ARGENTINA
Doctrina
Título:Minería y medio ambiente
Autor:Castañón del Valle, Manuel
País:
España
Publicación:Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Número 19 - Marzo 2016
Fecha:07-03-2016 Cita:IJ-VC-655
Índice Voces
1. La actividad minera
2. Derecho minero- derecho ambiental
3. La agilidad administrativa: reto para un mejor derecho ambiental minero
4. Responsabilidad ambiental
Notas

Minería y medio ambiente


Manuel Castañón del Valle


1. La actividad minera [arriba] 


La minería, los minerales y los metales son importantes para el desarrollo económico y social de muchos países y son esenciales para la vida moderna.


Los minerales han sido y siguen siendo parte indispensable de todos los bienes que la humanidad necesita paravivir y desarrollarse. La necesidad de mineral conlleva que la minería forma parte de la creación de riqueza de muchos países, así por ejemplo, en Australia, la minería representa el 7,3% de su producto interior bruto


Por su parte, el cobre es uno de los tres minerales más demandados del mundo, siendo un mineral imprescindible para la construcción de una sociedad moderna. En la actualidad, su consumo es creciente debido al desarrollo de energías alternativas y a la evolución al alza de las economías de países emergentes, cuyo desarrollo y progreso de la industria están directamente vinculados al consumo de este mineral.


La Faja Pirítica Ibérica, ubicada en la Península Ibérica, albergala mayor cantidad de reservas de metales no férreos del mundo. Desde hace 5.000 años han sido explotadas cerca de 2.000 millones de toneladas de mineral y cuenta con un gran potencial aún por explorar.


En España, ha habido un paréntesis temporal de algunos años en los que no se ha trabajado en minería metálica. Las minas de cobre españolas cerraron en el año 2000por las fluctuaciones del precio de los metales. Durante estos años, fuera de España la minería ha ido evolucionando de manera significativa, desarrollando nuevas tecnologías que permitan mayor competitividad


La actividad minera en la Faja Pirítica está garantizada durante décadas, con unos recursos potenciales en yacimientos mineros superiores a los 1.500 millones de toneladas, cifra estimada solo con las investigaciones a profundidades estudiadas hasta la fecha.


Andalucía destaca en la extracción de minerales metálicos, en la que es líder con el 60% de la producción nacional[1].


En los últimos tiempos desde la apertura de importantes proyectos mineros como el de Las Cruces (Sevilla) y Aguas Teñidas (Huelva) en el año 2009, el sector se ha consolidado previéndose para este mismo año 2015 la reapertura del Proyecto Minero de Minas de Río Tinto en Huelva y el de Minas de Alquife (Hierro) en Granada, sin perjuicio de próximas aperturas como el proyecto minero de Aznalcóllar, también en la provincia de Sevilla.


Algunos datos de inversión y empleo del sector minero andaluz:


– Inversiones realizadas hasta la fecha: 1.800 millones de euros. Se elevarían a 2.800 millones si sumamos las ya planificadas y las de los proyectos en tramitación.


– Empleo directo actual: 1.800 personas. Se estima en 3.500 con los proyectos en trámite. Puntas de 3.500 en determinadas fases de ejecución de infraestructuras.


– Empleo indirecto actual: 10.000 personas. Podrían alcanzarse 15.000 con la puesta en marcha de los proyectos pendientes.


– Facturación en 2014: 700 millones de euros. Se elevaría a 1.000 millones anuales con la entrada en operación de los proyectos en curso.


Andalucía es en la actualidad referente en minería metálica no sólo en España, sino también en todo el sur de la Unión Europea, y lo es por innovación, por producción y por las perspectivas de futuro con las que cuenta.


El tipo de mineral que existe en la faja pirítica ibérica sólo existe aquí y el mundo de la minería está pendiente de lo que está pasando en la zona occidental de Andalucía.


2. Derecho minero- derecho ambiental [arriba] 


Características del Derecho Ambiental:


- Derecho Herético.


Es un derecho intermundos: Se ubica entre el derecho público y el derecho privado. Cambia la impronta genética del derecho privado clásico y ortodoxo. Carácter bifronte y naturaleza mixta.


- Derecho Mutante.


En cambio constante, prueba de ello son las más de 11.000 normas de medio ambiente que hay que tener en cuenta en el territorio español (normativa europea, estatal, autonómica y local ambiental).


- Derecho descodificante.


De muy difícil codificación.


- Es una rama autónoma del Ordenamiento Jurídico[2].


El Derecho Ambiental cuenta:


Con unos principios jurídicos propios.


Con un objeto igualmente propio y singular que es el Medio Ambiente como bien jurídico.


Está referido a una relación jurídica específica, que es aquella que establece el modo de la protección del Medio Ambiente, su preservación y su potenciación.


- No es una disciplina jurídica en formación.


- Derecho de gran armario o guardarropa.


Es un derecho en constante adaptación al progreso técnico: en la medida en que una actuación que hoy aparece neutra en relación con el entorno, mañana, por los avances científicos o por nuevas circunstancias, se descubre incompatible con estos valores.


Legislación sustantiva en materia minera en España:


- Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas.


- Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.


- Reglamento General para el Régimen de la Minería (RD 2857/1978, de 25 de Agosto).


A finales del año pasado, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo presentó a las Comunidades Autónomas y a las asociaciones sectoriales el borrador del Anteproyecto de Ley de Minas, llamado a reformar la vigente Ley 22/1973, elaborada en época franquista. Pero la inmensa mayoría de los actores que fueron consultados la han rechazado tajantemente, lo que ha llevado al Ministerio a retirar la propuesta y a comprometerse a elaborar otro documento, más consensuado.


Muchos son los aspectos que se han rechazado de la propuesta:


- La nueva fiscalidad: El texto actualizaba e incrementaba los cánones de superficie que se aplican en la actualidad -se paga en función del terreno que se ocupa- y, sobre todo, creaba un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de la extracción de los recursos mineros y geológicos.


Este impuesto, similar al que grava con un 7 por ciento el valor de la producción de energía eléctrica, se aplicaría sobre la facturación de las empresas, con independencia de que obtuvieran o no beneficios. El tipo de gravamen estaba planteado en el 1 por ciento para las explotaciones que no precisen un permiso de investigación previo -aguas minerales, arcillas, áridos- y del 2 por ciento para las que sí requieran una investigación geológica: carbones, minerales radiactivos, rocas bituminosas.


- La reducción del plazo de las concesiones administrativas para las explotaciones:La Ley actual lo fija en 30 años, prorrogable hasta los 90 años, y el Gobierno pretendía reducirlo a 30 años con dos prórrogas de 10 años cada una, un tiempo considerado insuficiente para amortizar las cuantiosas inversiones propias de la actividad.


Igualmente, se pretendía otorgar un plazo máximo de explotación de 15 años, prorrogables durante 10 años, algo actualmente inexistente. Una vez transcurrido este tiempo, las empresas se verían obligadas a tramitar la continuidad de la actividad como si fuera totalmente nueva. Los plazos de estas tramitaciones se acortaban, pero no dejaba de ser un engorro administrativo innecesario.


- La nueva norma también quería modificar la clasificación actual de los recursos mineros, en la que algunos tipos -los energéticos y los que suponen una cuantía económica importante- reciben automáticamente la declaración de utilidad pública, que conlleva la expropiación. Con el nuevo sistema, en cambio, se iba a exigir la declaración de utilidad pública explotación a explotación, en función de sus características, lo que implicaba retrasar los procedimientos actuales.


- Las grandes empresas mineras también criticaron otra disposición que pretendía impedir que las concesionarias dejaran de extraer minerales de algunas zonas sobre las que tienen derecho, reservándolas para hacerlo más adelante, de acuerdo con una práctica denominada "concentración de trabajos". El Gobierno entiende que este comportamiento impide la entrada de nuevos agentes en el sector y merma la competencia, por lo que pretendía que las concesiones caducasen si durante cuatro años no había actividad en una misma cuadrícula minera.


- En el caso de que en una misma zona se pudieran explotar dos recursos mineros diferentes, el borrador establecía que, en caso de incompatibilidad, prevalecería el que considerase más importante la Autoridad Minera correspondiente. Esta disposición, también muy contestada, se interpretó como el otorgamiento de carta blanca a la Administración para decidir qué actividad debía hacerse, con independencia de los derechos adquiridos por la explotación existente antes del conflicto, que, no obstante, podría obtener una indemnización.


A pesar de ser un texto “antiguo”,la Ley de 1973 regula asuntos ambientales que en la fecha de la Ley no eran precisamente objeto de regulación principal, teniendo en cuenta la situación económico-social de la época, sin embargo la Ley prevé la importancia que este apartado de la minería.


Legislación ambiental a tener en cuenta:


Las principales acciones susceptibles de causar impacto, para cada una de las fases del proyecto minero[3], se corresponden con los elementos que lo conforman: preparación general del área; construcción de infraestructuras y edificaciones; actividades propias de la excavación; formación de escombreras y apiles de estériles inertes; formación de depósitos de materiales no inertes (mineral, estéril de mina y estéril de tratamiento); funcionamiento de la planta de tratamiento del mineral; gestión de las aguas superficiales y subterráneas; rehabilitación del espacio; etc.


En los criterios de diseño del proyecto minero, se deben tener en consideración, permanentemente, las alternativas, medidas y dispositivos, que permitan evitar o reducir el impacto ambiental. Tras la aplicación de estas medidas, se deben valorar los impactos finales o residuales resultantes, para evaluar su importancia global en el marco del proyecto minero. De esta forma se puede obtener una visión integrada y sintética de la incidencia ambiental del proyecto, fácil de entender y comprender.


La identificación de efectos o impactos potenciales permite predecir las interacciones del proyecto minero sobre el entorno. En este sentido es importante elaborar una síntesis, en forma de matriz de doble entrada (relación causa-efecto), en la que se visualicen las relaciones entre acciones del proyecto y factores y aspectos ambientales, para las distintas fases de la operación minera.


A continuación procede analizar y evaluar los impactos, es decir los efectos previsibles sobre cada factor, de acuerdo con la terminología habitual de este tipo de estudios, siguiendo una estructura común, que comprende: descripción y caracterización de efectos, descripción de medidas preventivas y correctoras, y valoración del impacto real residual.


Esta caracterización se refleja en un cuadro de doble entrada en el que, para cada efecto considerado, se establecen los atributos que le corresponden, y la significación o importancia del efecto. El análisis de los impactos se completa con la determinación de su magnitud o tamaño.


Para aquellos efectos potenciales que se consideran significativos o importantes, y cuya magnitud supere el umbral considerado tolerable, el proyecto minero tienen que incorporar las medidas preventivas, protectoras y correctoras aconsejables, para reducir los efectos potenciales negativos y, de acuerdo con la normativa, clasificar el impacto que previsiblemente puede producirse como: compatible, moderado, severo o crítico.


La valoración final, del impacto causado por el proyecto minero, se realiza tras tener en cuenta las medidas preventivas, protectoras y correctoras, y utilizando la terminología que establecen las normativas. Estas valoraciones se refieren a todos los factores afectables: clima, emisión de partículas, emisión de gases, ruido, relieve, estabilidad geotécnica, vibraciones, suelo, aguas de superficie, aguas subterráneas, ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, especies protegidas, paisaje, usos del suelo y ordenación del territorio, arqueología, infraestructuras, población y servicios públicos, economía y medio social, etc.


Con este planteamiento, el máximo énfasis se pone en conseguir una operación minera respetuosa, en todo momento, con el medio ambiente y el territorio en el que se localiza, tratando de prevenir y reducir al máximo los posibles efectos negativos, incorporando para ello las medidas de protección y corrección, que contribuyan a la máxima integración ambiental de la actuación y a su compatibilidad ambiental.


- Paisaje


La Convención Europea del paisaje de Florencia de 20 de octubre de 2000[4] constituye un documento jurídico de primer orden y de gran valor para la concreción de la idea de paisaje como bien jurídico ambiental autónomo.


Hasta ese momento no existía una idea de paisaje sustantiva, limitándose a una concepción elitista o excepcional del paisaje, vinculada frecuentemente a una idea de belleza excepcional.


Definición de paisaje dada por la Convención: “cualquier parte del territorio, tal como es percibido por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”.


De esta definición se pueden destacar una serie de aspectos:


- En primer lugar que puede afectar a cualquier parte del territorio. Así puede ser una zona urbana o no, de montaña o no, sin que pueda restringirse la defensa de un paisaje por sus características como territorio.


- El paisaje es tal por ser así percibido por los ciudadanos. Este es el componente más destacado de la regulación. Para que un paisaje sea tal necesita ser así percibido por las poblaciones. Esta idea presenta aspectos de muy diferente consideración. Por una parte hay que destacar el elemento subjetivo, de sentimiento del paisaje como tal, que remite a lo que la población siente. Así se democratiza la propia idea de paisaje que deja de ser elitista para pasar a ser una idea de paisaje democrática. Esta característica presenta sus problemas ya que la idea de paisaje, si es democrática, exige determinar el ámbito en el cual debe declararse ese sentimiento. A su vez se plantea el problema de poblaciones sin aprecio hacia el paisaje y, al revés, con un celo excesivo.


- El paisaje a su vez puede ser natural, responder a la intervención humana o ambas cosas a la vez. De esta forma se deja claro que la idea de paisaje no remite solamente a las bellezas naturales.


3. La agilidad administrativa: reto para un mejor derecho ambiental minero [arriba] [5]


Como señala el Documento Base de la Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020[6], aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, es preciso “agilizar la gestión administrativa en aquellos ámbitos competenciales de la Comunidad Autónoma e impulsar cuantas acciones sean necesarias para la coordinación interadministrativa”, priorizando la tramitación de esta clase de proyectos.


Éste es un reto claro para la minería del Siglo XXI: la agilización administrativa.


La simplificación administrativa es un componente estratégico para la mejora de la competitividad. En los países de la OCDE −según datos de la propia organización− el monto global de los trámites exigidos a las empresas asciende a un promedio del 3’6% del PIB; pero esa cifra aumenta en España hasta el 4’6%, lo que supone 47.000 millones €/año, destinados estrictamente al papeleo.


Se empezó la agilización con la Ley andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 2007 (Ventanilla Única Ambiental): Integración de Procedimiento en Autorización Integrada (AI) y Autorización Ambiental Unificada (AAU).


A pesar del esfuerzo de la citada Ley, hoy en día siguen las trabas: A título de ejemplo la Ley Patrimonio Histórico de 2007 establece la necesidad de un informe previo de la Administración con competencias en este área, en el procedimiento de autorización ambiental.


Recientemente se ha aprobado en 2014 un Decreto Ley de simplificación administrativa claramente también insuficiente (también en Andalucía).


En lo que se refiere a las autorizaciones ambientales solo modifica la denominada “Calificación Ambiental” (proyecto menores), de competencia municipal (reducción de plazos concesión de licencias por parte de los Ayuntamientos).Y también “Declaración de Inocuidad” bastará para iniciar la actividad en caso de comercios minoristas o actividades económicas inocuas.


Sin ánimo de ser exhaustivo, pueden mencionarse las siguientes medidas de reducción de cargas administrativas:


- Revisión o supresión de requisitos y obligaciones de información o evaluación (auditorías, llevanza de libros, archivo de documentación...), valoración de su adecuación y reducción de la frecuencia de su aportación. 



- Supresión o reducción de la documentación requerida (documentos superfluos), o su sustitución por declaraciones responsables. 



- Eliminación de la necesidad de compulsar documentos.


- Inscripciones de oficio en los registros públicos. Por ejemplo, cuando después de obtener una autorización se deba proceder a la inscripción en un registro, esta actuación debería realizarse de oficio por la Administración sin necesidad de que la lleve a cabo el interesado, incluso cuando el registro pertenezca a otra Administración diferente.


- Generalización efectiva del silencio estimatorio: cuando la Administración no resuelva un procedimiento se debe entender concedido. El silencio positivo debe aplicarse no sólo a las autorizaciones, sino también a los informes que correspondan a órganos distintos del instructor. 



- Acortamiento de los plazos.


AAU: 8 meses.


AAI: 9 meses. Silencio Negativo


- Emisión de circulares internas para armonización de criterios entre distintas sedes administrativas y creación de la figura del interlocutor único Administrativo, el Coordinador Administrativo de Proyecto.


- Planificación previa de terrenos con potencialidad minera: Fichas de Áreas de Oportunidad Minera que contengan todas las afecciones de la legislación sectorial (protección ambiental, arqueología, dominio público, etc).


- Eliminación de requisitos de doble autorización, instando la modificación del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera y desarrollando medidas basadas en la Directiva de Servicios tales como potenciar la toma de razón en lugar de la autorización previa.


Además de las herramientas que en sí mismo simplifican, existen otra serie de recursos y medidas que pueden actuar como catalizadores de la simplificación, contribuyendo a optimizar su implementación y amplificando sus efectos y resultados. Se pueden enunciar los siguientes:


- La articulación de canales de sugerencias por parte de la ciudadanía. En Bélgica, representa prácticamente el único instrumento de simplificación existente; pero, al ser tomado completamente en serio por el Gobierno, consigue efectos contundentes y muy satisfactorios. 



- La dotación de premios a las mejores iniciativas de simplificación planteadas por los empleados públicos; una técnica aplicada exitosamente en Portugal mediante el programa Simplex. 



- La elaboración de guías o manuales metodológicos que faciliten la labor de los operadores que deben participar en los procesos de simplificación. Una técnica intensamente utilizada en el Reino Unido. En Andalucía se confeccionó en 2007 un excelente Manual de simplificación administrativa y agilización de trámites aplicable a la Administración autonómica. Convendría confeccionar otro específico para las entidades locales. 



- La publicación de rankings de cumplimiento de los programas de simplificación.


- El cribado de los nuevos procedimientos, confiado a un órgano específico que revise las nuevas normas antes de su aprobación para verificar que se han aplicado adecuadamente las técnicas de simplificación administrativa.


Es vital seguir profundizando en la agilización administrativa y dotar de medios humanos, tecnológicos y jurídicos a los órganos competentes, priorizando la tramitación y optimizando la previsión de tiempos para la obtención de los permisos mineros.


Esto finalmente permitirá la explotación de nuevos yacimientos mineros y ampliar los actualmente existentes, creando empleo de calidad y generando riqueza.


4. Responsabilidad ambiental [arriba] [7]


El Daño Ambiental.


Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dañar es “Causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia”.


A la hora de acercarnos al concepto de daño ambiental como precedente definidor de su posterior valoración, no debemos confundir el concepto de “daño ambiental”, con el concepto de “daño ecológico”, al ser el primero comprensivo del segundo.


Genéricamente el daño ambiental tiene dos supuestos, a saber, el daño patrimonial y el daño propiamente ecológico. El primero, se concreta en un perjuicio a la propiedad privada o pública, es decir, daños infringidos a bienes tangibles concretos que pertenecen al patrimonio de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Por el contrario, el segundo tipo de daños es el daño ecológico o ambiental donde no resulta dañado una posesión concreta, sino nuestro patrimonio más importante que no es otro que nuestro entorno.


A los daños tradicionales, clásicos o personales, padecidos por una persona concreta, en sí misma o en sus bienes, tenemos que añadir si hablamos de daño ambiental, los daños supraindividuales o colectivos, padecidos por muchas personas, por un grupo o una comunidad.


Incluso podemos encontrar ejemplos jurisprudenciales, donde se reclama la indemnización de “daños morales” en relación a actividades ambientales ilícitas o perjudiciales. Tales son los casos de las STS de 23 de junio de 1913, en la que se dilucida el derecho a disfrutar de la propia vivienda frente a la contaminación producida por un vecino o la STS de 16 de julio de 1991, donde se sustancia una reclamación por alteración de la salud de una persona, por la actividad de una vaquería cercana. Incluso hay muestras anecdóticas en la jurisprudencia de otros países, que dejan patente la posibilidad de reclamación de daños morales por hechos que atentan contra el ambiente, como es el caso de la reclamación de indemnización de daños y perjuicios morales de unos novios, por haber visto alterada su noche de bodas como consecuencia del accidente que aconteció en la ciudad de Basilea, consistente en el vertido al río Rhin de grandes cantidades de sustancias tóxicas por parte de la empresa Laboratorios Sandoz, que hizo que toda la población de la ciudad tuviera que mantener puertas y ventanas cerradas para no intoxicarse.


El daño ambiental debe ser un daño cierto, es decir, un daño sobre el que no existen dudas a cerca de su realidad. Lo que no es incompatible con los denominados daños evolutivos, es decir, aquellos daños que no están exteriorizados en el momento de la causación, pero que es dable presumir que se van a producir en el futuro (daños futuros como la prolongación inevitable de un daño actual).


Para el Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental de la Comisión de las Comunidades Europeas de 9 de febrero de 2000, existen tres elementos fundamentales para que el daño ambiental pueda repararse:


- Identificación de los agentes causantes,


- Existencia de un daño real y cuantificable


- El establecimiento de una relación de causalidad entre los daños y los contaminadores.


Y es precisamente en esos factores donde encontramos una profunda problemática a la hora de activar la aplicación práctica del derecho de reparación del daño ambiental.


Tratándose de daños ambientales, con la complejidad de los mismos y de sus efectos, el sistema clásico puede no responder a todos los interrogantes que se planteen.


El Libro Verde sobre reparación del daño ecológico de la UE, manifiesta que los daños ambientales pueden ocurrir como consecuencia de actos contaminantes de distintas personas diseminados en el tiempo y espacio, por lo que no es posible o muy difícil identificar qué acción y de qué persona produjo el daño ambiental, a la que hay que añadir el estado de la ciencia en cada momento, que no permite dar una solución cierta a cada problema de causalidad que se plantea.


Por ello, muchos sistemas han arbitrado un mecanismo de canalización de la responsabilidad donde se señala a una persona previamente determinada en función de la actividad de riesgo de que se trate.


La demostración o prueba de la relación de causalidad dentro de un determinado proceso ambiental, es realmente complicada principalmente por tres causas, a saber: 1ª) El daño puede ser resultado de varias acciones atentatorias contra nuestro entorno; 2ª) Las verificaciones de carácter técnico, que serán la mayor parte en la comprobación de este tipo de delitos ecológicos, gozan de gran complejidad; 3) Algunas consecuencias del daño ambiental, se manifiestan en el transcurso de un largo período de tiempo.


El Libro Verde de la UE sobre reparación del daño ecológico, también incide en la idea de la problemática de la prueba de la relación de causalidad en un ilícito ambiental causante de un daño al medio ambiente. De esta forma, pone en evidencia que a veces no se puede establecer el nexo causal si el daño es el resultado de actividades provenientes de varios sitios distintos, surgiendo también problemas, si el mencionado daño no se hace patente hasta pasado un determinado lapso o período de tiempo o cuando existen dudas científicas acerca de que el daño ha sido consecuencia de esa actuación.


Y a la problemática analizada de la canalización de la responsabilidad, hay que añadir también como dificultad intrínseca al daño ambiental la dificultad probatoria de su causación y efectos.


Ante toda esta problemática que se deriva del daño ambiental, debemos apostar por el factor de prevención. La adopción, pues, de mecanismos preventivos no sólo ex ante sino también ex post, destinados a evitar la repetición del hecho dañoso ambiental, es de crucial importancia, pues de contrario, no estaríamos sino favoreciendo y fomentando el derecho de dañar indemnizando.


Valoración del Daño Ambiental.


La evaluación de los daños ambientales es un proceso en el que se diferencian dos procesos básicos:


Identificación y determinación de la repercusión del daño


Valoración económica del mismo


Desde hace algún tiempo, se han elaborado varios métodos de valoración del daño ambiental por parte de algunos de los pocos autores que han abordado el tema.


Los métodos generalmente más usados son los siguientes:


a) Método del precio de mercado: El valor se estima a partir del precio den los mercados comerciales. La manera más usual de valorar o cuantificar el daño ambiental es aplicar el método del precio de mercado, método que tiene sus problemas añadidos pues no siempre el valor de mercado es el valor real de un bien ambiental


b) Método de reemplazo o sustitución: El valor se infiere de la permuta de la contaminación por el valor de su restitución. Y así se puede estimar el coste de la separación del contaminante de un embalse de agua a partirdel coste de la construcción y el funcionamiento de una depuradora de agua.


c) Método de la estimación del precio hedónico: Se utiliza cuando los valores de los bienes ambientales afectan en el precio de los bienes que se comercializan afectos a ellos. Por poner un ejemplo, una casa con vistas panorámicas a paisajes tendrá más valor que otra que no las tenga.


d) Método del costo de viaje: Es un método que atiende al valor del bien ambiental a partir de la suma de dinero que desembolsan las personas en llegar a ese lugar.


e) Método de la transferencia de beneficios: El valor económico del bien se estima transfiriendo las estimaciones de valores existentes hechas en estudios ya completados en otras localidades.


f) Método de valoración contigente: Consistente en la realización de encuestas a la población en las que se les pregunta cuanto están dispuestas a pagar por un bien o servicio ambiental.


g) Método de la productividad: Se estima el valor económico de productos o servicios ambientales que contribuyen a la obtención de bienes comercializables.


Todos los métodos vistos, distan mucho de ser perfectos, pero son el comienzo para establecer un sistema integral de valoración del daño ambiental, de necesidad imperiosa para un sistema de responsabilidad por daños ambientales sin fisuras.


Podemos hablar de responsabilidad civil objetiva o subjetiva, de seguros de responsabilidad civil, fianzas y otras medidas financieras de compensación del daño, de superfondos o incluso de reposición a cargo de la Administración, pero todo ello se difumina si no tenemos resuelto el eslabón más importante a tener en cuenta si queremos un sistema de restauración/indemnización de daños al medio ambiente con unas mínimas garantías, que es un método de valoración integral que nos permita contestar en un sentido amplio la pregunta que antecede a todo lo demás. ¿Cuánto?.


Efectivamente, estamos malgastando un tiempo y unos recursos técnicos preciosos enfrascados en debates sobre qué sistema es el menos imperfecto para el resarcimiento de daños ambientales, sin caer en la cuenta que la valoración del daño ambiental debe ser la antesala de estudio, la principal e inicial meta a resolver, dentro de la reparación de esta clase tan especial de daños.


Y el proceso de valoración de daño ambiental no es tan simple como aplicar técnicas de tasación previamente definidas, pues debería ser algo mucho más elaborado secuencialmente.


Así en primer lugar, debe establecerse un punto de partida que establezca las condiciones iniciales del daño ambiental causado, evaluación del daño producido, cantidad de afectados, situación inicial del entorno dañado … etc. A esta primera fase le sigue la valoración en sí, que estimará la cuantificación de la pérdida sufrida. Y en tercer lugar, utilizando toda la información anterior, deberá decidirse la reparación más ajustada al hecho en cuestión. Y el proceso completo en todas sus fases debe adaptarse a las peculiaridades de cada caso.


El problema para articular todo este mecanismo descrito es que no existe actualmente unas reglas consensuadas o normas de valoración del daño ambiental.


El estudio y la consecución de un sistema de valoración del daño ambiental debe ser la primera ratio, la condición sine qua non embrionaria para la construcción de una estructura válida de responsabilidad por daños al medio ambiente.


Sin valoración del daño ambiental no puede articularse con unas mínimas garantías de éxito un sistema de resarcimiento de daños al medio ambiente. Sin saber lo que cuesta reparar un daño no podemos exigir la reparación o indemnización del mismo.


Si el Derecho Ambiental se empezó a construir sobre los cimientos del Derecho Internacional y es casi unánime la falta de intención de los Estados a legislar sobre este asunto, puede ser el momento de que se empiece a trabajar en parámetros consensuados de valoración de daños ambientales con carácter extensivo, que permitan tener las reglas de juego generales que sirvan para que cada Estado pueda articular un mecanismos legislativos propios de valoración de daños al entorno.


La problemática de la responsabilidad ambiental no se arreglará hasta que caigamos en la cuenta de que el instituto de la valoración es primordial, esencial, básico, cardinal y fundamental y de inaplazable análisis y respuesta normativa.


Hay que empezar a crear instrumentos internacionales que trabajen sobre estándares globales de valoración para que los Estados los asuman y añadan los específicos que crean convenientes habida cuenta de la realidad de su idiosincrasia ambiental.


Si se ha sido capaz de articular mecanismos por cuestiones más insustanciales que ésta no veo el motivo por el que no se empiece a trabajar en la resolución definitiva del problema de la responsabilidad ambiental.


No podemos aplazar más el debate y solución de este asunto. No podemos seguir viviendo en el pasado, pues es necesario dar un paso de futuro: empezar a trabajar en un sistema nuevo de responsabilidad cuyo punto de partida y no conclusión sea la solución normativa de la valoración del daño ambiental.


 


 


Notas [arriba] 


[1] CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y INNOVACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA; Diagnostico del Sector Minero en Andalucía; Noviembre 2013.
[2] Vid. CASTAÑÓN DEL VALLE Manuel; “El Enfoque Jurídico-Social del Derecho Ambiental”, Revista Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía, nº 40, 2002. También JORDANO FRAGA Jesús; La Protección del Derecho a un Medio Ambiente Adecuado; Barcelona; 1995.
[3] Vid. LÓPEZ GETA J.A Coordinador; Agua, Minería y Medio Ambiente; IGME 2005 También ELÍAS CASTELLS Xavier; Energía, Agua, Medio Ambiente, Territorialidad y Sostenibilidad; Díaz de Santos; 2012,
[4] Orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje; (CE/REC(2008)3).
[5] Vid. GAMERO Eduardo; La Simplificación de los Procesos Administrativos: IX Congreso Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo; 2014..
[6] Portal Andaluz de la Minería (http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/pam/Index)
[7] Vid; CASTAÑÓN DL VALLE Manuel; Valoración del Daño Ambiental; PNUMA; 2006.




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