ARGENTINA
Doctrina
Título:La contribución de la energía solar a la sostenibilidad ambiental
Autor:Guille, Jonatan J.
País:
Argentina
Publicación:Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación Económica - Número 5 - Agosto 2013
Fecha:08-08-2013 Cita:IJ-LXVII-806
Índice Voces Ultimos Artículos
I. Introducción: una contextualización social propicia y posible oportunidad económica
II. La energía solar. Aspectos generales
III. Clasificación de la energía solar según su forma de aprovechamiento
IV. Conclusiones

La contribución de La energía solar a la sostenibilidad ambiental


Un estudio jurídico-económico


Jonatan Jorge Guille*


I. Introducción: una contextualización social propicia y posible oportunidad económica [arriba] 


Son ya más que conocidas las duras consecuencias que derivan de la situación actual que hoy toca ser vivida y que no dejan de sustentarse en un estado de crisis económico-financiero, tanto a nivel nacional como internacional, que hizo y sigue haciendo mella en las economías aparentemente más sólidas y en las mentes de las personas más optimistas.


Pero analizándose ahora ese mismo contexto en una segunda instancia y bajo una nueva perspectiva, quizá fuese posible ver florecer con más fuerza ciertas oportunidades e ideas que al resguardo de otra situación social más apacible probablemente no pudieran crecer con tanta fuerza e ímpetu de superación. Así las cosas, el abono contextual es de los más propicios para el crecimiento de la innovación en nuevos mercados que materialicen soluciones y aplaquen problemáticas que puedan nacer en las diferentes vertientes económicas y laborales de una concreta sociedad en cuestión: la nuestra. El nacimiento de dichas ideas nunca debiera ser casual, sino causal a las circunstancias que atañen ser vencidas y que exigen tal novedosa solución como respuesta a las mismas, dando por satisfactoria la expresión “la necesidad agudiza el ingenio”, en una etapa en la que se nos presenta la exigencia de plantear nuevos sistemas económicos.


Esta materialización de ideas y soluciones ante presentes problemas se bifurca y extrapola, como es lógico, a una de las matrices más importantes y con más poder en el ámbito económico y social, esto es, la energía: motor de los grandes avances de la humanidad desde el comienzo de los comienzos hasta la actualidad, pero también fuente de producción de intereses privados y perniciosos. Las crisis del petróleo (como por ejemplo la Crisis de 1973) y la volatilidad en su precio (iniciadora del menoscabo hacia los países importadores en cuanto a la balanza comercial) o por otro lado las desavenencias en la alternativa de la energía nuclear en lo concerniente a sus residuos producidos, son realidades, tanto patentes como latentes, que materializan y refuerzan como fundamentos de hecho esa necesidad de dación de respuestas; y eso se consigue con el desarrollo e implantación de las denominadas energías limpias y con su consiguiente integración en el mix energético. Así pues, es ahora cuando el crecimiento e imposición de las aludidas fuentes de energía renovables, junto a la implantación de regulaciones más estrictas dirigidas a minimizar las emisiones contaminantes de las empresas[1] (declaraciones, protocolos, etc. entendidos como métodos de lucha contra problemas de degradación ambiental a causa de la apertura del comercio mundial) cambiando su relación con el medio natural y favoreciendo la reconversión de conductas de los consumidores en preferencias “verdes” (a pesar de que en España, el segmento de consumidores ecológicos tiene todavía un peso más reducido que en otros países), puede ser un paso significativo para el correcto y real crecimiento de éstas; y no meramente teórico o simbólico en bocetos y laboratorios (su porcentaje de uso relativo es todavía muy reducido), conviniéndose alcanzar su aplicación a todas las escalas posibles.


Así pues, apoyándose en las palabras de FRAJ, MARTÍNEZ y MATUTE[2], se puede y debe defender también la imperiosa importancia del medio ambiente en la gestión empresarial actual, ya que debido a la creciente preocupación de la comunidad internacional y del sector económico por los problemas medioambientales globales ha tenido un claro impacto en la mentalidad de las empresas, que al mismo tiempo buscan un más que posible aprovechamiento económico de esa nueva conducta que emerge; y una de las ramas en que se bifurca tal oportunidad competitiva es en el susodicho sector energético, sector en el que se adoptan posicionamientos medioambientales más innovadores[3], integrando tales aspectos en las respectivas estrategias empresariales mediante la denominada “Responsabilidad Social Corporativa” (RSC) bajo el principio de sostenibilidad.


Pero, a título personal, para la aplicación y mejora de esta rama es necesaria no sólo una evolución tecnológica, la cual se está dando gradualmente, sino también normativa (ámbito que en su mayoría será ocupado a lo largo del presente trabajo), con la posibilidad de modificaciones y elaboraciones de nuevos marcos energéticos de introducción progresiva, más sólidos y específicos a cada fuente del recurso, que asiente así los pilares de la expansión energética-renovable desde la perspectiva del buen cauce, uso y ofrecimiento del servicio (en la actualidad predomina la desmesurada existencia de lobbys en el sector debido a la existencia de mercados oligopólicos y débilmente regulados). En relación a esto último, se dice que una de las funciones del sector público (servicio público energético) es la de garantizar el correcto funcionamiento del mercado de la energía velando por el mantenimiento de las condiciones necesarias para que exista una competencia efectiva en el mercado, además de garantizar las condiciones de salubridad, seguridad y protección del medio ambiente a través de la llamada “policía administrativa”; y para ello dispone de potestad sancionadora con la que aquietar conductas que atenten contra las reglas que garanticen la libre competencia dentro del sector o contra los estándares mínimos de calidad de los servicios que han de prestar los operadores, o bien constituyen una amenaza para la salud, para la seguridad o para la protección del medio ambiente[4]. Por otro lado se debe contribuir también a la creación de políticas y convenios a favor de la materia aquí mencionada, e indirectamente también de prevención (principio fundamental de la Declaración de las Naciones Unidas de 16 de junio de 1972, sobre el medio humano, en Estocolmo) del vertiginoso riesgo de deterioro del medio en el que habitamos. En definitiva, se entiende que existe “cierto” criterio de desarrollo técnico, pero no tanto jurídico y comercial, por lo que se hace necesaria la aproximación de un marco regulador final. Así pues, PIÑAR MAÑAS[5], argumenta que son tres los pilares de la sostenibilidad integral en cuanto a desarrollo sostenible (principio jurídico vinculante a los poderes públicos y particulares bajo la idea de preocupación por las sociedades futuras a la hora de satisfacer nuestras necesidades presentes) imprescindibles para una correcta protección del medio ambiente: el económico, el social y el legal. Se destaca ahora esta tercera variable bajo el amparo de sus palabras de “dotación de valor jurídico al desarrollo sostenible” bajo una suerte de consecuencias jurídicas que fundamenten obligaciones concretas y específicas como garante de defensa del medio. Para ello es indispensable una materialización jurisprudencial de la responsabilidad.


Quizá entonces, una de las mejores alternativas que se puedan plantear ante los diversos razonamientos y problemáticas de índoles ya comentadas, resida en el objeto que será a tratar en la siguiente investigación: la energía solar concebida como fuente de energía limpia, inagotable y sostenible; y por consiguiente su necesaria regulación normativa (con enormes posibilidades de aplicación en nuestro territorio garantizadoras de éxito y seguridad en el abastecimiento energético); pero ahora también entendida como fuente de recursos, tanto de factores productivos como de valores responsables y humanos orientada hacia el acertado respeto del medio ambiente y haciendo de éste su razón de ser. En esta dualidad debe, y así lo hace, residir el camino y el horizonte hacia el equilibrio del avance. El progreso sostenible a través de este tipo de fuente energética es posible y sobretodo acorde a los tiempos (pese a puntuales impedimentos de apoyo económico que en la actualidad pudieran nacer como fruto de tal crisis, como creadora de oportunidades pero también de sus accesorias trabas) y congruente también en referencia al medio, del cual se ostenta el deber de custodia y preservación bajo el deber del buen hacer tanto de los poderes públicos como de la población civil en su conjunto, explícito en el art. 45 CE, entendido como principio rector de la política social y económica[6] (Capítulo III del Título I) pero con función de pseudo reconocimiento a disfrutar del medio ambiente (no hay titularidad del objeto, únicamente derecho al uso), por creer, pese a las diferentes posiciones doctrinales ambientalistas,[7] que no es directamente defendible tal derecho ante los Tribunales sin mediación de previas normas de desarrollo ni posibilidad de acceder al recurso de amparo ante el TC[8].


En definitiva, se entiende que el uso continuado de las FER, concretamente la solar, garantiza de forma preventiva la presente y futura habitabilidad del planeta al que el ser humano pertenece. Así pues, a través del presente trabajo se intentará dar crédito y respuesta a las principales ideas, cuestiones y caracteres que condicionan la pertinente puesta a disposición de su concerniente tecnología y demás medios.


II. La energía solar. Aspectos generales [arriba] 


Para poder entender la energía solar como madre engendradora de otras muchas fuentes derivadas, es preciso hablar primeramente de su hegemónico órgano productor: el Sol. Este astro, culpable en gran parte de permitir la existencia de la vida en nuestro planeta, se encuentra situado a una distancia de la Tierra de 143 millones de Km y ocupa alrededor de 1,4 millones de Km de diámetro, conformado por una suerte de gases (helio e hidrógeno) de una elevada temperatura. Dicha temperatura, junto a una extremada presión, crea una liberación de energía desde el centro de la esfera solar hacia el exterior, consiguiendo llegar así hasta nuestra superficie terrestre. De esa energía interceptada por la Tierra, una parte variable es absorbida por la atmósfera, incidiendo el resto en la superficie, en proporciones aproximadas al 30% y al 70% respectivamente. En un día soleado, la cantidad de energía que irrumpe, en una hora, en un metro cuadrado de superficie expuesta normalmente al sol, es de aproximadamente de 850 Kcal, aproximadamente un kW por hora[9]. Esta energía puede ser capturada por el hombre para ser aprovechada directamente o mediante su transformación (tal y como se verá más adelante).


Téngase conocimiento también de que dicho aprovechamiento de energía solar en la Tierra viene añadidamente condicionado por la limitación de las horas solares (muy variables según la zona geográfica concreta) y su cambiante intensidad en función de las estaciones del año y de la hora del día. Tales condicionamientos y limitaciones, han llevado a los técnicos a proyectar la colocación de mecanismos receptores de tal energía en el espacio exterior, a modo de plataformas situadas en órbita geoestacionaria, provista de células para la captación de energía solar y su retransmisión a la Tierra en forma de microondas. Esto puede plantear problemas de índole jurídica en el ámbito del Derecho internacional en su variante espacial, como por ejemplo la legitimación de los lanzamientos de las plataformas (profundamente unido a la libertad de investigación, uso y exploración del espacio exterior), condición y régimen jurídico de éstas (problema de soberanía), etc.; pero esta cuestión es un tema de largo recorrido temporal, ya vivido y consecuentemente tratado internacionalmente desde 1975; concretamente desde las VII Jornadas Argentinas de Derecho Aeronáutico y del Espacio, celebradas en agosto de ese mismo año[10].


Por otro lado, hay decir que (tal y como se ha puntualizado) aunque no toda la energía proveniente del sol es utilizable (sus formas de aprovechamiento dependerán de las posibilidades técnicas de realización y de la realidad socio industrial actual), estudios demuestran que el potencial de la energía solar aprovechable anualmente, con la tecnología hasta hoy desarrollada, es enormemente superior al consumo energético anual de la población mundial[11], sin mencionar que estamos hablando de una tipología de energía que se regenera por sí sola (con posesión del carácter de inagotable). En relación a esto último, a la Tierra llega una cantidad de energía solar equivalente a 1,7x1014 kW, lo que representa la potencia correspondiente a 170 millones de reactores nucleares de 1.000 MW de potencia eléctrica unitaria; o lo que es lo mismo, 10.000 veces el consumo energético mundial[12]. Por tanto, siendo críticos, es cabal decir entonces que no sería necesario el uso y consumo de otras fuentes energéticas que menoscaben la existencia del medio, pareciendo por tanto, lo más lógico y sensato, centrar todas las inversiones en mejorar la obtención de esta tipología de energía limpia, si tenemos previamente garantizada su total eficiencia, independencia y autosuficiencia.


III. Clasificación de la energía solar según su forma de aprovechamiento [arriba] 


1. LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA


1.1. DEFINICIÓN Y RELACIÓN DE COMPONENTES TÉCNICOS


La concreta definición de instalación solar térmica se puede encontrar textualmente en el Código Técnico de la Edificación (el cual será ampliamente analizado con posterioridad), y es la siguiente:


Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después en los puntos de consumo (tal sistema se perfecciona con una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar que puede o no estar integrado dentro de la misma instalación).


Es también en el CTE donde se enumeran los componentes de una instalación solar térmica (además de sus condiciones generales), siendo éstos los siguientes[13]:


1. Un sistema de captación formado por los paneles solares, encargado de transformar la radiación solar incidente en energía térmica, de forma que se calienta el fluido de trabajo que circula por los citados paneles.


2. Un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua caliente hasta que se necesitase su uso.


3. Un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas etc., que se encargan de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación.


4. Un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada, desde el circuito de captadores (circuito primario), al agua para su calentamiento.


5. Un sistema de regulación y control encargado por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía térmica posible, y por otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores tales como sobrecalentamiento del sistema, riesgo de congelaciones, etc.


6. Adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para completar la contribución solar, suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o de demanda superior a la previsión realizada.


Seguidamente serán examinados los puntos más determinantes e influyentes en relación con la puesta en marcha de este tipo de oferta energética.


1.2. APLICABILIDAD, USOS Y FACTORES INFLUYENTES PARA SU ÓPTIMO DESARROLLO


La energía solar térmica es el sector energético solar más experimentado (con un aval temporal de más de 20 años en práctica) y avanzado, hasta llegar al punto de poder competir directamente con cualquier otro sistema para el calentamiento de líquidos. Las inversiones de sistemas basados en energía solar térmica se amortizan a corto (en usos industriales sobre los 3 años) o medio plazo (en una utilización doméstica o vecinal oscila entre los 4 y 7 años), aunque creemos conveniente realizar un mayor esfuerzo en el impulso tecnológico complementado con una permisiva política de financiación en un intento por recortar los plazos de recuperación del coste y aumentar así la demanda existente en lo concerniente a estes tipos de mercados e inversiones. En este sentido, DOMÍNGUEZ CERDEIRA[14] asegura que muchos de los usuarios finales no perciben el ahorro y el interés de una instalación de estas características. Es entonces primordial crear mecanismos de detección del ahorro en el consumo energético solar a corto plazo. Aun con todo, en la actualidad se está produciendo una gran implantación de dicha tecnología, viéndose en cierto modo favorecida por una mejor legislación vigente, normalmente de carácter autonómico y a través del cauce de la incentivación económica, tal y como se verá en el apartado correspondiente, aunque todavía queda mucha labor que realizar en cuanto a regulación solar térmica se refiere.


Así, dos tipos de sistemas son los que se acentúan centrándose pues en la forma de captación de la energía solar:


A) Sistemas pasivos[15]: Es considerada la energía renovable con menor impacto en el medio ambiente. Su forma de captación es directa y sin necesidad de procesos transformadores, basándose en la utilización de materiales y diseños que ayuden a una mayor ganancia y eficacia energética, primordialmente en los edificios (con la orientación y el uso adecuado de los distintos elementos arquitectónicos además de los factores ambientales del entorno), favoreciendo o evitando (según las condiciones térmicas) el calentamiento de los mismos para reducir el consumo de energía en cualquiera de sus formas, conociéndose esto último como arquitectura solar pasiva o “arquitectura bioclimática” con base en la edificación energéticamente eficiente (ordenación del medio edificado bajo el principio medio ambiente urbano sostenible: principio de cautela o protección) y con un coste de instalación tan reducido como amortizable a corto plazo a razón del ahorro energético que propiamente dicho sistema proporciona.


B) Sistemas activos[16]: En este sistema sí se produce un proceso de transformación una vez conseguida la energía solar, para de este modo obtener energía térmica. Dichos procesos, a la vez se subdividen según la necesidad o no de concentración de la energía y el nivel térmico alcanzado, obteniéndose así:


· Sistemas de baja temperatura. Para la denominada baja temperatura (entre 30 ºC y 80 ºC), su adaptación funcional se realiza sin concentración mediante el posible establecimiento de diferentes mecanismos: colectores planos (fijos)[17] de caucho o metal en rejilla, serpentín, de capa selectiva, o los sistemas de tubos de vacío.


· Sistemas de media temperatura. En lo referente a tales sistemas, sí es necesaria la concentración, buscando el incremento de intensidad de radiación solar mediante superficies reflectoras, permitiendo de ese modo el aumento de temperatura del fluido caloportador del que fuere tratado mediante un único eje. Su temperatura oscila entre 80 ºC y 250 ºC en favor de la generación de calor útil para procesos industriales, desalinización de agua de mar y refrigeración mediante energía solar o generación de energía eléctrica (instalaciones solares termoeléctricas entendidas como un tipo intermedio de instalaciones solares térmicas en las que se utiliza la energía del sol; esto es, sus radiaciones solares, para producir calor; pero lejos de su aplicación directa, este calor se transforma en vapor -de alta presión y temperatura-, y el mismo se emplea para producir electricidad a través de espejos cilíndrico-parabólicos y torres con espejos[18]).


· Sistemas de alta temperatura. Su sistemática depende de otras geometrías de concentración diferentes a las de baja y media temperatura, ya que sus aplicaciones requieren de temperaturas entre los 250 ºC y los 1000 ºC, y al igual que la temperatura media necesita también de la concentración energética. Son los llamados “concentradores solares”: espejos con función mecánica de concentración de rayos del sol en un colector que contiene un fluido que al llegar a cierta temperatura entra en ebullición, alcanzando presiones elevadas, y por tanto diseñados para dar posibilidad de obtención y generación de vapor, usado sobretodo y nuevamente en producción eléctrica por medio de turbinas; es decir, la matizada energía termoeléctrica (en sistema aislado o combinado con biomasa o combustibles fósiles si la energía solar por si sola no es suficiente para cubrir la demanda -energía solar híbrida-).


En cuanto a la posible aplicabilidad más genérica de la energía solar térmica[19] (sobretodo en cuanto a energía de baja temperatura), hay que destacar dos usos que cobran más protagonismo en dicha materia (además de otros como calefacción, aplicaciones de refrigeración y aplicaciones industriales o agrícolas), que son en calentamiento de piscinas (acentuando países como Alemania, Francia, reino Unido y Holanda) y en agua caliente sanitaria -confort- para viviendas unifamiliares o a grandes consumos en hoteles, hospitales, etc. (con aplicaciones destacadas en países como Italia Grecia o España entre otros). En lo referente al primer uso mencionado, debido a que las moderadas temperaturas de uso de tales aguas, hacen que su aplicación térmica produzca importantes efectos positivos respecto a la rentabilidad, demostrando pues que es la aplicación doméstica más conveniente para este tipo de sistemas, ya que no es preciso la instalación de depósitos de acumulación del calor. En lo concerniente ahora al segundo uso descrito, es la aplicación térmica por excelencia, pero estos sistemas sí requieren ya de tales depósitos de acumulación.


Para finalizar el presente apartado serán destacados tres importantes factores que condicionan la óptima captación y aprovechamiento de la energía, pues se sabe que es ineludible partir ex ante de la física de la energía para posteriormente poder acotar y abordar satisfactoriamente su mismo campo jurídicamente, donde sobre el componente técnico giran las demás variables relativas a tal ámbito energético solar. Así pues, dichos factores son los siguientes:


- La radiación solar: A una mayor radiación recibida y considerando la igualdad de variables, se producirá una mayor cantidad de energía obtenida; por lo que será una determinada zona más eficiente cuanto mayor sea su nivel de irradiación solar. Además, la radiación solar, tanto directa (proveniente directamente del sol) como difusa (la que de forma previa es absorbida y difundida por la atmósfera) se refleja en todas las superficies en las que incide dando lugar a la radiación reflejada. La reflexión variará según las características y naturaleza de la superficie reflectora. Es así como nace la radiación solar global (conjunción de la radiación directa, difusa y reflejada), siendo ésta la aprovechada para su transformación térmica[20].


- El Ángulo de incidencia sobre la superficie captadora: Se Debe señalar que de forma complementaria al factor anterior, la máxima radiación recibida se alcanza al situar la superficie de captación de forma perpendicular a los rayos del sol. Así pues, las desviaciones de la posición ideal hace que el aprovechamiento sea menor. Se busca, por tanto, la posición y orientación óptimas, para conseguir el máximo aprovechamiento a lo largo del año. Estos valores óptimos son en función de la altura solar y acimut[21] dependiente de la hora, el día y la latitud de la instalación.


- El diseño de la instalación: Por último, las instalaciones serán estudiadas y proyectadas en relación a las necesidades y restricciones del proyecto en cuestión, evitando los “sobre-dimensionamientos” inoportunos. También se entiende necesaria la óptima selección de proveedores y técnicos, para la idónea toma de decisiones.


1.3. PERSPECTIVAS Y ESPECTATIVAS DEL MERCADO ENERGÉTICO-TÉRMICO


1.3.1. Síntesis del mercado mundial actual


En cuanto a términos globales, es de destacar que la contribución mundial de energía solar térmica es limitada (98,4 GW térmicos), siendo líderes en el sector China (con un 40%), Japón, Alemania (el mercado alemán y al mismo tiempo el más grande de Europa, se ha reducido en casi un 29% en 2010. Esta disminución, junto con la caída del 23% en 2009, llega al mercado casi de vuelta a su nivel de 2007, con 805 MWt de la nueva capacidad de energía solar instalada -1.150.000 m2-), Israel y Turquía.


En lo relativo a 2007, China gobernó el mercado con un 59%, seguido de Estados Unidos con un 3%, Alemania con el 3%, Turquía con el 2%, y Australia con el 2%. Ningún otro país superó el 1% (obsérvese la abismal diferenciación porcentual que asignó el primero frente al segundo). A esto hay que añadir que Brasil e India se presentan como los posibles nuevos mercados para el desarrollo masivo de este tipo de tecnología, creyéndose que por razones de aumento de su demanda energética interna y de la accesoria “calidad de vida” debido al cambio que vienen sufriendo sus economías, mutando, en la actualidad y de forma progresiva, de países subdesarrollados a nuevos países desarrollados en aras de los procesos de industrialización.


Por otra parte, si se realiza la medición comparando la capacidad instalada con el número de personas que habitan en un determinado país, se observa que en la actualidad Chipre ocupa la primera posición a nivel mundial con 0,89 m2 instalados por persona, siguiéndole Israel con 0,56 m2 por persona[22].


1.3.2. La nueva capacidad instalada europea


Respecto al mercado solar térmico europeo[23], aunque éste ha vuelto a experimentar un descenso general en 2010, sigue estando por encima del nivel apreciado en 2007, con un total de 2.586 MWt (3.694.940 m2) de nueva capacidad instalada; aunque es preciso que tanto los organismos supranacionales como los estatales, por la senda de la cooperación transfronteriza y regional (favoreciendo la sinergia), tomen las medidas que consideren oportunas para poder devolver al sector la deseada estabilidad en cuanto a su crecimiento positivo para los teóricamente difíciles años venideros, como inherente y esperanzadora vía de amortiguación de la actual y potencial crisis económica, confiando desde aquí en sus viables propiedades reparadoras, o cuando menos anestésicas, en el subsector energético de referencia.


1.3.3. El decrecimiento de la representación española en la élite del sector energético


En lo que concierne a España, y a la cuantificación del consumo en tal sector, señálese que el mismo constituía el 10% del mercado europeo. Éste junto Grecia, Alemania y Austria representaban el 78% de la capacidad de producción instalada en Europa; pero teniendo ahora en cuenta los recientes datos obtenidos de 2010 (publicados en junio de 2011), sobre mercados entre 200.000 m2 y 500.000 m2 al que nuestro país pertenece (a diferencia del italiano, que ha confirmado su nivel de 2009 -alrededor de 500.000 m2-), se debe puntualizar que dicho mercado español disminuyó, contrayéndose por segundo año consecutivo y quedando a 235.760 kWh (336.800 m2 de nueva capacidad instalada)[24]. En la actualidad, el mercado español aporta un 9 % del total instalado a nivel europeo. Se aumenta así la brecha en los mercados europeos entre el segundo y el tercero en términos de nueva capacidad de energía solar instalada, creyendo nuevamente aquí oportunas las últimas líneas expuestas del apartado anterior sobre cooperación y recuperación del crecimiento sectorial. Aún así, esta capacidad supera a la de otras energías renovables con importantes índices de desarrollo, como es el caso de la energía eólica en Galicia.


1.4. NORMATIVAS, PLANES Y POLÍTICAS ACCIONADORAS COMO ELEMENTOS REGULADORES


Tal y como se viene adelantando, el positivismo de la capacidad instalada del que se permite disfrutar hoy en día es debido principalmente al accionamiento de medidas normativas y políticas gubernamentales, que amparan cierto grado de obligatoriedad en la instalación de determinados mecanismos solares (obligaciones solares -aunque sabemos que su uso para este tipo de energía renovable puede ser tan beneficioso como peligroso al buscar la maximización del beneficio y la minimización de lo costes, por lo que será necesario un estricto y complementario control de calidad-) o el fomento de la voluntariedad de los mismos mediante beneficios de índole económica, fiscal o de imagen y reputación empresarial.


Desde el punto de vista de un análisis más genérico en torno al marco regulador de las energías renovables entendidas en su conjunto, es de recalcar la delicadeza de la labor legislativa en materia de fomento de fuentes de energía limpia, pues puede funcionar contraproducentemente a la forma pretendida en un principio. La incertidumbre regulatoria debido a la cambiante legislación en periodos muy cortos de tiempo, incluso con carácter retroactivo puede desencadenar el freno del pretendido fomento y desarrollo, derivando tal inseguridad jurídica en inseguridad económica (el reciente caso de expropiación de la filial boliviana de la española Red Eléctrica de España -REE- junto a la nacionalización del 51% de la petrolera argentina YPF, filial de la española Repsol, escenifican dicha indefensión del sector conjunto de la energía, responsable de potenciales tensiones geopolíticas) y por consiguiente desalentando determinadas inversiones renovables en potencia [25], siendo culpables los criterios y estrategias de ocurrencia. De aquí nace nuestro esfuerzo por denunciar la imperante necesidad de realización de una compilación normativa reguladora del sector energético entendida de una forma global y sólida, pero específica por tipologías, garante de estabilidad jurídica en lo que a sus contenidos se refiere.


Es imperante pues la obligación de resaltar las siguientes disposiciones concernientes a la materia, escenificando algunas la mencionada inseguridad jurídica aludida en líneas anteriores, y representando otras la lucha por imponer la ansiada estabilidad legislativa y económica (con mayor o menor grado de acierto), y en todos los ámbitos posibles (europeo, nacional, autonómico y local). Así, se destaca lo que continúa:


1.4.1. Ámbito europeo. Las medidas supraestatales


Para realizar el pertinente análisis de la regulación que pende de la autoridad europea, es preciso considerar que la energía era ya una cuestión fundamental cuando se firmaron los Tratados CECA en 1952 y EURATOM en 1967, al igual que las negociaciones que condujeron al Tratado de Roma; pero lo cierto es que la política de la UE en materia de energías renovables es bastante reciente, pues la misma se inició con la adopción del Libro Blanco COM (1997) 599 energía para el futuro: las fuentes de energía renovables. Se proclamaba así el objetivo de doblar la producción de energía procedente de fuentes renovables y alcanzar el 12% en 2010 (específicamente para la energía solar térmica en Europa, se preveía que en el 2010 la capacidad total instalada sería de 100 millones de m2, y en materia de energía solar fotovoltaica, se esperaba que la producción anual mundial de módulos llegara a 2,4 GWb también en el año 2010[26]); sin embargo no se llega a cumplir debido a que los costes eran mayores a los pronosticados en un primer momento por falta de generalización, y por consiguiente de mercado y de inversión. Así, la Comunicación de la Comisión Europea, de 10 de enero de 2007 reconoció que dicho objetivo no llegaría a ser alcanzado, trasfiriendo todas las esperanzas al nuevo y proclamado objetivo para 2020. Por otra parte, hay que añadir que el Tratado de Lisboa contiene en su art. 194 el establecimiento de las competencias de la Unión respecto de la política energética, que tendrá como objetivo, entre otros, el desarrollo de energías nuevas y renovables[27]. A continuación serán resaltadas las medidas europeas más significativas en lo referente al apartado de la energía solar:


I) La Directiva 2009/28/CE (Renewable Energy Sources Directive)


En marzo de 2007, los respectivos jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la UE adoptaron una meta vinculante para los Estados miembros del 20% de consumo de energía final de energías renovables en 2020 (en 2010 éstas representaron el 13,2%)[28], activándose mecanismos legales de seguimiento[29] (relacionado en gran parte a la estrategia de oposición contra el peligro global e inminente del cambio climático, exigiendo por tanto soluciones generales y urgentes). A favor del establecimiento de un potente marco jurídico renovable, en enero de 2008, la Comisión Europea presentó un nuevo proyecto de Directiva relativo a la promoción de la utilización de energía originaria de fuentes renovables, conteniendo una serie de elementos para crear un marco legislativo necesario para que la decisión de adoptar ese porcentaje de consumo de energía limpia pueda ser una realidad. Después de que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan acordado dicha Directiva RES en diciembre de 2008, datada a día 23 abril de 2009[30], y con una adecuada transposición[31] al derecho interno de cada país miembro mediante revisión y adaptación de los mecanismos nacionales (cobertura a través de los Planes Nacionales de Acción, comentados seguidamente), puede llegar a convertirse en la pieza más ambiciosa de la legislación sobre energía renovable en el mundo (sobretodo para el sector de la construcción, que representa casi la mitad de la demanda final de energía en Europa). Un factor, tan novedoso como importante, que aparece con el establecimiento de esta Directiva, es la ansiada regulación de calefacción y refrigeración desde fuentes renovables de energía, finalizando así la laguna legislativa que existía en la materia hasta ese momento; siendo de este modo la primera vez que calefacción y refrigeración son objeto de una Directiva europea de promoción energética renovable. Asimismo, se disponen normas relativas a la garantía de origen de la energía a tratar, a la descentralización de la producción, al acceso a la red eléctrica y a los procedimientos administrativos involucrados (ordenación procedimental además de material).


Así las cosas, MORA RUÍZ[32] complementa esta idea de promoción argumentando que dicha Directiva constituye un punto de inflexión en las energías renovables, las cuales mantienen una estrecha y afianzada relación con el medio ambiente, siendo este nexo una exigencia irrenunciable para los poderes públicos; otorgándosele al Estado mayor competencia en la materia, a medida que la van perdiendo las Comunidades Autónomas (reconducción del eje de las energías renovables bajo cooperación -acción conjunta y recíproca de sus autoridades-); en tanto en cuanto es el Estado el sujeto cualificado de la política energética-ambiental de la UE, y única instancia competente para aprobar el Plan Nacional de Energías renovable, por el objetivo de generalización de regularización de dichas energías (mediante “sistemas de apoyo” y “mecanismos de cooperación”).


Con todo, desde una perspectiva de planificación energética sectorial, se crea pues también, un cauce positivo que conduce el desarrollo a largo plazo de la energía solar en Europa con unas expectativas muy altas y una expectación todavía más elevada si cabe.


II) La Directiva 2010/31/EU


El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo aprobaron el 17 de noviembre de 2009 la Directiva sobre la eficiencia energética en la edificación (Energy Performance of Buildings Directive)[33] mediante reforma de la anteriormente vigente. La directiva implica que desde el año 2020 en adelante todos los nuevos edificios tendrán que ser “edificios de consumo de energía casi nulo” y que cumplan con altos estándares de eficiencia energética y siendo el suministro de una parte significativa de sus necesidades de energía con fuentes renovables. Así, el art. 2 sobre definiciones, contempla en su apartado segundo dicha acepción de “edificio de consumo de energía casi nulo”, entendida como determinado edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, debiendo ser la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida, cubierta en gran parte por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. Además, el apartado sexto del mismo artículo reconoce la energía solar como energía procedente de fuentes renovables. Añadir que para los edificios públicos que deban cumplir las normas incluidas en tal Directiva, tendrán de plazo hasta finales de 2018. Además, cada Estado miembro debe definir sus propias normas específicas debido a la divergencia entre las condiciones locales de cada Estado miembro, jugando en última instancia, dichas normas específicas, un papel tan relevante que puede determinar la inclinación de la balanza tanto hacia el éxito como hacia el fracaso de las medidas impuestas; ello es porque serán las que fijen la concreta acción directa de actuación en su entorno competencial más inmediato.


Como ya se ha indicado, esta nueva EPBD nace de la reforma de la anterior 2002/91/CE, que con su transposición a la legislación española pretendió y consiguió en ámbitos como la climatización, iluminación, aislamiento, etc. el empleo de la energía solar para que se consumieran menos combustibles fósiles, mitigándose ciertas externalidades negativas propias de dichas fuentes y observándose pues la importancia de la analizada Directiva en la materia encaminada a la normación energética solar.


El informe del Parlamento Europeo por el que se modifica tal Directiva sobre eficiencia energética de la Edificación de 2002 fue adoptado el 23 de abril de 2009 con una mayoría de 549 votos, y estipula que todos los edificios nuevos deberían ser de energía neta cero (Net Zero Energy Buildings) para diciembre de 2018. Los Estados miembros también deben promover el uso de las energías renovables en los edificios existentes en fase de importante remodelación. Se cree que esta es una medida muy significativa ya que éstos representan la mayor parte de los edificios y es donde realmente se nos presenta un campo amplio de actuación en cuanto a acción reguladora y puesta en marcha de la tecnología solar, más prometedor si cabe que en el ámbito de la nueva edificación.


En la labor de realización destáquese la iniciativa conjunta de los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea de “Acción Concertada” (Concerted Action-Energy Performance of Buildings), consistente en la transposición y aplicación de la refundición de la EPBD, la Directiva 2010/31/EU, y que se extiende desde 2011 hasta 2015. Está formada por representantes de los Ministerios nacionales con el objetivo de elaborar el marco técnico, legal y administrativo para la eficiencia energética de los edificios en cada país, reuniendo regularmente a más de 120 participantes de 29 países. La original fue lanzada en 2005 estribando su razón de ser en la anterior Directiva de 2002. Se lleva pues, a cabo un estudio sobre las experiencias y los desafíos para el establecimiento de niveles óptimos de costes para los requisitos de eficiencia energética, el cual fue publicado en julio de 2011. Los resultados fueron utilizados como aporte informativo por la Comisión Europea en su empeño por establecer una regulación en un marco metodológico comparativo para calcular dichos costes.


En definitiva, la Directiva se considera un componente importante de la política legislativa de la eficiencia energética y uso de energías renovables de la UE, después de haber sido adoptadas para contribuir al compromiso de Kioto, la seguridad del suministro y la competitividad.


III) La Directiva 2006/32/CE


Esta Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, deroga la Directiva 93/76/CEE, de 13 de septiembre de 1993. En términos generales, la misma incluye un objetivo de carácter orientativo sobre ahorro de energía aplicable a los Estados miembros, obligaciones para las autoridades públicas en lo concerniente a ahorro de energía y de contratación (distribución y venta al por menor) con criterios de eficiencia energética, además de medidas de promoción de la eficiencia energética y de los servicios energéticos. En definitiva, la finalidad de la susodicha Directiva es fomentar el uso final rentable y eficiente de la energía[34]. Pero colateralmente, favoreciendo al ímpetu defendido y pretendido en referencia a la promoción de dicha eficiencia energética, la presente Directiva también aboga por fomentar la producción de energía a través de sistemas renovables como método indirecto de tal eficiencia. Así lo establece el principio primero de la Exposición de Motivos de la analizada Directiva y el apartado g) de su lista orientativa de ejemplos de posibles medidas de mejora de la eficiencia energética (anexo III), declarando como mejora de dicha eficiencia para el sector residencial y terciario, la generación por FER de uso doméstico, mediante las que se reduce la energía adquirida, como por ejemplo, las instalaciones solares térmicas, ACS, calefacción y refrigeración mediante energía solar.


IV) La Directiva 2003/96/CE


Después del fracaso precedente de diferentes propuestas de Directiva en el ámbito de la tributación energética (léase la propuesta de 30 de junio de 1992, la propuesta de 10 de mayo de 1995 y la propuesta de 12 de marzo de 2007, con la finalidad de que la fiscalidad valiera de amparo a la lucha contra el empleo masivo de energía procedente del petróleo y del carbón, pretendiendo reestructurar el marco comunitario de imposición de los productos energéticos), en 2003 se aprueba la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad[35]. De la misma se precisa destacar el apartado número 25 de las consideraciones previas, por promover el derecho a un trato preferente de las energías renovables a favor de la utilización de fuentes de energía alternativas; y el art. 15, mediante el que se permite aplicar, bajo el adecuado control fiscal, exenciones totales o parciales o reducciones del nivel de imposición en materia de electricidad de origen solar[36]. En cuanto al posible éxito de su finalidad extrafiscal, se antojan acertadas las palabras de PITA GRANDAL, pues las mismas califican de “descafeinada” la función promotora de dicha Directiva, al disponer exenciones de carácter potestativo contenidas en la misma, decidiendo posterior y discrecionalmente el Estado el sometimiento a tributación, y por consiguiente la aplicación o no de las susodichas exenciones potenciales, considerándose pues como algo negativo[37].


V) El Plan de Acción Comunitario sobre Energías Renovables


El Plan de Acción Solar Térmica para Europa (Solar Thermal Action Plan for Europe) desarrollado en 2006-2007, hace referencia a la calefacción solar y a las políticas de refrigeración. Se tiene en cuenta en el mismo las actuales barreras al crecimiento del sector y expone cómo una combinación de medidas políticas puede contribuir positivamente a la eliminación de tales barreras. La mayoría de los Gobiernos quieren promover el uso de energía solar térmica; es por ello que necesitan información sólida para poner en marcha políticas específicas. Cinco cuestiones clave son las estudiadas en detalle por el STAP, consistiendo su objeto en la identificación de políticas que puedan poner en marcha el mercado energético solar térmico. Son las siguientes: 1. Regulatory policies and solar obligations, 2. Financial incentives, 3. Innovative applications of solar thermal: State of the art, and policy recommendations, 4. Setting verifiable targets at national and EU level, 5. Quantifying the energy delivery by measurement and by simple calculation.


VI) Los distintivos europeos de calidad como técnicas de fomento


Un ejemplo del positivo funcionamiento de tales distintivos se encuentra en la creación de Solar Keymark; una etiqueta de calidad que ha sido desarrollada por la European Solar Thermal Industry Federation junto con el European Committee for Standardisation con el objeto puesto en la aceleración del crecimiento del mercado europeo, reduciendo las barreras al comercio, producto de la existencia de diversos requisitos para obtener los incentivos financieros en los diferentes países[38].


1.4.2. Ámbito estatal. Legislación, reglamentación, planificación, y tecnificación española


Para poder realizar un completo análisis de la situación regulatoria nacional, es totalmente necesario empezar resaltando el art. 149 CE, pues en el se recogen las competencias que, con carácter exclusivo corresponden al Estado; con función de límite a la actuación legislativa así como a la ejecutiva de las Comunidades Autónomas (potestad analizada en el apartado contiguo al presente). En lo relativo a las energías renovables, las potestades sobre competencia que ejerce éste, tienen en ciertos casos, incidencia indirecta sobre aspectos colaterales de la materia que aquí versa; mientras que en muchos otros, la incidencia es totalmente inmediata al régimen competencial en lo que a energía se refiere. Así observamos que el art. 149.1.25 CE es de aplicación directa y literal en materia de energía; atribuyendo al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen energético, (incluyendo en el mismo las energías renovables y más específicamente la energía solar) además del minero. Sépase que la indefinición constitucional del concepto de bases ha dado origen a una destacada conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas, derivando como resultado una matizada y aclaratoria labor jurisprudencial, creándose doctrina por parte del TC[39].


Otros títulos competenciales de aplicación directa o indirecta en materia energética a favor del Estado, son los siguientes: la atribución de la competencia exclusiva respecto a la autorización de instalaciones eléctricas (incluidas las instalaciones de producción basadas en fuentes renovables de energía) cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial (art. 149.1.22 CE); la competencia exclusiva en la aprobación de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (149.1.13 CE), entendiendo la energía como parte implicada de un determinado sector económico: el sector energético y el subsector energético renovable; la competencia exclusiva para dictar la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas (art. 149.1.18 CE), pues la explotación de recursos energéticos renovables requerirá el otorgamiento de tales concesiones y la perfección de dichos contratos administrativos (sin perjuicio de las pertinentes licencias[40] o permisos municipales de corte urbanístico para el establecimiento industrial o empresarial -de obras y de primera ocupación-; o para los casos específicos en suelo rústico, la consiguiente declaración tanto de utilidad pública como de interés general, -entendida esta última por BARRENA MEDINA que se incluye en la anterior, interpretando la STSJ de Baleares de 10 de enero de 2012 sobre energía fotovoltaica- que se pueda requerir); la competencia otorgada sobre las obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma (art. 149.1.24 CE); la atribución de competencia sobre el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, entendido como pilar evolutivo de las energías renovables (art. 149.1.23 CE); y por último, la atribución de la competencia exclusiva en cuanto a la legislación básica sobre protección del medio ambiente (art. 149.1.23 CE) debido a la ya razonada relación directa y existente entre el uso de energías renovables y la protección del medio ambiente como síntoma de prevención[41] (es ahora MARTIN MATEO el que justifica que la utilización de la energía está inexorablemente ligada a efectos sobre el medio[42]).


A continuación se reseñarán las principales medidas y mecanismos estatales que hacen posible la puesta en práctica de la energía solar, y de forma más específica, su variable térmica:


I) Los Planes de Energías Renovables[43]


Ya desde una perspectiva estatal, hay que empezar señalando la importante labor realizada por el inmediatamente anterior PER 2005-2010[44], aprobado por el Consejo de Ministros en 2005, donde se tomaron las bastante adecuadas medidas para el fomento del crecimiento de energías limpias (como es la energía solar térmica), con una superficie instalada en España en 2010 de 4,9 millones de m2. Ahora en la actualidad, disponemos del reciente PANER 2011-2020, impuesto con carácter obligatorio por la ya comentada Directiva 2009/28/CE, ya que la misma obliga a los Estados miembros en general y a España en particular a que adopten un Plan nacional de acción de energía renovable para establecer los objetivos sobre cuota de energía procedente de fuentes renovables consumida en el transporte, la electricidad, la calefacción y la refrigeración; con la adecuación de sus respectivas medidas. El nuevo objetivo se concreta, como ya se adelantó en su momento, en que las energías renovables representen al menos[45] un 20% del consumo final bruto de energía, y además con un porcentaje en el transporte del 10%, en el año 2020 (objetivos configurados por el paquete de medidas europeo, 20-20-20[46]). Por último, añadir que este Plan de acción, por mandato de la ya comentada Directiva RES, debe alentar a las autoridades nacionales, regionales y locales para implementar otros instrumentos adicionales que promuevan la energía solar térmica, insistiendo nuevamente desde aquí en incentivos financieros para la inversión o reducciones fiscales (analizado en el siguiente apartado sobre ayudas públicas); campañas de sensibilización con el apoyo de las autoridades públicas y enfocadas a grupos de destinatarios específicos (pues se ha demostrado que la sensibilidad social puede incidir en las predilecciones que conforman las particulares “cestas de la compra” de los usuarios y consumidores de energía, y por tanto afecta también en parte -de forma proporcional- a la globalidad de mercados económicos); y para finalizar, el apoyo a la capacitación específica (formación especializada de RRHH) para la energía solar térmica centrándose en los principales actores profesionales (promotores, ingenieros, arquitectos, aparejadores, etc.).


II) El Código Técnico de la Edificación


Fue aprobado con el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo[47], entrando en vigor en septiembre de ese mismo año; y éste nace con la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en la que en su Disposición Final Segunda se indica la autorización al Gobierno para la aprobación de tal CTE. Este instrumento normativo, es posiblemente y hasta el momento, el instrumento de carácter nacional más importante y completo en cuanto a regulación técnica de las edificaciones, pues fija las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, permitiendo el acatamiento de los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Pero el mismo es también de gran importancia en la materia que aquí ocupa debido a la labor que viene desempeñando como sólido empuje normativo y regulador de las agregadas imposiciones energéticas, obligando así a instalar un aporte de energía solar térmica para ACS (primeramente se estableció un periodo de transición voluntaria que duró seis meses).


En la actualidad, el Código abastece de absoluta obligatoriedad el cumplimiento de los requisitos allí enmarcados hacia las nuevas edificaciones o los que sean sometidos a cierto grado de rehabilitación (dedicando un importante apartado a la eficiencia energética y al uso de energías renovables -la solar es la que aquí atañe-) en edificios y viviendas, a través de su art. 15 sobre exigencias básicas de ahorro de energía (HE). Así las cosas, es de destacar su Documento Básico DB HE Energía, que consta de 5 apartados pero que sobretodo se resaltarán los dos últimos (el HE2 será tratado en el Reglamento), pues éstos son los que evocan mayor regulación en materia energético-solar. Ahora concretamente sólo se puntualizará el competente en materia de instalación solar térmica de baja temperatura, dejándose para un análisis posterior el que ampara la competencia fotovoltaica en su consiguiente apartado específico, aludiendo así entonces al HE4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria (art. 15.4[48]).


Tal y como ya se ha adelantado, todas las edificaciones nuevas deben de contener sistemas solares térmicos, con el objeto de producción de ACS. Por tal razón, es prioritario el estudio de la orientación para la obtención del mayor aporte posible de energía del sol. El aporte energético de los paneles solares estará comprendido entre el 30% y el 70% del consumo anual del edificio; dicho porcentaje variará en función de tres factores destacados: la demanda de ACS del edificio (litros/día), la zona climática y el combustible convencional que debe ser remplazado (este último caso será de aplicación en las Rehabilitaciones). Además de los tres factores mencionados, también es de tener en cuenta, la ubicación del edificio en cuestión, por lo que son establecidas cinco zonas solares en España[49]. Pero hay que decir también que las exigencias básicas de energía (HE), tanto en HE4 como para el caso de HE5, son fijadas por el Código en función del clima de la localidad en la que se sitúe el edificio. Las cuatro variables climatológicas que tienen relación con el ahorro energético y la calidad y habitabilidad de la edificación y que el CTE considera en su desarrollo normativo son: radiación solar, temperatura del aire ambiente, humedad relativa ambiente y temperatura del agua fría entendida como la temperatura del agua de las redes de abastecimiento público en los puntos de consumo. En base a esto, y siendo parcialmente críticos, sépase que dicho Código puede padecer de cierta ambigüedad debido a determinadas imprecisiones en sus valores numéricos que proporciona las distintas variables, y en consecuencia, también en la asignación de las localidades a las zonas climáticas en que se clasifica el territorio desatándose la incongruencia. Esto es originario en parte del uso de bases de datos climatológicas anticuadas en que se puede basar el Código, desencadenando también inexactitudes en los gráficos de pérdidas por orientación e inclinación y en las tablas de perdidas por sombras, además de una vasta asignación de las zonas de severidad climática y un criterio desproporcionado de extrapolación de temperaturas.[50] Por ello, en aras de conseguir la más adecuada regulación posible, se considera imprescindible la periódica actualización de los criterios y variables numéricas que conforman y dan sentido al Código y a sus decisiones inherentes.


También hay que denunciar como nuevo aspecto negativo, la complejidad y el difícil entendimiento de sus disposiciones por parte de los profesionales del sector a la hora de hacerlas efectivas en las oportunas realidades materiales, problema que entendemos derivado del carácter técnico de los requisitos. Para intentar limar dicho inconveniente, se considera preciso arrojar luz suficiente a los articulados más arduos mediante nuevas redacciones más sencillas y lineales acompañadas de circulares aclaratorias de sus encuadres funcionales.


Para finalizar con el Código Técnico añadir que los efectos en el mercado han sido parcialmente contrarestados por la desaceleración inesperada en el mercado español de la construcción en 2008 y 2009. Pese a todo, las medidas imperativas de fomento de energía solar se convirtieron en un buen conductor en el mercado español de energía solar térmica ya que las estimaciones muestran que más del 80% de las instalaciones venían motivadas por éste Código y las Ordenanzas municipales que serán analizadas con posterioridad.


III) El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios


En este Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios[51] (complementado por Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica tal Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios -corrección de errores-) ya sus artículos primero y segundo enmarcan su objeto y ámbito de aplicación respectivamente, conectados al bienestar térmico e higiénico en el ámbito de la climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), así como del ACS, mediante instalaciones térmicas no industriales de los edificios, siempre desde el punto de vista del desarrollo técnico de la instalación en cuestión (en parámetros de diseño y dimensionado, montaje, mantenimiento y uso e inspección) garantizadores de la protección del medio ambiente y de la eficiencia energética (destacando la exigencia de utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía solar y la biomasa), además de la seguridad, proclamadas todas en el mismo RITE, y sus necesarias condiciones de cumplimiento en diferentes ámbitos relacionados: condiciones administrativas, para la ejecución de las instalaciones térmicas, para la puesta en servicio de la instalación y para el uso y mantenimiento de la instalación. La razón de ser de este RITE radica en la armonización con el Documento Básico de Ahorro de Energía del ya comentado CTE (concretamente el HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas, con el que se obliga, a partir de determinada cantidad de kW, a estimar las emisiones de CO2, la ventilación, el dimensionado de los equipos térmicos, etc. con el objeto de conseguir un buen rendimiento calórico), y la incorporación de nuevas exigencias de ahorro y eficiencia energética en la tipología de instalaciones aquí tenidas en cuenta.


IV) La Ley de Economía Sostenible[52]


Esta Ley 2/2011, de 4 de marzo, ya en su título preliminar aborda la idea de un triple desarrollo; el económico, social y ambiental desde la perspectiva de la sostenibilidad y respeto de las generaciones futuras. De los principios establecidos en el art. 3, como artificios de guía a los poderes públicos para la consecución de los objetivos relacionados con el impulso de tal sostenibilidad, se debe destacar el apartado sexto de promoción de energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento de residuos mediante políticas energéticas y ambientales sostenibles llevadas a cabo por las Administraciones Públicas. Se estima que dicho principio debe ir de la mano de los dos anteriores en calidad de fomento de la capacidad innovadora de las empresas (desarrollo privado de las tecnologías) y del ahorro y la eficiencia energética (la energía solar entendida como mecanismo de ahorro y eficiencia). También se hace preciso nombrar, por la materia aquí tratada, del título III de sostenibilidad medioambiental, capítulo primero, sobre el modelo energético sostenible, el art. 78, bajo la rúbrica de objetivos nacionales en materia de ahorro y eficiencia energética y energías renovables (comentado objetivo nacional mínimo de participación de las energías renovables en el consumo de energía final bruto del 20 % en 2020 y cumplimiento de cuota de energía procedente de energías renovables en todos los tipos de transporte en 2020 que sea como mínimo equivalente al 10 % del consumo final de energía del sector transporte); el art. 82 sobre fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética; el art. 84 de simplificación de procedimientos administrativos (eliminación las barreras técnicas, administrativas y de mercado para el desarrollo de las energías renovables) y el art. 85 de ahorro energético de las Administraciones Públicas (la utilización de FER en los principios generales de actuación y de procedimiento de contratación de las Administraciones Públicas). Por los factores analizados, importante es también el Capítulo IV sobre rehabilitación y vivienda, bajo la idea de medio urbano sostenible (art. 107 y siguientes). Por último en lo relativo a dicha Ley, se califica de positiva la Disposición Final Vigésima primera, que obliga al Gobierno en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de tal Ley, remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, que adopte las medidas necesarias para avanzar en el cumplimiento de los objetivos previstos en la misma.


V) La legislación en materia termoeléctrica


Como ya se ha adelantado, la idea de energía solar termoeléctrica se sostiene como una variable de la energía térmica, por lo que es necesario incluir aquí su normativa directamente aplicable[53]. Señálese pues, el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. Este Real Decreto-ley establece un procedimiento de inscripción en el Registro de Preasignación de Retribución de potencia al que está sujeta la energía solar termoeléctrica (dicho registro en la actualidad se encuentra cerrado). El mismo dio al Gobierno central tal facultad de inscripción, aunque las autorizaciones administrativas seguían dependiendo de las Comunidades Autónomas. Añadir que posteriormente, el 7 de diciembre de 2010 se publicó el Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica, con el fin de resolver determinadas ineficiencias en la aplicación del citado Real Decreto-ley 6/2009 y de establecer una limitación de las horas equivalentes de funcionamiento con derecho a prima equivalente o prima, de las instalaciones solares termoeléctricas. Este nuevo Real Decreto garantiza el marco retributivo del Real Decreto 661/2007 (el cual se analizará con profundidad en el posterior apartado relativo a la energía fotovoltaica) a todos los proyectos inscritos en el registro, y establece además una limitación en el número de horas equivalentes de funcionamiento dependiendo de la tecnología y capacidad de almacenamiento.


Finalmente, para favorecer la facilitación de medios que permitan el aumento de la contribución por parte de las energías renovables eficiente y competitivamente, progresando su integración en el sistema energético nacional, mediante el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial[54], concretamente en la Disposición Adicional Tercera, se enmarca la posibilidad de conceder el derecho a una retribución adicional a la retribución del mercado de producción de proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar termoeléctrica, de carácter innovador, mediante un procedimiento de concurso hasta un máximo de 80 MW (desarrollado e instrumentado por la Resolución de 24 de noviembre de 2010 de la Secretaría de Estado de Energía)[55].


VI) El desarrollo rural sostenible


En cuanto al posible fomento y utilización de la energía solar en sector primario (hoy por hoy posibilidad poco explotada y con importantes opciones de recorrido), hay que destacar la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, en la que su art. 24 sobre energías renovables, apartado e) (Capítulo VI. Medidas para el desarrollo rural sostenible), ampara lo siguiente:


Con el objeto de potenciar el desarrollo e implantación de las energías renovables, el Programa (Programa de Desarrollo Rural Sostenible, art. 5) podrá incluir medidas que tengan por finalidad:


e) La producción de energía eólica y solar[56], en particular, y los sistemas o proyectos tecnológicos de implantación de energías renovables para uso colectivo o particular térmico o eléctrico y de reducción del uso de energías no renovables.


VII) La guía de condicionamiento técnico en competencia térmica


Para una correcta instalación y cumplimiento de las características técnicas propias de las tecnologías solares térmicas en su variante de baja temperatura, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Energía), junto al Centro de Estudios de Energía Solar, realizaron una revisión en enero de 2009 del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura, editado en octubre de 2002. Se puede entonces constituir como objeto de tal documento, la fijación de las condiciones técnicas mínimas que deben ser cumplidas por las instalaciones solares térmicas para calentamiento de líquido, especificando los requisitos de durabilidad, fiabilidad y seguridad[57].


VIII) Otras disposiciones


Para ultimar el apartado que conforma las medidas reguladoras estatales, es preciso reconocer las restantes disposiciones que conforman y completan el marco regulador energético en la materia hasta ahora dispuesta. Son las siguientes:


. Ley 1/2005, de 9 de marzo: Regula el régimen del comercio de derechos de emisión de GEI. Resaltar su Disposición Adicional Tercera (proyectos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta), apartado tercero, sobre el carácter prioritario de los proyectos en materia de eficiencia energética y energías renovables en lo referente al uso de mecanismos basados en proyectos para el cumplimiento de las obligaciones cuantificadas asumidas por España.


. Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio: Adopta medidas urgentes en el sector energético[58].


. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio[59]: Aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (con incidencia en materia solar termoeléctrica).


. Real Decreto 47/2007, de 19 de enero: Aprueba y regula el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción (en la Comunidad Autónoma de Galicia, añadidamente se dispone el Decreto 42/2009, de 21 de enero, por el que se regula la certificación energética de edificios de nueva construcción en la Comunidad Autónoma de Galicia[60]).


. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio: Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis[61].


. Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre: Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico.


. Real Decreto 891/1980, de 14 de abril: Posibilita la homologación de paneles solares.


. Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre: Aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012[62].


.  Real Decreto 849/1986, de 11 de abril: Aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio[63] (de nuevo relevante también en cuanto a regulación solar termoeléctrica[64]).


. Orden de 28 de julio de 1980: Aprueba las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los paneles solares. Correlacionadamente, se debe tener en cuenta tanto la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, como la Orden IET/ 401/2012, de 28 de febrero, pues ambas modifican el anexo de dicha Orden de 28 de julio de 1980; además de la Orden ITC/2761/2008, de 26 de septiembre, por la que se amplía el plazo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la mencionada Orden ITC/71/2007, de 22 de enero.


1.4.3. Ámbito autonómico. Desarrollo legislativo y ejecución


Se debe abrir el presente apartado diciendo que Galicia en particular pertenece al grupo de Comunidades Autónomas de primer grado (absorción de competencias del art. 148 CE y todas aquellas que no fueran exclusivas del Estado conforme al art. 149 CE), las cuales asumieron en sus respectivos estatutos facultades de incidencia directa o indirecta en lo que a energía se refiere. El apartado tercero del art. 28.3 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía de Galicia[65] establece su competencia en materia de desarrollo legislativo y ejecución del régimen energético.


Destacando otras competencias otorgadas y relacionadas con la materia que aquí ocupa, señálese la autorización de las instalaciones energéticas cuando su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad o el transporte no salga de su ámbito territorial, en base al art. 27.3 y 28 del susodicho Estatuto de Autonomía[66] (como ya se ha dicho, y de conformidad con el art. 149.1.22 CE, la autorización de instalaciones eléctricas, cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad Autónoma o el transporte de energía salga del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, corresponde al Estado); la regulación y ejecución de todo lo relativo a las obras públicas de interés exclusivamente comunitario o cuya realización no afecte a otra Comunidad Autónoma; el desarrollo legislativo y ejecución de la planificación que incida en el territorio de la Comunidad Autónoma; el desarrollo legislativo y ejecución del régimen de contratos y concesiones relativo a la actividad económica concerniente a la energía; y por último el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica sobre protección del medio ambiente, así como el establecimiento de normas adicionales de protección[67]. Dicho lo que antecede, se destaca lo siguiente:


I) La aportación económica realizada por la Comunidad gallega mediante ayudas externas en energía solar térmica


En la actualidad las Comunidades Autónomas pueden disponer de normas y presupuestos en los que se contemple la financiación de instalaciones solares en su conjunto a través de órdenes o resoluciones. Así, VÁZQUEZ IGLESIAS[68], jefe del área de energías renovables del INEGA, expone para la Comunidad Autónoma gallega las últimas ayudas para 2012 derivadas hacia el aprovechamiento de la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica[69]. Centrándose ahora en la primera tipología indicada, se cuenta con dos fondos de origen distinto: el FEDER con una aportación del 70%; y el FCI con una aportación del 30% sobre una masa monetaria total de 600.000,00 euros. Hay que decir que la cuantía máxima de la subvención es del 35% de la inversión elegible, y de un 45% en el caso de ser Ayuntamientos. Es necesario aclarar que bajo amparo de la lógica no serán subvencionadas las instalaciones obligatorias por el CTE (medidas por tanto dirigidas a segmentos del mercado no obligados). Estas medidas incentivadoras deberían ser estables y de largo plazo orientadas a la consecución de reforzar la confianza de los inversores para así aumentar exponencialmente sus posibilidades de éxito. El posible inconveniente que puede nacer de tal financiación pública estriba en las restricciones presupuestarias condicionantes de incentivos económicos futuros. Como potencial solución para evitar la dependencia de los presupuestos públicos, es de proponer que los planes de incentivos financieros sean financiados por los usuarios de las fuentes de energía no renovables, a través de algún tipo de tributación extra, aunque su efectividad puede manifestarse mermada por su carácter no populista.


1.4.4. Ámbito local. Potestades normativas propias


Parece que debe entenderse, bajo el significado de las palabras propuestas por DOMINGO LÓPEZ[70], que el abastecimiento de energía a los consumidores finales tiene que considerarse una actividad que afecta directamente al círculo de intereses de las Corporaciones Locales. El Municipio en cuestión puede llegar a ser titular de una instalación de generación energética, que entre sus actividades se encuentre la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, ya que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local habilita a las Entidades Locales para el ejercicio de la iniciativa pública de actividades económicas (su art. 25.1 permite al Municipio promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal). Además, la actividad de producción se rige por el imperioso principio de libre iniciativa, requiriendo la pertinente autorización. En este sentido, cada vez hay más Ayuntamientos que han tomado la iniciativa económica, apostando por la inversión en producción energética basada en recursos primarios renovables como válido método de crecimiento local, consiguiéndose así un importante impulso al desarrollo de tal tipología de energía. Se destacan ahora los siguientes puntos:


I) El desarrollo de incentivos fiscales a través de las Ordenanzas


En esta materia de ventajas fiscales para la instalación y aplicación de energías renovables en general, y de la energía solar en particular (tanto en aprovechamiento térmico como eléctrico), es fundamental el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estableciendo los parámetros esenciales sobre la regulación de tres impuestos concretos[71] (sección III), analizados en parte aquí por la relevancia de su contenido. Son los siguientes:


A) Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): El art. 74 TRLRHL sobre bonificaciones potestativas (subsección II), establece en su apartado quinto para este tipo de impuesto la posibilidad de que las Ordenanzas fiscales puedan regular una bonificación de hasta el 50 % de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol (bienes de características especiales), cuya aplicación estará condicionada a la correspondiente homologación de los colectores por la Administración competente además del cumplimiento de los aspectos sustantivos y formales especificados en la Ordenanza fiscal concreta.


B) Impuesto de Actividades Económicas (IAE): El art. 88 TRLRHL sobre bonificaciones obligatorias y potestativas (subsección III), indica en su apartado 2. c) una bonificación de hasta el 50 % de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración[72] (ambos sensiblemente interrelacionados con la eficiencia energética), entre otras posibilidades, cuando las Ordenanzas fiscales así lo establezcan.


C) Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO)[73]: El art. 103 TRLRHL sobre gestión tributaria del impuesto, bonificaciones potestativas (subsección V), revela en su apartado 2 b) una bonificación de hasta el 95 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, cuya aplicación estará condicionada nuevamente a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.


Tal y como señala ESTÉVEZ GARCÍA[74], una de las principales dificultades que plantea este impuesto a los Ayuntamientos, es la de determinar qué forma parte del coste real y efectivo de la concreta instalación, construcción u obra, que a estos efectos es el coste de ejecución material de la misma, pues compone la base imponible del impuesto. El propio TRLRHL excluye de la base ciertos conceptos. Esto se debe complementar con la jurisprudencia clarificadora en tales términos[75].


En base a la posible bonificación señalada en este apartado, hay que indicar dos Ordenanzas fiscales concretas y en gran parte meritorias (aunque primeramente se califique de “liviano” el porcentaje enmarcado en las mismas en comparación con el permitido por tal Decreto Legislativo 2/2004, no es menos cierto también que en muchas otras Ordenanzas fiscales de diversos Municipios no se contempla ninguna mención a favor de este tipo de bonificación, entendiendo que la razón reside en la situación por la que atraviesa la coyuntura económica actual de nuestro país, no queriéndose perder ninguna oportunidad de recaudación a los ojos de una política económica concreta) en tales competencias:


1º) La Ordenanza fiscal nº 5 de Vigo, Reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras (ICIO), de 2012: Resáltese su art. 3 sobre exencións e bonificacións; concretamente el apartado 8, donde su precepto establece que gozarán de una bonificación del 30% sobre la cuota las construcciones, instalaciones y obras consistente en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico[76] de la energía solar para el autoconsumo, siempre y cuando dichas instalaciones no sean de carácter obligatorio conforme a la normativa aplicable. No obstante, para el caso de construcción de uso residencial, el porcentaje de bonificación ascenderá al 95%. También se indica en dicha OFRICIOV que la aplicación de tal notificación estará condicionada a que se acredite que los colectores o captadores disponen de la correspondiente homologación de la Administración competente, y que la misma alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente al aludido fin. Por último aclarar que para gozar de la susodicha bonificación, se deberá aportar por el interesado un desglose del presupuesto en el que se determine razonadamente el coste que supone la construcción, instalación u obra a la que se refiere tal presupuesto.


2º) La Ordenanza fiscal nº 3 de Ourense, Reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras, de 2012: El art. 7 Bis de dicha OFRICIOO, apartado segundo, constituye un parejo enmarque y un mismo porcentaje de bonificación que la Ordenanza anterior, de un 30%, además de incidirse en la documentación requerida (necesidad de presentar proyecto técnico visado por el Colegio Oficial con constancia de los gastos de ejecución material de los pertinentes sistemas y documentación acreditativa de homologación de los mismos).


II) La normativa municipal en aprovechamiento de la energía


Son las llamadas Ordenanzas solares (Solar Ordinances). Los Municipios tienen plena capacidad para regular la imposición de obligatoriedad respecto a la instalación de los pertinentes captadores solares, siendo dicha obligatoriedad superior a las exigencias del analizado CTE, al disfrutar su Real Decreto constituyente, de carácter básico en la legislación española. Añadir que en algunas Ordenanzas se incorporan aspectos estéticos y condiciones técnicas de las instalaciones[77]. Así pues, es de valorar positivamente la labor realizada por tales Ordenanzas municipales (cada vez más numerosas en España), como puede y merece ser destacada por su afectación directa en nuestro territorio, la Ordenanza municipal sobre captación e aproveitamento da enerxía solar para usos térmicos en edificacións e instalacións no termo municipal de Vigo de noviembre de 2005[78] (BOP, de 11 de enero de 2006).


También han de destacarse lar Ordenanzas municipales de Barcelona y Madrid, en el año 2000 y 2003 respectivamente, marcadas por su papel pionero (no sólo a nivel nacional sino también europeo) y por la intensidad de sus medidas. Sus características son las siguientes:


- La Ordenanza municipal de Barcelona: El Ayuntamiento de Barcelona fue el primero en dar un paso hacia delante en cuanto a la regulación solar en Europa. Se produjo así un aumento significativo en el uso de energía solar térmica, y debido a su éxito se procede en 2006 a su revisión y nueva aprobación, con el consecuente alcance de la normativa, detallado por la Agència Local d’Energia de Barcelona[79] y su consiguiente síntesis, diciendo así:


Las determinaciones de la Ordenanza revisada y aprobada en 2006 son de aplicación en los supuestos en los que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias:


1. En el supuesto de que se realicen nuevas edificaciones o construcciones, se realicen rehabilitaciones integrales de edificios o construcciones, o se cambie el uso de la totalidad de edificios o construcciones.


2. Que el uso de la edificación implique usar agua caliente sanitaria, calentar el agua de piscinas climatizadas o usar agua caliente en procesos industriales.


- La Ordenanza municipal de Madrid: Inspirada en el éxito de la Ordenanza de Barcelona, fue aprobada el 27 de marzo de 2003, publicada en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid el 9 de mayo, entrando en vigor seis meses después de su publicación. Su objeto, nuevamente, no es otro que el de regular la obligatoriedad de instalaciones de sistemas de captación y utilización de energía solar activa de baja temperatura para la producción de ACS y calentamiento de piscinas en los edificios y construcciones situadas en el término municipal de Madrid que cumplan las condiciones en esa norma. Desde su entrada en vigor, y hasta diciembre de 2005, se han tramitado 424 licencias municipales de edificaciones nuevas o rehabilitadas y en los que era una exigencia la instalación de energía solar térmica. El tamaño de las instalaciones es relativamente pequeño, ya que el 45% de las licencias aprobadas son de instalaciones menores de 20 m2 -viviendas unifamiliares, oficinas o pequeños usos industriales-. Acabar diciendo que tal Ordenanza también fue muy bien acogida por todos los agentes involucrados (promotores, ingenieros, técnicos municipales) y no necesita ningún tipo de actualización debido a que su publicación fue conforme a los requisitos del CTE comentado con anterioridad.


III) Las iniciativas universitarias en la localidad


La Universidad de Vigo, tal y como la misma defiende bajo el poder de entidade docente e investigadora por excelencia, sendo o principal axente de cambio que debe proporcionar respostas aos problemas da sociedade, debe comprometerse e asumir a súa responsabilidade no fomento e na implantación de iniciativas sostibles, llevó a acabo el Plan de Sostibilidade e Medio Ambiente 2007-2009 (Plan SUMA), como conjunción de todas las acciones y fomentos que se desarrollaban en ese momento bajo el amparo de dicha Universidad en el ámbito del progreso sostenible. Debido a la materia que aquí ocupa, se debe destacar su Programa ESE, Eficiencia e Sostibilidade Energética, como un alargamiento del anterior programa de innovación energética, activado en el año 2005. De forma más concreta, es preciso prestar atención al subprograma de impantación de enerxías renovables -ER- nas edificacións (en correlación con el contiguo subprograma de eficiencia energética nas edificacións -E3) conteniendo en el mismo un agregado de acciones encauzadas a la implantación de distintas tipologías de energías limpias tanto en sus edificación e instalaciones actuales en ese momento como en nuevas instalaciones de la misma universidad. El subprograma contaba con tres tipos de instalaciones: instalación solar-térmicas e solar-fotovoltaicas y las instalacións xeotérmicas[80].


Desdeñando un pequeño comentario a título personal y conclusivo del apartado, indicar que este tipo de políticas emprendedoras consonantes a los parámetros de innovación y desarrollo no deberían dejar de ser puestas en marcha bajo ningún concepto debido al interés económico y social que ello comporta para el entorno de la Universidad que las desenvuelva en la época que toca vivir en la actualidad, creando de la recesión una posible ventaja competitiva, quizá mediante convenios y colaboraciones empresariales independientes a la Universidad en cuestión y su consiguiente y parcial financiación externa.


1.4.5. Normativa adicional. Documentación de certificación en gestión y especificación técnica


Por último, en cuanto a regulación solar térmica, se debe detallar un listado de normas vinculadas a la certificación técnica y a la gestión, de carácter tanto nacional como internacional, con incidencia directa o indirecta en determinados aspectos relativos a la materia que aquí versa[81]. Así se destacan las siguientes:


- UNE-EN 12975-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales.


- UNE-EN 12975-2: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 2: Métodos de ensayo.


- UNE-EN 12976-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas solares prefabricados. Parte 1: Requisitos generales.


- UNE-EN 12976-2: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas solares prefabricados. Parte 2: Métodos de ensayo.


- UNE-EN 12977-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 1: Requisitos generales.


- UNE-EN 12977-2: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 2: Métodos de ensayo.


- UNE-EN 12977-3: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Parte 3: Caracterización del funcionamiento de acumuladores para las instalaciones de calefacción solares.


- UNE 94002: Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: cálculo de la demanda de energía térmica.


- UNE 94003: Datos climáticos para el dimensionado de las instalaciones solares térmicas.


- prEN 806-1: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption. Part 1: General.


- prEN 1717: Protection against pollution of potable water in drinking water installations and general requirements of devices to prevent pollution by back flow.


- EN 60335-1/1995: Safety of household and similar electrical appliances. Part 1: General requirements (IEC 335-1/1991 modified).


- EN 60335-2-21: Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requirements for storage water heaters (IEC 335-2-21/1989 + Amendments 1/1990 and 2/1990, modified).


- ENV 61024-1: Protection of structures against lightning. Part 1: General principles (IEC 1024-1/1990, modified).


- ISO 9488: Energía solar. Vocabulario.


2. LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA


2.1. DEFINICIÓN


Bajo el amparo de las palabras expuestas por MADRID VICENTE[82], se entiende la energía solar fotovoltaica como el resultado de producir electricidad por la acción directa de las radiaciones solares sobre paneles especiales que convierten las citadas radiaciones en tal electricidad. Dichos paneles especiales se componen de unas células fotovoltaicas (FV) en las cuales tiene lugar la transformación de la energía luminosa (fotones) en electricidad (electrones en movimiento); es el llamado efecto fotovoltaico, descubierto por el físico francés Alexandre Edmond Becquerel en 1939. A continuación serán analizados, de forma más detallada, los diferentes y más importantes aspectos relativos a la misma.


2.2. TIPOLOGÍA Y COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES


En cuanto a la tipología de las instalaciones solares fotovoltaicas, hasta ahora existen tres variantes bien diferenciadas:


A) Instalaciones solares fotovoltaicas aisladas: Son construidas para dar suministro de electricidad a casas o instalaciones aisladas donde no accede la red de distribución eléctrica. Dichas instalaciones permiten satisfacer las necesidades energéticas en zonas rurales aisladas y en regiones poco desarrolladas, favoreciendo así su particular crecimiento económico territorial (método de merma de la posible pobreza local) y por consiguiente la calidad de vida de sus habitantes.


B) Instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica: En este caso la instalación está cerca de una red de distribución de electricidad, por lo que la electricidad producida sobrante del propio consumo se puede vender a la susodicha red para la obtención de un beneficio económico.


C) Centrales solares fotovoltaicas: Son los también llamados “huertos solares”. Aquí su finalidad principal es vender la electricidad solar producida a la red eléctrica, no el autoconsumo. Este tipo de instalaciones suele ser de muy grandes dimensiones para así optimizar la producción.


Al hablar ahora de los diferentes componentes[83] que conforman las instalaciones solares fotovoltaicas, se destacan los siguientes:


· Módulos o paneles fotovoltaicos: Reciben las radiaciones solares y las convierten en una corriente eléctrica continua.


· Regulador de carga: Creado para poder regular el paso de la electricidad desde los módulos a los puntos de consumo o la batería, garantizando de este modo una larga vida útil para la misma, funcionando mediante sensores de temperatura. Además, dicho regulador controla la tensión y la corriente.


· Baterías especiales de acumulación: Éstas son de aplicación debido a los continuos ciclos de carga y descarga a los que se someten.


· Inversor: También conocido como “convertidor”. Se encarga de transformar la corriente continua recibida de los paneles en corriente alterna. Dichos inversores deben llevar protección contra sobrecarga del sistema, exceso de temperatura, batería baja e inversión de polaridad.


2.3. CARACTERES Y EXPECTACIONES DEL MERCADO ENERGÉTICO-FOTOVOLTAICO


2.3.1. La hegemonía de la región Asia-Pacífico en el mercado mundial


Se está produciendo una gran expansión en todo el mundo (tanto en países ya desarrollados como en vías de desarrollo) en lo referente al mercado de este tipo específico de energía, funcionando como unidad colaboradora garante de seguridad en el suministro de la misma. Hay que decir que en los países desarrollados predominan las instalaciones con conexión a la red (medianas y grandes sobretodo); mientras que en los países en vías de desarrollo (como en África, Asia y América latina, por ejemplo) se imponen las instalaciones aisladas por falta de redes eléctricas. Concretamente el crecimiento del mercado solar fotovoltaico en la región Asia-Pacífico ha sido en 2011 del 165% comparado con el año anterior, con una capacidad instalada de 6 GW aproximadamente, sobre un total a nivel mundial de 27,7 GW. China, es sin duda el mercado más importante de la región con un crecimiento superior al 500 % en el último año y representando el 48 % de la demanda total de dicha región, siguiéndole Japón como segundo mayor mercado regional, y más atrás Australia y la India[84]. Aun con todo, el peso hegemónico de Europa sigue determinando la dinámica del mercado fotovoltaico mundial.


2.3.2. La reinante influencia de Europa


Tal y como se acaba de adelantar, a día de hoy, la participación europea en el ámbito mundial fotovoltaico sigue siendo predominante, convirtiéndose en la segunda tecnología más instalada en la UE durante 2010 y representando más del 75% de toda la nueva capacidad instalada mundial en 2011. Los dos principales mercados, Alemania sobretodo e Italia, representan casi el 60% del crecimiento del mercado mundial durante el año pasado. También es de destacar el gran crecimiento experimentado por la República Checa, seguido por Bélgica y más atrás Francia[85]. Así, en nuestro continente, más de 50 GW de sistemas fotovoltaicos se instalaron a finales también de 2011. Con las crecientes contribuciones de los países del sur de Europa, el factor de carga promedio de esta capacidad está aumentando y se producen unos 60 millones de kWh anualmente; energía suficiente para abastecer a más de 15 millones de hogares europeos[86].


2.3.3. La visión moderadamente optimista del mercado español y el repunte gallego


En el caso particular de España, la Secretaría de Estado de Cambio Climático ha presentado el Perfil Ambiental de España 2010, en el que se examina el estado del medio ambiente en nuestro país. En lo respectivo a energía, e interpretado como dato esperanzador, por primera vez en España, en 2010 las energías renovables superan al resto de fuentes de energía en la producción de electricidad. La capacidad de las energías renovables en 2008 se estimó en 34.862 MW (un aumento del 13,6% respecto a 2006)[87], pasando su cuota porcentual respecto a la totalidad de las fuentes productoras, del 19,7% de ese mismo año 2008 al 25,1% en 2009, para posteriormente llegar a alcanzar un 32,3% en el referenciado año 2010[88]. Sin embargo, existen ciertos sectores difusos (edificación, transporte, agrícola, etc.) que no cumplen todas las expectativas que se tienen sobre los mismos en cuanto a la incorporación de las energías renovables en sus respectivos ámbitos, razón en parte por la que dichas energías limpias sólo produjeron el 11,3% de la energía primaria en 2010, incumpliendo de esta forma los objetivos del 12% marcados para ese año[89]. En términos generales, la dependencia de las energías fósiles en España sigue siendo desmesurada (mientras que en la UE éstas representan el 53%, en nuestro país el porcentaje alcanza hasta el 80%)[90]. Aun así, y en lo relativo únicamente a energía fotovoltaica, España es uno de los países pioneros en la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas, poseyendo una amplia tecnología en tal campo y exportando ingeniería, equipos, instalaciones completas, etc. a diferentes países desde Estados Unidos, pasando por Méjico y llegando hasta Filipinas entre otros. Se trata pues de un sector de gran ascensión y evolución en nuestro país, donde en 2007 llegó a crecer un 450%[91] (siendo líder en 2008) y que según la International Energy Agency, la generación de electricidad bruta en España por tecnología solar fotovoltaica en 2009 fue de 6.018 GWh[92]. Además, tal y como certifica la UNEF, en 2010 este tipo de energía ya representaba el 6,5% de la producción eléctrica mediante fuentes energéticas renovables (la mayor cuota es obtenida por la energía eólica -45%- seguida de cerca por la hidroeléctrica -43´5%-) de una producción total de 97 TWh.


En cuanto a la producción eléctrica en Galicia, se observa un aumento de producción respecto a la energía solar (termoeléctrica y fotovoltaica), pues ésta originaba en 2010 13´5 GWh (representando el 0,04% de la producción eléctrica total) pasando en 2011 a generar 15´1 GWh (siendo entonces el 0´06% de la producción eléctrica global de nuestra Comunidad)[93].


2.4. NORMATIVAS, PLANES Y POLÍTICAS ACCIONADORAS EN MATERIA DE REGULACIÓN FOTOVOLTAICA


Vuélvase a incidir en la imperiosa necesidad de una producción normativa unificada y unificadora, mediante actuaciones legislativas transparentes, combinada y condicionada por ciertos objetivos económicos, como puede ser el total compromiso de abastecimiento energético avalista de la estabilidad política internacional, además de estrategias y programas firmes que posibiliten el éxito. Resaltar que OTTMAR EDENHOFER[94] sostiene la importancia de los retos técnicos y políticos. Asimismo, declara la necesidad de poder contar con ciertas políticas sólidas en el ámbito climático y energético. Prueba de la actual dispersión normativa se observa en el numeroso conjunto de mecanismos reguladores expuestos a continuación, nuevamente distribuidos por ámbitos, y dando aquí por reproducidas -para la esfera fotovoltaica- las palabras anteriormente expuestas relativas a la competencia normativa estatal, autonómica y local en materia de regulación de energía solar térmica.


2.4.1. Ámbito estatal. El Derecho español y la regulación técnica nacional


I) El Código Técnico de la Edificación en la energía solar fotovoltaica


Nuevamente hay que tener en cuenta el omnipresente CTE, ahora en materia fotovoltaica, reseñando a la causa, el apartado HE5, sobre contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica (art. 15.5), del nombrado con anterioridad, Documento Básico DB HE Energía. Éste hace imperar la obligatoriedad de que en edificaciones de caracteres específicos (como pueden ser hospitales, hoteles, centros comerciales, etc.) basados en grandes dimensiones y en un elevado consumo eléctrico, se deberán poner instalaciones solares fotovoltaicas para producir parte de esa gran cantidad de energía consumida, pudiendo ser, como ya se ha dicho, para uso propio o suministro de red, siendo la potencia mínima exigida dependiente de la zona climática de donde se ubique, la superficie construida y el tipo de uso del edificio[95].


II) La regulación del mercado de la electricidad


Se destaca aquí por su mayúscula tarea de adaptación y actualización, la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. De forma más concreta, de su artículo único, sobre modificaciones de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico[96] (Ley básica en la regulación y liberalización del mercado eléctrico con establecimiento de un régimen especial para las energías renovables y garantía de acceso a la red eléctrica -su art. 3 regula el reparto de las principales competencias en materia de régimen especial entre las 3 autoridades reguladoras: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas[97] y Comisión Nacional de Energía-), se deben reseñar las disposiciones con mayor influencia en la producción eléctrica mediante la variable de energía solar (mediante instalaciones fotovoltaicas y también termoeléctricas), siendo las siguientes:


· Apartado doce; por el que se añade un punto h al apartado 3 del art. 3 (en materia de fomento), con la siguiente redacción:


Con independencia de las competencias de la Administración General del Estado, el fomento de las energías renovables de régimen especial y de la eficiencia energética en el territorio de su Comunidad.


 · Apartado treinta y cinco; por el que se modifica el primer párrafo del apartado 5 del art. 30 (importante papel en el reconocimiento de posibles primas complementarias), quedando de la siguiente manera:


El Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, podrá determinar el derecho a la percepción de una prima que complemente el régimen retributivo de aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica de cogeneración o que utilicen como energía primaria, energías renovables no consumibles y no hidráulicas, biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios, aun cuando las instalaciones de producción de energía eléctrica tengan una potencia instalada superior a 50 MW.


· Apartado setenta y uno; por el que se añade la Disposición Adicional Vigésimo Quinta sobre el Plan de Fomento de las energías renovables, disponiéndose lo siguiente:


El Gobierno, modificará el Plan de Fomento de las energías renovables, para adecuarlo a los objetivos que ha establecido a este respecto la Unión Europea del 20% para 2020, manteniendo el compromiso que este plan establecía del 12% para 2010. Estos objetivos serán tenidos en cuenta en la fijación de las primas a este tipo de instalaciones.


III) La retribución


En el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología[98], su art. 1 asiente diciendo que constituye el objeto de tal Real Decreto el establecimiento de un régimen económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica a las que no les sea de aplicación los valores de la tarifa regulada previstos en el art. 36 de tal Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial[99] (renovables y cogeneración). Con dicho Real Decreto 661/2007, estableciendo el régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, se impone la obligación por parte de las compañías eléctricas de comprar la energía eléctrica producida en régimen especial, por las instalaciones solares fotovoltaicas pero sin la obligación de “autoconsumir” la electricidad producida; aunque al mismo tiempo éste adolece de cierta discrecionalidad al incluir revisiones de las primas cada 4 años[100]. Con el nacimiento de este Real Decreto 1578/2008 de retribución, se crea pues un Registro de preasignación de retribución para la tecnología fotovoltaica (PREFO) incidiendo en las instalaciones que son inscritas de forma definitiva en el Registro administrativo de Instalaciones de Producción en Régimen Especial (RIPRE -ya establecido con anterioridad en el anterior Real Decreto 661/2007-)[101] desde septiembre de 2008; y además se justifica su nuevo régimen económico impuesto en base a la asignación de una determinada tarifa para tal tecnología registrada, tal y como dice su propio texto en la Exposición de Motivos, en “dar continuidad y expectativas a este tipo de inversiones, como también definir una pauta progresiva de implantación de este tipo de tecnología, que además puede contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010” (en la actualidad al PANER 2011-2020 -Disposición Adicional Novena de tal Real Decreto 661/2007- ).


Añadir que este Real Decreto 1578/2008 fue modificado por el artículo tercero del ya comentado Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial[102]; en referencia a la tipología “tipo I”, concerniente a los grupos sobre potencia y tipología de las instalaciones. Además se incluye en su Disposición Adicional Quinta, la elaboración de una propuesta de modificación de la Orden ITC/1522/2007[103], de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia (modificada por la Orden ITC/2914/2011, de 27 de octubre, y por el art. 23 de la Directiva 2009/28/CE); y en su Disposición Transitoria Primera la ratificación de las solicitudes de autorización administrativa presentadas para instalaciones con potencia superior a 50 MW que utilicen FER.


En relación a la aludida clasificación por tipos, el Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la Oficina de cambios de suministrador, en su Disposición Final Cuarta, amplía el límite de potencia máxima para instalaciones “tipo I” hasta 10 MW, aunque a efectos de inscripción en una convocatoria se mantiene el límite de 2 MW.


Finalícese el presente apartado de retribución con el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, mediante el cual se limita las horas equivalentes de funcionamiento (en función de la zona solar climática según la radiación solar media en España establecidas en el Real Decreto 314/2006) de las instalaciones fotovoltaicas con derecho a percibir el régimen económico primado que se les reconozca.


IV) La aportación realizada por las ayudas públicas estatales


Hasta hace poco, se aplicaba en España un modelo de incentivo económico basado en un sistema de primas a las energías renovables en su generalidad (ayuda directa de Estado). En la actualidad, con poder de suspensión de tal mecanismo impera el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos[104] (el art. 1 revela el objeto de tal regulación a tratar). Es en su propia Exposición de Motivos (pensado como elemento clarificador e interpretativo de la disposición) donde se argumenta la toma de decisión de la consiguiente medida moratoria (temporal pero indefinida) de suspensión: una caída significativa de la demanda durante 2010 y una sobreproducción eléctrica a partir de fuentes renovables por las favorables condiciones climatológicas, conllevó una importante incidencia sobre los parámetros de previsión de déficit tarifario del sistema eléctrico, en el cual se adoptaron nuevas medidas con carácter de urgencia, en el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre (por el que se limita las horas equivalentes de funcionamiento -en función de la zona solar climática según la radiación solar media en España establecidas en el Real Decreto 314/2006- de las instalaciones fotovoltaicas con derecho a percibir el régimen económico primado que se les reconozca, limitando la retribución para las instalaciones con inscripción definitiva en el RIPRE anterior al 29 de septiembre de 2008 y acogidas al ya examinado Real Decreto 661/2007) para abordar la corrección del referido déficit tarifario del sistema eléctrico, pero que sin embargo, las medidas adoptadas hasta la fecha no resultaban suficientes, poniendo en riesgo el objetivo final de supresión del dicho déficit tarifario a partir de 2013. Pero tal justificación quizá se antoje forzada, teniendo conocimiento de que el pago de primas a la totalidad de las energías renovables sólo representa el 15% del déficit tarifario, comprobándose pues que tales incentivos no son el principal responsable del problema[105]. Sea como fuere, mediante esta medida se contiene el incremento de los incentivos a las energías limpias, con posibilidad futura de elaboración de un nuevo modelo energético abandonando la mera regulación de primas y afectando específicamente a cuatro convocatorias pendientes de preasignación de energía fotovoltaica de 2012, por una potencia de 550 MW[106].


Tal medida obliga de forma ineludible a realizar una modificación extrema en las políticas estratégicas de actuación en el sector fotovoltaico español; además de incidir negativamente en la obtención de financiación externa, perdiéndose así la garantía de rentabilidad mínima y la consecución de determinados compromisos enmarcados en el nuevo PER hasta 2020, aun pese a la hipotética potencialidad que por si sola puede desprender de dicho sector renovable en lo que a términos de rendimiento económico se refiere (una vez abordado con determinación y efectividad el handicap de los costes de producción). Lo corrobora GARCÍA BREVA advirtiendo que este Real Decreto podría vulnerar la legislación comunitaria; no sólo en el objetivo de alcance de un 20% de energía final a partir de fuentes renovables, sino en el garante de la seguridad jurídica, en la eliminación del riesgo regulador, en la supresión de riesgos y en la mejora de acercamiento a las actividades del sector en cuestión; argumentación que, con fundamento o no, se encuentra rebatida y contradicha por actual Ministro de Industria, Energía y Turismo; José Manuel Soria.


Aun con todo, sigue existiendo un mecanismo adicional de ayuda para los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica, a través de la posibilidad de acceso a las actuales líneas de liquidez del ICO, facilitando de esta forma la adaptación al marco regulador de las actuaciones de impulso de las energías renovables. Se establece así por imperativo legal en la Disposición Final Cuadragésima Quinta, sobre acceso de la tecnología fotovoltaica a las líneas de liquidez del ICO, de la ya aludida Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.


V) Los incentivos fiscales de carácter estatal


De forma precedente y sobre la materia que aquí versa, se debe prestar la debida atención a los artículos decimotercero y decimocuarto (capítulo II, energías renovables) del Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica desarrolladores de forma inicial del fomento de energías renovables y del aprovechamiento térmico o eléctrico (con poderes legítimos por tanto en ambas competencias) de la energía proveniente del sol para autoconsumo, respectivamente. Sobre el primero destacar la declaración realizada sobre la adición del art. 35 bis a la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con una deducción del 10% sobre la cuota íntegra de las inversiones realizadas para el aprovechamiento de la energía proveniente del sol para su transformación en calor o electricidad, en su apartado 3.a. Sobre el segundo, se declara una modificación en la redacción del apartado 5 del art. 75 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, con posibilidad de una bonificación de hasta el 50 % de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo.


Con posterioridad, las medidas del artículo decimotercero se refundieron en la anterior redacción del art. 39, sobre deducciones por inversiones medioambientales, del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades[107] (título VI deuda tributaria, capítulo IV deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades), en el que se establecía en su apartado 3. a. la posibilidad de deducción de la cuota íntegra el 2% de las inversiones realizadas en bienes de activo material nuevos destinadas al aprovechamiento de la energía proveniente del sol consistentes en instalaciones y equipos para la transformación de la misma en calor o electricidad[108]. Esto se debía completar con el apartado cuarto reseñando que la parte de la inversión financiada con subvenciones no daría derecho a deducción. Pues bien, en la actualidad, dicho apartado tercero se encuentra ya derogado, con efectos para los periodos impositivos que se hubiesen iniciado a partir del 1 de enero de 2011 (eliminación gradual), por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Se debe matizar que dichas previsiones se encuentran derogadas por ser contrarias al ya citado principio de libre establecimiento, siendo preponderante la obligación de justificación para el establecimiento de ayudas estatales si el coste de producir energía a partir de fuentes renovables es superior al coste de producción a partir de fuentes menos respetuosas al medio ambiente, y si no existe ninguna norma comunitaria obligatoria para las empresas individuales relativo al porcentaje de energía que debe proceder de fuentes renovables[109]. Con todo, se observa así una trava de origen fiscal añadida a la nueva económica, de modo y manera que se potencia indirectamente el freno a la expansión del crecimiento real del sector en la parcela empresarial, ahora desde la vía tributaria; sin tener todavía en cuenta las necesarias medidas que fomenten las inversiones de los particulares, los cuales constituyen con gran diferencia el potencial más importante y que deben contribuir mayoritariamente a conseguir el objetivo del PER, tal y como se pretende y desprende positivamente de la misma Ley 35/2006 en su Disposición Adicional Vigésima Novena[110], con la imposición de la posibilidad de deducción de un 20% por obras de mejora en la vivienda para los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 71.007,20 euros anuales (desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2011 hasta el 31 de diciembre de 2012), teniendo por objeto la utilización de energías renovables (entre otras opciones, como por ejemplo la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente) en los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012[111] (su art. 58 sitúa, entre otras, la utilización de energías renovables como una de las actuaciones protegidas a efectos de su financiación en el marco de tal Real Decreto).


Como última idea añadida a todo lo indicado hasta ahora en el presente apartado sobre fiscalidad, se presenta el siguiente razonamiento de incentivación agregada, sustentado en la idea de que mediante el uso de tecnologías renovables, concretamente las solares, para la correspondiente obtención de energía, no es preciso el uso de otros mecanismos de energías agotables que menoscaben el entorno, y por consiguiente es factible extinguir o cuando menos reducir el deber de tributación por determinados tributos medioambientales que puedan gravar la contaminación expedida al medio para la obtención de dicha energía precisada (por ejemplo el Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por la Emisión de Contaminantes a la Atmósfera, en la Comunidad de Aragón[112], gravando el daño medioambiental causado por focos contaminantes mediante la emisión a la atmósfera de tres sustancias nocivas: SOx, NOx y CO2)[113]. En suma, se consigue así un determinado y efectivo nivel de ahorro en cuanto a obligaciones impositivas se refiere.


VI) El borrador del Real Decreto sobre balance neto


Existe sobre la mesa un nuevo proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de la modalidad de suministro de la energía eléctrica con balance neto[114]. El sistema de compensación que el mismo propone sólo podrá ser usado en instalaciones de generación eléctrica destinadas al autoconsumo, de cualquier tipo de tecnología y con una potencia inferior a 100 kW. De esta forma la mayor parte del balance neto (o net metering) vendrá por las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico (el fomento de la generación distribuida incidirá sustancialmente en tal tipología) y de uso doméstico o de pequeña potencia, como por ejemplo la tecnología minieólica. Sin embargo y en relación a esto último, un posible problema que pudiese ser destacado en la redacción de tal borrador es que en el establecimiento de su ámbito de aplicación no se aclara con suficiencia qué instalaciones se pueden acoger al susodicho balance neto. Además en dicho borrador se propone regular la compensación de la energía producida y de la energía consumida. Entre los diversos puntos recogidos en el mismo, destáquese la propuesta de generación (para el consumidor) de unos derechos de consumo diferidos (consecuencia de la producción energética) durante un periodo de 12 meses. También se propone que la cesión de energía por parte del productor-consumidor no lleve aparejada ninguna contraprestación económica y limita dicha compensación por la producción de energía, a los kW consumidos anualmente[115]. Así pues, se pretende legalizar el autoconsumo eléctrico, algo que creemos ciertamente positivo, así como las medidas pertinentes que ello implique[116]. Como aspectos interpretados de mayor incidencia beneficiosa del susodicho borrador, se destaca la promoción de energía sostenible, el aumento de la seguridad energética del país, la reducción de emisiones de dióxido de carbono y la disminución de la volatilidad en los precios de la energía[117].


VII) La regulación técnica de las instalaciones solares fotovoltaicas


Para atender a la regulación de los mecanismos técnicos que hacen posibles las instalaciones solares propias de de la energía fotovoltaica hay que reseñar dos documentos responsables de dicha regulación:


§ La revisión del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red, de 2002: Revisado en febrero de 2009 por el IDAE y CENSOLAR, fija las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones solares fotovoltaicas aisladas de la red, pretendiendo servir de guía tanto para la instalación como para la fabricación de equipos, delimitando las especificaciones mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del propio desarrollo de la tecnología tratada[118].


§ La revisión del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red, de 2002: También revisado en julio de 2011 por el IDAE y CENSOLAR. Su finalidad es establecer las condiciones técnicas que deben tomarse en cuenta para las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica de distribución; es decir, de nuevo fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red que se realicen en el ámbito de actuación del IDAE (proyectos, líneas de apoyo, etc.), pretendiendo por tanto servir de guía para instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las especificaciones mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología además de valorar la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, producción e integración[119].


VIII) Otras disposiciones


Con carácter secundario, se deben señalar las restantes disposiciones que completan y complementan la legislación estatal analizada en el presente apartado. Son las siguientes:


. Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo: Transpone Directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos del sector eléctrico y gasista (traspone la importante y comentada Directiva 2009/28/CE).


. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre: Regula los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica en general (título VII), desarrollando la ya aludida Ley 54/2007, de 27 de noviembre. Se aplica en el caso de conexión a la red de alta tensión.


. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto: Aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y establece las instrucciones técnicas para las instalaciones de cualidad[120].


.  Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre: Establece tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.


.  Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre: Establece los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica.


. Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto: Con éste se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.


.  Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo: Regula la venta de productos a liquidar por diferencia de precios por determinadas instalaciones de régimen especial y la adquisición por los comercializadores de último recurso del sector eléctrico.


. Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto: Regula la liquidación de la prima equivalente a las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica en régimen especial.


. Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio: Aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de Energía.


. Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas: Regula el modelo de contrato tipo y modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 1663/2000, de 30 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión[121].


. Resolución 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas: Por la misma se inscribe en el RPR, asociadas a la convocatoria del primer trimestre de 2011, los proyectos incluidos en los cupos correspondientes, se publica el resultado del procedimiento de preasignación de retribución de dicha convocatoria y se comunica el cómputo de plazo para el cierre del plazo de presentación de solicitudes de la siguiente convocatoria.


. Orden de 5 de septiembre de 1985: Enmarca normas administrativas y técnicas para el funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de las centrales hidroeléctricas de hasta 5000 kW y centrales de autogeneración eléctrica.


. Orden ITC 2585/2011, de 29 de septiembre: Revisa los peajes de acceso, establece los precios de los peajes de acceso supervalle y se actualiza determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, a partir de 1 de octubre de 2011. Se debe incluir su corrección de errores.


. Orden ITC 1068/2011, de 28 de abril: Modifica la Orden ITC 3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.


. Orden ITC 688/2011, de 30 de marzo: Establece los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.


. Orden ITC/527/2011, de 11 de marzo: Modifica el calendario de la convocatoria correspondiente al segundo trimestre de 2011 del registro de pre-asignación de retribución, regulado en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.


. Orden ITC/66/2011, de 20 de enero: Amplía el plazo de presentación de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas, para la convocatoria del segundo trimestre de 2011, al registro de pre-asignación de retribución, regulado en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.


2.4.2. Ámbito autonómico. Correlación con el Derecho ambiental


I) El impulso del uso de las energías renovables en correlación con la protección del ambiente atmosférico


Desde este apartado se pretende resaltar la anunciada y estrecha conexión entre la regulación energética y la medioambiental, también en el ámbito autonómico; y se hace a través la Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia; concretamente destacando su art. 32, apartado f) (sección III, planificación territorial y sectorial), mediante el cual se declara que la Comisión Delegada de Medio Ambiente aprobará la estrategia o estrategias dirigidas a integrar la política de protección atmosférica de la Comunidad en el proceso de elaboración y ejecución de las demás políticas y acciones sectoriales. En particular, fomentará las medidas encaminadas a:


La potenciación de medidas para la eficiencia y ahorro energético y la promoción de la utilización de fuentes de energías renovables e instalaciones de cogeneración de energía, así como la disminución del impacto y las emisiones del sector energético.


II) La Evaluación Ambiental Estratégica sobre los Planes y Programas de energía


Comiéncese presentando la EAE como un instrumento que incorpora en los Planes y Programas elaborados desde la Administración Pública una directriz de análisis en referencia a los efectos que dichos Planes y Programas pueden repercutir en su entorno más próximo. CUYÁS PALAZÓN[122] la define como la acción de realizar estudios de efectos ambientales en las fases primarias de adopción de las decisiones públicas (políticas, planes y programas). Dicha Evaluación se cimienta en la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos que determinados planes y programas tienen sobre el entorno. Añadidamente, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos que determinados Planes y Programas tienen sobre el medio ambiente, declara que el procedimiento de EAE se debe entender como un instrumento de prevención que permite validar los procesos de elaboración y decisión de tales Planes y Programas desde su fase inicial, y prestándole una especial atención a la participación pública y a las consultas con autoridades y organizaciones representativas en cada campo de actuación. Así, las fases de dicho procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica son las siguientes: 1º inicio (documento de inicio), 2º elaboración del documento de referencia, 3º elaboración del informe de sustentabilidad ambiental, 4º fase de consultas mediante la información pública, 5º elaboración de la memoria ambiental, 6º aprobación definitiva del plan o programa y por último 7º seguimiento ambiental [123].


Se quiere destacar ahora dos Planes y un Programa que en la actualidad están en curso bajo el estudio de la EAE en Galicia en materia de energía (con aspectos relativos tanto a energía solar térmica como a fotovoltaica), debido a la mayor o menor incidencia ambiental que también contiene el establecimiento de sus tecnologías productoras. Son los siguientes:


A) El Plan Enerxético de Galicia 2007-2012[124]: En lo referente a las fases del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, su documento de inicio, con fecha de 10 de diciembre de 2007, señala como uno de los objetivos de dicho plan el aprovechamiento de las energías renovables[125]. Sus previsiones para el presente año 2012, en lo referente a energía solar térmica pendían del crecimiento del crecimiento de la vivienda construida en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se esperaba llegar a los 120.000 m2 en 2012. En lo concerniente a la energía solar fotovoltaica se pretendía aumentar considerablemente la potencia instalada y pasar de los 1,2 MWp instalados a finales de 2005, a los 25 MWp en el horizonte de 2012.


Posteriormente, con fecha de 24 de abril de 2008 se presentó el documento de referencia, en el que dentro de las variables y criterios para la sustentabilidad del Plan (variable energía), se estipula la realización de in estudio de las posibilidades de aprovechamiento de todas las fuentes de energía (incluida la fotovoltaica y termosolar), debiéndose justificar como las mismas se recogen en el Plan. También añade que se procurará alcanzar acuerdos con otras concejalías, consumidoras de energía para la implantación en sus instalaciones de programas de ahorro energético e implantación de energías renovables[126].


B) El Plan Enerxético Estratéxico de Galicia 2010-2015[127]: En el documento de inicio del mismo, con fecha de 22 de noviembre de 2009, vuelve a imponerse como uno de los objetivos prioritarios del Plan energético estratégico, el aprovechamiento de las energías renovables. Su previsión es que la producción de electricidad se podrá obtener con fuentes renovables en más del 95 % del consumo de la Comunidad gallega en 2015 (algo en principio bastante complicado). De forma específica y en lo relacionado ahora a la energía solar térmica, hay que decir que se cambiaron los objetivos respecto al Plan energético anterior, previendo en vivienda construida un nuevo alcance de 175.000 m2 en 2015. De forma contraria, en materia solar fotovoltaica, el nuevo objetivo se redujo a 12,5 MWp instalados en el horizonte de 2015. Además se prevé en tal documento de inicio un capítulo VI para el Plan a tratar de contenido sobre Plan de enerxías renovables, en el que se describirá la situación actual del aprovechamiento de las energías renovables y se fijaran los objetivos de dicho Plan en materia solar, entre otras energías a lo largo de su periodo de vigencia[128].


Seguidamente se elabora el documento de referencia, con fecha de 20 de noviembre de 2009 nuevamente, dentro de las variables y criterios para la sustentabilidad del Plan, se vuelve a incluir el fomento y desarrollo de las energías renovables[129].


C) El Programa marco galego fronte ao cambio climático 2010-2020[130]: Aquí, su documento de inicio, fechado el 22 de marzo de 2010, argumenta que para cumplir el objetivo de recortar al menos el 20% de las emisiones totales de GEI respecto a los niveles de 1990 (y en un 30% si otros países desarrollados se comprometen a reducciones de emisiones equivalentes y los países en desarrollo contribuyen adecuadamente en función de sus posibilidades) contenido en el anteriormente aludido Paquete de Energía y Cambio Climático 2013-2020[131] (aprobado por el Parlamento Europeo el 17 de diciembre de 2008), es preciso como una de las medidas necesarias para conseguir tal objetivo, tal y como ya se ha ilustrado con anterioridad, elevar hasta un 20% de media la proporción de energías renovables sobre el consumo energético total en 2020[132].


Añadir finalmente que para este concreto procedimiento de Evaluación Ambiental, también se publico su documento de referencia con fecha de 15 de junio de 2010[133].


II) La aportación económica realizada por la Comunidad gallega mediante ayudas externas en energía solar fotovoltaica


Por otro lado, al igual que lo hecho en el apartado correspondiente de la energía solar térmica, se establecerán ahora las ayudas al aprovechamiento de la energía solar para 2012, enmarcadas por la Comunidad Autónoma gallega con el ya aludido FEDER y con el FCI[134]. Se deben destacar dos tipos (de los tres ya comentados con anterioridad) de sistemas fotovoltaicos para la distinguida aplicación de tales incentivos:


· Sistemas conectados a red: Se permite una potencia máxima de instalación de 20 kW, con un límite máximo de ayuda de 900 euros/kWp Y de 1200 euros/kWp en el caso de los Ayuntamientos.


· Sistemas aislados: La máxima potencia de instalación admitida es de 2´5 kWp; con una cuantía máxima de subvención del 40% de la instalación elegible, con un límite máximo de ayuda de 2000 euros/kWp para el caso de instalación sin acumulación, y de 3000/kWp en los casos de instalación con acumulación.


2.4.3. Normativa añadida sobre gestión y certificación técnica en energía fotovoltaica


A diferencia de la vasta conjunción normativa técnica de aplicación en competencia energética térmica, en este apartado únicamente se puntualizará el siguiente mecanismo regulador:


- Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.


IV. Conclusiones [arriba] 


Para realizar una correcta síntesis de todo lo postulado a lo largo del presente trabajo, es preciso destacar como fundamentales las siguientes ideas que constituyen y corroboran resumidamente el análisis aquí planteado, además de conclusiones añadidas y novedosas que completan y complementan la investigación efectuada, así como sus argumentaciones plasmadas hasta el momento. Por consiguiente:


· Se puede comprobar a lo largo de la indagación realizada, que el principal objetivo porcentual en favor de las energías renovables en general es conseguir que éstas lleguen a ser la causa de producción de al menos el 20% de la energía eléctrica total en el horizonte del año 2020 (elevada inclusión en la cesta energética). Para la consecución de dicho fin, tal y como ya se ha visto, se crean y modifican las principales medidas y mecanismos reguladores que vertebran el ámbito energético, desde todos los ámbitos y competencias posibles, con la esperanza de lograr dicho objetivo. En cierto modo y en base a esto se cree de difícil consecución el logro de objetivos tan a largo plazo, pues a priori es muy delicada la cuantificación y análisis de evolución de todas las variables que son necesarias considerar para un periodo de tiempo tan extenso, pese a las expectativas de consecución de un logro superior, además de la holgura ya aludida y declarada por nuestro actual Ministro de Industria, Energía y Turismo. Por ello parece estrictamente necesario la elaboración de certeros y comprometidos programas energéticos de apoyo al ámbito de las renovables de corte temporal más reducido y consecuentes con las realidades que les tocan ser vividas. Dichos programas necesitan predisponer medidas potentes y específicas en referencia a cada tipo de fuente de energía para una mejor actuación directa en cada una de ellas, en vez de tantas aportaciones y soluciones globales para las mismas en su conjunto (propuesta de mercados adaptados a las tecnologías, en contraposición a la iniciativa del PER 2011-2020, de un mismo marco común para todas las clases de fuentes). Así, se pretende demandar un programa único para el tratamiento de la energía solar con posterior sistema evaluador de políticas optadas en el mismo en cuanto a determinación de los costes y desarrollo de su potencialidad. Debe primar la claridad tanto en sus redacciones como en sus decisiones, tomadas conjuntamente y en consenso para tratar de solucionar problemas diversos, tales como el despilfarro energético, el aumento de la demanda a medio y largo plazo[135] (necesidad de gestión -además de en la producción- e intervención en la misma para su dable desaceleración), y por consiguiente el precio, y la fiabilidad en la calidad del suministro o la pérdida de la energía en el transporte de la misma (mejora de las distribución eléctrica -redes inteligentes-), abogando pues por un sistema de producción y distribución eficientes.


· Para poder explotar la más que posible oportunidad de mercado aludida desde un principio en el apartado introductorio de este trabajo, anclada en el fundamentalismo de las nuevas ideas frente a las inclemencias y limitaciones de nuestro actual mercado y su correspondiente sector del que toca analizar, no es suficiente con tener las cualidades climatológicas y geográficas a nuestro favor[136], sino que numerosos factores determinan el posible éxito o fracaso de estas inversiones, y el abaratamiento de la tecnología es el primero que ahora ocupa, llegando a la conclusión de que es preciso conseguir una progresiva disminución de los costes (demasiado altos e intermitentes) optimizando el término coste-beneficio, tanto en la producción como en la instalación (sobretodo éste último) de tales tecnologías con cierto grado de maduración obtenido, y por consiguiente lograr el aminoramiento del precio para el consumidor final, haciendo todavía más rentable la posible inversión en este tipo de energía. El tiempo de recuperación de la inversión realizada (pay-back), para que sea altamente eficiente comercialmente hablando, no debería ser superior a dos años (al menos para el pequeño consumidor particular); de modo y manera que, para ello es necesario que la producción de energía solar vaya de la mano de los programas de inversión en el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) desde todos los ámbitos posibles, inclusive el local para incidir positivamente en el desarrollo regional además de combatir la elevada dependencia energética que se está viviendo actualmente respecto al exterior. Así las cosas, se está produciendo una considerable importación de la tecnología necesaria, propiciando el desequilibrio de la balanza de pagos; pues a pesar de que el desarrollo técnico sea bastante elevado, no es suficiente para desarticular dicha dependencia (URIA nos informa de que España importa el 75% de la energía primaria que consume y Galicia el 86%[137]). Sigue siendo por tanto una grave barrera la falta de conocimiento y de especialización; factor que se entiende clave, corregible mediante el estímulo del apoyo institucional continuado y la competitividad empresarial encargada de engrosar la curva de aprendizaje, y que puede determinar el triunfo o no, en parámetros de consumo voluntario, de este tipo de energía limpia, acompañado de una correcta divulgación -marketing de fomento- y los pertinentes y específicos estudios de viabilidad económica, según el concreto proyecto a analizar, para de este tipo de tecnología alternativa.


· Se califica de oportuna también la toma de medidas que favorezcan tanto el cambio de mentalidad de la sociedad civil en su conjunto como el aumento de la participación y concienciación ciudadana individual (desarrollo del carácter moralista entendido como elemento de incidencia económica -la sensibilización como herramienta del mercado-); es decir, el individuo particular y sus microeconomías familiares en cuanto a demanda, consumo y uso de energías renovables para sus viviendas unifamiliares (apertura del mercado en cuanto al sector de la edificación), esperando ser detectado por los potenciales usuarios como método eficaz de preservación del medio con función replanteadota del actual mercado y modelo energético.


· Se considera también ineludible, aún sabiendo de su dificultad por tratarse de un sector empresarial especialmente dinámico, un refuerzo al marco legislativo renovable, apoyado por un concordante desarrollo reglamentario en aplicación y clarificación (en la variables de la regulación tanto en materia eléctrica como en edificatoria) para combatir su fluctuación y retroactividad contraproducente por las decisiones políticas y partidistas que no dan una continuidad normativa que ofrezca seguridad jurídica (empobrecimiento del adecuado tratamiento jurídico de la energía); factor que se interpreta clave para el correcto asentamiento de las inversiones privadas. Así, CODERCH[138] habla de “la componente ideológica del debate energético” en las decisiones mediatizadas tomadas por los Gobiernos y los poderes económicos a la hora de incentivar el desarrollo de las nuevas tecnologías y sistemas energéticos sostenibles, funcionando tales decisiones como conjunción de la ineficacia de los mercados y de la actual regulación. Además es imperioso el perfeccionamiento de sistemas reguladores que establezcan y garanticen estándares mínimos de calidad en la producción de la energía aquí representada y en sus diversos componentes. Por otra parte, creemos necesario actualizar y adaptar los respectivos mecanismos legislativos ya existentes (por ejemplo el CTE[139]) a las realidades geográficas y climatológicas de España y de Galicia de forma más específica mediante medidas complementarias que adecuen tales mecanismos a la situación del territorio gallego, contribuyendo así a la eficiencia y sustentabilidad tanto en el ámbito económico como en el medioambiental.


· Por otra parte, se debe aumentar la posible responsabilidad del agente contaminante (aunque aun cuado se incumplieran los pertinentes acuerdos internacionales de protección, se sabe que es muy complejo poner en activo el mecanismo de la responsabilidad), mediante el endurecimiento de la legislación ambiental con la consiguiente obligación real de recuperación y resarcimiento del daño causado (principio fundamental quién contamina paga, de la Declaración de las Naciones Unidas de 7 de mayo de 1992, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Rio de Janeiro), como herramientas transversales de promoción de las energías renovables (estímulo indirecto de las conductas limpias); luego no sólo se deben fomentar el uso de energías renovables por imperativo de Ley como forma de prevención, sino establecer compromisos certeros sobre disminución de GEI[140], con sus correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, siendo sumamente relevante el papel reservado a los poderes públicos (acción pública) tanto en materia ecológica (disciplina ambiental) como energética (intervención y discriminación positiva a favor de las energías renovables bajo el criterio de la razonabilidad general reconocida por la CE[141]). En base a esta idea de responsabilidad, RUIZ HERNÁNDEZ aboga por el establecimiento de un más férreo sistema de sanciones para el no cumplimiento de los compromisos adquiridos[142].


· El sector energético sostenible, concretamente en su variable solar, además de funcionar como método de creación de riqueza y aumento del Producto Interior Bruto, también puede contribuir, y así lo hace, al desarrollo de puestos de empleo directos e indirectos al sector (creación de industria auxiliar), como puede ser la contratación de técnicos, investigadores, auditores etc. En este sentido, DOMINGO LÓPEZ[143] afirma que el desarrollo de las energías renovables puede redundar de forma notable en la creación de industrias, y por consiguiente de empleo ya que, según él, el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de instalaciones que utilizan energías renovables conllevan una intensidad de empleo hasta cinco veces más que el desarrollo de tecnologías basadas en combustibles convencionales[144]. La misma conclusión se obtiene del Libro Verde COM (96) 576 final, energía para el futuro: fuentes de energía renovables; declarando al mismo tiempo que el fomento de las energías renovables es un importante elemento de la política regional y puede redundar en la creación de empleo en regiones de otro modo privadas de desarrollo industrial, así como en el suministro de recursos energéticos necesarios para el desarrollo[145]. Como valor numérico certificador de tal consideración, y teniendo en cuenta la afirmación de BURGOS-ALONSO (bajo apreciaciones del ya mencionado paquete de medidas, 20-20-20), 1.200.000 de personas trabajan actualmente en el sector renovable en toda Europa, y se prevé que se pueda llegar a 3.000.000 en 2020[146]. En lo concerniente únicamente a España, y según las pertinentes estimaciones incluidas en el Estudio del ISTAS 2008 sobre Energías Renovables y Empleo, las energías renovables ocupaban en 2007 en España un total de 188.682 empleos de los que 89.001 eran directos (específicamente en solar térmica ocupaban 8.174 puestos de trabajo -representando el 9,28%-; en solar termoeléctrica 968 puestos -siendo el 1,08%-; y en solar fotovoltaica 26.449 puestos -alcanzando el 29,9%-) y 99.681 indirectos[147].


· Para finalizar con las conclusiones y con la totalidad de la investigación aquí realizada, hay que revelar que un posible problema y subjetivo daño colateral -desde aquí entendido como bastante tenue y etéreo en comparación con el beneficio obtenido- y que pueda desencadenarse por la puesta en funcionamiento de la energía solar, es la idea de “feísmo urbanístico”, entendida como la posible incidencia negativa en el entorno próximo, en su paisaje, con degradante impacto visual (además de ambiental) que de tal actividad se desprende (contaminación visual), viniendo a colación de ciertas instalaciones (sobretodo en el ámbito industrial) de paneles y demás mecanismos para el correcto aprovechamiento de dicha energía. Sin embargo, esta opinión no es compartida de forma sistemática y automática por todo el mundo; pues depende en gran parte del punto de vista utilizado. Así pues, tal y como declara el ya mencionado Libro Blanco sobre energía para el futuro: las fuentes de energía renovables, de forma totalmente contraria a la anterior crítica, las placas solares (concretamente las fotovoltaicas) deben y pueden ser entendidas como una ventaja secundaria a tener en cuenta en la integración de los edificios en los ámbitos de la iluminación, la calefacción y la sustitución de fachadas, debiéndose aprovechar con fines de diseño arquitectónico, el efecto visual de dichas placas[148].


Así pues, una vez descritos, analizados y argumentados ya todos los aspectos, criterios, claves, incidencias e ideas más representativas de la energía renovable en su variante solar, y en lo relativo a todos sus posibles campos de estudio (físico, tecnológico, económico, social y sobretodo jurídico), recogidos en las líneas constituyentes de la investigación aquí realizada, y precedentes a estas últimas que siguen, se desea poner punto y final a la labor realizada citando la siguiente y famosa frase del célebre físico, Albert Einstein, esperando ser interpretada como síntesis y esencia del ímpetu personal y deber colectivo de contribución (quizá más moral que legal), con función de elemento subjetivo, en la preservación del medio en el que el ser humano se desarrolla, y del que se ha intentado hacer eco a lo largo de todo el trabajo expuesto por medio de la promoción del fructuoso aprovechamiento de la energía solar. Dicha frase, ultimando lo presente, dice lo que sigue:


“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.


 


 


BIBLIOGRAFÍA


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* Abogado. Master de Especialización en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente


[1] Señálese, complementariamente y a modo de ejemplo, que según estimaciones realizadas por técnicos de la Plataforma solar de Almería (PSA -estandarte español como plataforma productora de energía solar termoeléctrica junto a Gemasolar-), las instalaciones solares termoeléctricas evitan la emisión de 2.000 toneladas de CO2 por cada MW de potencia.
[2] Vid. FRAJ, H.; MARTÍNEZ, E.; MATUTE, J.; “Marketing y medio ambiente: una aproximación a la situación de la industria española”, Universia Bussiness Review, nº 31, ISSN: 1698-5117, Madrid, tercer trimestre 2011, págs. 156-183.
[3] Resáltese el hecho de que este tipo de intereses han quedado plasmados en el crecimiento del número de empresas que durante los últimos años han decidido implantar sistemas y normas de certificación de calidad medioambiental -Reglamento (CE) núm. 1221/2009, de 25 de noviembre, del Parlamento Europeo, sobre participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, tales como la norma UNE-EN ISO-14001:2004, sistemas de gestión ambiental, requisitos con orientación para su uso; el sistema comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría, EMAS-2001 -Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 de junio, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales -; AENOR 2008 o también Fundación Entorno, 2009.
[4] Vid. RUIZ DE PALACIOS VILLAVERDE, J. I.; MELÓN MUÑOZ, A. (Directores técnicos); “Sector energético”, Memento práctico infracciones y sanciones 2008-2009, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2007, pág. 457.
[5] Vid. PIÑAR MAÑAS, J. L.; “Introducción al Derecho ambiental español: evolución, función pública de protección del medio ambiente y contenido del Derecho ambiental. Derecho ambiental y desarrollo sostenible”, Máster de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente (DUMA), Universidad de Vigo, Campus de Ourense, 17 de febrero de 2012.
[6] Vid. STC 64/1982, de 4 de noviembre
[7] Téngase conocimiento de la posición discrepante y no unánime de la doctrina al concebir el medio ambiente como un derecho fundamental, o cuando menos a ser entendido como un derecho subjetivo que lo convierta en exigible y con posibilidad de ser invocado ante los Tribunales de forma directa.
[8] Vid. ORTEGA MARTÍN, E.; “Medio ambiente y propiedad privada”, Derecho administrativo del siglo XXI, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2008, págs. 113-114.
[9] Vid. ALAIZ FERNÁNDEZ, E.; “Energía solar”, Informe sobre nuevas fuentes de energía, Instituto de Ampliación de Estudios y de Investigación Industrial “J. A. Artigas”, 1977, Universidad Politécnica de Madrid, pág. 11 y ss.
[10] Vid. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/energia-solar/energia-solar.htm, última consulta realizada el 25 de abril de 2012.
[11] Vid. DOMINGO LÓPEZ, E.; “Qué son las energías renovables”, Régimen jurídico de las energías renovables y la cogeneración eléctrica, Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, 2000, pág. 30.
[12] Vid. LÓPEZ-CÓZAR, J. M.; “El Sol, fuente inagotable de energía”, Energía Solar Térmica, Manuales de Energías Renovables 4, Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE), Madrid, 2006, pág. 11 y ss.
[13] Vid. FERNÁNDEZ SALGADO, J. M.; GALLARDO RODRIGUEZ, V.; “Tipología y clasificación de instalaciones solares térmicas”, Energía solar térmica en la edificación, AMV Ediciones, primera edición, Madrid, 2004, pág 53.
[14] Vid. DOMINGUEZ CREDEIRA, J. M.; “La visión de la empresa distribuidora de energía: soluciones térmicas a gas de alta eficiencia para los edificios”, Jornada Técnica sobre Eficiencia Energética en los Edificios: Criterios y Soluciones, Gas Natural, Vigo, 23 de marzo de 2012.
[15] Vid. http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=18&idm=161, última consulta realizada el 4 de mayo de 2012.
[16] Vid. http://www.aprean.com/energia-solar-termica.html, última consulta realizada el 4 de mayo de 2012.
[17] Aclárese que los colectores solares térmicos planos son más baratos y más utilizados actualmente en comparación con los tubos de vacío; pero estos últimos van alcanzando mejores cuotas de uso debido a su mayor eficiencia energética en comparación con los primeros.
[18] Sépase que tal y como publica la Red Eléctrica de España (REE) en su Avance del informe 2011, la energía solar termoeléctrica vivió un más que considerable incremento en la generación eléctrica durante este último año cifrado en un 193% respecto del año 2010, situándose en 2.029 GWh. En términos económicos, ya en ese año 2010 la contribución al PIB del sector solar termoeléctrico era de 1650,4 millones de euros. Además, según el informe de Greenpeace, Electricidad Solar Termoeléctrica 2020, este sistema podría representar el 5% de la electricidad consumida en el mundo en menos de 40 años, evitando emisiones de CO2 del orden de 154 millones de toneladas (hasta el 2020). Así pues, España representa hoy por hoy la mayor potencia tanto en poder de instalación como en desarrollo tecnológico respecto a dicha energía renovable, con el aliciente característico de poder ser ésta almacenable y gestionable en función de la demanda.
[19] Vid. “Aplicaciones de la energía solar térmica”, Introducción a las energías renovables, Innovación y Cualificación S.L., Innova, Málaga, 2007, págs. 236-244.
[20] Vid. FERNÁNDEZ SALGADO, J. M.; GALLARDO RODRIGUEZ, V.; “Conceptos fundamentales sobre energía solar térmica”, Energía solar térmica (…), opus cit., pág. 48 y ss.
[21] Vid. definición de la RAE: “Dícese del ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo”.
[22] Vid. http://www.energiasolaresp.com, “Situación actual del mercado mundial de la energía solar térmica”, 01/22/2012, última consulta realizada el 19 de marzo de 2012.
[23] Vid. http://www.estif.org, última consulta realizada el 19 de marzo de 2012.
[24] Vid. ESTIF, “Solar Thermal Markets in Europe, Trends and Markets Statistics 2010”, June 2011, pág. 6.
[25] Vid. GARCÍA BREVA, G.; “Otro plan de renovables es posible”; Revista Digital Ambienta, nº 96, 01/09/2011, última consulta realizada el 17 de marzo de 2012.
[26] Vid. Comisión Europea, “Anexo II. Contribuciones estimadas por sector, situación prevista en el 2010”, Libro Blanco COM (1997) 599 energía para el futuro: las fuentes de energía renovables, 1997, págs. 44-45.
[27] Vid. BLASCO HEDO, E.; “La biomasa, una energía renovable que escala peldaños. A propósito del plan regional de ámbito sectorial de la bioenergía de Castilla y León”, plataforma digital www.actualidadjuridicaambiental.com, 2011, última consulta realizada el 26 de marzo de 2012, pág. 2.
[28] Vid. GAVELA GONZALEZ, R.; “El desarrollo de las energías marinas”, Foro las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, GE2C´S, Programa Cooperación Transfronteriza España ~ Portugal 2007-2013, Unión Europea FEDER, Vigo, 2 de mayo de 2012.
[29] Sépase que el Consejo Europeo de Energía Renovable (EREC) ha publicado en el año 2008 un Plan de trabajo de Tecnología Energética Renovable del 20% en 2020.
[30] Esta Directiva 2009/28/CE derogó la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, desde el 1 de enero de 2012; pero ya con anterioridad, se veían suprimidos el art. 2, el párrafo 2 del art. 3 y los artículos del 4 al 8. La misma preveía medidas específicas sobre, la evaluación del origen de la electricidad, la conexión a la red y los procedimientos administrativos, entre otras cosas. Señalar que también afectó a la Directiva 2003/30/CE relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte.
[31] Sustánciese la idea de necesidad de transposición de las Directivas europeas pero rigiendo el principio de aplicación directa y supremacía del Derecho comunitario.
[32] Vid. MORA RUÍZ, M.; “Los condicionantes ambientales de las energías renovables: el ejemplo de la energía eólica y su regulación en el derecho español”, plataforma digital http://www.actualidadjuridicaambiental.com, ultima consulta realizada el 14 de marzo de 2012.
[33] Adoptada por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo el 19 de mayo de 2010. Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 18 de junio de 2010.
[34] Vid. “Eficiencia en el uso final de la energía y los servicios energéticos”, http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27057_es.htm, última consulta realizada el 16 de abril de 2012.
[35] Sépase que la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea, la adapta a la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (el art. 2 de esta última Ley tipifica como impuesto de fabricación el Impuesto sobre la Electricidad)
[36] Oportuno entonces para la energía termoeléctrica y fotovoltaica.
[37] Vid. PITA GRANDAL, A. M.; “Tributación ambiental: imposición estatal sobre la energía”, Funciones y fundamento de la intervención tributaria en materia ambiental, Máster de Derecho urbanístico y del Medio ambiente (DUMA), Universidad de Vigo, Campus de Ourense, 21 de abril de 2012.
[38] Vid. Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, sobre el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía; Reglamento (EC) núm. 66/2010, de 25 de noviembre 2009, del Parlamento europeo, sobre el sistema comunitario de concesión de la etiqueta ecológica en la UE; y Real Decreto 598/1994, de 8 de abril, sobre normas para la aplicación del Reglamento (CCE) núm. 880/1992, de 23 de marzo, del Consejo, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica.
[39] Vid. resultandos de la STC 32/1981 y STC 1/1982.
[40] Vid. Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servicios de las corporaciones locales; Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el anterior y Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
[41] Vid. DOMINGO LÓPEZ, E.; “Competencias exclusivas del Estado”, del libro Régimen jurídico de las energías renovables (…), opus cit., pag. 86 y ss.
[42] Vid. MARTIN MATEO, R.; “Impacto ambiental de la crisis energética”, del libro Nuevo Derecho Energético, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1982, pág. 35.
[43] Téngase en cuenta que por su competencia genérica en materia de renovables, su encuadre es tan lícito en este apartado de energía solar térmica (o termoeléctrica) como en el de energía solar fotovoltaica.
[44] Consúltese precedentemente los PER 1986-1988 y 1989-1995; además de los PEN 1975-1985, 1978-1987, 1983-1992 y 1991-2000 y el PFER 2000-2010.
[45] Adelántese que con el nuevo Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero (el cual será aquí ampliamente analizado con posterioridad), ampara la consecución de objetivos superiores impuestos a los obligados por la UE en tal materia debido a la “holgura” declarada por dicho Real Decreto-ley en tales términos.
[46] Sépase que los restantes objetivos constitutivos de dicho paquete de medidas son reducir, unilateralmente, las emisiones de GEI en un 20% con respecto a los niveles de 1990, con la posibilidad de reducirlo hasta en un 30% si otros países desarrollados secundasen la propuesta; y por otro lado impulsar de forma decidida las tecnologías de captura y almacenamiento subterráneo de CO2.
[47] Vid. BOE núm. 74, de 28 de marzo de 2006.
[48] Artículo redactado según el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en su Disposición Final Segunda.
[49] Sépase que existen ciertas excepciones establecidas de forma reglada por disposición expresa, sobretodo en el caso de edificios que, o bien satisfacen su demanda de ACS con energías renovables alternativas a ésta, o por cogeneración o para edificios sombreados.
[50] Vid. VÁZQUEZ VÁZQUEZ, M. (Director); “Deficiencias do Código Técnico da Edificación (CTE) en relación ás bases de datos climatolóxicas que utiliza”, en el libro colectivo, Radiación solar e severidade climática en Galicia, Asociación Galega de Enerxía Solar, Vigo, 2008, pág. 11 y ss.
[51] Compleméntese el análisis con el anterior Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios; y con el Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el anterior (ambos vigentes hasta el 29 de febrero de 2008).
[52] Aludir nuevamente a que dicha Ley es de corte genérico en favor de las energías renovables entendidas en su conjunto, menos ciertas disposiciones concretas que serán analizadas seguidamente en posteriores apartados sobre energía solar fotovoltaica.
[53] Vid. Apartado 1.4., “Marco regulatorio”, del informe sobre Impacto Macroeconómico del Sector Solar Termoeléctrico en España, Deloitte y Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica PROTERMOSOLAR, 2011, pág. 38.
[54] Valórese con su correspondiente corrección de errores.
[55] Vid. IDAE, “Sector solar termoeléctrico”, Plan de Energías Renovables 2011-2020, Madrid, 2011, págs. 425-426.
[56] Entiéndase tal acepción de energía solar en todas sus variantes posibles (térmica, termoeléctrica y fotovoltaica) debido de nuevo a la posibilidad discrecional de su encuadre por referenciar tanto al aprovechamiento térmico como al eléctrico.
[57] Vid. IDAE, CENSOLAR, “Objeto y campo de aplicación”, Instalaciones de Energía Solar Térmica, Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura, Madrid, revisión octubre 2009, pág. 5.
[58] Vid. Resolución de 29 de junio de 2006, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de de 23 de junio.
[59] Vid. Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
[60] Compleméntese con la Orden de 3 de septiembre de 2009 por la que se desarrolla el procedimiento, la organización y el funcionamiento del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
[61] Vid. definición de la RAE: “Enfermedad causada por bacterias del género Legionella, que se difunde especialmente por el agua y por el uso de nebulizadores”.
[62] Vid. Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio y Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, por los que se modifica el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, además de la Orden 2827/2009, de 19 de octubre.
[63] Vid. Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
[64] Vid. http://www.appa.es/10solar/10rd661.php, última consulta realizada el 21 de abril de 2012.
[65] Vid. BOE nº 101, 28 de Abril de 1981.
[66] Vid. Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal; Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia (art. 7.1. i.- “Las directrices de ordenación del territorio -DOT- tendrán el siguiente contenido: Señalamiento de las condiciones a que deban someterse las propuestas de desarrollo urbano, industrial, terciario o agrícola, en función de las disponibilidades de los recursos energéticos, hidráulicos y de saneamiento correspondientes.”) y Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia; en cuanto a regulación concerniente al establecimiento de parques solares.
[67] Vid. DOMINGO LÓPEZ, E.; “Competencias de las Comunidades Autónomas”, Régimen jurídico de las energías renovables (…) opus cit., pág. 100 y ss.
[68] Vid. VÁZQUEZ IGLESIAS, N.; ponencia “Ayudas al aprovechamiento de las energías renovables”, Workshop Energías Renovables y Eficientes vs. Innovación, GE2C´S, Programa Cooperación Transfronteriza España ~ Portugal 2007-2013, Unión Europea FEDER, Vigo, 21 de diciembre de 2011.
[69] Vid. Resolución do 1 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións a proxectos de enerxías renovables con financiamento procedente de fondos comunitarios derivados do Programa operativo Feder-Galicia 2007-2013, DOG nº 236, 13 diciembre 2011.
[70] Vid. DOMINGO LÓPEZ, E.; “Competencias de las Corporaciones Locales”, Régimen jurídico de las energías renovables (…), opus cit., pág. 115; VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P.; “La desertificación en el contexto de gestión de los recursos hídricos desde los postulados del Derecho Ambiental” en la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (REDUMA), nº 233, 2007, págs. 157-200.
[71] Vid. LÓPEZ-CÓZAR, J. M.; “Ventajas fiscales”, Energía Solar Térmica (…), opus cit., pág. 114.
[72] Hay que decir que a tales efectos, por la indicación literal del propio precepto, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Además, se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.
[73] Téngase en cuenta que en la actualidad dicho impuesto sufre un importante estancamiento en cuanto a su aplicación debido a la cuantiosa disminución del porcentaje de obra nueva construida en nuestro país durante los últimos años.
[74] Vid. ESTÉVEZ GARCÍA, D.; Los parques eólicos en Galicia. Una perspectiva global, Máster de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente (DUMA), Universidad de Vigo, Campus de Ourense, 15 de mayo de 2012.
[75] Vid. STSJ de Navarra, de 21 de septiembre de 2000; STSJ de Galicia, 94/2008, y STS, de 30 mayo de 2007.
[76] Aplicabilidad de tal incentivo tanto en materia térmica como fotovoltaica, al igual que la siguiente Ordenanza.
[77] Vid. IDAE, “Marco nacional regulador”, Energía solar en España 2007, estado actual y perspectivas, Madrid, junio 2007, pag. 9.
[78] Vid. “Corrección de erros” (BOP, de 10 de mayo de 2006) y “Segunda corrección de erros” (BOP, 12 de mayo de 2006”.
[79] Indíquese que dicha agencia, forma parte del Plan de Acción Solar Térmica, desarrollado dentro del proyecto K4RES-H, coordinado por ESTIF.
[80] Vid. http://webs.uvigo.es/plansuma/, última consulta realizada el 12 de abril de 2012.
[81] Vid. IDAE, CENSOLAR, “Anexo I: Normativa de aplicación y consulta”, Instalaciones de Energía Solar Térmica, Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura, Madrid, revisión octubre 2009, págs. 29-30.
[82] Vid. MADRID VICENTE, A.; “Energía solar fotovoltaica”, Energías renovables, fundamentos, tecnologías y aplicaciones, AMV Ediciones, Mundi-Prensa, Madrid, 2009, pág. 344 y ss.
[83] Vid. “Componentes y equipos”, Introducción a las energías renovables (…), opus cit., págs. 150-166.
[84] Vid. http://www.solarbuzz.com, “Asia Pacific Solar Photovoltaic Markets Soar 165% in 2011, Led by 2.9 GW of Installations in China”, última consulta realizada el 19 de marzo de 2012.
[85] Vid. ASIF, “Mercado mundial”, Hacia la implantación internacional de la fotovoltaica española, Madrid, 2010, pág. 25.
[86] Vid. EPIA, “The global PV market in 2011: 27.7 GW of new plants connected to the grid”, Market report 2011, January 2012.
[87] Vid. IEA, OECD, “Renewable Energy”, Energy Policies of IEA Countries. Spain 2009 Review, 2009, pág. 89.
[88] Vid. BLASCO HEDO, E.; “La biomasa, una energía renovable (…), opus cit., pág. 6.
[89] Vid. www.unef.es/laenergiaenespana.php, última consulta realizada el 21 de abril de 2012.
[90] Vid. FERNÁNDEZ-GAYOSO MEDIERO, J.; “La energía eólica”, Foro las Energías Renovables (…), opus cit.
[91] Vid. MADRID VICENTE, A.; “proyección mundial de la energía solar fotovoltaica”, Energías renovables (…), opus cit., pág. 375.
[92] Vid. http://www.iea.org/stats/renewdata.asp?COUNTRY_CODE=ES, última consulta realizada el 4 de mayo de 2012.
[93] Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
[94] Vid. BLASCO HEDO, E.; “La biomasa, una energía renovable (…), opus cit., pág. 1.
[95] Vid. IDAE, “¿Qué legislación aplica?”, El sol puede ser suyo, respuestas a todas las preguntas clave sobre energía solar fotovoltaica, noviembre 2008, pag. 37.
[96] Adáptese con la Ley 9/2001, de 4 de junio, por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y determinados artículos de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.
[97] Sépase que el apartado tercero del aludido art. 3, sobre competencias de las Comunidades Autónomas, ha sido declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia 18/2011, de 3 de marzo de 2011, del Pleno del TC.
[98] Vid. BOE nº 234 de 27/9/2008, págs. 39117-39125.
[99] Este Real Decreto 661/2007 sustituye al Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial (vigente hasta el 1 de junio de 2007), mediante el cual se establecían primas para las instalaciones fotovoltaicas en el sector industrial.
[100] Vid. MERINO, L.; MOSQUERA, P.; “Panorama”, Energías renovables, nº 58, Madrid, junio 2007, pág. 7.
[101] Vid. IDAE, “Sector solar fotovoltaico”, Plan de (…), opus cit., pág. 369 y ss.
[102] Vid. BOE nº 283 de 23/11/2010, págs. 97428-97446.
[103] Vid. Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009.
[104] Vid. BOE nº 24, sábado 28 d enero de 2012, Sec. I, pág. 8068. Aclárese que dicha regulación del posible incentivo económico que aborda el presente apartado, debido a su perfil general de energía renovable, puede y debe enmarcarse tanto en materia de energía solar fotovoltaica como en energía solar térmica.
[105] Vid. FERNÁNDEZ-GAYOSO MEDIERO, J.; “La energía (…), opus cit.; según datos de CNE. y REE.
[106] Vid. ESTÉVEZ GARCÍA, D.; Los parques eólicos (…), opus cit.
[107] Desarróllese con el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por le que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
[108] Sépase que de aquí se deriva nuevamente la posibilidad de encuadre de tal incentivo tanto en el apartado de energía térmica (“transformación en calor” -o retransformación en electricidad mediante termoeléctrica-) como en el de fotovoltaica (“transformación en electricidad”).
[109] Vid. Directrices, de 1 de abril de 2008 sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente.
[110] Añadida a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio por el art. 1, sobre nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obras de mejora en la vivienda habitual, del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
[111] Vid. Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, con fecha de publicación en el BOE de 18 de diciembre de 2010 y entrada en vigor el 1 de enero de 2011.
[112] Vid. Ley 12/1995, de 29 de diciembre, del impuesto sobre contaminación atmosférica, art. 6, hecho imponible, para la Comunidad Autónoma de Galicia.
[113]Vid.http://w.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Tributos/AreasTematicas/ci.07_Impuestos_medioambientales.detalleDepartamento?channelSelected=0, última consulta realizada el 18 de abril de 2012.
[114] Aclárese que los requisitos técnicos se imponen mediante el vigente Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, enmarcando la regulación de la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia; siendo el mismo el que ha de promover la declaración responsable en cuanto a la puesta en marcha de dichas instalaciones.
[115] Vid. “Primer borrador del Real Decreto del balance neto”, http://www.aemga.org/?p=320, última consulta realizada el 2 de mayo de 2012.
[116] Aclárese que dicho proyecto de Real Decreto todavía ha de ser informado por la CNE y extraoficialmente por las compañías eléctricas, lo que puede suponer que existan importantes variaciones en cuanto al actual texto.
[117] Vid. “Valoración del Borrador de RD sobre Balance Neto”, http://www.blogenergiasostenible.com/2012/02/07/valoracion-borrador-rd-balance-neto/, última consulta realizada el 2 de mayo de 2012.
[118] Vid. IDAE, CENSOLAR, “Objeto”, Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica, Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red, Madrid, revisión febrero 2009, pág. 5.
[119] Vid. Vid. IDAE, CENSOLAR, “Objeto”, Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica, Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red, Madrid, revisión julio 2011, pág. 7.
[120] Vid. Circular 01/2005 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa referente a la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, y Orden 23 de julio de 2003, por la que se regula la aplicación, en la Comunidad Autónoma de Galicia, del Reglamento electrotécnico de baja tensión.
[121] Sépase que dicho Real Decreto 1663/2000 se encuentra derogado desde el 9 de diciembre de 2011.
[122] Vid. CUYÁS PALAZÓN, M. M.; Capítulo V, “La evaluación ambiental estratégica”, Urbanismo ambiental y evaluación estratégica, Atelier, Barcelona, 2007.
[123] Vid. http://aae.medioambiente.xunta.es/aae, última consulta realizada el 18 de marzo de 2012.
[124] Órgano promotor, Consellería de Innovación e Industria. Periodo de consulta, del 21/12/2007 al 21/01/2008.
[125] Vid. Xunta de Galicia, Concellería de Medio Ambiente e Infraestructuras, “Avaliación ambiental do Plan Enerxético de Galicia 2007-2012, documento de inicio”, noviembre 2007, pág. 10 y ss.
[126] Vid. Xunta de Galicia, Concellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, “Documento de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) do Plan Enerxético de Galicia (2007-2012)” 2008, pág. 8.
[127] Órgano promotor, Consellería de Innovación e Industria. Periodo de consulta, del 01/10/2009 al 01/11/2009.
[128] Vid. Xunta de Galicia, Concellería de Medio Ambiente e Infraestructuras, “Avaliación ambiental do Plan Enerxético Estratéxico de Galicia 2010-2015, documento de inicio”, septiembre 2009, pág. 11 y ss.
[129] Vid. Xunta de Galicia, Concellería de Medio Ambiente e Infraestructuras, Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, “Resolución da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental pola que se aproba o documento de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica do Plan Enerxético Estratéxico de Galicia 2010-2015”, noviembre 2009, pág. 8 y ss.
[130] Órgano promotor, Subdirección Xeral de Investigación, Cambio Climático e Información Ambiental. Periodo de consulta, del 26/04/2010 al 26/05/2010.
[131] Vid. Diario Oficial de la Unión Europea, 5 de junio de 2009.
[132] Vid. Xunta de Galicia, “Programa marco galego fronte ao cambio climático 2010-2020 (documento de inicio)”, 2010, pag. 4 y ss.
[133] Vid. Xunta de Galicia, Concellería de Medio Ambiente e Infraestructuras, Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, “Resolución da Secretaría xeral de Calidade e Avaliación Ambietal pola que se aproba o documento de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica do Programa marco galego fronte ao cambio climático 2010-2020”, junio 2010.
[134] Vid. Resolución do 1 de decembro de 2011 (…), opus cit.
[135] Sépase también que existen ciertas predicciones que vaticinan a corto plazo un descenso de la demanda más inmediata a colación de los efectos que tal actual crisis económica y financiera puede acarrear.
[136] Sépase que según el Atlas de la Radiciación Solar elaborado por Meteogalicia por encargo del Gobierno gallego, Galicia tiene un índice mayor de radiación solar y valores de insolación superiores a los registrados en Alemania. Además certifica que las “Rías Baixas” es la zona gallega con mayor potencial para la producción fotovoltaica y térmica, siendo la costa pontevedresa una de las zonas más soleadas de la península (solo tiene un 20% menos de radiación que las regiones españolas más soleadas). Esto parece ser debido a que la proximidad de la costa favorece una atmósfera menos turbia y en consecuencia proporciona mayores niveles de insolación. Finalmente, también se indica en dicho Atlas que la parte más oriental de la provincia de Orense es igualmente una zona favorable para las tecnologías solares, mientras que la luz menos intensa se encuentra en la provincia de Lugo.
[137] Vid. URIA, P.; “La visión de la administración: Actuaciones sobre la eficiencia en Galicia y su futuro”, Jornada Técnica sobre Eficiencia Energética en los Edificios (…), opus cit.
[138] Vid. CODERCH, M.; “La economía política de la sostenibilidad energética”, Revista Digital Ambienta, nº 96, 2011-09-01. Última consulta realizada el 14 de marzo de 2012.
[139] Téngase presente que ya está prevista de forma próxima la revisión tanto del CTE como del RITE.
[140] Vid. Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
[141] Vid. ARAGÓN REYES, M.; “Constitución, medioambiente y energías renovables”, Tratado de energías renovables, volumen II, aspectos jurídicos, Thomson Reuters, Aranzadi, Navarra, 2010, pág. 46.
[142] Vid. RUÍZ HERNÁNDEZ, V.; “La energía solar es la clave”, Revista Digital Ambienta, nº 90, 2010-03-01, última consulta realizada el 15 de marzo de 2012.
[143] DOMINGO LÓPEZ, E.; “Energías renovables y desarrollo regional”, Régimen jurídico de las energías renovables (…), opus cit., pág. 44 y ss.
[144] Sépase que en España en el año 2008 el sector fotovoltaico llegó a emplear a más de 40.000 personas.
[145] Vid. Comisión de las Comunidades Europeas, “Ventajas de las fuentes de energía renovables contribuyen al logro de los objetivos de la Comunidad en materia de política energética, la protección del medio ambiente, la creación de empleo y el desarrollo regional”, Libro Verde COM (96) 576 final, energía para el futuro: fuentes de energía renovables, 1996, pág. 23.
[146] Vid. BURGOS ALONSO, C.; “Presente y futuro de las energías renovables. La eficiencia energética”, Foro las Energías Renovables y la Eficiencia Energética (…), opus cit.
[147] Vid. NIETO SAINZ, J.; “Energías renovables y empleo”, Tratado de energías renovables, volumen I, aspectos socioeconómicos y tecnológicos, Thomson Reuters, Aranzadi, Navarra, 2010, págs 927-928.
[148] Vid. Comisión Europea, “Anexo II. Contribuciones estimadas por sector, situación prevista en el 2010”, Libro Blanco COM (1997) 599 (…), opus cit.