, transitoriedad y razonabilidad del medio elegido por el legislador. Pero se encuentran con que la transitoriedad no existía pues la emergencia en las locaciones llevaba más de trece años. Dan con una salida: los jueces sólo deben pronunciarse sobre la razonabilidad, la extensa y continua prórroga es explicable por el grave trastorno económico y social, y la Corte ya declaró la constitucionalidad de numerosas regulaciones vinculadas con la policía de emergencia. En el caso, además, la seguridad jurídica no estaba dañada pues no se alteraba “la sustancia” de la decisión judicial.
 
Boffi Boggero, igualmente, con citas de autores franceses, italianos y alguna jurisprudencia local, repasa la posibilidad de que exista algún derecho adquirido, pero supera todo reparo con la excusa del agudo problema social y acepta la prórroga.
 
Estos fallos se apartan de la Constitución con argumentos carentes de todo sustento. No sólo existía falta de protección judicial, no sólo la Corte negaba todo control, sino que el poder de policía justificaba todo atentado a los derechos, acompañado por la invocación de los poderes de emergencia que iniciaban un largo camino para el descrédito de la seguridad jurídica. La Corte Suprema autorizaba a los otros dos poderes a que regularan a su arbitrio con la mención de la emergencia. Esto no sería temporal, sino permanente. Incluso las reglas impuestas en los fallos de las décadas de 1920 y 1930, que reclamaron que la emergencia fuera temporal, de corta duración, quedaban superadas y se las condicionaba a la emergencia eterna, que es lo mismo que la arbitrariedad del poder sin control judicial.
 
 
La Constitución garantiza el derecho a publicar las ideas por la prensa sin censura previa (art. 14). Con la aparición de otros medios de expresión, la doctrina elaborada se fue extendiendo, aunque con matices específicos. El control administrativo también se amplió fundado en la misma jurisprudencia de la Corte: los derechos no son absolutos y es posible reglamentarlos, con lo cual diversas manifestaciones de la expresión fueron limitadas y hasta cercenadas.
 
El gobierno militar que asumió en 1955, emprendió la represión de toda manifestación del partido y la persona del presidente depuesto. El Decreto Nº 3855/55 disolvió al partido peronista y el 4161/56 reprimió toda forma pública de propaganda peronista mediante todos los medios de difusión. En virtud de este último decreto fue procesado Manuel E. Bustos Núñez, director del semanario “Rebeldía”, por haber elogiado la obra de la Fundación Eva Perón, encomiado fechas caras al peronismo, como el 4 de junio y 17 de octubre, y mencionado el lema “socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana” que usaba Perón refiriéndose a los logros de su régimen. En primera instancia fue condenado. En la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, fue absuelto; pero esta mayoría fue más lejos pues encontró que el decreto era inconstitucional por violar la libertad de prensa, lo que era correcto. Los jueces de la Corte de facto no aceptaron tal solución. Apelaron al principio de que los derechos no son absolutos y que las restricciones del Decreto Nº 4161 se adecuaban a las circunstancias del momento de la vida argentina y constituían una restricción razonable. Los jueces no debían analizar el acierto o conveniencia de la política legislativa y no resultaba irrazonable que el gobierno revolucionario restringiera la propaganda contrarrevolucionaria del gobierno depuesto (Orgaz, Argañarás, Galli, Herrera, Villegas Basavilbaso, 5 de noviembre de 1957, en F. 240-223).
 
La solución deja una amarga impresión de la Corte. La medida era inconstitucional pero ningún juez lo dijo. Hasta un opositor al peronismo como Rafael Bielsa, tuvo una enérgica crítica a este fallo que vulneraba una de las garantías de la libertad (v. Sobre las garantías constitucionales, en L.L. 91-498).
 
La Corte tendrá ocasión de expedirse en otros casos vinculados con la prensa y los medios de comunicación.
 
Las exhibiciones cinematográficas fueron objeto de sucesivas reglamentaciones, completadas con la creación de comisiones que tenían a su cargo controlar que no afectaran aspectos tan vastos y difíciles de precisar como las interpretaciones históricas, institucionales o de defensa nacional. El gobierno militar restableció en 1957 el Instituto Nacional de Cinematografía, nuevamente regulado por el Decreto Nº 8205 de 1963; establecía la prohibición de exhibir producciones sin el certificado de calificación que otorgaba el Consejo Nacional Honorario de Calificación Cinematográfica. Invocando la falta de esta certificación, en septiembre de 1964 el Consejo procedió a secuestrar la película “Morir en Madrid” que había comenzado a exhibirse en dos salas de la Capital. El titular de la empresa, Néstor R. Gaffet, inició un recurso de amparo fundado en la libertad de expresión que logró acogida en las instancias inferiores, disponiéndose la restitución de las copias secuestradas. El Consejo apeló ante la Corte. El Procurador Lascano consideró que las facultades del Consejo en materia de policía de la minoridad en espectáculos cinematográficos, era razonable y pidió que el fallo se revocara. La mayoría de los jueces encontraron una solución formal: el recurso no estaba debidamente fundado y fue desestimado por lo cual la sentencia que mandaba reintegrar las copias quedaba firme.
 
Los jueces Aberastury y Boffi Boggero, con otros razonamientos, también llegaron a la misma solución pero al menos trataron la cuestión. El primero consideró la legalidad del secuestro, pero entendió que los agravios no eran suficientes para entrar al fondo del caso.
 
Boffi Boggero profundizó la constitucionalidad de las facultades del Consejo. Recalcó la necesidad del hombre de tener acceso al conocimiento de las ideas o de los hechos buenos o perniciosos, exaltó el derecho a una información que permitiera ajustar la conducta a las razones y sentimientos de esa información, encontrando que las medidas adoptadas por el Consejo excedían los límites de la razonabilidad y atentaban contra la libertad de expresión. Incluso en la hipótesis de la duda, había que decidir a favor de esta libertad.
 
Mandaba confirmar la sentencia (“Gaffet”, 30 de julio de 1965, en F. 262-246).
 
El fallo protegía la exhibición cinematográfica de los excesos del control administrativo. Pero en otros casos este control fue convalidado.
 
En julio de 1959 el Intendente de la ciudad de Buenos Aires, calificó de inmoral la novela “Lolita” del escritor ruso Vladimir Nabokov, editada por Sur, prohibió su venta y circulación y secuestró ejemplares existentes en la editorial y en librerías e incluso destruyó algunos antes de existir pronunciamiento judicial. El suceso fue desfavorablemente recibido por la opinión, teniendo en cuenta que el autor era novelista afamado y la editorial Sur gozaba de prestigio. Ésta entabló un reclamo judicial invocando la violación de la garantía del derecho de defensa en el trámite administrativo y del derecho de publicar sin censura previa. La Corte entendió por mayoría, que las objeciones no entraban dentro del recurso extraordinario y que en el ejercicio del poder de policía de moralidad municipal, tenía suficiente contralor judicial en instancias inferiores. Los jueces Boffi Boggero y Aberastury reconocieron en el Estado facultades para impedir la exhibición, circulación y venta de obras inmorales como parte de ese poder de policía de buenas costumbres, aunque no se tratase de “pornografía gruesa”. Pero lo que encontraron agraviante fue la destrucción de ejemplares del libro antes que la justicia decidiese sobre la medida municipal. Con esta excepción también confirmaban la decisión administrativa (“SRL. editorial Sur c/Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires”, 27 de diciembre de 1963, en F. 257-275).
 
Si bien fundados en el estado de sitio existente, la Corte reconoció que la libertad de prensa podía ser suspendida y que el Ejecutivo podía secuestrar un semanario y clausurar sus oficinas (29 de septiembre de 1961, “Semanario Azul y Blanco”, en F. 250-832).
 
También se decidió que el propietario y director de un periódico, no debía responder penalmente por permitir la publicación de una “solicitada” de carácter injurioso contra un tercero. La carta había sido publicada por Eduardo Pérez en el periódico “Avanzada” de Bahía Blanca, dirigido por Rubén Bortnik, y afectaba a Juan Guido Pastorino. Éste se querelló por injurias y logró la condena de Pérez y Bortnik. Sólo este último apeló invocando, entre otras cuestiones, la violación de la libertad de prensa. La Corte sentó un interesante principio: la persona que publica y dirige un diario no puede ser sancionada por la circunstancia de tener que optar entre difundir o no una publicación de interés público, y opta por lo primero por entender que sirve a la prensa libre y a la información. Cuando la publicación se hace sin emitir juicio no puede someter al editor al riesgo de una condena penal. Ello no significa que la protección de la libertad de prensa ampare conductas delictuosas, pero cuando se cubre con cuidado la información, goza de la libertad constitucional. Por tanto se revocó la condena al director. Boffi Boggero en un voto individual llegó a igual conclusión (“Pérez”, 30 de diciembre de 1963, en F. 257-308).
 
Un reclamo laboral permitió a la Corte ampliar el ámbito de la protección de la libertad de prensa: durante el régimen peronista, la uniformidad de prensa estaba en la mira de sus dirigentes y el diario “La Prensa” se presentaba como un obstáculo. Fue perseguido y sancionado hasta que una ley del 18 de abril de 1951 lo expropió con sus bienes. El gobierno militar que derrocó a Perón, devolvería el diario a sus dueños (decreto-Ley Nº 4360 del 9 de diciembre de 1955). Pero debido a aquella expropiación, varios empleados que quedaron sin trabajo se consideraron despedidos por falta de pago y reclamaron indemnizaciones a la firma titular. En el extenso expediente, la expropiada invocó la fuerza mayor y la imprevisibilidad de la medida dispuesta por el gobierno lo que la eximiría de toda reparación. Pero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al reclamo con fundamento en que no se había determinado la fuerza mayor y que los actos persecutorios de la dictadura peronista resultaban previsibles, pues la oposición de la dirección del diario contra el régimen debían terminar con la expropiación.
 
La Corte en una interesante solución, revocó la sentencia. Se sostuvo que el rechazo por parte de la Cámara del Trabajo de la situación de imprevisibilidad de las medidas del gobierno peronista, se fundaban “por entero en una generalización absoluta, emanada de un puro razonamiento abstracto, impreciso y genérico”, pues en la medida que las dictaduras se salen del marco de lo jurídico, su rasgo típico es el auge de la arbitrariedad estatal, que es lo mismo que la quiebra de toda previsibilidad. Sólo en una comunidad donde imperen las normas jurídicas es posible hablar de previsibilidad, pues “de un gobierno que entroniza la arbitrariedad y se coloca fuera de la Constitución, sólo cabe esperar la anarquía o la tiranía”. Agregaron un párrafo feliz, desgraciadamente olvidado muy a sabiendas por los gobernantes: “únicamente la respetuosa observancia del “estado de derecho” en cuando supone un Estado cuyas potestades son limitadas y se hallan sujetas al deslinde de competencias fijas por la Constitución, garantiza una estabilidad calculable de las relaciones entre gobernantes y gobernados”. Recordaron también un fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que, con motivo de medidas parecidas tomadas contra el diario “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca por el gobierno peronista, declaró que el acontecimiento era imprevisible e imposible de resistir, es decir, un hecho del gobernante determinante de inimputabilidad patronal.
 
El gobierno peronista tuvo por finalidad silenciar a “La Prensa” como órgano independiente; en consecuencia no podía ser sancionado patrimonialmente por no someterse al poder arbitrario y elegir la libertad que dictaba la Constitución. La sentencia de la Cámara del Trabajo, no podía ser mantenida cuando hería la conciencia jurídica y moral de la comunidad, ya que sus conclusiones sancionaban a quienes habían resistido a la dictadura y quedaban libres de sanción los que colaboraron o se subordinaron al despotismo. El “uso legítimo de la libertad de prensa no puede ser sancionado cuando se la ejerce contra las manifestaciones radicalmente ilícitas de la dictadura”. Por lo tanto ninguna responsabilidad indemnizatoria podía serle atribuida a la firma demandada por la ruptura del contrato de trabajo (“Abal, Edelmiro y otros c/diario “La Prensa”, jueces Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Boffi Boggero, Oyhanarte, Aberastury, Colombres, Imaz, 11 de noviembre de 1960, en F. 248-291).
 
Cuestiones semejantes se resolvieron en el juicio caratulado “Rodríguez c/La Prensa”, F. 248-590 y “El Día” de La Plata (F. 248-650 y 644), reafirmando la libertad de prensa y restringiendo los controles sobre este derecho.
 
 
Los jueces que integraron la Corte durante la etapa del gobierno militar, mostraron su rechazo a la legislación laboral peronista y no perdieron ocasión para desestimar pretensiones fundadas en ellas, con argumentos mezquinos que no se compadecían con las expresiones del jefe militar Lonardi de mantener las conquistas sociales.
 
En un caso, el demandado planteó la inconstitucionalidad de una ley de la provincia de Tucumán que estableció que los servicios prestados por empleados y obreros hasta las 13 horas del día sábado, debían computarse como jornada íntegra a los efectos del cobro de sueldos. El recurrente sostuvo que la ley provincial era contraria a la legislación nacional del trabajo 11544. El fallo de la Corte utilizó la perimida doctrina del caso “Arizu” resuelto el 23 de octubre de 1929, para sostener que la jornada de trabajo y su retribución constituía materia propia de la legislación nacional; en este ámbito se establecía que el salario equivalía a 48 horas semanales de trabajo efectivo, por lo cual la pretensión de un cobro de salarios limitado por ley provincial, resultaba ilegítimo (“Juárez, Arsenio y otro c/Aserradero García y Sain”, firmado por Orgaz, Argañarás, Galli, Herrera, Vera Vallejo, del 5 de diciembre de 1955, en F. 233-156 y L.L. 81-335).
 
En 1956 llegaron varias sentencias en apelación, dictadas en tiempos del peronismo y pobremente fundadas en la instancia inferior, que dieron lugar a que la Corte las dejara sin efecto. Osvaldo Francisco Delsoglio, empleado de la firma Pablo Casale S.A. Ltda. de San Juan, fue dejado cesante por mal desempeño. Demandó a la firma las indemnizaciones por vacaciones, preaviso, porcentajes y otros. El Tribunal del Trabajo de San Juan hizo lugar parcialmente a estos reclamos. Los demandados apelaron a la Corte en recurso extraordinario, alegando que la sentencia carecía “de todo apoyo legal y fundada tan solo en la simple voluntad” del Tribunal. En la instancia provincial, el recurso fue desestimado con el argumento de que los jueces se habían ajustado a la Ley Nº 11729, interpretada según la Constitución de 1949, agregando que además se inspiraron no sólo en los métodos clásicos de interpretación, sino que tuvieron “en cuenta el empleo de la deducción e inducción como medios eficientes del proceso de adecuación de la ley a la realidad social, con auxilio, además, de la lógica”, atendiendo a la “nueva era de concepciones y realizaciones jurídicas fundadas en principios de solidaridad y fraternidad y en la humanización del derecho, y que podemos sintetizar en la expresión de Justicialismo Social”. La sentencia, decían, podía quizá ser tachada “de injusta o errónea”, pero no de “arbitraria o ilegal”, en confusa mezcla de conceptos.
 
Cuando el caso llegó a la Corte, estaban en ella quienes no aceptarían tamaña fundamentación. Tomaron el concepto de legalidad y la obligación de los jueces de sujetarse a la ley y no a instituirla en sus fallos, ni siquiera “por invocación de nuevas concepciones jurídicas”. Los jueces que se basaban en la observación de la realidad social o en el justicialismo social, prescindían arbitrariamente de las normas vigentes. Se abrió el recurso extraordinario y dejaron sin efecto la sentencia mandando dictar otra nueva (29 de febrero de 1956, en F. 234-82; parecidos en F. 234-211 del 23 de marzo de 1956; 234-310; 234-335).
 
La parte actora apeló una sentencia fundada en que no estaba de acuerdo con resoluciones anteriores, lo cual afectaba la garantía de la igualdad, agregando que la interpretación dada a un decreto de 1945 contrariaba los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución de 1949. La cuestión se había planteado durante la vigencia de esta Constitución, pero cuando llegó a la Corte se había vuelto a la de 1853 con sus reformas (desde el 1 de mayo de 1956). El Procurador Soler se hizo eco de este conflicto relativo a la norma superior por aplicar con relación a situaciones jurídicas y procesales creadas o en trámite. Pero el caso lo resolvió fácilmente: las cláusulas laborales de la Constitución de 1949 (se trataba del art. 37, I. derechos del trabajador), no consagraban derecho alguno y sólo eran “enunciados verbales y con su sanción no se agregó ni quitó nada a las disposiciones constitucionales que establecían la libertad de trabajo”. Los derechos del trabajador, decía Soler, no constituyeron “un avance con relación a las garantías que al respeto, y con idénticos fines, reconocía ya la ley fundamental de 1853”; eran declaraciones sin destinatario preciso, pues estaban dirigidas a la “sociedad”, a la “comunidad” o a la “colectividad”, carentes de leyes que las dirigieran al individuo. Por lo tanto la cuestión podía resolverse con la Constitución de 1853.
 
El breve fallo de la Corte tomó estos conceptos en cuanto al fondo del problema. Sobre la existencia de sentencias contradictorias, reiteró la terrible doctrina de que la igualdad asegurada lo era frente a la ley y que las sentencias que la interpretaban de manera distinta, no afectaban esta garantía ya que la potestad de juzgar incumbía a los distintos tribunales (“José Cantarini y otros c/Acindar S.A.”, 18 de marzo de 1957, en F. 237-273).
 
Estos fallos desacreditaban a la Corte que desconocía la realidad social y laboral.
 
Ponían de manifiesto que la ideología estaban por encima del valor justicia.
 
Tan ajenos estaban a esta evolución, que pocos meses después de este último fallo, se reunía la Convención Constituyente convocada por el gobierno militar, que sólo lograría aprobar un agregado al art. 14 de la Constitución, con un resumen de los derechos del trabajador que los jueces despreciaban y que obligaría a retornar a una interpretación alejada de los argumentos que venían utilizando.
 
En efecto, los jueces que comenzaron a actuar durante la presidencia de Frondizi, debieron interpretar las nuevas normativas que traían propuestas sobre la protección del trabajo, sus condiciones y retribución; derechos de los gremios y de sus representantes; beneficios de la seguridad social y hasta un párrafo dedicado a la protección de la familia.
 
Con relación al salario, el artículo agregado exigía que fuera justo, mínimo, vital y móvil, con igual remuneración por igual tarea y con participación de los obreros en las ganancias de la empresa. El que presta un servicio debe recibir una retribución justa de acuerdo con la índole y dificultades de su tarea. Hay un salario mínimo, debajo del cual la retribución no es justa y debe ser suficiente para la subsistencia. En la causa de Carmelo Práttico, donde se discutió la constitucionalidad de un decreto que impuso un aumento mínimo de emergencia, la Corte justificó la medida en el poder de policía laboral del Estado y en la facultad para regular el salario obrero; “los actos estatales encaminados a conceder a los trabajadores remuneraciones que les aseguren “un nivel de vida adecuado”, suponen ejercicio válido del poder de policía”. De esta manera, el salario obrero no quedaba sólo a merced de la autonomía contractual; “toda vez, decían los jueces, que la libertad de contratar del empleador entre en conflicto con la libertad contra la opresión del empleado u obrero, esta última debe prevalecer”. Parecidos argumentos a los utilizados en fallos del período peronista y que los jueces de la etapa militar rechazaron.
 
En el mismo caso se desestimaba que el aumento por decreto fuese inválido por resultar fruto del ejercicio impugnable de una facultad delegada por el Congreso. Se trataba de una potestad reglamentaria del Ejecutivo, prevista por el art. 86, inc. 2 de la Constitución y derivada de la política legislativa del Congreso iniciada en 1946, que habilitaba al Ejecutivo para regularla. El tema de la delegación y de su comparación con el poder reglamentario del Presidente de la Nación, seguía en las tinieblas para la Corte, que no buscaba iluminarlo. Justificaba el decreto en la celeridad que requería el tema salarial, que difícilmente podría solucionar el Congreso, sin conocimientos ni datos administrativos de la realidad económica y social del país. Mensaje claro sobre la inoperancia del Legislativo (20 de mayo de 1960, F. 246-345; L.L. 102-714; J.A. 1960-VI-420).
 
Con cita de este caso, al año siguiente se justificó una asignación mensual para empleados y obreros de la industria, por cada hijo menor de 15 años o incapacitado que tuviesen a su cargo, dispuesta por decreto que fue tachado de inconstitucional. La Corte, con inoportunas citas jurisprudenciales norteamericanas, sostuvo la validez del decreto invocando “principios de justicia social”, según se mencionara en “Práttico” (“Roldán, José Eduardo c/Antonio Borrás”, 16 de junio de 1961, en F. 250-46; L.L. 106-593; J.A. 1961-V-328).
 
Tampoco alteraba la igualdad ante la ley, la existencia de regímenes distintos de indemnización referidos a actividades diferentes. Se trataba de la ley que regulaba al periodista profesional y que establecía una bonificación especial por cada año que excediera los 5 años de antigüedad. Según clásica doctrina, la garantía del art. 16 de la Constitución, no impone una rígida igualdad, siempre que las clasificaciones se basen en diferencias razonables, que es lo que, según la Corte, ocurría en este caso (“Julio Efraín García Monteavaro”, 14 de junio de 1957, en F. 238-60).
 
Igual doctrina se reiteró ante el planteo de inconstitucionalidad de artículos vinculados con la remuneración del viajante. La Corte rechazó el reclamo expresando que no le correspondía analizar la conveniencia de la legislación laboral. Si se consideraba –como lo hacían los apelantes- que la ley se desviaba de las exigencias del bien común, el cambio en el ejercicio legislativo había que buscarlo por los comicios y no en la justicia. Otro argumento para evitar la decisión judicial. Agregaban que no se podía imponer una legislación uniforme en los distintos contratos laborales (“Rendón c/Siam Di Tella”, 11 de octubre de 1961, en F. 251-53).
 
La Ley Nº 15785 había elevado el tope de indemnización por antigüedad fijado por el Código de Comercio. al permitir computar la antigüedad por servicios anteriores a la sanción de la ley. Discutida su constitucionalidad, la Corte recordó los antecedentes de la cuestión y concluyó que este cómputo por servicios anteriores a la ley, no privaba “al patrón de ningún derecho que haya efectivamente incorporado a su patrimonio”. Los jueces reconocieron que luego de la reforma constitucional de 1957, el régimen laboral había cambiado y que en el caso el sistema era razonable y la aplicación para atrás, no afectaba el patrimonio del deudor, debido a que “el cumplimiento de las obligaciones patronales no se supedita al éxito de la empresa” (“Mata c/Ferretería Francesa”, 28 de marzo de 1962, en F. 252-158).
 
Es arbitraria la rebaja de la remuneración cuando se la destina a un fondo común. A esta conclusión llegó la mayoría en un debatido caso: la Caja Forense de Entre Ríos destinaba un porcentaje de los honorarios regulados sólo en las sucesiones, particiones, anticipos de herencia y sus inscripciones, para un fondo destinado a compensación económica y seguridad social. Un abogado objeto la constitucionalidad del descuento fundado en la garantía de la propiedad, igualdad e igual remuneración por idéntica tarea.
 
En sede provincial el reclamo fue rechazado. La mayoría en la Corte consideró que el descuento constituía una “coparticipación impuesta” sobre remuneraciones nacidas de labores individuales, incompatible con el derecho de propiedad, y declaró su inconstitucionalidad (Boffi Boggero, Aberastury, Bidau, Hernán Juárez Peñalva, conjuez que votó en este caso).
 
Los disidentes: Aráoz de Lamadrid, Colombres e Imaz, consideraron que el porcentaje deducido era razonable, no afectaba más que a determinados juicios que no eran contradictorios y encontraban que estaba de acuerdo con “las exigencias de la solidaridad”, por lo que confirmaban la sentencia (“incidente sobre inconstitucionalidad planteado por el letrado Severo Larroca, en el juicio sucesorio Scotti o Scotti Bruzone”, 25 de septiembre de 1964, en F. 259-406).
 
La libertad de la asociación sindical fue contemplada en la acción de amparo interpuesta por la Asociación Bancaria, delegación Tucumán, ya recordado. Se había impugnado la intervención dispuesta por el gobierno nacional a esta asociación, por violar la Ley Nº 14455 de Asociaciones profesionales, y se sostuvo que el Ejecutivo Nacional no tenía facultades para interferir en la libertad de asociación sindical consagrada por la Constitución. La Corte reconoció estos argumentos y si bien aceptó que el derecho a la organización sindical libre y democrática, incluida en el art. 14 bis, no tenía carácter absoluto, la decisión por decreto violaba la ley que prohibía a la administración central intervenir en estas asociaciones (23 de octubre de 1959, en F. 245-86).
 
El art. 14 bis agregado por la reforma de 1957, garantiza a los gremios a concertar convenios colectivos de trabajo. Su aplicación alcanza a las partes que intervienen en su celebración y a los demás trabajadores y empleadores que realizan actividad reglada por el convenio. Las condiciones de estos convenios son equiparables a las leyes. Cuando la firma de Alberto Grimoldi S.A. de fabricación de calzado, fue demandada por la Unión Trabajadores de esa industria por aportes patronales establecidos en un convenio, las impugnaciones de la demandada fueron desestimadas; el convenio había sido suscripto por la Cámara a la que estaba asociada y representada la demandada, mal entonces podía objetar la obligatoriedad del convenio. La Corte entendió que los convenios colectivos de trabajo son obligatorios para las entidades que lo suscribieron con fundamento inequívoco en el art. 14 nuevo de la Constitución (11 de octubre de 1961, F. 251-58).
 
El citado art. 14 reconoce a los gremios el derecho de huelga, que por primera vez aparece en la Constitución. El Decreto Nº 10596/57 del gobierno militar, había reglamentado el procedimiento de este recurso de fuerza obrero: se establecía que el ministro de Trabajo y Previsión podía decidir someter a un arbitraje obligatorio conflictos obreros que pudieran derivar en una huelga y que afectaran servicios públicos, la salud de la población u otros similares; el laudo podía ser apelado ante el Ministro, cuya decisión era inapelable. Si la huelga se declaraba ilícita, obligaba a los trabajadores a reanudar labores dentro del término fijado y bajo apercibimiento de perder su trabajo por abandono.
 
La constitucionalidad de este decreto y la ausencia de control judicial, sólo fue mencionada en un caso donde se analizó una resolución del ministro de Trabajo que confirmó el laudo dispuesto por reclamos del personal del Hotel City de la Capital Federal.
 
Pero ni el voto mayoritario ni el especial del juez Boffi Boggero, entraron en aquellas cuestiones (1 de diciembre de 1958, en F. 242-353).
 
El análisis llegaría por el planteo de Carmen Beneduce y otras obreras de la Casa Auguste, que participaron de una huelga que el ministro de Trabajo declaró ilegal, conforme con el Decreto Nº 10596/57 y, como no reanudaron las tareas luego de intimadas, fueron despedidas. Reclamaron las indemnizaciones judicialmente. En primera instancia se desestimó el pedido con el argumento de que la huelga había sido declarada ilícita y previo al despido se cumplieron los pasos fijados por el citado decreto. Pero en segunda instancia se revocó este fallo al declararse la inconstitucionalidad del art. 9 del decreto, que regulaba el procedimiento ante el ministro de Trabajo. Al llegar el caso a la Corte, el Procurador Lascano fue terminante: la falta de una vía judicial, dejaba en manos de un funcionario administrativo la decisión sobre la huelga y sus caracteres. Recordaba el reciente fallo dictado en el expediente “Fernández Arias, Elena c/Poggio, José (sucesión)”, donde se sentó la doctrina del contralor judicial de las decisiones administrativas, lo que no se preveía en el Decreto Nº 10596/57, por lo cual pedía se confirmara la inconstitucionalidad decretada.
 
Los jueces de la Corte analizaron si el conflicto obrero podía ser examinado y calificado de manera final e irrevisable por la autoridad administrativa. También recordaron la doctrina de “Fernández Arias” para concluir que también en estos casos era necesario el control judicial suficiente; no podía aceptarse que los jueces fuesen privados de declarar el error grave o la irrazonabilidad clara de la decisión administrativa. Pero la mayoría no declaró la inconstitucionalidad de la norma, pues consideraron que las decisiones administrativas tomadas para encauzar una huelga, no eran susceptibles de revisión judicial, sin perjuicio de los reclamos posteriores en un juicio. Pero exigieron que los jueces declarasen previamente la licitud de la huelga que originaba los despidos.
 
Agregaban que la consagración constitucional del derecho de huelga, no significaba que fuese absoluto ni que impidiese su reglamentación o su apreciación judicial. En consecuencia se revocaba la sentencia para que la Cámara que siguiese en turno dictase nuevo pronunciamiento según lo indicado.
 
En una larguísima disidencia, Boffi Boggero solucionó la cuestión más expeditivamente: declaró la inconstitucionalidad de la norma y confirmó la decisión del tribunal inferior. Aceptó que el decreto impugnado sustraía la competencia de los jueces para decidir sobre el derecho y los hechos, violando el principio del art. 95 de la Constitución, sobre lo cual se extendió demasiado (18 de diciembre de 1961, en F. 251- 472; L.L. 108-636; J.A. 1962-II-214).
 
Este fallo sentó principios esenciales: la declaración ilegal de una huelga por autoridad administrativa, podía ser revisada por el poder judicial; la huelga, como todos los derechos, no era absoluto y podía ser reglamentada e interpretada judicialmente; las medidas dictadas por la autoridad administrativa tendientes a encaminar el curso de las huelgas, no competían a los jueces ni eran materia, por lo tanto, del recurso extraordinario, sin perjuicio de los reclamos judiciales posteriores que hicieran los interesados (sobre este último aspecto: “Sindicato de Obreros y empleadores Vitivinícolas y Afines c/Corces S.A.”, 29 de diciembre de 1961, en F. 251-526).
 
En las causas “Amoza de Fernández, Carmen” y “Font, Jaime Andrés y otros” contra Carnicerías Galli SRL. por despido, se reiteraron los conceptos: los jueces tienen facultad para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga en cada caso concreto, pudiendo incluso prescindir de la calificación administrativa. Para que sea lícito declarar arbitrario el despido motivado por una huelga, es preciso que la legalidad sea expresamente decretada en sede judicial (fallos del 15 de octubre de 1962, en F. 254-51 y 254-56).
 
Una compleja situación propuso la causa “Almada, Antonio Euclides”: la Cámara declaró ilegal la huelga que había dado lugar al despido de varios obreros, sin embargo decidió condenar al empleador a pagar indemnizaciones por despido injustificado debido a que se habían reincorporado a algunos huelguistas, lo cual constituía una “discriminación” arbitraria e injusta para con los no reincorporados. La Corte revocó: siguiendo el dictamen del Procurador General, consideró que la indemnización a los despedidos de una huelga declarada judicialmente ilícita, podía producir daños a los intereses de la comunidad al impedir nuevas contrataciones tendientes a reanudar la tarea laboral (F. 262-244).
 
No es posible precisar si los jueces pensaron amparar los intereses de la comunidad o los de los titulares de la firma empleadora, o posiblemente llegaron a la conclusión que la ilegalidad de una huelga hacía perder todo derecho a los despedidos.
 
Pero el derecho de huelga no permite conductas ilícitas. En un conflicto obrero en el establecimiento Haynes S.A., un centenar de obreros como protesta y para hacer efectivos sus reclamos, ocuparon la propiedad e impidieron la entrada de los patrones; fueron procesados y condenados por usurpación y desobediencia a la decisión judicial. Llegado el caso a la Corte, los jueces, con el voto individual de Aberastury, reconocieron que el derecho de huelga no era absoluto y que no se justificaba la comisión de delitos comunes en el curso del movimiento huelguístico. El tema giraba en torno al alcance de las medidas de acción directa como mecanismo de lucha obrera, que en este caso fueron rechazados, pues, si bien la “actividad positiva huelguística” no era penalmente sancionable en sí misma, podía serlo cuando se llegaba a la violencia física, incompatible con los derechos que tiene el resto de la comunidad. A todo esto agregaron que el recurso extraordinario era ajeno a la interpretación de las leyes comunes, como lo era en el caso el Código Penal. Con estos argumentos confirmaron las penas impuestas (“Ribas, Riego y otros s/usurpación y desobediencia”, 13 de mayo de 1964, en F. 258-267).
 
La reforma constitucional de 1957, también estableció en el nuevo art. 14 la “estabilidad para el empleado público”. Se ha interpretado que consiste en una estabilidad absoluta y propia. El trabajador privado goza de protección contra el despido arbitrario: puede ser despedido pero debe ser indemnizado. El empleado público goza de estabilidad: no puede ser despedido salvo los casos indicados en las normas respectivas y en estos sin indemnización.
 
Antes de aquella reforma, el gobierno militar había dictado el 17 de junio de 1957 el decreto-Ley Nº 6666, Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, luego ratificado por Ley Nº 14467. Las objeciones de inconstitucionalidad que le achacaron, fueron desestimadas por la Corte. Se debatió en la causa de Héctor Luis Cuello, cesante de la secretaría de Obras Públicas; reclamó contra la medida arguyendo que se había violado aquel Estatuto. Rechazados los reclamos administrativos, obtuvo éxito por la vía judicial donde se consideró ilegítima la cesantía, por no estar fundada en las causales de dicho Estatuto. Apelada la decisión por el representante del Ministerio respectivo, este sostuvo la inconstitucionalidad de la norma del decreto Ley Nº 6666 que autorizaba al poder judicial a reincorporar al agente exonerado, pues violaba las facultades del Presidente de la Nación para nombrar y remover empleados (arts. 86, incs. 1 y 10 de la Constitución Nacional).
 
El completo dictamen del Procurador General, estudió el concepto de “estabilidad” del empleado público, y la facultad que el Estatuto otorgaba a los jueces cuando la separación era por causa no prevista en su texto. Consideró que tal facultad no afectaba las del Ejecutivo para nombrar y remover empleados, pues estaba dirigida a controlar las medidas irrazonables o excesivas, es decir, la ilegalidad de la medida o los vicios del sumario que terminaban con la cesantía. La justicia se limitaba a determinar si la resolución administrativa era ajustada a la ley. Por lo tanto aconsejaba que se confirmase la sentencia que mandaba reponer al reclamante y rechazar la inconstitucionalidad pretendida.
 
El fallo de la Corte fue breve. El dictamen del Procurador era suficiente. Sólo se recordó que los derechos debían armonizarse y ajustarse a las normas reglamentarias. El voto individual de Boffi Boggero llegó a igual conclusión y sólo reiteró que las facultades del Ejecutivo debían armonizarse con el principio de la estabilidad del art. 14, que la justicia revisaba cuando la Administración obraba indebidamente (13 de mayo de 1963, en F. 255-293).
 
De esta manera, la facultad del Ejecutivo para nombrar y remover empleados, dejaba de estar a su arbitrio y quedaba sujeta a control judicial.
 
Pero los mismos jueces desvirtuarían esta adecuada interpretación en otros fallos donde justificaron que las cesantías directas de empleados nacionales, en ciertos supuestos, no aclarando cuáles, no eran necesariamente inconciliables con el nuevo art. 14. La revisión judicial debía limitarse a supuestos de arbitrariedad (“Mario Rubén Gentile Pace”, 20 de septiembre de 1963, en F. 256-546, que firman Villegas Basavilbaso, Aberastury, Imaz, Bidau). Hasta se justificaron cesantías sin sumario cuando la causal eran ausencias injustificadas al trabajo, faltas de fácil comprobación objetiva, aunque se fundaran en una huelga declarada ilegal (“Alejandro J. Vasquez”, 9 de agosto de 1961, F. 250-418).
 
De esta manera aquel control judicial quedaba limitado y se abrían nuevas posibilidades para la discrecionalidad, como lo serían más tarde los decretos y leyes sobre racionalización administrativa.
 
La doctrina restringida del control, también aparece en el reclamo de Antonio Dri, quien consideró haber sido mal encasillado y disminuida su categoría dentro del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. Llegado a la Corte, la mayoría amplió las facultades del Ejecutivo: se dijo que si bien el art. 14 nuevo consagraba la estabilidad del empleado público, no parecía dudoso que al lado de las atribuciones administrativas, había que salvaguardar “las facultades que el art. 86, incs. 1 y 10 de la Constitución acuerda al Presidente de la Nación, en la medida compatible con la cláusula constitucional”. Estas facultades estaban de acuerdo con las de ubicar al empleado en el escalafón, mientras no se llegase a la cesantía. Por ello no correspondía revisar judicialmente lo decidido administrativamente (Aráoz de Lamadrid, Colombres, Imaz, Mercader).
 
Zavala Rodríguez votó en contra: con claridad sostuvo que la modificación en el encasillamiento del escalafón del empleado, constituía un agravio porque la nueva posición estaba vinculada con el sueldo que percibía. Si bien el Decreto Nº 6666 autorizaba la intervención judicial en los casos de exoneración o cesantía, no podía dejarse sin tutela judicial las violaciones que el Ejecutivo pudiera cometer a los derechos de los empleados (21 de marzo de 1966, en L.L. 123-156).
 
Tampoco el cambio de destino del empleado era objetable, salvo que el traslado encubriera una cesantía, lo cual atacaba la estabilidad (F. 252-76). Lo mismo ocurría con el cambio de empleador, tanto por nacionalización como por privatización de empresas estatales, mientras se respetase la continuidad del empleo (“Ramón Vicente Corral c/Empresa del Estado Transportes de Buenos Aires”, 8 de abril de 1964, en F. 258-171).
 
Al analizarse una ley de racionalización administrativa, se consideró que tratándose de personal capaz de obtener jubilación ordinaria, no había injusticia objetiva en la cesantía (“Carlos Augusto Sacchi c/Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino y otro”, 29 de octubre de 1962, en F. 254-169).
 
 
Entre las facultades que la Constitución otorga al Congreso Nacional en el art. 67, figuraba una (inc. 16), que los autores dieron en llamar “cláusula de la prosperidad” o “del progreso”, pues en ella, de manera general, se facultaba a los legisladores a “proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias…”.
 
Completaba la aspiración del constituyente anticipada en el Preámbulo de “promover el bienestar general”. La legislación dictada con invocación de esta cláusula, fue interpretada por la Corte Suprema de manera amplia en favor de facultades del gobierno nacional, pero restrictiva para las provincias. El desarrollo armónico de todo el país no se logró, el progreso no fue igual y el federalismo no salió beneficiado.
 
El desarrollo como fin del Estado, fue el objetivo de un estudio de Julio Oyhanarte, juez de este período, donde propuso un enfoque económico, político y jurídico del tema.
 
La prosperidad, sostenía, debía lograrse a través del desarrollo, que era igual a transformación, que se lograría mediante un Poder eficaz, que parecía ver en el gobierno militar instalado en 1966. En el estudio del problema, menciona los fallos de la Corte que en este período invocaron la policía de prosperidad y la norma constitucional para justificar una política de progreso(14). Hemos seleccionado algunos de estos fallos como ejemplo del pensamiento de los jueces de esta etapa en la materia.
 
Interesante solución se dio en materia de aplicación impositiva por las provincias. Se trataba de la liquidación del impuesto inmobiliario sobre un inmueble en condominio. En la etapa del gobierno militar, la Corte declaró la inconstitucionalidad de un impuesto de esta índole de la provincia de Buenos Aires, que tomaba en cuenta el valor de todo el bien y no el valor de la coparticipación de cada condómino. “El hecho de gravar al condómino con un por ciento correspondiente al valor total del inmueble, y no solamente al de su parte indivisa, importaba una alteración del régimen jurídico del condominio establecido por el Cód. Civ., ley del Congreso que las provincias están obligadas a respetar”; de esta manera dos contribuyentes, pagaban impuestos distintos por el solo hecho del condominio, diferencia injusta e irrazonable. El juez Orgaz resolvió en disidencia por entender que las provincias tenían facultad para restablecer libremente impuestos y determinar los medios de distribuirlos (“Argentino Victoriano Alegre y otros”, 3 de mayo de 1956, en F. 234- 588).
 
La nueva Corte iniciada con la presidencia de Frondizi, cambiaría esta interpretación.
 
Los condóminos Larralde, de campos ubicados en Puán, Patagones, Castelli y Dolores de Buenos Aires, dedujeron demanda ante la Suprema Corte de esa provincia, para reclamar por el impuesto inmobiliario del año 1947, liquidado como si perteneciera a un solo propietario y sin tener en cuenta la parte proporcional que correspondía a cada condómino.
 
La Suprema Corte provincial todavía en tiempos del peronismo (fallo del 10 de mayo de 1955), rechazó el reclamo pues se interpretó que no se vulneraban principios constitucionales provinciales, que se trataba de un impuesto real, determinado por el método objetivo y que se desentendía de la situación subjetiva del contribuyente, atendiendo sólo al valor del bien afectado con prescindencia de su extensión y de quienes ostentaban su titularidad.
 
La Corte Suprema resolvió el caso el 2 de marzo de 1959. Los jueces recordaron la antigua doctrina del tribunal, pero se consideró necesario un nuevo examen. En primer lugar, se reconoció que en materia impositiva, dentro de sus facultades, las provincias gozaban de libertad para gravar las cosas que formaran parte de su riqueza. En segundo lugar, la afirmación de que el Cód. Civ. limitaba la facultad para establecer impuestos a las provincias, era excesiva; ese cuerpo legal regulaba relaciones privadas y en materia de derecho público era supletorio y sólo excepcionalmente regiría en dicho campo, pues la delegación de las provincias para que el Congreso nacional dictase los códigos civil y comercial, sólo estuvo orientada a un régimen uniforme en materia de derecho privado y resultaba excesivo interpretar que también se extendiera al derecho público en beneficio de la Nación. En tercer término, los jueces interpretaron que el poder impositivo no tiende sólo a proveer de recursos al tesoro público, sino también constituye “un valioso instrumento de regulación económica” para “impulsar un desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas”, y pertenece a las provincias mientras no interfiera con fines propios del gobierno federal; es una potestad autónoma y dinámica que no puede quedar supeditada a las figuras que definió hace un siglo el Cód. Civ. teniendo en cuenta un orden distinto de relaciones jurídicas. En cuarto lugar, el sistema no alteraba el régimen del condominio del Cód. Civ., sino que los respetaba pues aplicaba el impuesto teniendo en cuenta el valor total del bien y no su parte indivisa, ya que el condómino goza de una porción ideal de su derecho, pero carece de la misma cuando se trata de la cosa que debe ser dispuesta por la voluntad de todos los condóminos. Por último, no existía un ataque a la igualdad, ya que tratándose de impuestos reales sólo afectaban la riqueza con independencia de la capacidad contributiva del contribuyente (citan a Benvenuto Griziotti, ya recordado en el fallo de la Corte provincial). De esta manera confirmaban la sentencia (“Larralde, Loreno y otros”, Orgaz, Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Oyhanarte, en F. 243-98).
 
Para Oyhanarte, este fallo daba una nueva orientación al impuesto: dejaba de ser sólo un medio para reunir fondos para atender gastos públicos, para transformarse en un poderoso medio de redistribución de ingresos, de persuación o disuación de planeamiento y de regulación de políticas económicas. En su apasionada defensa del bienestar a través de una política de Estado, no parecía conocer que ya la Corte, en fallo del 20 de junio de 1928, había sostenido que el impuesto debía ser considerado como “el instrumento político-económico principal que regula y fomenta la riqueza del país apreciando las facultades de los contribuyentes para soportar las cargas sociales” (“Diaz Vélez c/provincia de Buenos Aires”, en F. 151-359).
 
Pero en este mismo período, también se diría que la prosperidad podía buscársela tanto por medio del impuesto como por las exenciones impositivas (F. 247-646).
 
Otros casos sirvieron para alentar las facultades provinciales en mérito a la cláusula de la prosperidad. La firma C.O.P.I.C.A. SRL. reclamó contra una resolución de la Dirección de Rentas de la provincia de Entre Ríos que gravó una compraventa local de cereales; la firma sostuvo que la ley nacional 12143, según t.o. de 1950, eximía de impuestos a estas operaciones. El fallo de la Corte recordó que el poder impositivo provincial queda limitado cuando afecte fines propios del gobierno federal; por encima de los intereses provinciales están los del gobierno central (doctrina que dejaba de lado el sistema federal). También se dijo que en virtud de la cláusula del art. 67, inc. 16 de la Constitución, el Congreso podía eximir de impuestos nacionales, provinciales y municipales a empresas a las que decidiese beneficiar con privilegios temporales. Pero las exenciones debían estar en la ley, pues en caso contrario el poder fiscal provincial tenía plena vigencia, y es lo que ocurría en el caso, ya que si bien la Ley Nº 12143 fijaba exenciones para la compra y venta de cereales y derivados, lo era en el orden nacional, y, por ello, no excluía el poder impositivo provincial en operaciones locales (22 de diciembre de 1960, en F. 248-736).
 
También tuvo eco la defensa de la provincia de Tucumán ante la repetición de un pago abonado por impuesto a las actividades lucrativas por la Compañía San Pablo de Fabricación de Azúcar S.A. La firma tachó de inconstitucional leyes provinciales impositivas, por entender que eran contrarias al régimen nacional de la industria azucarera y de unificación de impuestos internos. Los argumentos de la Corte siempre se iniciaban dejando a salvo los poderes del gobierno federal: indicó que en el conflicto entre las facultades impositivas nacionales y las provinciales, había que decidir por la “vía de la ponderación de la realidad de un efectivo menoscabo en el ejercicio de las atribuciones nacionales”. En una palabra, cuando se afectaban los fines de la legislación nacional, las normas provinciales no podían tener vigencia, más aún cuando el poder impositivo resultaba “un medio poderoso de planificación” de la política del Estado. Pero como en el caso no se había acreditado que el impuesto provincial afectara la política nacional azucarera, el gravamen caía dentro de las facultades provinciales por lo cual se rechazaba la repetición pedida.
 
El juez Oyhanarte fue de igual conclusión, pero avanzó más en el sentido de afirmar la política federal en torno a la reglamentación de la cláusula de la prosperidad. Cuando existe colisión entre actos nacionales y provinciales, estos últimos deben caer. La cláusula de la prosperidad permitiría al gobierno central elaborar políticas que las normas locales no debían entorpecer o frustrar. Pero el enfrentamiento de normas debía ser probado, lo que no había ocurrido en el caso, ya que no quedó acreditado que el tributo local hubiese alterado las condiciones económicas de la industria azucarera (“Cía. Argentina San Pablo de Fabricación de Azúcar c/provincia de Tucumán”, 6 de noviembre de 1961, en F. 251- 195).
 
Se reafirmaba la superioridad del gobierno central por encima de las provincias, que ya se apreciaba en casos como el de “Griet Hnos.” resuelto en 1922 (en F. 137-212) (que recuerda Oyhanarte en su voto), pero que en esta etapa adquiere la condición de un verdadero y total sometimiento convalidado por la Corte.
 
La cláusula de la prosperidad venía invocándose para dejar a salvo los poderes federales por sobre los provinciales. No debe extrañar que sirviera para limitar facultades de policía económica locales.
 
La Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimiento, organismo dependiente del Poder Ejecutivo nacional creado por Decreto Nº 10102 de 1949 para vigilar, controlar y reprimir en todo el país el cumplimiento de las leyes contra el agio y precios máximos y mínimos, aplicó multa y arresto a Gabino Alberto Lares, abastecedor de carne vacuna con negocio en Haedo, provincia de Buenos Aires, por comercializar reses vacunas con precios superiores a los oficiales vigentes y negar el suministro a clientes habituales.
 
Apeló la sanción por considerar que las normas que la fundaban eran inconstitucionales por admitir la competencia de funcionarios nacionales en territorio provincial. Llevada la causa al juez federal de La Plata, hizo lugar al pedido y declaró nula la condena.
 
En la Corte se consideró si el poder de policía ejercido por el gobierno nacional podía delegarse por las provincias o era privativo de estas. Para ello se analizaron las leyes de precios máximos y sus controles dictadas desde el comienzo de la 2ª Guerra Mundial y si fueron comunes, locales o federales, el gran dilema dentro de la compleja gama de alternativas ofrecidas por la legislación. Siguiendo la doctrina imperante, se sostuvo confusamente, que estas leyes constituían “una legislación especial, temporaria y de emergencia”, originadas para impedir la especulación y los precios abusivos de productos importantes para la comunidad. Se trataría “de una legislación de policía federal” extendida a todo el país. Es cierto que el poder de policía corresponde a las provincias, pero por el art. 67, inc. 16 de la Constitución, el Congreso podía “proveer lo conducente a la prosperidad … de todas las provincias”; en estos casos la Nación constituía una unidad federal política-económica donde desaparecían las fronteras provinciales. En mérito a estas leyes, podían quedar delegados al Ejecutivo Nacional funciones destinadas a esta prosperidad, transferencia considerada válida. Esta transferencia de funciones facultaba al Ejecutivo a crear la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimientos en mérito al poder de reglamentación que otorgaba el art. 86, inc. 2 y extender sus funciones al ámbito provincial. Por ello no hubo extralimitación de funciones ni se violaron las facultades de los gobernadores de provincia. Con estos fundamentos se revocaba el fallo y devolvían la causa para que el “Juez reasuma su jurisdicción” (Orgaz, Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Boffi Boggero, Oyhanarte, 10 de abril de 1959, en F. 243-276).
 
La ley forestal o de defensa, mejoramiento y ampliación de bosques 13273 de 1948, fue consideraba también de policía federal y de alcance nacional, dictada como consecuencia del art. 67, inc. 16 de la Constitución. Así fue declarado al resolver un tema de competencia entre el juez federal de La Rioja y la justicia local de esa provincia. Ambos se declararon incompetentes para resolver la apelación de Juan Carreño Vallejo, sancionado en virtud de aquella ley por resolución del Distrito Forestal de La Rioja, dependiente de la Administración Nacional de Bosques del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. El juez federal interpretó que el juez competente era el juez local, mientras que la justicia local consideró que una sanción impuesta por un ente nacional debía ser considerada por la justicia federal.
 
Así lo entendió la Corte por las características y el origen de la ley, dictada en virtud de la cláusula de la prosperidad, declarando competente al juez federal para decidir en la etapa recursiva sobre sanciones impuestas por un organismo forestal nacional (22 de abril de 1960, en F. 246-212).
 
De igual característica fue considerada la regulación y el fomento de la aviación como medio de transporte. En mérito a ello el Congreso pudo dictar el Código Aeronáutico (Ley Nº 14307) y otorgar privilegios y protección especial con respecto a otras ramas del transporte, beneficios que no se consideraron ni arbitrarios ni discriminatorios en la demanda opuesta por Hugo Heraldo Daniel Nealon y otros contra Aerolíneas Argentinas, empresa del Estado (9 de agosto de 1961, en F. 250-410).
 
La cláusula de la prosperidad autorizaba al Congreso a favorecer “la colonización de tierras de propiedad nacional”. Si tal colonización se otorgó al Banco de la Nación Argentina y la Ley Nº 14392 de su funcionamiento lo eximía de impuestos nacionales, provinciales y municipales, no podía ser gravado en las provincias por alguno de ellos. El caso se debatió en un juicio en que el apoderado del Banco Nación reclamó a la provincia de Córdoba la devolución del impuesto territorial de 1948 y años siguientes que le fue cobrado sobre tierras colonizables. La cuestión fue resuelta favorablemente por el juez federal de Córdoba antes del movimiento militar de septiembre de 1955; la Cámara Federal confirmó y la Corte reiteró su doctrina sobre las limitaciones impositivas provinciales cuando las leyes nacionales disponían la exención para determinados organismos; para ello se invocó el principio del art. 31 de la Constitución y antiguos fallos y antigua doctrina norteamericana. Se insistió en la naturaleza del Banco de la Nación como institución pública para fines de administración nacional y la ley lo eximía de contribuciones para realizar, entre otras, políticas agrarias del Estado. Estas exenciones incluían no sólo a las oficinas o agencias de sucursales –esto lo reconoció la provincia-, sino también los inmuebles adquiridos para operaciones propias, como las que llevaban a cabo la colonización dentro de la provincia de Córdoba. Por lo tanto se confirmaban las sentencias que mandaban devolver lo pagado.
 
El juez Boffi Boggero, en igual sentido, dictó un voto separado. Es interesante su interpretación del alcance del art. 67, inc. 16: debe serlo con “extrema prudencia”, decía, sin generalizaciones excesivas y riesgosas, procurando que no se invadan esferas provinciales con lesión de sus autonomías. Es claro que “para ciertos fines” era necesario avanzar sobre las provincias; pero el juez temía que la invocación de la cláusula de la prosperidad, terminara siendo una intromisión del gobierno nacional en las provincias.
 
Oyhanarte también concordó con la mayoría en un voto separado. Planteó el conflicto que se creaba cuando existían facultades impositivas nacionales y provinciales. Pero el juez, partidario del desarrollo a través de la política centralista, no tenía dudas que la solución debía buscarse por el “principio de supremacía nacional”. Para Oyhanarte el cumplimiento de planes agrarios o de colonización está entre los medios que el Congreso puede utilizar para promover la prosperidad y una vez decidido el camino, las provincias no pueden frustrar estas medidas. Se trataría de un federalismo centralizado: cuando la Nación habla, las provincias callan. No parece que fuera el espíritu de la Constitución, aunque ha sido el de la realidad (“Banco de la Nación Argentina c/provincia de Córdoba”, 17 de marzo de 1961, en F. 249-292).
 
La misma doctrina se reiteró (sin el voto independiente de Oyhanarte y sin voto de Boffi Boggero que no intervino), en el reclamo del Banco de la Nación por cobro de impuestos de 1948 y 1949 sobre inmuebles pertenecientes al Banco del Ingenio Santa Ana de Tucumán, dedicados al cultivo de caña de azúcar. Sin profundizar y remitiéndose al caso anterior y a una cita del infaltable y ya antiguo libro de Corwin, los jueces reiteraron la facultad de la Nación para eximir de impuestos al Banco (“Banco de la Nación Argentina c/gobierno de la provincia de Tucumán”, 8 de septiembre de 1961, en F. 250- 666).
 
Estos privilegios impositivos e incluso procesales, se extenderían al Banco Hipotecario Nacional y al Banco Industrial. También ellos fueron creados por el Congreso nacional, ya sea como consecuencia de la facultad de reglar el régimen bancario (art. 67, inc. 5) o de proveer a la prosperidad (67, inc. 16).
 
En el caso del Banco Hipotecario, se le reconoció facultad para disponer el levantamiento de gravámenes sobre un inmueble hipotecado y llevar adelante la ejecución, a pesar de la oposición de la justicia de Santa Fe, donde estaba ubicado el bien. La Corte consideró que el Banco podía vender por sí y ante sí los bienes hipotecados con sujeción a la ley de creación y sin las dilaciones propias del procedimiento judicial, facultad que se extendía a todo el país. La doctrina no era nueva y ya contaba con antecedentes jurisprudenciales (24 de marzo de 1961, en F. 249-393).
 
El Banco Industrial estaba autorizado para ejecutar su crédito hipotecario y desalojar el bien según el procedimiento rápido. El ejecutado sostuvo la violación de la defensa en juicio, pero la Corte le reconoció al Banco dicho procedimiento, regulado en sus estatutos y teniendo en cuenta que el legislador al crear este Banco tuvo en cuenta la cláusula de la prosperidad (“Alfredo Perello c/Banco Industrial”, 18 de agosto de 1961, firmado por Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Oyhanarte, Aberastury, Colombres, Imaz, en F. 250-464).
 
Iguales prerrogativas se le reconocieron al Banco Central de la República Argentina en su intervención en la liquidación del Banco Comercial de Rosario: el régimen establecido por decreto-Ley Nº 13127/57 para aquel Banco, no era impugnable pues tenía fundamento en las facultades legislativas del Congreso para regular la actividad bancaria y la prosperidad y estaban de acuerdo con fines de bien público (19 de agosto de 1963, en F. 258-366, donde se siguió la doctrina del fallo del 29 de julio de 1963, F. 256-241, que rechazó un recurso extraordinario contra medidas precautorias dispuestas a favor del Banco Central).
 
También las empresas privadas de servicios telefónicos se vieron beneficiadas por la aplicación de leyes dictadas en el marco de la cláusula de la prosperidad.
 
Varias provincias autorizaron servicios telefónicos dentro de su territorio a empresas que luego extendieron sus conexiones a otras provincias; de esta manera quedaban convertidas en empresas nacionales concesionarias de servicios públicos; en estos casos servicios y tasas los fijaba el Poder Ejecutivo nacional y las leyes que delegaban tales facultades tenían su origen en aquella cláusula constitucional.
 
Sin embargo las provincias resistieron la intervención nacional alegando que las normas constitucionales no justificaban la pérdida de la autonomía provincial en los servicios. En el caso de la provincia de Mendoza, incluso se intentó distinguir entre servicios prestados en el ámbito provincial, que debían estar sometidos a jurisdicción local en materia tarifaria no obstante la interconexión con redes externas, y el servicio interprovincial o internacional, para el que aceptaban la jurisdicción nacional. La Corte rechazó esta interpretación: las comunicaciones telefónicas interprovinciales, se dijo, están sujetas a jurisdicción nacional pues constituyen comercio y se extiende a los servicios locales de su tráfico, que “es inescindible del cometido nacional de la empresa”. Si bien las atribuciones nacionales no excluyen la subsistencia de poderes locales, ello lo será “en la medida que no interfieran u obstruyan los fines que sustentan la jurisdicción nacional”. Por importante que sean las facultades conservadas por las provincias, “no alcanzan a sustentar la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino común de los demás estados autónomos y de la Nación toda, ni permiten el aislamiento y la segregación de ellas, en la empresa de su realización conjunta”. Palabras que sólo dejaban en claro la preeminencia nacional en estos servicios. Las provincias no tendrían ni el control ni la fijación de tarifas (“S.A. Compañía Argentina de Teléfonos c/provincia de Mendoza”, 28 de noviembre de 1963, en F. 257-159 y la demanda de la Nación contra la provincia por daños y perjuicios, resuelto el mismo día siguiendo esta doctrina, en F. 257-173).
 
Con iguales argumentos e invocando aquel fallo, se hizo lugar a la demanda de la Compañía Argentina de Teléfonos contra la provincia de Santiago del Estero, resuelto por la Corte el 20 de julio de 1964 (F. 259-157).
 
La legislación dictada en virtud de la cláusula de la prosperidad, tuvo en este período un amplio desarrollo. Oyhanarte la alababa. Boffi Boggero, más agudo, pedía prudencia en su aplicación para no atentar contra los intereses provinciales. En definitiva sirvió para que el gobierno federal sacara provecho económico y político en su penetración provincial. La doctrina de la Corte favoreció este avance y no era nueva, pues desde finales del siglo XIX
 
sus fallos comenzaron a amenazar los intentos locales tendientes a lograr regímenes impositivos o bases propias para defender sus economías. Podía hacerlo el gobierno nacional pero le estaba vedado al provincial. De esta manera, la prosperidad quedó limitada y el equilibrio económico del interior resentido, sin que el gobierno nacional lograra encarar una política coherente y constante en favor del progreso equilibrado.
 
Un caso que permitirá analizar con alguna precisión la concepción ideológica, política y jurídica de los jueces de esta etapa, es el que provocó el análisis de la constitucionalidad de normas de la Ley Nº 14451 que prorrogó los contratos de arrendamientos rurales. La ley reconoció a los titulares de los predios alcanzados por la prórroga, un reajuste del monto del arriendo, pero se lo negaba a los propietarios que fuesen sociedades anónimas o colonias de rentas. En estos casos el alquiler quedaba congelado.
 
Un propietario que se encontraba entre los excluidos, sin embargo reclamó el reajuste, que le fue negado y llegó a la Corte.
 
El Procurador General no dudó: la excepción no era razonable y atacaba las garantías constitucionales de la igualdad y propiedad, pues, mientras durara la prórroga al propietario se le prohibía disponer del bien y se le impedía obtener un aumento del arriendo.
 
En el seno de la Corte hubo cuatro votos distintos: Aráoz de Lamadrid, Colombres, Imaz y Mercader se inclinaron por la constitucionalidad de las restricciones. Boffi Boggero, Aberastury y Zavala Rodríguez, con argumentos distintos, por la inconstitucionalidad.
 
Para la mayoría las excepciones propiciaban una política adecuada a los objetivos perseguidos por el legislador al intentar reducir los peones y aumentar los propietarios rurales, favoreciendo el desarrollo agropecuario, política del Estado “con arreglo a los términos del Preámbulo y de los arts. 14 y 67, incs. 16 y 28”. Esto ocurriría pues las organizaciones de propietarios, excluidos del reajuste, se inclinarían por vender sus tierras a los arrendatarios. De esta manera se evitaría la expoliación sin afectar en su esencia el derecho de propiedad. La congelación de las rentas, en estos casos, no implicaba una restricción a los derechos individuales, pues se orientaba a una “regulación legal requerida por notorias exigencias de progreso nacional y justicia social”, sin llegar a imponer cargas exorbitantes. Recordaban que eran sistemas acogidos por países desarrollados como Alemania, Italia, Noruega, Suecia y Japón. Agregaban que la Constitución debía ser interpretada dinámicamente. Olvidaban que interpretaban una ley.
 
Para Boffi Boggero las referencias económicas extranjeras no gravitaban en la solución de una cuestión que debía contemplar la situación local. La reforma agraria debería considerar las diferencias regionales y había que desechar la validez de la ley como resultado de la omnipotencia legislativa basada en una presunta voluntad de la mayoría del pueblo, insostenible en un sistema de división de poderes. Las excepciones de la ley perseguían a las personas colectivas y transgredían el derecho de propiedad.
 
El juez Aberastury llegaba a igual conclusión, pero argumentaba que si bien el Congreso podía legislar sobre arrendamientos rurales, el régimen debía considerar la situación actual del país y no imponer restricciones contrarias al derecho de propiedad. La idea de que por este medio se llegaría a la división de las propiedades y su venta a los actuales ocupantes, debía ser el resultado de un plan de reforma agraria. La distinción de categorías de propietarios, no respondía a condiciones o diferencias objetivas y era contraria al art. 16 de la Constitución.
 
En este mismo camino el juez Zavala Rodríguez criticó la ley y las conclusiones mayoritarias, señalando que la regulación de la locación por la vía de la emergencia económica que presentaba la explotación del campo, pretendía resolver el tema de la reforma agraria. Cierto era que ningún derecho es absoluto y tampoco el de propiedad, pero ello no autorizaba a excluir del reajuste a titulares que fuesen una sociedad anónima o cuando los predios constituyesen cuatro o más unidades económicas. Si esta fuese la base para una reforma agraria y social, aquí sólo se percibía persecución a un grupo de propietarios en violación al derecho de propiedad e igualdad (“Fernández Orquín, José María c/Ripoll, Francisco s/fijación precio arrendamiento”, 31 de mayo de 1966, en F. 264-416; L.L. 124-685; J.A. 1966-IV-251).
 
Los antecedentes históricos del problema debatido, debieron advertir a los jueces que hicieron mayoría, que el procedimiento buscado por la ley resultaría ineficaz para producir una transformación agraria. Pero además estaban justificando que mientras el Estado invocaba la cláusula de la prosperidad para explicar la legitimidad de sus fines, las garantías constitucionales quedaban de lado. La legislación de la prosperidad no llevaba por si misma a transformar un país y una política basada en estas premisas no debería atentar contra las garantías individuales.
 
La famosa cláusula de la prosperidad sirvió a la Corte para justificar el incremento del poder sobre las libertades y limitar el sistema federal, sin que los jueces lograran provocar una interpretación renovadora y equilibrada.
 
 
Desde años atrás la Corte invocaba la interpretación dinámica de la Constitución.
 
Algunos autores sostuvieron que desde el caso “Avico c/de la Pesa” de 1934, se había abandonado la interpretación estática que remitía al espíritu del legislador de 1853, para adecuar el texto constitucional al proceso de cambio. Si bien la interpretación dinámica marca un impulso de apertura y modernización, la Corte invocó o utilizó distintos sistemas.
 
Pero en este período se hizo un alarde del método dinámico, como ocurrió en el caso “Fernández Orquín”, aunque este dinamismo no siempre se vio reflejado en toda su dimensión ni fue eficiente para la aplicación precisa de la Constitución.
 
Tal lo que sucedió con la interpretación de la facultad reglamentaria de las leyes por parte del Ejecutivo, que se la siguió aceptando con alcances a veces de dudosa constitucionalidad, con lo cual la interpretación dinámica terminaba descalificada y en cambio se exaltaba el poder presidencial.
 
La ley de ciudadanía y nacionalidad 346 de 1869, se aplicaba según una reglamentación de 1931, que exigía para la naturalización de extranjeros, entre otras cosas, conducta irreprochable. La Corte estudió el pedido de una mujer a quien se le había negado la naturalización por un prontuario de 1920 por “mala vida”. Los jueces interpretaron adecuadamente que esa conducta irreprochable debía ser actual y no se desmerecía por un episodio lejano (F. 235-622). Un voto en discordia del juez Orgaz, del 16 de junio de 1958, también accedió a conceder la ciudadanía al extranjero que en 1945 había sido condenado a dos meses de prisión en suspenso por hurto simple, y, desde entonces, no tuvo nuevos delitos ni registraba antecedentes, en contra de la mayoría que se ajustó a la ley (F. 241- 31).
 
Pero posteriormente, ante un rechazo de pedido de ciudadanía por registrar condena a dos años de prisión condicional por el delito del art. 176, inc. 2 del Código Penal (quebrado que no justificó la pérdida de bienes que deberían estar en su poder), se planteó la inconstitucionalidad de la reglamentación de 1931, por imponer inhabilidades no previstas en la ley. El decreto cuestionado, además de “conducta irreprochable”, exigía no haber sufrido “condena infamante”, exigencias que no estaban en la ley.
 
La Corte sostuvo que en el ejercicio de su facultad reglamentaria, el Ejecutivo podía apartarse de los términos literales de la ley, siempre que: 1) las disposiciones no fueran incompatibles con la ley, 2) tendieran al mejor cumplimiento de sus fines, 3) constituyeran medios razonables para evitar su violación, 4) estuviesen ajustadas a su espíritu.
 
De acuerdo con ello, los requisitos del decreto reglamentario estaban de acuerdo con la naturaleza del pedido de ciudadanía y eran compatibles con los propósitos y fines perseguidos por el legislador, concordando con el sentido del art. 20 de la Constitución, cita poco feliz pues dicho artículo nada indica sobre el particular (“Lipa Zak s/carta de ciudadanía”, Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Oyhanarte, Colombres, Imaz, fallo del 25 de septiembre de 1961, en F. 250-758).
 
Con tan poco precisas condiciones, sería difícil controlar que el Ejecutivo no saliese del espacio de su poder reglamentario.
 
Otra cuestión vinculada al tema dio motivo a distintas interpretaciones. El comerciante Moisés Berenstein había obtenido ciudadanía en 1930; posteriormente, luego que se le imputaran cargos en la justicia, de los que fue absuelto, el ministerio público inició una acción para que se le cancelara la ciudadanía, reclamo que tuvo éxito y que quedó firme en 1945. El interesado inició juicio para que la medida se reconsiderase, y, por sentencia del 23 de noviembre de 1961 se lo declaró nuevamente ciudadano argentino. Apelada, la Cámara Federal y Contencioso administrativo la revocó, fundada en el art. 9 de la Ley Nº 346 que sólo autorizaba al Congreso para rehabilitar a los que hubiesen perdido el ejercicio de la ciudadanía.
 
Berenstein llegó a la Corte impugnando de inconstitucional la exigencia del citado art.9.
 
La cuestión giraba entonces en la interpretación de este artículo: ¿la rehabilitación podía ser judicial o quedaba sólo en manos del Congreso nacional?
 
El Procurador Lascano entró en el debatido problema de la distinción entre los conceptos de nacionalidad y ciudadanía e interpretó que el art. 9 se refería sólo a la pérdida de los derechos políticos, que no eran más que una parte de la ciudadanía, y que la expresión ciudadanía en la ley sólo se refería a este aspecto. En consecuencia y en mérito a la división de poderes, era dudoso que el Congreso tuviera la decisión de estas cuestiones, por lo cual propiciaba que se confirmase la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la ciudadanía.
 
Los jueces mayoritarios (Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Aberastury), más que profundizar la cuestión resolvieron prácticamente a favor de la rehabilitación, teniendo en cuenta que ya se había reconocido la intervención judicial en medidas de esta índole.
 
Boffi Boggero también aceptó que el fallo de la Alzada debía ser revocado. Pero se basó en la separación de poderes y en su doctrina en favor de la intervención judicial en cuestiones políticas, reiterando votos anteriores. Las disposiciones de los arts. 20 y 21 de la Constitución, con normas sobre la obtención de ciudadanía, y el art. 67, inc. 11 que autoriza al Congreso a dictar leyes sobre naturalización y ciudadanía, no podían contrariar la competencia judicial fijada en el art. 100. Por lo tanto la facultad del art. 9 de la Ley Nº 36 resultaba inconstitucional.
 
Para los jueces Colombres e Imaz, el principio de la división de poderes no justificaba la revisión del pronunciamiento apelado y, en disidencia, se inclinaron por confirmar la sentencia de la Alzada que negaba la rehabilitación (8 de noviembre de 1963, en F. 257- 105).
 
Estos debates permiten apreciar que los métodos de interpretación, no siempre constituyen una guía adecuada para el juzgador. La realidad, la mentalidad del juzgador y su postura ideológica resultan más fuertes. Por otro lado, la interpretación dinámica no siempre es la más justa.
 
 
La Constitución autoriza la expropiación de la propiedad por causa de utilidad pública, previa calificación por ley e indemnización (art. 17).
 
La calificación de la utilidad pública la hace el Congreso mediante una ley. Se discutió si esta calificación podía ser revisada judicialmente. La doctrina de la Corte, en un comienzo sostuvo que era una cuestión privativa del legislador. Posteriormente, en el caso “Municipalidad de Buenos Aires c/Elortondo” de 1888, por mayoría aceptó la revisión, doctrina que no se impuso.
 
En esta etapa, en una cuestión por demás curiosa, la Corte sentó la posibilidad de la revisión judicial en caso de exceso o arbitrariedad en la declaración de la utilidad pública.
 
Ocurrió en el reclamo que la Nación le siguió a Jorge J. Ferrario por expropiación de un automóvil de carrera. Ferrario había formado parte de un grupo de corredores que intervino en la Cuarta Carrera Panamericana de México de 1953; de regreso introdujo su automóvil Ford Custon, modelo 1950, por el paso de Las Cuevas, en Mendoza, sin el permiso de cambio, lo que le impidió nacionalizarlo. En igual situación se encontraron otros corredores, pero que obtuvieron el permiso correspondiente. A Ferrario y otros corredores, se les inició juicio por expropiación el 12 de mayo de 1955 y el 26 el gobierno tomó posesión de su vehículo. Sin embargo, la utilidad pública de la expropiación se desvirtuó cuando dicho automotor fue adjudicado a un tercero particular por pedido del presidente de la Nación, efectuado a través de su ayudante al Ministerio de Comercio según nota del 11 de abril de 1955.
 
Ferrario alegó la arbitrariedad de la expropiación, que le quitó el vehículo sólo para entregarlo a otro. En primera instancia se hizo lugar a la expropiación, pero en la Alzada se interpretó que el bien no se había destinado en beneficio público y se revocó la sentencia.
 
En la Corte también se concluyó que el bien no había sido expropiado por causa de utilidad pública; por ello los jueces podían examinar la existencia de la causal y la de arbitrariedad extrema que afectara aquel principio. Se hizo una prolija enumeración de las características que debía reunir la expropiación y el alcance del control judicial de la utilidad pública: 1) la expropiación debía responder a una causa de utilidad pública, 2) debía perfeccionarse con la intervención de los jueces, quienes podían analizar y comprobar si existía tal utilidad o rechazarla cuando advirtieran que se vulneraban garantías constitucionales, 3) debía tener por fin la utilidad pública o el mejoramiento social, y no la gracia que los poderes quisieran practicar en provecho de sus adictos. En consecuencia confirmaban la revocación de la expropiación y mandaban que se volviese a la situación existente al tiempo de promoverse la demanda, sin perjuicio de las responsabilidades de Ferrario en materia impositiva y aduanera (10 de noviembre de 1961, fallo que firman Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Boffi Boggero, Oyhanarte, en F. 251-246).
 
El tema de la indemnización y su determinación en la expropiación, también produjo controversias, más aún en una época en que la inflación comenzaba a alterar las relaciones económicas. Se aceptó que esta indemnización debía ser justa, retribuyendo al titular igual valor económico al que se le privaba, con más los perjuicios directos e inmediatos de la expropiación. Pero la Ley Nº 13264 que reglamentaba la expropiación, establecía un sistema peligroso: la simple consignación judicial provisional a cuenta de la indemnización total, permitía al expropiante la posesión del bien y la transferencia de la propiedad. Por su parte la jurisprudencia de la Corte tenía determinado que el valor de la indemnización debía fijarse a la fecha de esa desposesión. Como entre este momento y la sentencia definitiva solía transcurrir un tiempo importante, se producía una desvalorización del monto que los jueces de este período se negaron a ajustar.
 
El problema se planteó en el juicio por expropiación de dos fracciones de tierra ubicadas en Bernal, provincia de Buenos Aires, instaurado por Obras Sanitarias de la Nación contra Ernesto M. Torquinst y Bernal y otros. Se discutió ante la Corte el monto de la indemnización que se había fijado en las instancias inferiores; cuestión esencial fue si procedía la depreciación de la moneda sobreviniente a la tasación. Por entonces la inflación ya se hacía sentir pero no en la magnitud que más adelante tendría (1958). Casi dos décadas tardaría la Corte en aceptar ajustes en las indemnizaciones (en los casos “Camuso c/Perkins” y “Valdez c/Nación Argentina”, del 21 de mayo y del 23 de septiembre de 1976, en F. 294-434 y 295-937). Costaba salir del orden monetario establecido en el Cód. Civ. y aceptar la realidad de la inflación.
 
Los jueces rechazaron el ajuste por depreciación de la moneda pedido por los demandados. Aplicaron la Ley Nº 13264 y sostuvieron que la “justa compensación” no podía ser sustituida por el criterio subjetivo del juzgador. La ley sólo aceptaba el valor objetivo del bien y los perjuicios directos e inmediatos de la expropiación. El valor debía fijarse según los precios corrientes en el mercado al momento de la desposesión, sin tener en cuenta las alteraciones sobrevinientes al día de la sentencia definitiva. El optimismo de los jueces llegaba hasta suponer que también podían darse épocas de deflación y el resarcimiento sería inferior, lo que tampoco había que aceptar. El instituto expropiatorio pertenecía al derecho público y no le eran aplicables los preceptos civiles. No se podía comparar la expropiación con la compraventa, y en la materia predominaban principios del derecho público, y el interés colectivo se elevaba sobre el individual.
 
En esta sentencia también se reconoce que el concepto de utilidad pública, supera el interés del Estado y se asimila al progreso o al bienestar general, o a una función social, desde el momento que la expropiación ha dejado de ser un procedimiento destinado sólo a la construcción de obras públicas para transformarse en un medio para satisfacer reclamos sociales (Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Oyhanarte).
 
Boffi Boggero también rechazó el reajuste por depreciación en un voto individual.
 
Destacó que para llegar a esa conclusión, no era necesario decidir si el instituto de la expropiación pertenecía exclusivamente al derecho público. Era la ley la que establecía la forma de la indemnización y aquel reajuste no estaba previsto.
 
La disidencia notable fue del juez Orgaz, que aceptó el reajuste. Cuando la ley exige que la indemnización sea justa, se refiere al valor real del bien. El valor objetivo debe ser reparado sin disminuciones, pues el pago en moneda despreciada es injusto. Las comparaciones de la mayoría entre la expropiación y la compraventa, eran ineficaces, pues el contrato no exige un precio justo ya que el valor es convenido entre las partes. La determinación del momento en que se fija la indemnización, no está impuesta en la Constitución y sólo tiene origen jurisprudencial. La indemnización justa será la que esté más cerca de la sentencia definitiva, por ser el momento más próximo al pago, como ocurre con la reparación de los actos ilícitos, que, para ser integral, se fija al momento de la sentencia. La doctrina del pago del valor al momento de la desposesión, podía aceptarse en épocas de estabilidad, pero no en el presente. Si se pensaba que no había que perjudicar al Estado con reparaciones gravosas, debía tenerse en cuenta que era el propio Estado el que elegía el momento de la expropiación, debiendo considerar sus consecuencias. Orgaz indica una excepción a su postura: cuando la demora en fijar la indemnización fuera imputable al expropiado (7 de julio de 1958, en F. 241-73).
 
Habrá que esperar hasta 1967 para que se acepte la actualización de la indemnización a la fecha de la sentencia.
 
Pero en esta misma etapa, posiblemente ante el avance inflacionario, otros jueces comenzaron a sumarse a distintas formas de actualización. Ocurría que desde la desposesión hasta el pago, transcurría un tiempo muy importante y el proceso inflacionario disminuía la indemnización. Boffi Boggero sostuvo en disidencia, que la indemnización posterior y no previa al acto expropiatorio, contrariaba el art. 17 (“Nación Argentina c/Astilleros Tigre SRL.”, 14 de agosto de 1964, en F. 259-244). El juez Zavala Rodríguez reclamó que el valor objetivo completara todos los aspectos de la indemnización (F. 262- 287 y 383) (opiniones divergentes también del juez Aberastury, en F. 258-182, 262-388).
 
Si bien la ley indicaba cuál era el concepto de este valor objetivo, hubo aspectos que se discutían, como el “valor llave” de un negocio, esto es, su actual operatividad económica y capacidad productiva. ¿Integraba la indemnización en la expropiación¿ En esta época sólo fue aceptado por Boffi Boggero. En el caso de una expropiación que comprendía un restaurante que el titular alquilaba, consideró que debía repararse el “valor llave” como daño emergente (F. 242-261 y 250-823; también en la causa “Provincia de Buenos Aires c/S.A. Empresas Eléctricas de Bahía Blanca”, F. 254-454 y 259-244, ya citado).
 
 
La prelación establecida por el art. 31 de la Constitución entre leyes y tratados, no había sido motivo de ponderación por la Corte y en los casos donde aparecieron planteos, no dieron ocasión para dilucidar y analizar su alcance. La Constitución estaba por encima de leyes y tratados; pero más compleja era la relación entre leyes y tratados. El primitivo concepto de soberanía no aceptaba normas superiores al derecho interno. Pero luego de los dos grandes conflictos mundiales, el derecho internacional de los tratados comenzó a tener una consideración más especial, en particular cuando nació la legislación internacional sobre los derechos humanos partiendo de las declaraciones americana y de las Naciones Unidas de 1948. Pero todavía en la década de 1960 faltaban las grandes reglamentaciones que se irían dictando en las Naciones Unidas, y dentro de la Corte aún privaba la tesitura de la igualdad jerárquica entre leyes y tratados.
 
Un caso permitió considerar el tema. La Argentina y Brasil en un tratado de Comercio y Navegación de 1940, decidieron la libertad de tránsito terrestre y fluvial y la exportación recíproca con cargas preferenciales. En 1958 el Decreto Nº 6575 alteró las bases de los servicios portuarios prestados a mercaderías de importación y limitó el tratamiento preferencial.
 
Esto dio lugar al reclamo de la firma Martín y Cía. Ltda. S.A. contra la Administración General de Puertos por repetición de lo pagado por servicios portuarios fuera de lo estipulado en el Tratado. Se planteaba el conflicto entre lo dispuesto en un tratado y la modificación por una ley interna posterior (que, aunque se trataba de un decreto de un gobierno de facto, la Corte la equiparó a una ley).
 
Los reclamantes alegaron la inconstitucionalidad del Decreto Nº 6575/68 por no haber cumplido con los trámites constitucionales relativos a la aprobación de un tratado, que en nuestro sistema corresponde a los poderes ejecutivo y legislativo: el primero concluye y firma los tratados (86, 14), el segundo los aprueba o los desecha (67, 19). Pero la Corte desestimó el pedido: sostuvo que el art. 31 no establecía la superioridad de los tratados sobre las leyes y ambas constituían “la ley suprema de la Nación”; en consecuencia regía “el principio con arreglo al cual las posteriores derogan a las anteriores”. Por lo tanto el Decreto Nº 6575, considerado como ley, había derogado las condiciones del tratado anterior.
 
Si se planteara algún reclamo de orden internacional, “como principio” sería ajeno a la jurisdicción de la justicia nacional (Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Aberastury, Imaz, Bidau, 6 de noviembre de 1963, en F. 257-99 y en L.L. 113-458).
 
Por primera vez la Corte se expedía sobre el orden jerárquico entre leyes y tratados y resolvió según criterios de la época. Hoy no podría admitirse que por una ley local posterior se modifique un tratado, sistema que propone un orden interno abusivo e irrespetuoso de las obligaciones internacionales, aceptando el poder superior del legislador nacional cuando el tratado tiene su origen en la gestión de los poderes ejecutivo y legislativo, según se señalará casi treinta años después en la causa “Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros” (7 de julio de 1992, en L.L. 1992-C-540).
 
También debió considerarse la Convención Universal de Ginebra sobre derecho de autor de 1952, incorporada al ordenamiento jurídico por decreto-Ley Nº 12088/57. El tema surgió ante la querella por defraudación seguida por la editorial Noguer S.A. por la publicación de traducciones no autorizadas del libro de Boris Pasternak, Doctor Jivago. El autor había cedido sus derechos a “Giangiacomo Feltrinelli Editore”, quien a su vez reconoció a la “Editorial Noguer S.A.” de Barcelona, el derecho exclusivo de la traducción al español; a su vez, ésta cedió a la firma “Iber Amer Argentina” el derecho a la edición exclusiva en la Argentina y la defensa de los “copyrights” conforme con las leyes locales.
 
La demanda fue desestimada en las instancias inferiores por interpretarse que “Iber Amer Argentina” no había acreditado ser titular de los derechos exigidos por la Convención de Ginebra. Pero en la Corte, la norma de la Convención fue aplicada menos formalmente: cuando se colocaba el símbolo ©, acompañado del nombre del titular de los derechos y el año de la primera edición, se cumplía con las exigencias internacionales, sin que fuese necesario exigir la prueba fehaciente de la existencia de una cesión o de la autorización del autor para publicar y traducir su obra dada al editor por él o por sus herederos. Este último recaudo no aparecía en la Convención y los jueces entendieron que la norma internacional pretendió eximir a los editores del cumplimiento de formalidades de procedimiento interno.
 
Lo que existieron fueron apreciaciones especiales sobre la forma en que la Convención se introdujo en el ordenamiento interno: la mayoría sostuvo que la Convención era aplicable por haber sido ratificada por el decreto-Ley Nº 12088 y reglamentada por Decreto Nº 1155/58. Para la minoría (Boffi Boggero y Aberastury), la Convención estaba incorporada directamente por el decreto-Ley Nº 12088. Aunque el tema no se debatió, parece que pasó por la mente de los jueces las perimidas propuestas dualistas y monistas sobre la incorporación del derecho internacional al derecho interno. Pero la solución unánime se inclinó por revocar la decisión de las instancias inferiores (“S.A. Editorial Noguer”, Villegas Basavilbaso, Oyhanarte, Colombres, Imaz, Boffi Boggero y Aberastury, estos dos últimos con fundamentos propios, fallo del 16 de mayo de 1962, en F. 252-262).
 
 
La discutida interpretación que la Corte había hecho de los poderes de guerra del Presidente para justificar la expropiación de bienes de propiedad enemiga luego de la 153 declaración de guerra, en la causa “Merck Química” (fallo del 9 de junio de 1948, en F. 211-162), volvió a ser motivo de análisis en reclamos iniciados en aquella época.
 
El 14 de marzo de 1946 el Ministerio de Instrucción Pública, tomó posesión del inmueble de la calle Monroe 3061 de la Capital, donde funcionaba la “Humboldt Schule” de la Asociación Escuela Popular Germano-Argentina, Belgrano; la ocupación se llevó a cabo con la expresa invocación de los poderes de guerra con que el Congreso había investido al Ejecutivo y en cumplimiento de disposiciones vinculadas con la declaración de guerra a los países del Eje y la ocupación de la propiedad enemiga.
 
Al día siguiente la autoridad escolar nacional instaló en el inmueble la Escuela Nacional de Comercio N º 7.
 
Por entonces, la Asociación Germano-Argentina había iniciado un interdicto de retener la posesión donde se había dispuesto una medida de no innovar, que, de cualquier manera, no se concretó.
 
A todo esto, la Junta de Vigilancia y Disposición Final de la Propiedad Enemiga, creada para determinar los vínculos de estas instituciones con los países enemigos, por resolución 940 del 23 de febrero de 1948, decidió que la Asociación no estaba comprendida en actividades contrarias a la paz y seguridad de las Naciones Unidas y su finalidad era puramente filantrópica.
 
Pese a ello el Ministerio de Educación continuó ocupando el inmueble con la Escuela de Comercio N° 7.
 
El Ejecutivo, por decreto del 26 de diciembre de 1950 incluyó el inmueble dentro de la declaración de utilidad pública a los fines expropiatorios, según lo preveía la ley especial.
 
Tres años después se inició el juicio de expropiación y a fines de 1954 obtuvo la posesión judicial.
 
La Asociación inició un juicio por daños y perjuicios por la privación del uso y goce del bien, que tuvo sentencia favorable en 1ª instancia a partir del 23 de febrero de 1948, fecha de la decisión de la Junta de Vigilancia (fallo del juez en lo civil y comercial federal, José Sartorio, del 29 de julio de 1955). En la Cámara, el fallo fue modificado en cuanto a la fecha de la iniciación del daño, que se llevó al 15 de marzo de 1946, fecha en que la autoridad de educación instaló la Escuela de Comercio 7 en el inmueble; se sostuvo que por más amplitud que se reconozca a los poderes de guerra del Ejecutivo, no podía admitirse la posibilidad de disponer de los bienes enemigos sin razón.
 
En la Corte, el Procurador del Tesoro de la Nación en defensa de los intereses del Estado, sostuvo que estaban exentos de responsabilidad debido a que los actos fueron ejecutados en ejercicio de los poderes de guerra. Pero los jueces rechazaron esta argumentación: la retención del inmueble no estuvo fundada en cuestiones vinculadas con la guerra, sino en la necesidad de mantener los cursos de la Escuela de Comercio. El ejercicio de poderes propios por el Gobierno, no puede, en principio, ser fuente de indemnización para los particulares, pero en el caso se daba un enriquecimiento sin causa del Estado que no podía sostenerse en los poderes de guerra, pues estos debían realizarse dentro del ámbito institucional, por lo cual confirmaban la sentencia de la Cámara (jueces Orgaz, Villegas Basavilbaso).
 
Boffi Boggero aceptó la solución, pero recalcó su postura de que las facultades privativas de uno de los poderes, podían ser controladas por el Judicial, doctrina aplicable a los llamados poderes de guerra.
 
En cambio, los jueces Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte, muy apegados a defender los privilegios del Estado, consideraron que las restricciones que soportó el reclamante se debieron a poderes legales, propios del Estado, y que no derivaban en responsabilidades.
 
Por lo tanto si bien hacían lugar a la indemnización, ella debía iniciarse desde el 23 de febrero de 1948, cuando la Junta de Vigilancia dispuso excluir a la Asociación de las prescripciones dispuestas para entidades enemigas. En esta disidencia citaron expresamente los argumentos del juez Casares en el caso “Merck Química” (fallo del 9 de noviembre de 1959, en F. 245-146).
 
En otro caso, Arnoldo Stoop Marín, demandó la restitución de acciones de la Cía. Telegráfico-Telefónica del Plata, pertenecientes a una sociedad anónima suiza y que le habían sido entregadas al reclamante en custodia y administración. Las acciones le fueron incautadas el 27 de junio de 1945 por disposición de la Junta de Vigilancia en base a la presunción de que constituían propiedad enemiga. Al contestar la demanda, se expresó que la medida no fue arbitraria y se tomó en el marco de los sucesos internacionales y la aplicación de decisiones sobre control de bienes enemigos dispuesta en la Conferencia Interamericana sobre problemas de la Guerra y de la Paz, de México de 1945, a la cual la Argentina se adhirió, declarando la guerra a Japón y a Alemania. Por otra parte, las acciones no fueron expropiadas, sino bloqueadas provisionalmente para determinar su situación final. Con estos antecedentes, el juez Sartorio rechazó la demanda (10 de junio de 1954). La Cámara de Apelaciones revocó esta decisión y mandó reintegrar las acciones; “precaria cosa sería el derecho de propiedad si, so pretexto de una guerra declarada en 1945 y terminada en ese año, pudiera el Estado más de 12 años después retener bienes pertenecientes no a ningún enemigo, sino a una sociedad anónima neutral”.
 
En la Corte, en brevísimo fallo, se aceptó esta solución: no había prueba que justificara el carácter de bienes enemigos de las acciones (Villegas Basavilbaso, Boffi Boggero, Aberastury, Imaz). Los jueces Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte, entendieron que la justicia carecía en ese momento de competencia, teniendo en cuenta que un decreto de 1957 había creado una “Comisión Argentino Alemana” para resolver equitativamente los problemas derivados de la guerra y que esta Comisión debía resolver el caso (4 de agosto de 1961, en F. 250-393).
 
 
 
La labor de un tribunal colegiado requiere armonía y respeto, lo que permite adecuar las diferentes interpretaciones. En la Corte Suprema, donde los jueces son cinco y en este período llegaron a siete, estas exigencias son mayores. Si bien no es posible pretender uniformidad en las conclusiones ni en la misma redacción de las resoluciones, cuando se coincide en el fondo es necesario aceptar que se modifiquen proyectos individuales para llegar a una propuesta final. Sólo en el caso de discrepar con la solución final, se justifica una sentencia o el voto personal.
 
Esto existió en la etapa de la Corte militar. Según el testimonio del juez Orgaz, desde el primer día “constituímos un conjunto armónico, de labor pareja, de afectuosa consideración y de respeto mutuo”. Los lunes, miércoles y viernes, días de reunión, Argañarás y Galli, que vivían en La Plata, llegaban con sus proyectos estudiados que se revisaban en el acuerdo. No faltaron los debates, como debe ocurrir, y algún proyecto quedó muy resumido ante los cambios que se le introducían. Los jueces personalmente estudiaban y preparaban cada sentencia, que luego se analizaba en el acuerdo o reunión conjunta, según antiguo estilo(15).
 
El personal de la Corte era pequeño. Seguía ocupando una parte del piso cuarto del edificio de Tribunales, con tres secretarios letrados, que luego serían cuatro, pocos relatores que colaboraban en la búsqueda de antecedentes y, en casos, preparación de proyectos.
 
Las disidencias en esta etapa militar fueron escasas. Además de las anotadas en el texto, mencionamos las del juez Vera Vallejos: en un ofrecimiento de concordato formulado en la causa “El Pueblo. Dussol y Cía. s/quiebra”, rechazado por extemporáneo, en la Corte la mayoría lo consideró ajeno al recurso extraordinario, a lo que se opuso este juez en su disidencia, fundado en la existencia de un cargo adulterado en la presentación del escrito (20 de febrero de 1956, en F. 234-42). En otra ocasión, junto con Argañarás, hicieron lugar al recurso extraordinario de la Dirección General Impositiva contra una sentencia que declaró confiscatorio un impuesto a la transmisión gratuita de bienes (F. 234- 427).
 
El juez Carlos Herrera opuso algunas disidencias de interés: consideró que los corredores libres, retribuídos con comisión pero sin relación de dependencia, debían incluirse en el régimen de jubilaciones del personal de comercio (F. 235-39 y 139).
 
También discrepó en la liquidación de importación de mercaderías (235-649 y 854 y 236- 41), y en el debate de un complejo caso donde se analizaba la procedencia de diversas indemnizaciones a empleados de las Tiendas San Miguel (236-248).
 
Otras opiniones divergentes de este juez aparecen en la determinación de una indemnización por expropiación (cuestión siempre controvertida) (F. 237-726), en el método para fijar el valor de mercaderías demoradas en depósitos aduaneros y expropiadas (240-72); dio distintos fundamentos para aprobar la jurisdicción local en una incompetencia planteada por la firma Marconetti Ltda. con domicilio en el puerto de Santa Fe, que sostenía la jurisdicción nacional fundada en el art. 67, inc. 26 de la Constitución (240-322).
 
Herrera acompañó a Argañarás y a Orgaz en disidencias sobre la naturaleza de los intereses en la indemnización por expropiación (236-447 y 459), y se unió con Argañarás en la interpretación de la ley de jubilaciones para periodistas (240-204). Con Orgaz sostuvo una disidencia parcial en tema de expropiación (239-500) y con Villegas Basavilbaso en la apreciación de la aplicación del impuesto a los réditos (239-351) y en la procedencia del recurso extraordinario en un caso donde se aplicó una multa transformada luego en arresto, al presidente de una sociedad, que la mayoría dejó sin efecto y que los disidentes mantuvieron (239-492).
 
Alfredo Orgaz, además de notables intervenciones, disintió con la mayoría en la interpretación de leyes laborales (235-323) y en la aplicación de un gravamen a la sucesión sobre bienes de sociedades del causante, extendidas a acciones existentes en otra jurisdicción, que la mayoría rechazó. Defendió el federalismo y el derecho de las provincias al discutirse sus facultades impositivas, tesitura que mantuvo en varios casos (“Liberti, Atilio César s/sucesión s/inscripción”, 10 de agosto de 1956, en F. 235-587; otro en 235-815).
 
En contra de la mayoría, que sostuvo que el delito de libramiento de cheque sin fondo se comete en el lugar en que el cheque es entregado, Orgaz sostuvo el lugar donde se protesta por falta de pago (236-66). Al debatirse la procedencia de la extracción a Italia de un extranjero acusado de homicidio con agravantes, entendió que de la documentación no resultaba la efectiva comisión de los hechos; la mayoría consideró que las presunciones eran graves y justificaban la detención, pero para Orgaz no eran suficientes (21 de noviembre de 1956, F. 236-312).
 
Con Villegas Basavilbaso se unieron en disidencia en una discusión vinculada con el registro de marcas de fábrica (237-765).
 
Galli tuvo una interpretación especial del concepto de causa civil, a los fines de la competencia de los tribunales nacionales (236-578) y en un caso sobre igualdad del régimen sucesorio (237-773). Acompañó a Argañarás en la aceptación del recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó una repetición de lo pagado por impuesto a los réditos (237-478; 237-562); en la interpretación de un reajuste de contribución territorial de 1947 de Salta (237-562) y en la procedencia del recurso extraordinario en la aplicación de la emergencia en materia de locaciones (238-393; 239-262).
 
Galli se unió con Villegas Basavilbaso en la procedencia de una demanda por daños, reclamada por un accidente: mientras se descargaban tubos vacíos de oxígeno del buque “Lapataia” al camión de propiedad de la víctima, se desprendió material del guinche que manejaba personal del buque, que lesionó al reclamante. La mayoría hizo lugar a la demanda. Los disidentes sostuvieron su rechazo por no haberse demostrado la culpa del personal que atendía el guinche; caracterizaron al suceso como daño ocasionado por cosa inanimada o daño de la cosa, clásico concepto de la reparación, hoy superado en favor de la víctima (237-671).
 
Argañarás sostuvo que la viuda con derecho a pensión por fallecimiento del titular y que estaba en condiciones de obtener jubilación ordinaria íntegra, no podía exigir del principal el pago de la indemnización por fallecimiento (240-188). Amplió fundamentos en el debate sobre la designación de profesores universitarios (239-15). Se unió con Villegas Basavilbaso para rechazar un recurso extraordinario que pretendía analizar si dos aditamentos al nombre, eran castellanos (239-302 y 310).
 
En la nueva época iniciada en 1958 con los nombramientos del presidente Frondizi, las disidencias se hicieron frecuentes, especialmente en los jueces Boffi Boggero y luego Zavala Rodríguez. No parece que lo fueran por enfrentamientos internos, sino por un prurito de exagerado pundonor en mantener la individualidad de pensamiento, pues numerosos de estos votos separados, no agregaron fundamentos de peso y las divergencias tampoco resultaban esenciales y terminaban siendo diferencias de forma.
 
Orgaz entendió que la decisión ministerial que disponía someter al arbitraje obligatorio un conflicto gremial, se asimilaba a una sentencia definitiva y abría el recurso extraordinario (241-49). Debido a los desórdenes ocurridos en Tribunales, que en este período fueron frecuentes, fue suspendido el comisario del Palacio de Justicia Carlos I.
 
Garay Cornejo; cuando se levantó la suspensión se dispuso reglamentar la designación por Acordada, lo cual Orgaz consideró innecesario (3 de diciembre de 1958, F. 242-378).
 
Elaboró un voto especial sobre la garantía de la defensa en un planteo de la U.C.R. Bloquista (244-167).
 
Junto con Villegas Basavilbaso sostuvieron que la expropiación se rige por el derecho público y no por normas de la compraventa, y la indemnización justa debe serlo sin disminuciones por impuestos que gravan dicha indemnización (20 de octubre de 1958, en F. 242-86; otro en 242-300). Dieron un voto especial en el caso del traslado de Guillermo Patricio Kelly de la Penitenciaría de la Capital Federal a Ushuaia, adhiriéndose al voto mayoritario que pidió que Kelly fuese trasladado a la Capital. Se opusieron al uso de una droga no autorizada como clasificador de vinos, que la mayoría entendió que desaparecía en las etapas posteriores de la elaboración (243-35).
 
El juez Aráoz de Lamadrid, en general, acompañó a otros colegas en la disidencia o se agregaron a él. Pero tuvo votos independientes: sostuvo que no existía arbitrariedad en una sentencia penal que había revocado la prisión preventiva (242-33); dio voto separado en el rechazo de un amparo iniciado tres años después del hecho, contra la decisión del interventor de la Universidad de la Plata (248-459). Las discrepancias sobre la procedencia del recurso extraordinario, encontraron divididos a los jueces en numerosos casos. Aráoz de Lamadrid lo consideró procedente en F. 248-636, 248-539, 248-643; lo rechazó en F.
 
256-493 cuando tenía por finalidad determinar quién debía representar a una sociedad anónima, pues entendió que era una cuestión procesal. Expuso un voto personal en el recurso extraordinario del diputado Melchor Posse y otros sobre fueros parlamentarios (261-35).
 
En F. 250-785 y 250-791, encontramos disidencias en la interpretación de aportes previsionales sobre honorarios, y en F. 256-594 sobre cobro de impuestos entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. Se discutió si las cajas de previsión social, pendientes recursos administrativos o judiciales, podían iniciar juicios de apremio para cobrar aportes adeudados; Aráoz de Lamadrid, en contra de la mayoría, se expidió afirmativamente (11 de julio de 1962, en F. 253-246).
 
En materia de amparo este juez mantuvo discrepancias desde el caso “Kot”; así se aprecia en F. 254-378. En F. 255-128 trae un voto individual concordante con el resultado final de la mayoría.
 
Votó junto con Oyhanarte una disidencia vinculada con la interpretación de un impuesto a las ventas (242-107 y 243-123). También con Oyhanarte coincidieron en limitar el amparo (F. 250-388, 250-559). Se unieron en un voto especial en el estudio de contratos de viña vencidos antes de la sanción de una ley de Mendoza que los prorrogaba y que se entendió atacaba el derecho de propiedad (252-36).
 
Con Boffi Boggero se unieron en una sentencia sobre la procedencia de un amparo (248-759), resolvieron un caso de competencia por monopolio, donde se discutía si correspondía entender a la justicia criminal federal o penal económico, que era la que aceptaron (250-698), una cuestión vinculada con la constitucionalidad de leyes y decretos en la causa “Cía. de Tranvías Anglo Argentina c/gobierno de la Nación” (262-580), y un problema sobre actividades bancarias (264-173).
 
Con Aberastury interpretaron la aplicación del impuesto a los créditos (252-128 y 261- 145) y las normas administrativas a la que se ajustaba una sociedad de ahorro y préstamo (262-124).
 
En común con Colombres e Imaz resolvieron sobre la procedencia de una queja por denegación del recurso extraordinario fundada en la arbitrariedad de la sentencia apelada (261-187), y no hicieron lugar a otro recurso para debatir una indemnización laboral (262- 33, otros: 264-242, 265-11).
 
Con Imaz y Zavala Rodríguez propusieron una disidencia en F. 262-98. Con Zavala Rodríguez en F. 265-49 (un tema de superintendencia sobre la situación de un empleado).
 
Las disidencias del juez Boffi Boggero, fueron adquiriendo con el tiempo desmesurada insistencia. Hemos destacado su valiosa postura en favor de concepciones que hoy no se discuten, pero que por entonces tenían oposición. Pero la enorme cantidad de disidencias o de votos individuales sin relevancia o donde repetía extensos párrafos de votos anteriores, no lo favorecen. También se aprecia que falta su firma en numerosos acuerdos, lo que indica frecuentes licencias. Cuando varios jueces discrepaban, los votos de Boffi Boggero son en su mayoría independientes, coincidan o no con los demás disidentes.
 
En un juicio por nulidad de matrimonio, se querelló a un testigo por falso testimonio al declarar en un exhorto librado por un juez civil de la Capital al juez de paz de Olivos; en la Corte se discutió la competencia para entender en la querella; para la mayoría debía serlo el juez criminal de la Capital, para Boffi el juez federal de la provincia de Buenos Aires (29 de diciembre de 1958, en F. 242-539). Dio una opinión personal en F. 244-326, 245- 257 (tema de expropiación) y en F. 243-121 (impuesto a las ventas). Entendió que el Procurador General no podía excusarse de emitir dictamen ante un recurso de queja (246- 53). Cuando se analizó un decreto que establecía un límite al suplemento salarial por costo de vida, lo rechazó por considerar que dejaba sin efecto la movilidad del salario al fijar un límite a los reajustes (246-235). Analizó el caso de la interdicción y condena a reintegrar sumas por Ricardo Néstor García dispuesta por la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, cuyo recurso de queja fue rechazado (248-432). Desestimó un amparo contra la decisión del Interventor de la Universidad de La Plata (248-459, analizado en la disidencia de Aráoz de Lamadrid) y amplió fundamentos en una indemnización por daños derivada de un accidente de tránsito (248-470).
 
Los votos personales y las disidencias se suceden: en el caso del diario “El Día” de La Plata (14 de diciembre de 1960, en F. 248-673), sobre la constitucionalidad de un suplemento jubilatorio (242-236, que reitera en 246-235). Su voto en 249-301 sobre repetición de lo pagado por el Banco Nación contra la provincia de Córdoba. Novedosa y pionera fue la aceptación de la actualización de indemnizaciones por efecto de la desvalorización (249-322, 249-328).
 
Fundamentos propios pero igual solución que la mayoría, propuso en F. 249-363, 249- 563, 249-594, 250-571, 251-11, 251-112, 252-36 (ley de Mendoza que prorroga contratos de viña vencidos antes de su sanción, tratado en las disidencias conjuntas de Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte), 255-245 donde sostuvo que los entes nacionales, provinciales o municipales no están beneficiados por la ley de emergencia en materia de locaciones 15775; también 257-122; 255-299 sobre estabilidad del empleado público, 255-374 donde fija sumas en una indemnización distintas a la mayoría, 256-329, 256-378 donde consideró justiciable la procedencia de una pensión.
 
Aunque comparte la sentencia mayoritaria, hace consideraciones propias sobre la responsabilidad refleja en un accidente de tránsito (16 de junio de 1961, en F. 250-32); también se extiende sobre la responsabilidad del Estado en demandas por daños cuando derivan del ejercicio de funciones o con motivo de ellas, e insiste en el nuevo concepto de la reparación integral, hoy aceptado (250-138). Reiteró que las facultades privativas del poder administrador no impedían su revisión judicial (“Pinales SRL. s/amparo”, 14 de julio de 1961, en F. 250-148). En igual sentido se expidió ante un amparo contra un decreto que dispuso la caducidad del mandato de la Sociedad Española de Beneficencia, que consideró idóneo contra medidas de hecho del Ejecutivo en exceso de sus funciones y revisables por la justicia (11 de octubre de 1963, en F. 257-61; otros: 261-105, 261-139).
 
Entendió como tema federal la determinación de los réditos de una sociedad de seguros mutuos, aunque en general la naturaleza de ellas estuviesen regidas por el derecho común (250-247).
 
Dio sus propios fundamentos sobre la aplicación retroactiva de normas que modificaban a las vigentes al momento de la operatoria y que violaban el derecho de propiedad (250-329), y también cuando se debatió la validez de una contribución impuesta para la Caja de Previsión Social de médicos, bioquímicos, odontólogos y farmacéuticos, veterinarios y obstetras de Córdoba, consistente en el 5 % del producto de todo establecimiento, que la mayoría revocó por considerarla una facultad excesiva; Boffi Boggero hizo consideraciones sobre el poder impositivo provincial y la violación, en el caso, de la garantía de la igualdad (31 de agosto de 1961, en F. 250-619). En F. 250-641 se inclinó por la competencia federal en disputa con la militar. En 250-710 interpretó la acumulación de beneficios jubilatorios.
 
Su disidencia en un análisis de la afiliación a la Caja de Previsión del personal de la Industria y directores de compañías azucareras de Tucumán (250-800); en 251-103 consideró que para que la interpelación administrativa suspenda el curso de la prescripción, debe ser categórica e inequívoca. Sostuvo que el Congreso como legislador, no puede aumentar las exigencias del Cód. Civ. para la transmisión del dominio (251-297).
 
Disidencias en problemas de competencia (251-343) e interpretación de la aplicación de impuestos (251-389, 251-423: aquí sostuvo que las leyes provinciales no pueden regular de manera distinta a los códigos de fondo).
 
El Reglamento General de los Ferrocarriles que establece una indemnización fija para todo tipo de extravíos de equipaje, es violatorio de la Constitución (251-462). Fiel al control amplio de constitucionalidad por parte del Poder Judicial, sostuvo que atacaba la Constitución la norma que limitaba la actividad periodística del Partido Comunista y autorizaba allanamientos (252-92). El Poder Judicial no puede establecer impuestos por vía de la interpretación analógica y una norma reglamentaria viola la Constitución si crea impuestos no previstos en la ley (252-239).
 
En otros casos se expidió sobre la procedencia del recurso extraordinario en un amparo (256-57), reclamó armonía entre un decreto reglamentario y la norma principal (256-187, 256-85), se expidió en un problema electoral planteado por la Federación Nacional de Partidos de Centro (256-195). En un recurso de Isaac F. Rojas, que la mayoría desestimó, Boffi sostuvo que había que pedir previamente los antecedentes (4 de septiembre de 1963, F. 256-477).
 
Se expidió con disidencias parciales o con fundamentos propios pero siguiendo a la mayoría, en F. 251-435 y 446; 256-523, 569, 594; 259-121, 172, 437; 260-12, 69, 81, 96 y 121; 261-26, 54, 121 (sanción a un abogado por la Cámara de Apelaciones), 176, 190, 202, 242, 269, 289, 294, 301, 334; 262-21, 46, 207, 239; 263-10, 65, 120; 264-279, 445; 265- 55.
 
Disiente sobre la procedencia del recurso extraordinario en F. 257-46, y sostiene que cuando existe cuestión federal suficiente, la queja debe ser admitida (257-307).
 
Una sentencia que condenó al promotor de una reunión sin autorización policial, fue revocada por la Corte; Boffi Boggero agregó que se había realizado en un local cerrado y que la condena violaba el derecho de reunión (6 de marzo de 1964, en F. 258-69). El rechazo de un pedido de ciudadanía por informes de organismos de seguridad y sin abrir la cuestión a prueba para el descargo, viola la defensa en juicio (258-217). En un caso de contrabando, dijo que la autorización para que el representante del Ministerio Público pudiese retirar el expediente, era un privilegio si se prohibía a las demás partes (260-86).
 
Anotamos otras disidencias en F. 249-232, 314, 319, 370; 250-529; 251-506; 252-338; 254-180; 261-43, 76, 181 (sobre competencia para entender en infracciones a la ley de Vinos, que Boffi atribuye al juez penal económico), 193 (sobre procedencia de un recurso extraordinario), 250, 339, 345, 374 y 384; 262-266, 313, 416, 430, 437, 486, 614 (los jueces deben suplir el derecho erróneamente invocado por las partes y resolver los conflictos planteados), 623; 263-30, 35, 44, 58, 125, 152, 155, 490, 523; 264-8 (la Legislatura provincial había separado de su cargo al gobernador por juicio político y éste opuso un amparo, pero en la Corte la mayoría rechazó el recurso extraordinario, que Boffi consideró procedente), 139, 147, 173, 320, 346, 378, 396, 440; 265-107.
 
Villegas Basavilbaso no fue proclive a la disidencia. Se expidió con un voto especial sobre la procedencia de deducciones del impuesto a los réditos, y, junto con Oyhanarte, sostuvieron que dependía de la voluntad del legislador (241-142). Dijeron también que el decreto del Ejecutivo que declaraba la nulidad de la venta de tierras públicas, luego del otorgamiento de los títulos definitivos, violaba los arts. 95 y 17 de la Constitución (241- 398).
 
Oyhanarte, además de las disidencias y votos con que acompañó a otros colegas, discrepó en la aplicación de una liquidación jubilatoria: dijo que la ley no podía dejar la cuestión al organismo administrativo sin control judicial (245-303). Un voto propio en F.
 
249-301 en una demanda por repetición, donde Boffi Boggero también votó separado. En un caso de expropiación, señaló que si bien el instituto era de derecho público, no impedía que cuando sólo se debatía la indemnización, se considerase como causa civil (250-271).
 
Dio un voto separado (como Boffi y Aráoz) cuando se estudió la ley de Mendoza que prorrogó contratos de viña vencidos (252-36), en la usucapión y posesión del caso “Marcelo Cornet D´Hunval c/provincia de Santa Cruz” (253-65) y en el reclamo de la personería gremial de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica, donde aceptó el recurso extraordinario (253-69).
 
También planteó disidencias y votos personales el juez Aberastury. Los encontramos en F. 246-344, 248-66 en el recurso de queja del Partido Socialista, en 248-636, 249-314, 319, 370, 250-148 restringiendo el amparo, en 250-329 y 529, en 251-365, 397, 416 y 426, opinión sobre impuestos fiscales de la provincia de Buenos Aires sobre bienes de sociedades, cuando son objeto de transmisión por muerte de socios; en 251-435 y 446, problema de competencia originaria de la Corte, 251-506; 252-56, 338; 254-180; 256-50; 257-61; 259-429 y 423, sobre cobro de impuestos de la Municipalidad de Santa Fe a la firma Marconetti Ltda., dentro del puerto de la ciudad; 261-121, 334, 339 y 345, estabilidad del empleado público de Santa Fe, 261-374 y 384; 262-21, 313, 614; 263-10, 58, 125, 152, 155; 264-396, 440; 265-107.
 
Tuvo disidencia de fundamentos sobre la procedencia de un recurso extraordinario en F. 253-18. En 256-231 y 233 sostuvo que la acumulación de beneficios previsionales procedían si existía convenio entre las provincias; en 258-271 dio un voto personal sobre la legalidad de una huelga (“Diego Ribas y otros”), y en 259-394 sobre la interpretación de leyes impositivas. Disintió en F. 261-80 y en 261-113, en una demanda por desalojo de finca alquilada por la Nación, donde entendió que no era necesario el reclamo administrativo previo.
 
Otros votos personales en F. 259-439; 260-61; 261-43; 262-383, 388, 519; 263-457, 465, 564, 570; 264-57, 133, 147; 265-67 (analiza la competencia originaria en un juicio expropiatorio y el significado de “causa civil”).
 
El juez Imaz interpretó la ley militar 13996 en un reclamo (255-388); participó en discordias independientes con otros colegas en 261-190, 359; 262-33, 98; 264-173, 445 y 265-11.
 
Tampoco fueron frecuentes las disidencias del juez Colombres, muchas veces unido a Imaz o a otros colegas en votos independientes: 261-190, 359; 262-33; 264-173, 242, 445 y 265-11.
 
Bidau expuso su opinión personal en la aplicación del impuesto a las ganancias y a las ventas (257-298 y 21).
 
Mercader dio un voto separado en la procedencia de un recurso extraordinario por sentencia arbitraria (261-176; otro en 263-591) y en F. 261-266, 296; 262-181 y 264-188 y 194. Disidencia en F. 262-234 y su voto en F. 262-287, 437, 486, 503, 516; 263-10, 58, donde pide se deje sin efecto una sentencia que fijó indemnización por despido sin calificar la legalidad de la huelga; 263-44. En 263-320 consideró improcedente la inconstitucionalidad de normas provinciales sobre precios máximos (19 de noviembre de 1965); en 263-542 se expidió en un tema de competencia de la Corte.
 
A pesar de los escasos dos años que Zavala Rodríguez integró la Corte, sus disidencias y votos independientes fueron constantes. Reflejan su personalidad pero también discrepancias en cuestiones de escasa importancia, muchas vinculadas con la procedencia del recurso extraordinario que intentaba limitar.
 
Cuando el Ministerio de Educación y Justicia pidió la opinión de la Corte sobre el Estatuto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, consideró con buen criterio que era una cuestión de superintendencia ajena al Tribunal (260-228). Se expidió independientemente en un caso sobre procedencia de beneficios jubilatorios impagos como parte de una herencia (261-54).
 
Su voto aparece en F. tº 261-ps. 59, 68, 72, 80, 121, 145, 193, 197 (considera procedente un recurso extraordinario), 261-339, 345, 367 (se opone a que la Corte revise la decisión de un interventor con relación a cesantías de personal administrativo), 261-395, 413, 423; tº 262-ps. 46, 81, 138, 172, 175, 181, 198, 234, 243, 363, 365, 383, 411, 418, 437, 451, 486, 503, 530, 538, 623; tº 263-ps. 10, 30, 58, 65, 91, 102, 113, 120, 125, 137, 142, 152, 155, 157, 196, 221, 224, 235, 248, 256, 302, 331, 340, 356, 415, 421, 429, 452, 457, 479, 498, 532, 533, 536, 564, 570, 591; tº 264-ps. 35, 69, 83, 93, 123 (los cuatro últimos sobre procedencia del recurso extraordinario), 90, 97, 103, 139, 147, 188, 213, 250, 279, 317, 346, 378, 396, 440, 454; tº 265- ps. 35, 40, 44, 47, 49, 55, 67, 74, 82, 90, 107.
 
Parece que no hubo caso en que este juez coincidiera totalmente con sus colegas.
 
 


 
 
Notas:
 
1 Publicado en el tomo Argentina. 1930-1960, editado por Sur. Buenos Aires, 1961, pág. 130.
2 V. PELLET LASTRA, Arturo, Historia política de la Corte. 1930-1990. Buenos Aires, 2001, pág. 233.
3 Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Sus ministros. 1875-1999, La Plata, Departamento Histórico Judicial, 1999.
4 Su testimonio en el libro de PELLET LASTRA, cit., pp. 194 y ss.
5 La hija del juez, María Oyhanarte, publicó Los Oyhanarte (ed. de la Universidad de Belgrano). Buenos Aires, 1998, donde recuerda antecedentes y actuación de los ascendientes radicales, prometiendo un futuro estudio sobre su padre el juez.
6 La opinión es de Jorge Vanossi, por entonces secretario letrado en la Corte, y que transcribe PELLET LASTRA, Historia política de la Corte, cit., ps. 270 y ste.
7 Citado por PELLET LASTRA, op. cit., pp. 271 y ss.
8 V. POTASCH, Robert A., El Ejército y la política en la Argentina. 1945-1962. De Perón a Frondizi. Buenos Aires, 1981 y del mismo autor la continuación: De la caída de Frondizi a la restauración peronista. Primera parte, 1962-1966. Buenos Aires, 1994. LUNA, Félix, “En memoria de Guido”, en Todo es Historia, nº 99, Buenos Aires, agosto de 1975.
9 BIDART CAMPOS, Germán J., Manual de derecho constitucional argentino. Buenos Aires, Ediar, 1981, pp. 814 y ss. EKMEKDJIAN, Miguel Ángel , Tratado de derecho constitucional, t. V, pp. 495 y ss.
10 BIDART CAMPOS, op. cit., ps. 777 y ss. VALIENTE NOAILLES, Carlos, Manual de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación., t. I, Buenos Aires, 1970, pp. 44 y ss.
11 SAGUES, Néstor Pedro, Recurso extraordinario, Buenos Aires, Desalma, 1984, pp. 573 y ss.
12 En “Historia del Poder Judicial”, en Todo es Historia, nº 61, mayo de 1972, pág. 116, lª col.
13 V. VALIENTE NOAILLES, Manual de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tº I: “Derecho constitucional”, cit., ps. 230 y 231.
14 Poder político y cambio estructural en la Argentina (Paidós). Buenos Aires, 1969.
15 Citado por PELLET LASTRA, cit., ps. 198 y ss.
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