ARGENTINA
Doctrina
Título:La investigación del ilícito ambiental. Tercera Parte
Autor:Bibiloni, Héctor J.
País:
Argentina
Publicación:Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Número 27 - Abril 2018
Fecha:06-04-2018 Cita:IJ-DXXXIII-658
Índice Voces Relacionados
Normas aplicables
Notas

La investigación del ilícito ambiental


Tercera Parte


Por Héctor Jorge Bibiloni


Normas aplicables [arriba] 


1.1.- La Constitución Nacional


En la mayoría de los países, la constitución es la norma que provee la máxima tutela al ambiente, y la de mayor jerarquía del sistema. En el nuestro esa custodia está contemplada en el art. 41 de la carta magna que dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.


Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.


Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.


Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”


Mucho es lo que se ha escrito sobre este artículo, pero a los fines de este trabajo nos bastará hacer unos breves comentarios: Notamos que la constitución argentina garantiza el derecho al goce de un ambiente sano, pero esa garantía está condicionada a un deber general de preservación. El primer párrafo termina diciendo que todos tienen el deber de preservarlo; el término utilizado ha sido un gran acierto del constituyente porque nadie queda excluido de ese deber. Todos estamos obligados a cumplir esa obligación de preservar el ambiente, porque es condición para que todos podamos ejercer el derecho constitucional a disfrutarlo.


Según nuestra constitución, todos los que habiten nuestro suelo tienen el deber de preservar el ambiente y el derecho a gozar de él. El enunciado es claro y amplio. La norma establece una obligación de preservación genérica e indeterminada, que alcanza a todos los habitantes sin distinción y a todos sus actos, también sin distinción. O sea que nadie que habite suelo argentino está exento de cumplir esa obligación de preservación, que tampoco está limitada a los actos de la esfera personal del individuo. La norma no dice que hubiere personas eximidas de esa obligación, ni tampoco dice que hubiere acciones no alcanzadas, o sea que el deber de preservar alcanza por igual a todos los habitantes en todos sus actos.


El mismo artículo dice luego: “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho”, en consecuencia cuando en territorio argentino una persona ejerza algún tipo de autoridad tiene doble obligación, la de preservar, como todos los demás, y la de proveer a la protección de este derecho, por su calidad de autoridad. La misma constitución dice que esa protección que deben proveer las autoridades, abarca la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural, de la diversidad biológica, y la información y educación ambientales.


Todas las personas que estén investidas de algún grado de autoridad, pública o privada, y en cualquier ámbito en el que esa autoridad se ejerza, están alcanzadas por las obligaciones constitucionales de proveer protección al entorno.


Y proveer no es promover, ni es prometer, ni es propiciar, ni proponer, no es fomentar ni asegurar, ni garantizar, ni diseñar, ni evaluar, ni considerar, ni otorgar, ni permitir. No se sustituye con ninguno de estos verbos, tan comunes en la redacción de las normas ambientales.


Proveer es abastecer, suministrar, disponer, resolver.


Proveer es hacer. Proveer a la protección es hacer todo lo necesario para que esa tutela sea real y efectiva, es hacer todo lo posible para que esa obligación se cumpla y para que ese derecho pueda ejercerse.


Tampoco la constitución argentina distingue en materia de autoridades. No dice ni autoridades nacionales, ni públicas, ni privadas, tampoco habla de jerarquías, no dice nada.


Como puede verse claramente, según la letra constitucional, preservar el ambiente es una obligación concreta, genérica y amplia.


Por último mencionaremos el párrafo constitucional que fija los parámetros que rigen la protección ambiental y establece las competencias. Dice el mismo art. 41 que “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.”


Nuestro país tiene organización federal, por lo tanto en cumplimiento de este mandato constitucional, el Congreso de la Nación ha sancionado la Ley General del Ambiente, (N° 25.675) y otras leyes federales que contienen algunos de esos presupuestos mínimos e protección, y por ende son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.


1.2.- Convenios internacionales.


La preocupación internacional por preservar el equilibrio de los sistemas que sustentan las Vida se refleja en la cantidad de acuerdos, convenios y protocolos de gestión que han firmado las distintas naciones entre sí. Nuestro país ha suscripto y ratificado la mayoría de ellos, incorporándolos en su legislación interna con distintos rangos de importancia. En algunos casos los tratados tienen un rango superior al de las propias leyes del país.[1]


Hay disponibles para consulta permanente en internet, listados de los tratados internacionales relacionados con la preservación ambiental suscriptos o ratificados por cada país, tanto en los sitios web de sus organismos ambientales como en los que corresponden a sus órganos de relaciones internacionales.[2]


También son de difusión pública las normas reglamentarias que regulan su aplicación, hoy de acceso libre, inmediato y sencillo gracias al uso masivo de teléfonos móviles y otros sistemas interconectados a la red global.


1.3.- Leyes Federales


1.3.1 LGA


Por el mandato del art. 41 de la C.N. y sus equivalentes en las constituciones de las provincias, la obligación primaria de custodiar el ambiente corresponde al estado, por lo que prácticamente casi todas las leyes que regulan la materia ambiental son de carácter administrativo. En varios países se han dictado leyes generales y otras específicas para reglar esta materia. En el nuestro la más importante de todas es la ley 25.675, también llamada “ley general del ambiente”. (LGA) Esta ley fija los principios y objetivos de la política ambiental argentina, los instrumentos con los que debe llevarse a cabo, y establece las reglas generales que rigen esta materia en toda la Nación.


La LGA es de orden público. Eso significa que ni las autoridades ni las personas particulares pueden apartarse de sus disposiciones. Es de aplicación en todo el territorio federal, sin necesidad de adhesión o de aprobación de ninguna otra autoridad o poder del estado, y en ella se fijan reglas de interpretación obligatorias y uniformes para todo el territorio argentino.


En nuestro país, la forma federal de gobierno hace que cada región dicte sus propias leyes y resoluciones, cada municipio sus ordenanzas y disposiciones, las que muchas veces se superponen o se contradicen caóticamente. La técnica aplicada por la LGA es novedosa, porque crea un orden diferente, disciplinando en parte el caos normativo ambiental, erigiéndose en la única pauta de interpretación en esta materia, e implantando un verdadero y novísimo “orden público ambiental”.


Esta ley ocupa el lugar central del sistema, fijando pautas y principios que son de aplicación obligatoria para las restantes normas que reglan la materia en todo el país, sus preceptos son aplicables a toda la normativa ambiental vigente y también a la que se dictará en el futuro, en cualquier lugar del territorio.


Define a los presupuestos mínimos de protección, precisa los objetivos y los principios de la política ambiental nacional (Art. 2 y 3). Entre otros, la ley fija como objetivos obligatorios el fomento de la participación social en las decisiones, y el establecimiento de procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. Enuncia como principios rectores de la política ambiental nacional la prevención, la precaución, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación y la equidad entre generaciones. También define los instrumentos para la política y la gestión del ambiente (Art.8), entre lo que están, el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental de las actividades humanas, la educación e información ambiental y algunos más, todos ellos con carácter de orden público y para toda la nación.


También fija una distribución de competencias ordinarias y concurrentes para su aplicación, (art.7) a excepción de los casos en que la degradación o contaminación generada afectara recursos inter jurisdiccionales. En esos casos determina que la competencia será federal.


La LGA es novedosa porque:


a) se erige en la única regla de interpretación para la aplicación de cualquier otra norma, a través de la cual se ejecute la política ambiental en todo el territorio de la nación, sin tener en cuenta cual hubiere sido su origen o su jerarquía (arts. 3, 4 y 5).


b) determina que sus preceptos son de carácter obligatorio para todos los niveles de gobierno sin distinción.


c) desde su promulgación, toda la normativa ambiental que regía en todo el país queda sujeta a revisión porque debe adecuarse a sus principios.


Al disponer que toda la legislación ambiental mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en esta ley general, introdujo una condición suspensiva que afecta la vigencia de todo el plexo normativo ambiental nacional.


1.3.2.- Leyes de presupuestos mínimos de protección.


También en cumplimiento del mandato constitucional, el Congreso Federal argentino ha dictado ya varias leyes que fijan los presupuestos mínimos de protección ambiental en los más diversos temas. Así tenemos la Ley N° 25.612 que regula la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio generados en todo el territorio nacional, la Ley N° 25.670 que sistematiza la gestión y eliminación de los bifenilos policlorados, (PCB´s) la Ley N° 25.688 que establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional, la ley 25.831 sobre el libre acceso a la Información Pública Ambiental, la Ley N° 25.916 que regula la gestión de residuos domiciliarios, la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Ley N° 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema en todo el Territorio Nacional, la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y las que se dicten en el futuro con este carácter de “leyes de presupuestos mínimos”.


1.4.- Normas locales – Provinciales – Municipales - Jerarquías


La estructura normativa de un país se integra con normativa local, que en la forma federal de gobierno comprende las constituciones y leyes (provinciales o estaduales), las ordenanzas y reglamentos (municipales o comunales) y otras de menor jerarquía. En nuestro país ninguna de estas normas, ni en su aplicación ni en su interpretación, puede traspasar los límites de protección al ambiente que en cada caso ha fijado el congreso nacional, en las leyes de presupuestos mínimos. La constitución dice que estas normas federales no alterarán las jurisdicciones locales, y que las provincias deberán dictar las normas necesarias para complementarlas. Este complemento se ha interpretado en la jurisprudencia y en la doctrina como la facultad de dictar normas locales que aumenten los estándares de protección dispuestos por las leyes federales. Las provincias y municipios pueden reglar la materia ambiental, siempre que sea para darle un mayor resguaro que el dispuesto en las normas del congreso nacional, pero nunca menos.


Todas las normas que no respeten el nuevo orden público que estas leyes establecen, o que no cumplan con los parámetros y estándares mínimos que ellas implantan no son aplicables.


1.4.1.- Leyes penales y de procedimientos penal – Importancia.


También es necesario que el investigador conozca el contenido mínimo de las leyes penales relacionadas con su investigación y los principios que rigen estos procesos. Los ilícitos ambientales son conductas no queridas, que poco a poco se van incorporando a la lista de delitos en todos los sistemas jurídicos. El esclarecimiento de los crímenes está a cargo de organismos específicos, y en su pesquisa deben observarse estrictamente ciertas reglas de procedimiento bajo pena de nulidad. El operador jurídico que intervenga en una investigación ambiental, debe estar en condiciones de identificar con certeza la presunta existencia de delitos, reconocerlos y ponerlos en conocimiento del Ministerio Público para que tome su intervención cuando sea necesario.


Aquí explicaremos brevemente porqué el investigador debe conocer los principios que rigen el procedimiento penal, y porque tiene que aplicarlos en su tarea. Por su importancia se los recordaremos al lector de este trabajo más de una vez.


En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, -en materia penal- lo que está en juego son los derechos fundamentales de las personas, especialmente su libertad, en consecuencia el procedimiento que debe seguirse está reglado, respetando estrictamente todos los principios que le aseguren al imputado un proceso legal y correcto, que le garantice su defensa y sus derechos. Si se violan estas garantías procesales se beneficia al reo y se provocan nulidades que derrumban como un castillo de naipes toda la actividad de la investigación.


La investigación de un hecho ilícito ambiental que haya respetado las reglas que rigen el procedimiento penal, necesariamente estará bien hecha.


En segundo lugar, debe considerarse que para llegar al esclarecimiento exitoso de un hecho ilícito, son esenciales los primeros pasos de la investigación. Muchas de las primeras medidas, como la preservación del lugar, la obtención de testimonios o de otras pruebas, las comprobaciones técnicas y otras actividades principales de la investigación, no podrán repetirse en otro momento ni tampoco en otro lugar.


Una parte importante de la tarea de investigación está plagada de actos irrepetibles. Diligencias que por sus características no podrán reproducirse, por lo tanto, si no se han respetado los principios y garantías del procedimiento, esos actos iniciales serán nulos y entonces nunca la investigación podrá llegar a buen puerto. Es muy importante que el operador conozca los principios que rigen una correcta investigación y los respete, porque de ese respeto dependerá la eficacia de su tarea. La estricta aplicación de esos principios garantiza los derechos de las partes y vela por el cumplimiento de la constitución y de las leyes. Además, en el caso que su investigación revelara que se han cometido delitos, si no se han respetado las reglas del procedimiento, las diligencias realizadas y las pruebas que hubiere recogido quién investigó no podrán ser utilizadas el Ministerio Público ni por el Juez, y se desaprovecharán. Cuando esas pruebas fueron resultado de actos irrepetibles, la torpeza del investigador hará que se pierdan para siempre. La impericia o imprudencia en la investigación anulará los actos procesales y favorecerá la impunidad del ilícito que se investiga y también de otros delitos conexos que se hubieran cometido, de aquí la importancia de actuar con el máximo rigor en el procedimiento. También debe tenerse en cuento que las reglas procesales son territoriales, por lo tanto en general deben aplicarse las que rigen en el lugar del hecho investigado.


1.4.2.- Principios básicos del proceso penal


Las garantías procesales son seguridades que se otorgan a las personas, para impedir que el goce efectivo de sus derechos fundamentales sea conculcado por el ejercicio abusivo o ilegítimo del poder estatal. Cuando hablamos de garantías nos referimos a mecanismos jurídicos que impiden o limitan el uso arbitrario o desmedido de la coerción del estado.


La mayoría de las Constituciones de Latinoamérica han incorporado garantías genéricas y específicas. Son genéricas entre otras, el derecho a la tutela judicial, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, y a un proceso regular. Entre las específicas están el juez natural, la publicidad de los actos judiciales, el derecho a la múltiple instancia, la cosa juzgada, etc. Ambas categorías se relacionan entre sí.


Los procedimientos penales están estructurados en etapas definidas, cada una de ellas tiene su finalidad y su trámite, y en cada paso deben respetarse esos principios y garantías que establecen las leyes que los reglan y la constitución política. Cuando no se respetan, los procedimientos son nulos y pierden toda su eficacia, como ya expresamos


Como rige la presunción de inocencia, es el estado quién debe probar la existencia del hecho ilícito y encontrar a los responsables, por lo tanto hay una fase inicial que tiene por objeto constatar la existencia del delito y recoger las pruebas que permitan determinar quién lo cometió, como, quiénes participaron, etc. etc. En esta primera etapa de pesquisas y recolección de información, el proceso penal, ya sea dirigido por el ministerio público o por el poder judicial, tiene cierto carácter inquisitivo. Si en la investigación se verifica la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable, llega la etapa de acusación formal, y comienza una fase de debate, en la que el acusador por medio de las pruebas recolectadas procurará sostener su imputación, y el acusado tratará de demostrar su inocencia.


La última etapa del proceso penal es la sentencia.


Toda persona goza de la presunción de inocencia, que se mantiene hasta que se demuestre que es culpable, con el dictado de una sentencia definitiva y firme. Toda persona tiene derecho a su defensa, y si no puede hacerlo por sí misma el estado tiene la obligación de poner a su disposición una defensa adecuada. Toda persona tiene derecho a un proceso regular, en cuyo desarrollo se hayan cumplido correctamente cada una de sus etapas, respetando todos los principios que aseguran el goce de sus derechos fundamentales.


La validez y utilidad de toda la investigación depende del fiel acatamiento a los principios que rigen el proceso, y al respeto de las garantías de derechos en cada paso recorrido, de allí su importancia, y por ese motivo en las indicaciones que se ofrecen en el presente trabajo, esas garantías han sido tomadas en cuenta.


Los siguientes principios básicos que rigen el procedimiento penal son de plena aplicación en la investigación de ilícitos ambientales, a saber:


2.1.- Impulso de oficio


La obligación de impulsar los procedimientos corresponde al estado, porque la actuación de la justicia penal, (como lo ambiental) satisface intereses de toda la comunidad. La paz social depende de la función de administrar justicia, y ello es obligación de los poderes de la república, en consecuencia la acción es pública, su impulso corresponde al estado, y solo quedan librados a la acción privada los pocos procesos por delitos que no afectan a toda la comunidad, sino solo a la víctima.


2.2.- Legalidad


El procedimiento penal tiene al menos tres aspectos en los que se manifiesta este principio.


Está legislado. Se desarrolla en cumplimiento de reglas estrictas, iguales para todas las personas, y respetando las formas y plazos que fijan las leyes.


Se inicia y se impulsa por obligación legal. Quienes lo hacen no actúan voluntariamente, sino que tienen el deber de hacerlo. Este deber es consecuencia de su función, y deriva de la constitución y de las leyes.


El proceso penal se le sigue a una persona por su conducta ilegal. La finalidad del procedimiento es determinar la existencia, autoría y responsabilidad de una conducta descripta en las leyes como delito.


2.3.- Formalidad


El modo de garantizar la igualdad de trato es sujetarse estrictamente y en todos los casos a las mismas reglas. No podría garantizarse ningún principio si se admitiera que cada cual procediera a su criterio, por lo que las formas son de cumplimiento riguroso y obligatorio para todas las partes en todos los procesos, bajo pena de nulidad. Acto realizado sin observar las formas en que debe hacerse es nulo y no produce ningún efecto, como si nunca se hubiera cumplido.


2.4.- Presunción de inocencia


Constituye la máxima garantía del inculpado y es uno de los pilares del proceso penal acusatorio. A la persona no se le puede atribuir ningún delito hasta que se le dicte sentencia y además que se encuentre firme.


Por la aplicación de este principio, nadie debe probar su inocencia, ni puede ser tratado como culpable, hasta que se dicte sentencia definitiva, que solo puede condenar o absolver. La aplicación de este principio tiene efectos dentro y fuera del proceso, ya que se considera un derecho del imputado.


2.5.- La inversión de la carga de la prueba


La tarea de probar los hechos o la culpa normalmente le corresponde al que afirma su existencia. En el proceso penal la obligación de probar la tiene el que acusa. Como hemos dicho, nadie está obligado a probar su inocencia, pues ésta se presupone. El Ministerio Público, o el poder judicial en su caso, que son los titulares del ejercicio de la acción penal y de la carga de la prueba, deben demostrar la autoría y la responsabilidad del imputado en la comisión de un delito. Las pruebas en su contra deben ser el resultado técnico de una investigación apoyada en la ciencia, y con aptitud suficiente para generar certeza en el juzgador. Cuando hubiera dudas, el juzgador resolverá la situación absolviendo al imputado, por aplicación de otro viejo principio universal. La duda siempre favorece al reo.


2.6.- La excepcionalidad de las medidas coercitivas


La presunción de inocencia es un límite a la imposición de estas medidas, que serán aplicables solo en casos excepcionales, cuando sea estrictamente necesario. Existe estrecha relación entre este derecho y la limitación de la detención preventiva, que está reservada para casos de delitos graves, o cuando exista peligro de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga del imputado. En general para realizar una investigación no es necesario que una persona esté detenida, aunque el derecho a la libertad encuentra restringido en dos supuestos:


A) Por mandato expreso y motivado de Juez competente.


B) En caso de flagrancia de delito.


La flagrancia es cuando el autor del delito es descubierto en el momento de cometerlo, o es perseguido y detenido inmediatamente de haberlo cometido, o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que viene de ejecutarlo. Si se produce una detención en cualquiera de estas hipótesis, el detenido debe ser puesto de inmediato a disposición de la autoridad competente. La inmediatez se valora en función de las circunstancias.


Cualquier restricción de la libertad fuera de estos supuestos, constituye un acto arbitrario que acarrea responsabilidad penal.


2.7.- El derecho de defensa


Es la facultad que toda persona tiene para contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado. Todo individuo tiene derecho a defenderse en cualquier tipo de proceso, especialmente si se trata de un procedimiento penal, en el que está en juego su libertad y su patrimonio. Es un derecho constitucional que otorga la facultad de sostener sus posiciones y de contradecir los fundamentos de la acusación, y lo tiene toda persona física a quien se le atribuya la comisión de un hecho punible. Se debe garantizar al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se le concede a ambos la posibilidad de oponerse a cualquier pretensión de castigo..


El derecho a defensa es una actividad esencial del proceso penal y se manifiesta en dos aspectos diferentes y complementarios:


a) La defensa material, es la que realiza el propio imputado al responder los interrogatorios de las autoridades. Consiste en la actividad que el imputado puede desarrollar personalmente haciéndose oír, declarando en descargo o aclarando los hechos que se le atribuyen, proponiendo y examinando pruebas, participando en los actos probatorios y conclusivos, o bien absteniéndose de realizar cualquiera de estas actividades. Ni antes ni durante la declaración pueden exigírsele juramento o promesa de decir la verdad, ni formularle cargos ni reconvenciones, ni utilizar medios para inducirlo a declarar contra su voluntad. Tampoco se lo puede obligar a participar activamente en actos de prueba como reconstrucciones de los hechos, careos, formación de cuerpos de escritura, etc. El imputado tiene derecho a declarar cuantas veces quiera; se le permitirá la indicación de las pruebas que crea convenientes. Solamente podrán ser usadas en su contra las manifestaciones que el imputado formule en presencia de su defensor.


b) La defensa técnica, que estará a cargo de un letrado que elabora la estrategia defensiva y propone pruebas, que asiste y asesora jurídicamente al imputado y lo representa en todos los actos procesales que no fueran personales. En caso que el reo no dispusiere de medios para pagar su asistencia letrada, tiene el derecho a ser asistido gratuitamente por un defensor proporcionado por el Estado.


Desde la primera intervención, toda persona en juicio tiene derecho a su defensa. Para ejercer ese derecho debe contar con defensor o asistencia letrada, y si por cualquier motivo no lo tuviera, se lo debe proveer el estado de oficio. Cuando se trate de materia criminal, en la que se encuentran en juego derechos esenciales como la libertad y el honor; deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el derecho de defensa.


Para resguardar este derecho:


- Debe asegurarse al imputado la disposición de medios idóneos para exigir el respeto y la efectividad de su defensa, garantizándole ese respeto por parte de los poderes estatales y de los demás sujetos del ordenamiento social.


- Proveerle gratuitamente un traductor o intérprete cuando sea necesario para posibilitarle el conocimiento y comprensión de los hechos que lo incriminan.


- Brindarle información detallada del hecho que se le atribuye y de las pruebas en su contra, asegurándose que comprende la calificación jurídica y la relación histórica del hecho, con indicación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo para que pueda ejercer el derecho de defensa. Esta información debe ser previa o sin demora, es decir, realizarse antes de cualquier acto procesal.


- Asegurarle la inmunidad de su declaración. Informarle que no está obligado a declarar contra sí mismo, y que tiene libertad para decidir si lo hace o no. Que esta garantía se encuentra consagrada por los tratados internacionales que establecen el derecho de toda persona a no ser obligado a declarara contra sí mismo, ni a declararse culpable, y que su silencio no crea una presunción de culpabilidad en su contra.


- Permitir y facilitar la comunicación entre imputado y defensor. Esta comunicación debe ser previa a la realización de cualquier acto procesal tiene por finalidad que el defensor asesore jurídicamente a la persona en la preparación de su defensa.


- Respetar estrictamente las reglas para la producción de pruebas. Las pruebas que lo incriminan deben haber sido producidas con las debidas garantías técnicas y procesales, y haber sido valoradas libremente con criterio de conciencia por jueces ordinarios, independientes e imparciales.


El derecho de defensa se vulnera cuando:


o Se niega la asistencia jurídica.


o Se impide al abogado comunicarse con su defendido.


o Se hacen las notificaciones con retraso.


o Se niega el acceso al expediente o a las diligencias vinculadas al proceso.


o Se obstaculizan los esfuerzos de la defensa para obtener pruebas o identificar y ubicar testigos.


o Se incumplen las formas dispuestas por las leyes procesales.


Las decisiones deben tener fundamentos serios, lo que exige un correcto análisis de las constancias de la causa que acrediten los hechos y una razonable conclusión sobre la valoración que le corresponde a la luz del derecho vigente.


Todos los párrafos que anteceden son aplicables a la materia que nos ocupa, y seguir sus lineamientos de acuerdo con las circunstancias de cada investigación, asegura la eficacia del resultado de la pesquisa.


 


 


Notas [arriba] 


* Abogado – Mediador. Docente Universitario de Grado y Posgrado. Universidad de Belgrano. Medalla al Mérito Académico Universidad Autónoma de Mexico. Miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Miembro de la Comisión de Legislación Ambiental de la UICN. Secretario de la Comisión de Derecho Ambiental de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.


[1] El art. 75 inc. 22 de la constitución argentina dice que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
[2] En Argentina ver entre otros http://www.am biente.g ov.ar/?idse ccion =187 http://www2.m edioambi ente.gov. ar/mlegal/t ratados/menu _trata dos.asp