Doctrina
Título:Legislar con perspectiva de género: Necesario avance en materia de igualdad sustantiva
Autor:Orrego Olmedo, Karem
País:
Chile
Publicación:Revista de Ciencia de la Legislación - Número 10 - Septiembre 2021
Fecha:23-09-2021 Cita:IJ-MDCCCLXXXVII-380
Índice
Introducción
¿Qué entendemos por transversalización de género?
¿Por qué es necesario transversalizar la perspectiva de género en la legislación?
Herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en el proceso legislativo
Incorporación de estas herramientas en América Latina y Centro América
Reflexiones Finales
Notas

Legislar con perspectiva de género:

Necesario avance en materia de igualdad sustantiva

Por Karem Orrego Olmedo[1]

Siendo la igualdad de género un derecho y un fin perseguido por los Estados, se hace evidente la necesidad de reflexionar respecto de los distintos procesos que nos rigen y rodean nuestra vida y observar a que se debe que la discriminación hacia las mujeres persista, pese al convencimiento internacional de propender hacia la igualdad. Así, la necesidad de actualizar los distintos actos que rigen la vida en sociedad para lograr este objetivo, nos lleva a mirar la incorporación de la perspectiva de género como un proceso eficiente y necesario para tener una sociedad más equitativa. Por lo anterior, el presente trabajo tiene por objeto abordar el concepto de transversalización de género, su importancia y en particular porqué, en el mundo actual, resulta indispensable aplicar este proceso en el ejercicio de las funciones por parte de los poderes públicos, y particularmente, en el ejercicio de la principal labor del parlamento, cual es la tarea de legislar. Su desarrollo comprende, además de lo mencionado, una revisión sintética de los instrumentos que hoy por hoy se conocen para incorporar la perspectiva de género en el trabajo legislativo y cómo estos instrumentos se han aplicado en distintas legislaciones de América Latina y Central.

Introducción [arriba] 

En la actualidad, el posicionamiento femenino, la búsqueda de la igualdad de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres, es un tema latente. Esta demanda femenina se viene gestando desde ya hace varios años, lo que también da cuenta de ciertos avances en la materia, pero sin haber conseguido aun su finalidad última.

Con la irrupción de la pandemia del COVID-19 quedaron al descubierto una serie de situaciones y la enfermedad dio lugar a efectos dramáticos en distintos ámbitos: una crisis económica a nivel mundial, pérdida de empleos, crisis sanitaria, entre otros aspectos. A estos efectos generales se les puede hacer un análisis particular desde las consecuencias de la enfermedad en las mujeres, observando efectos concretos aplicables al género femenino, entre ellos: se visibilizó la fuerte desigualdad existente en los distintos países entre hombres y mujeres, el aumento de la violencia doméstica hacia el género femenino, la pérdida de trabajos relacionados con servicios, en donde la mayoría de quienes desempeñan esas tareas son mujeres, aumentando el desempleo en este grupo; la sobre exigencia en lo relativo al trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado, entre otros aspectos.

Así, las miradas sobre los sucesos ya no se bastan con una visión genérica, sino que requieren de puntos de vistas específicos aplicables a grupos concretos que se afectan de distintas maneras frente a los hechos, Hoy, los sucesos requieren una mirada de género y sus soluciones también. Este proceso se canaliza a través de la aplicación de la perspectiva de género.

¿Qué entendemos por transversalización de género? [arriba] 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la transversalización de la perspectiva de género “es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y para los hombres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros[2]”. Así la transversalización “pretende integrar un enfoque de equidad entre mujeres y hombres en todas las políticas, estrategias, programas, actividades administrativas y financieras y la cultura institucional de las distintas instituciones. Ésta se ha convertido en un mecanismo para lograr el objetivo de la igualdad de género[3]”.

Este proceso como herramienta eficaz para alcanzar la equidad de género surge en la 3ª Conferencia Mundial sobre la Mujeres celebrada en Nairobi en 1985, “donde los más altos niveles de gobierno establecieron mecanismos con el objetivo de dar seguimiento al impacto de las políticas públicas en beneficio de las mujeres[4]”. Luego, en la 4ª Conferencia celebrada en 1995, “se defendió la incorporación de una perspectiva de género como un enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de género[5]”. Desde ahí en adelante han sido diversos los instrumentos que hacen referencia a implementación de este paradigma en distintos ámbitos.

La perspectiva de género al incorporarse a la actividad de los poderes públicos da paso a la institucionalización de la perspectiva de género, e implica “adoptar, crear, adecuar e implementar reglas y políticas al interior de las instituciones estatales para modificar positivamente la situación de las mujeres[6]”

La importancia de considerar esta particular mirada a la actividad de los poderes del Estado dice relación con los siguientes aspectos[7]:

• Dar cumplimiento efectivo al principio de igualdad, consagrado como uno de los principios universales que inspiran los derechos humanos, la igualdad de las personas sin importar sexo, raza ni religión.

• Hace visibles los retos de la implementación de la igualdad de género en la cultura patriarcal las distintas sociedades.

• Es un proceso necesario para lograr los resultados deseados (igualdad) en las instituciones y programas de desarrollo, considerando el impacto diferencial según el género en las acciones de desarrollo.

Este proceso, tal como indica este concepto, es susceptible de ser incorporado en la actividad de los distintos poderes del Estado. Así, es posible considerarlo al momento de desarrollar e implementar políticas públicas desde el Ejecutivo, se puede considerar al momento de resolver causas judiciales desde el poder judicial y también es factible, y necesario de considerarla en el proceso de generación normativa, a objeto de dictar leyes que promuevan la efectiva igualdad de género.

¿Por qué es necesario transversalizar la perspectiva de género en la legislación? [arriba] 

En materia legislativa la perspectiva de género se ha desarrollado desde tres ángulos[8]: paridad en la composición del poder legislativo y su orgánica; uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio y, en tercer término, desde el proceso de formación de la ley, particularmente en la introducción de reformas legales o nomas nuevas que permitan desarrollar la igualdad de género. Este último es el que abordaré en detalle.

La ley tiene por finalidad regular la conducta en sociedad y como tal, debe ser capaz de adaptarse a las condiciones reales de vida de sus destinatarios. En tal sentido, la incorporación de la perspectiva de género en el proceso legislativo es necesaria entre otras razones, en atención a lo siguiente:

- Permite posicionar el tema de la desigualdad como un problema de agenda y merecida atención de los poderes públicos;

- Facilita la búsqueda de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la abolición de la discriminación por género directa e indirecta: este aspecto resulta, hoy por hoy, ser un desafío para cuya consecución se deben emplear medidas en los distintos frentes, siendo uno de ellos la adecuación en el proceso de formación de la ley y su resultado, la ley;

- Permite reconocer el hecho de que las leyes afectan de manera distinta a hombres y mujeres: se debe comprender que los efectos de la actividad legislativa en lo relativo a oportunidades y recursos sobre hombres y mujeres no son neutros, sino que inciden de manera diferenciada a unos y otros. Por tanto, para lograr el equilibrio, es indispensable incorporar este mecanismo y evitar generar normas que resulten discriminatorias;

- Contribuye al desarrollo de capacidades institucionales del Poder Legislativo, y fortalece su función de representación de la ciudadanía en su diversidad.

Así entenderemos la incorporación de la perspectiva de género la formación de la ley como un proceso que “busca desarrollar las herramientas para identificar y disminuir las brechas de desigualdad estructural, por razón de género; eliminar los elementos de discriminación y exclusión de la normatividad; promover la igualdad de género en la normatividad; propiciar presupuestos con perspectiva de género, para cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres; (Cámara de Diputados, 2017) y reconocer si la legislación puede generar, en sus resultados, incentivos que ahonden la desigualdad de género y, en su caso, corregir esas fallas.[9]”

Frente a lo anterior, se pueden considerar dentro de las ventajas de implementar la perspectiva de género en la elaboración de la ley, las siguientes[10]:

- Aumenta su representatividad, al reconocer y respetar las necesidades y los derechos de mujeres y hombres;

- Contribuye a una gestión más eficaz y eficiente, al valorar los posibles efectos de las medidas legislativas en las relaciones de género;

- Favorece un mayor acercamiento entre las instituciones representativas y la ciudadanía, al incorporar conocimientos específicos sobre las necesidades de las personas desde el ángulo de la igualdad de género

Este elemento a considerar no aparece únicamente como consecuencia de la fuerte convicción, particularmente femenina, y también social de la existencia de una desigualdad estructural y limitaciones de derechos, sino que también constituye un imperativo de realidad derivado de una serie de instrumentos internacionales que muchos países han asumido. Así por ejemplo la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) establece en su artículo 2 letra f que los estados se comprometen a “f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”. Algo similar se establece en la declaración de Beijin de 1995 cuyo numeral 204 letra d señala, como una de las medidas de han de adoptar los gobiernos “d) Trabajar con los miembros de los órganos legislativos, según proceda, a fin de promover la introducción en todas las legislaciones y políticas de una perspectiva de género. Y finalmente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, considera dentro de sus 17 objetivos el numeral 5 referido a “Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”.

Frente a lo anterior, parece inevitable la necesidad de institucionalizar la perspectiva de género en la actividad legislativa a fin de no perpetuar normas que en su ejecución o en sus efectos posteriores, fomenten la inequidad que afecta a buena parte de la población.

Herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en el proceso legislativo [arriba] 

La concreción de este proceso requiere de instrumentos específicos que faciliten la transversalización de la mirada de género en el proceso legislativo. Dentro de los instrumentos que hoy se conocen, me referiré a tres: comisiones de género, Análisis de Impacto de Género y Presupuestos sensibles al género.

1. Comisiones de Género: este tipo de comisiones han proliferado en numerosos parlamentos, los que hoy cuentan con entidades de carácter permanentes o especiales integrada por congresistas y destinadas a analizar específicamente aquellas iniciativas legislativas en materia de género. Esta resulta ser una herramienta que contribuye, pero puede resultar insuficiente, por varias razones. En primer lugar, porque estas comisiones habitualmente están integradas solo por parlamentarias, lo que refuerza la idea errada de que los problemas de igualdad de género solo le corresponden a un grupo de personas. En segundo lugar, no todas las iniciativas legislativas serán revisadas por estas comisiones, sino que sólo aquellas que, normalmente, regulan de manera expresa materias que pudieran afectar a la mujer, lo que implica que otros proyectos de regulación, que también pudieran incidir en estos temas, quedan sin esta revisión durante el proceso de formación de la ley, lo que hace que esta herramienta tenga una eficacia limitada. Así, si bien estas estructuras son un buen inicio para incorporar formalmente el tema en las estructuras parlamentarias, ellas no satisfacen la necesidad transversal de incorporar la perspectiva de género a lo largo de la legislación.

2. Análisis de Impacto de Género (AIG): según lo establece Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), agencia de la Unión Europea (UE) dedicada exclusivamente a la igualdad de género, la evaluación de impacto de género (gender impact assessement o GIA, por sus siglas en inglés) se define como una evaluación, análisis o valoración ex ante de una ley, política o programa, que permite identificar, de manera preventiva, la probabilidad de que una determinada decisión tenga consecuencias negativas para la igualdad entre mujeres y hombres. La pregunta central de la GIA es: ¿Una ley, política o programa reduce, mantiene o aumenta las desigualdades de género entre mujeres y hombres?[11].

Para implementar el AIG se requiere de insumos de género, que son indicadores que sirven para medir la situación de las mujeres en relación a los hombres en distintos ámbitos, relacionados con la igualdad de género. Dentro de estos insumos encontramos información estadística desagregada por sexo para el contexto de aplicación de la iniciativa; información cualitativa sobre los papeles atribuidos a mujeres y hombres en el contexto de aplicación de la iniciativa; conocimiento sobre la legislación nacional y la normativa internacional de derechos humanos y derechos de las mujeres; opinión de organizaciones y personas interesadas, organizaciones y colectivos de mujeres, expertas/os en el tema tratado y en género[12].

Esta herramienta resultará útil en tanto se incorpore en todas las iniciativas legislativas, incluidas aquellas que parecieran no tener impacto de género e idealmente el AIG debería ser parte de la documentación que se acompaña con la presentación de los proyectos de ley[13].

Del análisis de todos los antecedentes que conlleva el AIG, se deberá efectuar una valoración de impacto de género. Habrá impacto positivo si se verifica que la aplicación de la iniciativa reducirá las desigualdades identificadas. De lo contrario, el escenario de impacto negativo se producirá si existen desigualdades de género que no son atendidas por la iniciativa y/o la misma profundizará dichas desigualdades[14].

Esta herramienta representa una medida mucho más eficiente para la consecución del fin perseguido en el proceso.

3. Presupuestos sensibles al género: en materia presupuestaria normalmente se parte de la base de la neutralidad del presupuesto, sin embargo, esta tendencia invisibiliza las diferencias de roles entre hombres y mujeres acentuando la desigualdad. Frente a esto surge la noción de los presupuestos sensibles al género (PSG) como una herramienta que “busca asegurar que el presupuesto sea definido y distribuido de manera justa, reconociendo y respondiendo a las diferentes realidades, necesidades e intereses que las mujeres y los hombres tienen en la sociedad, de acuerdo con sus contextos sociales, territoriales y étnicos, y aportando recursos para dar solución a las inequidades vigentes[15]”.

La tramitación presupuestaria implica el levantamiento de un proyecto presupuestario (Ley de Presupuestos, por ejemplo) y su tramitación en el parlamento. En tal sentido el parlamento, para promover los PSG debería considerar los siguientes elementos[16]:

- En el proceso de formación de la ley debe incidir para que los marcos normativos relacionados con la planificación y presupuestación consideren la igualdad de género como un objetivo elemental para el desarrollo, con indicadores y metas específicas; que demanden al conjunto de instituciones públicas acciones concretas para avanzar hacia la reducción de brechas;

- En la fiscalización de las demás funciones del Estado, especialmente al Poder Ejecutivo: dar seguimiento a las políticas y planes estratégicos para el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de género;

- En la aprobación y seguimiento del presupuesto: realizar análisis de enfoque de género del proyecto de presupuesto a objeto de identificar si programas y proyectos para la igualdad de género tiene recursos presupuestarios.

Incorporación de estas herramientas en América Latina y Centro América [arriba] 

Es interesante revisar cómo, de manera paulatina y en mayor o menor medida en cuanto a su efectiva incidencia en el proceso legislativo, se han ido incorporando en las legislaciones de la región instrumentos que contribuyen a la transversalización de género en el parlamento.

En particular me referiré a algunos casos en los que se contemplan Análisis de Impacto de Género y Presupuestos Sensibles al Género. Excluiré de esta revisión las Comisiones de Género porque, si bien contribuyen en la visibilización de temas de género, esta se circunscribe a un conjunto de proyectos que pasan por dichas comisioné y por tanto, como señalé anteriormente, tiene n una eficacia limitada.

En materia de Análisis de Impacto de Género, en primer lugar, cabe tener a la vista el caso de Costa Rica, país que cuenta Unidad Técnica para la Igualdad y la Equidad de Género, de la Asamblea Legislativa, cuya misión es “Asesorar a la Asamblea Legislativa en el desarrollo e implementación de una política de Igualdad y equidad de género que incorpore la perspectiva de género en los procesos y funciones legislativas”. Dentro de sus objetivos específicos encontramos el “gestionar estrategias legislativas y administrativas para la incorporación de la perspectiva de género en las funciones legislativas.”. Asimismo, la Unidad tiene incidencia en el proceso de formación de la ley brindando asesoría técnica administrativa, fracciones políticas, diputados y diputadas, comisiones legislativas y plenario para que en el proceso de la formación de la ley se incorpore la perspectiva de género[17].

En segundo término, tenemos el caso de México. Ambas cámaras cuentan con unidades especializadas en materias de género. La Cámara de Diputados tiene en su estructura una Unidad para la Igualdad de Género y además con el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, órgano de apoyo técnico apartidista de especialistas en elaborar estudios, análisis e investigaciones con perspectiva de género, para contribuir al trabajo parlamentario e impulsar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres[18]. Por su parte el Senado considera una Unidad Técnica para la Igualdad de Género[19], cuya finalidad es fomentar la perspectiva de género en todas las actividades, áreas y decisiones del Senado, así como fomentar nuevas formas de relacionarse para trasformar la cultura organizacional.

Por su parte Nicaragua el año 2008 implementó la Unidad Técnica de Género, de la Asamblea Nacional[20]. Esta Unidad surge con el objetivo primordial de garantizar que las leyes y las resoluciones tengan contenido de género, siendo su visión “Que las leyes aprobadas, garanticen la igualdad y equidad de género y que a lo interno del parlamento, no existan desigualdades en las oportunidades para hombres y mujeres que forman parte del capital humano”.

Finalmente destacar el caso de Ecuador que cuenta con una Unidad de Técnica Legislativa órgano, asesor de la Asamblea Nacional[21]. Esta Unidad tiene por objeto acompañar el proceso de creación de la norma y proveer a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea de un informe no vinculante sobre una serie de temas, entre ellos “impacto de género de las normas sugeridas”. Cabe señalar que el informe que se levanta por parte de esta unidad no es vinculante para el pleno ni para las comisiones.

En lo relativo a Presupuestos Sensibles al Género, en América Latina, se reconoce como la primera iniciativa de PSG la surgida en México el año 1997. En aquella oportunidad se creó “dentro de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, una subcomisión de "Presupuesto Federal Etiquetado" con el objetivo fundamental de identificar los programas específicos para las mujeres en el Presupuesto de "egresos" (gastos) de la Federación”[22]. Luego de este primer hito, han proliferado una serie de otros presupuestos en esta línea, siendo en América alrededor de 20 los países que hacia 2020 implementaban esta herramienta.

De estos casos, aparece como uno de los más recientes, el Presupuesto argentino de 2021, conocido como el primer presupuesto de esa nación con perspectiva de género y diversidad. Este presupuesto surge como “un proceso colectivo, que implica múltiples tareas y actores, que incluyen la definición política de dar prioridad a los objetivos de cerrar brechas de desigualdad, la coordinación de las áreas de la APN, el debate entre distintos poderes y con organizaciones de la sociedad civil, a la vez que tareas de orden técnico y metodológico, entre otras[23].

Reflexiones Finales [arriba] 

- El logro de la igualdad de género es un objetivo que traspasa las fronteras de los países, y que requiere, desde lo privado, un cambio de conciencia en el funcionamiento de la sociedad y desde lo público, decisiones que dejen de reproducir las desigualdades que se han mantenido hasta ahora, dando cabida a cambios de razonamiento que permitan observar la realidad desde un prisma distinto y de transformación, paso necesario para el reconocimiento efectivo de la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

- La incorporación de la perspectiva de género de manera institucional es un proceso que contribuye a esta transformación. Al ser parte de los criterios que dirijan el actuar de los poderes públicos, la transversalización de género requiere de un proceso de concientización que permita generar un consenso en cuanto a la necesidad de incorporar el enfoque. Así parece prioritario, para que concretamente se plasme la perspectiva de género en las actuaciones del Estado, que previamente se divulgue y explique al interior de las respectivas entidades la razón que lleva a su incorporación y cuan necesario es este proceso para alcanzar la igualdad de género sustantiva.

- En materia legislativa, la consideración de la perspectiva de género involucra un cambio en las reglas. La, hasta ahora conocida “neutralidad” en la dictación normativa, el análisis de los efectos en general, se sustituye por la incorporación de una mirada de género, que implica un análisis diferenciado entre quienes efectivamente son diferentes y todo ello para nivelar y alcanzar la igualdad.

- Parece ser primordial para incorporar en el trabajo legislativo la perspectiva de género, la existencia de unidades de carácter técnico abocadas a efectuar los análisis de impacto de género en las distintas iniciativas legislativas, aun en aquellas que a primera vista parecieran no incidir en la materia. Esto por cuanto se requiere, para que el AIG sea eficiente, la aplicación de indicadores que necesitan un análisis técnico especializado en la materia y que permitan una mirada transversal. Así, en tanto más robustas y profesionalizadas logren ser estas estructuras, mejores resultados a nivel legislativo se podrán alcanzar.

- La figura de los presupuestos sensibles al género es crucial. La definición de la destinación de recursos del Estado, que se hace habitualmente en las leyes de presupuestos, requiere de un análisis diferenciado por género ya que, a través de esa concreta destinación de recursos, hecha de manera equitativa, se puede llegar a una igualdad sustantiva en la vida de mujeres y hombres.

- Finalmente señalar que la igualdad de género ya no es una declaración normativa con contenido formal. Hoy la sociedad es mucho más consiente de la necesidad de llegar a la igualdad efectiva, cuya concreción requiere de herramientas y cambios de mentalidad. Las transformaciones son ambiciosas, especialmente en instituciones como los parlamentos que tiene tradiciones y estructuras más bien estáticas, pero los tiempos requieren adecuaciones a todo nivel que la sociedad demanda hoy de manera incansable.

 

 

Notas [arriba] 

[1] Karem Orrego Olmedo, Abogada, Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos Universidad Complutense de Madrid. Magister en Derecho con mención en Derecho Público Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Coautora del Libro Constituciones Chilenas de 1833, 1925 y 1980: Historia, Instituciones y debate Constituyente, Editorial RIL año 2021. Jefa Sección Historia Legislativa y Parlamentaria, Departamento de Servicios Legislativos y Documentales Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, karemorregoolmedo@gmail.com
[2]ONU. Informe del Consejo Económico y Social correspondiente a 1997. Asamblea General Documentos Oficiales Quincuagésimo segundo período de sesiones Suplemento No. 3 (A/52/3/Rev.1)
[3] Caja de Herramientas de Género. Módulo 2: Transversalización del enfoque de género – Manual para participantes. Oxfam-Québec, 2014
[4] Barquet Mecedes, Benítes Alejandra. La transversalización de la perspectiva de género: una estrategia para avanzar en la igualdad. Colección Equidad de género y democracia, vol. 4; – México Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Instituto Electoral del Distrito Federal. Primera edición, diciembre de 2012 
[5] Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Disponible en https://www.un.org /womenwatch /daw/beijing/fwc wn.html (septiembre, 2021).
[6] Barquet Mecedes, Benítes Alejandra. La transversalización de la perspectiva de género: una estrategia para avanzar en la igualdad. Colección Equidad de género y democracia, vol. 4; – México:
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Instituto Electoral del Distrito Federal. Primera edición, diciembre de 2012
[7] Caja de Herramientas de Género. Módulo 2: Transversalización del enfoque de género – Manual para participantes. Oxfam-Québec, 2014
[8] Guía para la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. Septiembre 2019
[9] Guía para la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. Septiembre 2019.
[10] Mariana Caminotti y Ana Laura Rodríguez Gustá. Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo Legislativo. Universidad Nacional de San Martín UNSaM Año 2011
[11] European Institute for Gender Equality, EIGE (2017). Gender Impact Assessment: Gender Mainstreaming Toolkit. Disponible en: https://eige.europ a.eu/publications/g ender-impact-assess ment-gender-m ainstreaming- toolkit (Septiembre 2021)
[12] Mariana Caminotti y Ana Laura Rodríguez Gustá. Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo Legislativo. Universidad Nacional de San Martín UNSaM Año 2011
[13] En el caso chileno, por ejemplo, aquellos proyectos que tienen incidencia presupuestaria, deben acompañar un informe financiero como parte de la documentación necesaria al momento de la presentación del Mensaje.
[14] Mariana Caminotti y Ana Laura Rodríguez Gustá. Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo Legislativo. Universidad Nacional de San Martín UNSaM Año 2011
[15] Guía para la Incorporación del enfoque de Género en el Trabajo Legislativo. PNUD
[16] Mariana Caminotti y Ana Laura Rodríguez Gustá. Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo Legislativo. Universidad Nacional de San Martín UNSaM Año 2011
[17] Asamblea Legislativa República de Costa Rica. Disponible en http://www.asamblea.g o.cr/ci/UTIEG/Site Pages/Inicio. aspx (septiembre, 2021)
[18] Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género. Disponible en http://www3. diputados.go b.mx/camara/001_diputa dos/006_centro s_de_estudio/ 05_centro_de _estudios_para_ el_logro_de_l a_igualdad_ de_genero (septiembre, 2021)
[19] Unidad Técnica para la Igualdad de Género. Disponible en: https://unidadg enero.senado.gob .mx/#:~:text=La %20Unidad%20T %C3%A9cnica%20p ara%20la,forma s%20de%20re lacionarse%20 entre%20la (septiembre, 2021)
[20] Asamblea Nacional de Nicaragua. Disponible en https://www.asa mblea.gob.ni/ (septiembre, 2021)
[21] Asamblea Nacional de Ecuador. Disponible en: https://www.asambleanacional.g ob.ec/es/unidad-tec nica-legisl ativa/inicio (septiembre, 2021)
[22] Coello Cremades, Raquel. Iniciativas de presupuestos sensibles al género en América Latina. Una ruta hacia la institucionalización. Revista Internacional de Estudios Feministas, 2016.
[23] Mercedes D’Alessandro, Luciana Rolón, Sol Prieto, Carolina Zanino y Ximena de la Fuente. a Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en el marco de la Iniciativa Spotlight. Presupuesto 2021. Primer presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Año 2021. Disponible en: https://www.argentin a.gob.ar/sites /default/files/pre supuesto_2021._prime r_presupuesto_con_perspe ctiva_de_genero_y_dive rsidad.pdf (septiembre, 2021)