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La construcción del consenso en materia de cambio climático
Marcelo López Alfonsín [1] Valeria Fanti [2]
“El cambio climático es un problema que no podemos dejarle pendiente a las generaciones futuras.
Estamos viviendo en un momento crítico.
Todavía hay tiempo para hacer los cambios que
permitan un mundo más sustentable.
Tal cambio exige de nuestra parte un enfoque serio y responsable".
Papa Francisco
El 2015 se transformó en el año en que se alcanzó el instrumento legal que reemplazó al Protocolo de Kyoto[3] en materia de los compromisos asumidos por los países miembro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.
En diciembre de ese año, en la COP 21 de Paris (Conferencia de las Partes - por sus siglas en inglés-) los 195 países de la Convención Marco se dieron cita luego de un año de intensas negociaciones. El borrador que se preparó en Ginebra las primeras semanas de febrero, sentó las bases para la negociación. En dicho texto estuvieron presentes asuntos relativos a la mitigación, adaptación, financiamiento[4], tecnologías y fortalecimiento de capacidades; procurando encontrar compromisos para la reducción de las emisiones que eviten el aumento de la temperatura global y trasladando también la discusión a la forma en que deben evaluarse los mismos, intentando salir de la dicotómica división entre países desarrollados y en vías de desarrollo, para valorar en mejor medida las verdaderas responsabilidades que cada Estado tiene en la emisión de gases invernaderos -aun sí se encuentran en la categoría de países subdesarrollados-, en esto radica el “Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas” adoptado en Kyoto.
Respecto al financiamiento, en el texto trabajado en Ginebra el debate giro entorno a las fuentes de financiamiento público y privado, tanto para adoptar las medidas de mitigación y adaptación para combatir los desastres naturales – y sus devastadoras consecuencias, entre ellas el traslado de un importante número de pobladores a zonas menos vulnerables, los “refugiados ambientales”-. En los siguientes meses en la ciudad de Bonn, Alemania, se realizaron tres sesiones formales que fueron dando más volumen al consenso y al documento.
En Nueva York en septiembre de 2014, el entonces Secretario General de la ONU, el surcoreano Ban Ki-Moon convoco a una cumbre especial que busco anunciar una serie de compromisos de los estados participantes que dieran base a las futuras negociaciones para el Tratado a consensuar en Paris. Estuvieron presentes representantes de 126 países y distintos referentes de la sociedad civil, poniendo de manifiesto que no necesariamente la lucha contra el cambio climático está liderada por los Estados. La “Agenda de Soluciones” es un documento que aúna y representa todas las iniciativas complementarias que asocian a gobiernos y actores no estatales, indicando a la financiación como uno de los elementos necesarios. A través del Fondo Verde, pretenden colaborar con los países más pobres - quizá los que menos responsabilidad tienen y los que más afectados se ven por el cambio climático- para que puedan alcanzar los compromisos del acuerdo. En esta tesitura de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. También en dicha reunión se conformó el “Compact of Mayors”, en donde cerca de 200 ciudades de alrededor del globo se comprometieron voluntariamente a reducir las emisiones. En concordancia con esta idea de liderar desde sectores distintos a los Estados, la industria del transporte se comprometió a desarrollar tecnologías para acelerar el paso a vehículos eléctricos y también para hacer un uso más racional y eficiente en los ferrocarriles y aviones. La Agenda de soluciones pretende ser: Un enfoque del cambio climático más orientado al reparto de las soluciones que al reparto de la carga, - Iniciativas concretas que demuestren lo que los pioneros consiguen hacer y que inciten a la movilización de todos, al intercambio de buenas prácticas, a la transferencia de conocimiento sobre soluciones bajas en carbono o que contribuyan a la resiliencia de las economías y a la concepción de proyectos estructurantes.
Los países integrantes del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) en su última reunión previo al arribo a Francia fijaron como objetivo una reducción de las emisiones de CO2 de entre 40% y 70% antes de 2050 con respecto de 2010, eliminar el uso de energías fósiles para constituir una economía mundial sin carbono a largo plazo y reafirmaron su determinación de adoptar un acuerdo durante la reunión de París. En este sentido, a mediados de 2015 en Holanda - en un fallo sin antecedentes- un tribunal ordenó al Estado reducir las emisiones de carbono un 25% antes de 2020 respecto de los niveles de 1990.
Por su parte en América Latina, el primer país miembro en presentar ante la secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional –INDC[5] por sus siglas en inglés – fue México. En cumplimiento con lo que indica su “Ley General de Cambio Climático”, se comprometió voluntariamente a reducir en 25% la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. En igual sentido, los mexicanos acordaron con Estados Unidos crear un grupo de trabajo bilateral sobre energía limpia y política ambiental.
Perú ha presentado un compromiso que implica la reducción del 31% en el año 2030 con respecto a la línea base de 2010, lo que representa un estimado de 82.2 millones de toneladas de CO2 anuales reducidas para el año 2030.
Chile trabajo desde el 2014 en la elaboración de su contribución nacional. Uno de los puntos destacados de la metodología implementada por el país vecino, es la consulta a la ciudadanía buscando que su INDC cuente con el respaldo de los diferentes actores y sectores del país.
Argentina tuvo dos momentos muy diferenciados respecto a sus contribuciones nacionales – recordemos que justo la COP de Paris se dio en pleno cambio de gobierno. Desde la entonces Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible (SAyDS) de la Nación se realizaron reuniones en la que participaron miembros de la sociedad civil, del sector académico y privado donde se expusieron algunas de las metas preliminares de las Contribuciones Nacionales que debían ser presentadas antes del 1 de Octubre de 2015 ante la ONU. Tomando como punto de partida los resultados de los estudios contenidos en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático para la elaboración de las INDC[6], la SAyDS llevo a cabo -entre los meses de junio y agosto de 2015 - reuniones con representantes de la sociedad civil, del sector privado, con reconocidos científicos en la materia y con los distintos organismos gubernamentales que tienen incidencia, entre ellos: Los Ministerios de Educación, Agricultura Ganadería y Pesca, Salud, Interior y Transporte, Planificación, Ciencia y Tecnología, Turismo, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y Culto, Defensa, e Industria, también con la SENASA, el Servicio Meteorológico Nacional, INTA, INTI, COHIFE, INIDEP, CNAE y CNEA. En sintonía con lo que ocurrió en otros países de Latinoamérica, la Secretaría también habilito una encuesta abierta para todos los ciudadanos con el propósito de “obtener una mirada integral de las contribuciones que serán presentadas”. La propuesta inicial que presento nuestro país fue muy poco exigente y en su mayoría estuvo vinculada a políticas que ya estaban en ejecución. La propuesta global era reducir al 15% para el 2030, valores muy por debajo a lo que otros países de la región habían presentado como el 25% de México o el 31% de Perú.
La COP 21 de Paris. La Cumbre del Acuerdo [arriba]
El 30 de noviembre de 2015 se inauguró la COP 21 bajo la presidencia de Francia, y con la participación de Jefes de Estado o de Gobierno de 195 países, grupos de expertos, grupos de trabajo, miembros de la sociedad civil y horas de negociaciones, buscaron un acuerdo global - y con intenciones de vinculante - sobre el cambio climático para que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados a finales de siglo. Este acuerdo debía suceder al protocolo de Kyoto y se empezaría a aplicar a partir de 2020. Para tratar de evitar el fracaso que fue el protocolo de Kyoto, en esta oportunidad en vez de establecer parámetros fijos, se buscó que cada país aportara sus contribuciones nacionales (NDC) en relación a medidas de adaptación y mitigación. Más de 150 líderes mundiales se hicieron presentes en la apertura de la Conferencia de Paris, entre las declaraciones efectuadas, podemos resaltar lo expresado por Presidente de Estados Unidos, Barack Obama: “Estoy aquí personalmente, como líder de la economía más grande del mundo y el segundo mayor emisor del planeta, para decir que no solo reconocemos nuestro rol por haber creado el problema del calentamiento global, sino que también asumimos nuestra responsabilidad para hacer algo al respecto”. Mariano Rajoy por su parte insto a que “a finales de la próxima semana – cuando cerrara la Cumbre- debemos alcanzar un acuerdo global, ambicioso y jurídicamente vinculante, cada uno según sus capacidades y circunstancias”. Por el lado de los representantes de Latinoamérica, Dilma Rousseff manifestó que “necesitamos un acuerdo justo, universal, ambicioso y legalmente vinculante, no puede ser suma de buenas intenciones: hay que definir compromisos.”, Ollanta Humala, presidente de Perú dijo que “el acuerdo de lucha contra el cambio climático debe ser equitativo para los países ricos y en desarrollo, y con instrumentos de financiación claros y predecibles, con objetivos comunes de transparencia, obligación y flexibilidad”, por su parte Michelle Bachelet ha dicho que “actuar se ha vuelto ineludible. El cambio climático no es solamente un problema ambiental, es también un problema social, y quizá el más grande tema político en los próximos años.” Por su parte, el Presidente de Sudafrica, Jacob Gedleyihlekisa Zuma indico también que “París debe dar lugar a un acuerdo legalmente vinculante que se base en la equidad y la diferenciación, facilitando financiamiento, tecnología y apoyo en capacidades.”
Finalmente el 12 de diciembre de 2015, luego de arduas negociaciones y con un día de retraso, hubo “Acuerdo de Paris”. El presidente de la COP21, Laurent Fabius junto a François Hollande, presidente de Francia; Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas; y de Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, anunciaron que 195 países habían acordado un instrumento – legalmente vinculante - para enfrentar en conjunto el cambio climático. Dos fueron los documentos elaborados, el “Acuerdo de Paris” que debía ser ratificado por cada uno de los países firmantes entre abril de 2016 y abril de 2017 antes de su entrada en vigencia en 2020, y el segundo es una “Decisión” que contemplaba la guía de trabajos que se deberán llevar a cabo hasta la entrada en vigor del “Acuerdo”.
La importancia que reviste el documento de “Decisión” está estrechamente vinculada con los objetivos que han presentado cada Estado en sus NDC, y la meta conjunta que se ha planteado. La intensión ya no es reducir a 2°C, sino que se aspira a 1.5° - respecto a los niveles preindustriales. A su vez, se deberá informar cada 5 años el avance y/o modificación de las contribuciones, del inventario de las emisiones y capturas de GEI, para que sean sometidos a un control por parte de un panel de expertos. La desventaja que encontramos en este punto, es que a pesar de buscar dar un control y transparencia a los compromisos de los Estados, si estos no lo cumplen no habrá sanciones punitivas.
En el documento “Acuerdo de Paris”, se lograron muchos avances. A nuestro entender, los principales están vinculados al tema del financiamiento por un lado, y por otro al mecanismo de “balance mundial” para el cumplimiento de los objetivos de temperatura y la reducción de GEI a largo plazo.
Con respecto al financiamiento, se estableció que las partes que son países desarrollados deberán proporcionar recursos financieros a las Partes que son países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación - como mínimo US$100.000 millones anuales - también deberán seguir encabezando los esfuerzos dirigidos a movilizar financiación a partir de una gran variedad de fuentes e instrumentos, teniendo en cuenta el importante papel de los fondos públicos, y las necesidades y prioridades de las Partes que son países en desarrollo.
Por otro lado, para evaluar el avance colectivo en el cumplimiento del propósito y de los objetivos a largo plazo del Acuerdo, se estableció el “Balance Mundial”. Sera evaluado periódicamente por la Conferencia de las Partes, examinando la mitigación, la adaptación, los medios de aplicación y el apoyo, en equidad y con la mejor información científica disponible. El primero será en 2023 y a partir de allí cada cinco años. La intención de este balance y su revisión es que se actualicen y mejoren de modo que se determinen a nivel nacional y para que aumente la cooperación internacional en la acción relacionada con el clima. A su vez se ha establecido que los países desarrollados deberán seguir encabezando los esfuerzos y adoptando metas absolutas de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía, mientras que los países en desarrollo deberían seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que, con el tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de la economía, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Por el lado de los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo - quienes al inicio de la Cumbre expresaron su preocupación por el riesgo de desaparición que corren – podrán preparar y comunicar estrategias, planes y medidas para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero que reflejen sus circunstancias especiales. Se instó a fortalecer la cooperación en el desarrollo y la transferencia de tecnología para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el Mecanismo Tecnológico y, con medios financieros, por el Mecanismo Financiero de la Convención, para también facilitar el acceso de las Partes que son países en desarrollo a la tecnología, en particular en las primeras etapas del ciclo tecnológico. Se acordó que se deberá acompañar la adopción de medidas para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático.
En el Acuerdo de Paris se estableció que este entraría en vigencia al trigésimo día contado desde la fecha en que no menos de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas representen globalmente un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Nos resulta de importancia señalar que en medio de las negociaciones en Paris, se anunció una alianza con inversionistas de todo el mundo para destinar varios millones de dólares a la producción de energía limpia la “Breakthrough Energy Coalition”. Bill Gates -cofundador de Microsoft – junto al director operativo de Alibaba, Jack Ma; el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg; la CEO de HP, Meg Whitman, el presidente ejecutivo de Virgin, Richard Branson y un grupo de países que se comprometieron a duplicar su gasto en el desarrollo de energía limpias en los próximos cinco años-
En abril de 2016 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York se dio inicio al periodo de firma del Acuerdo por parte de todos los países miembros que forman parte de la Convención, el cual se extendió durante un año. El texto indica que la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de París es el año 2020, para entonces, quienes no hayan firmado, pueden luego ratificar el acuerdo pero en carácter de adhesión. De los 195 países miembros, 174 firmaron durante esos días en Nueva York[7]. A su vez, 15 Estados presentaron los instrumentos de ratificación del Tratado en esa misma ceremonia, entre ellos: Barbados, Belize, Fiji, Granada, Maldivas, Islas Marshall, Islas Mauricio, Nauru, Palau, Palestina, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, Samoa, Somalia y Tuvalu, que solo representan apenas el 1,08% del total de emisiones en el mundo. Teniendo en cuenta que para la entrada en vigencia del acuerdo se necesitaba que lo ratifiquen por lo menos 55 países y que, en conjunto, sean responsables de al menos 55% de las emisiones mundiales de GEI, el punto de partida se veía bastante complicado, si a eso le sumamos que ninguna de las diez economías que mayor cantidad de GEI emiten lo habían ratificado, entre ellas China, Estados Unidos, Rusia, India, Japón y la Unión Europea. Sin embargo, Octubre de 2016 fue un mes clave para la puesta en marcha del Acuerdo de París. Por un lado la República de la India - tercer emisor mundial de gases de efecto invernadero- y la Unión Europea ratificaron el documento, dejando al borde de alcanzar este objetivo de 55 países que en conjunto sean responsables de al menos 55% de las emisiones mundiales de GEI, porque para ese entonces más de 60 países habían presentado sus documentos ratificatorios, consiguiendo así superar el 50% de las emisiones en conjunto. Cuando se comunicó oficialmente la ratificación del bloque de la Unión Europea – ya lo habían hecho de manera individual Alemania, Hungría, Francia, Austria, Eslovaquia y Malta – el objetivo estableció a la firma para la puesta en marcha del acuerdo fue superado por el 12 % que agrega la UE en conjunto.
Otro momento fundamental para la vigencia efectiva del acuerdo se logró en septiembre de 2016, durante los días previos a la reunión del G-20. Los presidentes Barack Obama y Xi Jinping anunciaron que tanto los Estados Unidos como la República Popular China habían depositado sus respectivos instrumentos, lo que representaba así más del 39% del total de las emisiones mundiales. En sintonía con este anuncio, al finalizar dicha cumbre, los países participantes expresaron su compromiso con el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático teniendo presente los dos acuerdos alcanzados el año pasado: la “Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” y el Acuerdo de París. También insistieron en la necesidad de aportar los medios necesarios para que los países menos desarrollados puedan cumplir con las metas, revalidando una vez más la importancia que debe tener el denominado “Fondo Verde para el Clima”.
La COP 22 de Marruecos. La Cumbre de las intenciones [arriba]
Se llegó a Marruecos con el Acuerdo de París en condiciones y con los plazos establecidos para que esta fuera “la” Conferencia de las acciones, el punto de partida para su implementación. La “Proclama de Acción de Marrakech”, el documento final de esta Cumbre, expresa un cambio hacia una nueva era de aplicación y acción sobre el clima y el desarrollo sostenible, destacando la rápida entrada en vigor del Acuerdo de París –días antes del inicio de la propia Conferencia-, acentuando la importancia de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que éste establece. Sostienen los gobiernos que emitieron esta declaración que hay un impulso extraordinario e irreversible sobre el cambio climático que está siendo promovido por todos los sectores y en todos los niveles: Estados, la sociedad civil, la ciencia y los negocios. Llamaron a realizar el “más alto compromiso político para combatir el cambio climático, como una prioridad urgente”. Apoyar a los países más vulnerables frente a las consecuencias del cambio climático y colaborar para mejorar su capacidad de adaptación.
En relación a la financiación, en la Proclama, los países desarrollados reafirmaron la movilización de los 100 mil millones de dólares e instaron – tanto a países desarrollados como en desarrollo – a incrementar el volumen y acceso a la financiación para proyectos de lucha contra el cambio climático y la mejora en capacidad y tecnología. Se sigue ratificando la importancia del “Fondo Verde para el Clima”, pero los avances en los compromisos financieros expresados son muy escasos.
Se convocó también a los actores no estatales para que se unan a “una acción y movilización ambiciosa e inmediata, teniendo presente las numerosas iniciativas y la Alianza de Marrakech para la Acción Global contra el clima, reivindicando de esta manera la necesidad del compromiso de la sociedad civil, de los empresarios y aquellas alianzas – como el “Compact of Mayors”- en un frente que permita “construir rápidamente sobre ese impulso, avanzando con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar los esfuerzos de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad.”
Días antes de la inauguración de la COP 22 un nuevo actor entro en juego, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos - y conocida posición de cuestionamiento sobre la veracidad del cambio climático - pusieron una sombra sobre el desarrollo de esta Conferencia, y ha puesto en pausa muchas de las acciones que se esperaba se pusieran en marcha a través de los países con mayor peso en la negociaciones. La respuesta de los Estados que se ven más vulnerables ante los sucesos que se pronostican, fue asumir el compromiso de eliminar al 100% sus emisiones antes del 2050 y buscar una matriz energética basada 100% en energías renovables.
En su parte final, la Proclama de Acción de Marrakech sostiene que esta Conferencia que finalizó “marca un importante punto de inflexión en nuestro compromiso de reunir a toda la comunidad internacional para abordar uno de los mayores retos de nuestro tiempo. A medida que avanzamos hacia la implementación y la acción, reiteramos nuestra determinación de inspirar solidaridad, esperanza y oportunidad para las generaciones actuales y futuras”. La rápida ratificación del Acuerdo de París pareció ser un momento en que el mundo y sus líderes entendían de los riesgos que la no acción acarrearía. Sin embargo, existe la sensación, que en Marruecos, prevalecieron las intenciones y escasearon las acciones.
El 2017 se planteó como un año de muchos desafíos e incógnitas respecto a la reconfiguración de la política internacional. Desde la asunción de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos el pasado 20 de Enero, se ha expresado una serie de temores respecto a un retroceso en el compromiso que su antecesor tuvo para con este desafío que el mundo enfrenta. Un claro ejemplo de su posición negacionista respecto del cambio climático es haber eliminado de la página web de la Casa Blanca toda referencia a las acciones que la administración anterior venía desarrollando y reemplazarlo por un nuevo plan energético “Un Plan de Energía de América Primero” (An America First Energy Plan) que ya desde su nombre no tiene mucho carácter colaborativo. Seguidamente, durante los primeros días del mes de junio Trump anunció la salida de ese país del Acuerdo, instando a la negociación de un nuevo pacto que sea más justo para los intereses de su país. Con estas declaraciones, Estados Unidos se unió a los únicos 2 países –Siria y Nicaragua– de los miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que no firmaron el Acuerdo de París. Sin embargo, aún hay un atisbo de esperanza. La salida formal de los Estados Unidos no será tan rápida, ni por simple decisión de su Presidente.
El artículo 28 del Acuerdo de Paris expresa que “cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito al Depositario en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para esa Parte”, para el caso de los Estados Unidos esta fecha se cumplirá el 4 de noviembre de 2019. En el mismo sentido, continúa enunciando que “la denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación”. Entonces se entiende que los Estados Unidos no podrán salir efectivamente del Acuerdo de París hasta noviembre de 2020, posiblemente bajo una nueva administración electa.
Por otro lado, muchas han sido las voces que se han levantado en contra del anuncio del presidente Trump. Entre las acciones para seguir manteniendo los compromisos asumidos se conformó una alianza entre un grupo de gobernadores y alcaldes para continuar con las acciones de adaptación y mitigación necesarias para alcanzar las metas. Es evidente que el protagonismo y el liderazgo en la lucha contra el cambio climático se han corrido de su eje. El rol desempeñado por Barack Obama durante las negociaciones previas a París –logrando el compromiso con China– parece haberse trasladado al viejo continente. Tanto Merkel como Macron han sido muy críticos de la decisión del presidente Trump y han llamado a mantener la unidad. China por su parte, podría adquirir el protagonismo y aprovechar este revés en la política exterior de los Estados Unidos, para ponerse al frente y continuar con sus políticas de energías renovables que han colaborado no solo con la reducción de los gases contaminantes, sino con su economía a través de la creación de nuevos empleos y tecnología.
Del mismo modo, y para continuar debilitando la tendencia negacionista que la nueva administración de los Estados Unidos sostiene, es la lamentable confirmación de que 2016 fue el año más caluroso en el Planeta desde que se mantienen registros meteorológicos, y a su vez el tercer año que aumenta de forma consecutiva. La temperatura ya aumentó 1,20 grados más que a finales del siglo dieciocho.
Para la COP 23 de Bonn en Alemania, la presidencia en cabeza de Fiji, quien en conjunto con delegación del CMNUCC presentaron lo que a su entender deberían ser las prioridades de la agenda: 1) financiamiento para la adaptación, 2) reglamento de aplicación del Acuerdo de París y 3) mayores avances en la Agenda de Acción Climática.
Nuestro país también ratificó el Acuerdo el 1° de septiembre de 2016. El Congreso de la Nación aprobó el proyecto de ley tal como lo exige la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, convirtiendo a nuestro país en uno de los primeros 25 Estados en hacerlo. Asimismo el Poder Ejecutivo creó a través del Decreto 891/2016 un “Gabinete Nacional de Cambio Climático”, en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Este Gabinete paralelo tiene la “finalidad de articular las políticas en materia de cambio climático y generar conciencia en toda la sociedad sobre su relevancia” y está compuesto por representantes de los ministerios de Ambiente, de Energía y Minería, de Producción, de Ciencia y Tecnología, de Agroindustria, de Transporte, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y Culto, de Educación, de Interior, de Hacienda y Finanzas y de Cultura.
Entre las funciones que tiene este Gabinete se encuentran:
- Articular los procesos participativos y de sinergia entre las diferentes áreas del gobierno nacional, así como entre el gobierno nacional, las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e integrar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en la planificación de los diferentes sectores y/o sistemas.
- Proponer un Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático como insumo para la discusión de una estrategia nacional más amplia.
- Proponer Planes de Acción Sectoriales a nivel ministerial para la mitigación en sectores claves en pos de alcanzar los objetivos nacionales en la materia, y para la adaptación en sectores vulnerables a los impactos del cambio climático en el marco del desarrollo sustentable.
- Contribuir al fortalecimiento de capacidades en actividades de prevención y respuesta a situaciones de emergencia y desastre provocadas por eventos climáticos extremos. o Proponer acciones para la efectiva implementación, seguimiento y actualización de las estrategias y planes adoptados.
- Promover la toma de conciencia sobre cambio climático a través de actividades educativas y culturales que contribuyan a la formación y sensibilización de la sociedad estimulando su participación.
Argentina fue el primer país en revisar las contribuciones nacionales. Sin esperar al 2018 – año que el propio Acuerdo de París establece para la primera revisión – en la nueva propuesta informada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se indicó que se pasará del 15% al 18% respecto a la reducción de gases de efecto invernadero con fondos propios y con la ayuda de fondos extranjeros alcanzar un 37% respecto de 30% propuesto en la primer NDC previa a la COP 21 de París. Si bien es dable destacar la iniciativa expresada por la cartera ambiental y el compromiso de ir revisando el proceso, lejos estamos aún de una reducción más ambiciosa y, según concuerdan las organizaciones no gubernamentales más comprometidas con el seguimiento de la cuestión, necesaria.
Ante el anuncio del gobierno de los Estados Unidos, la Argentina sostuvo su firme compromiso asumido en París, e indicaron que se “continuará participando activamente junto a los demás Estados Parte en el proceso preparatorio para la COP 23 y reafirma la voluntad de continuar trabajando en la implementación de la contribución nacionalmente determinada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático”.
[1] Doctor en Derecho (UBA). Juez Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
[2] Licenciada en Ciencia Política (USAL). Presidente Asociación Civil Sociedad Ambiental.
[3] El Protocolo de Kyoto fue el primer convenio aprobado en la COP 3 en 1997 dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual fue suscripta en el año 1992 en la llamada “Cumbre de la Tierra” celebrada en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.
[4] En la COP 17 de Durban, Sudáfrica, se lanzó el “Fondo Verde para el Clima”, cuyo objetivo fue “financiar la lucha contra el cambio climático, con la movilización de 100mil millones de USD para 2020, promoviendo un cambio significativo hacia vías de desarrollo con bajas emisiones de carbono y con capacidad de recuperación frente a los efectos del cambio climático a través de enfoques programáticos impulsados por los países”.
[5] Las INDCs fueron definidas en la COP 19 de Varsovia como un compromiso asumido directamente por los Estados Partes de la Convención relativo a estabilizarlas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, el cual fue ratificado y perfeccionado en la COP 20 de Lima del año pasado.
[6] Entre las medidas de mitigación propuestas se encuentran: Energías renovables, calefactores solares para calentamiento de agua sanitaria, plan canje automotor con vehículos más eficientes, combustibles alternativos, captura y almacenamiento geológico de carbono en centrales térmicas, mejora en la eficiencia de motores eléctricos cogeneración en base a combustibles fósiles, eficiencia en la producción de carne bovina, rotación de cultivos, eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados, eficiencia Energética en PyMEs Industriales, medidas en Residuos Sólidos Urbanos, eficiencia energética en la vivienda social, disminución de la tasa de deforestación, plan nuclear, nuevas centrales hidroeléctricas.
A su vez, entre las medidas de adaptación se encuentran: mejoras en la eficiencia de la gestión del recurso hídrico, relevamiento y ordenamiento de la red de canales rurales, promoción de la ganadería con conservación del pastizal natural, implementación de mejoras en la eficiencia de uso, captación, cosecha y almacenamiento de agua, mejora en el proceso de toma de decisiones en “Manejo de cultivos”, desarrollo de instrumentos económicos de gestión del riesgo climático (urbano/agropecuario),sustitución y diversificación de los cultivos (especies y variedades resistentes a las nuevas condiciones climáticas), incremento del área bajo riego, establecimiento o fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, evacuación y planes de contingencia, implementación de medidas estructurales y no estructurales para inundaciones, revisar y actualizar códigos de edificación, planeamiento y reglamentos de construcción (caminos, infraestructura), reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento de los procesos de gestión de salud vinculados a impactos directos e indirectos del cambio climático, creación/ampliación y/o mejoras en el manejo de las áreas protegidas, fortalecimiento de la red de medición meteorológica e hidrológica y creación de un centro o agencia climática.
[7] Entre los que no firmaron durante esos se encuentran Arabia Saudí, Armenia, Benin, Birmania, Cabo Verde, Chile, Ecuador, Gambia, Irak, Kazakhstan, Corea del Norte, Corea del Sud, Laos, Macedonia, Moldavia, Nicaragua, Nigeria, Siria, Yemen y Zambia.
