Doctrina
Título:Reflexiones en torno a la exigencia de la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de declarar el verdadero estado del riesgo y la ulterior materialización del siniestro -Proyección internacional y breve referencia al Derecho colombiano-
Autor:Jaramillo Mor, Carlos Esteban
País:
Colombia
Publicación:Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros - Volumen 30 - Número 55
Fecha:14-12-2021 Cita:IJ-MMCCXXXVIII-138
DOI:10.11144/Javeriana.ris55.rter
Índice
Sumarios

El presente escrito tiene como finalidad primordial, tal y como su título permite anticiparlo, realizar un estudio preliminar y, por ende de aproximación, a una de las cuestiones que consideramos que revisten mayor relevancia -tanto práctica como teórica- en la actualidad en materia aseguraticia, particularmente en el ámbito de la regulación del reconocido deber de declarar el verdadero estado del riesgo en la fase precontractual, concretamente al valor que se le puede, o que se le debe dar a la eventual inexistencia de una vinculación o concatenación causal encaminada a enlazar el incumplimiento del precitado deber con la efectiva y la ulterior materialización del riesgo asegurado (siniestro). Ello, para efectos de aplicar o inaplicar los mecanismos correctivos y sancionatorios que los diferentes ordenamientos jurídicos han adoptado como respuesta al incumplimiento de tan aquilatado deber, en especial la nulidad del seguro.
Con dicho propósito, este escrito se orienta al estudio comparativo de la anunciada temática, del que se desprende que en las últimas décadas, a tono con los nuevos derroteros del Derecho de seguros en la contemporaneidad (civil law y common law), gradualmente se ha abierto camino una nueva manera de acercarse a ella en el campo legislativo, con el fin de atribuirle significación, en lo pertinente, a la exigencia de una relación causal siniestral como un requisito para dar cabida a la liberación del asegurador en los eventos en los cuales se hayan comprobado reticencias o inexactitudes, particularmente en aras de exaltar el principio de la conservación de los efectos del contrato, de tanta trascendencia hoy por hoy, previa observancia de específicas limitaciones.
En este estudio, además, sucintamente se examinarán las razones que en el Derecho comparado se han esgrimido en pro y en contra de dicha exigencia causal, ciertamente polémica y, en tal virtud no unánime, pues si bien es cierto que se en los últimos tiempos se ha evidenciado un cambio legislativo al respecto en algunas naciones, éste no se puede generalizar, toda vez que se requiere del detenido y cuidadoso examen de cada una de las legislaciones y ordenamientos individuales, de la mano de la jurisprudencia respectiva, en aras de asegurar la coherencia en el campo hermenéutico, y de favorecer la estabilidad, la certidumbre y la seguridad jurídicas. Y con mayor razón, cuando en este tema claramente hay más de una respuesta normativa: negativa, o positiva en relación con la citada exigencia causal siniestral, y más de un matiz o excepción, diversidad de respuestas y de aristas que ameritan ser tenidas muy en cuenta, para no alterar la realidad de cada legislación y de su historia normativa, tal y como justamente tiene lugar en Colombia, en la que hay que diferenciar ‘el ser’, de un eventual ‘deber ser’ legislativo, según el caso.


Palabras Clave:


Relación causal, reticencia, declaración del estado del riesgo, siniestro.


The main purpose of this paper is, as its title suggests, to carry out a preliminary study, and therefore an approximation, of one of the questions that we consider to be of greatest relevance – in both practical and theoretical aspects- at the present time in insurance matters. Specifically in the sphere of the regulation of the recognized duty to declare the true state of the risk in the pre-contractual phase of negotiations, in regard to the value that can or should be given to the possible non-existence of a causal link or concatenation aimed at linking the non-fulfilment of the aforementioned duty with the effective and subsequent materialization of the insured risk (loss). This, for the purpose of applying or not applying the corrective and sanctioning mechanisms that the different legal systems have adopted as a response to the breach of such a high duty, especially the nullity of the insurance.
This study will also briefly examine the reasons that have been put forward in comparative law for and against this causal requirement, which is certainly controversial and, as such, not unanimous. Although it is true that in recent times there has been a legislative change in this respect in some countries, this cannot be generalized, since it requires a detailed and careful examination of each of the individual legislations and systems, as well as the jurisprudence of each, in order to ensure coherence in the hermeneutical field, and to benefit legal stability, certainty and security. This is all the more so when there is clearly more than one normative response to this issue: either negative or positive in relation to the aforementioned causal requirement, and more than one nuance or exception, and a diversity of responses and edges that deserve to be taken into account, so as not to alter the reality of each legislation and its normative history. This is precisely the case in Colombia, in which it is necessary to differentiate the 'to be' from an eventual legislative 'should be', as the case may be.
For that purpose, this paper is oriented towards a comparative analysis of the aforementioned subject, from which it can be seen that in recent decades, in line with the new guidelines of contemporary insurance law (civil law and common law), a new approach in the legislative field has gradually made its way. This approach is aimed at attributing significance to the requirement of a causal relation as a requirement for the release of the insurer in the events in which reticence or inaccuracies have been proven, particularly in order to exalt the principle of the preservation of the effects of the contract, subject to the observance of specific limitations.


Keywords:


Causal relation, misrepresentation, false statment, loss.


1. Introducción
2. Aproximación histórica e internacional
3. Pluralidad de tesis en torno a la regla de la relación causal siniestral. Aproximación legislativa, jurisprudencial y doctrinal-33

En un todo de acuerdo con el examen anterior, concerniente a la exigencia de la relación causal siniestral en el Derecho comparado, y tomando como fundamento las diferentes visiones que doctrinal, jurisprudencial, y legislativamente han sido acogidas en el plano internacional, creemos que es posible avizorar y, por ello aludir a la existencia de una pluralidad de tesis o vías por medio de las cuales se ha buscado incorporar, con distintos matices y diferentes grados de intensidad, una exigencia causal objetiva tratándose de la regulación del deber de declaración del verdadero estado del riesgo.

3.1. Exigencia de una relación causal plena, absoluta o ‘irrestricta’:

Una primera tesitura o camino sería aquél que se inclina por acoger, de manera plena e irrestricta, la regla de la relación causal siniestral como un requisito de perentorio e inexcusable cumplimiento para efectos de dar cabida a la correcta procedencia de la activación de los remedios o mecanismos sancionatorios que son consagrados como respuesta al incumplimiento al deber de declaración sincera del estado del riesgo por parte del asegurado o tomador.

Así, conforme a esta primera vía, la existencia de una ruptura o escisión en la concatenación causal con la que se liga la información que fue omitida o deficientemente transmitida con el evento que configura la materialización del riesgo, bastará para que la obligación del asegurador permanezca incólume e inalterada (suponiendo que todos los demás requisitos jurídicos necesarios tengan cabida), no obstante la existencia de una reticencia o inexactitud, ello con total independencia de las posibles consideraciones en lo tocante al componente subjetivo del comportamiento del asegurado o del tomador, o de la defectuosa representación que pudo haberse forjado el asegurado al momento de celebrar el contrato[67].

De este modo, como consecuencia de su formulación más extrema, esta primera tesitura ha sido objeto de importantes críticas y observaciones, pues se considera que la misma podría colisionar con elevados postulados en materia del Derecho de seguros, llegándose a aseverar que una visión de tal entidad no lograría encontrar avenencia con el principio de buena fe, el de la equivalencia de las prestaciones[68] y con la protección de la sanidad que debe predicarse del consentimiento originario por parte del asegurador al momento de contratar, siendo estos precisamente los principales pilares sobre los cuales se habría estructurado la teoría clásica de la proscripción o rechazo de la reticencia en materia aseguraticia[69].

En virtud de lo anterior, tal interpretación de la regla de la relación causal (absoluta) no ha contado con un gran acogimiento y entusiasmo generalizado a nivel internacional, haciendo la salvedad del caso de algunos de los estados pertenecientes al ordenamiento jurídico estadounidense, así como también, en la esfera ‘pre-legislativa’, del referido Proyecto de Ley Modelo Sobre el Contrato de Seguros para Latinoamérica y el moderno Proyecto de Código civil colombiano de 2020, al cual referiremos más adelante.

Ahora bien, si bien es cierto que una lectura ‘maximalista’ como la que venimos describiendo -al menos en el estado actual de las cosas-, difícilmente lograría encontrar concordancia plena con la estructura y con teleología aseguraticia que rige la mayoría de sistemas de corte romano-germánico, ello no puede llevar a considerar que la misma deba ser inexcusablemente descalificada.

En efecto, vistas bien las cosas, este tipo de tesitura podría llegar a ser concebida como un reflejo o una concreta manifestación de un fenómeno tendencial que se ha venido abriendo paso en los últimos lustros en sede del Derecho contractual, en general, así como del Derecho de seguros, en particular, de conformidad con la cual, en pro de favorecer una efectiva y sostenida preservación de los efectos del contrato, se busca reducir el rigor y el campo de aplicación de instrumentos sancionadores con connotaciones más radicales que conllevarían al indefectible ocaso del vínculo contractual. Por consiguiente, optando por una posible morigeración en relación con la visión, de suyo más tradicional, según la cual se le debe atribuir la más alta de las penalidades a aquellos supuestos en los que el dolo llegue a interceder, no se accede de plano y ciegamente a la nulidad, lo que explica que, para ello, se tenga en cuenta la referida regla de la relación causal siniestral.

Al margen de lo indicado hasta este punto, cabe señalar que incluso de ser acogida esta lectura ‘maximalista’ de la teoría de la relación causal siniestral, podría aplicarse una graduación o atenuación del espectro aplicativo suyo, por lo menos en la práctica, lo cual podría tener lugar si el juzgador, al momento de examinar el requerimiento de la vinculación causal objetiva, considerase que resulta suficiente para la satisfacción del mismo la comprobación de la existencia de una ‘concausa’ que permita concatenar la información omitida o inexacta y la materialización del siniestro para dar cabida con ello a la liberación del asegurador, tal y como acontece en el caso del ordenamiento jurídico de la República Popular de China, en el cual, según se reseñó, algunos tribunales han considerado que la comprobación de una ‘conexión causal próxima’ será suficiente para dar lugar a la aplicación de los efectos sancionatorios que se derivan del incumplimiento del deber de información por parte del tomador[70].

3.2. Exigencia de una relación causal atenuada, relativa o limitada:

Una segunda tesitura es aquella que se inclina por acoger la regla de la relación causal siniestral en modo atenuado o delimitado, considerando así que, en orden a lograr la correcta aplicación de los mecanismos sancionatorios que se instituyen como respuesta al incumplimiento del deber de declarar el verdadero estado del riesgo, se demandare, por regla, la exigencia de una vinculación causal entre el incumplimiento del precitado deber y las especificas circunstancias que darían lugar a la materialización del riesgo asegurado, exigencia ésta que, sin embargo, en determinados supuestos, no sería de recibo[71].

Siguiendo este razonamiento, se ha entendido que no podrá atribuirse relevancia alguna a la exigencia de una concatenación causal principalmente en función de la corroboración, cumulativa o alternativa, de dos supuestos: i) cuando haya intercedido dolo o culpa grave por parte del asegurado o tomador, y ii) cuando se haya configurado una errónea y relevante representación en cabeza del asegurador[72].

i. Delimitación en función de la constatación de comportamientos dolosos o gravemente culposos por parte del tomador o asegurado.

Conforme a esta primera delimitación, resultará necesario entrar a distinguir los eventos en los que la omisión se ha visto acompañada por insidiosas y fraudulentas intenciones, esto es, en los supuestos en los cuales haya mediado dolo, o, para sus mismos efectos -en el caso de los ordenamientos que abogan por una equiparación- una culpa grave, y aquellos escenarios en los que, a pesar de haber declarado en forma inexacta el verdadero estado del riesgo, el asegurado o el tomador habrían actuado de modo probo y leal. De esta manera, siguiendo aquella reflexión realizada en su momento por el egregio mercantilista español, Joaquín Garrigues, conforme a la cual: “la buena fe es el espejo en el que se reflejan las normas del seguro”[73], se buscaría brindar un tratamiento más beneficioso e indulgente en aquellos supuestos en los que el tomador o el asegurado hayan actuado guiados por los rectos designios que han sido delineados por la buena fe, respecto de aquellos en los que ha sido el dolo y la malicia los que han escoltado su verdadera intención.

Así las cosas, de acogerse una lectura como la previamente esbozada, de un lado, se estaría favoreciendo o estimulando la buena fe, al conferir un tratamiento más benigno para quienes se orienten por este postulado, mientras que, por el otro lado, el rigor sancionatorio que tradicionalmente se ha predicado de los espacios en los que ha intercedido dolo, permanece incólume e inalterado, lo que, en últimas, termina por hacer más acentuada aquella summa divisio que en materia del tratamiento sancionatorio que se articula para el supuesto de un incumplimiento del deber de declarar sinceramente el estado del riesgo, se instaura dependiendo si llegó a haber dolo, o si por el contrario, se procedió de buena fe, tomando así un mayor distanciamiento de aquella visón primigenia que se enderezaba a sancionar indistintamente ‘toda reticencia’, no importando su génesis.

Respecto de los autores que militan en esta tesitura se encuentra la analítica profesora de la Universidad de Oviedo, María Luisa Muñoz Paredes, quien al darse a la tarea de abordar, con maestría y rigor investigativo, la temática que es motivo de la presente investigación, señaló que, si bien “en principio, debe negarse trascendencia a la relación causal entre la circunstancia omitida y el siniestro, por ser la solución más respetuosa con el principio de la buena fe y el de la equivalencia de las prestaciones”, ello no es óbice para negar cualquier trascendencia a la teoría de la relación causal, pues considera que “estimar que no pueda admitirse excepción alguna es una solución que puede dar lugar en ocasiones a resultados injustos (…)”, razón por la cual posteriormente concluye, en un plano ideal, que resulta “defendible de lege ferenda, hablando en términos de justicia, y teniendo presente que no se contrarían los principios fundamentan este deber [el de declarar el verdadero estado del riesgo], que la Ley distinguiera entre las omisiones no dolosas (o gravemente culposas) ajenas al siniestro y las otras, previendo el mantenimiento del derecho a la prestación íntegra si el asegurado (o el beneficiario) probara que en nada influyó con la circunstancia ocultada en el siniestro (…)”[74].

En atención a todo lo anteriormente expuesto, podría llegar a considerarse que, con la adopción de la presente postura sería posible arribar a una suerte de punto medio y por eso razonable (in medio stat virtus), en el cual se asegure que los postulados basilares sobre los cuales se erige el modélico deber de la declaración del estado del riesgo en materia aseguraticia, permanezcan inalterados, pero que, a su turno, y en sus debidas proporciones, se de paso a la flexibilización del rigor tradicional de las sanciones que se derivan del incumplimiento del precitado deber que se predica de las lecturas más clásicas, lo cual se verificaría al favorecer a los asegurados -o beneficiarios- que hubiesen actuado de buena fe, motivo por el cual parece adecuada la asignación del rótulo de ‘intermedia’ para esta postura, en atención a su naturaleza ponderada y razonable, en línea de gran principio, ajena a los radicalismos, absolutos o extremos[75].

De este modo, en razón de su alcance más atenuado, amén que equilibrado, es que esta tesis -hasta ahora-, ha sido la que ha contado con mayor apoyo en el marco del Derecho comparado en materia de la regla de la relación causal siniestral, pudiendo enlistarse dentro de los ejemplos de ordenamientos jurídicos que se han decantado por acogerla, el caso de Alemania, Austria, China y Perú, naciones en las cuales, a pesar de haberse acogido legislativamente la teoría de la relevancia de la relación causal objetiva, se hizo delimitándola en consideración a aquellos supuestos en los que no haya intervenido dolo o intención fraudulenta.

ii. Delimitación en función de la corroboración de la existencia de una errónea y relevante representación en cabeza del asegurador:

Una segunda delimitación, la cual, como indicamos, podría llegar a tener alguna cabida tanto en modo cumulativo como alternativo, será aquella que pretende excluir del campo comprensivo de la regla que evoca la exigencia de una conexión causal objetivada a todos aquellos eventos en los cuales, como consecuencia del incumplimiento del deber de declarar el verdadero estado del riesgo, el asegurador llegue a forjarse una representación errónea y relevante del contrato que está celebrando, es decir, en los supuestos en los que sea posible demostrar, a través de la realización de un juicio de naturaleza hipotética, si el asegurador, de haber llegado a conocer las circunstancias que fueron omitidas o defectuosamente transmitidas por parte del tomador al momento de celebrar el contrato de seguro, se habría abstenido de hacerlo, o lo habría hecho en términos más onerosos[76].

Esta parecería ser la visión por la que habrían optado los redactores de los PDECS, ya que en estos últimos, tal y como pudimos manifestarlo en su momento, además de circunscribir la relevancia de la exigencia de la relación causal siniestral únicamente a aquellos eventos en los que no haya llegado a interceder intención fraudulenta alguna, se aboga por restringir aún más el campo aplicativo de la exigencia en cuestión al negar su procedencia en los supuestos en los que sea posible determinar que el asegurador, de haber conocido la información omitida o deficientemente transmitida, se habría negado a celebrar el contrato en particular[77].

De este modo, puede corroborarse que el proyecto europeo de armonización en materia aseguraticia sometería la aplicación de la regla de la causalidad a la verificación de un filtro binario conforme al cual, de un lado, se pretende sancionar las conductas mal intencionadas de los asegurados y tomadores al momento de declarar el estado del riesgo y, del otro lado, se busca proteger las legítimas representaciones que se habría forjado el asegurador al momento de celebrar el contrato. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que, para los PDECS, la desarticulación de la procedencia del requerimiento de la vinculación causal siniestral como consecuencia de la existencia de un defecto en la representación que se formaría el asegurador, únicamente tiene cabida en los supuestos, de suyo más extremos, en los que este último, de haber conocido el verdadero estado del riesgo, no habría celebrado el contrato, dejando así por fuera de la excepción, y por ende, permitiendo la aplicación de la regla causal, aquellos escenarios en los que se logre demostrar que, de no haber intercedido una errónea representación, el asegurador habría contratado, pero lo habría hecho en condiciones diferentes.

A la luz de lo anteriormente reseñado, y teniendo en especial consideración que, conforme a lo establecido en el numeral tercero del artículo 2:102 de los PDECS, si el incumplimiento del deber de información no puede llegar a serle imputable al declarante, el asegurador no contará con facultad alguna para rescindir el contrato[78], el campo de aplicación de la regla de la relación causal siniestral es realmente reducido, ya que la misma únicamente tendrá cabida en los eventos en los cuales el incumplimiento del mencionado deber pueda ser imputable al declarante sin que constituya un supuesto de dolo, incardinándose así al interior de los fundos conceptuales de la culpa.

Siguiendo esta línea argumentativa debemos señalar que, especial atención deberá tenerse en relación a estos modelos que optan por amalgamar distintos factores limitativos, ya que con ello se reduciría sustancialmente el campo aplicativo de la regla de la relación causal siniestral, al marginar la posibilidad de predicar una relevancia de la misma únicamente en el caso de escenarios sumamente excepcionales, lo cual podría llevar a eclipsar el propósito práctico y funcional que se desprende de la regla en cuestión, el que, cabe reiterar, se caracteriza por el deseo de garantizar un mayor grado de equidad en favor de los asegurados y de sus beneficiarios, muy especialmente de cara al seguro de vida, en los que estos últimos, realmente, no tienen responsabilidad alguna frente a lo omitido, o efectuado o realizado por el asegurado.

3.3. Exigencia de una relación causal circunscrita a un determinado tipo de seguro.

Habiendo descrito la existencia de una bifurcación en cuanto a las vías o caminos de acogimiento de una precisa posición frente a la relación causal siniestral, es posible en este punto avizorar una especie de ‘tercera vía’, la que, sin embargo, no tiene autonomía propia, sino que se articularía sobre la base de alguna de las dos tesituras previamente expuestas.

En efecto, sea que se abogue por acoger la teoría de la relevancia de la relación causal absoluta, o sea que se adopte la de la teoría de la relación causal atenuada, en cualquiera de los dos escenarios existe la posibilidad de que, en atención a consideraciones de política legislativa, el ámbito de aplicación de cualquiera de ellas se circunscriba única y exclusivamente a un segmento particular del sistema aseguraticio (tipo de seguro), tal y como acontecería en el caso que se limitare al ramo vida, in concreto, ello en razón de la naturaleza misma que caracteriza y singulariza a esta tipología de seguros.

De esta forma, la aplicación de esta tercera vía podría tener lugar principalmente de dos modos distintos: i) en el caso del acogimiento de un sistema en el cual, como principio general, se predicare la irrelevancia del requerimiento de un vínculo causal entre la información omitida y el siniestro, y se estableciera, de manera excepcional, que dicha relación sólo se observaría tratándose de algunas tipologías, por ejemplo de cara a los seguros de vida, como se anunció, y ii) en el supuesto de un sistema en el que, como regla básica, se le atribuyera relevancia a la exigencia de una relación causal siniestral, pero su procedencia se encontraría limitada a la necesaria corroboración de determinados requerimientos adicionales, v.gr que no haya intercedido dolo (relación causal atenuada), mientras que, como excepción, y solo para efectos de un determinado ramo o sector de los seguros, se acepta la exigencia de la verificación de una vinculación causal siniestral como un requisito necesario para que el asegurador pueda llegar a liberarse de su obligación sin que se requiera para ello de la verificación de los requisitos adicionales antes mencionados (relación causal absoluta) .

En este sentido, puede señalarse que la adopción de esta vía podría encontrar una clara justificación en el escenario de los citados seguros de vida, ya que en este ramo en particular la materialización del riesgo asegurado se entiende configurado por el deceso del asegurado, lo que, por sí mismo suele aparejar una penosa y dificultosa situación para sus familiares, quienes, es la regla en esta tipología de seguros, son los beneficiarios, y son los sujetos que, también es la regla, no suelen tener incidencia o participación alguna en la declaración falsa o inexacta que habría podido llegar a realizar el tomador o asegurado en su momento, razón por la cual, en ausencia de la verificación de una vinculación causal siniestral, se podría optar por exceptuar la procedencia de los mecanismos sancionatorios que se articulan como respuesta en caso de reticencia, ya que ello podría llegar a dar lugar a una ‘revictimización’ de estos beneficiarios.

Al respecto, debemos manifestar que esta no sería la primera ocasión, y de seguro tampoco la última, en la que los sentimientos de justicia y equidad que se entretejen en el campo del seguro sobre la vida, en donde el componente humano resplandece y por lo tanto el mayor grado de empatía es invocado, terminan por atenuar el rigor y la severidad que, en algunos aspectos, han regido de modo indiscutido en el marco de la teoría general del contrato de seguro. Una muestra paradigmática de este fenómeno, bien puede ser hallada en el proceso evolutivo que en el Derecho aseguraticio se ha evidenciado, a nivel histórico y global, en relación con el suicidio y su concepción como un riesgo asegurable[79].

Cabe señalar en este punto que, a pesar de que esta vía de aplicación de la regla de la relación causal no ha tenido mayor acogimiento en el panorama internacional -haciendo la salvedad de algunos de los estados del ordenamiento jurídico estadounidense, en los que se le ha dado cabida a la regla de la relevancia causal siniestral respecto de los seguros de personas[80]-, lo cierto es que la misma, a futuro, podría configurarse como una alternativa legislativa interesante, por cuanto permitiría que ciertos ordenamientos que se inclinan por brindar un tratamiento más equitativo y favorable en el campo del seguro de vida, adopten la regla de la relación causal indicada, sin que por ello tenga que alterarse el régimen general de su regulación en materia aseguraticia.

Ahora bien, en aras de examinar la temática en cuestión en el ámbito de nuestro vernáculo ordenamiento, debemos manifestar que, el legislador mercantil colombiano, en sentido similar a lo acontecido en Italia y en España, no acogió expresamente una fórmula normativa de la cual se pudiese desprender, sin dubitaciones, si para poder aplicar los mecanismos remediales y correctivos inmersos en el artículo 1058 del Código de Comercio en materia de reticencia e inexactitudes, resultará necesaria la comprobación de una vinculación causal objetiva que concatene el incumplimiento de la declaración sincera del estado del riesgo con la materialización del mismo, o si, por el contrario, tal relación de causa a efecto no guardaría relevancia alguna para tales efectos.

No obstante lo anterior, la doctrina más tradicional a nivel nacional, siguiendo lógica del aforismo latino ‘ubi lex non distinguit, nec nostrum est distinguere’, ha abogado por negar, en modo contundente y categórico, cualquier posibilidad de integración de la exigencia de una relación causal siniestral como requisito necesario para la activación de los efectos jurídicos sancionatorios que se desprenden del artículo 1058 del Código de Comercio colombiano, habida cuenta del silencio que guardó el legislador colombiano en relación sobre el particular, a diferencia de otras naciones, en las que, como observamos, explícitamente se hizo la salvedad en comento[81].

Esta interpretación encontraría igualmente un claro respaldo en determinados textos de naturaleza pre-legislativa, de los que comprobaría que el legislador mercantil colombiano en ningún momento pretendió abrirle las puertas a la teoría de la relevancia de la relación causal siniestral -la cual, se reitera, para ese entonces habría hecho presencia en un importante número de ordenamientos jurídicos-, sino que, muy por el contrario, su real intención habría sido la de no acogerla.

A fe de ello, se recuerda que en la propia Exposición de Motivos del Proyecto de reforma al Código de Comercio Terrestre del año 1958, con suma contundencia y precisión, se puso de manifiesto que, en lo que respecta al régimen adoptado en relación con el deber de la declaración del estado del riesgo (artículo 881), se adoptaba una postura ‘absolutamente conservadora’, toda vez que se afirmó: “Nos hemos guardado de acoger soluciones novedosas que aparecen incorporadas en algunas de las modernas legislaciones, por considerar que aún no cuadran al grado de evolución del seguro colombiano”[82].

Dicha postura, en su esencia, fue reiterada por parte del Comité Asesor para la Revisión del Código de Comercio a finales de la década de los sesenta, el que expresó que, para dar efectos a la aplicación de la sanción de nulidad consagrada en el actual artículo 1058 del estatuto mercantil, “…no hay necesidad de establecer relación ninguna de causalidad entre error o reticencia y el siniestro”[83].

En atención a lo anteriormente expuesto, se constata entonces que durante el proceso de estructuración normativa del que hoy es el Título V del Libro Cuarto del Código de Comercio, en especial en torno al contenido del artículo 1058 vigente, no se pretendió darle ninguna cabida a la exigencia de una relación causal encaminada, en concreto, a impedir la procedencia de la sanción de nulidad.

Dicho de otro modo, de la historia fidedigna del artículo 1058 del Código de Comercio, no se desprende que sus redactores se hayan inclinado por admitir la relevancia de una relación causal siniestral. En cambio, sí se evidencia el interés de preservar una lectura tradicional o clásica alrededor, en lo pertinente, de la proyección y alcance de los vicios de la voluntad en el seguro, vale decir que la nulidad sería de pleno recibo con independencia de si el siniestro guarda o no relación causal con la declaración insincera del riesgo, realizada al momento de la celebración del contrato[84], en cuyo caso se entendería que el contrato de seguro surgió viciado, lo reiteramos, con total independencia del hecho de que la conducta reticente o la falsa declaración no hayan tenido influencia alguna sobre el acaecimiento del siniestro[85].

No obstante lo anterior, y a pesar de que la doctrina colombiana más especializada se había identificado con la conclusión en comento, en el año 1997 se interpuso una demanda de inconstitucionalidad, por medio de la cual se solicitó a la Corte Constitucional que declarase como inconstitucional, o, en su defecto, que decretase la constitucionalidad condicionada del artículo 1058 del Código de Comercio, con fundamento en que, a juicio del demandante, las sanciones de nulidad relativa y de reducción proporcional de la obligación a cargo del asegurador, solo serían procedentes en el evento de que las circunstancias omitidas tuviesen una relación directa y eficiente con el siniestro ocurrido, como quiera que la norma en cita, interpretada de otro modo, quebrantaba los postulados de justicia y equidad, enaltecidos en el preámbulo de la Carta Constitucional, así como también vulneraba el derecho a la igualdad que se encuentra consagrado en el artículo 13 de la misma.

La Corte Constitucional, se recuerda, a través de la ‘sentencia de constitucionalidad’ C-232/97, arribó a la conclusión de que el sistema sancionatorio derivado del artículo 1058 del Código de Comercio en materia de reticencia, es el reflejo de una política legislativa equilibrada que se fundamenta en la lógica que informa la actividad aseguradora, por lo que no se vulnera la Constitución patria, razón por la cual su aplicación no tiene por qué depender de la verificación de un nexo causal entre la omisión y el siniestro que efectivamente se cause, puesto que, en opinión de la Corte, siguiendo para ello las agudas reflexiones del ilustre Maestro , J. Efrén Ossa[86], para efectos de la aplicación del artículo 1058, la única relación causal que guarda relevancia y que deberá verificarse es la que vincula la reticente o la inexactitud con el consentimiento del asegurador.

Al respecto, bien expresó la Corte Constitucional en el año de 1997, que “En efecto, cuando, a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo, de buena fe se le ha expedido una póliza de seguro, la obligación asegurativa está fundada en el error y, por tanto, es justo que, tarde o temprano, por intermedio de la rescisión, anulabilidad o nulidad relativa, salga del ámbito jurídico. Esto, con prescindencia de extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente porque lo que se pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual roto ab initio, en el momento de celebrar el contrato de seguro, y no al acaecer el siniestro. La relación causal que importa y que, para estos efectos, debe existir, no es, como sostienen los demandantes, la que enlaza la circunstancia riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador”[87].

Por su parte, años más tarde, la Corte Suprema de Justicia, a tono con esta postura y argumentación, en sentencia proferida el 11 de abril de 2002 determinó que, la “reticencia acreditada en el proceso, que de otra parte no tiene porqué ser la causa del siniestro, dado que tal exigencia no la contempla la ley, de conformidad con el artículo 1058 del Código de Comercio, debió conducir a que el Tribunal declarara la nulidad relativa del contrato de seguro”[88], siendo una interpretación que la Corte reiteraría, e incluso enriquecería, en sentencia del 1 de junio de 2007, por medio de la cual precisaría que, “Es palmario que el legislador quiso arropar la falta de sinceridad del contratante y su obrar contrario a la buena fe, bajo la sanción de la nulidad relativa, con lo cual, en ejercicio de una actividad que le es propia y para la cual se halla facultado, construyó un régimen particular que inclusive alcanza a superar en sus efectos el ordenamiento común de los vicios del consentimiento, frente al que, tal como fue instituido en el citado artículo 1058, no puede el intérprete hacer distingos, observándose que el vicio se genera independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien tomó el seguro”(se destaca)[89], visión que sería reproducida en tres oportunidades por la misma corporación, en las cuales, sin embargo, la Corte no se habría encargado de abordar la materia de exigencia de una relación causal objetivada, sino que se limitarían a citar in extenso algunos de los apartes de la sentencia del 2007, quedando comprendido los párrafos previamente citados[90].

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de un pronunciamiento de la Corte Suprema del 13 de febrero del año 2008, del cual no logra deducirse con claridad plena si para la Corte, en tal oportunidad, la exigencia de una relación de causa a efecto entre la circunstancia callada y el riesgo efectivamente materializado es necesaria para efectos de dar aplicación al régimen sancionatorio para los supuestos de reticencias o inexactitudes[91], lo cierto es que, la irrelevancia de la exigencia de un nexo causal siniestral en orden a dar lugar a la aplicación al artículo 1085 del Código de Comercio, pareciera ser la lectura que, en forma prevalente, ha sido acogida por parte de este importante órgano casacional.

En atención a todo lo expuesto hasta este punto, es posible corroborar que la tesis que se inclina por asignarle irrelevancia a la exigencia de la relación causal objetiva que hemos examinado, no solo contaría con un sólido respaldo doctrinal, sino que, adicionalmente, encontraría un claro sustento en importantes pronunciamientos jurisprudenciales proferidos por dos de las altas cortes a nivel nacional, todo lo cual llevaría a pensar que, al menos en un primer estadio o época, la cuestión habría quedado resuelta en sede del ordenamiento jurídico colombiano en el sentido indicado[92].

Sin embargo, conviene manifestar que para el año 2016, es decir, diecinueve años después de que la Corte Constitucional hubiese proferido la sentencia C-232/97, el tema ha sido de nuevo examinado a nivel judicial, dando lugar a un giro apreciable en el campo constitucional, puesto que fue la misma Corte la que, en sentencia de tutela (sentencia T-282/16), se apartaría de la tesitura que, en el ámbito de un pronunciamiento de exequibilidad, -ello es fundamental no perderlo de vista por su significación jurídica-, ya habría adoptado años atrás en relación con la materia que aquí nos concierne, para determinar que, en orden de que el asegurador pueda llegar a alegar la configuración de un comportamiento reticente, y pretender con ello que se aplique la sanción correspondiente consagrada en el artículo 1058 del Código de Comercio, este último deberá satisfacer previamente una carga probatoria binaria y de naturaleza objetivo-subjetiva, en razón de la cual, por un lado, tendría que “probar que existe una relación inescindible entre la condición médica preexistente y el siniestro acaecido” (elemento objetivo), y, por el otro lado, requerirá “demostrar que el tomador actuó de mala fe, y que voluntariamente omitió la comunicación de dicha condición” (elemento subjetivo)[93].

Así las cosas, tomando como base y fundamento este pronunciamiento en el último quinquenio, al menos en lo que respecta al ramo de los seguros de vida, y sin perjuicio de una aclaración posterior, a partir de él se ha estado consolidando una nueva visión (aun cuando dichas sentencias de tutela han emanado de salas de revisión y no de la corporación en pleno), pronunciamiento que, de una u otra manera, en su esencia, ha sido reiterado al menos en seis oportunidades -toda ella también por medio de sentencias de tutela-, proferidos por el alto tribunal constitucional[94], visión ésta con base en la cual se ha dado cabida a que, a través de la hermenéutica constitucional, se incluya un requisito de forzoso cumplimiento -que no es exigido por la ley sustantiva-, que suma a los ya previamente determinados de forma expresa por parte del legislador, para la aplicación del artículo 1058, el cual se ha instrumentado como una carga probatoria que recae en cabeza de las aseguradoras, enderezada a corroborar la necesaria existencia de un nexo de causalidad que coligue la información omitida y el siniestro que se materializa, so pena de que, en el evento en que no logre demostrarse la verificación de tal vinculación, se dará lugar a la inaplicabilidad de las sanciones consagradas en el precitado artículo de nuestro estatuto mercantil, en concreto la nulidad relativa del seguro[95].

Al respecto, cabe destacar en este punto que, esta nueva interpretación de la Corte Constitucional, aparte de contrariar nada menos que a una decisión unánime de toda la corporación en sede de exequibilidad del año 1997, resultaría en realidad más gravosa para las aseguradoras que la que se desprende de la fórmula que a nivel internacional, en lo pertinente, se ha adoptado en relación con la regla de la causalidad siniestral, puesto que, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, tal y como acontece en el caso del sistema jurídico germano -auténtico paradigma en relación con la materia-, se ha concebido que el peso probatorio de la que se ha denominado como ‘contraprueba de causalidad’ (Kausalitätsgegenbeweis), deberá recaer en cabeza del tomador o asegurado, puesto que, de atenernos a la interpretación que sería acogida, sin mayores explicaciones o argumentos por parte de la Corte Constitucional, el gravamen probatorio pesaría sobre la compañía aseguradora, la que tendrá que comprobar la efectiva existencia de una concatenación causal entre la información omitida o inexactamente transmitida y el siniestro que finalmente aflora en orden a lograr liberarse de su obligación, aspecto este último que no deja de llamar la atención pues, al menos a prima facie, parecería distanciarse de la lógica de la teoría general que gira en torno al onus probandi.

Además, no puede desconocerse que la tesis de la exigencia plena de una relación causal siniestral, de conformidad con lo acontecido en buena parte de las legislaciones que hoy expresamente la adoptan, no aplica cuando media dolo por parte del tomador o asegurado, aspecto de especial relevancia que no ha ameritado escrutinio y reflexión por parte de la Corte Constitucional, y más recientemente por la Corte Suprema de Justicia, según se anotará, todo en consonancia con el elevado valor atribuido a la buena fe y su observancia en el seguro.

No obstante lo anterior, como se anticipó, es de observar que, pese a que la Corte Constitucional (en sus diversas salas de decisión), se ha inclinado por la exigencia causal siniestral, no todas sus decisiones se encaminan en una misma dirección, por cuanto existen algunos fallos de tutela proferidos por ella con posterioridad a la sentencia T-282/16, en los cuales se retornaría a la postura que originalmente habría acogido dicha corporación con ocasión de la sentencia C-232/97, rechazando así cualquier tipo de relevancia a la citada exigencia de una relación causal sinestral, en orden a dar aplicación a los efectos jurídicos que se desprenden del artículo 1058[96]. Lo cierto, en todo caso, es que en las sentencias T-027/19, T-094/19 y T-061/20[97], la Corte Constitucional aplicó nuevamente su teoría de la relación causal siniestral, muy otra a la primigenia (1997).

En este orden de ideas, y en lo que atañe a la interpretación judicial respecto del alcance de la regla de la relación causal siniestral en la esfera del Derecho colombiano, no resulta del todo claro cuál de las tesituras adoptadas por la Corte Constitucional en la materia es la que debe prevalecer, ya que, por un lado, hay un primer pronunciamiento o sentencia que se conoce como sentencia de control abstracto o de constitucionalidad -de jerarquía superior respecto a las de tutela, pues sus efectos transcienden la órbita que comprende el caso en particular y su proyección es erga omnes[98]-, por medio de la cual la Corte había declarado la exequibilidad del artículo 1058, señalando que no se requería una exigencia de una vinculación causal objetiva para asegurar su constitucionalidad,[99].

Y por el otro lado, concurren varios fallos más recientes, según ya lo anotamos, los cuales parecen dar lugar a una -no del todo clara- especie de ‘línea jurisprudencial’, conformada por una pluralidad de sentencias de tutela, las cuales coinciden en incorporar como requisito para la procedencia de los efectos jurídicos del artículo 1058 en cuestión, la comprobación de dicho nexo causal. También, como si fuera poco, hay sentencias de la Corte Constitucional de este milenio, en sentido enteramente diverso, acercándose al fallo de finales del siglo anterior, ya mencionado (1997).

En consecuencia, nos encontramos ante una situación que, antes que contribuir a la unidad hermenéutica, más allá de si ella está o no en sintonía con el genuino contenido y significado del artículo 1058 del Código de Comercio (declaración del estado del riesgo) y de la misma Constitución, nos conduce a lecturas o interpretaciones disímiles, pues si bien podría llegar a afirmarse que la Corte Constitucional, posteriormente habría decidido modificar la postura originaria que habría adoptado en el año de 1997 y acoger una doctrina que en su opinión resultare más acorde con la Carta fundamental, una conclusión de dicho tenor encontraría la dificultad de que, la Corte, en ninguna de sus sentencias de tutela, esgrime los argumentos necesarios y correspondientes para lograr sustentar su disidencia o cambio en relación con la postura que habría acogido en precedencia, y que, en tal virtud, le servirían como claro sustentáculo para justificar el viraje interpretativo adoptado.

Al fin y al cabo, tal y como puede corroborarse de una lectura de dichos pronunciamientos, la Corte Constitucional únicamente se ha limitado a expresar que la exigencia de la comprobación de un vínculo causal de naturaleza objetivo deberá hacerse, a fin de evaluar la aplicación de las sanciones consagradas en el artículo 1058, sin ofrendar ningún tipo de reflexión que justificase una interpretación de tal naturaleza, como sería lo aconsejable.

Este panorama, de suyo complejo y que genera entendible perplejidad, se torna aún más inquietante a raíz de una reciente decisión divida de la H. Corte Suprema de Justicia del 1 de septiembre del año 2021, a través de la cual, apartándose de su postura inicial (sentencias del 11 de abril de 2002 y del 1 de junio de 2007), y en concordancia con la lectura que en materia de la exigencia causal ha sido delineada por la Corte Constitucional a partir de la sentencia T-282/16, puso de manifiesto que, con fundamento de una lectura en clave de constitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 1058 del Código de Comercio colombiano, se comprueba “La necesidad de probar el nexo de causalidad o el efecto trascendente entre la declaración de voluntad reticente o inexacta en el riesgo o en el siniestro; siendo necesario demostrar esa relación consecuencial de causa a efecto, o de concordancia entre lo inexacto u omitido y el siniestro. Es decir, se debe establecer cuál fue la trascendencia de la preexistencia y la situación médica que genera el siniestro”[100].

Siendo esta una afirmación que, al menos en nuestra modesta opinión, resultaría algo contradictoria, ya que en el referido pronunciamiento, tan solo con pocos reglones de antelación, se habría puesto de presente que la trascendencia que se debe predicar de la reticencia en orden de dar cabida a los efectos del artículo 1058 -la cual es entendida como la relevancia que debe revestir la información omitida en modo tal que el asegurador, de haberla conocido, no habría celebrado el contrato de seguro o lo habría hecho en condiciones sustancialmente diversas-, no puede ser confundida con el nexo que concatena dicha reticencia con la materialización del riesgo asegurado, trayendo seguidamente a colación una cita del Comité Asesor para la Revisión del Código de Comercio, ya antes aludida por nosotros, a cuyo tenor “no hay necesidad de establecer relación ninguna de causalidad entre el error o la reticencia y el siniestro”, la cual se encuentra, por lo demás, abiertamente contrapuesta con la idea que habría sido adoptada seguidamente por la Corte en el mencionado pronunciamiento.

Sería en razón de lo anterior, y del hecho de que en esta oportunidad la verificación del desarrollo de un detenido y fundamentado estudio por medio del cual se hubiese puesto sobre la mesa de discusión los argumentos técnicos, financieros y jurídicos que servirían de sustento para dar lugar al acogimiento de una nueva hermenéutica en relación a lo dispuesto en el artículo 1058, brillaría por su ausencia, por lo que, no resulta sorprendente que el pronunciamiento en cuestión hubiese dado lugar a interpretaciones contrarias al interior de la misma Corte, las cuales se verían reflejadas en dos aclaraciones de voto y un salvamento, hecho este que resulta ciertamente llamativo, amén que revelador[101].

Ahora bien, reconociendo algunos déficits de claridad y de argumentación en el citado fallo en sede casacional -que no tutelar, ciertamente muy diferentes uno y otro ámbito-, pareciera desprenderse del mismo que la Corte Suprema de Justicia, con arreglo a una frágil -y no muy clara mayoría-, avaló la ulterior lectura efectuada por parte de la Corte Constitucional en relación con la exigencia probatoria de un vínculo causal siniestral en cabeza del asegurador, encaminado a dar aplicación a los mecanismos sancionatorios que se derivan del artículo 1058 del Código de Comercio, sin el cual, concretamente, no tendría lugar la nulidad del seguro.

Al respecto, huelga señalar que esta tesitura que sería acogida por este último fallo de la Corte Suprema no puede ser concebida del todo aislada dentro de corporación, pues al margen de lo establecido en la sentencia del 13 de febrero de 2008, la Corte ya habría importado la lectura interpretativa acogida por la Corte Constitucional, en virtud de un fallo del 27 de mayo del 2020 que se habría originado con ocasión de una acción de tutela, y en el cual se estableció que, al menos en lo que respectaba al caso sub lite, en orden a que pueda llegar a tener aplicación las sanción de nulidad que se deriva de la verificación de una omisión reticente, le correspondería al asegurador acreditar: “El nexo causal entre las patologías que padecía el tomador para la época en que suscribió el contrato de seguro (preexistencia) y la condición médica que dio origen al siniestro”[102].

Con fundamento en todo lo expuesto hasta este punto, y sin desconocer que la cuestión examinada es realmente compleja, como se indicó, puede llegar a considerarse que el escenario del ordenamiento jurídico colombiano, a pesar de que el asunto no se ha desarrollado del modo más conveniente y con el rigor que podría desearse, se ha verificado una especie de proceso metamórfico de índole jurisprudencial en relación al modo de interpretar el artículo 1058 del Código de Comercio, el cual ha llevado a que, no obstante el silencio del legislador en su momento y a la existencia de una primera interpretación más tradicional que se inclinó en un sentido contrario, se evidencie un viraje hermenéutico, a pesar de que el mismo, tal y como se reseñó, no cuente con la fuerza, reiteración y consistencia debidas, lo cual hace necesario que se de lugar a una correcta reexaminación del tema por medio de la cual desarrolle un estudio profundo de la materia y se le de repuesta a diversos interrogantes que no han sido resueltos todavía, lo cual de seguro se hará próximamente, en uno o en otro sentido, pues se recuerda que en la reciente decisión de la Corte Suprema (sentencia del 1 de septiembre de 2021), no fue unánime; muy por el contrario, fue muy polémica, lo que explica la existencia de tres votos que no se sumaron a los tres restantes (seis magistrados suscribieron la providencia), y que no acompañaron integralmente dicho fallo (un salvamento, y dos aclaraciones muy de fondo).

Habiendo efectuado una mirada panorámica alrededor del estado de la cuestión tanto en la esfera internacional como en el plano particular de nuestro vernáculo ordenamiento jurídico, así como también habiendo examinado algunas de las principales tesituras que existen en relación con esta temática, podemos corroborar que, contrario a lo que podría llegar a pensarse ab initio, la que hemos denominado como la ‘regla de la relación causal siniestral’, en la actualidad, se erige en una moderna opción legislativa, acogida en diversas naciones en los últimos años, en varias de ellas con matices, como se registró.

En efecto, tal y como pudimos comprobar, esta nueva visión ha logrado incidir, en uno u otro modo, en un importante elenco de ordenamientos jurídicos, algunos de los cuales constituyen verdaderos paradigmas de regulaciones modernas en el ámbito del Derecho de seguros a nivel internacional, aunque no se ha limitado a ello, ya que ha llegado a superar los confines de las normativas nacionales individuales trascendiendo a la órbita ‘supranacional’ al haber sido incorporada en dos de los más reveladores proyectos de armonización en materia aseguraticia, todo lo cual constituye una muestra fidedigna de que, en la hora de ahora, con puntuales excepciones dignas de consideración, se está perfilando una tendencia en la esfera del Derecho comparado, la que en el futuro podría consolidarse.

No obstante lo anterior, debemos reiterar nuevamente que la cuestión concerniente a si deberá o no asignársele alguna relevancia a la exigencia de la corroboración de algún enlace entre el incumplimiento del deber correspondiente a la declaración del estado del riesgo y el siniestro que se materializa para efectos de dar lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes en caso de reticencia o inexactitudes, encara una problemática realmente álgida en relación con la cual, es nuestro parecer, no resulta claro que pueda existir una respuesta única, incondicional, y totalizante, por lo menos en el corto plazo.

Por tal motivo, en nuestra opinión, la decisión de favorecer una interpretación que le atribuya relevancia a la exigencia de la mencionada conexidad causal, o que, por el contrario, se incline por negarle cualquier trascendencia a una exigencia de tal naturaleza, será una cuestión de política legislativa, y, por lo tanto, deberá ser cada ordenamiento el que, analizando su tradición, evolución y talante jurídico, entre otros factores, y teniendo especial consideración las exigencias del momento, al igual que los lineamientos y fundamentos dogmáticos en sede nacional e internacional, determine cuál de las tesituras u opciones normativas ya mencionadas, resulte más conveniente y acorde con su sistema, más allá del mero y frívolo deseo de estar a la ‘última moda’, sólo por estarlo. Por eso aludíamos a que este es un riguroso tema de ‘política’ y adicionalmente de ‘técnica jurídicas’.

Al respecto, es fundamental tener cuenta en este punto que, si bien es cierto que, como señalamos, es posible comprobar la existencia de una cierta línea tendencial en los últimos años orientada a brindarle acogimiento a la exigencia de una relación causal siniestral a nivel internacional, no puede considerarse que ella sea la única vía, pues bien puede corroborarse que modernas legislaciones en materia aseguraticia del siglo XXI, tal y como lo son la ley chilena del contrato de seguro del año 2013 (artículo, 525), la ley belga del año 2014 (artículos 59 y 60) y la ley uruguaya -ya estudiada precedentemente- del 2017 (artículo 46), no acogieron expresamente la exigencia de relación causal siniestral alguna, lo cual brinda una muestra fehaciente de que esta no es una tendencia absoluta y de que, tal y como lo hemos venido expresando, en relación con este particular no existe un único camino adecuado.

Aclarado ello, y sustentándonos de nuevo en el estudio comparativo que hemos realizado, es posible constatar, complementando lo anotado, que en las últimas décadas, se ha abierto camino una tendencia en sede jurisprudencial por parte de algunos tribunales oriundos de sistemas jurídicos en los que el legislador, aparentemente, habría guardado silencio en relación a la atribución de una relevancia o irrelevancia del nexo causal objetivo, en los cuales, a partir de ello, pretoriamente se ha optado por introducir la regla de la relación causal siniestral, siendo este específicamente el caso de los ordenamientos jurídicos colombiano y español, lo cual constituye un fenómeno que, si bien prima facie podría ser evaluado positivamente, en razón de que con ello se estaría buscando aplicar un tratamiento más benigno en favor del asegurado como también, y más particularmente, de sus beneficiarios, muy respetuosamente consideramos que esta -al menos en el modo en que se ha venido realizando-, no resulta la vía más adecuada para lograr la consecución de dicho cometido que, por plausible que parezca, no siempre es suficiente para incorporar o realizar un cambio de tanta envergadura, con mayor razón si el espíritu de la norma (art. 1058), consultada y evidenciada su génesis (voluntad del legislador), y su evolución ulterior, es otra muy diferente, convirtiéndose ello en un factor que debe ser objeto de una especial consideración.

En tal virtud, debemos considerar que, en tratándose de un asunto tan complejo y espinoso frente al cual no existe una única lectura o camino factible y que, por lo tanto, en aras de garantizar la seguridad en el tráfico jurídico -pues recordamos que el argumento concerniente a la inexistencia de una relación causal objetiva suele ser un argumento defensivo invocado con gran frecuencia en sede judicial por parte de los asegurados o beneficiarios-, se requiere de la mayor claridad y cuidado posible.

Así, para lograr tal cometido, lo más oportuno, amén que aconsejable, sería que fuese el mismo legislador el que asumiese una postura expresa, clara y contundente, sobre el particular, eliminado con ello la incertidumbre interpretativa que se puede generar como consecuencia de la convergencia de lecturas jurisprudenciales oscilantes en el tiempo, las cuales suelen contraponerse entre sí, y terminan por abrir, de par en par, las puertas a una inseguridad e incertidumbre, a todas luces inconveniente, y costosa.

En este sentido, estimamos que algún reconocimiento debe hacerse al hecho que, en el Proyecto de Código Civil colombiano presentado en el año 2020 por la Universidad Nacional -y en el que se unifica el tratamiento del régimen civil y comercial en materia de obligaciones y contratos-, como fruto del interés de modernizar la normatividad aseguraticia, explícitamente se hubiese optado por dicha exigencia causal, explicitud ésta que es propia de la labor legislativa, y que corresponde a la vía más ortodoxa para efectuar un cambio de tanta hondura. Al respecto, el parágrafo segundo del artículo 1429 del citado proyecto ciertamente dispone que, “El asegurador no podrá aducir, válidamente, la nulidad relativa del seguro en aquellas situaciones en las que la reticencia, o la inexactitud, según fuere el caso, no tuvieron ninguna incidencia causal en la realización del riesgo asegurado”[103].

Lo anterior no quiere decir que, aunque preferiríamos otro camino, según lo indicamos, consideremos que por medio de la hermenéutica judicial, en principio, no sea posible realizar una nueva lectura de la normativa que se encarga de disciplinar el deber de declaración del estado del riesgo -al menos cuando esta así lo autorice, al no vedar una interpretación en tal sentido, ya sea explícita o tácitamente-. Sin embargo, sí creemos que para que ella pueda gozar de legitimidad y credibilidad judicial, será necesario realizarse un profundo, cuidadoso y concienzudo estudio del estado de la cuestión, efectuando una transparente y suficiente exposición de las diferentes tesis que han sido esgrimidas en relación con el particular, especialmente cuando las mismas han llegado a ser acogidas jurisprudencialmente en el pasado reciente (Corte Constitucional y Corte Suprema), lo cual hasta al fecha, al menos en el caso del ordenamiento jurídico colombiano, no ha acontecido.

Llegados a este punto, y sin perjuicio del hecho que, como indicamos precedentemente, reconocemos que el asunto relativo a la posibilidad del acogimiento de la regla de la relación causal en materia siniestral es en realidad una cuestión de política legislativa, preferentemente, y de que somos conscientes de que dicha cuestión interioriza una temática de suyo compleja, pues la misma penetra fuertemente en ámbitos de gran relieve y trascendencia en materia de la dogmática aseguraticia, debemos manifestar que, en lo que a nuestra opinión respecta, en general, dar paso a la integración normativa de esta regla podría llegar a compaginar con la línea tendencial que se ha venido abriendo un importante camino a nivel internacional, la cual se caracteriza por el propósito de flexibilizar o morigerar el rigor que tradicionalmente se le ha atribuido a la disciplina que gira en torno al deber de la declaración del estado del riesgo, propendiendo así por una reducción, en la medida de lo que resulte razonablemente posible, del margen de aplicación de los mecanismos sancionatorios más radicales cuyos efectos suelen desembocar en el fenecimiento del vínculo contractual[104].

Lo anterior, en aras de estimular el principio enderezado hacia la preservación de los efectos del contrato, al igual que de privilegiar el desiderátum de mayor equidad contractual, que compagina con una visión más tuitiva, y robustecida por las líneas tendenciales de protección que se predican del Derecho del consumo, en concreto a proteger y favorecer al asegurado[105].

Desde esta perspectiva, podemos señalar que la idea de incorporar la exigencia de una vinculación causal en materia siniestral por vía legislativa, se entronca mejor con algunos de los nuevos derroteros con los cuales se alinea contemporáneamente el denominado ‘moderno Derecho de contratos’, los cuales no resultan ajenos al Derecho de seguros, en particular.

Así, podemos señalar que la exigencia del requisito causal siniestral podría entenderse que se encuentra en estrecha sintonía con algunos de los fenómenos tendenciales que han adquirido un incuestionable realce en la esfera del Derecho contractual en la actualidad, tales como lo son, entre otros más de similar raigambre y naturaleza: i) la protección de la parte débil de la relación contractual; ii) el redimensionamiento de la persona humana y de su dignidad como punto céntrico del entero sistema jurídico; iii) el potencial expansivo del principio de conservación de los efectos del contrato; y iv) la inclinación por favorecer la atenuación del rigor en materia sancionatoria que ha abierto paso a la adopción de tratamientos y remedios más benignos en el ámbito del Derecho de contratos, en especial en el terreno de la nulidad.

No obstante, somos conscientes que debe procederse con cautela en este punto, ya que el reconocimiento de estos importantes lineamientos no puede llevarnos a desestimar o ignorar elevados y superiores postulados que se encuentran fuertemente arraigados en la teoría general del Derecho de seguros, algunos de los cuales suelen ser representados como auténticas pilastras sobre las que descansa gran parte de la lógica que permite el correcto desenvolvimiento del entero sistema aseguraticio, tanto desde una perspectiva jurídica como funcional.

En virtud de lo anterior, así como también, en consideración a la experiencia a nivel internacional en esta materia, podría llegar a considerarse que, en orden a lograr dar cabida a una correcta, o cuanto menos, más pacífica articulación de la regla de la relación causal siniestral, sin que con ello se generen fricciones o bruscos forcejeos con postulados axiomáticos, como sería el caso del principio angular de la buena fe -o de uberrimae bona fides-, y el del equilibrio prestacional, ambos poseedores de una gran relevancia y significación en el campo aseguraticio, en general, así como en lo que respecta al deber de declarar el verdadero estado del estado del riesgo, en particular, resultaría más conveniente que tal incorporación se hiciera dando lugar a una graduación que permitiera morigerar los alcances de la regla en cuestión, sin que con ello se llegue hasta el punto de cercenar por completo la funcionalidad práctica de la misma.

En este sentido, una de las vías que parecería cumplir con dicho cometido sería la de integrar la regla de la relación causal siniestral, exceptuando su aplicación en los eventos en los que se corrobore que el tomador o asegurado actuó con dolo o culpa grave al momento de declarar el estado del riesgo, tal y como sucede en un importante número de los países que le han dado cabida a la exigencia de la relación causal siniestral (Alemania, Austria, China y Perú). Procediendo de este modo, por un lado, el asegurador se vería debidamente protegido frente a declaraciones fraudulentas, fruto único del ardid y de la insidia, mientras que, por el otro lado, los intereses de los asegurados y beneficiarios se verían a su turno tutelados al preservarse la obligación en cabeza del asegurador, en los supuestos de reticencias o inexactitudes a las cuales no pueda llegar a imputárseles dolo o culpa grave.

De esta forma se articularía un régimen más equitativo para ambos de los sujetos de la relación contractual, siendo ésta, entonces, una aproximación que parecería encontrar cabal concordancia con el propósito que gobierna la disciplina del deber declarar sinceramente el estado del riesgo, la cual, en las precisas palabras del ilustre jurista italiano Antigono Donati, puede ser resumida en que “la intención práctica perseguida por las partes sea, en la medida de lo posible, alcanzada y tutelada con equidad”[106].

Sin perjuicio de todo ello, creemos que una posible alternativa que podría llegar a ser considerada y evaluada, pues hasta donde sabemos la misma no ha sido implementada, sería la de plantear el acogimiento de la exigencia de la relación causal siniestral como un requisito en orden a poder dar lugar a los efectos sancionatorios que se desprenden de la nulidad como consecuencia de la verificación de reticencias o inexactitudes, sea que estas hayan o no llegado a ser dolosas, sin embargo, en este último supuesto, esto es, el de reticencias o inexactitudes dolosas que no contribuyeron con la efectiva materialización del siniestro, se daría lugar a la aplicación de la reducción proporcional de la indemnización con base al valor de la diferencia de la prima acordada respecto de aquella que se habría llegado a establecer en el evento de que el asegurador hubiese conocido los hechos que le fueron imperfectamente comunicados.

Desde esta perspectiva, de un lado, se estaría protegiendo los intereses de las aseguradoras no solo al instaurar una sanción que prevendría que los tomadores y asegurados se viesen incentivados a realizar declaraciones reticentes o inexactas, sino que igualmente sería útil para restaurar, al menos en parte, el desequilibrio que se habría generado en razón de estas últimas, pero también, del otro lado, acogiendo esta alternativa se favorecería a la morigeración de los efectos devastadores que se desprenden de nulidad en este tipo de escenarios, al darle cabida a mecanismos correctivos menos radicales que permitan favorecer la conservación del contrato, otorgándole, por lo demás, un trato más benigno y equitativo a los asegurados y a sus beneficiarios, sin que por ello se deje de sancionar los supuestos en los que se vulnere la buena fe, pues lo que alternaría sería la gravedad de la pena.

En la misma línea, otra opción o alternativa normativa, en el caso de aquellos sistemas jurídicos que se muestran renuentes a darle acogimiento a la regla de la relación causal en el marco de la teoría general aseguraticia, sería la de consagrar la exigencia causal únicamente en el campo de los seguros de vida, entendiendo que, tal y como se reseñó en su momento, en este tipo de seguros los beneficiarios son distintos del asegurado, quienes se ha indicado que no tienen porque sufrir las consecuencias de las omisiones de aquél, atendido el carácter social y frecuentemente familiar que reviste, razón por la cual en este concreto escenario acoger la exigencia de una relación causal siniestral podría encontrar un mayor fundamento.

Finalmente, y a pesar de la naturaleza descriptiva y teórica por la que optamos en relación con la presente investigación, no podemos dejar pasar esta oportunidad para expresar breve y preliminarmente nuestra opinión sobre el papel que se le puede atribuir a la exigencia de la relación causal siniestral en el caso del Derecho colombiano, de cara al viraje hermenéutico que a nivel jurisprudencial se ha evidenciado sobre el particular en los últimos años.

En este sentido, y sin perjuicio de que esta es una cuestión que esperaríamos poder abordar más detenidamente en un futuro, en nuestra respetuosa opinión, en lo que respecta al caso particular de nuestro vernáculo ordenamiento jurídico, en la actualidad, ateniéndonos a la disciplina que se desprende del artículo 1058 de nuestro estatuto mercantil, difícilmente podría llegar a considerarse que, en la hora de ahora, sea posible llegar a perfilar la exigencia de una verificación -o comprobación- causal objetiva que concatene las circunstancias que fueron omitidas o incorrectamente transmitidas por parte del tomador, de un lado, y la efectiva materialización del siniestro, del otro lado, como una suerte de requisito adicional en orden a dar cabida a los efectos correctivos que se derivan del artículo en cuestión, principalmente por la confluencia de las siguientes razones:

i) sustentándonos en lo que expresamente se indicó tanto en la Exposición de Motivos del Proyecto de reforma al Código de Comercio Terrestre del año de 1958, como también en la opinión del Comité Asesor para la Revisión del Código de Comercio, de las que se desprende que la intención originaria del legislador mercantil colombiano no habría sido la de incorporar un requisito de tal naturaleza, sino que, todo lo contrario, su posición fue la de predicar una irrelevancia de la exigencia de la relación causal siniestral para efectos de la aplicación del artículo 1058: ii) la Corte Constitucional, en sentencia de C-232/97 -la cual hasta la fecha representa el único pronunciamiento de esta corporación en el que se ha abordado con detenimiento la materia-, determinó la constitucionalidad del artículo 1058, cerrándole la puerta a tal exigencia de naturaleza causal; iii) esta es la visión que más respaldo ha tenido tanto por la doctrina especializada como también por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el pasado reciente; y iv) hasta la fecha, no existe un solo fallo, ya sea de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema, en el cual se hayan esgrimido los argumentos jurídicos y técnicos que permitan sustentar la adopción de una nueva lectura que se aparte de la que ha resultado más tradicional y prevalente en nuestro ordenamiento y que, por lo demás, explique los motivos técnicos y jurídicos que permitan sustentar esta nueva visión de cara al sistema legal aseguraticio que rige actualmente en Colombia.

De este modo podemos concluir indicando que, si bien el acogimiento de una exigencia de una relación causal siniestral podría corresponder con un posible ‘deber ser’, reflejado en un futuro a la luz de nuevos proyectos de modernización en materia de nuestra legislación aseguraticia, lo cierto es que, en nuestra modesta opinión, tal tesis hoy no corresponde con ‘el ser’ de la legislación colombiana, al menos en el estado actual de las cosas, muy a pesar de la visión que, en lo personal, y posiblemente de una manera más ideal, se pueda tener sobre el particular en uno u otro sentido. Por ello, la importancia de proceder con sumo cuidado en la materia, y con observancia de la realidad normativa nacional en la actualidad, que no tiene porque coincidir, forzosamente, con otras tendencias, orientaciones y tesis internacionales, las que reclaman ser examinadas de modo individual y en cada contexto específico.

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Reflexiones en torno a la exigencia de la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de declarar el verdadero estado del riesgo y la ulterior materialización del siniestro

-Proyección internacional y breve referencia al Derecho colombiano-*

Carlos Esteban Jaramillo Mor**

1. Introducción [arriba] 

Sea lo primero poner de presente, ab initio, que nuestro propósito en esta oportunidad no es el de darle tratamiento a la vasta y espaciosa temática que gira alrededor del aquilatado deber de declarar sinceramente el estado del riesgo, de tanto calado y relevancia en materia aseguraticia, ya que ello, sin lugar a dudas, desbordaría con creces los confines del presente escrito, el cual tiene un cometido mucho más modesto y limitado. Así pues, podemos señalar que, la cuestión a la cual pretendemos pasarle revista y a que dedicaremos estas breves páginas, es aquella que concierne al papel que puede o debe llegar a asignársele a la exigencia de una relación o vinculación de causalidad que concatene las circunstancias no declaradas o declaradas inexactamente por parte del tomador o asegurado y su efectiva incidencia en la materialización del siniestro[1], es decir, a la necesidad de una ‘relación causal siniestral’ -siendo esta una expresión a la que, por su carácter sintético y descriptivo, acudiremos a lo largo del presente escrito-.

En este sentido debemos anticipar que, a pesar de que la temática que aquí nos convoca reviste una incuestionable importancia para el Derecho de seguros in genere, lo cierto es que, en realidad, la misma no ha sido objeto de un amplio, frecuente y detenido análisis por parte de la doctrina[2], la cual, si bien, en ocasiones, le ha dado tratamiento en un modo más puntual o sintético, no ha solido abordar la materia en forma extensa y minuciosa, sin perjuicio de puntuales e importantes excepciones dignas de especial reconocimiento[3], lo cual, sin embargo, no deja de llamar la atención, ya que interioriza una cuestión que repercute fuertemente en sede de uno de los aspectos más neurálgicos en materia aseguraticia, lo que explica que, tal y como podrá corroborarse más adelante, esta últimamente ha contado con más amplio desarrollo tanto en el plano legislativo como en el jurisprudencial a nivel internacional, siendo por lo tanto una materia que -en nuestra respetuosa opinión- amerita mayor tratamiento y desarrollo por parte de la doctrina en general, así como también por la colombiana, in concreto.

Así las cosas, antes de adentrarnos más en la materia, y con el fin de brindar la mayor claridad posible, podemos señalar que, en líneas muy generales, la problemática que pretendemos abordar en esta oportunidad puede resumirse en el cuestionamiento enderezado a determinar sí, en el caso en el cual el candidato a asegurado que al momento de declarar el estado del riesgo hubiese omitido informar, v.gr de su condición de fumador habitual, los mecanismos sancionatorios que se articulan para el supuesto de un incumplimiento del mencionado deber, tendrán lugar indistintamente, tanto en el evento en el que dicho asegurado llegase a fallecer como consecuencia de un nefasto cáncer en el pulmón que se habría originado como consecuencia del prolongado consumo de tabaco, como también en el supuesto en el cual el deceso del mismo hubiese sido el resultado de un trágico accidente aéreo, en el que la condición de fumador que ocultó no habría tenido relevancia o influencia alguna en su deceso, o si, por el contrario, se deberá optar por brindar un tratamiento diferenciado a este tipo de circunstancias, flexibilizando el margen de aplicación de los mencionados instrumentos sancionatorios en el caso del segundo supuesto, en razón de la ausencia de un coligamiento entre la reticencia del asegurado y la causa efectiva del óbito de este último.

Al respecto, cabe señalar en este punto que, a pesar de que la materia en cuestión repercute rectamente en el contenido nuclear y fundacional de toda la teoría general del Derecho de seguros, y que por lo tanto representa una cuestión que puede desenvolverse en cualquier ámbito de esta disciplina, lo cierto es que la misma adquiere un mayor realce y una mayor trascendencia en relación al ramo -o rama- de los seguros de vida, en el que, como consecuencia de la importancia que el componente humano reviste en este tipo de seguros, los tribunales han solido mostrarse más indulgentes y flexibles al evaluar la procedencia de los mecanismos sancionatorios en el evento del incumplimiento del deber de declarar sinceramente el estado del riesgo, siendo por lo tanto más proclives a acoger nuevas alternativas que puedan resultar de utilidad para lograr preservar los efectos del contrato, favoreciendo con ello a los beneficiarios, muy otros del propio asegurado, ya fallecido.

Siguiendo esta línea de ideas, de antemano podemos manifestar que, nos encontramos ante una temática que no resulta en lo absoluto baladí o intrascendente, sino que, muy por el contrario, encarna un cuestionamiento de una relevancia cardinal en materia aseguraticia, la cual, por lo demás, no solo impacta en los terrenos académicos y doctrinales, sino que, en adición, cuenta con una incuestionable importancia práctica[4], ya que, a fin de cuentas, de la determinación correspondiente a si deberá o no llegar a atribuírsele alguna relevancia a la exigencia de este tipo de vinculación causal, dependerá que, en determinados escenarios, pueda llegar o no a existir cubrimiento o cobertura efectiva, siendo esta, cabe recordar -al menos desde la perspectiva de los tomadores y asegurados-, el fin práctico del contrato de seguro.

Es precisamente en virtud de lo anterior que, es posible anticipar que la asunto que aquí pretendemos desarrollar cuenta con un gran potencial de litigiosidad, lo cual es cierto, pues resulta habitual, particularmente -aunque no exclusivamente- en el campo de los seguros de vida, que los asegurados o sus beneficiarios esgriman ante los tribunales el argumento concerniente a la falta de la corroboración de una conexión causal siniestral para efectos de lograr desestimar la procedencia de la liberación de la compañía aseguradora de su obligación indemnizatoria, o del pago de la suma asegurada, en los eventos que previamente se haya verificado un incumplimiento del deber de declarar el verdadero estado del riesgo[5].

Ha sido por virtud de lo precedentemente expuesto que, en los últimos lustros, la cuestión concerniente al valor que se le debe asignar a la exigencia de una relación causal siniestral se ha venido redimensionado, llegado a adquirir un mayor realce en la esfera internacional, convirtiéndose así en uno de los cuestionamientos que, en la hora de ahora, más trascendencia ha adquirido en el ámbito de la regulación del trascendente deber de declarar el verdadero estado del riesgo. No en balde, el distinguido profesor italiano Marco Rossetti, en su moderna y prolija obra dedicada al estudio del contrato de seguro, ha observado que, uno de los principales problemas que en la actualidad debe plantearse en interprete al momento de entrar a valorar las inexactitudes o reticencias, consiste precisamente en “establecer si puede considerarse ‘irrelevante’ una inexactitud o reticencia que concretamente no ha tenido influencia alguna en la materialización del riesgo”[6].

Ahora bien, sin perjuicio de todo lo expuesto, es necesario poner de manifiesto que nos encontramos ante una materia que, además de revestir una gran importancia, así no se haya examinado amplia y repetidamente, evidencia una gran dificultad y, por lo tanto, no resulta en lo absoluto simple, ya que la misma convoca lecturas o interpretaciones contrarias, fruto de lo cual se ha generado como consecuencia de ello un polémico debate que, a pesar de contar con más de dos centurias de antigüedad, aún en la actualidad no parece posible que, al menos a priori, pueda llegar a darse una única respuesta, ello particularmente en consideración de la pluralidad de cuestiones e intereses, de diferente índole y naturaleza, que convergen en relación con la misma.

A fe de ello, tal como evidenciaremos en las líneas siguientes, en el Derecho comparado no parece existir actualmente una sola visión prevalente y totalizadora, sino que se constata la convergencia de al menos dos aproximaciones distintas que han sido acogidas por parte de algunos ordenamientos del globo terráqueo.

2. Aproximación histórica e internacional [arriba] 

Si bien los estudios de naturaleza histórica y comparativa suelen representar un importante aspecto de la investigación jurídica, debemos señalar que, para efectos de la presente investigación, la visión comparatista reviste un papel central, lo cual se debe al hecho que, la mayor riqueza del debate que se ha desarrollado en relación al papel que puede llegar a atribuírsele a la verificación de una relación causal siniestral en el escenario del deber de la declaración del estado del riesgo, se logra abstraer del diálogo que continuamente ha sido entablado por parte de las regulaciones en materia aseguraticia, acogidas por parte de los diferentes ordenamientos jurídicos, tanto en el plano legislativo como en el judicial, a nivel global.

De allí que, a continuación efectuaremos un estudio introspectivo de algunos de los ordenamientos en los cuales la cuestión ha sido objeto de importante discusión y que ha contado con un especial desarrollo, bien en un sentido o en otro. Para ello, pretendemos resaltar algunos de los sistemas jurídicos que han optado por distanciarse de la lectura más tradicional en la materia (visión ‘clásica’), para dar lugar a la adopción de nuevas lecturas que han permitido el acogimiento de la que puede ser denominada como la ‘regla de la relación causal siniestral’, la que cada vez parece adquirir un mayor respaldo por parte de las más recientes y novísimas legislaciones en materia de seguros en el plano internacional, hecho éste que demanda tener muy presente que tales cambios o este nuevo direccionamiento sustantivo, como corresponde, así resultare plausible a juicio de algunos, debería ser obra del legislador y no de la jurisprudencia, preferentemente, en aras de la certidumbre, estabilidad, uniformidad y seguridad jurídicas.

De lo contrario, se introduciría, por otra vía, una modificación o alteración tan profunda, que abiertamente podría reñir con la solución adoptada por la ley que, en tal virtud, debería respetarse hasta tanto cambiara expresamente el texto legal, tal y como ha acontecido en la órbita internacional en aquellas naciones en las que expresa y conscientemente se ha efectuado dicho viraje, para nada insustancial, de lo que se desprende la necesidad de proceder, en esta controversial temática, con la mayor cautela y prudencia posibles.

2.1. El ordenamiento jurídico francés.

La codificación mercantil francesa, la cual parece ser la primera en haber entrado a regular expresamente la figura de la reticencia en el ámbito del contrato de seguro, tal y como habría acontecido para los inicios del siglo XIX con la promulgación de su histórico Código de Comercio del año 1807, y lo habría hecho optando por acoger un sistema sancionatorio con una naturaleza estricta, rígida y general, puesto que, tal y como puede corroborarse con la lectura del apellidado ‘grand article’[7] del citado código (artículo 348, el cual si bien se habría consagrado originariamente en el ámbito del seguro marítimo, su aplicación sería posteriormente extendida para el caso de los seguros terrestres), el legislador francés no solo habría optado por gravar con pena radical de nulidad a ‘toda reticencia’ o falsa declaración por parte del asegurado, sino que, además, con gran contundencia y rigurosidad, determinaría que, el contrato de seguro sería nulo “aunque la reticencia o la falsa declaración, o la diferencia, no haya influido en el daño o en la pérdida del objeto asegurado”.

De este modo, el legislador mercantil francés, sin dubitación, se inclinó por atribuir explícitamente una absoluta irrelevancia a la exigencia de una vinculación causal siniestral en sede legislativa, ello con el propósito de evitar discusiones ‘engañosas’ en los tribunales en relación a la virtualidad que podría llegar a atribuírsele a la falta de una conexión causal de tal naturaleza para efectos de dar lugar a la declaración de nulidad del contrato de seguro, y lo habría hecho siguiendo la lógica según la cual, cuando en la fase genética o gestacional se verifique una ausencia de sano y genuino consentimiento mutuo, ninguna relevancia podría atribuírsele a la cuestión concerniente a la falta de verificación de un nexo causal al momento de la materialización del estado del riesgo, pues al no haber existido consentimiento libre de vicios, ningún efecto o consecuencia habría podido producir el contrato[8], siendo esta una lectura interpretativa que fue receptada pacíficamente por parte de la doctrina decimonónica gala[9].

Ahora bien, pese a que el legislador francés se habría alejado de la visión draconiana que propugnaba por censurar indistintamente todo tipo de reticencia con la promulgación de la Ley del contrato de seguro terrestre del año de 1930, inclinándose así por reservar la sanción de nulidad únicamente para los casos en los que la omisión o distorsión hubiese sido intencionada, éste habría optado por conservar la fórmula original que negaba cualquier trascendencia a la necesidad de verificar un nexo causal objetivo, siendo una postura que, en la actualidad se conserva, en desarrollo del artículo L-113-8 del ‘Code des assurances’, el que determina que el contrato de seguro será nulo “aunque el riesgo omitido o distorsionado por el asegurado no haya influido en el siniestro”, lo cual permite corroborar que en el régimen jurídico francés la irrelevancia de la relación causal siniestral se encuentra consolidada por una tradición legislativa que cuenta con más de dos centurias de arraigo y permanencia[10].

Al respecto, debe preciarse que, a pesar de que el legislador francés habría excluido de forma expresa la relevancia de la relación causal siniestral para el caso de omisiones intencionadas (artículo L-113-8) guardando silencio sobre el particular en relación al supuesto de omisiones frente a las cuales no puede llegar a atribuírseles mala fe (artículo L-113-9), sería la misma jurisprudencia francesa la que la habría hecho extensiva para todos los casos de declaraciones incorrectas, sustentándose en la interpretación según la cual la valoración de la representación que pudo haberse formado el asegurado sobre el riesgo debe ser valorada teniendo en consideración únicamente las circunstancias que habrían desempeñado en el momento en el que la información fue declarada, y no posteriormente, por lo que las particularidades atinentes al modo en que se desenvolvería o manifestaría la realización del riesgo no podrán alterar el carácter irregular y originario de la declaración[11].

Vale la pena señalar en este punto, a modo de dato histórico, a la vez que curioso, que, el artículo L-191-4 del referido Código de seguros francés consagraba una solución diferente para el caso de los departamentos del Bas-Rhin, del Haut-Rhin y de la Moselle, concretamente a aquella que se desprende del artículo L 113-9 para el régimen general, pues aquel determinaba que la reducción proporcional de la indemnización, para el caso de omisiones respecto a las cuales no puede ser atribuida mala fe, no tendrá lugar cuando el riesgo omitido no haya tenido “incidencia en la realización del siniestro”. No obstante lo anterior, el artículo L-191-4 fue declarado sin efectos por el Consejo Constitucional francés, por medio de un pronunciamiento que habría proferido con ocasión de una ‘cuestión prioritaria de constitucionalidad’ el 26 de septiembre del año 2014, y por medio de la cual se determinó el carácter inconstitucional del referido artículo al considerarse que el mismo vulneraba el principio a la igualdad consagrado en el artículo segundo de la Carta política francesa al incorporar un régimen diferenciado para los ciudadanos pertenecientes a tales regiones, sin que hubiese una motivación que justificase dicha distinción[12].

2.2. El ordenamiento jurídico alemán.

Por su parte, el ordenamiento jurídico alemán, impelido primordialmente por el deseo de garantizar un mayor grado de equidad[13], rompería con la visión tradicional gala, y daría paso a una suerte de giro copernicano en relación al modo de percibir la trascendencia y relevancia de la relación causal siniestral en el ámbito del incumplimiento del deber de información, lo cual tendría lugar, en un primer término, con la promulgación de su Ley del contrato de seguro (Versicherungsvertragsrecht o VVG) en el año de 1908, postura que sería reiterada cien años más tarde con ocasión de la importante reforma que se llevaría a cabo de la mencionada ley en el año 2008.

Al respecto, a modo de regla general, y conforme a lo determinado por la § 19, la ley alemana en materia de seguros dispone que, cuando se verifique un incumplimiento por parte del tomador del ‘deber de información’ (Anzeigepflicht), el asegurador se encontrará facultado para poder rescindir el contrato de seguro en el plazo de un mes contado a partir del momento en el que tuvo conocimiento del incumplimiento del referido deber (§ 21 Abs. 1), sin embargo, según determina el numeral segundo de la § 21, cuando el asegurador desista del contrato con posterioridad a la producción del siniestro -situación que representa la regla general en la práctica aseguraticia- este último no será responsable, a menos que el incumplimiento del deber de información se relacione con una circunstancia que no haya tenido ninguna influencia sobre la producción del siniestro o sobre la extensión de la obligación del asegurador.

En otras palabras, por medio del numeral segundo de la § 21, conforme una lectura en sentido negativo de lo dispuesto en la misma -de suyo coincidente con la redacción de la versión de la § 21 de la VVG de 1908-, el legislador alemán incorporaría un nuevo modo de regular la intensidad sancionatoria en los supuestos de incumplimiento del deber de información, al establecer a modo de requisito adicional para que tenga procedencia la liberación del asegurador de su obligación indemnizatoria, que dicho incumplimiento haya sido la causa de la producción del siniestro, o de la extensión de la obligación del asegurador.

De este modo, en atención de lo anteriormente expuesto, se ha llegado a considerar que, en estos supuestos, no tendrá importancia la consideración concerniente a si el asegurador, de haber conocido la información omitida o incorrectamente transmitida, hubiese contratado, o si por el contrario se habría abstenido de hacerlo o lo habría hecho en condiciones diferentes, sino que la relevancia recaerá en la determinación de si llegó o no a verificar una concatenación causal de naturaleza objetiva[14].

No obstante lo anterior, esta vez impulsado principalmente por motivaciones generales de prevención[15], el legislador alemán habría determinado subsiguientemente, por intermedio de la § 22 -tanto en su formulación originaria como en la vigente-, y a modo de excepción de la regla establecida en relación con la regla de la causalidad siniestral, que el derecho del asegurador a rescindir el contrato no se verá afectado en aquellos supuestos en los que haya llegado a interceder un ‘engaño doloso’. De este modo, tanto doctrinal como jurisprudencialmente se ha llegado a concebir que, en consideración al hecho de que el legislador ha acudido expresamente en este escenario a la idea de maquinaciones insidiosas o dolosas, lo que en realidad está haciendo es realizar una directa remisión a la teoría general de los vicios del consentimiento en materia obligacional, razón por la cual, para los efectos de las reticencias que resulten dolosas, la única relación causal que puede resultar relevante será aquella que concatena la información que fue omitida y la representación que se forjó el asegurador y que lo llevaría a contratar, siendo irrelevante así la vinculación causal que se predica entre la infracción del deber de informar y el siniestro que se materializa[16].

En un sentido análogo, siguiendo un mismo razonamiento, la legislación alemana habría optado por extender igualmente su visión respecto a la relevancia de la relación causal siniestral en sede de la regulación concerniente al supuesto de la agravación del estado del riesgo. Así, conforme a lo estipulado en el numeral tercero de la § 26 (antes reglamentado por medio de la § 25), cuando el siniestro acaezca con posterioridad a la agravación del riesgo, el asegurador estará obligado a efectuar el pago en el evento en el que la agravación no hubiese sido la causa de la ocurrencia del siniestro.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que acontece con la excepción a la regla de la causalidad en el supuesto de la reticencia consagrada en la § 22, el legislador alemán parece haber guardado silencio en tocante con los eventos en los que, a pesar de que el tomador haya logrado demostrar la ausencia de un nexo causal entre la agravación del riesgo y el siniestro, este último ha actuado dolosamente. Al respecto, no obstante la existencia de una aparente laguna legal, se ha llegado a considerar que en los casos en los que interceda dolo del asegurado en el supuesto de una agravación del riesgo, se deberá interpretar extensivamente la lógica consagrada por la § 22, y, en tal sentido, denegar cualquier relevancia a la ausencia de relación causal siniestral en tales supuestos[17].

Por su parte, es menester señalar que, en lo que respecta al onus probandi, sea para uno u otro supuesto (declaración o agravación del riesgo), en el sistema alemán se ha adoptado la que se ha denominado como ‘contraprueba de causalidad’ (Kausalitätsgegenbeweis)[18], por virtud de la cual se considera que será en cabeza del asegurado que gravitará la carga probatoria atinente a la comprobación de la ausencia de verificación de un vínculo causal que concatene el incumplimiento del referido deber, o la agravación del riesgo, con la efectiva materialización del siniestro[19].

2.3. El ordenamiento jurídico austriaco:

Este novedoso esquema que en materia de la regulación de la reticencia e inexactitud habría elevado a nivel normativo el legislador alemán, sería seguido, con cierta rigurosidad, por el ordenamiento jurídico austriaco a través de su Ley del contrato de seguro (Versicherungsvertragsgesetz o Vers VG) de 1958.

Así, en forma análoga a lo que acontece en el caso del ordenamiento jurídico alemán, el § 21 de la ley austriaca determinaría que, en caso de un incumplimiento del deber de información, si el asegurador optase por desistir del contrato con posterioridad a la materialización del riesgo asegurado, este último seguirá siendo responsable de su obligación cuando la circunstancia respecto de la cual se habría incumplido el mencionado deber no hubiese influido en la ocurrencia del siniestro, o en el alcance de la misma, llegándose incluso a considerar que, en tales supuestos, no revestirá ninguna importancia la hipotética consideración enderezada a determinar si el asegurador, de haber conocido la información omitida o incorrectamente transmitida, hubiese o no llegado a contratar o si lo hubiese hecho en condiciones diferentes[20].

A su turno, cabe destacar que el legislador austriaco, siguiendo con ello igualmente el modelo del sistema alemán, optó por exceptuar la aplicación de la regla de la relación causal siniestral en los supuestos en los que interviniesen engaños dolosos, conforme se dispone en la § 22 de la precitada ley.

2.4. El ordenamiento jurídico italiano.

Por su parte, el ordenamiento jurídico italiano, muy tempranamente habría receptado la tradicional visión francesa que aboga por la determinación de una irrelevancia de la relación causal en materia sinietral, y le habría otorgado un expreso sitial normativo a la misma, tal y como aconteció en el caso del afamado Código de Comercio del año de 1882.

En efecto, siguiendo una formulación de suyo rigurosa y fuertemente inclinada por la protección del asegurador, a través del artículo 429 del mencionado código se determinó que cualquier declaración falsa o errónea, así como también cualquier reticencia, que llegasen a recaer sobre circunstancias conocidas por el asegurado, darían lugar a la nulidad del contrato de seguro, “aunque la declaración o la reticencia correspondan a circunstancias que en efecto no han influido sobre el daño o sobre la pérdida de la cosa asegurada”[21], reproduciendo así literalmente lo que ya habría sido establecido para el año de 1818 en el Código de Comercio, del entonces soberano, y recientemente constituido, ‘Reino de las Dos Sicilias’[22].

No obstante lo anterior, y contrario a lo que acontecía en los proyectos que lo precedieron, dicha disposición no fue recogida por parte de los artículos 1892 y 1893 del Código Civil italiano del año 1942, los cuales representan la normativa que regula la materia relativa a las declaraciones inexactas y reticentes en la actualidad, siendo disposiciones que, en un sentido similar a lo que habría acontecido en Francia con la Ley del contrato de seguro de 1930, habrían integrado una flexibilización en materia sancionatoria en aras de favorecer a quienes se comportan conforme a la buena fe. De este modo, como consecuencia de la falta de transposición de la fórmula decimonónica relativa a la irrelevancia de la relación causal, se daría paso a una bifurcación, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, en relación con el modo con arreglo al cual debía interpretarse el silencio del legislador italiano respecto a la materia[23].

Así, un primer sector, el cual puede considerarse como el mayoritario, siguiendo el pensamiento del ilustre jurista italiano Antigono Donati, se ha decantado por considerar que, a pesar de la falta de un acogimiento expreso por parte de la normativa vigente de la precedente salvedad que descalificaba cualquier trascendencia de la relación de causalidad siniestral, la exigencia de un vínculo de conexidad entre la información omitida y el siniestro debía ser considerada como irrelevante para efectos de dar aplicación a los artículos 1892 y 1893, ello bajo el entendido que, el único vínculo causal que resulta trascendente para tales efectos será aquel que se predica de la defectuosa declaración por parte del asegurado y la viciada representación que se habría configurado en cabeza del asegurador[24], siendo esta una lectura interpretativa que sería compartida por parte de la jurisprudencia ‘di merito’, la cual, en modo prevalente, se inclina por concebir que la valoración de la reticencia debe ser analizada conforme a la determinación del riesgo que se dio al momento de la conclusión del contrato[25].

Por su parte, afiliándose a una interpretación diversa, un segundo sector -el que, a pesar de constituir la posición minoritaria, se encuentra respaldado por un importante número de destacados juristas- se ha inclinado por considerar que la falta de una incorporación de la antigua formula en el marco de la nueva regulación en materia aeguraticia, representaría una omisión intencionada por parte del legislador italiano, la cual debería ser interpretada en modo tal que permitiera entender que únicamente podrá atribuírsele relevancia a la reticencia o la inexactitud, entendidos como factores que dan lugar a la activación de los mecanismos liberatorios de la obligación indemnizatoria en cabeza del asegurador, cuando se verifique la existencia de un nexo que los vincule causalmente con aquellas circunstancias que efectivamente hayan llegado a influir en la producción del siniestro.

En este sentido se ha pronunciado la distinguida profesora emérita de la Universidad de Génova, Giovanna Visintini, quien manifiesta que, del estudio de los trabajos preparatorios del Código Civil de 1942, puede concluirse que la eliminación de la vieja fórmula de corte francés se debería “al hecho que a la comisión parlamentaria, a la cual le fue sometida el último proyecto de un código de comercio en 1940, la norma parecía socialmente injusta”, afirmando adicionalmente que, la adhesión a la tesis según la cual el legislador italiano le habría abierto las puertas a la teoría de la relevancia de la relación causal siniestral, se encontraría “en línea con un cierto favorecimiento frente a la posición del asegurado, la cual era una de las intenciones del legislador de 1942 (…)”[26].

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, quienes se han inclinado por esta última tesitura lo han hecho dando cabida a una matización, pues consideran que tal interpretación únicamente puede tener cabida para efectos de la aplicación del artículo 1892 del Código Civil italiano, y que, en tal sentido, no podrá resultar extensible al supuesto regulado por el artículo 1892 que refiere al caso de reticencias que son motivadas por dolo o culpa grave, pues esta última es una norma que se fundamenta sobre la teoría de los vicios de la voluntad, y no sobre el equilibrio entre la prima y el riesgo, como si acontece en el caso del artículo subsiguiente[27].

Una interpretación similar habría sido acogida por parte de la Corte de Casación italiana en un pronunciamiento que fue proferido en el año de 1956 con motivo de un seguro de vida, y en el cual dicha corporación manifestó que, al no encontrarse vinculada la enfermedad que provocaría la muerte del asegurado por un nexo causal con las enfermedades que habían antecedido a la celebración del contrato y con respecto a las cuales este último guardó silencio al momento de declarar el estado del riesgo, la reticencia no pudo haber llegado a influir en relación con la exacta representación del riesgo en cabeza del asegurador[28], siendo esta una tesitura que, de uno u otro modo, ha llegado a ser respaldada por alguna jurisprudencia ‘menor’ o ‘di merito’[29].

No obstante lo anterior, y al margen de este aislado pronunciamiento, lo cierto es que la Corte de Casación italiana no parece haber resuelto la cuestión afiliándose de manera clara y contundente a una u otra postura hasta la fecha. Sin embargo, sustentándonos en recientes fallos proferidos por esta corporación, es posible llegar a considerar que, al menos en lo que respecta a los supuestos en los que la reticencia o la inexactitud hayan sido fruto de maquinaciones dolosas o gravemente culposas, esto es, en lo tocante al ámbito de aplicación del artículo 1892, la Corte italiana tácitamente se ha orientado por descartar la exigencia de la relación causal siniestral, para efectos de abrirle paso a la anulación del contrato de seguro en dichos supuestos.

Efectivamente, siguiendo una línea jurisprudencial más consolidada, el alto tribunal italiano, por medio de una reciente ‘ordinanza’ del año 2020, cuyo propósito es el de brindar mejores luces sobre la forma en que debe ser aplicado el artículo 1892, habría determinado que, para que el incumplimiento de la declaración del estado del riesgo pueda llegar a configurarse como una causal de nulidad del contrato de seguro, se requerirá de la verificación cumulativa y simultánea de tres requisitos, a saber: “a) que la declaración sea inexacta o reticente; b) que la declaración haya sido realizada con dolo o culpa grave; c) la reticencia haya sido decisiva en la formación del consentimiento del asegurador”, excluyendo así la necesidad de otra clase de vínculo causal diferente al que debe predicarse de la información omitida y la formación del consentimiento otorgado por el asegurador[30].

2.5. El ordenamiento jurídico español.

En un sentido similar a lo que se predica del ordenamiento jurídico italiano, el legislador español, con base en lo señalado por la Ley 50 del Contrato de Seguro del año 1980, se habría abstenido de incorporar una formula normativa por medio de la cual expresamente hubiese establecido si, para efectos de la aplicación de las sanciones consagradas por medio de su artículo 10 en caso de reticencia e inexactitudes, resultaba necesaria la verificación de una relación de causa y efecto en materia siniestral, siguiendo con ello el modelo germano, o si por el contrario, se debería predicar una absoluta irrelevancia de una vinculación de tal naturaleza, afiliándose así a la visión francesa.

De esa manera, como consecuencia del silencio por el cual habría optado el legislador, en el marco del sistema español, especialmente en el ámbito jurisprudencial, y más particularmente en sede de la denominada ‘jurisprudencia menor’ (jurisprudencia regional), la cuestión no ha resultado del todo pacífica, pues a lo largo de los años se ha venido verificando la convergencia principalmente de dos tesituras que se inclinan por adoptar soluciones sustancialmente diversas[31].

En este sentido, por un lado, se observa una primera tesis, de suyo mayoritaria, conformada por un grupo de pronunciamientos de los que se logra entender -tácita o explícitamente- que, con el fin de darle cabida a una correcta aplicación de los efectos jurídicos que se desprenden del artículo 10 Ley del Contrato de Seguro, no resultará necesaria la comprobación de una concatenación entre las circunstancias omitidas y la materialización del riesgo asegurado, adscribiéndose así a la teoría de la irrelevancia de la relación causal[32], mientras que, por el otro lado, se observa otra línea tendencial conformada por más de veinticinco pronunciamientos judiciales proferidos por un importante número de Audiencias Provinciales de España, que se ha venido consolidado a lo largo de casi cinco lustros, la cual se inclina por atribuir relevancia, para efectos de la interpretación para la aplicación de las consecuencias de naturaleza sancionatoria que se derivan del artículo 10, a la verificación de una vinculación ‘directa e inmediata’, o, cuanto menos, de una relación de causa a efecto -según una interpretación aparentemente más flexible seguida por algunos tribunales-, entre las circunstancias omitidas y el riesgo que efectivamente se materializa[33].

Ahora bien, no obstante la existencia de una copiosa jurisprudencia por parte de los tribunales menores, el Tribunal Supremo español, al menos en un principio, no parecía haber abordado la citada temática de un modo tal que permitiese concluir, de forma clara y contundente, la adscripción de este órgano jurisdiccional a una u otra tesitura. En este sentido, se debe señalar que, si bien existen elocuentes pronunciamientos de los cuales es posible observar que esta importante corporación le ha otorgado cierta relevancia a la teoría causal, pues en ellos de forma expresa se da a la tarea de evaluar la posible verificación de una vinculación causal entre la omisión y la causa del siniestro, lo cierto es que, en línea de principio general, termina por desestimar la procedencia de la sanción del artículo 10 por una motivación diferente, otorgándole a la falta de verificación de un nexo causal el valor de simple argumento adicional o secundario -en ocasiones, casi ornamental-, lo cual dificulta abstraer, con certeza y precisión, si el alto tribunal español considera necesaria una conexión entre las circunstancias omitidas y el siniestro como requisito imprescindible[34].

Claro ejemplo de lo anteriormente descrito lo podemos encontrar en un reciente pronunciamiento proferido el 10 de octubre del año 2018, en el cual el Tribunal Supremo procedió a determinar si la falta de declaración por parte del asegurado sobre su consumo habitual de diversas categorías de estupefacientes, con ocasión a las preguntas que le fueron formuladas y que se encontrarían encaminadas a determinar si el asegurado fumaba o consumía bebidas alcohólicas, puede encajar en el supuesto acogido en el artículo 10 de la Ley del contrato de seguro, siendo esta una cuestión a la que el tribunal español respondería en forma negativa, pues sostendría que, en el caso sub lite, ello implicaría exonerar al asegurador de las consecuencias que debería soportar por la presentación de un cuestionario impreciso en dicho aspecto, a su vez que generaría un juicio de reproche hacia el asegurado por no haber declarado algo sobre lo que no se le cuestionó, bajo el entendido de que ello iría en contravía de la interpretación según la cual se concibe el deber de declaración como un ‘deber de contestación’ (tesis acogida en reiteradas oportunidades por el tribunal español)[35].

Los argumentos esgrimidos hasta este punto por parte del tribunal parecerían ser suficientes para permitirle desestimar la procedencia de las sanciones consagradas en el referido artículo 10, sin perjuicio de ello, este último habría decido continuar expresando que -he aquí el agregado relativo a la relevancia de la relación causal-: “Si a esto se une que, a diferencia de otros casos antes mencionados, en este no se ha probado que el asegurado sufriera con anterioridad a la suscripción de la póliza y cumplimentación de la declaración de salud ninguna patología física o psíquica vinculada al consumo de drogas y médicamente diagnosticada (…), que además pudiera vincularse causalmente con las que finalmente determinaron su invalidez, ni tan siquiera síntomas de enfermedad alguna que se manifestaran de forma evidente, por ejemplo impidiéndole trabajar, la conclusión no puede ser otra que descartar la existencia de ocultación dolosa o gravemente negligente” (se destaca)[36].

De este modo, si bien de la lectura del pronunciamiento en cuestión no es posible afirmar con plena certidumbre que el argumento concerniente a la ausencia de un vinculación causal haya constituido el razonamiento principal que condujo a motivar el fallo, sí permite corroborar que para el Tribunal Supremo, por lo menos en dicho caso, no le fue del todo indiferente la relación de causalidad al momento de determinar la procedencia de la sanción que se le atribuye a las omisiones dolosas.

Ahora bien, lo anteriormente expuesto, parece haber cambiado en un reciente y llamativo pronunciamiento del 16 de noviembre del año 2020, en el cual se evaluó el caso de un seguro de vida con fundamento en el que se reclamó la suma asegurada a raíz de la defunción del asegurado que se habría generado como consecuencia de un cáncer de pulmón, frente al cual la compañía aseguradora se opuso, principalmente alegando que el asegurado habría omitido informar sobre antecedentes médicos al momento de realizar la declaración del estado del riesgo por medio del cuestionario de salud que esta le habría suministrado.

Al respecto, y sin perjuicio de que es cierto que en el fallo en cuestión se verificaría una discusión en lo tocante a la posible ambigüedad del formulario en relación a una pregunta en particular, el Tribunal, al momento de examinar la plataforma fáctica respectiva, habría afirmado que en el caso objeto de análisis el asegurado habría omitido antecedentes médicos que conocía o debía haber conocido y respecto de los cuales se le habría preguntado en el cuestionario que le fue suministrado, por lo que, en línea de principio, la aplicación de la sanción consentida en el artículo 10 parecería procedente. No obstante, el alto tribunal español llegaría a la conclusión de que la ocultación de tales “antecedentes de salud referidos al infarto y a las patologías de tipo cardiovascular relacionadas con el mismo no deben producir, conforme a la jurisprudencia sobre el art. 10 LCS, el efecto de liberar a la aseguradora demandada del pago de la suma asegurada, dada la falta de relación causal entre los antecedentes omitidos y la causa del fallecimiento del asegurado, que estuvo en un cáncer de pulmón diagnosticado cuatro años después de suscribir el seguro y que no se ha probado hubiera manifestado hasta entonces sintomatología alguna” (se destca)[37].

2.6. El ordenamiento jurídico estadounidense:

En lo que respecta al sistema del common law, llama fuertemente la atención el caso del ordenamiento jurídico estadounidense, en el cual, si bien, al menos a prima facie, no parece existir una regulación uniforme y generalizada en lo tocante a la exigencia de una relación causal objetivada en materia aseguraticia -lo cual puede hallar una clara justificación en la misma naturaleza confederada que es propia de este ordenamiento-, si es posible verificar la existencia de diferentes acercamientos a dicha exigencia por parte de ciertos estados pertenecientes a esta nación.

Así, de un lado, se logra identificar un primer conjunto de estados que han optado explícitamente por negar el acogimiento a la exigencia de una vinculación causal entre la ‘misrepresentation’ y el acaecimiento del siniestro para dar lugar a la liberación de la responsabilidad del asegurador[38], siendo ejemplo de ello los estados de California[39], Illinois[40], y Virginia[41]. A este primer sector que aboga por la irrelevancia del referido vínculo causal, parecería sumársele la mayoría de jurisdicciones que no han incorporado una norma expresa en sentido contrario, ello bajo el entendido que, al interior del sistema jurídico estadounidense, por medio de la hermenéutica judicial, se ha llegado a confirmar, a modo de ‘regla general’, la idea que, “en ausencia de un estatuto legal que establezca una regla diferente, no se requiere que haya una conexión causal entre la causa de la muerte y la misrepresentation”[42].

Y de otro lado, acogiendo una interpretación contraria, se encuentra un segundo conjunto minoritario de estados[43], dentro del cual se perfilan los estados de Missouri, Kansas, Rhode Island[44], Oklahoma[45] y Arkansas, los cuales se han inclinado, legislativamente, por incorporar en modo expreso el requerimiento de un nexo causal siniestral, siendo esta la razón por la cual se les denomina como ‘estatutos causales (‘causal relation statutes’).

Así las cosas, en aras de poder brindar una breve mirada del estado de la cuestión en el ámbito de este grupo de estados que normativamente le han ofrendado carta de ciudadanía a la regla de la relación causal, hemos decidido enfocar el estudio al caso de los estados de Missouri y Arkansas, por ilustrativo.

De tal manera, en lo que respecta al Estado de Missouri, debe decirse que este ha sido considerado como el primero de los estados (leading state) en incorporar en sus estatutos, como un requisito para la procedencia de la nulidad como mecanismo sancionador en caso de reticencia, la verificación de un nexo causal entre la información no suministrada y el siniestro materializado, tal y como se puede verificar de la lectura de la sección 5976 que sería incorporada en los estatutos del año de 1879[46], esto es, veintinueve años antes de que el legislador alemán promulgara su Ley del contrato de seguro, siendo este, por lo tanto, posiblemente uno de los antecedentes legislativos más antiguos en relación con la incorporación de la regla de la relación causal siniestral a nivel internacional.

En la actualidad esta disposición se ve replicada por parte de la sección 376.580 de los estatutos, ya que en ella específicamente se determina como uno de los requerimientos para que ‘misrepresentation’ llegue a ser considerada como material, y que, por tal vía, pueda dar lugar a la anulación de una póliza, que la falsa declaración efectivamente haya llegado a contribuir a la materialización del siniestro, siendo esta una interpretación que ha sido seguida con cierta fidelidad por parte de la jurisprudencia de los tribunales oriundos de este Estado[47].

Por su parte, Arkansas sería uno de los primeros estados que incorporaría por vía jurisprudencial la regla concerniente a la exigencia de una relación causal entre las circunstancias omitidas y el siniestro, tal como aconteció en 1969 con ocasión del caso conocido como Old Republic Insurance Co. v. Alexsnder, siendo esta una interpretación que se acogería nuevamente cinco años más tarde, en el caso National Old Line Insurance Co. v. People, en el cual la Corte Suprema de Arkansas determinó que la “justicia y la razón apoyan la visión que una conexión causal debe ser esencial”[48].

Sin perjuicio de lo ya anotado, es de resaltar que, después de casi quince años, el alto tribunal de Arkansas decidió dar un vuelco en la materia con el precedente de Southern Farm Bureau Life Insurance Co. v. Cowger en 1988[49], en el cual la Corte consideró que, respecto a las motivaciones de justicia y razón que los había llevado a adoptar una interpretación favorable frente a la exigencia de una relación de causalidad existe también una contrapartida, pues indicó que, de llegar a adoptarse una lectura en tal sentido, se correría el riesgo de que eventualmente se pudiese llegar a favorecer a un asegurado que malintencionadamente defraudase a la compañía de seguros al decidir omitir una circunstancia para pagar una prima menor, arriesgándose así a que si descubriesen su reticencia podría llegar a tener o no cobertura dependiendo de la relación causal que exista entre su omisión y el siniestro, mientras que, en el evento contrario, esto es, en el caso de un asegurado honesto que declara con toda sinceridad el estado del riesgo, no lo favorecería, puesto que, debido a su declaración sincera, podrían llegar a negársele cobertura[50].

Ahora bien, no obstante la oscilación interpretativa por parte de la Corte de Arkansas en relación con el particular, lo cierto es que, la atribución de trascendencia al requisito de una conexión causal, en cierto modo, volvería a tener acogimiento en este estado, esta vez, ello es importante, por vía legislativa, ya que para el año de 1989 se introdujo nuevamente la exigencia de la relación causal por medio de los llamados estatutos de Arkansas, lo cual se vería reproducido en la versión del año 2019 del ‘Arkansas Code’, cuya sección 23-79-107 determina que, como regla general, las declaraciones falsas no impedirán una indemnización por virtud del contrato de seguros celebrado, a no ser que las mismas sean fraudulentas o resulten ‘materiales’, supuesto este último que, conforme a lo dispuesto en su literal ‘c’, tendrá lugar cuando “exista una relación de causalidad entre la misrepresentation y el riesgo que resulta en una pérdida bajo la póliza o el contrato”[51].

2.7. El ordenamiento jurídico chino:

Por su parte, en lo que respecta al continente asiático, el ordenamiento jurídico chino, por medio de su ley del contrato de seguro del año de 1995, siguiendo un modelo similar al de los ordenamientos de corte romano-germánicos, se habría inclinado por realizar una distinción entre los supuestos en los que el incumplimiento del deber de declaración del estado del riesgo se realiza de forma intencionada de aquellos en los que es producto de una grave negligencia.

De ese modo, tomando como fundamento tal distinción, y conforme a lo dispuesto en la precitada ley, se ha determinado que, para efectos del primero de los supuestos, esto es, en el caso de reticencias dolosas, la prueba de una relación causal entre la información omitida o inexactamente comunicada y la materialización del riesgo resulta irrelevante o innecesaria, mientras que, por el contrario, conforme a lo establecido en el parágrafo quinto del artículo 16 de la ley en cuestión, en aquellos eventos en los que el incumplimiento del deber de declarar el estado del riesgo haya sido el fruto de una culpa grave, la liberación del asegurador se verá condicionada a que dicho incumplimiento ‘materialmente haya llegado afectar la ocurrencia del siniestro’[52], siendo esta una disposición que ha sido interpretada por parte de la jurisprudencia china en modo tal de permitir acoger, en el caso de este último escenario, la aplicación de la regla de la relación causal siniestral[53].

Al respecto, resulta ciertamente llamativo que en materia jurisdiccional los diferentes tribunales de la República Popular de China han adoptado diversas formas de determinar el alcance del vínculo de causalidad necesario, así algunos tribunales se han inclinado por exigir una ‘conexión causal directa’, o una ‘conexión causal próxima’, las cuales han sido consideradas como equivalentes, pues se concibe que, a pesar de la alternancia del calificativo ‘directo’ y ‘próximo’, en realidad ambas engloban la exigencia de que el siniestro sea efectivamente consecuencia de la circunstancia no declarada, mientras que, otros tribunales, se han decantado por incorporar un requisito, de suyo menos riguroso, exigiendo así una llana ‘conexión causal’, sin calificativos u ornamentos que la acompañen, la cual ha llegado a interpretarse en modo tal que permita concebir como suficiente la verificación de una simple conexión causal, es decir, cuando la circunstancia omitida no cuenta con una alta potencialidad probabilística para materializar el riesgo[54].

Por su parte, siguiendo una misma línea, la ley china habría incorporado (artículo 52) el requisito de la exigencia de una relación de causalidad objetiva para efectos de la liberación del asegurador de su obligación cuando el asegurado haya incumplido con el deber de información en el supuesto de una agravación significativa del estado del riesgo[55].

2.8. El ordenamiento jurídico peruano:

El sistema jurídico peruano, a través de su moderna legislación en materia de seguros (Ley Nº 29946 del año 2013), abiertamente se distanció de los modelos legislativos más tradicionales, al regular la materia concerniente a la reticencia y a las declaraciones inexactas[56], pues con miras a darle mayor aplicación, cabida o extensión al principio de la preservación de los efectos del contrato, uno de los mas dominantes en el siglo XXI en el campo de la contratación privada, incorporó la exigencia de una vinculación causal que conecte las omisiones o inexactitudes con la materialización del riesgo asegurado, como un requisito condicionante para que pueda tener lugar el mecanismo sancionatorio de la nulidad del contrato de seguro, en los supuestos en los que se verifiquen reticencias o declaraciones inexactas ‘no dolosas’.

Así, conforme a lo estipulado en el artículo 15 de la ley en referencia, el cual lleva el rótulo de ‘subsistencia del contrato’, se determina que, “En los casos de reticencia y/o declaración inexacta no procede la nulidad, revisión o resolución del contrato, cuando: (…) b) Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta cesaron antes de ocurrir el siniestro o cuando la reticencia o declaración inexacta no dolosa no influyó en la producción del siniestro ni en la medida de la indemnización o prestación debida (…)” (se destaca)[57].

De este modo, el ordenamiento peruano se posicionaría como el primero de los ordenamientos jurídicos en el entorno latinoamericano que se decantaría por adscribirse, en modo expreso, a la corriente tendencial que en materia legislativa, y a nivel internacional, se inclina por atribuirle relevancia a la exigencia de una relación de causalidad que vincule el incumplimiento del deber de declaración del estado del riesgo y la materialización del siniestro para la correcta procedencia de las sanciones en caso de reticencia, y lo hace a su vez delimitándolo únicamente para los casos de reticencias o declaraciones inexactas no dolosas.

Igualmente, siguiendo la misma lógica, cabe señalar que el legislador peruano acogió la exigencia de la relación causal siniestral para efectos de la aplicación de las sanciones en materia de la agravación del riesgo, tal y como se desprende de lo preceptuado por el artículo 62 de su ley en materia de seguros, el cual determina que, cuando el asegurado haya omitido denunciar la agravación del estado del riesgo, el asegurador quedará liberado de su prestación si el siniestro se produce mientras subsista dicha agravación, sanción esta última que, sin embargo, no tendrá aplicación “si la agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre la medida de la presentación a cargo del asegurador”.

2.9. El ordenamiento jurídico uruguayo:

Continuando en el escenario latinoamericano, particular mención debe hacerse del ordenamiento uruguayo, en el cual la doctrina tradicional, de forma prevalente, se habría mostrado partidaria por negar cualquier incidencia a la exigencia de una relación causal entre la declaración reticente o inexacta, de un lado, y la materialización del riesgo, del otro[58], sustentándose para ello primordialmente en el hecho de que, el legislador, al haber reglamentado la temática concerniente a la declaración del estado del riesgo (en su momento regulada por intermedio del artículo 640 del Código de Comercio), habría sancionado indistintamente “toda declaración falsa o toda reticencia”, lo cual permitía concluir que, al no realizar distingo alguno, poco o nada podría llegar a importar la falta de una verificación de un nexo causal siniestral, ya que, cualquier tipo de reticencia o inexactitud que resulte relevante daría lugar a la nulidad del contrato de seguro[59].

No obstante lo anterior, y a pesar de la contundencia del legislador al momento de sancionar, en forma radical e inflexible, las reticencias e inexactitudes en el ámbito aseguraticio, la jurisprudencia de la Corte Suprema uruguaya llegó a adoptar una interpretación de la normativa diversa a aquella que para entonces habría prevalecido en la doctrina, al manifestar por medio de una sentencia proferida en el año de 1999 (sentencia 232/99) que, en orden a que se pueda dar lugar a los mecanismos sancionatorios en materia de reticencia o inexactitudes, se requerirá que la “circunstancia omitida tenga una influencia decisiva en el acaecimiento del siniestro y en la extensión del daño” [60], siendo esta una lectura que, de una u otra manera, parece haber sido reiterada años más tarde por parte de la misma corporación[61].

Ahora bien, no obstante la divergencia de lecturas que se derivaban del dialogo entablado entre la doctrina y la jurisprudencia, la nueva ley en materia de seguros uruguaya, la cual fue promulga en el año 2018 -siendo por lo tanto, en la hora de ahora, la regulación más reciente que, en modo integral, se ha realizado en materia de seguros en el continente latinoamericano-, reprodujo, en su artículo 46, el contenido de su predecesor normativo, acogiendo así la formula que erige una sanción frente a ‘toda reticencia o inexactitud’, y guardando silencio en lo que respecta a la relevancia o irrelevancia que se debe atribuir a la exigencia de una relación causa siniestral, distanciándose con ello de la corriente tendencial que se vendría verificando en el contexto internacional, y que, en el marco del derecho latinoamericano, ya habría sido receptada por la ley peruana, tal y como se anotó.

Sin perjuicio de lo anterior, llama fuertemente la atención el hecho de que el legislador uruguayo sí le hubiese atribuido relevancia a la vinculación causal para efectos del supuesto de la agravación del estado del riesgo en caso de la materialización del siniestro, tal y como se desprende del artículo 20 de su nueva ley, lo cual podría llegar a invitar a un sector de la doctrina a pensar que dicha lógica podría hacerse extensiva, igualmente, para el supuesto del artículo 46, en el cual se habría guardado silencio sobre el particular, ello teniendo en mente que, ahí donde existe identidad de razón debería haber a su vez identidad de derecho, tema éste que, obviamente, será de resorte exclusivo de la doctrina o jurisprudencia uruguaya.

2.10. Proyectos internacionales de armonización en materia de Derecho de seguros:

i. Proyecto de Ley Modelo Sobre el Contrato de Seguros para Latinoamérica:

En lo que concierne al ámbito de la potencial regulación en el terreno supranacional, en un primer escenario, podemos verificar que ya en el Proyecto de Ley Modelo Sobre el Contrato de Seguros para Latinoamérica, presentado para el año 1994 bajo la dirección del distinguido profesor argentino, Juan Carlos Morandi, se habría adoptado el requerimiento de la exigencia de una conexión causal que logre coligar las circunstancias respecto a las cuales se hubiese sido reticente cob la efectiva materialización del siniestro, tal y como se corrobora de la lectura del artículo 13 del mencionado proyecto, el cual reza del siguiente modo: “Si el siniestro ocurre en el plazo para impugnar, el asegurador no adeuda resarcimiento o prestación alguna, si existió vinculación causal entre la circunstancia declarada con inexactitud o con reticencia y la que dio origen al siniestro”[62].

Así mismo, este importante proyecto de Ley Modelo, igualmente le da cabida al requisito del nexo causal en el ámbito del incumplimiento del deber de notificar sobre la agravación del riesgo, tal como se corrobora de la lectura de su artículo 64, el cual determina que, “Si el tomador o asegurado omite denunciar la agravación proveniente de las circunstancias previstas en el artículo 62, el asegurador no está obligado a su prestación si el siniestro se produce durante la subsistencia de la agravación del riesgo excepto que: (…) c) No exista relación causal entre el siniestro y las circunstancias agravantes ni en cuanto a su producción ni en la magnitud de las circunstancias” (se destaca)[63].

ii. Principios de Derecho Europeo del Contrato de Seguro:

En una dirección similar, los Principios de Derecho Europeo del Contrato de Seguro (PDECS, o PEICL por sus siglas en inglés), presentados originalmente bajo la guía del distinguido profesor alemán Fritz Reichert-Facilides, ratificarían la tendencia internacional de abogar, en el plano normativo o legislativo, por incorporar el requisito causal como un elemento adicional en la ecuación para dar lugar a los efectos sancionatorios de la reticencia, aunque lo habrían hecho desde una perspectiva de suyo más matizada.

Así, en los mencionados principios, al regular por medio del artículo 2:102 el supuesto del incumplimiento del deber de información precontractual del solicitante, conforme a lo estipulado en su parágrafo quinto -el cual es el único que se encarga de reglamentar el supuesto de la procedencia de las sanciones frente a la reticencia o a las inexactitudes en el evento que el siniestro ya se haya materializado-, se establece que “Si un siniestro es causado por un elemento del riesgo que es objeto de omisión o descripción negligente por parte del tomador de seguro, y ocurre antes de que la finalización o modificación del contrato tenga lugar, ninguna prestación asegurada será abonada si el asegurador no hubiera formalizado el contrato de haber conocido la información en cuestión”[64].

En este sentido, a pesar de que la norma no es tan clara como podría desearse, consideramos que de su contenido se logra abstraer que los redactores de los PDECS habrían decidido supeditar la liberación del asegurador de su obligación indemnizatoria en caso de reticencia o inexactitudes al cumplimiento de dos requisitos, a saber: i) uno de naturaleza objetiva que se resume en la necesidad de que el siniestro se encuentre concatenado causalmente con una circunstancia que efectivamente fue omitida o descrita con una diligencia insuficiente, y ii) otro de carácter subjetivo que consiste en la realización de un juicio hipotético encaminado a determinar si el asegurador, de haber conocido los hechos omitidos o deficientemente informados, se habría llegado a abstener de celebrar el contrato de seguro que es objeto de controversia.

Desde esta perspectiva, y a pesar de que reiteramos que el contenido de la norma puede dar lugar a distintas interpretaciones, consideramos que, de una lectura formulada en un sentido inverso, es decir, desde una proposición negativa de lo que el artículo en cuestión dispone, es posible concluir que para los PDECS, aún cuando se haya comprobado un incumplimiento al deber de información por parte del solicitante, en caso de verificarse un siniestro, el asegurador deberá dar cumplimiento a la obligación indemnizatoria que sobre él gravita, siempre que dicho siniestro sea consecuencia (vínculo causal) del riesgo que en su momento habría sido objeto de la omisión o descripción negligente por parte del tomador, es decir, que la materialización del riesgo asegurado se encuentre conectada causalmente a las circunstancias que fueron informadas imperfectamente o respecto de las cuales se fue reticente.

Una interpretación de la norma en este sentido encuentra un claro respaldo por parte de los mismos comentarios que originalmente fueron realizados por parte del comité redactor de los PDECS, pues en ellos, en lo tocante al parágrafo quinto del artículo 2:102, se observó que: "Los procedimientos previstos en el artículo 2:102 llevan tiempo y, además, un error de no divulgación puede descubrirse sólo después de que se haya producido un evento asegurado. Así, el parágrafo 5 del artículo 2:102 establece que, en tal caso, el dinero del seguro seguirá siendo pagadero al tomador del seguro en su totalidad. Lo mismo ocurre cuando el error o la falta de declaración es producto de la negligencia del tomador del seguro, siempre que no exista una relación causal con el siniestro. Sin embargo, cuando existe una negligencia y una conexión causal, el dinero del seguro a pagar se matiza en la forma establecida en el artículo 2:102 apartado. 5" (se destaca)[65].

A una misma conclusión puede llegarse por medio de una interpretación conjunta de los principios toda vez que en ellos, conforme a lo preceptuado en su artículo 4:202, se le atribuye relevancia al requisito de la concatenación causal para efectos de la aplicación de las sanciones que se articulan en el caso del incumplimiento del deber de comunicación de la agravación del estado del riesgo. Al respecto, el numeral tercero del artículo en cuestión dispone que: “En caso de incumplir el deber de comunicación, el asegurador no podrá rehusar por esta razón el pago de cualquier pérdida que provenga de un suceso que se encuentre dentro de la cobertura, a menos que dicha pérdida haya sido causada por la falta de comunicación de la agravación del riesgo”[66].

Así las cosas, tal como pudimos anticipar, a pesar de que los PDECS parecerían haber acogido el requisito objetivo concerniente a la verificación de un nexo causal entre la reticencia o inexactitud y el siniestro, lo habrían hecho delimitándolo al condicionarlo con un ‘plus’ que debe verificarse en orden de permitir que el asegurador no pueda quedar liberado de su responsabilidad en estos eventos, el cual consiste en la realización de un análisis subjetivo que lleve a concluir que el asegurador habría celebrado el contrato de seguro incluso de haber conocido la información que no le fue suministrada o que se le suministró de manera deficiente. De este modo, si se llegase a materializar un siniestro que no tuviese conexión causal alguna con la información omitida por el tomador, el asegurador quedará igualmente liberado si logra demostrar que, de haber conocido las circunstancias omitidas, no habría llegado a celebrar el contrato de seguro en cuestión.

3. Pluralidad de tesis en torno a la regla de la relación causal siniestral. Aproximación legislativa, jurisprudencial y doctrinal-33

En un todo de acuerdo con el examen anterior, concerniente a la exigencia de la relación causal siniestral en el Derecho comparado, y tomando como fundamento las diferentes visiones que doctrinal, jurisprudencial, y legislativamente han sido acogidas en el plano internacional, creemos que es posible avizorar y, por ello aludir a la existencia de una pluralidad de tesis o vías por medio de las cuales se ha buscado incorporar, con distintos matices y diferentes grados de intensidad, una exigencia causal objetiva tratándose de la regulación del deber de declaración del verdadero estado del riesgo.

3.1. Exigencia de una relación causal plena, absoluta o ‘irrestricta’:

Una primera tesitura o camino sería aquél que se inclina por acoger, de manera plena e irrestricta, la regla de la relación causal siniestral como un requisito de perentorio e inexcusable cumplimiento para efectos de dar cabida a la correcta procedencia de la activación de los remedios o mecanismos sancionatorios que son consagrados como respuesta al incumplimiento al deber de declaración sincera del estado del riesgo por parte del asegurado o tomador.

Así, conforme a esta primera vía, la existencia de una ruptura o escisión en la concatenación causal con la que se liga la información que fue omitida o deficientemente transmitida con el evento que configura la materialización del riesgo, bastará para que la obligación del asegurador permanezca incólume e inalterada (suponiendo que todos los demás requisitos jurídicos necesarios tengan cabida), no obstante la existencia de una reticencia o inexactitud, ello con total independencia de las posibles consideraciones en lo tocante al componente subjetivo del comportamiento del asegurado o del tomador, o de la defectuosa representación que pudo haberse forjado el asegurado al momento de celebrar el contrato[67].

De este modo, como consecuencia de su formulación más extrema, esta primera tesitura ha sido objeto de importantes críticas y observaciones, pues se considera que la misma podría colisionar con elevados postulados en materia del Derecho de seguros, llegándose a aseverar que una visión de tal entidad no lograría encontrar avenencia con el principio de buena fe, el de la equivalencia de las prestaciones[68] y con la protección de la sanidad que debe predicarse del consentimiento originario por parte del asegurador al momento de contratar, siendo estos precisamente los principales pilares sobre los cuales se habría estructurado la teoría clásica de la proscripción o rechazo de la reticencia en materia aseguraticia[69].

En virtud de lo anterior, tal interpretación de la regla de la relación causal (absoluta) no ha contado con un gran acogimiento y entusiasmo generalizado a nivel internacional, haciendo la salvedad del caso de algunos de los estados pertenecientes al ordenamiento jurídico estadounidense, así como también, en la esfera ‘pre-legislativa’, del referido Proyecto de Ley Modelo Sobre el Contrato de Seguros para Latinoamérica y el moderno Proyecto de Código civil colombiano de 2020, al cual referiremos más adelante.

Ahora bien, si bien es cierto que una lectura ‘maximalista’ como la que venimos describiendo -al menos en el estado actual de las cosas-, difícilmente lograría encontrar concordancia plena con la estructura y con teleología aseguraticia que rige la mayoría de sistemas de corte romano-germánico, ello no puede llevar a considerar que la misma deba ser inexcusablemente descalificada.

En efecto, vistas bien las cosas, este tipo de tesitura podría llegar a ser concebida como un reflejo o una concreta manifestación de un fenómeno tendencial que se ha venido abriendo paso en los últimos lustros en sede del Derecho contractual, en general, así como del Derecho de seguros, en particular, de conformidad con la cual, en pro de favorecer una efectiva y sostenida preservación de los efectos del contrato, se busca reducir el rigor y el campo de aplicación de instrumentos sancionadores con connotaciones más radicales que conllevarían al indefectible ocaso del vínculo contractual. Por consiguiente, optando por una posible morigeración en relación con la visión, de suyo más tradicional, según la cual se le debe atribuir la más alta de las penalidades a aquellos supuestos en los que el dolo llegue a interceder, no se accede de plano y ciegamente a la nulidad, lo que explica que, para ello, se tenga en cuenta la referida regla de la relación causal siniestral.

Al margen de lo indicado hasta este punto, cabe señalar que incluso de ser acogida esta lectura ‘maximalista’ de la teoría de la relación causal siniestral, podría aplicarse una graduación o atenuación del espectro aplicativo suyo, por lo menos en la práctica, lo cual podría tener lugar si el juzgador, al momento de examinar el requerimiento de la vinculación causal objetiva, considerase que resulta suficiente para la satisfacción del mismo la comprobación de la existencia de una ‘concausa’ que permita concatenar la información omitida o inexacta y la materialización del siniestro para dar cabida con ello a la liberación del asegurador, tal y como acontece en el caso del ordenamiento jurídico de la República Popular de China, en el cual, según se reseñó, algunos tribunales han considerado que la comprobación de una ‘conexión causal próxima’ será suficiente para dar lugar a la aplicación de los efectos sancionatorios que se derivan del incumplimiento del deber de información por parte del tomador[70].

3.2. Exigencia de una relación causal atenuada, relativa o limitada:

Una segunda tesitura es aquella que se inclina por acoger la regla de la relación causal siniestral en modo atenuado o delimitado, considerando así que, en orden a lograr la correcta aplicación de los mecanismos sancionatorios que se instituyen como respuesta al incumplimiento del deber de declarar el verdadero estado del riesgo, se demandare, por regla, la exigencia de una vinculación causal entre el incumplimiento del precitado deber y las especificas circunstancias que darían lugar a la materialización del riesgo asegurado, exigencia ésta que, sin embargo, en determinados supuestos, no sería de recibo[71].

Siguiendo este razonamiento, se ha entendido que no podrá atribuirse relevancia alguna a la exigencia de una concatenación causal principalmente en función de la corroboración, cumulativa o alternativa, de dos supuestos: i) cuando haya intercedido dolo o culpa grave por parte del asegurado o tomador, y ii) cuando se haya configurado una errónea y relevante representación en cabeza del asegurador[72].

i. Delimitación en función de la constatación de comportamientos dolosos o gravemente culposos por parte del tomador o asegurado.

Conforme a esta primera delimitación, resultará necesario entrar a distinguir los eventos en los que la omisión se ha visto acompañada por insidiosas y fraudulentas intenciones, esto es, en los supuestos en los cuales haya mediado dolo, o, para sus mismos efectos -en el caso de los ordenamientos que abogan por una equiparación- una culpa grave, y aquellos escenarios en los que, a pesar de haber declarado en forma inexacta el verdadero estado del riesgo, el asegurado o el tomador habrían actuado de modo probo y leal. De esta manera, siguiendo aquella reflexión realizada en su momento por el egregio mercantilista español, Joaquín Garrigues, conforme a la cual: “la buena fe es el espejo en el que se reflejan las normas del seguro”[73], se buscaría brindar un tratamiento más beneficioso e indulgente en aquellos supuestos en los que el tomador o el asegurado hayan actuado guiados por los rectos designios que han sido delineados por la buena fe, respecto de aquellos en los que ha sido el dolo y la malicia los que han escoltado su verdadera intención.

Así las cosas, de acogerse una lectura como la previamente esbozada, de un lado, se estaría favoreciendo o estimulando la buena fe, al conferir un tratamiento más benigno para quienes se orienten por este postulado, mientras que, por el otro lado, el rigor sancionatorio que tradicionalmente se ha predicado de los espacios en los que ha intercedido dolo, permanece incólume e inalterado, lo que, en últimas, termina por hacer más acentuada aquella summa divisio que en materia del tratamiento sancionatorio que se articula para el supuesto de un incumplimiento del deber de declarar sinceramente el estado del riesgo, se instaura dependiendo si llegó a haber dolo, o si por el contrario, se procedió de buena fe, tomando así un mayor distanciamiento de aquella visón primigenia que se enderezaba a sancionar indistintamente ‘toda reticencia’, no importando su génesis.

Respecto de los autores que militan en esta tesitura se encuentra la analítica profesora de la Universidad de Oviedo, María Luisa Muñoz Paredes, quien al darse a la tarea de abordar, con maestría y rigor investigativo, la temática que es motivo de la presente investigación, señaló que, si bien “en principio, debe negarse trascendencia a la relación causal entre la circunstancia omitida y el siniestro, por ser la solución más respetuosa con el principio de la buena fe y el de la equivalencia de las prestaciones”, ello no es óbice para negar cualquier trascendencia a la teoría de la relación causal, pues considera que “estimar que no pueda admitirse excepción alguna es una solución que puede dar lugar en ocasiones a resultados injustos (…)”, razón por la cual posteriormente concluye, en un plano ideal, que resulta “defendible de lege ferenda, hablando en términos de justicia, y teniendo presente que no se contrarían los principios fundamentan este deber [el de declarar el verdadero estado del riesgo], que la Ley distinguiera entre las omisiones no dolosas (o gravemente culposas) ajenas al siniestro y las otras, previendo el mantenimiento del derecho a la prestación íntegra si el asegurado (o el beneficiario) probara que en nada influyó con la circunstancia ocultada en el siniestro (…)”[74].

En atención a todo lo anteriormente expuesto, podría llegar a considerarse que, con la adopción de la presente postura sería posible arribar a una suerte de punto medio y por eso razonable (in medio stat virtus), en el cual se asegure que los postulados basilares sobre los cuales se erige el modélico deber de la declaración del estado del riesgo en materia aseguraticia, permanezcan inalterados, pero que, a su turno, y en sus debidas proporciones, se de paso a la flexibilización del rigor tradicional de las sanciones que se derivan del incumplimiento del precitado deber que se predica de las lecturas más clásicas, lo cual se verificaría al favorecer a los asegurados -o beneficiarios- que hubiesen actuado de buena fe, motivo por el cual parece adecuada la asignación del rótulo de ‘intermedia’ para esta postura, en atención a su naturaleza ponderada y razonable, en línea de gran principio, ajena a los radicalismos, absolutos o extremos[75].

De este modo, en razón de su alcance más atenuado, amén que equilibrado, es que esta tesis -hasta ahora-, ha sido la que ha contado con mayor apoyo en el marco del Derecho comparado en materia de la regla de la relación causal siniestral, pudiendo enlistarse dentro de los ejemplos de ordenamientos jurídicos que se han decantado por acogerla, el caso de Alemania, Austria, China y Perú, naciones en las cuales, a pesar de haberse acogido legislativamente la teoría de la relevancia de la relación causal objetiva, se hizo delimitándola en consideración a aquellos supuestos en los que no haya intervenido dolo o intención fraudulenta.

ii. Delimitación en función de la corroboración de la existencia de una errónea y relevante representación en cabeza del asegurador:

Una segunda delimitación, la cual, como indicamos, podría llegar a tener alguna cabida tanto en modo cumulativo como alternativo, será aquella que pretende excluir del campo comprensivo de la regla que evoca la exigencia de una conexión causal objetivada a todos aquellos eventos en los cuales, como consecuencia del incumplimiento del deber de declarar el verdadero estado del riesgo, el asegurador llegue a forjarse una representación errónea y relevante del contrato que está celebrando, es decir, en los supuestos en los que sea posible demostrar, a través de la realización de un juicio de naturaleza hipotética, si el asegurador, de haber llegado a conocer las circunstancias que fueron omitidas o defectuosamente transmitidas por parte del tomador al momento de celebrar el contrato de seguro, se habría abstenido de hacerlo, o lo habría hecho en términos más onerosos[76].

Esta parecería ser la visión por la que habrían optado los redactores de los PDECS, ya que en estos últimos, tal y como pudimos manifestarlo en su momento, además de circunscribir la relevancia de la exigencia de la relación causal siniestral únicamente a aquellos eventos en los que no haya llegado a interceder intención fraudulenta alguna, se aboga por restringir aún más el campo aplicativo de la exigencia en cuestión al negar su procedencia en los supuestos en los que sea posible determinar que el asegurador, de haber conocido la información omitida o deficientemente transmitida, se habría negado a celebrar el contrato en particular[77].

De este modo, puede corroborarse que el proyecto europeo de armonización en materia aseguraticia sometería la aplicación de la regla de la causalidad a la verificación de un filtro binario conforme al cual, de un lado, se pretende sancionar las conductas mal intencionadas de los asegurados y tomadores al momento de declarar el estado del riesgo y, del otro lado, se busca proteger las legítimas representaciones que se habría forjado el asegurador al momento de celebrar el contrato. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que, para los PDECS, la desarticulación de la procedencia del requerimiento de la vinculación causal siniestral como consecuencia de la existencia de un defecto en la representación que se formaría el asegurador, únicamente tiene cabida en los supuestos, de suyo más extremos, en los que este último, de haber conocido el verdadero estado del riesgo, no habría celebrado el contrato, dejando así por fuera de la excepción, y por ende, permitiendo la aplicación de la regla causal, aquellos escenarios en los que se logre demostrar que, de no haber intercedido una errónea representación, el asegurador habría contratado, pero lo habría hecho en condiciones diferentes.

A la luz de lo anteriormente reseñado, y teniendo en especial consideración que, conforme a lo establecido en el numeral tercero del artículo 2:102 de los PDECS, si el incumplimiento del deber de información no puede llegar a serle imputable al declarante, el asegurador no contará con facultad alguna para rescindir el contrato[78], el campo de aplicación de la regla de la relación causal siniestral es realmente reducido, ya que la misma únicamente tendrá cabida en los eventos en los cuales el incumplimiento del mencionado deber pueda ser imputable al declarante sin que constituya un supuesto de dolo, incardinándose así al interior de los fundos conceptuales de la culpa.

Siguiendo esta línea argumentativa debemos señalar que, especial atención deberá tenerse en relación a estos modelos que optan por amalgamar distintos factores limitativos, ya que con ello se reduciría sustancialmente el campo aplicativo de la regla de la relación causal siniestral, al marginar la posibilidad de predicar una relevancia de la misma únicamente en el caso de escenarios sumamente excepcionales, lo cual podría llevar a eclipsar el propósito práctico y funcional que se desprende de la regla en cuestión, el que, cabe reiterar, se caracteriza por el deseo de garantizar un mayor grado de equidad en favor de los asegurados y de sus beneficiarios, muy especialmente de cara al seguro de vida, en los que estos últimos, realmente, no tienen responsabilidad alguna frente a lo omitido, o efectuado o realizado por el asegurado.

3.3. Exigencia de una relación causal circunscrita a un determinado tipo de seguro.

Habiendo descrito la existencia de una bifurcación en cuanto a las vías o caminos de acogimiento de una precisa posición frente a la relación causal siniestral, es posible en este punto avizorar una especie de ‘tercera vía’, la que, sin embargo, no tiene autonomía propia, sino que se articularía sobre la base de alguna de las dos tesituras previamente expuestas.

En efecto, sea que se abogue por acoger la teoría de la relevancia de la relación causal absoluta, o sea que se adopte la de la teoría de la relación causal atenuada, en cualquiera de los dos escenarios existe la posibilidad de que, en atención a consideraciones de política legislativa, el ámbito de aplicación de cualquiera de ellas se circunscriba única y exclusivamente a un segmento particular del sistema aseguraticio (tipo de seguro), tal y como acontecería en el caso que se limitare al ramo vida, in concreto, ello en razón de la naturaleza misma que caracteriza y singulariza a esta tipología de seguros.

De esta forma, la aplicación de esta tercera vía podría tener lugar principalmente de dos modos distintos: i) en el caso del acogimiento de un sistema en el cual, como principio general, se predicare la irrelevancia del requerimiento de un vínculo causal entre la información omitida y el siniestro, y se estableciera, de manera excepcional, que dicha relación sólo se observaría tratándose de algunas tipologías, por ejemplo de cara a los seguros de vida, como se anunció, y ii) en el supuesto de un sistema en el que, como regla básica, se le atribuyera relevancia a la exigencia de una relación causal siniestral, pero su procedencia se encontraría limitada a la necesaria corroboración de determinados requerimientos adicionales, v.gr que no haya intercedido dolo (relación causal atenuada), mientras que, como excepción, y solo para efectos de un determinado ramo o sector de los seguros, se acepta la exigencia de la verificación de una vinculación causal siniestral como un requisito necesario para que el asegurador pueda llegar a liberarse de su obligación sin que se requiera para ello de la verificación de los requisitos adicionales antes mencionados (relación causal absoluta) .

En este sentido, puede señalarse que la adopción de esta vía podría encontrar una clara justificación en el escenario de los citados seguros de vida, ya que en este ramo en particular la materialización del riesgo asegurado se entiende configurado por el deceso del asegurado, lo que, por sí mismo suele aparejar una penosa y dificultosa situación para sus familiares, quienes, es la regla en esta tipología de seguros, son los beneficiarios, y son los sujetos que, también es la regla, no suelen tener incidencia o participación alguna en la declaración falsa o inexacta que habría podido llegar a realizar el tomador o asegurado en su momento, razón por la cual, en ausencia de la verificación de una vinculación causal siniestral, se podría optar por exceptuar la procedencia de los mecanismos sancionatorios que se articulan como respuesta en caso de reticencia, ya que ello podría llegar a dar lugar a una ‘revictimización’ de estos beneficiarios.

Al respecto, debemos manifestar que esta no sería la primera ocasión, y de seguro tampoco la última, en la que los sentimientos de justicia y equidad que se entretejen en el campo del seguro sobre la vida, en donde el componente humano resplandece y por lo tanto el mayor grado de empatía es invocado, terminan por atenuar el rigor y la severidad que, en algunos aspectos, han regido de modo indiscutido en el marco de la teoría general del contrato de seguro. Una muestra paradigmática de este fenómeno, bien puede ser hallada en el proceso evolutivo que en el Derecho aseguraticio se ha evidenciado, a nivel histórico y global, en relación con el suicidio y su concepción como un riesgo asegurable[79].

Cabe señalar en este punto que, a pesar de que esta vía de aplicación de la regla de la relación causal no ha tenido mayor acogimiento en el panorama internacional -haciendo la salvedad de algunos de los estados del ordenamiento jurídico estadounidense, en los que se le ha dado cabida a la regla de la relevancia causal siniestral respecto de los seguros de personas[80]-, lo cierto es que la misma, a futuro, podría configurarse como una alternativa legislativa interesante, por cuanto permitiría que ciertos ordenamientos que se inclinan por brindar un tratamiento más equitativo y favorable en el campo del seguro de vida, adopten la regla de la relación causal indicada, sin que por ello tenga que alterarse el régimen general de su regulación en materia aseguraticia.

 [arriba] 4. Breve referencia al estado de la cuestión en el Derecho colombiano. Somero análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia

Ahora bien, en aras de examinar la temática en cuestión en el ámbito de nuestro vernáculo ordenamiento, debemos manifestar que, el legislador mercantil colombiano, en sentido similar a lo acontecido en Italia y en España, no acogió expresamente una fórmula normativa de la cual se pudiese desprender, sin dubitaciones, si para poder aplicar los mecanismos remediales y correctivos inmersos en el artículo 1058 del Código de Comercio en materia de reticencia e inexactitudes, resultará necesaria la comprobación de una vinculación causal objetiva que concatene el incumplimiento de la declaración sincera del estado del riesgo con la materialización del mismo, o si, por el contrario, tal relación de causa a efecto no guardaría relevancia alguna para tales efectos.

No obstante lo anterior, la doctrina más tradicional a nivel nacional, siguiendo lógica del aforismo latino ‘ubi lex non distinguit, nec nostrum est distinguere’, ha abogado por negar, en modo contundente y categórico, cualquier posibilidad de integración de la exigencia de una relación causal siniestral como requisito necesario para la activación de los efectos jurídicos sancionatorios que se desprenden del artículo 1058 del Código de Comercio colombiano, habida cuenta del silencio que guardó el legislador colombiano en relación sobre el particular, a diferencia de otras naciones, en las que, como observamos, explícitamente se hizo la salvedad en comento[81].

Esta interpretación encontraría igualmente un claro respaldo en determinados textos de naturaleza pre-legislativa, de los que comprobaría que el legislador mercantil colombiano en ningún momento pretendió abrirle las puertas a la teoría de la relevancia de la relación causal siniestral -la cual, se reitera, para ese entonces habría hecho presencia en un importante número de ordenamientos jurídicos-, sino que, muy por el contrario, su real intención habría sido la de no acogerla.

A fe de ello, se recuerda que en la propia Exposición de Motivos del Proyecto de reforma al Código de Comercio Terrestre del año 1958, con suma contundencia y precisión, se puso de manifiesto que, en lo que respecta al régimen adoptado en relación con el deber de la declaración del estado del riesgo (artículo 881), se adoptaba una postura ‘absolutamente conservadora’, toda vez que se afirmó: “Nos hemos guardado de acoger soluciones novedosas que aparecen incorporadas en algunas de las modernas legislaciones, por considerar que aún no cuadran al grado de evolución del seguro colombiano”[82].

Dicha postura, en su esencia, fue reiterada por parte del Comité Asesor para la Revisión del Código de Comercio a finales de la década de los sesenta, el que expresó que, para dar efectos a la aplicación de la sanción de nulidad consagrada en el actual artículo 1058 del estatuto mercantil, “…no hay necesidad de establecer relación ninguna de causalidad entre error o reticencia y el siniestro”[83].

En atención a lo anteriormente expuesto, se constata entonces que durante el proceso de estructuración normativa del que hoy es el Título V del Libro Cuarto del Código de Comercio, en especial en torno al contenido del artículo 1058 vigente, no se pretendió darle ninguna cabida a la exigencia de una relación causal encaminada, en concreto, a impedir la procedencia de la sanción de nulidad.

Dicho de otro modo, de la historia fidedigna del artículo 1058 del Código de Comercio, no se desprende que sus redactores se hayan inclinado por admitir la relevancia de una relación causal siniestral. En cambio, sí se evidencia el interés de preservar una lectura tradicional o clásica alrededor, en lo pertinente, de la proyección y alcance de los vicios de la voluntad en el seguro, vale decir que la nulidad sería de pleno recibo con independencia de si el siniestro guarda o no relación causal con la declaración insincera del riesgo, realizada al momento de la celebración del contrato[84], en cuyo caso se entendería que el contrato de seguro surgió viciado, lo reiteramos, con total independencia del hecho de que la conducta reticente o la falsa declaración no hayan tenido influencia alguna sobre el acaecimiento del siniestro[85].

No obstante lo anterior, y a pesar de que la doctrina colombiana más especializada se había identificado con la conclusión en comento, en el año 1997 se interpuso una demanda de inconstitucionalidad, por medio de la cual se solicitó a la Corte Constitucional que declarase como inconstitucional, o, en su defecto, que decretase la constitucionalidad condicionada del artículo 1058 del Código de Comercio, con fundamento en que, a juicio del demandante, las sanciones de nulidad relativa y de reducción proporcional de la obligación a cargo del asegurador, solo serían procedentes en el evento de que las circunstancias omitidas tuviesen una relación directa y eficiente con el siniestro ocurrido, como quiera que la norma en cita, interpretada de otro modo, quebrantaba los postulados de justicia y equidad, enaltecidos en el preámbulo de la Carta Constitucional, así como también vulneraba el derecho a la igualdad que se encuentra consagrado en el artículo 13 de la misma.

La Corte Constitucional, se recuerda, a través de la ‘sentencia de constitucionalidad’ C-232/97, arribó a la conclusión de que el sistema sancionatorio derivado del artículo 1058 del Código de Comercio en materia de reticencia, es el reflejo de una política legislativa equilibrada que se fundamenta en la lógica que informa la actividad aseguradora, por lo que no se vulnera la Constitución patria, razón por la cual su aplicación no tiene por qué depender de la verificación de un nexo causal entre la omisión y el siniestro que efectivamente se cause, puesto que, en opinión de la Corte, siguiendo para ello las agudas reflexiones del ilustre Maestro , J. Efrén Ossa[86], para efectos de la aplicación del artículo 1058, la única relación causal que guarda relevancia y que deberá verificarse es la que vincula la reticente o la inexactitud con el consentimiento del asegurador.

Al respecto, bien expresó la Corte Constitucional en el año de 1997, que “En efecto, cuando, a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo, de buena fe se le ha expedido una póliza de seguro, la obligación asegurativa está fundada en el error y, por tanto, es justo que, tarde o temprano, por intermedio de la rescisión, anulabilidad o nulidad relativa, salga del ámbito jurídico. Esto, con prescindencia de extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente porque lo que se pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual roto ab initio, en el momento de celebrar el contrato de seguro, y no al acaecer el siniestro. La relación causal que importa y que, para estos efectos, debe existir, no es, como sostienen los demandantes, la que enlaza la circunstancia riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador”[87].

Por su parte, años más tarde, la Corte Suprema de Justicia, a tono con esta postura y argumentación, en sentencia proferida el 11 de abril de 2002 determinó que, la “reticencia acreditada en el proceso, que de otra parte no tiene porqué ser la causa del siniestro, dado que tal exigencia no la contempla la ley, de conformidad con el artículo 1058 del Código de Comercio, debió conducir a que el Tribunal declarara la nulidad relativa del contrato de seguro”[88], siendo una interpretación que la Corte reiteraría, e incluso enriquecería, en sentencia del 1 de junio de 2007, por medio de la cual precisaría que, “Es palmario que el legislador quiso arropar la falta de sinceridad del contratante y su obrar contrario a la buena fe, bajo la sanción de la nulidad relativa, con lo cual, en ejercicio de una actividad que le es propia y para la cual se halla facultado, construyó un régimen particular que inclusive alcanza a superar en sus efectos el ordenamiento común de los vicios del consentimiento, frente al que, tal como fue instituido en el citado artículo 1058, no puede el intérprete hacer distingos, observándose que el vicio se genera independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien tomó el seguro”(se destaca)[89], visión que sería reproducida en tres oportunidades por la misma corporación, en las cuales, sin embargo, la Corte no se habría encargado de abordar la materia de exigencia de una relación causal objetivada, sino que se limitarían a citar in extenso algunos de los apartes de la sentencia del 2007, quedando comprendido los párrafos previamente citados[90].

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de un pronunciamiento de la Corte Suprema del 13 de febrero del año 2008, del cual no logra deducirse con claridad plena si para la Corte, en tal oportunidad, la exigencia de una relación de causa a efecto entre la circunstancia callada y el riesgo efectivamente materializado es necesaria para efectos de dar aplicación al régimen sancionatorio para los supuestos de reticencias o inexactitudes[91], lo cierto es que, la irrelevancia de la exigencia de un nexo causal siniestral en orden a dar lugar a la aplicación al artículo 1085 del Código de Comercio, pareciera ser la lectura que, en forma prevalente, ha sido acogida por parte de este importante órgano casacional.

En atención a todo lo expuesto hasta este punto, es posible corroborar que la tesis que se inclina por asignarle irrelevancia a la exigencia de la relación causal objetiva que hemos examinado, no solo contaría con un sólido respaldo doctrinal, sino que, adicionalmente, encontraría un claro sustento en importantes pronunciamientos jurisprudenciales proferidos por dos de las altas cortes a nivel nacional, todo lo cual llevaría a pensar que, al menos en un primer estadio o época, la cuestión habría quedado resuelta en sede del ordenamiento jurídico colombiano en el sentido indicado[92].

Sin embargo, conviene manifestar que para el año 2016, es decir, diecinueve años después de que la Corte Constitucional hubiese proferido la sentencia C-232/97, el tema ha sido de nuevo examinado a nivel judicial, dando lugar a un giro apreciable en el campo constitucional, puesto que fue la misma Corte la que, en sentencia de tutela (sentencia T-282/16), se apartaría de la tesitura que, en el ámbito de un pronunciamiento de exequibilidad, -ello es fundamental no perderlo de vista por su significación jurídica-, ya habría adoptado años atrás en relación con la materia que aquí nos concierne, para determinar que, en orden de que el asegurador pueda llegar a alegar la configuración de un comportamiento reticente, y pretender con ello que se aplique la sanción correspondiente consagrada en el artículo 1058 del Código de Comercio, este último deberá satisfacer previamente una carga probatoria binaria y de naturaleza objetivo-subjetiva, en razón de la cual, por un lado, tendría que “probar que existe una relación inescindible entre la condición médica preexistente y el siniestro acaecido” (elemento objetivo), y, por el otro lado, requerirá “demostrar que el tomador actuó de mala fe, y que voluntariamente omitió la comunicación de dicha condición” (elemento subjetivo)[93].

Así las cosas, tomando como base y fundamento este pronunciamiento en el último quinquenio, al menos en lo que respecta al ramo de los seguros de vida, y sin perjuicio de una aclaración posterior, a partir de él se ha estado consolidando una nueva visión (aun cuando dichas sentencias de tutela han emanado de salas de revisión y no de la corporación en pleno), pronunciamiento que, de una u otra manera, en su esencia, ha sido reiterado al menos en seis oportunidades -toda ella también por medio de sentencias de tutela-, proferidos por el alto tribunal constitucional[94], visión ésta con base en la cual se ha dado cabida a que, a través de la hermenéutica constitucional, se incluya un requisito de forzoso cumplimiento -que no es exigido por la ley sustantiva-, que suma a los ya previamente determinados de forma expresa por parte del legislador, para la aplicación del artículo 1058, el cual se ha instrumentado como una carga probatoria que recae en cabeza de las aseguradoras, enderezada a corroborar la necesaria existencia de un nexo de causalidad que coligue la información omitida y el siniestro que se materializa, so pena de que, en el evento en que no logre demostrarse la verificación de tal vinculación, se dará lugar a la inaplicabilidad de las sanciones consagradas en el precitado artículo de nuestro estatuto mercantil, en concreto la nulidad relativa del seguro[95].

Al respecto, cabe destacar en este punto que, esta nueva interpretación de la Corte Constitucional, aparte de contrariar nada menos que a una decisión unánime de toda la corporación en sede de exequibilidad del año 1997, resultaría en realidad más gravosa para las aseguradoras que la que se desprende de la fórmula que a nivel internacional, en lo pertinente, se ha adoptado en relación con la regla de la causalidad siniestral, puesto que, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, tal y como acontece en el caso del sistema jurídico germano -auténtico paradigma en relación con la materia-, se ha concebido que el peso probatorio de la que se ha denominado como ‘contraprueba de causalidad’ (Kausalitätsgegenbeweis), deberá recaer en cabeza del tomador o asegurado, puesto que, de atenernos a la interpretación que sería acogida, sin mayores explicaciones o argumentos por parte de la Corte Constitucional, el gravamen probatorio pesaría sobre la compañía aseguradora, la que tendrá que comprobar la efectiva existencia de una concatenación causal entre la información omitida o inexactamente transmitida y el siniestro que finalmente aflora en orden a lograr liberarse de su obligación, aspecto este último que no deja de llamar la atención pues, al menos a prima facie, parecería distanciarse de la lógica de la teoría general que gira en torno al onus probandi.

Además, no puede desconocerse que la tesis de la exigencia plena de una relación causal siniestral, de conformidad con lo acontecido en buena parte de las legislaciones que hoy expresamente la adoptan, no aplica cuando media dolo por parte del tomador o asegurado, aspecto de especial relevancia que no ha ameritado escrutinio y reflexión por parte de la Corte Constitucional, y más recientemente por la Corte Suprema de Justicia, según se anotará, todo en consonancia con el elevado valor atribuido a la buena fe y su observancia en el seguro.

No obstante lo anterior, como se anticipó, es de observar que, pese a que la Corte Constitucional (en sus diversas salas de decisión), se ha inclinado por la exigencia causal siniestral, no todas sus decisiones se encaminan en una misma dirección, por cuanto existen algunos fallos de tutela proferidos por ella con posterioridad a la sentencia T-282/16, en los cuales se retornaría a la postura que originalmente habría acogido dicha corporación con ocasión de la sentencia C-232/97, rechazando así cualquier tipo de relevancia a la citada exigencia de una relación causal sinestral, en orden a dar aplicación a los efectos jurídicos que se desprenden del artículo 1058[96]. Lo cierto, en todo caso, es que en las sentencias T-027/19, T-094/19 y T-061/20[97], la Corte Constitucional aplicó nuevamente su teoría de la relación causal siniestral, muy otra a la primigenia (1997).

En este orden de ideas, y en lo que atañe a la interpretación judicial respecto del alcance de la regla de la relación causal siniestral en la esfera del Derecho colombiano, no resulta del todo claro cuál de las tesituras adoptadas por la Corte Constitucional en la materia es la que debe prevalecer, ya que, por un lado, hay un primer pronunciamiento o sentencia que se conoce como sentencia de control abstracto o de constitucionalidad -de jerarquía superior respecto a las de tutela, pues sus efectos transcienden la órbita que comprende el caso en particular y su proyección es erga omnes[98]-, por medio de la cual la Corte había declarado la exequibilidad del artículo 1058, señalando que no se requería una exigencia de una vinculación causal objetiva para asegurar su constitucionalidad,[99].

Y por el otro lado, concurren varios fallos más recientes, según ya lo anotamos, los cuales parecen dar lugar a una -no del todo clara- especie de ‘línea jurisprudencial’, conformada por una pluralidad de sentencias de tutela, las cuales coinciden en incorporar como requisito para la procedencia de los efectos jurídicos del artículo 1058 en cuestión, la comprobación de dicho nexo causal. También, como si fuera poco, hay sentencias de la Corte Constitucional de este milenio, en sentido enteramente diverso, acercándose al fallo de finales del siglo anterior, ya mencionado (1997).

En consecuencia, nos encontramos ante una situación que, antes que contribuir a la unidad hermenéutica, más allá de si ella está o no en sintonía con el genuino contenido y significado del artículo 1058 del Código de Comercio (declaración del estado del riesgo) y de la misma Constitución, nos conduce a lecturas o interpretaciones disímiles, pues si bien podría llegar a afirmarse que la Corte Constitucional, posteriormente habría decidido modificar la postura originaria que habría adoptado en el año de 1997 y acoger una doctrina que en su opinión resultare más acorde con la Carta fundamental, una conclusión de dicho tenor encontraría la dificultad de que, la Corte, en ninguna de sus sentencias de tutela, esgrime los argumentos necesarios y correspondientes para lograr sustentar su disidencia o cambio en relación con la postura que habría acogido en precedencia, y que, en tal virtud, le servirían como claro sustentáculo para justificar el viraje interpretativo adoptado.

Al fin y al cabo, tal y como puede corroborarse de una lectura de dichos pronunciamientos, la Corte Constitucional únicamente se ha limitado a expresar que la exigencia de la comprobación de un vínculo causal de naturaleza objetivo deberá hacerse, a fin de evaluar la aplicación de las sanciones consagradas en el artículo 1058, sin ofrendar ningún tipo de reflexión que justificase una interpretación de tal naturaleza, como sería lo aconsejable.

Este panorama, de suyo complejo y que genera entendible perplejidad, se torna aún más inquietante a raíz de una reciente decisión divida de la H. Corte Suprema de Justicia del 1 de septiembre del año 2021, a través de la cual, apartándose de su postura inicial (sentencias del 11 de abril de 2002 y del 1 de junio de 2007), y en concordancia con la lectura que en materia de la exigencia causal ha sido delineada por la Corte Constitucional a partir de la sentencia T-282/16, puso de manifiesto que, con fundamento de una lectura en clave de constitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 1058 del Código de Comercio colombiano, se comprueba “La necesidad de probar el nexo de causalidad o el efecto trascendente entre la declaración de voluntad reticente o inexacta en el riesgo o en el siniestro; siendo necesario demostrar esa relación consecuencial de causa a efecto, o de concordancia entre lo inexacto u omitido y el siniestro. Es decir, se debe establecer cuál fue la trascendencia de la preexistencia y la situación médica que genera el siniestro”[100].

Siendo esta una afirmación que, al menos en nuestra modesta opinión, resultaría algo contradictoria, ya que en el referido pronunciamiento, tan solo con pocos reglones de antelación, se habría puesto de presente que la trascendencia que se debe predicar de la reticencia en orden de dar cabida a los efectos del artículo 1058 -la cual es entendida como la relevancia que debe revestir la información omitida en modo tal que el asegurador, de haberla conocido, no habría celebrado el contrato de seguro o lo habría hecho en condiciones sustancialmente diversas-, no puede ser confundida con el nexo que concatena dicha reticencia con la materialización del riesgo asegurado, trayendo seguidamente a colación una cita del Comité Asesor para la Revisión del Código de Comercio, ya antes aludida por nosotros, a cuyo tenor “no hay necesidad de establecer relación ninguna de causalidad entre el error o la reticencia y el siniestro”, la cual se encuentra, por lo demás, abiertamente contrapuesta con la idea que habría sido adoptada seguidamente por la Corte en el mencionado pronunciamiento.

Sería en razón de lo anterior, y del hecho de que en esta oportunidad la verificación del desarrollo de un detenido y fundamentado estudio por medio del cual se hubiese puesto sobre la mesa de discusión los argumentos técnicos, financieros y jurídicos que servirían de sustento para dar lugar al acogimiento de una nueva hermenéutica en relación a lo dispuesto en el artículo 1058, brillaría por su ausencia, por lo que, no resulta sorprendente que el pronunciamiento en cuestión hubiese dado lugar a interpretaciones contrarias al interior de la misma Corte, las cuales se verían reflejadas en dos aclaraciones de voto y un salvamento, hecho este que resulta ciertamente llamativo, amén que revelador[101].

Ahora bien, reconociendo algunos déficits de claridad y de argumentación en el citado fallo en sede casacional -que no tutelar, ciertamente muy diferentes uno y otro ámbito-, pareciera desprenderse del mismo que la Corte Suprema de Justicia, con arreglo a una frágil -y no muy clara mayoría-, avaló la ulterior lectura efectuada por parte de la Corte Constitucional en relación con la exigencia probatoria de un vínculo causal siniestral en cabeza del asegurador, encaminado a dar aplicación a los mecanismos sancionatorios que se derivan del artículo 1058 del Código de Comercio, sin el cual, concretamente, no tendría lugar la nulidad del seguro.

Al respecto, huelga señalar que esta tesitura que sería acogida por este último fallo de la Corte Suprema no puede ser concebida del todo aislada dentro de corporación, pues al margen de lo establecido en la sentencia del 13 de febrero de 2008, la Corte ya habría importado la lectura interpretativa acogida por la Corte Constitucional, en virtud de un fallo del 27 de mayo del 2020 que se habría originado con ocasión de una acción de tutela, y en el cual se estableció que, al menos en lo que respectaba al caso sub lite, en orden a que pueda llegar a tener aplicación las sanción de nulidad que se deriva de la verificación de una omisión reticente, le correspondería al asegurador acreditar: “El nexo causal entre las patologías que padecía el tomador para la época en que suscribió el contrato de seguro (preexistencia) y la condición médica que dio origen al siniestro”[102].

Con fundamento en todo lo expuesto hasta este punto, y sin desconocer que la cuestión examinada es realmente compleja, como se indicó, puede llegar a considerarse que el escenario del ordenamiento jurídico colombiano, a pesar de que el asunto no se ha desarrollado del modo más conveniente y con el rigor que podría desearse, se ha verificado una especie de proceso metamórfico de índole jurisprudencial en relación al modo de interpretar el artículo 1058 del Código de Comercio, el cual ha llevado a que, no obstante el silencio del legislador en su momento y a la existencia de una primera interpretación más tradicional que se inclinó en un sentido contrario, se evidencie un viraje hermenéutico, a pesar de que el mismo, tal y como se reseñó, no cuente con la fuerza, reiteración y consistencia debidas, lo cual hace necesario que se de lugar a una correcta reexaminación del tema por medio de la cual desarrolle un estudio profundo de la materia y se le de repuesta a diversos interrogantes que no han sido resueltos todavía, lo cual de seguro se hará próximamente, en uno o en otro sentido, pues se recuerda que en la reciente decisión de la Corte Suprema (sentencia del 1 de septiembre de 2021), no fue unánime; muy por el contrario, fue muy polémica, lo que explica la existencia de tres votos que no se sumaron a los tres restantes (seis magistrados suscribieron la providencia), y que no acompañaron integralmente dicho fallo (un salvamento, y dos aclaraciones muy de fondo).

 [arriba] 5. Nuestra opinión

Habiendo efectuado una mirada panorámica alrededor del estado de la cuestión tanto en la esfera internacional como en el plano particular de nuestro vernáculo ordenamiento jurídico, así como también habiendo examinado algunas de las principales tesituras que existen en relación con esta temática, podemos corroborar que, contrario a lo que podría llegar a pensarse ab initio, la que hemos denominado como la ‘regla de la relación causal siniestral’, en la actualidad, se erige en una moderna opción legislativa, acogida en diversas naciones en los últimos años, en varias de ellas con matices, como se registró.

En efecto, tal y como pudimos comprobar, esta nueva visión ha logrado incidir, en uno u otro modo, en un importante elenco de ordenamientos jurídicos, algunos de los cuales constituyen verdaderos paradigmas de regulaciones modernas en el ámbito del Derecho de seguros a nivel internacional, aunque no se ha limitado a ello, ya que ha llegado a superar los confines de las normativas nacionales individuales trascendiendo a la órbita ‘supranacional’ al haber sido incorporada en dos de los más reveladores proyectos de armonización en materia aseguraticia, todo lo cual constituye una muestra fidedigna de que, en la hora de ahora, con puntuales excepciones dignas de consideración, se está perfilando una tendencia en la esfera del Derecho comparado, la que en el futuro podría consolidarse.

No obstante lo anterior, debemos reiterar nuevamente que la cuestión concerniente a si deberá o no asignársele alguna relevancia a la exigencia de la corroboración de algún enlace entre el incumplimiento del deber correspondiente a la declaración del estado del riesgo y el siniestro que se materializa para efectos de dar lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes en caso de reticencia o inexactitudes, encara una problemática realmente álgida en relación con la cual, es nuestro parecer, no resulta claro que pueda existir una respuesta única, incondicional, y totalizante, por lo menos en el corto plazo.

Por tal motivo, en nuestra opinión, la decisión de favorecer una interpretación que le atribuya relevancia a la exigencia de la mencionada conexidad causal, o que, por el contrario, se incline por negarle cualquier trascendencia a una exigencia de tal naturaleza, será una cuestión de política legislativa, y, por lo tanto, deberá ser cada ordenamiento el que, analizando su tradición, evolución y talante jurídico, entre otros factores, y teniendo especial consideración las exigencias del momento, al igual que los lineamientos y fundamentos dogmáticos en sede nacional e internacional, determine cuál de las tesituras u opciones normativas ya mencionadas, resulte más conveniente y acorde con su sistema, más allá del mero y frívolo deseo de estar a la ‘última moda’, sólo por estarlo. Por eso aludíamos a que este es un riguroso tema de ‘política’ y adicionalmente de ‘técnica jurídicas’.

Al respecto, es fundamental tener cuenta en este punto que, si bien es cierto que, como señalamos, es posible comprobar la existencia de una cierta línea tendencial en los últimos años orientada a brindarle acogimiento a la exigencia de una relación causal siniestral a nivel internacional, no puede considerarse que ella sea la única vía, pues bien puede corroborarse que modernas legislaciones en materia aseguraticia del siglo XXI, tal y como lo son la ley chilena del contrato de seguro del año 2013 (artículo, 525), la ley belga del año 2014 (artículos 59 y 60) y la ley uruguaya -ya estudiada precedentemente- del 2017 (artículo 46), no acogieron expresamente la exigencia de relación causal siniestral alguna, lo cual brinda una muestra fehaciente de que esta no es una tendencia absoluta y de que, tal y como lo hemos venido expresando, en relación con este particular no existe un único camino adecuado.

Aclarado ello, y sustentándonos de nuevo en el estudio comparativo que hemos realizado, es posible constatar, complementando lo anotado, que en las últimas décadas, se ha abierto camino una tendencia en sede jurisprudencial por parte de algunos tribunales oriundos de sistemas jurídicos en los que el legislador, aparentemente, habría guardado silencio en relación a la atribución de una relevancia o irrelevancia del nexo causal objetivo, en los cuales, a partir de ello, pretoriamente se ha optado por introducir la regla de la relación causal siniestral, siendo este específicamente el caso de los ordenamientos jurídicos colombiano y español, lo cual constituye un fenómeno que, si bien prima facie podría ser evaluado positivamente, en razón de que con ello se estaría buscando aplicar un tratamiento más benigno en favor del asegurado como también, y más particularmente, de sus beneficiarios, muy respetuosamente consideramos que esta -al menos en el modo en que se ha venido realizando-, no resulta la vía más adecuada para lograr la consecución de dicho cometido que, por plausible que parezca, no siempre es suficiente para incorporar o realizar un cambio de tanta envergadura, con mayor razón si el espíritu de la norma (art. 1058), consultada y evidenciada su génesis (voluntad del legislador), y su evolución ulterior, es otra muy diferente, convirtiéndose ello en un factor que debe ser objeto de una especial consideración.

En tal virtud, debemos considerar que, en tratándose de un asunto tan complejo y espinoso frente al cual no existe una única lectura o camino factible y que, por lo tanto, en aras de garantizar la seguridad en el tráfico jurídico -pues recordamos que el argumento concerniente a la inexistencia de una relación causal objetiva suele ser un argumento defensivo invocado con gran frecuencia en sede judicial por parte de los asegurados o beneficiarios-, se requiere de la mayor claridad y cuidado posible.

Así, para lograr tal cometido, lo más oportuno, amén que aconsejable, sería que fuese el mismo legislador el que asumiese una postura expresa, clara y contundente, sobre el particular, eliminado con ello la incertidumbre interpretativa que se puede generar como consecuencia de la convergencia de lecturas jurisprudenciales oscilantes en el tiempo, las cuales suelen contraponerse entre sí, y terminan por abrir, de par en par, las puertas a una inseguridad e incertidumbre, a todas luces inconveniente, y costosa.

En este sentido, estimamos que algún reconocimiento debe hacerse al hecho que, en el Proyecto de Código Civil colombiano presentado en el año 2020 por la Universidad Nacional -y en el que se unifica el tratamiento del régimen civil y comercial en materia de obligaciones y contratos-, como fruto del interés de modernizar la normatividad aseguraticia, explícitamente se hubiese optado por dicha exigencia causal, explicitud ésta que es propia de la labor legislativa, y que corresponde a la vía más ortodoxa para efectuar un cambio de tanta hondura. Al respecto, el parágrafo segundo del artículo 1429 del citado proyecto ciertamente dispone que, “El asegurador no podrá aducir, válidamente, la nulidad relativa del seguro en aquellas situaciones en las que la reticencia, o la inexactitud, según fuere el caso, no tuvieron ninguna incidencia causal en la realización del riesgo asegurado”[103].

Lo anterior no quiere decir que, aunque preferiríamos otro camino, según lo indicamos, consideremos que por medio de la hermenéutica judicial, en principio, no sea posible realizar una nueva lectura de la normativa que se encarga de disciplinar el deber de declaración del estado del riesgo -al menos cuando esta así lo autorice, al no vedar una interpretación en tal sentido, ya sea explícita o tácitamente-. Sin embargo, sí creemos que para que ella pueda gozar de legitimidad y credibilidad judicial, será necesario realizarse un profundo, cuidadoso y concienzudo estudio del estado de la cuestión, efectuando una transparente y suficiente exposición de las diferentes tesis que han sido esgrimidas en relación con el particular, especialmente cuando las mismas han llegado a ser acogidas jurisprudencialmente en el pasado reciente (Corte Constitucional y Corte Suprema), lo cual hasta al fecha, al menos en el caso del ordenamiento jurídico colombiano, no ha acontecido.

Llegados a este punto, y sin perjuicio del hecho que, como indicamos precedentemente, reconocemos que el asunto relativo a la posibilidad del acogimiento de la regla de la relación causal en materia siniestral es en realidad una cuestión de política legislativa, preferentemente, y de que somos conscientes de que dicha cuestión interioriza una temática de suyo compleja, pues la misma penetra fuertemente en ámbitos de gran relieve y trascendencia en materia de la dogmática aseguraticia, debemos manifestar que, en lo que a nuestra opinión respecta, en general, dar paso a la integración normativa de esta regla podría llegar a compaginar con la línea tendencial que se ha venido abriendo un importante camino a nivel internacional, la cual se caracteriza por el propósito de flexibilizar o morigerar el rigor que tradicionalmente se le ha atribuido a la disciplina que gira en torno al deber de la declaración del estado del riesgo, propendiendo así por una reducción, en la medida de lo que resulte razonablemente posible, del margen de aplicación de los mecanismos sancionatorios más radicales cuyos efectos suelen desembocar en el fenecimiento del vínculo contractual[104].

Lo anterior, en aras de estimular el principio enderezado hacia la preservación de los efectos del contrato, al igual que de privilegiar el desiderátum de mayor equidad contractual, que compagina con una visión más tuitiva, y robustecida por las líneas tendenciales de protección que se predican del Derecho del consumo, en concreto a proteger y favorecer al asegurado[105].

Desde esta perspectiva, podemos señalar que la idea de incorporar la exigencia de una vinculación causal en materia siniestral por vía legislativa, se entronca mejor con algunos de los nuevos derroteros con los cuales se alinea contemporáneamente el denominado ‘moderno Derecho de contratos’, los cuales no resultan ajenos al Derecho de seguros, en particular.

Así, podemos señalar que la exigencia del requisito causal siniestral podría entenderse que se encuentra en estrecha sintonía con algunos de los fenómenos tendenciales que han adquirido un incuestionable realce en la esfera del Derecho contractual en la actualidad, tales como lo son, entre otros más de similar raigambre y naturaleza: i) la protección de la parte débil de la relación contractual; ii) el redimensionamiento de la persona humana y de su dignidad como punto céntrico del entero sistema jurídico; iii) el potencial expansivo del principio de conservación de los efectos del contrato; y iv) la inclinación por favorecer la atenuación del rigor en materia sancionatoria que ha abierto paso a la adopción de tratamientos y remedios más benignos en el ámbito del Derecho de contratos, en especial en el terreno de la nulidad.

No obstante, somos conscientes que debe procederse con cautela en este punto, ya que el reconocimiento de estos importantes lineamientos no puede llevarnos a desestimar o ignorar elevados y superiores postulados que se encuentran fuertemente arraigados en la teoría general del Derecho de seguros, algunos de los cuales suelen ser representados como auténticas pilastras sobre las que descansa gran parte de la lógica que permite el correcto desenvolvimiento del entero sistema aseguraticio, tanto desde una perspectiva jurídica como funcional.

En virtud de lo anterior, así como también, en consideración a la experiencia a nivel internacional en esta materia, podría llegar a considerarse que, en orden a lograr dar cabida a una correcta, o cuanto menos, más pacífica articulación de la regla de la relación causal siniestral, sin que con ello se generen fricciones o bruscos forcejeos con postulados axiomáticos, como sería el caso del principio angular de la buena fe -o de uberrimae bona fides-, y el del equilibrio prestacional, ambos poseedores de una gran relevancia y significación en el campo aseguraticio, en general, así como en lo que respecta al deber de declarar el verdadero estado del estado del riesgo, en particular, resultaría más conveniente que tal incorporación se hiciera dando lugar a una graduación que permitiera morigerar los alcances de la regla en cuestión, sin que con ello se llegue hasta el punto de cercenar por completo la funcionalidad práctica de la misma.

En este sentido, una de las vías que parecería cumplir con dicho cometido sería la de integrar la regla de la relación causal siniestral, exceptuando su aplicación en los eventos en los que se corrobore que el tomador o asegurado actuó con dolo o culpa grave al momento de declarar el estado del riesgo, tal y como sucede en un importante número de los países que le han dado cabida a la exigencia de la relación causal siniestral (Alemania, Austria, China y Perú). Procediendo de este modo, por un lado, el asegurador se vería debidamente protegido frente a declaraciones fraudulentas, fruto único del ardid y de la insidia, mientras que, por el otro lado, los intereses de los asegurados y beneficiarios se verían a su turno tutelados al preservarse la obligación en cabeza del asegurador, en los supuestos de reticencias o inexactitudes a las cuales no pueda llegar a imputárseles dolo o culpa grave.

De esta forma se articularía un régimen más equitativo para ambos de los sujetos de la relación contractual, siendo ésta, entonces, una aproximación que parecería encontrar cabal concordancia con el propósito que gobierna la disciplina del deber declarar sinceramente el estado del riesgo, la cual, en las precisas palabras del ilustre jurista italiano Antigono Donati, puede ser resumida en que “la intención práctica perseguida por las partes sea, en la medida de lo posible, alcanzada y tutelada con equidad”[106].

Sin perjuicio de todo ello, creemos que una posible alternativa que podría llegar a ser considerada y evaluada, pues hasta donde sabemos la misma no ha sido implementada, sería la de plantear el acogimiento de la exigencia de la relación causal siniestral como un requisito en orden a poder dar lugar a los efectos sancionatorios que se desprenden de la nulidad como consecuencia de la verificación de reticencias o inexactitudes, sea que estas hayan o no llegado a ser dolosas, sin embargo, en este último supuesto, esto es, el de reticencias o inexactitudes dolosas que no contribuyeron con la efectiva materialización del siniestro, se daría lugar a la aplicación de la reducción proporcional de la indemnización con base al valor de la diferencia de la prima acordada respecto de aquella que se habría llegado a establecer en el evento de que el asegurador hubiese conocido los hechos que le fueron imperfectamente comunicados.

Desde esta perspectiva, de un lado, se estaría protegiendo los intereses de las aseguradoras no solo al instaurar una sanción que prevendría que los tomadores y asegurados se viesen incentivados a realizar declaraciones reticentes o inexactas, sino que igualmente sería útil para restaurar, al menos en parte, el desequilibrio que se habría generado en razón de estas últimas, pero también, del otro lado, acogiendo esta alternativa se favorecería a la morigeración de los efectos devastadores que se desprenden de nulidad en este tipo de escenarios, al darle cabida a mecanismos correctivos menos radicales que permitan favorecer la conservación del contrato, otorgándole, por lo demás, un trato más benigno y equitativo a los asegurados y a sus beneficiarios, sin que por ello se deje de sancionar los supuestos en los que se vulnere la buena fe, pues lo que alternaría sería la gravedad de la pena.

En la misma línea, otra opción o alternativa normativa, en el caso de aquellos sistemas jurídicos que se muestran renuentes a darle acogimiento a la regla de la relación causal en el marco de la teoría general aseguraticia, sería la de consagrar la exigencia causal únicamente en el campo de los seguros de vida, entendiendo que, tal y como se reseñó en su momento, en este tipo de seguros los beneficiarios son distintos del asegurado, quienes se ha indicado que no tienen porque sufrir las consecuencias de las omisiones de aquél, atendido el carácter social y frecuentemente familiar que reviste, razón por la cual en este concreto escenario acoger la exigencia de una relación causal siniestral podría encontrar un mayor fundamento.

Finalmente, y a pesar de la naturaleza descriptiva y teórica por la que optamos en relación con la presente investigación, no podemos dejar pasar esta oportunidad para expresar breve y preliminarmente nuestra opinión sobre el papel que se le puede atribuir a la exigencia de la relación causal siniestral en el caso del Derecho colombiano, de cara al viraje hermenéutico que a nivel jurisprudencial se ha evidenciado sobre el particular en los últimos años.

En este sentido, y sin perjuicio de que esta es una cuestión que esperaríamos poder abordar más detenidamente en un futuro, en nuestra respetuosa opinión, en lo que respecta al caso particular de nuestro vernáculo ordenamiento jurídico, en la actualidad, ateniéndonos a la disciplina que se desprende del artículo 1058 de nuestro estatuto mercantil, difícilmente podría llegar a considerarse que, en la hora de ahora, sea posible llegar a perfilar la exigencia de una verificación -o comprobación- causal objetiva que concatene las circunstancias que fueron omitidas o incorrectamente transmitidas por parte del tomador, de un lado, y la efectiva materialización del siniestro, del otro lado, como una suerte de requisito adicional en orden a dar cabida a los efectos correctivos que se derivan del artículo en cuestión, principalmente por la confluencia de las siguientes razones:

i) sustentándonos en lo que expresamente se indicó tanto en la Exposición de Motivos del Proyecto de reforma al Código de Comercio Terrestre del año de 1958, como también en la opinión del Comité Asesor para la Revisión del Código de Comercio, de las que se desprende que la intención originaria del legislador mercantil colombiano no habría sido la de incorporar un requisito de tal naturaleza, sino que, todo lo contrario, su posición fue la de predicar una irrelevancia de la exigencia de la relación causal siniestral para efectos de la aplicación del artículo 1058: ii) la Corte Constitucional, en sentencia de C-232/97 -la cual hasta la fecha representa el único pronunciamiento de esta corporación en el que se ha abordado con detenimiento la materia-, determinó la constitucionalidad del artículo 1058, cerrándole la puerta a tal exigencia de naturaleza causal; iii) esta es la visión que más respaldo ha tenido tanto por la doctrina especializada como también por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el pasado reciente; y iv) hasta la fecha, no existe un solo fallo, ya sea de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema, en el cual se hayan esgrimido los argumentos jurídicos y técnicos que permitan sustentar la adopción de una nueva lectura que se aparte de la que ha resultado más tradicional y prevalente en nuestro ordenamiento y que, por lo demás, explique los motivos técnicos y jurídicos que permitan sustentar esta nueva visión de cara al sistema legal aseguraticio que rige actualmente en Colombia.

De este modo podemos concluir indicando que, si bien el acogimiento de una exigencia de una relación causal siniestral podría corresponder con un posible ‘deber ser’, reflejado en un futuro a la luz de nuevos proyectos de modernización en materia de nuestra legislación aseguraticia, lo cierto es que, en nuestra modesta opinión, tal tesis hoy no corresponde con ‘el ser’ de la legislación colombiana, al menos en el estado actual de las cosas, muy a pesar de la visión que, en lo personal, y posiblemente de una manera más ideal, se pueda tener sobre el particular en uno u otro sentido. Por ello, la importancia de proceder con sumo cuidado en la materia, y con observancia de la realidad normativa nacional en la actualidad, que no tiene porque coincidir, forzosamente, con otras tendencias, orientaciones y tesis internacionales, las que reclaman ser examinadas de modo individual y en cada contexto específico.

 [arriba] 6. Bibliografía

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