ARGENTINA
Doctrina
Título:La ley orgánica del ambiente de Costa Rica y el principio de no regresión
Autor:Peña Chacón, Mario
País:
Argentina
Publicación:Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Número 7 - Febrero 2013
Fecha:21-02-2013 Cita:IJ-LXVII-177
Índice Voces Ultimos Artículos
I. Ley Orgánica del Ambiente
II. Principio de no regresión del derecho ambiental
III. Principio de no regresión y la Ley Orgánica del Ambiente
IV. Conclusiones

La ley orgánica del ambiente de Costa Rica y el principio de no regresión


MSc. Mario Peña Chacón[1]


“La degradación normativa conduce a la degradación ambiental”


Antonio Herman Benjamin


La Ley Orgánica del Ambiente (LOA) nace a la vida jurídica luego de un extenso y difícil proceso legislativo que tardó varios años y que culminó con su promulgación el cuatro de octubre de 1995.[2] Próxima a cumplir 18 años, y por decirlo así, convertirse en mayor de edad, nos proponemos realizar un análisis de sus principales características, fortalezas, debilidades y retos a la luz de las nuevas tendencias del derecho ambiental latinoamericano, en especial ante el nuevo principio de no regresión.


Para efectos didácticos el presente artículo se divide en tres partes, en la primera sección se desarrolla la naturaleza jurídica, estructura, objetivos, principios, características, fortalezas, debilidades y retos de la LOA, en la segunda parte se expone la naturaleza, contenido, alcances, fundamento, limitaciones y restricciones del nuevo principio de no regresión del derecho ambiental, y por último, en la tercera sección se plantea la posibilidad de deducir la existencia y contenido de este nuevo principio por medio de una interpretación sistemática, material y evolutiva de la Ley Orgánica del Ambiente.


I. Ley Orgánica del Ambiente [arriba] 


El denominado “boom” ambiental de los años noventa, impulsado por los acuerdos y compromisos emanados de las Naciones Unidas a partir de la Cumbre Mundial de la Tierra de Río de Janeiro en 1992,[3] tuvo como consecuencia que Costa Rica reformara en el año 1994 su Constitucional Política,[4] específicamente el artículo 50, insertando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.


Una vez reconocido e incorporado el derecho humano al ambiente dentro de su carta magna, el sistema jurídico ambiental experimentó un crecimiento exponencial mediante la puesta en vigencia de nuevas leyes, decretos y reglamentos.[5] Con el fin de darle carácter integral y sistémico a ese nuevo bloque de legalidad ambiental que se gestaba, el legislador promulgó en octubre del año 1995 la Ley Orgánica del Ambiente, la cual consta actualmente de 22 capítulos y 118 artículos, marcando un parte aguas en el desarrollo evolutivo del derecho ambiental costarricense.


I.1. Naturaleza jurídica.


Es posible afirmar que la Ley Orgánica del Ambiente fue concebida por el legislador como una norma marco, una ley de tipo general, una ley de bases, cuya función principal fue la de otorgarle integralidad y coherencia tanto a la normativa ambiental previa a su promulgación, como aquella por desarrollar a futuro, con el animus de consolidar un sistema jurídico ambiental; con ella el legislador pretendió establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental, así como las bases generales de la política, gestión y legislación ambiental, en todos sus niveles.


A todas luces se trata de una norma “interpuesta”[6] con la cual se pretendió tender un puente entre la Constitución Política y el resto del sistema normativo, o sea, crear un vínculo directo entre la constitucionalidad y la legalidad ambiental por medio del desarrollo normativo del art. 50 de la carta magna.


Posee una naturaleza mixta, en la medida que se encuentra integrada tanto por normas sustantivas como procesales, y cumple, casi en su totalidad, con lo que el connotado jurista argentino CAFFERATTA[7] denomina una estructura usual o normal del Derecho Ambiental Latinoamericano y Caribeño, sea: a) una jerarquía constitucional del derecho ambiental; b) un sistema legal encabezado por una Ley Marco, que fija los grandes lineamientos de la política ambiental, tanto para los entes públicos, el gobierno, funcionarios públicos o Autoridades, como para los privados; estableciendo en las últimas versiones principios de derecho ambiental, regula instrumentos de gestión ambiental, avanza sobre las normas principales en materia de recursos naturales, daño ambiental, régimen básico de responsabilidad ambiental, civil, penal o administrativa, y un dispositivo que regula los procesos, las acciones jurisdiccionales.[8]


Si bien el legislador no le otorgó el carácter de orden público a la Ley Orgánica del Ambiente, rango del cual si gozan otras normas ambientales como la Ley Forestal y la Ley de Biodiversidad, por su naturaleza de ley marco que busca la integralidad y coherencia del sistema normativo ambiental, sirve de base fundamental para la interpretación, integración y aplicación del resto de normas que conforman el bloque de legalidad ambiental, normativa que en su redacción, constitución y promulgación debe ajustarse y alinearse a los mandatos, criterios y lineamientos desarrollados por la LOA.


De esta forma, además de cumplir el rol esencial de fijar, a grandes rasgos, la política ambiental del país y darle carácter sistémico al bloque de legalidad, sus principios constituyen ideas rectoras con poder de irradiación sobre el resto de la normativa directa o indirectamente ambiental, siendo que sus disposiciones prevalecen, en caso de colisión concurrente, frente a otras normas jurídicas de carácter general.


I.2. Objetivos, Principios y Fines.


Según se deduce de sus arts. 1, 2 y 4, la LOA tiene como objetivo principal dotar, tanto a los costarricenses como al Estado, de los instrumentos necesarios para alcanzar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado mediante la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. El Estado, mediante su aplicación, tiene la obligación de defender y preservar ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos sus habitantes. Como dato digno de resaltar, declara al ambiente como patrimonio común de los habitantes, de utilidad pública e interés social.


La norma se encuentra inspirada por los siguientes principios generales:


a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública social.


b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según 50 de nuestra Constitución Política.


c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.


d) Quien contamine el ambiente o le ocasiones daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes.


e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia de las generaciones presentes y futuras.


Además, dentro de sus fines fija: fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y su medio; satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones de las generaciones futuras; promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que pueden causarse al ambiente; regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad pública o privada respecto del ambiente, así como las relaciones y las acciones que surjan del aprovechamiento y la conservación ambiental; establecer los principios que orienten las actividades de la Administración Pública en materia ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación para una labor eficiente y eficaz.


I.3. Estructura e institucionalidad


Esta norma general se encuentra estructurada en 22 capítulos dentro de los que destacan: participación pública, impacto ambiental, ordenamiento territorial, áreas silvestres protegidas, recursos marino-costeros, diversidad biológica, recurso forestal, aire, agua, suelo, recursos energéticos, contaminación, producción ecológica, organización administrativa y sanciones ambientales.


Como un punto digno de destacar, la LOA creó a lo interno del Ministerio de Ambiente y Energía, una serie de instancias administrativas encargadas de la gestión del ambiente, entre ellas Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Contraloría Ambiental (CA) y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).


Respecto a las instituciones instauradas con anterioridad a su promulgación, la LOA no llegó a redefinirlas o bien modificarlas, sino más bien a crear nuevas instancias de coordinación y participación ciudadana, tales como Consejo Nacional Ambiental y Consejos Regionales Ambientales, los cuales coadyuvan en la gestión ambiental.


La LOA contiene un capítulo dedicado a la participación ciudadana en donde se crean los consejos regionales ambientales como instancias desconcentradas adscritas al Ministerio del Ambiente y Energía, encargada de analizar, discutir, denunciar y controlar las actividades y proyectos en materia ambiental. Promueve la educación ambiental como un mecanismo para adoptar una cultura ambiental y alcanzar el desarrollo sostenible.


Además, cuenta con un capítulo de sanciones, y con el fin de darles cumplimiento, crea la figura del Contralor Ambiental, encargado de velar por la aplicación correcta de la ley, y el Tribunal Ambiental Administrativo, que conoce y resuelve en sede administrativa las denuncias ambientales.


I.4. El antes y el después de la LOA.


Tal y como lo afirma CHAVES,[9]la normativa promulgada con anterioridad a la Ley Orgánica del Ambiente obedece a diferentes esquemas de gestión que datan de principios del siglo pasado, mientras que la legislación posterior a la misma, obedece a criterios y conceptos muy modernos de gestión ambiental. Coincidiendo con GONZALEZ BALLAR,[10]el problema no es simplemente que las leyes obedecen a esquemas diferentes de gestión, si no también que muchas duplican competencias entre instituciones y crean cantidad de trámites excesivos y muchas veces inútiles, de esta forma, la gestión ambiental costarricense se caracteriza por ser compleja, fragmentada y dispersa, con muchas limitaciones en cuanto a la aplicabilidad de las competencias legales que se asignan a cada institución.


Es posible afirmar que la normativa ambiental puesta en vigencia con anterioridad a 1995, año de entrada en vigencia de la LOA, tiene como principal característica su sectorialidad, o sea que si bien busca proteger el ambiente, la salud humana, vegetal y animal, lo hace de manera sectorial, segregada, desarticulada e individual, dependiendo del elemento del ambiente que se regula, sea: agua, aire, bosques, flora y fauna silvestre, áreas silvestres protegidas, etc. Entre este tipo de normas ambientales encontramos la Ley de Agua Potable (1916), Ley de Aguas (1942), Ley General de Salud (1973), Ley Forestal anterior a la vigente, Ley de Conservación de Vida Silvestre (1992), Ley de Hidrocarburos (1994), entre otras. En palabras de CAFFERATTA, refiriéndose a la normativa promulgada con anterioridad a la Ley General del Ambiente de Argentina, “este plexo normativo legal, responde a tiempos tempranos del Derecho Ambiental, cuando todavía no se pensada en términos de esta novísima disciplina jurídica, sino de su antecedente más próximo, el Derecho de los Recursos Naturales”. [11]


Por su parte, es a partir de la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente a finales de 1995 que la legislación ambiental costarricense da un giro de ciento ochenta grados, mutando de normas sectoriales hacia normas de carácter ecosistémico, donde ya no se pretende regular los recursos naturales de forma independiente o segregada buscando su explotación sin desperdicios, sino que su objetivo primordial es el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas bajo un enfoque de bienes colectivos de naturaleza supraindividual buscando mantener la unidad ecosistémica, protección y evitación del daño ambiental. Como normas con visión ecosistémica es posible citar: Ley de Biodiversidad (1998), Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (1998), Ley de Pesca y Acuicultura (2005) y Ley de Gestión Integral de Residuos (2010).


A todas luces es posible afirmar entonces que la LOA marca un antes y un después en el desarrollo evolutivo del derecho ambiental costarricense, siendo justo reconocerle que, para la época de su puesta en vigencia, se constituyó en una norma de vanguardia entre los distintos sistemas legales de defensa del ambiente a nivel regional.


I.5. Análisis de eficacia. Vacíos, debilidades y retos.


Si bien, la LOA presenta un esquema de gestión del ambiente acorde con los tiempos modernos y ha logrado influenciar de manera positiva la normativa posterior a su promulgación, lo cierto del caso es que no podemos dejar pasar el hecho de que, precisamente por los casi dieciocho años contados a partir de su puesta en vigencia, y las escasas modificaciones de que ha sido objeto, presenta una serie vacíos y debilidades que han tratado de ser enmendados principalmente mediante la promulgación de nuevas leyes, decretos y reglamento, así como por jurisprudencia constitucional, civil, penal y administrativa emanada de las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia.


A manera de ejemplos puntales, algunos de los principios rectores fundamentales del derecho ambiental como el precautorio, reparación in natura, interés público ambiental e integrador, no aparecen plasmados de manera expresa en el texto de la LOA, sino que tuvieron que ser incorporados por la Ley de Biodiversidad en el año 1998. De igual forma, una regla de oro, como lo es la no aplicación del silencio positivo en materia ambiental, fue introducida en la Ley Forestal de 1996, siendo que la LOA había dejada ese vacío normativo.


En materia de daño ambiental y responsabilidad, las reglas de la legitimación activa amplia por acción popular, inversión de la carga probatoria y el régimen de competencias jurisdiccionales fueron integradas por la Ley de Biodiversidad ante el vacío procesal dejado por la LOA, misma que siguió un criterio subjetivo de imputación de la responsabilidad no acorde con la realidad y el desarrollo de esta materia, siendo la jurisprudencia tanto de la Sala Primera como de la Sala Constitucional la que determinó el carácter objetivo de la misma, en el último caso mediante una interpretación sistemática, material y evolutiva de su artículo 101, en el año 2000.[12] Estas mismas Salas, ante la ausencia normativa, han tenido la responsabilidad de definir lo que debe entenderse jurídicamente por daño ambiental, determinar sus características y tipos, así como las reglas de la prescripción.[13] De igual manera, la naturaleza jurídica, destino y control y fiscalización de los fondos recaudados en las conciliaciones y condenas por daño ambiental, las reglas de la ejecución de este tipo de sentencias y los lineamientos básicos para la reparación de sitios contaminados, fueron lagunas legales llenados por la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el año 2007 por medio de la sentencia 675-2007 conocida como el voto Siquiares.[14] Otro vacío aún pendiente corresponde a la regulación de los procesos colectivos ambientales, el cual se pretende solventar por medio de la promulgación de nueva normativa procesal, específicamente Código Procesal Agrario y Código Procesal Civil, en la medida que el reciente Código Procesal Contencioso Administrativo del 2008 quedó corto en esta materia.


Otro ejemplo del desfase que sufre la Ley Orgánica del Ambiente se refleja en materia de instrumentos de gestión ambiental como la Evaluación de Impacto Ambiental, el cual ha sido llenado – a medias – con la promulgación de reglamentos especiales como el que regula la Evaluación Ambiental Estratégica, entre otros. Una herramienta de política y gestión ambiental que ha distinguido y diferenciado al país es el Pago por Servicios Ambientales (PSA), mecanismo de compensación económica a los propietarios de terrenos cubiertos de bosques como reconocimiento por las externalidades positivas ambientales que generan sus fundo, mismo que no aparece siquiera citado por la LOA y que fue regulado también -a medias – por la Ley de Biodiversidad, así como a través de reglamentaciones especiales.


Instrumentos económicos de gestión ambiental como el Canon Ambiental por Vertidos (CAV), Canon por Aprovechamiento Hídrico (CAH) y las tarifas ambientales en los servicios públicos, tampoco son siquiera mencionados por la LOA, siendo desarrollados en los dos primeros casos vía decretos ejecutivos, y en el último por la Ley de Biodiversidad y la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.


Sumado a los anterior, el sistema normativo en general incluyendo por supuesto a la LOA, presenta una serie de problemas estructurales dentro de sus esquemas generales de gestión ambiental, lo cual se ve reflejado gravemente en una falta de aplicación efectiva, sostenida y recurrente de la normativa vigente, compromiso principal al cual se obligó Costa Rica al ratificar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAFTA-DR en el año 2007.


Cabe señalar que a ocho años de la ponencia de la jurista Silvia Elena Chaves titulada: “Los diez años de la Ley Orgánica del Ambiente, Logros y Perspectivas”[15] para el XII Informe del Estado de la Nación, en la cual expuso sus conclusiones en relación a los vacíos y retos que presentaba la LOA, los mismos lastimosamente siguen vigentes, siendo posible destacar los siguientes:


- El bloque de legalidad ambiental, antes y después de la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente es amplio, difuso, sin unicidad ni visión estratégica. En este marco legal puede encontrarse por un lado los aspectos ambientales o sustantivos, bastante dispersos y los aspectos de gestión (o conducción) que tiene que ver con la planificación y ejecución de las normas.


 - En el tema ambiental hay una profusa creación de órganos y mecanismos, aunados a las leyes principales que organizan el sistema político. Es decir, existen normas “especializadas” en materia ambiental, con la creación de órganos colegiados y otros de distinta naturaleza, pero sin mayor coherencia entre sí. Además, en general existe un entrelace de competencias en forma desorganizada y sin criterios de unificación.


- Sin embargo, la misma Ley Orgánica del Ambiente define un marco para una estrategia ambiental unitaria y viable. En la misma se define el concepto de ordenamiento territorial como el concepto mayor que engloba a los demás, con una propuesta de objetivos y criterios ordenadores. Luego se incluyen en este cuerpo normativo una serie de categorías más específicas, como la protección y calidad ambiental en asentamientos humanos, y luego biodiversidad, agua, suelo, contaminación, clima, etc. Esta ley también incorpora los criterios de evaluación de impacto ambiental.


- Pese a tal contenido, la ley no se reglamentó. Se ha ido reglamentando poco a poco y en aspectos puntuales, pero parciales. Es una responsabilidad que no se ha asumido, lo cual significa una importante debilidad, ya que al no reglamentarse se está desaprovechando una gran oportunidad de lograr coherencia e integración a nivel institucional y sustantivo en el tema ambiental.


- El otro problema fundamental es la asignación de recursos económicos para su desarrollo e implementación. Lo cual es parte de un problema estructural en el país, y es que a pesar que sigue habiendo un discurso en pro del ambiente, las políticas económicas marcan la pauta sin considerar necesariamente los aspectos ambientales. Las políticas ambientales no se han posicionado en el largo plazo.


- Analizando las tendencias internacionales, el país debería plantearse si los estándares ambientales son adecuados a su realidad de país subdesarrollado, o son muy elevados, para un país con escasos recursos institucionales. Esta carencia de análisis y transparencia en las autoridades políticas ha conllevado a una gran incongruencia entre la legalidad y la realidad, entre el discurso y la práctica.


A pesar que la LOA fue un parte agua del desarrollo evolutivo del derecho ambiental costarricense, en la actualidad no está siendo retomada y aplicada por las instituciones costarricenses, excepto en casos específicos, de manera que su espíritu integrador lastomosamente ha sido dejado de lado.


II. Principio de no regresión del derecho ambiental [arriba] [16]


II.1. Naturaleza, contenido, alcances, fundamento, limitaciones y restricciones.


Básicamente, el nuevo principio de no regresión enuncia que la normativa y la jurisprudencia no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección ambiental alcanzados con anterioridad. Su finalidad es evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, e implica necesariamente una obligación negativa de no hacer, por lo que el nivel de protección ambiental ya alcanzado debe ser respetado, no disminuido sino más bien incrementado.


Como bien lo afirma PRIEUR,[17] por lo novedoso del concepto la terminología utilizada para la aplicación de este principio aún no se encuentra establecida de forma definitiva, de ahí que, tanto en doctrina como en derecho comparado es posible encontrarlo como: principio de no regresividad, principio de no retrogresión, principio de prohibición del retroceso ambiental, antidegradation policy, standstill, cláusula de status quo, cláusula de eternidad, cláusula de salvaguardia, intangibilidad de derechos adquiridos, intangibilidad de los derechos fundamentales, normas pétreas, efecto trinquete anti retorno, entre otros.


La principal obligación que conlleva su correcta aplicación es la de no retroceder; no afectar los umbrales y estándares de protección ambiental ya adquiridos; no derogar, modificar, relajar ni flexibilizar la normativa vigente en la medida que esto conlleve disminuir, menoscabar o de cualquier forma afectar negativamente el nivel actual de protección; no vulnerar el derecho de las futuras generaciones a gozar de un ambiente sano y ecológicamente ecológico, ni disminuir el patrimonio a transmitir a las generaciones futuras como garantía de progreso. Por ello, la prohibición de regresividad funciona como una garantía sustantiva que protege a los titulares de derechos frente a normas o políticas regresivas, vedando al Estado el “dar un paso hacia atrás”.[18]


Debido al carácter finalista del Derecho Ambiental y siendo sus objetivos la tutela de la vida, la salud y el equilibrio ecológico a través de normas jurídicas que busquen aumentar la biodiversidad y disminuir la contaminación, éste únicamente podrá ser eficaz cuando las modificaciones que le afecten impliquen un medio ambiente mejor y no peor que el anterior, por tanto, cualquier retroceso sería inmoral.


En contraste, su contracara el principio de progresión o progresividad, conlleva siempre una obligación positiva de hacer que se traduce en “progreso” o “mejora continua en las condiciones de existencia”. Aquí el imperativo manda “hacer”, el Estado debe “moverse hacia delante” y generar progresivamente la ampliación de la cobertura y protección ambiental mediante medidas graduales y escalonados cuando puedan verse afectados otros derechos fundamentales.


De esta forma, mientras que el principio de no regresión reconoce un nivel mínimo[19] de protección ambiental que debe respetarse, el de progresión busca la evolución sostenida de la normativa ambiental. Por ello, este principio no se opone a la idea de evolución clásica ni a la mutabilidad propia del derecho (modificación permanente e inevitable) a raíz de que no existe ningún derecho que sea inmutable o eterno. El derecho siempre debe evolucionar por medio de procesos de modificación y derogación legislativos, reglamentarios e incluso jurisprudenciales. A lo que sí se opone el derecho ambiental a partir de la puesta en práctica del principio de no regresividad es a cambios en el bloque de legalidad y jurisprudencial que tengan como finalidad la eliminación o disminución del nivel de protección ya alcanzado a favor de intereses no ambientales.


Este principio encuentra en los procesos de desregulación y simplificación de trámites a su principal enemigo y amenaza permanente. Por medio de este tipo de procesos, y en muchos casos por razones eminentemente políticas y económicas (tales como cambios de gobierno o bien crisis económicas) grupos de presión pretenden romper el equilibrio óptimo entre los aspectos ambientales, sociales y económicos propios del desarrollo sostenible, en favor del crecimiento económico a través de la derogación o modificación de normativa ambiental. La ideología desreguladora se suele centrar en la ciencia de la ineficacia de la gestión burocratizada y en la preferencia del sector privado abogando por una reducción del peso del Estado en la vida social. Se resume en la máxima de que los controles gubernamentales sólo estaban justificados cuando resultasen necesarios más allá de toda duda y sus beneficios tuviesen mayor peso que sus costos para la sociedad.[20]


La plasmación de las ideas de la desregulación trae consigo diversos efectos en la política ambiental, en especial la reducción de presupuestos, desmantelamiento de programas de intervención del Estado, así como la rebaja, disminución o relajación e incluso la derogación de normativa que protege al medio ambiente en pro de un supuesto “mejoramiento” o “incremento” de la eficacia del derecho y la tutela de los consumidores y usuarios de servicios.[21] De esta forma, escudándose en la simplificación del derecho, el Poder Ejecutivo o el Parlamento aprovechan para disminuir de forma insidiosa el nivel de protección, procediendo en realidad a un retroceso del derecho existente y de la protección del medio ambiente,[22] fenómeno que precisamente se busca evitar con la puesta en práctica del principio de no regresión.


Una norma podrá ser catalogada de regresiva cuando su grado de efectividad resulte menor al ya alcanzado previamente, en la medida que limite, restrinja o reduzca la extensión o el sentido de un derecho o le imponga condiciones que con anterioridad no debía sortear. La nueva norma jurídica no debe ni puede empeorar la situación de la anterior, desde el punto de vista de su alcance y amplitud.


Es importante tener presente como lo indica Prieur que “la regresión manifiesta en materia de medio ambiente es inimaginable. No sería factible la abrogación brutal de las leyes anticontaminación o de las leyes de protección de la naturaleza. En cambio, las regresiones insidiosas o progresivas se encuentran a la orden del día. Se trata de regresiones graduales, que son las que más amenazan el derecho ambiental”.[23]


También es posible encontrar regresiones por “omisión” que se plasman cuando el Poder Legislativo o bien el Poder Ejecutivo omiten desarrollar vía legal o reglamentaria normas ambientales tornando ineficaz dicha derecho. La ineficacia a raíz del incumplimiento en la aplicación del derecho ambiental por si misma constituye una regresión.


De esta forma y a manera de ejemplos, la reducción territorial o el cambio/rebaja de categoría de manejo de un Área Silvestre Protegida, la introducción de mínimos de tolerancia más elevados o variación de estándares y umbrales ambientales sin sustento técnico-científico que lo justifique, o bien, la omisión al deber de desarrollar vía legal o reglamentaria normas ambientales, así como la falta de aplicación sostenida y recurrente de la legislación ambiental, constituyen claras violaciones al principio de no regresión.


Debe tenerse presente que este principio no es ilimitado ni irrestricto, y se encuentra condicionado por los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como por las reglas unívocas de la ciencia, técnica, conveniencia y la lógica. A la vez, la actuación del Estado en esta materia se ve limitada por el deber de garantizar, defender y preservar este derecho, por los principio de desarrollo sostenible y uso racional, precautorio o evitación prudente y por la vinculatoriedad de la normativa ambiental.[24]


Al estado actual de su desarrollo es posible deducir su contenido, alcances y limitaciones acudiendo al Derecho Internacional Ambiental, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional regulador del Libre Comercio y las Inversiones, así como a la Constitución Política y en especial, a la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.


Cabe sustentar la idea de la no regresión ambiental basado en los principios rectores del derecho ambiental plasmados tanto en instrumentos internacionales de declaraciones de principios (soft law)[25] como en los convenios ambientales vinculantes (hard law). Los principios de desarrollo sostenible, prevención y precaución complementan al principio de no regresión en la medida que buscan adelantarse al daño ambiental y así evitar situaciones irreversibles, incluso en aquellos supuestos donde no existe aún plena certeza científica.


También se puede fundamentar su existencia y contenido sustentado en los tratados y convenios internacionales (hard law) vigentes y suscritos por Costa Rica,[26] en razón que en general todos buscan procurar un alto nivel de protección ambiental, mejorar el medio ambiente, aumentar la biodiversidad, proteger los recursos naturales bióticos y abióticos, y por supuesto, acabar, disminuir y aplacar la contaminación y la degradación ambiental


Por su parte, el Capítulo 17 del CAFTA-DR[27] busca que los países suscriptores logren “altos niveles de protección ambiental” estableciendo medidas de protección reforzadas o salvaguardias, bajo la premisa –proteger más y contaminar menos – obligando a los Estados Parte a aplicar de manera sostenida y recurrente su propia legislación ambiental, prohibiendo expresamente una rebaja en los umbrales de protección. De esta forma, es posible extraer de las obligaciones derivadas del Capítulo 17 del CAFTA-DR una prohibición manifiesta de no regresión de carácter restringida, ya que la misma se encuentra supeditada a la limitada definición de legislación ambiental y al “animus” o intención de incentivar el comercio entre las Partes del Tratado o a la intención de otorgar un incentivo para el establecimiento, expansión o retención de una inversión en el territorio.


Debe tomarse en cuenta que, tratándose el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de un derecho humano recocido en instrumentos internacionales, se beneficia de sus teorías previamente existentes que tienen por objetivo aumentar su eficacia, por ello la obligación de progresividad o de avance continuo de los derechos humanos se traduce jurídicamente en una prohibición de regresión que permea al derecho ambiental.


A nivel jurisprudencial, la Sala Constitucional ha venido reconociendo la gradualidad, progresividad y eventualmente, el sostenimiento de los derechos humanos, la cual a todas luces, impide todo género de medidas regresivas sobre lo ya alcanzado que supongan un retroceso en su tutela y efectividad a través de disposiciones legales o administrativas carentes de motivación técnica y científica suficiente.[28]


A raíz de los privilegios constitucionales de rigidez, intangibilidad y reserva de ley resultaría imposible e impensable la derogación o modificación regresiva del contenido del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el numeral 50 de la Constitución Política, sin embargo sí es factible que se susciten regresiones a dicho derecho fundamental a raíz de omisiones al deber de desarrollar vía legal o reglamentaria normas ambientales que tornen ineficaz dicho derecho.[29]


La obligación estatal de garantizar, defender y preservar este derecho contenida en la Constitución Política es creciente, gradual y progresiva en procura siempre de mejores y más adecuadas instancias de protección teniendo como norte lograr su mayor eficacia, exigencias que por ende se oponen a cualquier idea de regresión.[30]


Vale resaltar que, fundamentado tanto en el artículo 50 constitucional, como en el principio precautorio (parámetro y condicionante de constitucionalidad) la Sala Constitucional mediante un primer precedente jurisprudencial, reconoció el carácter progresivo del derecho fundamental al ambiente y su consecuente no regresividad al resolver una consulta de constitucionalidad respecto al proyecto de modificación de la Ley de Concesiones y Operación de Marinas Turísticas.[31].


III. Principio de no regresión y la Ley Orgánica del Ambiente [arriba] 


Anteriormente manifestamos que al estado actual de su desarrollo, es posible deducir el contenido, alcances y limitaciones del principio de no regresión, acudiendo al Derecho Internacional Ambiental, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional regulador del Libre Comercio y las Inversiones, a la Constitución Política y jurisprudencia constitucional.


Ahora bien, a pesar de que el reconocimiento del principio de no regresión es de muy reciente data, y como bien se expuso anteriormente, aún no se encuentra plasmado de forma clara y expresa a nivel de la legislación interna, creemos posible derivar su existencia y reconocimiento mediante una interpretación sistemática, material y evolutiva de la propia normativa contenida dentro de la LOA, la cual a la vez, impregna al resto del bloque de legalidad ambiental costarricense.


III.1. Derivación a raíz de otros principios rectores del derecho ambiental


En un primer orden de ideas, resultaría imposible interpretar el concepto del desarrollo sostenible desvinculándolo del principio de no regresión. Tal y como fue concebido en el Informe Brundtland, el desarrollo sostenible consiste en aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la generaciones presentes sin menoscabar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, y derivado de éste nace el precepto de equidad intergeneracional recogido en el principio 7 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.


Coincidiendo con PRIEUR,[32] al modificarse o derogarse una norma que protege el medio ambiente para reducir su grado de protección se le estaría imponiendo a las generaciones futuras un medio ambiente más degradado a través de una norma jurídica con contenido regresivo, conducta que estaría en flagrante discordancia con el principio de equidad intergeneracional, en la medida que a nuestra generación le está vedado comprometer a las generaciones futuras con una norma que haría retroceder la protección del medio ambiente. De esta forma, la regresión del derecho ambiental que se decida hoy constituiría entonces una vulneración de los derechos de las generaciones futuras, ya que esto conlleva a imponerles un nivel de protección del medio ambiente inferior al actualmente logrado.[33]


A la vez, los principios ambientales de prevención, precaución y patrimonio común, también contenidos en la Declaración de Río, complementan al principio de no regresión en la medida que buscan adelantarse al daño ambiental y así evitar situaciones irreversibles, incluso en aquellos supuestos donde no existe aún plena certeza científica. Esta postura fue adoptada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en el voto 2010-18702, único precedente existente a la fecha sobre la aplicación directa del principio de progresión y no regresión en materia ambiental:


“De tal forma, el principio precautorio encuentra aplicación en la medida que se carezca de certeza en cuanto al daño a producir y las medidas de mitigación o reparación que deben implementarse, pues al tenerse certeza sobre el tipo o magnitud del daño ambiental que puede producirse y de las medidas que deberán adoptarse en cada momento, se elimina todo sesgo de duda y, por consiguiente, resultaría impropio dar aplicación al principio precautorio. Dicho de otro modo, el principio precautorio debe ser aplicado en supuestos de duda razonable o incerteza, mas no cuando se tiene certeza del tipo de daño y de las medidas que deban adoptarse, ya que por su propia naturaleza resulta inviable la aplicación de este principio. Sin embargo, en el presente caso se echa de menos esta valoración. Ciertamente, cada concesión requerirá de previo un estudio de impacto ambiental evaluado por parte de SETENA, no obstante lo anterior, algunos de estos ecosistemas, por ejemplo las reservas marinas, son áreas que fueron protegidas precisamente con la intención de que en esta zona no se realice ninguna actividad extractiva y no se vea afectada tampoco, por ningún tipo de contaminación (escapes de motores, contaminaciones acústicas, contaminaciones luminosas, etc.), para que la flora y la fauna se vayan regenerando a lo largo del tiempo, hasta que sus poblaciones alcancen el mayor número de ejemplares que pueda haber en ese sitio; lo cual es totalmente excluyente con la concesión de una marina turística por los efectos que evidentemente lo alterarán. Otros ecosistemas de los citados puede ser que no requieran necesariamente una veda absoluta de toda actividad, pero cualquier autorización en ese sentido debe ser valorada y anticipada. Como ya se indicó, resulta irrazonable proteger unas zonas y otras no sin un criterio técnico que así lo sustente, pues ello resulta lesivo del principio precautorio y del principio de progresividad del ámbito de tutela de los derechos fundamentales”.


Ahora bien, la Ley Orgánica del Ambiente recoge de manera taxativa y reiterativa los principios ambientales antes citados, con la salvedad del precautorio. Para corroborar lo anterior basta con citar entre otros, los arts. 1, 2 y 4, que desarrollan los objetivos, principios y fines de la norma:


ARTICULO 1.- Objetivos


La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. Se define como ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano.


ARTICULO 2.- Principios


Los principios que inspiran esta ley son los siguientes:


a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social.


b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política.


c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.


d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras. El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en práctica de un sistema de información con indicadores ambientales, destinados a medir la evolución y la correlación con los indicadores económicos y sociales para el país.


ARTICULO 4.- Fines


Son fines de la presente ley:


a) Fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y su medio.


b) Satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones de las generaciones futuras.


c) Promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que pueden causarse al ambiente.


d) Regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad pública o privada respecto del ambiente, así como las relaciones y las acciones que surjan del aprovechamiento y la conservación ambiental.


e) Establecer los principios que orienten las actividades de la Administración Pública en materia ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación para una labor eficiente y eficaz


Siendo que la LOA recoge y plasma dentro de su articulado de manera expresa los principios ambientales de desarrollo sostenible, equidad intergeneracional, prevención y patrimonio común, y que de estos principios adquiere sustento la idea de no regresión, sería posible afirmar entonces vía interpretativa, que la LOA otorga reconocimiento y contenido al principio de regresión impregnando con ello al resto del bloque de legalidad ambiental.


III.2. Derivación en virtud del carácter finalista del derecho ambiental y la prohibición de reducción de límites de las Áreas Silvestres Protegidas.


También es posible fundamentar la existencia y contenido del principio de no regresión sustentado en el carácter finalista del derecho ambiental, ya que siendo sus objetivos la tutela de la vida, la salud y el equilibrio ecológico a través de normas jurídicas que busquen aumentar la biodiversidad y disminuir la contaminación, éste únicamente podrá ser eficaz cuando las modificaciones que le afecten impliquen un medio ambiente mejor y no peor que el anterior, por tanto, cualquier retroceso sería inmoral.


Ese carácter finalista se ve reflejado en la Ley Orgánica del Ambiente, en la medida que busca procurar un alto nivel de protección ambiental, mejorar el medio ambiente, aumentar la biodiversidad, proteger los recursos naturales bióticos y abióticos, y por supuesto, acabar, disminuir y aplacar la contaminación y la degradación ambiental; esto conlleva a deducir fehacientemente la obligación de progreso y su consecuente imposibilidad de regresión en su aplicación dentro del derecho interno.


Cabe también tomar en cuenta que la obligación estatal de garantizar, defender y preservar este derecho, contenida tanto en la Constitución Política como en la LOA, es creciente, gradual y progresiva en procura siempre de mejores y más adecuadas instancias de protección teniendo como norte lograr su mayor eficacia, exigencias que por ende se oponen a cualquier idea de regresión.


El numeral 38 de la Ley Orgánica del Ambiente es un claro ejemplo de ese caracter finalista anteriormente expuesto, ya que además de exigir norma de rango legal para reducir los límites de un Área Silvestre Protegida, obliga también a realizar estudios técnicos que justifiquen dicha medida, con un claro objetivo de impedir y evitar regresiones en la extensión de las áreas silvestres protegidas.


Esta disposición anti-regresión se ve complementada y reforzada por el derecho internacional ambiental suscrito por Costa Rica, en especial por el Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América, también conocido como Convenio de Washington, el cual en su artículo III prohíbe alterar los límites de los parques nacionales y enajenar parte alguna de ellos si no lo es por acción de autoridad legislativa competente.


A la luz tanto del Convenio de Washington, como del artículo 38 de la LOA, toda alteración negativa o disminución de los límites de áreas silvestres protegidas sería considerado una regresión en materia ambiental, y por tanto queda expresamente prohibida, salvo que contare con aprobación legislativa. Sobre el aumento y/o disminución de los límites territoriales del patrimonio natural del estado y en aplicación de la prohibición de regresión prevista en ambos instrumentos jurídicos, la Sala Constitucional en la sentencia 1999-5399 señaló:


“V. En relación con la alegada violación del artículo 3 del Convenio para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América -aprobado por Ley número 3763, de primero de octubre de mil novecientos sesenta y seis- en relación con el artículo 7 constitucional, que en lo que interesa dice así:


"Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales.


Los Gobiernos Contratantes convienen en prohibir la caza, la matanza y la captura de especímenes de la fauna y la destrucción y recolección de ejemplares de la flora en los parques nacionales, excepto cuando se haga por las autoridades del parque o por orden o bajo vigilancia de las mismas o para investigaciones científicas debidamente autorizadas”.


Deben esas normas interpretarse en sentido restrictivo, de manera que, la exigencia de establecer los límites de los parques nacionales a través de una ley es únicamente cuando va en detrimento del mismo, es decir, cuando se quiera reducir su extensión, y no cuando se quieran extender los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado. Este artículo debe completarse con el artículo 40 de la Ley Forestal que dice:


"El área de las reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas biológicas del patrimonio forestal, sólo podrá ser reducida por ley de la República, previos estudios técnicos correspondientes que justifiquen esta medida”.


Y esto es así en virtud de que el bien jurídico que se protege es el "recurso forestal", término que "significa la protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural," (resolución de la Sala Constitucional número 2233-93, de las nueve horas treinta y seis minutos del veintiocho de mayo) que existe en la zona declarada como parque nacional, y que es reconocido tanto por la legislación internacional, por las leyes especiales dictadas al efecto, como por los textos de las cartas políticas. En este sentido, el artículo 69 de la Constitución Política es que habla de "explotación racional de la tierra", constituyéndose un principio fundamental su protección (…)”.


Es evidente entonces que el Poder Ejecutivo, no puede reducir los límites territoriales un área silvestre, pero sí puede extenderlos. De ahí que los Decretos cuya derogación o puesta en vigencia hayan producido como consecuencia inmediata el aumento del territorio de una determinada área protegida, son constitucionales”.


De todo lo cual se pueden derivar dos conclusiones. Por un lado, cuando de la ampliación de los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado se trata es posible hacerlo vía reglamento, pero cuando de su reducción se trata únicamente se puede hacer vía legal, claro está, siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la medida. Por otro lado, la derogatoria del artículo 6° del decreto ejecutivo DE-16614, incluyendo las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo implicó un aumento del territorio del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Gandoca-Manzanillo, siendo entonces que la exclusión de dichas zonas dentro del territorio del refugio implica una reducción del territorio de este”.


Es importante considerar que excepcionalmente algunos convenios internacionales en materia ambiental permiten ciertas formas de “regresión” que no podrían equiparase al concepto de regresión desarrollado en este trabajo, ya que necesariamente deben ser interpretadas a la luz de las distintas disposiciones y obligaciones contraídas en otros convenios ambientales y en la legislación nacional. Bajo esta óptica la Convención Ramsar permite en su artículo 2.5, por motivos urgentes de interés nacional, retirar un humedal de la Lista Oficial, o bien reducir su extensión siempre que se informe de inmediato sobre estas modificaciones a la Secretaría del Convenio. Por su parte, el Convenio CITES sobre Comercio Internacional de Flora y Fauna silvestre en su artículo XVI faculta a las Partes de la Convención a retirar cualquier especie previamente insertada en el Apéndice III, previa comunicación de dicho retiro a la Secretaría respectiva.


Por lo anterior, si bien es posible la exclusión de un humedal de la lista Ramsar por motivos urgentes de interés nacional, también es cierto que de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente los humedales que forman parte del Patrimonio Natural del Estado[34] les asiste la protección especial prevista en el Convención de Washington y por el artículo 38 de la misma LOA que impiden su desafectación, disminución o alteración de límites sin previa ley que así lo autorice, o bien sin estudios científicos y técnicos que lo justifiquen. De igual forma, la exclusión de una especie de flora y fauna silvestre del apéndice III de la Convención CITES no excluye al Estado Parte de sus obligaciones internacionales y nacionales respecto a la protección de la flora y fauna y de la biodiversidad, por lo que subsistirían siempre las disposiciones de la Convención de Diversidad Biológica, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Biodiversidad, Ley de Conservación de la Vida Silvestre y demás normativa que tutele a este bien jurídico.


De esta forma, el artículo 38 de la LOA reforzado tanto por el Convenio de Washington como por la jurisprudencia constitucional, actúa como una especie de dique de contención que evita regresiones ambientales respecto a la alteración de límites de áreas silvestres protegidas, dándole con ello sustento y contenido a este novedoso principio del derecho ambiental.


IV. Conclusiones [arriba] 


Un análisis actual de la legislación ambiental, incluyendo por supuesto la Ley Orgánica del Ambiente, arroja como resultado que se trata de normativa dispersa, fragmentada, y contradictoria. El país ha contraído gran cantidad de obligaciones al ratificar un sinnúmero de tratados internacionales ambientales sin antes haber modificado ni adaptado la normativa de grado inferior a las obligaciones contraídas y a la vez, la entrada en vigencia de normas más modernas tampoco ha seguido un proceso derogatorio claro de la legislación anterior.


Por su parte, la gestión ambiental se caracteriza por su dispersión, bajo nivel de coordinación (inter e intrainstitucional), innumerables traslapes de competencias, presupuestos bajos, fiscalización, control y seguimiento deficiente, insuficiente, anormal, irregular y en el peor de los casos inexistente, donde en la mayoría de los casos se actúa contra denuncia y no de oficio (ausencia de enfoque preventivo), poca participación ciudadana, graves incumplimientos de resoluciones administrativas e incluso constitucionales, esto último debido a que los mecanismos de ejecución existentes en el ordenamiento jurídico y, específicamente, en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, son insuficientes, ineficaces e inadecuadas para garantizar el cumplimiento de esas resoluciones para casos concretos.


Ante este desolador panorama se asoma la Ley Orgánica del Ambiente, próxima a cumplir la mayoría de edad, concebida por el legislador como una norma marco, un puente entre la constitucionalidad y la legalidad ambiental, cuya función principal es otorgarle integralidad y coherencia al sistema jurídico ambiental por medio del establecimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental, así como las bases generales de la política, gestión y legislación ambiental en todos sus niveles.


La LOA marcó un antes y un después en el desarrollo evolutivo del derecho ambiental costarricense, siendo que para la época de su puesta en vigencia, fue una ley de vanguardia a nivel regional, pero que en la actualidad no está siendo retomada y aplicada por las instituciones costarricenses, excepto en casos específicos, de manera que su espíritu integrador ha sido dejado de lado.


Pese a lo anteriormente expuesto, creemos firmemente que mediante su interpretación sistemática, material y evolutiva es posible adecuarla a los requerimientos de los tiempos modernos, y como prueba de ello citamos la interpretación de su artículo 101, realizada por la Sala Constitucional en el año 2000, que la hizo mutar hacia un régimen objetivo de responsabilidad por daño ambiental, así como la propuesta desarrollada en este trabajo respecto a la posibilidad de derivar de su propio articulado la existencia y contenido del nuevo principio de no regresión ambiental.


 


Bibliografía


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[1] Profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de las Maestrías de Derecho Ambiental y Derecho Público Comparado Franco-latinoamericano del Sistema de Estudios de Posgrados de la Universidad de Costa Rica. Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). mariopenachacon@gmail.com
[2] Ley número 7554 del 04 de octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 215 del 13 de noviembre de 1995.
[3] En 1992 la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, representó un hito en las negociaciones internacionales sobre las cuestiones de ambiente y desarrollo. Su objetivo era lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, así como sentar los principios de la cooperación internacional entre los países desarrollados y en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses comunes.
[4] Ley número 7412 del 22 de mayo de 1994, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 111 del 10 de junio de 1994.
[5] “La normativa ambiental que se ha generado es demasiado extensa, repetitiva confusa y desestructurada. Existe una visión de que el problema ambiental se resuelve creando nuevas leyes con controles, requisitos o procedimientos nuevos. Esta visión plantea un marco lleno de normativa compleja llena de requisitos y controles, pero carente de un esquema coherente de aplicación institucional. En este sentido la visión es más de control que de prevención del daño ambiental”. González Ballar, Rafael, Verdades incómodas sobre la justicia y la gobernabilidad ambiental en Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, San José, 2007.
[6] Término utilizado por el jurista argentino José Esaín al referirse a la naturaleza jurídica de la Ley General del Ambiente de su país. ESAÍN, José A., Competencias Ambientales, Abeledo Perrot, 2008.
[7] Cafferatta, Néstor A., “Instituciones de Derecho Ambiental Latinoamericano”, Revista de Derecho Público, 2009- II, Derecho Ambiental – II, RUBINZAL- CULZONI Editores, Noviembre de 2009.
[8] Cafferatta, Néstor A., “Reformulación del principio de progresividad a 10 años de la ley 25675 General del Ambiente, Avances y Novedades”, accesible en http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/08/11/2012/doctrina-del-dia-reformulacion-del-principio-de-progresividad-a-10-anos-de-la-ley-25675-general-del-ambiente-avances-y-novedades
[9] Cháves, Silvia, Los diez años de la Ley Orgánica del Ambiente: Logros y Perspectivas, en XII Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, accesible en: http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/costa-rica/estado-de-la-nacion/ponencias/465-informe-xii
[10] González Ballar, Rafael, “Algunos problemas para una efectiva justicia ambiental en Costa Rica”, disponible en: http://www.iusdoctrina.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=7:algunos-problemas-para-una-efectiva-justicia-ambiental-en-costa-rica&catid=18:articulos-del-volumen-no-i&Itemid=2
[11] Cafferatta, Néstor A., Reformulación del principio de progresividad a 10 años de la ley 25675 General del Ambiente, Avances y Novedades, accesible en http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/08/11/2012/doctrina-del-dia-reformulacion-del-principio-de-progresividad-a-10-anos-de-la-ley-25675-general-del-ambiente-avances-y-novedades.
[12] Voto número 1669-2000 del 18 de febrero del 2000 de la Sala Constitucional y voto número 398-2001 del 6 de junio de 2001 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
[13] Sobre este tema puede consultarse el ensayo académico de este mismo autor titulado “Daño ambiental y Prescripción” publicado en la Revista Electrónica de Derecho Ambiental “Medio Ambiente & Derecho”, Universidad de Sevilla, número 19, junio 2009, España, accesible en: www.cica.es/aliens/gimadus/
[14] Sentencia número 675-2007 del 21 de setiembre del 2007, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
[15] Cháves, Silvia, Los diez años de la Ley Orgánica del Ambiente: Logros y Perspectivas, en XII Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, accesible en: http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/costa-rica/estado-de-la-nacion/ponencias/465-informe-xii
[16] Para mayor información puede consultarse el ensayo académico de este mismo autor denominado “Principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional costarricense”, en la Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, número 3, febrero 2012, Argentina, accesible en: http://www.ijeditores.com.ar/index.php?ididioma=1&idcontenido=-2&idpublicacion=19&view=1
[17] Prieur, Michel, El nuevo principio de no regresión en derecho ambiental, 2011.
[18] Berros, María Valeria y Sbresso Luciana, Primeras señales sobre el principio de no regresión en materia ambiental en Argentina. Un estado de la cuestión, 2011.
[19] “La idea de “mínimo” pone de manifiesto una de las cuestiones más complejas que podría postularse en torno a la no regresión, que es la determinación del “volumen de transferencia” hacia las generaciones futuras. Su delimitación podría oscilar entre la mantención de un mínimo existencial de todo aquello que fuera posible según un juicio de razonabilidad o la consolidación de un máximo a transferir, lo cual da cuenta del riesgo que se corre al consolidar un idea de “mínimo” en lugar de “máximo” a transferir, lo que podría traducirse en términos de un esfuerzo mínimo o máximo en relación con el porvenir” Berros, María Valera, Construyendo el principio de no regresión en el Derecho argentino” 2011.
[20] Masquerade for privilege: Deregulation undermining environmental protection, Washington and Lee Law Review, vol. 45, no. 3, Summer 1988.
[21] “El impacto de la desregulación no sólo debe medirse en términos de batalla ideológica mercado-intervención. La desregulación-liberalización impacta sobre la propia estructura técnica del Derecho Ambiental o los principios constitucionales; Koepfer ha destacado tres serias objeciones frente a los nuevos instrumentos desde el punto de vista del Estado de Derecho: seguridad jurídica, reserva de Ley y principio de igualdad; problemas de tutela jurídica para los terceros y pérdidas de la posibilidad de impugnar y, por último, problemas derivados de la acumulación desordenada de instrumentos” En torno a las nuevas formas de actuación medioambientales del Estado”, D.A., 1993, citado por Jordano Fraga, Jesús, Derecho Ambiental Siglo XXI, Medio y Derecho, Revista Electrónica de Derecho Ambiental, número 9, Universidad de Sevilla, 2002.
[22] Prieur, Michel, La déréglementation en matière d’environnement, Revue juridique de l’environnement, n. º 3, 1987.
[23] Prieur, Michel, El nuevo principio de no regresión en derecho ambiental.
[24] Al respecto pueden consultarse las sentencias constitucionales: 2006-17126, 2003-06322 y 2012-3266
[25] Con la aprobación del documento final denominada “El futuro que queremos” emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) se reafirmaron los principios aprobados en la Conferencia de Rio de 1992, adquiriendo con ello un carácter consuetudinario en el sentido del derecho internacional, evitando por tanto todo tipo de regresión.
[26] Costa Rica ha suscrito un elenco altísimo de convenios ambientales donde destacan el Convenio Diversidad Biológica, Convenio Marco de Cambio Climático, Convenio para la Protección de la Capa de Ozono, Convenio sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los países de América, Convenio CITES sobre Comercio Internacional de Flora y Fauna Silvestre, Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, y a nivel regional: Convenio sobre Cambios Climáticos, Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Protegidas en América Central, Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizos de Desechos Peligrosos, Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Forestales y el desarrollo de Plantaciones Forestales.
[27] Ratificado por Ley Nº 8622 del 21 de noviembre de 2007
[28] Al respecto pueden consultarse los votos constitucionales: 2001-3825, 2007-1378, 2002-11515, 2003-2443, 2004-11882, 2009-10553, 2011-13641, 2010-14467, 2011-6329 y 2011-1985.
[29] Puede consultarse los votos constitucionales: 2006-1109, 2000-878, 2003-2771, 1990-101, 2009-8065, 2008-11696
[30] Ver resoluciones de la Sala Constitucional: 1999-644.
[31] Voto constitucional 2010-18702.
[32] Prieur, Michel, El nuevo principio de no regresión en derecho ambiental.
[33] “La incorporación de una responsabilidad vis a vis las generaciones futuras podría ser uno de los ejes para la construcción de los fundamentos jurídicos propios de la no regresión” Berros, María Valeria y Sbresso Luciana, Primeras señales sobre el principio de no regresión en materia ambiental en Argentina. Un estado de la cuestión, 2011.
[34] Sobre el concepto Patrimonio Natural del Estado el voto constitucional 2011-16938 dispuso: “El Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público cuya su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración del Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes)” (ver sentencia No. 2008-016975 de las catorce horas y cincuenta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil ocho; el subrayado no es del original). Visto lo anterior, del examen del caso, lo primero que debe decirse es que no lleva razón el accionante cuando afirma que hay manglares o humedales que no forman parte del Patrimonio Natural del Estado. Más concretamente, está claro, de acuerdo con los elementos normativos de juicio que citan las partes, incluyendo a la accionante, que todos los humedales que se encuentren en propiedades del Estado (que pertenezcan a cualquier ente, órgano u organismo estatal), forman parte de ese patrimonio, dado que se les clasifica como terrenos forestales (ver Decreto Ejecutivo 36786 del 12 de agosto de 2011); además, los manglares o bosques salados y los esteros, al formar parte de la zona pública en la zona marítimo terrestre, área inalienable según el artículo 1 de la Ley sobre la zona marítimo terrestre [“el carácter demanial de la zona marítimo terrestre (o ribera marina como se le denominó antiguamente) se reconoce desde tiempo inmemorial, y el Derecho Romano mismo recoge ese status, como ‘res communes’ y ‘extra comercium’”; ver voto No. 447-91 de 15:30 horas del 21 de febrero de 1991], constituyen reserva forestal y están afectados a la Ley Forestal 7575 del 13 de febrero de 1996 de acuerdo con el artículo 13 de esa ley. En todo caso, la Sala ha venido precisando este tema en la misma forma, con anterioridad al precedente que se citó al inicio de este considerando: “Interesa resaltar la forma en que está conformado el patrimonio forestal del Estado, en tanto en él se da una doble naturaleza, en primer lugar, por el patrimonio natural del Estado, conformado por reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco), al cual se le dota de la condición de bien de dominio público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Forestal, número 7575 ” (ver sentencia No. 2006-17126 de las quince horas con cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil seis).




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