La Política Argentina frente al cambio climático

Marcelo A. López Alfonsín [1]
Valeria Fanti [2]

Marco Legal [arriba] 

El Congreso ratificó en el año 1994 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a través de la Ley 24.295, asumiendo la obligación de informar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) y programas nacionales que contengan medidas para mitigar el cambio climático. También en el año 2001 se ha ratificado el Protocolo de Kioto, mediante la Ley 25.438 y el Acuerdo de París por medio de la Ley 27.270 en el año 2016.

En la COP 21 celebrada en París en diciembre del 2015, los países debían presentar sus “Contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional” (NDC por sus siglas en inglés) siguiendo tres criterios distintos, a saber: a) Nivel de emisiones en 2030 por debajo de los niveles presentes; b) Reducción en el nivel de emisiones por unidad de PBI c) Reducción de las emisiones proyectadas según las proyecciones BAU (“Business as Usual”), es decir siguiendo las practicas actuales.

Argentina es uno de los tantos países que eligió este último criterio. En la primera Contribución Nacional ofreció disminuir sus emisiones entre 15 y 30 por ciento con respecto a la proyección BAU en 2030. Según un análisis realizado por el “Climate policy team of Climate Analysis”, si todos los países hubiesen presentado una oferta similar a la Argentina, la temperatura mundial subiría 4 C*. Sin embargo, también fue el primer país en revisar las contribuciones nacionales. En la nueva propuesta se indicó que se pasaría del 15% al 18% respecto a la reducción de gases de efecto invernadero con fondos propios y con la ayuda de fondos extranjeros alcanzar un 37% respecto de 30% propuesto en la primer NDC.

La principal dificultad – y quizá critica – que presentan las NDC es que no son obligatorias. Al ser metas voluntarias expresadas por cada país y revisadas periódicamente no se puede exigir ningún mínimo y la forma en que se van a evaluar y “controlar” fue tema de debate durante la última COP 24 en Katowice, Polonia, en donde se intentó dar forma y marco al Acuerdo de Paris, justamente para tratar de contrarrestar la carencia de rigurosidad y obligatoriedad que posee.

La situación en Argentina [arriba] 

Barros y Camilloni (2016)[3] nos indican que los efectos del cambio climático ya están ocurriendo en nuestro país. Entre 1960 y 2010, la temperatura aumentó 0,5° C en la región centro-norte del país mientras que las temperaturas mínimas aumentaron aproximadamente 1º C y las temperaturas máximas se redujeron prácticamente en la misma proporción durante ese período de tiempo. En la Patagonia el aumento de temperatura fue mayor que en el resto del país, llegando en algunas zonas a superar 1° C. A nivel estacional, se ha encontrado que los veranos tienden a ser más prolongados y los inviernos más moderados. Se han identificado una disminución en la ocurrencia de heladas y un incremento en la frecuencia de olas de calor. A partir de la década del ’60 aumentaron la lluvia anual y la frecuencia de eventos extremos en regiones como el centro-este del país. En el centro-este de Argentina, la precipitación anual aumentó entre el 10 y 40% entre 1961 y 2016, con los mayores incrementos en el centro de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y en Misiones (SMN, 2018). Estas mayores precipitaciones dieron lugar al corrimiento de la frontera agropecuaria incorporando miles de hectáreas a usos agrícolas en las provincias de La Pampa, San Luis, Córdoba, Chaco y Santiago del Estero. En las regiones cordilleranas de Cuyo y Comahue, los caudales de los ríos más importantes muestran una tendencia negativa. Por ejemplo, los ríos San Juan, Atuel, Negro, Limay, Neuquén y Colorado muestran una reducción en sus caudales anuales a partir de la década del ’80 que en algunos casos alcanza al 30%. Estas tendencias son indicadoras de la disminución de las masas de agua almacenadas en los glaciares de alta montaña y ponen de manifiesto un aumento del riesgo de déficit hídrico en estas regiones.

Políticas de mitigación y adaptación [arriba] 

Las medidas de adaptación al cambio climático deben establecer políticas, acciones tendientes a reducir los impactos. Se dirigen a dar una respuesta adecuada para los impactos locales y sobre los sectores y territorios que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad procurando reducir el riesgo. En el Informe País 2018 se estableció que en el año 2017, treinta y tres gobiernos locales habían realizados progresos significativos respecto a estos planes. Así mismo se indica que la meta final es de 118 gobiernos locales, lo cual nos indica que aún estamos lejos de alcanzar el número objetivo.

Respecto a las medidas de mitigación, nuestro país posee un Plan Nacional de Mitigación en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático. El plan encamina las estrategias de desarrollo en sintonía con la mitigación al cambio climático y también cumplan con los compromisos asumidos por nuestro país en el Acuerdo de Paris. Según los datos publicados por el 2do Reporte Bienal de actualización (BUR, por su sigla en inglés) son seis las medidas específicas que se han presentado en la NDC revisada en materia de mitigación: 1) Generación eléctrica a partir de fuentes renovables conectadas a la red, 2) Iluminación residencial y alumbrado público, 3) Generación eléctrica aislada de la red, 4) Corte con biocombustibles en gasoil y naftas para el transporte carretero, 5) Forestación, 6) Conservación, manejo sostenible y recuperación de bosques nativos.

De estas medidas algunas tienen un mayor impacto en la reducción de emisiones y se han desarrollado políticas de implementación más reciente. Es el caso de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables conectadas a la red.

Reflexiones finales [arriba] 

Es criticable la baja exigencia de las metas propuestas por nuestro país, si bien es dable destacar la iniciativa expresada por el responsable de la cartera ambiental y el compromiso de ir revisando el proceso, lejos estamos aún de una reducción más ambiciosa y, según concuerdan las organizaciones no gubernamentales más comprometidas con el seguimiento de la cuestión, necesaria.

Es de destacar el impulso que se le ha dado al fomento de las energías renovables con la aprobación de la ley y el lanzamiento del programa RenovAR y los programas de promoción para la utilización de biomasa. Sin embargo, deviene imprescindible la ejecución de políticas de mitigación vinculadas a la actividad agropecuaria, debido a que es la principal fuente de emisiones en nuestro país.

Pero todo esfuerzo o plan actual deviene abstracto sino incluimos en el análisis la variable de explotación en Vaca Muerta. Si tenemos en cuenta el llamado pronunciado por el último informe del IPCC a tomar medidas urgentes para evitar que el aumento de la temperatura media global no supere los 1,5 grados respecto del período preindustrial, y plantea que es necesario reducir en un 50 por ciento el empleo de combustibles fósiles en menos de 15 años y eliminar su uso casi por completo en 30 años, y aun así no se asegura el éxito de estar por debajo de los 1.5ºC, será necesario rever todas las acciones y políticas de mitigación para que pueden atenuar las emisiones provocadas por la actividad en Vaca Muerta.

Notas [arriba] 

[1] Doctor en Derecho (UBA). Juez Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
[2] Lic. en Ciencia Política (USAL). Magister en Gestión Sostenible del Ambiente. (Universidad de Salamanca) val.fanti@gmail.com
[3] Barros, V., Camilloni, I. (2016) La Argentina y el cambio climático, de la física a la política. Eudeba.