Doctrina
Título:El usuario autogenerador de energía en Colombia
Autor:Hernández Vidal, Juanita
País:
Colombia
Publicación:Anuario Iberoamericano de Derecho Energético. Régimen de los usuarios de Energía - Número 1 - Año 2018
Fecha:17-12-2018 Cita:IJ-DXXXVIII-183
Índice Voces
Sumarios

Con el marco normativo recientemente expedido en Colombia que habilita a los usuarios a producir su propia energía y entregar la energía no consumida (los excedentes) a la red, aunado a los incentivos introducidos en el país para la promoción de las fuentes no convencionales de energía renovable y la reducción de costos financieros y tecnológicos de los sistemas de generación con fuentes renovables, se ha generado un escenario muy atractivo que fomenta de manera decisiva la producción de energía directamente por los consumidores o usuarios, derribando paradigmas típicamente asociados a la generación y prestación del servicio de energía e introduciendo con esto el concepto del prosumidor.


I. Introducción
II. La superada doble faceta prestador – usuario
III. Antecedentes, concepto y marco legal de la autogeneración en Colombia
IV. Novedades regulatorias de la autogeneración
V. El rol del usuario – autogenerador
Notas

El usuario autogenerador de energía en Colombia

Juanita Hernández Vidal [1]

I. Introducción [arriba] 

Que la generación de energía se realiza en los lugares aislados a los centros de consumo teniendo en cuenta que se trata de grandes obras de infraestructura, que el usuario o consumidor de energía está destinado a tener un rol pasivo o neutral, que la actividad de producción de energía se realiza únicamente por grandes empresas dedicadas a la prestación de los servicios públicos quienes deben contar con un alto capital de inversión, que la energía debe ser transportada desde los centros aislados de producción hasta las ciudades a través de cientos de kilómetros de redes, que solamente es rentable la generación de energía con combustibles fósiles y grandes centrales hidroeléctricas, y que consecuencia de todo lo anterior, la energía eléctrica tiene un alto costo para el usuario final quien debe asumir esta larga cadena de producción y suministro. Pues estos paradigmas son los que están en proceso de transformación y reformulación con ocasión del rompimiento de los modelos tradicionales asociados a la generación de energía y prestación del servicio de energía, en el cual el usuario o consumidor surge como un nuevo eslabón en cadena.

Dada la coyuntura mundial se está forzando un viraje conceptual basado en diferentes causas, los grandes avances tecnológicos, el cambio climático, la necesidad de diversificar las fuentes de generación, los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero (como lo es el caso del Acuerdo de París), la cada vez más importante eficiencia y ahorro energético, la política pública cada vez más inclinada a la generación de energía con fuentes de energía renovable, los cada vez más generalizados impuestos verdes, conllevando todo esto a que hoy día se hable de conceptos como la autogeneración, la venta de excedentes, la participación activa de la demanda, la cogeneración, la generación distribuida, el “prosumidor” y la gestión eficiente de la energía, entre otros.

II. La superada doble faceta prestador – usuario [arriba] 

Cuando nos referimos a la prestación de los servicios públicos hablamos tradicionalmente dos partes opuestas, un prestador del servicio y un consumidor del servicio, cada uno de ellos con un rol definido y enmarcado en un conjunto normativo de responsabilidades, deberes, derechos y obligaciones que emanan de los mandatos del constituyente, el legislador y el regulador de los servicios públicos.

Particularmente, en el caso de la energía eléctrica, el consumidor y el prestador guardaban unas posiciones excluyentes y distantes, ya que siendo la generación de energía una actividad altamente especializada, técnica y con un alto costo de entrada desde el punto de vista financiero, además de ser un servicio público, debía ser una actividad reservada para grandes empresas especializadas en la prestación de los servicios públicos. Y en dicho contexto, el consumidor debía conservar el rol tradicional atribuido, esto es ser un sujeto pasivo que no interactúa con la oferta sino que su actividad se reduce a ser el destinatario de un servicio y pagar por el mismo en las condiciones fijadas por su prestador.

Pero bien, con la ruptura de barreras de orden tecnológico, financiero, técnico y sobretodo legales y regulatorias, en Colombia se ha generado un marco de fomento e incentivo en generación de energías, particularmente renovables que ha unido la brecha entre el productor-prestador y el consumidor de los servicios, este último con una participación mucho más activa con la oferta, introduciendo cambios en hábitos de consumo y respuesta activa a incentivos de precios.

Y nos referimos a las fuentes renovables, o como se denominan en Colombia, las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), ya que para el caso puntual de nuestro país es a partir de la expedición del marco legal de estas fuentes que inicia un importante cambio conceptual y de parámetros de conducta por parte de los usuarios, quienes principalmente con fuentes de origen solar fotovoltaico han incursionado en la actividad de producción de energía para su propio consumo, observando en todo caso la regulación específica establecida por el regulador colombiano.

Así, ahora tenemos un consumidor de energía que no sólo consume la energía suministrada por su prestador de servicio, sino que este usuario está en capacidad y además, habilitado por la normatividad para producir energía para su propio consumo a través de fuentes de generación renovables o no renovables, teniendo incluso la opción de llevar a cabo la entrega de sus excedentes de energía a la red. Esto rompiendo el modelo productor-consumidor e introduciendo un modelo compuesto por: (i) Prosumidor: entendido como el usuario del servicio de energía eléctrica capaz de producir energía para su propio consumo, empleando medios propios o provistos por parte de un tercero y abastecer su demanda de energía de manera total o parcial, el (ii) Comprestador: consistente en una empresa prestadora que suministra energía a los usuarios finales pero que además compra energía o recibe los excedentes de energía producidos por el prosumidor, y el (iii) Usuario: siendo éste el tradicional usuario pasivo o neutral.

Por lo anterior, a propósito de estos nuevos roles, recientemente se ha expedido en Colombia el marco legal y regulatorio que define los parámetros en los que debe ejercerse esta actividad, la producción de energía por los usuarios, y que se denomina la “autogeneración”, como expondremos a continuación.

III. Antecedentes, concepto y marco legal de la autogeneración en Colombia [arriba] 

En el caso colombiano, convencionalmente la producción de la energía eléctrica, de fuente hidroeléctrica y térmica, se realiza por las empresas de servicios públicos cuyo objeto es la generación de energía, quienes a su vez desarrollan, construyen y operan la infraestructura de generación de energía en zonas alejadas a los centros de consumo bajo el modelo de libertad empresarial y libre entrada, esto es que, no requieren, con excepciones, un título habilitante otorgado por el Estado para ejercer su actividad, quedando el Estado limitado a la definición de la política pública, la expedición de la regulación sectorial, y el ejercicio de la supervisión y control de la prestación de los servicios públicos en el marco de la Constitución Política y las Leyes N° 142 y 143 de 1994.

En cuanto a este esquema convencional de prestación de los servicios, es importante mencionar que en el año 2014 fue aprobada por el Congreso de la República de Colombia la Ley N° 1.715 “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”, y que tiene por objeto la promoción de la eficiencia energética y el desarrollo y utilización de las fuentes no convencionales de energía en el sistema energético nacional.

Se convirtió esta Ley en un hito importante en el país, ya que, por primera vez se fijaron directrices y mecanismos que procuran la diversificación de las fuentes de generación de energía eléctrica en Colombia, a través del ingreso de proyectos de generación con fuentes de generación renovable y creándose entonces un mercado con nuevos competidores.

Todo lo cual deriva en un concepto de muchas actualidad, el de la descentralización de la energía consistente en: (i) desde el punto de vista de la producción, la energía deja de estar centralizada en las zonas aisladas para ser producida en territorios más próximos a los centros de consumo, y, (ii) desde la perspectiva del productor, la energía ya no es generada de manera preferencial por las empresas dedicadas comercialmente a dicha actividad, esto es los generadores, sino que los usuarios están habilitados por la Ley y la regulación para producir energía para su consumo y/o el de terceros.

En efecto, la expedición de este marco legal, que aún está en fase de expedición e implementación, ha motivado significativamente la iniciativa de los usuarios residenciales e industriales como sujetos de producción activa en la cadena, quienes han optado por la instalación de sistemas de autogeneración de energía con fuentes renovables. En ese sentido, en el transcurso del año 2017 y 2018 tanto el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MME) como la entidad reguladora, Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) han estado muy activos en la reglamentación de los mecanismos aprobados en la Ley N° 1.715 de 2014 (Ley de energías renovables y gestión eficiente de la energía de Colombia) con el objeto de generar escenarios de incorporación de producción de energía por los usuarios a través de la autogeneración.

Este concepto, el de la autogeneración está vigente en nuestra legislación desde el año 1994 ya que se deriva del concepto de productor marginal incorporado en el art. 14.15 de la Ley N° 142 de 1992[2], y conforme al cual, quienes producen energía para sí mismos y empleando recursos propios, pueden llevarlo a cabo sin necesidad de constituirse como empresas de servicios públicos.

Es por lo anterior que no obstante, si bien cuando se habla de generación y autogeneración estamos refiriéndonos en general a la producción de energía, la legislación colombiana distingue estos conceptos, principalmente en atención el propósito y objeto que es perseguido por el productor de dicha energía.

Así entonces, cuando hablamos de generación, se trata de la producción de energía eléctrica por parte de una persona natural o jurídica mediante al menos una planta de generación conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN)[3], y por tanto, cuando estamos en presencia del concepto de generación puede decirse que está implícita la intención de producir una energía a través de una planta que se conectará al SIN y cuyo propósito será la comercialización de dicha energía con destino a usuarios finales o terceros indeterminados que no guardan relación con el productor de dicha energía. Es por esto que la Ley es clara al determinar que toda empresa cuyo objeto social sea la generación de energía, debe entenderse que está prestando el servicio público energía eléctrica conforme a la Ley N° 142 de 1994, y por esto, deberá constituirse como una E.S.P y someterse al régimen de la Ley de servicios públicos y demás normas concordantes.

Ahora bien, a pesar de estar permitida la actividad de autogeneración desde 1994, a los autogeneradores de energía les estaba prohibida la venta o entrega de sus excedentes de energía a la red, esto último que fue modificado por la Ley N° 1.715 de 2014 que realizó unos ajustes a la definición que quedó establecida así:

“Aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica principalmente, para atender sus propias necesidades. En el evento en que se generen excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin”.

Como se observa, de este concepto se desprenden los elementos básicos del concepto de autogeneración que son:

a) La energía puede ser producida por personas naturales o jurídicas,

b) La producción de energía es principalmente para la atención de las necesidades propias,

c) La energía por tanto es consumida en el mismo inmueble en el que es generada,

d) Su objeto es el autoconsumo de la energía y no la comercialización de la misma a terceros,

e) No hace uso de la red de distribución o transporte para destinar la energía a otros usuarios finales,

f) A partir de la Ley N° 1.715 de 2014 al autogenerador le está permitida la comercialización de los excedentes de energía bajo la reglamentación que expida la CREG.

De esta manera, de acuerdo a la norma, la autogeneración consiste en la producción de energía eléctrica para el abastecimiento de las necesidades propias del usuario y en la medida que haya excedentes, en efecto podrá entregarlos a la red a través de los mecanismos definidos en la normatividad vigente y en todo caso, siguiendo las directrices y parámetros que establecen principalmente la Resolución CREG 024 de 1995 y la Resolución CREG 030 de 2018.

Del concepto expuesto, no hay duda en que cuando la intención de la persona natural o jurídica no es el autoconsumo de la energía sino la generación de energía para su venta a terceros, automáticamente se entenderá excluido el concepto de autogeneración y en consecuencia el de entrega de excedentes y por tanto, las normas que regirán dicha actividad serán las de la actividad de generación y comercialización de energía sujeto al régimen de los servicios públicos.

IV. Novedades regulatorias de la autogeneración [arriba] 

El marco legal y regulatorio de la actividad de autogeneración lo encontramos principalmente establecido en las Leyes N° 142 y 143 de 1994, la Ley N° 1.715 de 2014, el Decreto 2.469 de 2014, la Resolución UPME 281 de 2015, la Resolución CREG 024 de 2015, el Decreto 348 de 2017 y la Resolución CREG 030 de 2018. Como vemos, la figura de autogeneración no había surtido cambios conceptuales desde el año 1994 y es precisamente con la expedición de la legislación de las fuentes no convencionales de energía renovable que se introducen ajustes en esta modalidad de producción de energía. A continuación, mencionamos algunos conceptos y facultades que la reglamentación ha incorporado a este concepto.

IV.1. La autogeneración: a gran escala y a pequeña escala

Con la expedición de la Ley N° 1.715 de 2014, se introducen en la legislación colombiana los conceptos derivados de la autogeneración, esto es, la Autogeneración a Gran Escala y la Autogeneración a Pequeña Escala, estableciendo la Ley N° 1.715 que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) definiría el límite de potencia máxima de cada una. Por lo anterior, la UPME expide la Resolución 281 de 2015 señalando que la Autogeneración a Gran Escala (AGGE) se usará en referencia a los proyectos que excedan un (1) megavatio de capacidad instalada y que la Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) será para aquellos proyectos que no exceden un megavatio de capacidad instalada. Cada uno tiene una reglamentación diferenciada en atención a que los autogeneradores a gran escala son grandes industrias con potencial de generar cantidades importantes de energía y por tanto al regulador quiso diferenciar los mecanismos que tienen estos autogeneradores para la entrega de excedentes respecto de los pequeños autogeneradores.

IV.2. La entrega de excedentes por un autogenerador

Hacemos referencia a este concepto cuando un usuario residencial o industrial decide autogenerar total o parcialmente energía para su propio consumo y la energía excedentaria, es decir, la que no consume, es entregada al sistema del operador de red.

Como fue previamente mencionado, es a partir de la expedición de la Ley N° 1.715 de 2015 que el autogenerador puede entregar sus excedentes a la red (lo que antes era prohibido). ¿Por qué hablamos de excedentes? Porque la regulación parte del supuesto que el autogenerador instalará un sistema de producción de energía suficiente para la atención de su demanda propia, de modo que es la energía excedentaria, esto es, la no consumida la que se entrega a la red.

En este punto es muy importante dejar claro que sería incorrecto hablar de venta o comercialización de energía por parte de los autogeneradores ya que conforme a nuestro marco normativo la actividad de comercialización o venta de energía sólo puede ser ejercida por empresas de servicios públicos y en todo caso sujetas al régimen de los servicios públicos. Por tanto, lo correcto es referirnos a la posibilidad de que los excedentes producidos por un autogenerador sean entregados a la red, lo cual se realizará conforme al marco regulatorio vigente. Al tratarse la AGGE y la AGPE de dos tipologías de la autogeneración que el legislador trata de modo diferencial, los mecanismos de entrega y remuneración de tales excedentes se diferencian también en la reglamentación como se explica seguidamente.

IV.2.1. Entrega de excedentes del AGGE

Según determinó la reglamentación, la entrega de los excedentes del AGGE debe realizarse siguiendo los lineamientos incorporados en la Ley N° 1.715 de 2014, el Decreto 2.469 de 2014 y la Resolución CREG 024 de 2015.

Entre el Decreto 2.469 de 2014 y la Resolución CREG 024 de 2015[4] se fijaron los siguientes postulados para la entrega de excedentes de los AGGE: (a) El autogenerador podrá utilizar los activos de uso de distribución y/o transmisión para entregar los excedentes de energía y para el uso de respaldo, (b) Los activos de generación que sean utilizados para atender un consumo propio podrán entregar los excedentes únicamente en la frontera de generación asociada al autogenerador, que deberá corresponder al punto de conexión donde demanda energía, (c) La frontera de comercialización y la frontera de generación del autogenerador a gran escala deberán cumplir con lo establecido en el código de medida, Resolución CREG 038 de 2014[5], (d) Es requisito indispensable para acceder al mercado, que el autogenerador a gran escala instale un equipo de medición con capacidad para efectuar telemedida, (e) Para el suministro de energía, los precios se acordarán libremente entre las partes conforme a la regulación aplicable, (f) El autogenerador deberá ser representado por un comercializador para consumir energía de la red y podrá celebrar contratos para asegurar el suministro de energía de su demanda, (g) El autogenerador a gran escala que quiera entregar excedentes a la red deberá ser representado por un generador en el mercado mayorista, en cuyo caso las partes acordarán libremente las condiciones de dicha representación, (h) Si la potencia máxima declarada es menor a 20 MW, se aplicarán las condiciones establecidas para plantas no despachadas centralmente y en caso contrario, las establecidas para las plantas despachadas centralmente, (i) Para reportar la energía excedente entregada al SIN, el generador que represente al autogenerador cumplirá las disposiciones establecidas en el Reglamento de Operación aplicables a los generadores, (j) El autogenerador deberá pagar los costos establecidos para los generadores en la Resolución CREG 024 de 1995 y en el código de redes, Resolución CREG 025 de 1995, (k) La cantidad de energía excedentaria puede ser superior en cualquier porcentaje al valor de su consumo propio, y (l) Los activos de generación pueden ser de propiedad de la persona natural o jurídica autogeneradora o de terceros y la operación de dichos activos puede ser desarrollada por la misma persona natural o jurídica o por terceros.

En términos generales, al AGGE que esté interesado en entregar excedentes a la red no lo puede realizar directamente sino que deberá estar obligatoriamente representado por un agente debidamente inscrito en el mercado de energía mayorista como generador de energía (es decir, una empresa de servicios públicos dedicada a la actividad de generación), en cuyo caso el precio de entrega de excedentes será libremente acordado entre dichas partes. Así mismo, el AGGE no puede tomar directamente energía del sistema, sino que deberá contratar la energía directamente con un agente comercializador con quien celebrará el contrato de suministro de energía para cubrir su demanda.

IV.2.2. Entrega de excedentes del AGPE

Para el caso del AGPE (el que instala un sistema de autogeneración que no supera 1 MW) deberá conectarse a la red siguiendo los mecanismos de conexión de la Resolución CREG 030 de 2018, y la energía que no consuma podrá ser entregada a la red la cual será remunerada de acuerdo a lo estipulado en dicha regulación.

Principalmente, el AGPE tiene tres alternativas para la entrega de sus excedentes: (i) Podrá entregarlos al comercializador que atiende el mercado regulado y la remuneración por cada kilovatio hora será el precio bolsa para cada hora, (ii) Podrá entregarlos a un generador o comercializador de energía con destino al mercado no regulado a precio pactado de común acuerdo, y, (iii) Podrá entregarlos al distribuidor-comercializador a precio de bolsa (si es con fuentes convencionales) o de acuerdo al mecanismo del art. 17 de la Resolución CREG 030 de 2018 (si es con fuentes renovables).

En relación con esto último, el mecanismo contenido en el art. 17 para la remuneración de excedentes de energía generada con fuentes no convencionales de energía renovable se efectúa de acuerdo con un crédito de energía que “permuta” las importaciones y las exportaciones efectuadas a la red por un AGPE. De este modo: (a) En caso de AGPE menores a 100 kW, si la exportación es menor a la importación aplicará el crédito de energía y tendrá derecho el distribuidor integrado con el comercializador a la remuneración del fee de comercialización, y (b) Para el caso de AGPE con capacidad instalada superior a 100kW y hasta 1MW el comercializador cobrará al AGPE por cada kWh el costo de comercialización el cual corresponde a la variable Cvm,i,j y el servicio del sistema como la suma de las variables Tm, Dn,m, PRn,m,i,j y Rm,i; en ambos casos definidos en la Resolución CREG 119 de 2007.

Como se puede observar de lo anterior, hay una diferenciación entre el mecanismo de reconocimiento de excedentes entre aquellos generados con fuentes convencionales y los generados con fuentes renovables, además, en términos generales dispone la norma que el reconocimiento económico se realizará a precio bolsa, a menos que se celebre un contrato de entrega de excedentes entre el autogenerador y un generador o comercializador de energía caso en el cual se podrá pactar un precio por kilovatio hora de común acuerdo siempre que dicha energía sea destinada a la atención del mercado no regulado.

IV.3. Contrato de Respaldo

Este contrato, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2.469 de 2014 y el Decreto 348 de 2017, debe ser suscrito de manera obligatoria por los AGPE con capacidad instalada menor o igual a 100 kW y los AGGE. Esto es que los AGPE que no tienen un sistema de autogeneración que supere los 100kW no tienen la obligación de suscribir un contrato de respaldo de disponibilidad de capacidad de red.

Este contrato busca principalmente remunerar (a) la inversión asociada con la infraestructura requerida para la conexión del autogenerador, y (b) los costos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) a cargo del operador de red.

En ambos eventos, esto es, para los AGPE con capacidad instalada menor o igual a 100 kW y los AGGE, dispone la regulación que los precios del servicio de respaldo serán acordados por el mutuo acuerdo entre las partes, no obstante, recientemente la Resolución CREG 015 de 2018 introdujo en el capítulo 10 la metodología de cálculo del precio máximo que aplicará en los eventos en que las partes no lleguen a un acuerdo definitivo sobre el valor por la remuneración del servicio del respaldo.

IV.4. El FENOGE como fuente de financiación de proyectos de autogeneración

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) fue creado por la Ley N° 1.715 de 2014[6] con el objeto de financiar programas de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y de gestión eficiente de la energía.

La reglamentación operativa del FENOGE se expidió en septiembre de 2017 que en Decreto 1.543 de 2017 determinó que este Fondo será administrado bajo la figura de patrimonio autónomo para lo cual deberá celebrarse un contrato de Fiducia Mercantil entre el Ministerio de Minas y Energía con una entidad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

De manera particular y en concordancia con el art. 10 de la Ley N° 1.715 de 2014, la norma dispuso que los recursos del FENOGE podrán ser destinados para financiar de manera total o parcial programas y proyectos dirigidos al sector residencial de estratos 1, 2 y 3, tanto para la implementación de soluciones de autogeneración a pequeña escala, como para la mejora de eficiencia energética mediante la promoción de buenas prácticas, equipos de uso final de energía, adecuación de instalaciones internas y remodelaciones arquitectónicas, así como para la financiación de los estudios, auditorías energéticas, adecuaciones locativas, disposición final de equipos sustituidos y costos de administración e interventoría de los programas y/o proyectos de autogeneración señalados en la norma.

De esta forma, siguiendo los lineamientos de la Ley N° 1.715 de 2014, se podrán destinar recursos del FENOGE para la financiación de proyectos o programas de autogeneración a pequeña escala dirigidos al sector residencial de estratos 1, 2 y 3.

IV.5. Incentivos tributarios para los proyectos de autogeneración con fuente renovable

La Ley N° 1.715 de 2014 estableció la política de incentivos para la generación de energía a partir de fuentes renovables, los cuales por tanto serán aplicables también a la autogeneración de energía que emplee fuente renovable. Estos beneficios concretamente son: (i) Deducción de Renta: aplicado como la reducción anual de su renta, por los 5 años siguientes al año gravable en que hayan realizado la inversión, hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la inversión; (ii) Exclusión de IVA: a través del cual quedan excluidos de IVA los “equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la pre inversión e inversión, para la producción y utilización de energía a partir de las fuentes no convencionales, así como para la medición y evaluación de los potenciales recursos”; (iii) Incentivo Arancelario: por medio del cual las personas jurídicas o naturales titulares de nuevas inversiones en nuevos proyectos de FNCER, tendrán derecho a la exención del pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para labores de pre inversión y de inversión de proyectos con FNCE; e (iv) Incentivo Contable: aplicado a “las maquinaras, equipos y obras civiles necesarias para la pre inversión, inversión y operación de la generación con FNCE, que sean adquiridos y/o construidos”.

V. El rol del usuario – autogenerador [arriba] 

En este contexto y ante este nuevo esquema en el cual el usuario autogenerador puede entregar excedentes a la red, el ámbito tradicional de deberes y responsabilidades asociado al usuario debe atravesar necesariamente un proceso de ajuste, que conducido por el marco regulatorio, debe converger en que el usuario autogenerador, al tratarse de un sujeto activo en la cadena de producción que interactúa con la red y con los comercializadores de energía, sea en consecuencia destinatario también de deberes, responsabilidades y obligaciones que respondan a dicho nuevo rol.

Si bien este usuario seguirá ostentando los derechos que le otorga la Ley bajo el rol tradicional, esto es, los de acceso al servicio, libre elección del prestador, a recibir el servicio en condiciones de calidad y seguridad, a recibir una facturación oportuna, entre otros, y los deberes de pagar oportunamente la factura, de cumplir el contrato de servicios públicos, etc., ahora, el usuario autogenerador debe ser el destinatario de cargas y deberes especiales aplicables en los eventos que decida autogenerar su propia energía de manera total o parcial, lo que deberá realizarlo cumpliendo las Leyes generales y especiales, así como la reglamentación específica que regula la actividad de autogeneración, en temas específicos como (i) realizar la solicitud de conexión de acuerdo a los parámetros contenidos en la regulación, (ii) suscribir los contratos especiales que se definieron en la regulación tales como el contrato de conexión, el contrato de respaldo y el contrato de suministro de energía, así como cumplir las obligaciones contenidas en estos contratos, (iii) asumir y cumplir con el pago de los cargos asociados a la conexión, evaluación de estudios de conexión, del servicio de respaldo, del fee de comercialización y en general todos aquellos dispuestos en las normas y que resulten aplicables a la actividad de autogeneración, (iv) cumplir con las condiciones técnicas respecto de los equipos de medida de acuerdo a la regulación, y, (v) cumplir con toda la reglamentación respecto de la entrega de excedentes y los mecanismos de remuneración.

Por otra parte, hemos referido que el autogenerador no es una empresa de servicios públicos ni debe constituirse como tal, no obstante, tal como lo establece la Ley 142 de 1994, el autogenerador sí ejerce actividades propias de las empresas de servicios públicos en la medida que está produciendo energía eléctrica. Partiendo de este supuesto, queda planteado el debate respecto de la autoridad competente para ejercer la vigilancia y control de estos nuevos deberes, responsabilidades y obligaciones que le son impuestos por la Ley y la regulación al usuario autogenerador en razón de la actividad que desempeña. Aunque no está ejerciendo un servicio público, ¿la vigilancia y control será de competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), entidad que en Colombia tiene la cláusula general de competencia para ejercer la vigilancia y control respecto de las normas que rigen los servicios públicos?

Sin perjuicio de lo anterior, no debe dejarse de tener presente que aunque hoy en día la producción de energía eléctrica pueda realizarse por empresas de servicios públicos o por usuarios autogeneradores para su propio consumo, y que si bien se rige bajo normas de naturaleza civil y comercial en determinados aspectos[7], en nuestra opinión al tratarse de energía eléctrica continúa siendo un servicio público que por tanto, es objeto de intervención estatal vía regulación de la CREG y el ente de vigilancia y control será la SSPD quien deberá velar por el cumplimiento de la normatividad que rige la actividad de autogeneración y consecuencia de esto, imponer las sanciones en los eventos de su incumplimiento.

Como vemos, a raíz del fomento legislativo y regulatorio de la actividad de autogeneración en nuestro ordenamiento, seguirá entonces una etapa de empalme y articulación que no sólo incumbe al usuario autogenerador en su nuevo rol, sino que incluye también a la institucionalidad que deberá plantearse nuevos mecanismos y competencias de orden regulatorio, así como en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control.

 

 

Notas [arriba] 

[1] Juanita Hernández Vidal, abogada de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, juanita@estudiolegalhernandez.com. Magister en Regulación Energética y especialista en Derecho Minero Energético, actualmente se desempeña como Docente universitaria y Directora de Energía en Estudio Legal Hernández.
[2] Ley N° 142 de 199, art. 14.15. PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE O PARA USO PARTICULAR. Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente aceptados por la normatividad vigente para cada servicio, produce bienes o servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos para sí misma o para una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa con ella o con sus socios o miembros o como subproducto de otra actividad principal.
[3] Ley N° 143 de 1994, art. 11. “Sistema interconectado nacional: es el sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios”.
[4] “Por la cual se regula la actividad de autogeneración a gran escala en el sistema interconectado nacional (SIN) y se dictan otras disposiciones”.
[5] Código de Medida.
[6] Ley N° 1.715 de 2014, art. 10. “Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge). Créese el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía para financiar programas de FNCE y gestión eficiente de la energía. Los recursos que nutran este Fondo podrán ser aportados por la Nación, entidades públicas o privadas, así como por organismos de carácter multilateral e internacional. Dicho Fondo será reglamentado por el Ministerio de Minas y Energía y administrado por una fiducia que seleccione el Ministerio de Minas y Energía para tal fin.
Con los recursos del Fondo se podrán financiar parcial o totalmente, entre otros, programas y proyectos dirigidos al sector residencial de estratos 1, 2 y 3, tanto para la implementación de soluciones de autogeneración a pequeña escala, como para la mejora de eficiencia energética mediante la promoción de buenas prácticas, equipos de uso final de energía, adecuación de instalaciones internas y remo delaciones arquitectónicas.
Igualmente se podrán financiar los estudios, auditorías energéticas, adecuaciones locativas, disposición final de equipos sustituidos y costos de administración e interventoría de los programas y/o proyectos.
Los proyectos financiados con este Fondo deberán cumplir evaluaciones costo-beneficio que comparen el costo del proyecto con los ahorros económicos o ingresos producidos”.
[7] Tal es el caso de la figura del Power Purchase Agreement (PPA) que si bien debe estar enmarcado en la legislación y regulación sectorial, en nuestra opinión se rige de manera exclusiva bajo normas civiles y comerciales.