ARGENTINA
Doctrina
Título:El Seguro Ambiental Obligatorio ¿Instrumento de financiación o responsables de la remediación?
Autor:Lombardi, María Laura
País:
Argentina
Publicación:Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Número 28 - Julio 2018
Fecha:18-07-2018 Cita:IJ-DXXXV-585
Índice Voces
1. Recorrido legislativo
2. Jurisprudencia
3. Resoluciones a partir de los fallos judiciales
4. Orden de prelación de las normas. Antinomia
5. Conclusiones
Notas

El Seguro Ambiental Obligatorio


¿Instrumento de financiación o responsables de la remediación?


María L. Lombardi[1]


1. Recorrido legislativo [arriba] 


Con la reforma constitucional de 1994, se incorpora la cláusula ambiental y con ella los conceptos rectores de la materia. El Congreso Nacional dicta la Ley N° 25.675[2] estableciendo la política ambiental nacional.


El seguro ambiental obligatorio se encuentra regulado en el art. 22 la Ley N° 25.675 instituyendo la obligatoriedad de contratarlo a toda persona que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos. El mismo debe garantizar el financiamiento de la recomposición[3] del daño que pudiere producir.


No es hasta el año 2007 que se reglamenta esta norma a través de distintas resoluciones de la, por entonces, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS). La Resolución N° 177/07 fijó las pautas para establecer que actividades debían contratar el seguro mediante una fórmula polinómica establecida en el anexo dos de la misma. Asimismo, detalló y clasificó distintos rubros en su anexo 1 necesarios para completar dicha fórmula. Varias fueron las Resoluciones que los modificaron[4], adecuándolos a la fórmula actual.


Otra Resolución importante es la N° 1973/07 dictada en forma conjunta con la Secretaría de Finanzas (S.F.) con el N° 98/07. A través de ella, se aprueban las condiciones contractuales de las pólizas de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva.[5] Se establece que los planes de seguro para ofrecerse en el mercado deben ser autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación previa aprobación de la SAyDS. La Secretaría debe verificar el cumplimiento de requisitos ambientales establecidos por la misma norma, como así también el cumplimiento de toda la legislación aplicable, debiendo emitir una conformidad ambiental.


Únicamente, aquellas aseguradoras que hayan obtenido la conformidad ambiental podrán obtener la aprobación por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para comercializar las pólizas del seguro ambiental obligatorio.[6]


El procedimiento para adquirir la conformidad ambiental se reglamenta a través de la Resolución N° 42/2011 de la SAyDS. Hasta entonces, no había norma nacional que estableciera la obligatoriedad de contratar compañías remediadoras. En la provincia de Buenos Aires, el OPDS estableció en el art. 2 de la Resolución N° 165/2010 que aceptará aquellas pólizas previamente aprobadas por la SSN y SAyDS, y que también acrediten capacidad y factibilidad operativa para realizar acciones de recomposición mediante contratos con empresas debidamente inscriptas en el Registro de Operadores de Residuos Especiales creados por la Ley provincial N° 11.720.


Es importante remarcar que el art. 5 de la Resolución N° 42/11 de la SAyDS claramente establece que no se podrán exigir, a las compañías de seguros, requisitos ambientales distintos a los previstos en las “Pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas por daño ambiental de incidencia colectiva”, aprobadas por la Resolución conjunta N° 1973/07 de la SAyDS y N° 98/07 de la Secretaría de Finanza.[7]


En febrero de 2012, se dicta el Decreto N° 1638 derogando la Resolución conjunta N° 1973/07 de la SAyDS y 98/07 de la Secretaría de Finanzas. Me quiero detener en tres modificaciones sustanciales que realiza el decreto.


La primera de ellas reafirma el criterio sostenido en el art. 22 de la Ley N° 25.675, por cuanto los seguros son instrumentos de financiación de la recomposición del daño ambiental, situación que no parece tan clara en la resolución conjunta cuando expresa: “7.3… Asimismo, la aseguradora podrá proponer al asegurado y ejecutar a través de terceros los planes de recomposición”. No olvidemos que, en la estructura del derecho que nos convoca, la obligación de recomponer o remediar se encuentra en el generador de los efectos degradantes del ambiente.[8]


La segunda reforma que quiero señalar es aquella que se refiere al procedimiento que debe llevarse a cabo frente al acaecimiento del hecho generador del daño ambiental. El art. 7 del Decreto N° 1638 le instituye un plazo de 3 días corridos al generador del daño para poner en conocimiento tanto al asegurador como a la autoridad ambiental competente el hecho dañoso. Asimismo, se lo obliga a establecer un plan de recomposición indicando los detalles tanto de las tareas que se llevarán a cabo, como así también los plazos en el cumplimiento del mismo. Una vez aprobado por la autoridad ambiental, la aseguradora deberá colocar los fondos a disposición del responsable a fin de dar curso a la remediación.


Resaltamos nuevamente las funciones que poseen cada uno de los actores. El generador del efecto degradante es responsable por el daño ocasionado y en consecuencia responde haciéndose cargo de la recomposición, mientras que la aseguradora solo verificará que sea un daño producido durante la vigencia de su póliza y pondrá a disposición los fondos dinerarios necesarios para que aquel realice las tareas propuestas y aprobadas por la autoridad ambiental.


Por último, la tercera modificación es el art. 2 del decreto, mediante el cual se establece que será la Superintendencia de Seguros de la Nación la que elaborará los planes de seguros para brindar la cobertura del seguro ambiental obligatorio establecido en el art. 22 de la Ley General del Ambiente. Al derogarse la Resolución conjunta N° 1973/07 y N° 98/07 de la SAyDS y SF respectivamente se prescinde del requisito establecido en el art. 3 de estas, pues ya no será necesaria la aprobación previa de la SAyDS a través de la conformidad ambiental para que la SSN autorice la comercialización de la póliza.


Si bien los aportes que trae la Resolución N° 37.160/12 de la SSN son por demás interesantes, no es objeto del presente analizar y comparar las bases de las mismas sino resaltar los errores legislativos de las normas.


El decreto reglamentario y la resolución de la SSN no tuvieron buena acogida en algún grupo selecto de la comunidad motivando el origen de la conocida causa “Fundación Medio Ambiente c/EN-PEN-Dto1638/12-SSN-Resolución N° 37.160/12 s/medida cautelar autónoma”, con el objeto de dejar sin efecto la reglamentación del Poder Ejecutivo.


2. Jurisprudencia [arriba] 


2.a.-“Fundación Medio Ambiente c/EN-PEN-Dto1638/12-SSN-Res.37.160/12 s/medida cautelar autónoma”. CSJN, xx diciembre de 2014.


La Fundación Medio Ambiente, a través de una medida cautelar autónoma solicita la suspensión del Decreto N° 1638/12 y de la Resolución N° 37.160 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Asimismo, solicita que previo a emitir pólizas de seguros en los términos del art. 22 de la Ley N° 25.675, la Superintendencia de Seguros de la Nación debe obtener la conformidad ambiental de la Secretaría de Ambiente y acreditar la capacidad técnica para remediar mediante la presentación de contratos suscriptos con operadores debidamente habilitados.


Tanto en primera instancia como la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, hacen lugar a la pretensión de la actora y suspenden los efectos tanto del Decreto N° 1638/12 como los de la Resolución N° 37.160/12 de la SSN.


Entonces, hasta aquí tenemos que tanto el decreto como la resolución cuestionada han quedado sin efecto por decisión judicial.


Volvemos a preguntarnos, tal como también lo hizo la Procuradora Fiscal ante la CSJN: ¿cuál es la norma que impone la acreditación de la capacidad técnica para remediar a las aseguradoras?[9], máxime si recordamos que la obligación de remediar se encuentra en cabeza del generador del daño y las aseguradoras son instrumentos de financiación. Y sostener, tal como lo hacen el juez de primera instancia y la Cámara de apelaciones, que el sistema de reparación se encuentra en cabeza del asegurador es desconocer los principios rectores de la normativa ambiental y fundamentalmente no comprender la letra expresa del art. 22 cuando enuncia: “…para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño…”.


Finalmente, la CSJN con fecha 11 de diciembre de 2014, deja sin efecto la sentencia apelada y manda a dictar un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los alcances de los considerandos expresados en la resolución.


Dos cosas hay destacar. La primera, es que deja sin efecto la sentencia apelada; esto quiere decir que deja sin efecto la suspensión del Decreto N° 1638/12 y la Resolución N° 37.160 de la SSN sentenciado por las instancias anteriores. Este no es un detalle menor, pues entonces debíamos tener seguros ambientales obligatorios, bajo la normativa del Decreto N° 1638/12 y Resolución de la SSN N° 36.170 y no aquellas que fueron reestablecidas bajo la Resolución N° 1973/07 y N° 98/07 de la SAyDS y SF, respectivamente.


Por otro lado, recalca los principios básicos de la materia, tal como ser el principio de responsabilidad (art. 4, Ley N° 25675), el régimen de responsabilidad objetiva por el daño ambiental (arts. 28 y 29 de la misma ley), la función financiera del seguro (art. 22), los cuales deben ser tenidos en cuenta al momento de dictar el nuevo pronunciamiento.


Pero esto no es todo. También, criticó fuertemente la medida desproporcionada del a quo, pues mediante la suspensión de la vigencia de las normas cuestionadas y a su vez la adopción de un sistema de comprobación de idoneidad técnica, la sentencia dictada “tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes, por lo que su procedencia debió ser evaluada con criterios especialmente estrictos que la cámara no aplicó”.


Luego de un fallo ejemplar de la CSJN, la causa vuelve a la instancia anterior a fin de que se dicte el nuevo pronunciamiento en base a lo ya expresado; sin embargo, nunca se dio cumplimiento a la manda, pues la actora sostuvo -luego de tres años- que en virtud a las nuevas resoluciones[10] del Ministerio de Ambiente, la cuestión se ha vuelto abstracta.


2.b.-“N.G.N. Asesores de Seguros S.A. c/SAyDS de la Jefatura de Gabinete de Ministros s/Acción Declarativa de Certeza”. Juzgado Federal de Formosa N°1, Expediente N° 78/2012.


La acción se inicia con el objeto de despejar la incertidumbre con relación a las condiciones de aprobación de las pólizas de seguro de caución por el daño ambiental de incidencia colectiva. La misma se genera por el otorgamiento de la conformidad ambiental a la firma ALBA C.A.S.S.A. (provincia de Formosa), sin la suscripción de los “contratos Back up” con las empresas remediadoras debidamente habilitadas por la autoridad ambiental.


Entre las normas que justifica su pretensión, se encuentran el art. 22 de la Ley N° 25.675, la Resolución conjunta N° 1973/2007 SAyDS y N° 98/2007 SF, la Resolución N° 42/2011 SAyDS, la Resolución N° 35.168/2010 SSN. Es importante destacar que ninguna de estas disposiciones hace referencia a la obligación de contratar los contratos back up; sin embargo, justifican el requerimiento a través del Expediente N° 54.681/10 de la Dirección de Residuos Peligrosos[11].


Argumentan que la situación generó: 1) desigualdad de condiciones y competencia desleal en el mercado asegurador perjudicando gravemente a la actora; 2) inseguridad jurídica entre los tomadores que de buena fe pudieran entender que contratan una garantía que en realidad no sirve como tal; 3) un posible perjuicio en el ambiente.


Se resuelve la acción suspendiendo la conformidad otorgada a la firma Alba para la comercialización de la póliza en la provincia de Formosa. Además, se le ordena a la SAyDS se abstenga de otorgar conformidad ambiental y a la SSN que prohíba emitir y comercializar pólizas ambientales a todas aquellas aseguradoras que no hubieran acreditado contratos de back up.


Me surgen nuevamente varios interrogantes. El objeto de la acción tiene por fin la protección ambiental o por el contrario se trata de una afectación económica negativa para la actora. Me inclino a pensar que se relaciona con los costos de la puesta en el mercado de las pólizas y de ahí surge la supuesta competencia desleal. Por otro lado, cómo es posible creer que un seguro de caución que no haya acreditado la contratación con remediadores habilitados no sirve como tal si la función del mismo es poner a disposición los fondos necesarios para que el agente dañador -único responsable de la acción de remediación-[12] realice las tareas correspondientes al restablecimiento del ambiente a su estado anterior o a niveles aceptables de contaminación o regeneración del recurso. Recordemos que el seguro ambiental obligatorio regulado en el art. 22 de la Ley N° 25.675 expresamente establece dicha función.


Por último, el perjuicio al ambiente no lo ocasiona la falta de acreditación de los contratos de back up, sino la falta de denuncia por parte de los obligados o generadores de efectos degradantes en virtud al monopolio existente en el rubro y como tal los elevadísimos costos en la remediación cuando la misma se encuentra en manos de la aseguradora. Si el obligado lleva adelante la acción con los profesionales más próximos al lugar del hecho y que mejor conocen la condiciones ambientales del lugar, ocupándose la aseguradora de su función financiera seguramente, tendríamos más registros de siniestros ambientales, pues no es que los mismos no se generan, sino que no se denuncian.


2.c.-“N.G.N. Asesores en Seguros S.A. c/SAyDS-SSN y ALBA Cía Argentina de Seguros s/Inc. de apelación de Medida Cautelar”. Cámara de Apelaciones de Resistencia, 20 de marzo de 2014.


Los fundamentos de la pretensión, como así también los de la resolución que le hacen lugar al reclamo presentado son idéntico, razón por la cual me remito a lo expresado en el punto anterior.


Sin embargo, no puedo dejar de resaltar la falta de adaptación en el ejercicio de la subsunción de los hechos descriptos a las normas positivas y la adecuación a los criterios que la CSJN viene sosteniendo en materia ambiental. Esto me permite recordar la necesidad de una competencia propia de la especialidad, la cual no es objeto del presente trabajo pero no por ello debemos pasar por alto.


3. Resoluciones a partir de los fallos judiciales [arriba] 


Las siguientes resoluciones fueron dictadas luego de los fallos analizados anteriormente; es por ello que haré especial referencia a los considerandos que motivan las resoluciones adoptadas por la Autoridad de Control.


La Resolución N° 999/2014 de la SAyDS fue dictada con fecha 17 de septiembre de 2014. Hasta ese momento, había sentencia en la causa “NGN Asesores de Seguros c/SAyDS y otros s/acción declarativa de certeza” y la Resolución de Segunda Instancia en “Fundación Medio Ambiente c/ EN – PEN - SSN”.


En el art. 1 se establece que, previo a otorgarse la conformidad ambiental, se deberán acreditar los contratos de capacidad técnica para remediar. Y en caso de vencimiento de los mismos sin que se acredite la prórroga o se los sustituya, dicha conformidad será revocada (art. 4). Sí, leyó bien, solicitaban un requisito que no estaba establecido en la Resolución Conjunta N° 1973/07 y N° 98/07 contrariando el art. 5 de la Resolución N° 42/11. Todas las estas normas fueron dictadas por la misma Secretaría.


Con fecha 16 de junio de 2016, se dicta la Resolución N° 206 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) y, luego, el 20 de julio del mismo año se dicta la Resolución N° 256. Lo llamativo de los considerandos de esta última es que cuando el párr. 15° hace mención a la causa “Fundación Medio Ambiente”, se limita a expresar la decisión de la CSJN, en cuanto se deja sin efecto la sentencia apelada y debe volver a la instancia anterior, a fin de que se dicte una nueva sujeta a lo allí expuesto.


Lo que tenemos es un restablecimiento de las normas impugnadas, por lo menos hasta tanto se dicte la nueva sentencia que nunca llegó y, por lo tanto, las resoluciones tanto de la Secretaría/Ministerio quedan derogadas por el Decreto N° 1638 por la mera aplicación del orden de prelación de las normas establecido en nuestra Carta Magna.


4. Orden de prelación de las normas. Antinomia [arriba] 


Hasta aquí, me encuentro frente a un gran desorden normativo y avasallamiento de un poder sobre el otro en actividades que les son propias.


Dice nuestra Constitución Nacional en el art. 1 que la Nación adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Luego, en el art. 22, nos aclara que el pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes y autoridades creadas por ella. Y ya, en la segunda parte de la misma, nos dice quiénes son las autoridades de la nación y especifica las actividades que cada poder tiene a su cargo. Es en esta parte que se reglamenta el funcionamiento del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.


Aún cuando recomiendo releer nuestra querida y olvidada Constitución para no extenderme en cuestiones que exceden el estudio del presente, sí quiero resaltar el art. 99 inc. 2, mediante el cual se le atribuye al Presidente de la Nación la carga de expedir instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Solo el Presidente de la Nación reglamentará leyes Nacionales. Entonces, me pregunto: “¿Qué norma habilita a que un Secretario y/o Ministro pueda dictar normas reglamentarias de leyes nacionales?”.


El orden de prelación ha quedado desvirtuado, por lo menos en la materia que trato en esta oportunidad.


En el vértice de la pirámide encontramos la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos (arts. 27, 28, 31, 75 inc 22 -párr. 2° y 3°-); luego, el resto de los instrumentos internacionales; seguidamente, las leyes dictadas por el Congreso Nacional; posteriormente, los decretos emanados del Poder Ejecutivo Nacional (art. 99 de la CN) para finalizar con las leyes provinciales y de la CABA.


El art. 99 inc. 2 de la Carta Magna señala que el Presidente dicta los reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes nacionales cuidando de no alterar el espíritu de ellas con excepciones reglamentarias. Siendo que los Ministerios cumplen con facultades delegadas del Presidente para un mejor desarrollo de sus funciones, las resoluciones que ellos dicten quedan en su mismo escalafón, es decir por debajo de los decretos y con los alcances propios de sus competencias.[13]


Entonces, los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo nacional son jerárquicamente superiores a las resoluciones dictadas por los Ministros en el ejercicio de sus funciones, y los Ministros con sus resoluciones no reglamentan las leyes.


Si las normas inferiores se deben adecuar a las normas superiores no pudiendo aquellas contrariar a estas, pues de lo contrario serían nulas, ¿cómo puede ser que se sigan dictando normas del tipo de las resoluciones MAyDS que siguen contrariando la LGA?


Así sucede con las Resoluciones del MAyDS N° 206 y N° 256 del 2016 pues, al igual que la N° 999/14 de la SAyDS, reglamentan el seguro ambiental obligatorio asumiendo la responsabilidad de la acción de remediación en cabeza de la aseguradora, cuando claramente el art. 22 de la LGA establece que el mismo cumple una función financiera, como ya se explicó anteriormente. Y esta interpretación es sostenida por la CSJN en la causa “Fundación Medio Ambiente c/EN-PEN-SSN s/medida cautelar autónoma”.


Siguiendo con el orden constitucional en la elaboración de las normas, el Congreso Nacional dicta las leyes de presupuestos mínimos[14] y el ejecutivo reglamenta las mismas a través de decretos reglamentarios, no pudiendo contrariar aquellas.


Entonces, si el Decreto N° 1638/12, luego de la sentencia de la CSJN, en donde se rechaza la suspensión decretada por las instancias anteriores, recobra su fuerza, ¿qué sentido tienen las resoluciones dictadas con posterioridad, si ellas son inferiores contrarias al decreto y la LGA? ¿Estaríamos frente un caso de antinomia?


Nos enseña el Profesor Juan Antonio García Amado que la misma se hace presente cuando para un mismo hecho concurren dos normas que prescriben consecuencias jurídicas incompatibles.[15] Por un lado, tenemos el Decreto N° 1638/12 que recupera vigencia con la Sentencia dictada por la CSJN en la causa Fundación Medio Ambiente antes explicada. Luego, se dicta la Resolución SAyDS N° 999/14, modificada por la Resolución MAyDS N° 256/16 que también reglamenta la figura analizada. Ambas se enfrentan en cuanto a la responsabilidad de la remediación del daño ambiental. En la primera (Decreto N° 1638/12), el SAO es un instrumento financiero, mientras que en el segundo (Resolución N° 999/14 y sus modificatorias), se subroga en el deber del agente dañador y pre-contratan agentes remediadores para recomponer el ambiente dañado por el primero.


Seguidamente, el profesor García Amado nos enseña que la solución a la antinomia se hace presente, en el caso que nos ocupa, con el criterio jerárquico de las normas. Entonces, aplicando la doctrina antes explicada, el Decreto N° 1638/12 es norma jerárquicamente superior a las Resoluciones N° 999/14, N° 206 y N° 256/16 de MAyDS.


Si a esta conclusión se llega por la aplicación llana de las normas que nos rigen, ¿por qué se siguen empleando las resoluciones dictadas por el Ministerio?


5. Conclusiones [arriba] 


Estimado lector, saque Ud. sus propias conclusiones.


 


 


Notas [arriba] 


[1] María Laura Lombardi, abogada especialista en derecho ambiental, diplomada en argumentación jurídica, profesora adjunta de la materia Recursos Naturales en la Universidad de San Isidro (USI) y profesora invitada en “El Programa de Actualización en Asesoramiento Legal de Empresas”, dictado en Ia sede del Colegio de Abogados de San Isidro en virtud al convenio de transferencia tecnológica, celebrado con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
[2] Ley N° 25.675, sancionada el 6 de noviembre de 2002 y publicada en el Boletín Oficial el 28 de noviembre de 2002.
[3] Con el subrayado, pongo énfasis en la finalidad perseguida por el art. 22 de la Ley N° 25675.
[4] Fue modificada por las Resoluciones N° 178/07, N° 303/07 y N° 1369/07.
[5] La Ley General del Ambiente (N° 25.675) se refiere al daño ambiental como: “…toda acción relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”. Sin embargo, recordemos que en los considerandos de la Resolución N° 1639/2007 de la SAyDS hace referencia a “los probables impactos sobre recursos restaurables como el agua, el suelo y el subsuelo”.
[6] No es objeto del presente trabajo indicar los requisitos establecidos para la obtención de la “conformidad ambiental” pudiendo ser constatado en las Resoluciones dictadas por la SAyDS.
[7] Entonces, me pregunto: ¿por qué se le ha exigido a la firma ALBA Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima la contratación de empresas remediadoras para obtener la conformidad ambiental? Para profundizar sobre este tema, se recomienda la lectura del Expediente N° S04:0010076/12 o N° original 0000974/12 Procuración del Tesoro Nacional sobre la solicitud de adhesión al Plan de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. ALBA Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima.
[8] Principio de responsabilidad (art. 4 Ley N° 25.675): El generador de los efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. Art. 28 de la misma ley establece que el que cause un daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción…
[9] Dejamos a salvo el requisito impuesto para la provincia de Buenos Aires por el OPDS, tal como fue expresado anteriormente (Resolución N° 165/10, art. 2).
[10] Resoluciones N° 999/14 SAyDS y N° 206/16 y N° 256/16 de MAyDS.
[11] No puedo comentar el expediente de la Dirección de Residuos Peligrosos dado que no he podido hallarlo.
[12] El responsable de la remediación es quien ocasiona el daño. Ver art. 41 de la Constitución Nacional, arts. 4 y 28 de la Ley N° 25.675.
[13] Ley N° 22.520: Art. 23 septies. Compete al MAyDS asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política ambiental y su desarrollo sustentable y la utilización racional de los recursos de los naturales, y en particular: Decreto N° 223/16.
1.- Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2.- Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PEN.
3.- Asistir al Presidente de la Nación en la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sustentable como política de Estado, en el marco de lo dispuesto por el art. 41 de la CN, en los aspectos técnicos relativos a la política ambiental y la gestión ambiental de la Nación, proponiendo y elaborando regímenes normativos relativos al OAT y su calidad ambiental.
4.- Intervenir en el CoFeMA, integrando y Proporcionando los instrumentos administrativos necesarios para una adecuada gestión del organismo.
5.- Entender en la gestión ambientalmente sustentable de los recursos hídricos, bosques, fauna silvestre y en la preservación del suelo.
6.- Entender en la promoción del desarrollo sustentable de los asentamientos humanos mediante acciones que garanticen la calidad de vida y disponibilidad y conservación de los recursos naturales.
7.- Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, protección y uso sustentable de los recursos naturales, renovables y no renovables.
8.- Intervenir desde el punto de vista de su competencia en el desarrollo de la biotecnología.
9.- Entender en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los temas ambientales y al desarrollo sustentable, y establecer un sistema de información pública sobre el estado del ambiente y sobre las políticas que se desarrollan.
10.- Entender en la preservación y administración de los bosques, parques y reservas nacionales, áreas protegidas y monumentos naturales.
11.- Supervisar el accionar de la Administración de los Parques Nacionales.
12.- Entender en la planificación y ordenamiento ambiental del territorio nacional.
13.- Entender en el control y fiscalización ambiental y en la prevención de la contaminación.
14.- Entender en la administración de programas de financiamiento internacional dedicados a proyectos sobre medio ambiente, cambio climático y preservación ambiental.
15.- Entender en la incorporación de nuevas tecnologías e instrumentos para defender el medio ambiente y disminuir el cambio climático.
16.- Entender en la materia de su competencia las acciones preventivas y ante emergencias naturales y catástrofes climáticas.
[15] Garcia Amado, Juan Antonio. Razonamiento jurídico y Argumentación. Nociones Introductorias. Ed. Eolas, España, pág. 30.