Doctrina
Título:La asegurabilidad del suicidio en el Derecho Contemporáneo. Evolución histórica y su proyección en el Derecho comparado y colombiano
Autor:Jaramillo Mor, Carlos Esteban
País:
Colombia
Publicación:Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros - Volumen 30 - Número 54
Fecha:04-06-2021 Cita:IJ-MCCCLXXXV-249
DOI:https://doi.org/10.11144/Javeriana.ris54.asdc
Índice Voces
Sumarios

El propósito fundamental del presente escrito estriba, como su nombre lo revela, en el desarrollo de un estudio panorámico y generalizado del suicidio y su particular proyección en el ámbito del Derecho aseguraticio, temática que, como podrá evidenciar el lector, cuenta con una extensa, y no del todo coincidente trayectoria histórica, a lo que se suma la complejidad de este tema, de por sí espinoso como lo es en efecto el atinente al suicidio, en el que convergen líneas discursivas de diversa índole y naturaleza.
Dicha cuestión, por su parte, ha puesto a prueba la misma lógica, tanto desde la perspectiva teórica y jurídica, como también de la práctica y la funcional del contrato de seguro, pues el suicidio representa un suceso que, al inscribirse en el marco de la voluntariedad, a priori pareciese escapar de la esfera que comprende el concepto de ‘riesgo asegurable’, pero que, debido a las nefastas consecuencias que una inclinación en tal dirección podría aparejar para los beneficiarios, la experiencia ha confirmado que, tanto el sector empresarial y también el legislativo y judicial, a través de diversos instrumentos y mecanismos, hayan abierto un conveniente camino orientado a la asegurabilidad del riesgo en mención, desde luego supeditada a determinadas exigencias, lo que refrenda la destacada función social atribuida al seguro.


Palabras Claves:


Suicidio, seguro de vida, riesgo asegurable, períodos de carencia, cláusulas abusivas.


The main purpose of the present work is, as its name reveals, to develop a panoramic and generalized study of suicide and its particular projection in the field of insurance law, a subject which, as the reader will be able to see, has an extensive and not entirely coincident historical trajectory, to which is added the complexity of this subject, in itself complex as is indeed the one concerning suicide, in which converge discursive lines of diverse.
This issue, for its part, has put the same logic to the test, both from the theoretical and legal perspective, as well as from the practical and functional perspective of the insurance contract, since suicide represents an event which, being inscribed within the framework of voluntariness, in theory would seem to escape the concept of 'insurable risk', but which, due to the disastrous consequences that an inclination in such a direction could entail for the beneficiaries, the experience has confirmed that both the insurance sector and the legislative and judicial sector, through various instruments and mechanisms, have opened up a new way of dealing with the risk in question, subject, of course, to certain requirements, which endorses the outstanding social function attributed to insurance.


Key Words:


Suicide, life insurance, insurable risk, suicide clause, unfair terms.


1. Introducción y objetivo del presente escrito
2. Los primeros pasos direccionados hacia la cobertura del suicidio. La concepción dual del suicidio como voluntario e involuntario
3. El surgimiento de un nuevo modelo de cobertura. El declive de la visión dual del suicidio y la apertura hacia su efectivo aseguramiento
4. Un cambio de paradigma: el acogimiento del suicidio como riesgo asegurable
5. Algunas reflexiones en relación con el sistema vigente de cobertura del suicidio
Notas

La asegurabilidad del suicidio en el Derecho Contemporáneo

Evolución histórica y su proyección en el Derecho comparado y colombiano*

Carlos Esteban Jaramillo Mor**

1. Introducción y objetivo del presente escrito [arriba] 

Abordar alguna materia que se relacione o que colinde con el suicidio, ciertamente comporta un grado singular de dificultad, más aún teniendo en consideración las particularidades que caracterizan nuestra realidad en los tiempos que corren. Dos siglos atrás, Jean Dumas evidenciaba en el primero de los párrafos de su ‘Traité du suicide’ el crecimiento de este indeseado acontecimiento a lo largo del mundo[1], el cual, por desgracia, en la actualidad se proyecta con unas cifras verdaderamente escandalosas. Según la Organización Mundial de la Salud al año aproximadamente ochocientas mil personas mueren a causa de un suicidio, lo cual significa que por cada cuarenta segundos que transcurren una persona se quita la vida[2], mientras que, en el caso particular de Colombia, el suicidio ha llegado a representar la cuarta causa de muerte violenta, con una preocupante cifra registrada para el año 2019 de 2435 víctimas[3], de manera que, nos encontramos ante una de las principales causas de mortalidad a nivel global, siendo además, una de las más trágicas. Estas alarmantes cifras, si oportunamente no se toman las medidas necesarias, podrán tener un desalentador crecimiento exponencial como consecuencia, actualmente, del aislamiento y de la crisis humanitaria y financiera que ha azotado al mundo entero por razón del COVID-19, cuyos negativos efectos, se cree, pueden llegar a exacerbar los factores de riesgo en relación con el suicidio a nivel global, inclusive, durante el período correspondiente a la denominada ‘pospandemia’, motivo por el cual el tema merece una especial atención, tornándose indispensable la adopción de políticas públicas y privadas focalizadas en este grave problema.

Esta complejidad que señalamos se acentúa aún más, si se tiene en consideración que es una temática que no solo repercute, en ocasiones de manera diversa, en distintas áreas del conocimiento, como lo son la Medicina, la Psicología, la Filosofía, la Antropología, y el Derecho, sino que, además, asume una particular relevancia en diferentes ramificaciones disciplinarias de esta última, tal como sucede con el Derecho penal y el constitucional. En tal sentido, no guardamos necias pretensiones encaminadas a abordar la materia desde una proyección más exhaustiva, sino que, por el contrario, nos enfocaremos en el análisis de su proyección panorámica en el marco del Derecho de seguros. No obstante lo anterior, debe anticiparse que, incluso delimitado al ámbito aseguraticio, el tema que nos ocupa reviste un alto grado dificultad, tal vez como pocos, llegando a ser considerado por la doctrina especializada como un ‘tema particularmente espinoso’, el cual ha sido, y de seguro seguirá siendo, fuente de inagotables debates.

Así las cosas, en esta oportunidad, pretendemos adentrarnos, en primer término, en el análisis del desarrollo evolutivo que ha tenido el suicidio en el campo asegurativo, el cual le ha permitido hacer una interesante transición de su primigenia concepción como un acontecimiento ausente de cobertura, a llegar a instituirse, hoy por hoy, como un auténtico riesgo asegurable, a su vez que asegurado. Dicho estudio, lo consideramos fundamental para permitir que el lector interiorice y comprenda las razones que llevaron a que se constituyese el modelo actual de cobertura del riesgo del suicidio y de cómo aquél, particularmente en clave de una visión contemporánea del mismo, será el que propenda de mejor manera por los intereses de las partes contratantes, especialmente, los del asegurado, así como los potenciales intereses de los beneficiarios, cuya protección, debe decirse, se instituye como el epicentro de todo el modelo de los seguros de vida (riesgo de muerte), sin que por ello se afecten los de los aseguradores, lo que demanda un tratamiento justo y equilibrado.

2. Los primeros pasos direccionados hacia la cobertura del suicidio. La concepción dual del suicidio como voluntario e involuntario [arriba] 

La complejidad inherente al estudio suicidio y a sus connaturales repercusiones, de antaño se manifestó, muy especialmente, en el ámbito del Derecho de seguros; en tal sentido, la discusión en torno a la factibilidad de su asegurabilidad puede reputarse casi tan antigua como los mismos seguros de vida. Incluso, cabe señalar que las huellas de la intersección entre el suicidio y los seguros pueden ser rastreadas a un escenario que antecede el período en el que el seguro de vida había llegado a ser admitido por la mayor parte de ordenamientos[4]. Así pues, es bien sabido que el acogimiento de esta particular tipología de seguros, en algunas geografías, fue el resultado de un difícil e intrincado proceso que en muchas de las veces se vio obstaculizado por un sinnúmero de objeciones, en su mayoría de tinte religioso. Una de ellas, precisamente, encontró fundamento en el temor que el asegurado pudiese ser motivado a quitarse la vida, en razón de la cobertura existente sobre la misma, con la pretensión de poder ofrecer, a expensas de su sacrificio, un alivio económico para sus familiares[5].

Sería en virtud de esta preocupación que las aseguradoras, para mediados del siglo XVII[6], comenzarían a incluir en sus pólizas una exclusión, expresa y particular, para el evento en que la muerte del asegurado hubiese sido consecuencia de un suicidio. De este modo, sería el mismo sector asegurador el que, en un primer término, y en ausencia de disposición legal que regulase la materia[7], llevaría a que la inasegurabilidad del suicidio terminara por constituirse como la regla general que predominaría para la época[8].

2.1. Los albores de la visión dual del suicidio. Particular referencia al Derecho anglosajón

Otrora, particularmente en el Derecho inglés, se percibía el suicidio como una conducta delictiva, caracterizada por un grado de antijuridicidad de tal envergadura que llegó a concebirse como un delito incluso tan injurioso o más que el del homicidio[9]. Sería en razón de lo anterior que en el vetusto Derecho anglosajón se le daría acogimiento a la expresión ‘felo de se’, locución de raigambre jurídica, la cual, realizando una lectura exegética de cara a su estructura gramatical[10], puede traducirse al castellano como “crimen a sí mismo”[11]. No obstante, el término en cuestión no se constituyó como un supuesto genérico de las conductas autodestructivas, pues bien se entendía que el mismo solo podría reputarse verificado de comprobarse la presencia del elemento volitivo[12], siendo entonces necesario que la persona gozase de una sana capacidad mental, lo que los antiguos juristas ingleses denominaban como ‘compos mentis’[13], ya que, de lo contrario, no se entendería configurado el crimen de suicidio, tal como expresamente fue consagrado en las ‘Institutes of the laws of England’ para inicios del siglo XVII[14].

El hecho de que la intencionalidad se instituyese como un componente primordial para la imputabilidad del suicidio, tendría una repercusión, y ciertamente no de poca monta, en el ámbito asegurativo[15], por cuanto ello generaría como consecuencia una delimitación del espectro que las aseguradoras originariamente habían pretendido fijarle a la exclusión de cobertura para la conducta suicida, con la cual se había buscado aglutinar todos los supuestos en los que el asegurado se quitase la vida, fuesen o no intencionales[16]. En este sentido, se pensaba que no resultaría difícil para un juzgador concluir que, al no encontrarse verificados todos los presupuestos necesarios para concurrir en la comisión de una conducta criminal, la exclusión instituida en la póliza no tendría aplicación alguna, en razón de que, siguiendo las elocuentes y precisas palabras del legendario dramaturgo William Shakespeare, desde una perspectiva literaria y figurada, “quien no es culpable de su propia muerte, no acorta su propia vida”[17].

Como consecuencia de todo lo anterior, las aseguradoras inglesas, movidas por la intención de amplificar la exclusión a otros supuestos autodestructivos, tomaron la decisión de introducir una nueva tipología de clausulados, de suyo más amplios y comprensivos, a cuyo tenor, la falta de cobertura no se encontraría circunscrita al supuesto delictual de la conducta autodestructiva (felo de se) sino que la misma se extendería a todos aquellos eventos en los que el asegurado muriese ‘por sus propias manos’ (die by his own hands), pretendiendo de esta forma erradicar la discusión en relación con la voluntariedad, a pesar de que, como se verá, el resultado sería el contrario[18].           

La implementación de esta nueva terminología en las pólizas, daría lugar a un cuestionamiento en relación con el alcance que podría desprenderse de tales clausulados, poniéndose en tela de juicio sí a esta nueva exclusión debía atribuírsele el alcance pretendido por las aseguradoras, o si, por el contrario, podía entenderse que la misma se encontraría igualmente circunscrita al supuesto criminal de la auto-muerte[19]. En nuestra opinión, este cuestionamiento constituiría el primero de los pasos que daría lugar a uno los debates más álgidos en el campo de los seguros de vida, o que, por lo menos, así lo fue por un período prolongado de tiempo.

En efecto, en el año 1842 una controversia suscitada en razón de una póliza que poseía una excepción de tal naturaleza fue conocida por la Court of Common Peals de Inglaterra en el afamado caso Borradile v. Hunter, el cual terminaría por constituir una de las pautas más reconocidas a lo largo de aquel siglo en el marco de la jurisprudencia inglesa[20]. Así, de conformidad con la posición mayoritaria de los jueces del Common Peals[21], la expresión ‘morir por sus propias manos’, inscrita en la póliza, debía abarcar todos los supuestos de muerte autodestructiva voluntaria y deliberada, no encontrándose circunscrita a la concepción criminal del suicidio (felo de se). Siguiendo este razonamiento, se determinó que bastaría con que el asegurado hubiese contado con la capacidad suficiente para comprender las consecuencias físicas de sus actos, tornándose en un factor inmaterial si al momento de la comisión de la conducta era o no capaz de entender y apreciar la naturaleza moral del acto que estaba por realizar[22]. Esta interpretación sería reiterada por el mismo tribunal cuatro años más tarde en el caso conocido como Clift v. Schwabe[23], al igual que por otros pronunciamientos subsiguientes, lo que con el tiempo terminaría dando paso a lo que se conocería como la ‘regla inglesa’ (english rule)[24], la cual, posteriormente sería receptada por la jurisprudencia norteamericana en la que se erigiría una regla similar, aunque con ciertos matices, conocida a su turno como la ‘regla americana’ (american rule) [25].

Sustentándonos en lo anterior, puede verificarse como en el Derecho aseguraticio se originó una percepción del suicidio, según la cual, este, al igual que el Dios Jano, tendría dos caras diversas, dando lugar a una cosmovisión dual o bifronte del mismo -la que en lo absoluto resultaba ajena al Derecho, pues sus huellas pueden ser rastreadas hasta el mismo Derecho castrense romano[26]-, cuyo acogimiento tendría lugar, en primer término, al interior de los altos tribunales ingleses para los empieces del siglo XIX, y en razón de aquella, la actuación autodestructiva llevada a término por el asegurado podría generar consecuencias enteramente diversas, en lo tocante a su proyección como un riesgo asegurado, como consecuencia de la posible comprobación de una capacidad cognitiva y volitiva por parte de este último.

2.2. El debate en torno a la voluntariedad y otros componentes concebidos como necesarios para la descalificación del suicidio como riesgo objeto de cobertura

A pesar de haber sido el Derecho anglosajón el primero en tener, tanto jurisprudencial como doctrinalmente, un acercamiento sustancial a la materia, debe afirmarse que el sistema continental (civil law), tampoco resultaría ajeno al mismo, ya que en él se situaría el epicentro del debate en torno a los componentes estructurales que permitirían considerar que la muerte que se provoca a sí mismo un asegurado validaría una exclusión de la cobertura por parte de la compañía aseguradora.

Discusión aquella que sería abordada, en una primera instancia, por la oriunda jurisprudencia de los países francófonos, dando lugar a la constitución de dos posturas diversas. Por un lado, inicialmente se concibió que la exclusión de cobertura en caso de suicidio, tendría una naturaleza general y por lo tanto no admitirá distinción alguna, ya sea que asegurado se hubiese quitado la vida como consecuencia de una conducta voluntaria (‘a sangre fría’)[27] o como el resultado de una manía, siendo por lo tanto un acto involuntario[28]. Mientras que, por el otro lado, sosteniendo una tesitura abiertamente contrapuesta, se afirmaría que la exclusión de la muerte por suicidio solamente podía querer referir al ‘suicidio voluntario’, ya que para que pudiese existir una conducta de tal naturaleza (suicidio) se torna indispensable que de la misma se desprenda un componente volitivo[29].

A pesar del disímil tratamiento con el que fue afrontada la materia, terminaría por prevalecer la segunda de las dos vertientes jurisprudenciales[30], a punto tal que en el año 1885 la Corte de Apelación de París afirmaría que: “La jurisprudencia unánimemente admite que el suicidio es causal de nulidad en los seguros de vida con la condición de que haya sido consciente y voluntario”[31].

A su turno, la doctrina mayoritaria para la época parece haberse inclinado en la misma dirección, adoptando de tal forma una cosmovisión bifronte del suicidio[32], sosteniendo que la aseguradora únicamente podría liberarse del pago de la suma correspondiente como consecuencia de la muerte auto-provocada por parte del asegurado, cuando la misma hubiese sido consecuencia de una determinación libre, consciente y razonada[33]. Por el contrario, la compañía sería responsable cuando la autolisis del asegurado fuese el resultado de una ‘alienación mental’ que pudiese obnubilar su intelecto, lo que puede acontecer en razón de los flagelos de un ataque de locura, del padecimiento de una enfermedad que limite el uso de sus sentidos, o de la verificación de una actuación carente de consciencia[34].

Fundamentándose en ello, se concluiría que, de encontrarse en alguno de estos escenarios en los que se niega por completo la intervención de un libre albedrío, el deceso del asegurado tendría que ser entendido como única consecuencia de la enfermedad o del hecho accidental o inconsciente, siendo esta la verdadera causa de la muerte, por lo que, siguiendo esta lógica, al ser estos acontecimientos fortuitos, amén que aleatorios, irrefutablemente debían ser objeto de cobertura en virtud de la póliza suscrita[35].

De conformidad con lo anteriormente expuesto, puede verificarse como la jurisprudencia, secundada por la doctrina más autorizada de la época, acogería esta visión dicotómica del suicidio, la que permitiría dar lugar a la cobertura del -mal llamado- ‘suicidio involuntario’, en contraposición del ‘suicidio voluntario’, el que se encontraría excluido. Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que acuñar esta terminología puede resultar contradictorio, a su vez que ‘anti-técnico’ -razón por la cual hoy combatimos el empleo de la misma-, debe entenderse que en su momento fue el instrumento del que pudieron valerse los jueces para poder, de alguna u otra manera, abrirse paso en el intrincado sendero que permitiría que en un futuro no tan lejano, se llegase a una lectura del suicidio como un riesgo legítimamente asegurable, procurando de esta forma la correcta protección de los beneficiarios supérstites, ideal sobre el cual, cabe recordar, se encuna el núcleo fundamental de los seguros de vida.

Este planteamiento que daba lugar al acogimiento de dos clases de suicidio, sería recogido prontamente por parte de la legislación decimonónica europea. Así, el artículo 41 de la Ley belga de seguros del año 1874 determinó que: “El Asegurador no responderá de la muerte de la persona que tuviera asegurada su propia vida, cuando esta muerte sea consecuencia de una condena judicial, de un duelo, de un suicidio, salvo que se demuestre que no fue voluntaria” (se destaca)[36]. Disposición que posteriormente serviría de fundamento para la consagración normativa del ‘suicidio voluntario’ como supuesto que libera de responsabilidad al asegurador al interior del Código de Comercio del -entonces llamado- Reino de Italia del año 1882, tal como puede comprobarse con la lectura de su artículo 450, el cual rezaba de la siguiente forma: “El Asegurador no será responsable del pago de la suma asegurada si la muerte de la persona que tenía su vida asegurada fue el resultado de una sentencia judicial, un duelo o un suicidio voluntario” (se destaca)[37].

A este punto, parecía cada vez más consolidada la idea que no toda muerte auto-provocada por el asegurado daría lugar necesaria e indefectiblemente al vaciamiento del amparo por parte de la póliza, motivo por el cual la discusión comenzó a trasladarse al ámbito de la determinación de la cualificación necesaria para poder llegar a considerar una conducta autodestructiva como objeto de cobertura. En otras palabras, la lid del asunto dejó de centrarse en el cuestionamiento en torno a la factibilidad del aseguramiento de la auto-muerte -ya que todo parecía indicar que ello era posible, aunque únicamente en el evento que fuese un ‘suicidio involuntario’-, para trasladarse a la determinación de los supuestos en los que la conducta autodestructiva efectivamente podría llegar a ser entendida como ‘involuntaria’ y por lo tanto amparada por el seguro.

Así, un sector influenciado por la doctrina penalista, inclinado en favor de una mayor delimitación de los supuestos que lograban escapar de la exclusión de la cobertura, sostuvo que solamente podrá entenderse como involuntario aquel suicidio que fuese provocado por causas que llegasen a denotar la naturaleza de un carácter morboso, considerando que los estados emotivos o pasionales, cuando los mismos careciesen de la virtualidad suficiente para lograr perturbar las facultades intelectuales del sujeto, serían factores insustanciales al momento de la calificación de la conducta del suicida como voluntaria o involuntaria[38].

Por el contrario, una corriente diversa que propugnaba por una mayor protección de los intereses de los beneficiarios supérstites, se inclinaba por considerar que para que la muerte auto-destructiva pueda liberar a la compañía aseguradora requeriría, además del componente volitivo, que la misma hubiese sido consciente y del todo libre. Según esta vertiente, el óbito que es consecuencia de una conducta autodestructiva fruto de una paranoia, del aquejo de un fuerte dolor o incluso de una decepción moral que se torna irresistible, debería ser concebida como un riesgo asegurado, y por lo tanto objeto de cobertura por parte la compañía[39]. Incluso, optando por postura sustancialmente inclinada por la amplificación del espectro comprensivo de cobertura de la auto-eliminación, llegó a considerarse que el único suicidio que podía entenderse como voluntario sería aquel que se presentaba cuando el sujeto que adquiere el seguro de vida tiene la premeditada intención de darle fin a sus días[40].

Sin perjuicio de lo anteriormente reseñado, con el tiempo, y en parte como consecuencia de la influencia de designios de equidad justificados y fundamentados en la protección de los herederos de quien se había quitado la vida, la discusión dejó de circunscribirse en lo que respecta al componente volitivo del sujeto[41], y aspectos adicionales como la consciencia y la libertad entraron a jugar un protagónico papel[42]. En tal sentido, situaciones, tanto endógenas como exógenas, que contasen con la potencialidad de frustrar o perturbar la impavidez, el sosiego de la consciencia, la capacidad de juzgar moralmente, o que tuviesen la virtualidad para coartar la libre determinación del individuo -acudiendo al antiguo adagio non agire sed agitur-, terminaron por fungir como factores esenciales, tanto a nivel jurisprudencial como legislativo[43], al momento de determinar si la conducta autodestructiva del asegurado debía o no llegar a ser considerada como un riesgo asegurable, y, por lo tanto, asegurado.

En razón de lo anterior, y por expresa sugerencia judicial[44], en el marco aseguraticio angloamericano inició un replanteamiento de las tradicionales, y de suyo más controvertidas exclusiones ‘morir por sus propias manos’ o ‘cometer suicidio’, las que se verían acompañadas seguidamente por locuciones tales como ‘sea cuerdo o demente’ (sane or insane), ‘involuntario’ (involuntary), ‘suicidio o de otro modo’ (suicide or otherwise), entre otras. Tendencia que, con cierta simetría, se replicaría posteriormente en el panorama europeo, en el que la acostumbrada cláusula que excluía el llamado ‘suicidio voluntario’ comenzaría a ceder paso a aquella que exceptuaba el ‘suicidio consciente’[45].

Sin embargo, a pesar de los diversos intentos por parte de las compañías aseguradoras direccionados a lograr encunar una cláusula que les permitiese excluir por completo el riesgo de la auto-eliminación del asegurado (fuese voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, etc.), pretendiendo evitar con ello que la discusión con relación a la naturaleza de la conducta del asegurado pudiese arribar a los estrados judiciales, tal intención terminaría por sucumbir como consecuencia de los preceptos de justicia y equidad que inspiran la ínclita labor judiciaria[46]. Así, como locuazmente expresó el célebre profesor de la Universidad de Bolonia Cesare Vivante, en una corta monografía intitulada ‘Il suicidio nelle assicurazione sulla vita’, “la experiencia ha parado esta esperanza, porque los jueces, modificando el significado de esa cláusula según la inspiración de sus corazones, igualmente condenaron a las compañías”[47].

En razón de todo lo anteriormente expuesto, pudo ponerse en evidencia la gran complejidad y la notoria inconveniencia que representaba acuñar a términos tan gaseosos e inexactos como era el caso del ‘suicidio involuntario’, por lo que cada vez resultaba más palmaria la necesidad de un replanteamiento de la visión del suicidio como riesgo asegurado, con miras a la conformación de un nuevo sistema de cobertura[48].

3. El surgimiento de un nuevo modelo de cobertura. El declive de la visión dual del suicidio y la apertura hacia su efectivo aseguramiento [arriba] 

3.1. La motivación que daría lugar al replanteamiento de la inasegurabilidad del suicidio

La experiencia no había hecho más que ofrecer fehacientes muestras de las grandes falencias y de la acentuada inseguridad que podía predicarse del modelo vigente sustentado en la negativa por parte de las aseguradoras de brindar cobertura al suicidio por medio de su creatividad en la redacción de cláusulas cada vez más amplias y la rigurosidad jurisprudencial al momento de interpretarlas. En efecto, era un modelo que no solamente resultaba inadecuado en relación con la correcta satisfacción de los intereses de las partes del contrato de seguro, al permitir el reinado de la incerteza y las dubitaciones, sino que, además, incentivaba la confrontación de tales intereses, haciéndolos aparentar como antagónicos e irreconciliables, lo que daba lugar a un excesivo número de pleitos que eran llevados hasta las instancias judiciales.

Por su parte, desde la perspectiva de las compañías aseguradoras, la insistencia en relación con la inasegurabilidad del suicidio parecía atenuarse cada vez más en razón de diversas dificultades que se generaban como consecuencia de la persistencia de la implementación de tal política, dentro de las cuales pueden mencionarse las siguientes: 1. La implementación de las denominadas ‘cláusulas de suicidio’, por virtud de las cuales se pretendía excluir de cobertura la muerte a causa de suicidio, habían perdido casi por completo su utilidad práctica[49], fruto de la restrictiva interpretación que la jurisprudencia le había venido otorgando a lo largo de los años a tales estipulaciones. 2. La exclusión de cobertura para el caso de suicidio era concebida de forma negativa por parte de la opinión pública con motivo de las corrientes más liberales que se proyectaban para la época en el mercado en general[50]. 3. No otorgar cobertura en caso de suicidio se instituía como una clara desventaja competitiva frente a aquellas compañías que habían decidido asumirlo como un riesgo cubierto en sus pólizas como una clara estrategia para atraer una mayor clientela[51].

A lo anterior debe adicionarse que, la representación binaria del suicidio parecía tener un menor acogimiento en el escenario jurídico, por cuanto, con buen criterio, tanto doctrinal como jurisprudencialmente, fue adquiriendo cada vez mayor fuerza una concepción unidimensional del suicidio, de conformidad con la cual, la única conducta autodestructiva que podría calificarse como un suicidio sería aquella que fuese tanto voluntaria como consciente, al concebir que tales elementos fungen como componentes inherentes al mismo, rechazando de esta forma aquellas equivocas expresiones de ‘suicidio involuntario’ o ‘suicidio inconsciente’[52].

Es precisamente sustentado en lo anterior por lo que aludimos en este punto al inicio de un ‘declive’ -queriendo referenciar a la paulatina pérdida del acogimiento- de la pluricitada visión dual o bifronte del suicidio, a pesar de que sea cierto que, como se verá, la distinción de las conductas autodestructivas, que no propiamente suicidas, las cuales resulten involuntarias o inconscientes, respecto de aquellas de las que, con claridad, pueda verificarse la convergencia del elemento cognitivo y volitivo, y que se ajustan por lo tanto al concepto del suicidio, seguirá representando un importante papel en la actualidad, dando lugar a la permanencia de este incesante debate que atiende a la clasificación de la conducta auto-eliminativa, aunque, debe señalarse, habiendo sido delimitado a sus justas y debidas proporciones.

De esta forma, en el mismo sector asegurador comenzó a percibirse la inasegurabilidad del suicidio como un “vestigio obsoleto de un bárbaro perjuicio”[53], el cual no hacía más que interrumpir el desarrollo progresista y liberal que se proyectaba en el panorama aseguraticio, siendo un claro ejemplo de ello, la obstaculización que representó en la consecución del tan anhelado para entonces, seguro de todo riesgo[54]. En sustento de ello, las compañías aseguradoras, acompañadas siempre de su acostumbrado pragmatismo, decidieron dar un giro copernicano al darse a la tarea de buscar un método que les permitiese otorgar cobertura al riesgo del suicidio, pero delimitando el riesgo frente a aquellos supuestos en los que el asegurado, de manera premeditada y malintencionada, adquiriese la póliza con la única finalidad de quitarse la vida beneficiando con ello a sus herederos.

3.2. El suicidio como un riesgo asegurado al amparo de mecanismos de delimitación temporal

Con fundamento en todo lo anterior, para mediados del siglo XIX las aseguradoras implementaron un innovador mecanismo que les permitía asumir el suicidio como un riesgo asegurado mediante una cobertura sujeta a la verificación de unos ‘períodos de carencia’. Según hemos podido registrar, ya para el 1840 las aseguradoras comenzaron a implementar unas cláusulas contentivas de determinados períodos cuya verificación se tornaría en un requisito sine qua non podría darle cobertura al suicidio del asegurado[55]. De conformidad con tales disposiciones contractuales, la aseguradora respondería de la muerte provocada por el mismo asegurado siempre que se haya cumplido, en un primer término, con el transcurso ininterrumpido de un determinado período de tiempo -el que en un principio era sustancialmente prolongado, pues solía extenderse hasta por siete años-[56], para cuyo cómputo se tomaría como base el perfeccionamiento del contrato de seguro.

Con la introducción de esta novedosa modalidad se pretendió excluir únicamente la cobertura de la muerte auto-provocada de manera consciente y voluntaria, y solamente durante el transcurso de un período determinado de tiempo, resultando un mecanismo idóneo para proteger a las aseguradoras frente a la ‘anti-selección’[57], pero que, a su turno, favorecería a los familiares o beneficiarios del difunto al otorgarle cobertura al deceso del suicida, una vez finalizado el período de tiempo que fuese determinado.

Así, con la adopción de este nuevo modelo encaminado a la consecución o materialización de una función dual[58], se logró arribar a un punto de mayor equilibrio entre los intereses -antes concebidos como irreconciliables- de las compañías aseguradoras y de beneficiarios supérstites[59], lo que permite corroborar el papel equilibrador que desempeñaron, en esta etapa, las aseguradoras frente a la percepción del suicidio como un riesgo asegurable[60].

4. Un cambio de paradigma: el acogimiento del suicidio como riesgo asegurable [arriba] 

4.1. Un nuevo debate en relación con el naciente modelo de cobertura del suicidio sujeto a períodos de carencia

A pesar de la popularidad que paulatinamente fueron adquiriendo en el mercado asegurativo internacional las pólizas con cobertura de la muerte por suicidio con períodos de carencia, algún sector seguía viendo con cierto recelo este tipo de estipulaciones, por lo que un nuevo debate en torno a la validez de las mismas se dio paso. Quienes se oponían a otorgarle carta de ciudadanía a estas estipulaciones, en su mayoría, se fundamentaron en que la admisibilidad del aseguramiento de la conducta suicida, incluso cuando la misma se encontrase delimitada temporalmente, contravendría los inquebrantables preceptos del orden público, la moral y las buenas costumbres -reivindicando la antigua percepción dogmática del suicidio-, motivo por el cual, cualquier seguro que implementase una cobertura de tal naturaleza, adolecería de una indefectible nulidad absoluta[61]. Por su parte, hay quienes sostenían que el rechazo a este nuevo sistema de cobertura se originaba, más que de una aparente contravención de preceptos jurídicos como el orden público o la moral, de una franca contradicción con los fundamentos ontológicos propios del contrato de seguro[62].

En contraposición a esta corriente, un sector encabezado por la doctrina italiana sostuvo que esta nueva modalidad de cobertura no se contraponía en lo absoluto al orden público o las buenas costumbres, y que, incluso, podría jugar en su favor bajo la premisa de que la introducción de este tipo clausulados en realidad constituye un factor de disuasión de la intención suicida[63]. Quienes abogan por esta postura, consideran que es necesario escindir los reparos morales que puedan tenerse ante el suicidio como conducta humana, de aquellos que respectan al suicidio como riesgo asegurable, particularmente frente a su cobertura mediante el empleo de períodos de carencia[64].

Por su parte, en lo que respecta a la presunta relación antitética entre el suicidio como un riesgo asegurable y los principios intrínsecos al contrato de seguro, particularmente a la naturaleza aleatoria del mismo, con sumo acierto se ha indicado que la colisión entre la conducta autodestructiva del asegurado, incluso la denominada consciente y voluntaria, y el alea que indefectiblemente debe reinar en el contrato de seguro, desaparecería si se supedita la asunción del riesgo al transcurso de un período de tiempo razonable[65].

4.2. El acogimiento legislativo de la asegurabilidad del suicidio delimitada temporalmente en el marco del Derecho comparado

Sin perjuicio de la permanencia de posibles visiones antagónicas en la cobertura del suicidio supeditada al cumplimiento de unos períodos de carencia, la discusión sobre la materia se vio desplazada al interior de los lindes académicos, pues como consecuencia de la masiva y generalizada adopción de este nuevo sistema en el mercado aseguraticio[66], el movimiento codificador del siglo XX le atribuyó, de forma progresiva y paulatina, un auténtico carácter normativo a esta modalidad de cobertura delimitada temporalmente -expresión que empleamos en el sentido más lato posible-. Ello con la finalidad de poder dar cabida, de una vez por todas, al correcto aseguramiento del suicidio, incluso del mal llamado ‘voluntario’ o ‘consciente’, propendiendo por la constitución de un escenario más ventajoso tanto para los asegurados y sus beneficiarios como también para los aseguradores[67].

Este proceso de reformulación legislativa tuvo una amplia proyección a nivel internacional, a punto tal que la adopción de esta nueva modalidad que proyecta la permisibilidad del aseguramiento del suicidio del asegurado, aunque por regla de forma delimitada, se predicaría de la mayoría de ordenamientos jurídicos. En razón de ello, hoy por hoy, resulta dable afirmar que la concepción del suicidio como un riesgo asegurable se constituye como la regla general en el ámbito del Derecho comparado.

Como muestra de lo anterior, y con un ánimo simplemente ejemplificativo, podemos destacar los siguientes ordenamientos que a lo largo de los años se han decantado por modelo en cuestión: Dakota del Norte -Estados Unidos- (Sección 6064 de los Códigos Revisados de Dakota del Norte del año 1905); Suecia (artículo 100 de la Ley del contrato de seguro de 1927); Italia (artículo 1927 del Código Civil promulgado en 1942); México (artículo 186 de la Ley del contrato de seguro de 1935 -reformado por decreto del 11 de febrero de 1946-); Argentina (artículo 134 de la Ley 17,418 de 1967); Polonia (artículo 833 del Código de Comercio del año 1964); El Salvador (artículo 1490 del Código de Comercio promulgado en el año 1970); Bolivia (artículo 1139 del Código de Comercio del año 1977); España (artículo 93 de la Ley 50 de 1980); Paraguay (artículo 1670 del Código Civil que entró en vigencia en 1987); Quebec -Canadá- (sección 2441 del Código de Comercio del año 1994); Luxemburgo (artículo 103 de la Ley del contrato de seguro del año 1997); Portugal (artículo 191 de la Ley del régimen jurídico del contrato de seguro del año 2008); Venezuela (artículo 101 de la Ley del contrato de seguro del año 2001); Brasil (artículo 798 del Código Civil promulgado en el 2002); Alemania (sección 161 de la Ley del contrato de seguro alemana -Versicherungsvertragsgesetz, o VVG- del año 2008); Perú (artículo 123 de la Ley del contrato de seguro de 2012); Estados africanos miembros del tratado de la CIMA (artículo 66 del Código de seguros del 2012 anexo al tratado CIMA de 1992); Chile (artículo 598 de la Ley 20,667 del 2013); Bélgica (artículo 164 de la Ley relativa a los seguros del año 2014 -el cual derogó el artículo 101 de la Ley del contrato de seguro terrestre del año 1992-); Francia (artículo 164 de la Ley del 4 de abril del 2014 -en un primer término la materia fue regulada por el artículo 132-7 Ley del 13 de julio de 1930 -); República Checa (Sección 2837 de su Código Civil el cual entró en vigor en el año 2014).

Por virtud de todo lo anteriormente reseñado, con la adopción de este modelo se abrió la posibilidad de abandonar la ambigüedad e inseguridad que, como consecuencia del debate en torno a la voluntariedad o involuntariedad de la conducta autodestructiva y su posible asunción como riesgo asegurado, caracterizó los siglos XVIII y XIX, tanto a nivel jurisprudencial como legislativo[68]. Así mismo, puede decirse que en esta nueva etapa el suicidio pasó de ser instituido como un riesgo simplemente asegurado, lo que en un primer término fue atribuible a la praxis aseguraticia -como ya se analizó-, a convertirse en un riesgo tanto asegurable jurídicamente como asegurado, esta vez gozando de un claro respaldo normativo.

Ahora bien, cabe destacar que este renovado modelo de cobertura frente al suicidio sería igualmente acogido en el interesante proyecto de los ‘Principios de Derecho Europeo del Contrato de Seguro’ (PDECS), el cual fue presentado en el año 2015, y cuyo artículo 17:502, conforme a una traducción de lo dispuesto en su versión original, dispone que “(1) Si, en un año después de la celebración del contrato, la persona en riesgo se suicida, el asegurador deberá ser liberado de su responsabilidad de pago del capital. En ese caso, el asegurador deberá pagar el valor de rescate y cualquier beneficio generado de acuerdo con el Artículo 17:602. (2) El parágrafo 1 no será de aplicación si (a) la persona en riesgo, en el momento de suicidarse, actúa en un estado mental que le impide tomar libremente la decisión; o (b) queda probada cualquier duda razonable acerca de la intención de suicidio de la persona en riesgo en el momento de concluir el contrato”[69]. De este modo, con la incorporación de esta disposición en el cuerpo de los mencionados principios, se ratifica la preponderancia que ha venido a adquirir en el panorama jurídico comparado esta nueva visión que se decanta por concebir el suicidio como un riesgo asegurable supeditado a la previa verificación de un requerimiento de naturaleza temporal, lo cual se cristaliza en la aplicación de los denominados períodos de carencia.

Es menester detenernos un momento en este punto para realizar un sucinto comentario en relación con el precitado artículo del los denominados ‘PEDECS’, particularmente en lo tocante a la traducción privada a la lengua castellana que fue presentada de los mismos, puesto que en ella se verifica una formulación sustancialmente diferente a la que se desprende del artículo en cuestión en su versión originaria en inglés, lo cual creemos pudo deberse a un simple error de traducción o de naturaleza meramente mecanográfica, ya que se dispone que “Si, después del transcurso de un año desde la conclusión del contrato, la persona en riesgo se suicida, el asegurador será liberado de su responsabilidad de pago del capital”[70].

Creemos que conviene hacer énfasis en este aspecto, por cuanto interioriza una cuestión que, en lo absoluto, resulta baladí o intrascendente, bajo el entendido que, de seguirse una interpretación de naturaleza exegética o literal de la norma en su versión en castellano, necesariamente se arribaría a la nefasta conclusión que, si el asegurado llegarse a suicidarse durante el transcurso del primer año que subsiga a la celebración del contrato, la defunción tendría cobertura, mientras que, por el contrario, si el suicidio acaeciese en cualquier momento posterior al arco temporal comprendido por el primer año previamente mencionado, la muerte auto-provocada no tendría cobertura alguna, encarando así una lógica inversa a aquella que se desprende de los períodos de carencia, la cual iría en clara contravía de los intereses del asegurado y de sus beneficiarios, como también aquellos que son perseguidos por la compañía aseguradora.

En efecto, si se acogiese una disposición en este sentido, se tornaría ciertamente contraproducente para las aseguradoras, las cuales quedarían desprotegidas ante una posible ‘selección adversa’ que se traduciría en la posibilidad de que un tomador mal intencionado contrate un seguro de vida con la reprochable intención de quitarse la vida durante el primer año, pudiendo garantizarle así una suma monetaria a sus beneficiaros, pues en estos casos no existiría un período de carencia, propiamente concebido, que permita desincentivar este tipo de comportamientos, pero a su vez, resultaría igualmente perjudicial para el asegurado de buena fe, por cuanto únicamente se otorgaría una cobertura a la muerte que se produce como consecuencia de un suicidio a lo largo del primer año contado a partir de la celebración del contrato, y no a aquella que pudiese llegar a acontecer durante el período subsiguiente, el cual, por regla general, suele ser sustancialmente superior al primer año indicado.

4.3. El estado de la cuestión relativa a la asegurabilidad del suicidio en el caso del ordenamiento jurídico colombiano

Ahora bien, a pesar que en la actualidad se verifica una marcada tendencia a nivel internacional que se inclina por el expreso acogimiento normativo de un modelo de asegurabilidad del suicidio delimitado temporalmente, algunos ordenamientos jurídicos han optado guardar silencio al respecto, dejando en manos de la interpretación del resto de sus disposiciones la factibilidad o la imposibilidad de brindar cobertura al riesgo en cuestión. Este último supuesto se predica de nuestro vernáculo ordenamiento, el cual, como explica el profesor Carlos Ignacio Jaramillo, “le dio la espalda a la asegurabilidad del suicidio” al desconocer la fecunda intención que había sido trazada por el anteproyecto del año 1958, el que en su artículo 976 le había otorgado un expreso sitial normativo a la asunción del suicidio como un riesgo susceptible de aseguramiento, ello, claro está, supeditando la cobertura del mismo a la verificación de un período de carencia que se determinó que correspondiese a dos años[71]. De tal manera, nuestra legislación comercial no adoptó norma alguna que permitiese la asunción del riesgo del suicidio, muy por el contrario, siguiendo la literalidad de los artículos 1054 (‘Definición del riesgo’) y 1055 (‘Riesgos inasegurables’) del Código de Comercio colombiano, los cuales tienen una naturaleza imperativa, la conclusión no puede ser otra sino la de entender que la materialización de la conducta suicida conforme a nuestra legislación escapa de los lindes del que demarcan el concepto de riesgo asegurable[72].

De este modo, la factibilidad del otorgamiento de cobertura a la muerte auto-provocada por el asegurado en Colombia, como consecuencia de una palmaria orfandad normativa en la materia, se ha orientado más por criterios de política comercial de las compañías, que por consideraciones de carácter jurídico. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que la temática relativa al aseguramiento del suicidio no ha resultado extraña a la jurisprudencia colombiana, la cual, por intermedio de un primer pronunciamiento proferido por parte nuestro más alto tribunal de casación para el año 2005, y adscribiéndose a la clásica -y ya para entonces algo superada- lectura dual o binaria del suicidio, arribaría a la conclusión que, en el marco del sistema jurídico colombiano, si el asegurado llegase a quitarse la vida de forma voluntaria, la muerte causada no podría ser considerada como un riesgo asegurable, sin embargo, afirmaría que, en aquellos eventos en los cuales se verificase un supuesto de ‘suicidio inconsciente’, estos últimos representarían riesgos susceptibles de ser objeto de cobertura, por cuanto se asientan en los terrenos de la involuntariedad, todo lo cual, sin embargo -tal como expresamente afirmaría el tribunal-, no impide que las compañías ‘honren sus compromisos’, permitiendo así que, por lo menos en el campo práctico, las aseguradoras continuasen otorgándole cobertura al mal llamado ‘suicidio voluntario’ por intermedio de la aplicación de los períodos de carencia[73].

No obstante lo anterior, el escenario se ha tornado aún más complejo, tanto para los asegurados como para sus beneficiarios, en razón de un reciente pronunciamiento -no unánime- por parte de la H. Corte Suprema de Justicia, el cual sería proferido en el año 2018. En esta oportunidad, la Corte, soportándose en un extenso y llamativo estudio particularmente inclinado hacia la ‘neurobiopsicología’, se separaría de la postura que había acogido años atrás, pues decidió inclinarse por considerar que el suicidio, a pesar de representar un acontecimiento que se desprende siempre de la voluntad del sujeto que lo comete, debe ser comprendido como un auténtico riesgo asegurable, bajo el entendido que, en línea de principio general, quien lo comete “se encuentra en un estado patológico de afectación neurobiológica que le impide tomar una decisión libre, aun cuando sea consciente de su conducta y quiera su resultado”, siendo entonces un accionar que no podrá considerarse determinado por la ‘exclusiva voluntad’ o de la ‘mera potestad’ del asegurado, escapando así a la limitaciones que se derivan de los artículos 1054 y 1055 del Código de Comercio[74].

Siguiendo esta línea argumentativa, en lo tocante al implemento de los denominados períodos de carencia, la Corte se inclinaría por calificar con el rótulo de abusivas a las cláusulas que delimitan la cobertura de la defunción a causa suicidio por intermedio de la aplicación de los mencionados períodos , por cuanto consideraría que estas representan estipulaciones que incorporan una presunción de la mala fe en perjuicio del asegurado, y, por lo tanto, resultan inadmisibles. Es aquí donde el escenario se torna más complejo, especialmente para los beneficiarios, bajo el entendido que, al ser consideradas como abusivas las disposiciones contractuales que tradicionalmente han sido implementadas por las compañias para asegurar al riesgo del suicido, se podría generar como consecuencia que estas se vean obligadas a retirar de sus pólizas las cláusulas que admiten el aseguramiento condicionado del suicidio, obstaculizando así la posibilidad de otorgar cobertura al riesgo en cuestión, lo que, reiteramos, en la práctica tenía un cierto acogimiento por parte del mercado aseguraticio colombiano (práctica comercial).

De este modo, siguiendo lo señalado por la Corte, en razón de la veda al empleo de períodos de carencia, las aseguradoras se verán constreñidas a decidir si: 1. Asumen el riesgo del suicidio -igualmente al interior de los fundos conceptuales del pago ex gratia- de una forma directa e incondicionada, elección que de seguro no tendrá mayor acogimiento en razón del temor a una posible selección negativa, o 2. Negar por completo su cobertura -alternativa que expresamente se plantea en el pronunciamiento en cuestión-, decisión esta última por la que, infortunadamente, creemos que podrán inclinarse en su mayoría las compañías aseguradoras, lo cual a todas luces representa un retroceso, en perjuicio de los intereses de los beneficiarios.

En virtud de ello, con respeto, consideramos como no muy afortunada la conclusión a la que arriba la Corte, pues no solo desconoce la finalidad real de este tipo de estipulaciones, sino que, además, efectúa una lectura peculiar del modelo prohibitivo de las cláusulas abusivas; sin embargo, esta será una cuestión que desarrollaremos en líneas posteriores.

Ahora bien, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, resulta palmaria la necesidad de una intervención por parte del legislador colombiano para permitir la apertura de un espacio en nuestra normativa mercantil a la reglamentación de la asegurabilidad del suicidio como un riesgo susceptible de efectiva y legítima cobertura. Intervención que, cabe decirlo, esperamos siga el camino que la experiencia internacional ha permitido reputar como el sistema más respetuoso de los intereses tanto de los aseguradores como de los asegurados, y, más particularmente, de los beneficiarios, cuya tutela se enraíza como el más digno de los pilares en los que se sustenta el seguro de vida[75].

En este sentido, deberá ser objeto de imperiosa mención el recientemente publicado ‘Proyecto de Código Civil colombiano’, el cual, posicionándose a la vanguardia en muchos aspectos atinentes al contrato de seguro a nivel internacional, reivindicó la intención, que ya se lograba evidenciar desde el anteproyecto del Código de Comercio del año 1958, de otorgarle un merecido sitial a la regulación de la asegurabilidad del suicido, de una forma que, además, debe decirse, consideramos laudable y acertada, pues se ajusta plenamente a esta visión contemporánea que hemos venido reseñando. Así, en el artículo 1539 del mencionado anteproyecto se dispone lo siguiente:

“Salvo pacto en contrario, el suicidio del asegurado se entenderá debidamente cubierto, luego de que transcurra un año desde la celebración del contrato, o de haber estado vigente el seguro por igual término, en virtud de sucesivas prórrogas, o renovaciones. Este término podrá ser disminuido por acuerdo de las partes, e incluso suprimido, pero no aumentado. Parágrafo. Para los fines del presente artículo se entiende por suicidio el acto del asegurado encaminado a suprimir su existencia, lográndose la materialización de tal propósito. Los actos involuntarios o inconscientes del asegurado estarán cubiertos desde el inicio de la cobertura”[76].

4.4. Una relectura del modelo de cobertura del suicidio. El desvanecimiento de la relación antagónica entre la asegurabilidad del suicidio y el orden público

Sustentándonos en lo desarrollado en precedencia, puede decirse que la implementación de períodos de carencia como mecanismo habilitante para la cobertura del suicidio fue un logro histórico en la protección de los intereses de las aseguradoras y, con mayor particularidad, los de los asegurados y sus beneficiarios. Sin embargo, cabe señalar que, ya hace algunos lustros parece acentuarse una llamativa lectura de este modelo de cobertura sujeto al cumplimiento de períodos de carencia, la cual se ha abierto un interesante camino en el panorama legislativo internacional. Así, de conformidad con esta visión, la factibilidad del aseguramiento del suicidio no atiende a una cuestión que, en línea de principio, pueda llegar alterar el orden público[77], motivo por el cual, se considera que la misma debe incardinarse en los terrenos de la ‘dispositividad’, dejando la cuestión, en últimas, en manos de la política técnico-comercial de las compañías aseguradoras[78], las que podrán decidir si asumir: a) ora de forma inmediata y directa, b) ora por intermedio de períodos de carencia, o c) excluir definitivamente la cobertura en sus pólizas.

Clara prueba de lo anterior la encontramos en determinados ordenamientos jurídicos los cuales, al momento de reglamentar la factibilidad del aseguramiento del suicidio, expresamente han refrendado la posibilidad de que las partes pacten en contrario a lo dispuesto en la normativa aplicable, exceptuando la imperatividad que suele asignársele a las disposiciones que regulan el contrato de seguro[79]. Siguiendo esta línea, pueden advertirse tres caminos por medio de los cuales se puede afrontar la cuestión relativa al riesgo del suicidio en el caso de estas legislaciones, sin perjuicio de otros[80]:

a. Cobertura sujeta a la verificación de períodos de carencia: este sería el supuesto que hemos venido describiendo, el cual consiste en que la compañía da cabida al aseguramiento del suicidio sujeto a los períodos de carencia dispuestos legislativamente, representando la regla general en la que devuelve la asunción de este riesgo en la práctica aseguraticia (uno o dos años, según sea el modelo legislativo, e incluso tres, como es el caso de Argentina).

En este punto, parece necesario cuestionar si las partes podrían acordar un período diverso al señalado por la norma correspondiente. Al respecto, creemos que la respuesta deberá ser afirmativa, sin mayores cuestionamientos, cuando la mutabilidad de los períodos establecidos en la ley se proyecte en una reducción, esto es, que se pacte la disminución de los mismos en beneficio del asegurado. Sin embargo, en caso tal de que la alteración se materialice en una dilatación de los mismos haciéndolos, por lo tanto, más extendidos, habrá de analizarse con sumo cuidado, ya que posicionaría al asegurado, por antonomasia la parte débil de la relación contractual, en una situación más desventajosa, de manera que dicha modificación deberá ajustarse rigurosamente a los principios de razonabilidad, transparencia, así como a la salvaguardia del equilibrio y la justicia contractual, pues de lo contrario, podría constituir un supuesto de abusividad de la cláusula respectiva[81].

b. Cobertura inmediata e incondicionada: la permisibilidad expresa de un pacto en contrario encunada normativamente ha refrendado la posibilidad de que las partes, en ejercicio de su autonomía, acuerden que la cobertura no se encuentre supeditada al correr del tiempo, es decir, que no dependa del cumplimiento de un período de carencia, dando cabida a un aseguramiento directo del riesgo del suicidio. De este modo, se instaura la posibilidad de establecer un régimen aún más favorable para el asegurado, y con ello, para sus beneficiarios, lo que termina por corroborar la absoluta reconciliación entre el orden público y la asegurabilidad del suicidio. Bajo esta línea de pensamiento, un revelador antecedente puede hallarse en el artículo 504 del Código de Comercio húngaro del año 1876, el cual, de forma ciertamente revolucionaria para la época, consagró la posibilidad de pactar en contrario ante la regla de inasegurabilidad del suicidio, la cual, cabe recordarlo, reinaba para entonces[82].

En este punto, consideramos relevante hacer alusión a la sección 2441 del Código Civil de Quebec, la que, llamativamente, instaura una lógica inversa, al consagrar la asegurabilidad del suicidio sin delimitación temporal alguna como la regla general aplicable, permitiendo que las partes, excepcionalmente, acuerden la exclusión de la cobertura, la cual, en todo caso, solo será válida durante los dos primeros años de vigencia ininterrumpida del seguro, es decir que, aún existiendo una exclusión expresa, después de haber transcurrido los dos años de vigencia continua del contrato, el suicidio siempre se entenderá cubierto.

c. Exclusión de la cobertura: por supuesto, las aseguradoras legítimamente podrán decidir dejar por fuera de la cobertura el riesgo del suicidio a través de su exclusión expresa[83], ello recordando que la escogencia de los riesgos, siempre que siga los lineamientos legales y se ajuste a los preceptos de transparencia, razonabilidad, y de justicia y equilibrio contractuales, reside en su exclusivo ‘arbitrio’[84], encontrándose facultadas a realizar ab initio una genuina delimitación del riesgo que están dispuestas a asumir, lo que representa “una buena parte de la arquitectura del negocio aseguraticio, tanto desde una perspectiva técnica, como económica y jurídica”[85].

Ahora bien, habiendo reseñado lo anterior, creemos conveniente indicar que, en términos generales, esta lectura que se fundamenta en la superación de la visión contrapuesta entre el orden público y la asegurabilidad del suicidio, inclinándose por dirigir el núcleo del asunto al terreno de la libre determinación de los contratantes, es tanto adecuada como deseada, o por lo menos así lo será siempre que se realice sin dar lugares a abusos en perjuicio del asegurado y sus beneficiarios, con fundamento en la protección que debe otorgarle el ordenamiento en razón de su posición habitual como sujeto débil de la relación contractual.

Esta relectura del modelo de cobertura del suicidio es una muestra fidedigna de que en el campo del Derecho de seguros, como se predica también del Derecho privado en general, algunas cuestiones que anteriormente se veían como inalterables amén de inmutables, llegando casi al punto de la sacralización, han debido ceder paso y abandonar su antigua rigidez, ello en virtud de una legítima tutela de caros intereses que sirven de brújula a los sistemas legales y constitucionales vigentes. Pues bien, tal como lo indicaba el gran maestro y arquitecto de la escuela de seguros colombiana, J. Efrén Ossa -precisamente con ocasión del estudio de la temática de la asegurabilidad del suicidio-: “en este como en otros casos, hay que sacrificar el rigor de la lógica jurídica en aras de la conveniencia social”[86].

Muestra de ello puede encontrarse en el hecho que algún sector doctrinal -a pesar poder ser objeto de polémica y discusión-, se ha inclinado por considerar que el modelo vigente de cobertura del riesgo de suicidio, constituye una clara excepción al principio de la inasegurabilidad del dolo[87], el cual, tradicionalmente y de forma indiscutida, era concebido como absoluto.

Así las cosas, los modelos legislativos que se han decantado por regular el asunto dejándolo en manos de la autonomía de las partes, hasta el punto de permitir la cobertura directa y sin sujeción temporal, pero trazando unos períodos que regirán en ausencia de pacto en contrario, y que, en todo caso, cuando dicho pacto exista y se acuerde un plazo superior al estipulado en la norma, fungirán como un importante instrumento de mesura para determinar la razonabilidad del mismo, propugnado de este modo por la salvaguardia de los intereses del asegurado, así como los potenciales intereses de sus beneficiarios, evitando con ello eventuales abusos, todo lo cual, en nuestra opinión, revela la fórmula más adecuada y la que mejor compagina con el proceso evolutivo del suicidio como riesgo asegurable.

Como colofón de todo lo expuesto en precedencia, podemos sostener que la implementación de este modelo fue fruto de una decantada evolución del Derecho de seguros, y más particularmente en el ámbito de la legítima y equilibrada protección de los intereses de los asegurados y, sobre todo, de los beneficiarios, al dar lugar a la apertura de las puertas para la asegurabilidad del suicidio, lo que en su momento representó, y sigue representando en la actualidad (especialmente de conformidad con su contemporánea relectura), una fehaciente muestra de la neohumanización del Derecho privado y particularmente del Derecho de seguros, encontrándose, por lo demás, en suma consonancia con los nuevos derroteros que ilustran a este último, particularmente: la preservación de los efectos del contrato[88] y la amplificación conceptual del riesgo asegurable.

De este modo, sin auspiciarlo, ni estimularlo, el suicidio dejó de ser un delito, una práctica execrable repudiado por las iglesias, entre otras aproximaciones, para encontrar una respuesta jurídica desprovista de visiones punitivas, morales, o religiosas, permaneciendo vigente, eso sí, la idea de que cuando él tiene lugar movido por el único, premeditado y exclusivo propósito de defraudar al asegurador, es más que entendible su rechazo por los ordenamientos y los jueces, hipótesis, sin embargo, que no está presente en todos y cada uno de ellos.

5. Algunas reflexiones en relación con el sistema vigente de cobertura del suicidio [arriba] 

Si bien, con la adopción generalizada del nuevo modelo de cobertura puede decirse que se han logrado superar la mayoría de dificultades que se desprenden de la proyección del suicidio como un riesgo asegurable, lo cierto es que diversos cuestionamientos y discusiones aún tienen lugar en el escenario jurídico[89]. En razón de ello, pretendemos abordar someramente algunos de los aspectos que creemos que se entrelazan con cuestiones cardinales del sistema contemporáneo de cobertura del riesgo del suicidio.

5.1. Aspectos atinentes a la delimitación temporal

No es labor sencilla la de determinar el lapso de tiempo ideal para poder materializar las finalidades que se pretenden con la incursión de los susodichos períodos de carencia; la historia enseña que la exigencia temporal ha sido sumamente diversa, pudiendo encontrarse casos en los que se ha considerado suficiente el transcurso de un semestre, hasta supuestos más rigurosos en los que se ha requerido de la verificación de un quinquenio para la apertura de la cobertura. La extensión del período atenderá a la política legislativa de cada ordenamiento o, en su defecto, a la voluntad de las partes, no obstante, la experiencia ha dado muestras de la idoneidad de los períodos que tienen como tope máximo dos años, a punto tal que la extensión del período de carencia con un plazo máximo de un bienio se instituye como la regla general en el panorama internacional. No sobra adicionar que el cálculo del período que sea aplicable, es la regla, se realizará con base al transcurso de días calendario.

Ahora bien, para poder determinar la verificación del período de carencia resulta ineludible esclarecer cual será el dies a quo que se tomará como base para el cómputo del período correspondiente. El asunto no es del todo claro, ya que existen cuestionamientos enderezados a determinar si el cálculo deberá tomar como fundamento la materialización del acuerdo de voluntades, la emisión de la póliza, o el pago de la prima establecida[90]. El argot legislativo ha solido instituir como punto de partida el momento de la ‘celebración’, ‘conclusión’, ‘estipulación’, expresiones que pretenden referenciar a la formación contractual, esto es, el perfeccionamiento del contrato[91]. En tal sentido, debido al carácter consensual que reviste en la mayoría de latitudes el contrato de seguro, deberá tomarse como punto de partida para el cómputo el momento en el cual confluyó en una misma dirección la voluntad de las partes contratantes, el cual puede coincidir con la expedición de la póliza, aunque no sea siempre así. No obstante, algunos ordenamientos han optado por tomar como venero la ‘entrada en vigor’ del contrato[92], la que, en ocasiones, puede llegar a diferir también del momento de la formación[93].

Otro aspecto que adquiere particular relevancia es el modo en que se desenvuelve la base para el cómputo del período de carencia en el evento de la reactivación de un seguro que había sido suspendido. Nos referimos al caso en el cual, como consecuencia del impago del valor de la prima, el contrato de seguro se ve interrumpido, pero es subsiguientemente reactivado en razón del correspondiente pago de la suma adeudada por parte del asegurado, y justo con posterioridad a que tuviese lugar dicha reactivación es que acaece el suicidio. Al respecto, casi por unanimidad[94], la doctrina y la jurisprudencia internacional han considerado que, en caso de suspensión de la cobertura como consecuencia del impago, el cómputo del término se entenderá interrumpido, motivo por el cual el cálculo respectivo deberá reiniciarse tomando como base para el cómputo el momento de la reactivación del contrato[95]. Es menester destacar que no nos encontramos ante una simple interrupción del período de carencia, ya que el cálculo del mismo en este particular evento deberá ‘reiniciarse’, de manera que, para que el suicidio goce de cobertura, será necesario que transcurra de forma ininterrumpida la totalidad del período aplicable, v.gr. dos años, con absoluta independencia del tiempo que había corrido con antelación a la suspensión del pago.

Este razonamiento, que en algunas geografías ha llegado a tener un expreso acogimiento normativo[96], encuentra un claro fundamento en el deseo de evitar que la reactivación de un seguro abandonado, pueda llegar a jugar en favor de un asegurado moroso que cuenta con la impía intención de suicidarse para poder garantizar a sus beneficiarios la suma estipulada en el contrato que él había abandonado[97]. De no ser así, las aseguradoras se encontrarían desprotegidas frente al riesgo de la ‘antiselección’, cuya evitación, cabe recordar, fungió como uno de los pilares sobre los cuales se erigió el modelo de cobertura del suicidio supeditado al cumplimiento de períodos de carencia.

5.2. Aspectos atinentes a la cobertura

Si bien la procedencia de la cobertura en caso de suicidio, una vez se haya verificado el transcurso del período de carencia que resulte aplicable, no parece ofrecer mayores dificultades, la cuestión que adquiere una particular relevancia es aquella que consiste en determinar ¿Qué sucede cuando la muerte del asegurado se verifica con antelación al cumplimiento del término que supedita la cobertura?

Pues bien, sea lo primero indicar que en tal evento nos encontraremos ante dos posibles supuestos que darán lugar a resultados enteramente diversos. En un primer escenario, si el deceso del asegurado fue consecuencia de un suicidio propiamente dicho -conducta voluntaria, consciente y libre-, no habría cobertura alguna, en atención a la expresa exclusión legal o –en caso de ser aplicable– contractual. Contrario sensu, en un segundo escenario, cuando la conducta autodestructiva del asegurado adolece de alguno de los elementos estructurales que permiten considerarla como un suicidio, en tal evento indefectiblemente deberá predicarse que existirá cobertura, y, por tanto, la aseguradora tendrá la obligación de responder, ya que aquel deberá ser entendido como un riesgo que se encuentra cubierto desde el perfeccionamiento del contrato[98]. En efecto, este último evento, tal como correctamente fue acreditado por la doctrina francesa decimonónica, no sería un suicidio sino un infortunio[99], de modo tal que la exclusión no tendría aplicación alguna, por la simple razón de que se verificaría una clara incongruencia entre la causa del deceso (v.g., la muerte auto-provocada involuntariamente) y el supuesto descrito en la exclusión normativa, el cual es uno solo: el suicidio[100].

En sustento de lo anteriormente reseñado, el egregio profesor argentino Rubén Stiglitz, a quien hoy rendimos homenaje, con su acostumbrado tino, explicó como, cuando la autodestrucción por el asegurado es consecuencia de una situación involuntaria, “ya sea por hallarse el agente en un estado de perturbación que le ha impedido apreciar la naturaleza del acto y medir sus efectos, ya sea por deber su origen a un suceso meramente casual, a una circunstancia fortuita, extraña por completo a una decisión deliberada y consciente de su parte, no puede caer bajo el imperio del precepto legal que lo excluye” (se destaca)[101].

Existe un sector que ha interpretado que la inclusión de estos períodos de carencia equivaldría a una exclusión indistinta de cobertura para quien se quita la vida antes del cumplimiento del plazo estipulado, dejando a un lado cualquier análisis encaminado a determinar si la conducta puede ser calificada como suicida o simplemente como autodestructiva[102]. Este razonamiento, desde un punto de vista práctico, permitirá colocar sobre un mismo plano la muerte de quien, después de un largo proceso de meditación, impávidamente direcciona un arma hacia su frente y concluye que su deseo es el de oprimir el gatillo, y aquella muerte que tiene lugar cuando quien se encontraba desarrollando ejercicios de desmonte de un arma de fuego, de forma accidental y por lo tanto involuntaria, se propina un fatal disparo, lo que en nuestra opinión, resultaría indeseado. Consideramos que esta tesitura -que pareciera desconocer todo el proceso histórico y evolutivo de la percepción jurídica ante el suicidio como un riesgo asegurado-, perderá cualquier fundamento con el abandono de la controvertida concepción del suicidio involuntario. Abandono que creemos se encuentra bastante generalizado ya que, en la actualidad, sin perjuicio de una que otra excepción, la doctrina más autorizada concibe la voluntariedad como un elemento inherente a la esencia conceptual que entraña el suicidio[103], y, por lo tanto, concibe como un contrasentido acuñar el término de ‘suicidio involuntario’, a su vez que, tautológico o pleonástico, y por tanto innecesario, el de ‘suicidio voluntario’[104].

No obstante lo anterior, algún sector doctrinal pareciera enderezarse por un replanteamiento de esta visión conjunta del suicidio afirmando que, si bien este será siempre voluntario, el mismo podrá desempeñarse de forma consciente o inconsciente[105]. Por nuestra parte, creemos inconveniente retornar a la añeja visión dicotómica del suicidio, que la experiencia no ha hecho más que repeler, pues consideramos que, a pesar de que se encune un nuevo calificativo, esto es, el de ‘consciente’, el argumento sigue siendo el mismo, la consciencia es tan inherente al suicidio como lo es la voluntad, la volición se fundamenta en cognición, el ‘querer’ requerirá siempre del ‘saber’ y del ‘conocer’, siendo estas las bases que fundamentan la determinación[106]. El suicidio es por esencia tanto voluntario como consciente[107], y, en razón de ello, las infortunadas locuciones de ‘suicidio involuntario’ y ‘suicidio inconsciente’, no podrán representar más que un oxímoron, esto es, una auténtica contradicto in adiecto, por lo que convendría que se desterrasen de la dialéctica jurídica.

Como colofón de lo anteriormente reseñado podemos indicar que, si la autolisis provocada por el asegurado acaece una vez transcurrido de forma ininterrumpida el período de carencia aplicable, existirá siempre cobertura, sea que la el fallecimiento haya acontecido como el fatídico resultado de un infortunio, o sea consecuencia de un indeseado suicidio, puesto que cualquiera de los dos supuestos implicará la indefectible materialización de un riesgo asegurado, esto es, la constitución de un siniestro. Por el contrario, si el deceso acontece con antelación a la verificación del período de carencia, solo podrá predicarse que habrá cobertura cuando el óbito no logre encajar dentro de la estructura conceptual propia del suicidio. En efecto, cuando la muerte auto-provocada haya sido el resultado de la libre voluntad del asegurado, imperará la exclusión determinada por el período de carencia[108].

La anterior acotación reviste una particular relevancia, bajo el entendido que, los supuestos de muertes autodestructivas se predican en su mayoría de eventos en los que -sea por alteraciones tanto biológicas como psicológicas, o sea consecuencia del desenvolvimiento de situaciones accidentales- el libre albedrío del asegurado se ve desvirtuado, o incluso aniquilado, razón por la cual el deber del juzgador no podrá ser otro que el de reconocer la cobertura. Sin embargo, lo cierto es que la cuestión en ocasiones no resulta del todo clara y se desenvuelve con una notoria dificultad, lo que se predica en razón de la misma complejidad que le es inherente al ser humano, y que permite dar cuenta de la existencia de unas ‘zonas grises’ en las cuales no será fácil evidenciar con claridad la naturaleza de la muerte del asegurado. En estos eventos, será la ardua y responsable labor judicial la que, atendiendo la particularidad de cada situación, podrá determinar si en el caso sub iudice el deceso cuenta con la virtualidad para ser calificado como un suicidio, o si, por el contrario, deberá considerarse como el resultado de una conducta autodestructiva involuntaria.

Con la intención de llamar la atención del lector, y sin guardar pretensiones de profundizar en ello, podemos enunciar algunos llamativos ejemplos que permiten atisbar la dificultad del encuadramiento de una línea divisoria que zanje el fin de una conducta involuntaria y marque el inicio de una suicida. Así, entre muchos otros que gozan de particular interés, creemos conveniente enunciar el siguiente elenco de supuestos fácticos en los que el asegurado se arrebata la vida como el resultado de: su participación en el ‘juego de la muerte’, comúnmente denominado como ‘Ruleta Rusa’[109]; el ahogamiento auto-producido en función de una experiencia ‘auto-erótica’ o de estimulación sexual[110]; una hipnosis o un estado de sonambulismo[111]; la alteración producida por el consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas[112]; o del decoroso y heroico deseo de poder salvaguardar, aún a costas de su sacrificio, la vida o integridad de alguna persona[113].

5.3. Aspectos atinentes a la carga de la prueba

La cuestión probatoria en los eventos en los que el asegurado se auto-elimina, ha sido una materia de suma envergadura e interés en este ámbito, razón por la cual extensos párrafos podrían escribirse sobre este asunto en particular, lo cual, aunque nos gustaría, no es nuestra intención en esta oportunidad. La dificultad, que en ocasiones raya con la imposibilidad, de poder comprobar la intención y el estado en el que se encontraba el asegurado al cometer la conducta autodestructiva, se desempeñó como un argumento de peso para dar cabida al nuevo sistema de cobertura del suicidio sujeto a la verificación de períodos de carencia[114]. No obstante lo anterior, lo cierto es que aún con el modelo vigente de cobertura, permanecen grandes dificultades que suscitan diversos debates desde la perspectiva de la prueba. Una de estas dificultades en particular, la cual pretendemos abordar sucintamente, es la de la asignación de la carga probatoria.

En un inicio, la doctrina internacional mayoritariamente se inclinaba por considerar que la carga de la prueba del suicidio debía recaer en cabeza del asegurador, por cuanto aquel pretende acreditar tal acontecimiento para invocar la exclusión y así liberarse de la obligación del pago de la suma asegurada, mientras que, por el contrario, se concebía que el peso probatorio correspondería a los beneficiarios en lo tocante a la demostración de la involuntariedad o inconsciencia de la conducta del asegurado, ya que de ser así la causa de la muerte se encontraría cubierta, resguardándose en el aforismo latino onus probandi incumbit actori[115].

Sin embargo, consideramos que, con la superación de la lectura binaria del suicidio, tal interpretación pierde vigencia y aplicación[116]. En efecto, partiendo de la base que, en línea de principio, recae en cabeza del asegurador la carga de probar las circunstancias que excluyen su responsabilidad[117], parece claro que será aquel quien deberá probar la ocurrencia del suicidio, lo cual, en rigor, requiere de la comprobación de que la conducta del asegurado fue libre, consciente y voluntaria, pues la actuación autodestructiva que adolezca de alguno de estos elementos no liberará al asegurador del pago de la suma establecida[118]. De esta forma, acudiendo nuevamente a las precisas palabras del, jamás olvidado, profesor Ossa, “al beneficiario incumbe tan solo la prueba de este hecho [la muerte del asegurado] al paso que al asegurador corresponde la causa exceptiva: el suicidio (…)”[119].

Siguiendo esta línea de cosas, debe decirse que, en razón de la excepcionalidad que comportan las conductas suicidas -propiamente entendidas-, se deberá emplear todos los medios posibles para lograr estructurar una plataforma probatoria que permita ahuyentar toda duda razonable en relación con la efectiva materialización de una conducta suicida[120]. En tal sentido, podrán fungir como elementos de particular valía: la historia clínica, informes médicos, antecedentes de comportamientos auto-lesivos o de intentos fallidos de suicidio, testimonios, entre otros elementos de prueba[121]. Elementos estos últimos que, en todo caso, deberán ser analizados por el juzgador con las particularidades propias que caractericen el caso en cuestión[122].

5.4. El contenido de las cláusulas de cobertura del suicidio contemporáneas ¿Serán abusivas las cláusulas que delimitan temporalmente la cobertura del suicidio?

Hay quienes ven en las cláusulas que delimitan la cobertura del suicidio la incorporación de una especie de sistemas de presunción según el cual si el asegurado se arrebata la vida con antelación al cumplimiento del plazo determinado se presumirá que su conducta fue malintencionada o incluso dolosa[123], lo cual ha dado cabida al sojuzgamiento de este tipo de estipulaciones como cláusulas que introducen un contenido abusivo al contrato, al quebrantar abiertamente la presunción de buena fe, la que, por regla, goza de un remarcado acogimiento por parte de los ordenamientos jurídicos legales y constitucionales vigentes. Este sería el razonamiento que parece haber acogido nuestra Corte Suprema de Justicia en sentencia del 19 de diciembre del 2018[124].

En nuestra opinión, una lectura de tal naturaleza del modelo vigente de cobertura delimitada respecto al riesgo del suicidio resulta errónea. El contenido connatural de las cláusulas en cuestión entraña una delimitación del riesgo[125], el cual reviste una naturaleza objetiva[126] que se desempeña en función del correr del tiempo y no de componentes subjetivos como la intencionalidad del asegurado. La delimitación por intermedio de períodos de carencia funge, desde la perspectiva del asegurador, como un instrumento que le permite protegerse ante la selección adversa, particularmente, ante la posibilidad de que un asegurado llegase a contratar con la premeditada intención de finalizar con su existencia[127], lo que en ningún caso constituye una suerte de presunción de dolo o mala fe. Clara muestra de lo anterior se desprende del hecho que ninguna de las normas que han dado tratamiento a la materia, o por lo menos ninguna de las que conocemos, ha hecho alusión, ya sea explicita o implícitamente, a una presunción de tal naturaleza. En razón de ello, no parece conveniente la declaración de abusividad de una cláusula que delimite la cobertura del suicidio por virtud de una inexistente contradicción con la presunción de la buena fe.

Ahora bien, dejando a un lado lo mencionado en precedencia, no parece existir argumento alguno que permitiese reputar a esta tipología de cláusulas como per se abusivas[128], especialmente si se considera que de ellas no se desprende alteración alguna al equilibrio normativo. En efecto, si se analiza con rigor, en el caso de los ordenamientos jurídicos que han adoptado expresamente la delimitación temporal de la cobertura del suicidio, estas cláusulas serían reflejo de una disposición legal, motivo por el cual, cualquier abusividad, de entrada, se desdibujaría. Por su parte, en lo que respecta aquellos sistemas jurídicos que -como en el caso colombiano- carecen de una disposición expresa sobre el particular, la falta de un carácter abusivo se torna aún más evidente, puesto que, este tipo de estipulaciones, dejan al asegurado en una situación sustancialmente más ventajosa en relación con lo tocante a la asegurabilidad del suicidio, que de aquella que se desprende del Derecho dispositivo o imperativo, los que guardan silencio sobre la factibilidad de su asegurabilidad, motivo por el cual, la verificación de un desequilibrio normativo injustificado, el cual ha sido considerado como un ‘requisito arquetípico’ de la morfología conceptual de las cláusulas abusivas por parte de nuestra vernácula jurisprudencia[129] y ha sido tipificado expresamente en el marco de la regulación de los contratos con los consumidores (art. 42 del Estatuto del consumidor colombiano), resulta inexistente.

En adición a lo anterior, debe recordarse que, tal como lo indicamos anteriormente, este tipo de cobertura cumple una función dual direccionada a instituir un justo equilibrio entre los intereses de las partes contratantes, los cuales, en ausencia de ella difícilmente hallarían una reconciliación, lo que incentivaría a que las compañías retirasen de sus pólizas la cobertura del suicidio, dando lugar a un claro proceso involutivo, ya que representaría un retorno al escenario de la inasegurabilidad del suicidio, y, con ello, al desvalimiento de los beneficiarios. En tal sentido, resulta paradójico el hecho que pretenda desterrarse este tipo de estipulaciones bajo el calificativo de abusivas. Por supuesto, lo anterior no desvirtúa el hecho que una cláusula de esta tipología, analizada en un caso en particular, pueda llegar a materializar un desequilibrio calificado contrario a la buena fe, tal como podría predicarse del supuesto en el que el período de carencia consagrado en la póliza llegase a superar, sin justificación razonable para ello, aquel que haya sido dispuesto en la ley, lo cual es cosa enteramente diversa.

 

 

Notas [arriba] 

* El presente artículo de investigación es una versión ampliada y actualizada del escrito intitulado “Reflexiones en torno al suicidio y su asegurabilidad en el Derecho de Seguros Contemporáneo”, el cual fue publicado en la obra Liber amicorum en homenaje al maestro Rubén Stiglitz, realizada conjuntamente por el CILA y la AIDA en el año 2020.
** Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, profesor de la misma institución de las materias ‘Derecho romano’ y ‘Derecho de contratos’ (2018-2019, cátedras compartidas) y doctorando de las Universidades de Perugia y de Salamanca.

[1] Dumas, Jean. Traité du suicide ou du meurtre volontaire de soi-même, D.J. Changuion, Amsterdam, 1773. p. 2.
[2] Estos datos pueden consultarse en el estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud intitulado Suicide in the world: global health estimates. En el caso particular de Colombia, en el precitado informe se registró la desoladora cifra de tres mil cuatrocientos ochenta y seis casos de suicidio para el año 2016.
[3] Informe de gestión realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense en el año 2019. p. 13.
[4] Tal es el caso del antiguo Derecho francés, en el cual se concebía que la vida de los hombres libres no era susceptible de ser asegurada bajo el entendido que la misma no podía ser objeto de estimación dineraria alguna (liberum corpus astimationem non recipit), interpretación que, sin embargo, no se hacía extensiva al caso de la vida de los esclavos cuyo aseguramiento se encontraba permitido, aunque ya para entonces, con una interesante exclusión según la cual: la compañía aseguradora no se encontraría obligada a responder si el deceso del esclavo fue consecuencia de un suicidio, por cuanto se presumía que había sido el resultado de los inhumanos flagelos sufridos durante las travesías marítimas, o que se había materializado como resultado de lo que para entonces se denominaba como un “vicio propio de la cosa”, tal como puede comprobarse en Delvincourt, Claude. Institutes de droit commercial français, T II, P. Gueffier Imprimeur, París, 1810. pp. 344 y 345; en el mismo sentido, Marré, Gaetano. Corso di diritto commerciale, Fraticelli E.C., Florencia, 1840. p. 223.
[5] El economista francés Jean Baptiste Juvigny, expresó como, de las diferentes objeciones que solían hacerse al seguro de vida, aquella que resulta más engañosa es la que proviene del temor de que el asegurado pueda autodestruirse para beneficiar con ello a sus familiares, pues consideraba que ello simplemente era un temor quimérico y que carecía de toda aplicación práctica, lo que no siempre fue así, por lo demás. Juvigny, Jean Baptiste. Coup-d’oeil sur les assurances sur la vie des hommes, Librairie du commerce, Paris, 1825. p. 63.
[6] La póliza más antigua que pudimos examinar en la que figura una exclusión del suicidio data del año 1754 y puede consultarse en A compendious library of the law, T I, Henry Linton Law Printer, Savoy, 1757. pp. 319 y 320.
[7] En el escenario las codificaciones decimonónicas, parece que el primero de los códigos que brindó una regulación expresa a la prohibición de la cobertura del suicidio fue el ‘Código de Comercio del Reino de Holanda’ del año 1839, cuyo artículo 307 indicaba que el seguro sería nulo si “el que ha asegurado su vida resulta culpable de suicidio o es castigado con la muerte” Code de Commerce du Royaume de Hollande, traducido por Willem Wintgens, Rennes, 1839. p. 162.
[8] En la obra ‘A system of the law of marine insurances’ escrita para el año 1787 por el inglés Sir James Allan Park, en una cita que se hace al caso Tyrie v. Fletcher, puede verificarse como se alude a la exclusión del suicidio como una ‘excepción general’ (“a general exception against suicide”) en el marco de las pólizas de vida. Park, James Allen. A system of the law of marine insurances, London, 1787. p. 501.
[9] El grado de reproche tan acentuado frente a la conducta suicida encontraba su justificación en el hecho que, para la época, se interpretaba que, quien incurriese en una conducta suicida estaría atentando contra la naturaleza, al contrariar el más primordial de todos los instintos que es el de auto-preservación, inherente de todos los seres vivientes; contra Dios, al quebrantar el quinto de los mandamientos que proclama ‘no matarás’, ya que quien comete un suicidio en últimas se está matando; y contra el Rey, por cuanto el deceso en cuestión implicaría para aquel la pérdida de uno de sus súbditos, representando por lo demás un ‘perverso’ ejemplo para el resto de su pueblo. Así fue sentenciado por la Court of Common Pleas para el año 1563 en razón del caso Hales v. Petit. Plowden, Edmund. The commentaries or reports of Edmund Plowden, T I, S. Brooke, London 1816. p. 61.
[10] El término puede desglosarse de la siguiente forma: ‘felo’ de felon que literalmente se traduciría como ‘criminal’, a pesar de que también puede interpretarse que quiere representar ‘crimen’, ‘de’ que viene a ser of, es decir ‘de’, y por último ‘se’ que hace a sus veces de himself que en castellano quiere decir “a sí mismo” GRIMSHAW, William. An etymological dictionary or analysis of the English language, Printed for the author, Philadelphia, 1821. s/p.
[11] De esta forma fue definido para finales del siglo XVII en el Nomo Lexikon del lexicógrafo inglés Thomas Blound: “Felo de se, es aquel que comete un crimen al matarse a sí mismo” traducción libre. Blount, Thomas. Nomo Lexikon: a law dictionary interpreting such difficult and obscure words and terms, Printed for H. Herringman, London, 1691. s/p.
[12] “Si un hombre voluntariamente se mata o se quita la vida por cualquier medio o forma, será Felo de se” traducción libre (se destaca). Bond, John. A complete guide for justices of peace, Printed by W. Freeman, London, 1687. p. 87.
[13] Para una definición en negativo (‘non compos mentis’) véase el famoso diccionario jurídico Giles, Jacob. A new law dictionary, Henry Lintot, Savoy, 1744. s/p.
[14] The third part of the institutes of the laws of England, Printed by M. Flesher, London, 1648. p. 54.
[15] Lyman, J.F. The liability of life insurance companies in case of suicide, The American Law Register, Vol 19, 1871. p. 674.
[16] Al respecto, John William Smith expresa que “La cláusula relativa a la muerte por suicidio (…) sería igualmente superflua, si su significado se limitara a actos de autodestrucción criminal”, traducción libre. Smith, John William. A compendium of mercantile law, D. Appleton and Company, New York, 1867. p. 368.
[17] Shakespeare, William. Hamlet, Baudrys’ European Library, Paris, 1842. p. 102.
[18] En efecto, Charles Bunyon señala como, a pesar de que el origen de la cláusula se fundamentó en la exclusión del suicidio como conducta delictiva, las aseguradoras ‘razonablemente’ desearían excluir el tema o componente de la criminalidad, el cual solía despertar la compasión del jurado, permitiendo que se considerase que la muerte había sido cometida por una persona loca y por lo tanto no podría ser considerada como un acto criminal Bunyon, Charles John. A treatise upon the law of life assurance, Shaw & Sons, London, 1854. p. 71. En un sentido similar, Eastwood, J. W. Life insurance and suicide, Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine, Vol 20, No. 5, 1877. p. 351.
[19] Con el tiempo, la jurisprudencia terminaría por considerar las exclusiones de ‘cometer suicidio’ y ‘morir por sus propias manos’, al igual que otras de la misma naturaleza, como equivalentes. Bliss, George. The law of life insurance, with a chapters on accident and guarantee insurance, Baker Voorhis & Co., New York, 1872. p. 347.
[20] Bacon, Frederick II. A treatise on the law of benefit societies and life insurance, Vol II, The F. H. Thomas Law Book Co., Saint Louis, 1904. p. 838.
[21] Posición que cual se encontró conformada por los jueces Maule, Erskine y Coltman. Por su parte, sosteniendo una postura diversa, el Chief Justice, Sir. Nicholas Conyngham Tindal consideró que la voluntad de la compañía aseguradora había sido la de limitar la exclusión únicamente al caso de suicidio criminal, pues de haber querido hacerla extensible a los demás supuestos de conductas autodestructivas hubiesen tenido que haberlo expresado claramente de tal manera en la póliza. Scott, John. New Reports in the Court of Common Pleas and in the Exchequer Chamber, Vol V, S. Sweet, London, 1843. p. 447.
[22] Sumamente dicientes fueron las palabras que pronunció el juez Erskine, a cuyo tenor: "me parece que la única calificación que requiere una interpretación liberal de las palabras, con referencia a la naturaleza del contrato, es que el acto de autodestrucción sea el acto deseado y voluntario de un hombre que tenga en ese momento suficientes poderes mentales y de razón para comprender la naturaleza física y las consecuencias de dicho acto, y que tenga en ese momento el propósito y la intención de causar su propia muerte por ese acto; y la cuestión de si en ese momento era capaz de comprender la naturaleza moral y la cualidad de su propósito, no es pertinente para la investigación, más allá de que pueda ayudar a ilustrar el alcance de su capacidad para comprender el carácter físico del propio acto", traducción libre. Common bench reports, cases argued and determined in the Court of Common Pleas, Vol III, T. & J. W. Johnson, Philadelphia, 1848. p. 449.
[23] Court of Common Pleas, Vol III, op.cit. pp. 437-481.
[24] Regla de conformidad con la cual, si el asegurado llegaba a despojarse de su vida comprendiendo la consecuencia de su actuación (elemento cognitivo) y además persiguiendo tal resultado (elemento volitivo), debería considerarse como un suicidio y por lo tanto no tendría cobertura alguna, siendo irrelevantes las facultades que determinan al asegurado como agente moral y que le permiten diferenciar entre lo que es bueno o malo al momento de la materialización del acto suicida, haciendo referencia con ello a la capacidad de la conciencia -que no consciencia- del asegurado Greider, Janice E. & Beadles William T. Law and the life insurance contract, Richard D. Irwin Inc, Homewood, 1960. p. 392, en un mismo sentido puede consultarse Vance, William Reynolds. Handbook of the law of insurance, West Publishing Company, Saint Paul, 1930. p. 808, Joyce, Joseph A. A treatise on the law of insurance of every kind, Vol IV, The Lawyers Co-operative Publishing Co., New York, 1918. p. 4452.
[25] Greider, Janice E. & Beadles William T. Law and the life insurance contract, op.cit. p. 392. Fuller, Huber Bruce. The law of accident and employer’s liability insurance, Vernon Law Book Company, 1913. p. 115, nota 53.
[26] En efecto, en el marco del Derecho militar romano se sancionaba con la pena de muerte al soldado que, por razones de cobardía intentaba quitarse la vida, mientras que, la sanción podía limitarse a la expulsión de las filas romanas para los eventos en los que la intención suicida había sido consecuencia del padecimiento de un dolor, una enfermedad o un luto que lo aquejaba. Le pandette di giustiniano disposte in nuovo ordine da R. G. Pothier, Vol VIII, Andrea Santini e Figlio, Venecia, 1830. p. 697.
[27] Esta llamativa expresión, otrora, era empleada en el marco del Derecho penal y criminal francés. Fiel testimonio de ello lo encontramos en un pronunciamiento (Arrêt) en el año 1577 en el que expresamente se determinó que aquellos que se quitan la vida por una ‘fiebre caliente’ u otros males, no pueden ser equiparados a los que lo hacen a ‘sangre fría’ y que por lo tanto los primeros tendrán el derecho de ser enterrados en tierra santa, Brillon, Pierre Jacques. Dictionnaire des arrêts ou jurisprudence universelle des parlements de france, T III, Guillaume Cavelier, Paris, 1727. p. 610.
[28] Corte de Bruselas sentencia del 2 de junio de 1851. Dewandre & Delebecque, Pasicrisie ou recueil général de la jurisprudence des cours de France et Belgique, Melin, Cans et Compagnie, Bruselas, 1851. p. 331. En plena concordancia con esta providencia, en el ámbito de los Tribunales germanoparlantes, puede hacerse especial referencia a la sentencia proferida por la Corte Suprema de Dresde el 16 de febrero de 1878 (Journal des assurances, T XXX, Paris, 1879. pp. 407 y 409), así como también al pronunciamiento proferido por la Corte Suprema de Austria el 20 de marzo de 1879, Journal du droit international privé, et de la jurisprudence comparée, Marchal Billard et Cie, Paris, 1879. pp. 496 y 497.
[29] Tribunal Civil de la Seine, sentencia del 25 de junio de 1854. Le moniteur des assurances sur la vie revue mensuelle, T I, Armand Anger, Paris, 1868. p. 100.
[30] Como algunos ejemplos pueden enlistarse los siguientes pronunciamientos: Corte de Apelación de París, 30 de noviembre de 1875 Journal des assurances, T XXV, Paris, 1874. pp. 22-25; Tribunal Civil de la Seine, 12 de mayo de 1876, Journal des assurances, T XXV, Paris, 1874. pp 295-299; Corte de Apelación de París, 16 de noviembre de 1889, Journal des assurances, T XL, Paris, 1890. pp. 36-38; Tribunal Civil de la Seine, 21 de noviembre de 1878 Journal des assurances, T XXX, Paris, 1879. pp. 22-25; Tribunal de Comercio de la Seine, 23 de noviembre de 1882; Journal des assurances, T XXXIV, Paris, 1883. pp. 59-61; Tribunal Civil de la Seine, 22 de mayo de 1890, Journal des assurances, T XLI, Paris, 1890. pp.411-416; Corte de Apelación de Lyon, 17 de febrero de 1891; Journal des assurances, T XLII, Paris, 1891. pp.202-207; Corte de Apelación de París, 16 de julio de 1892, Journal des assurances, T XLIII, Paris, 1892. pp. 418-422; Corte de Apelación de París, 21 de octubre de 1892, Journal des assurances, T XLIII, Paris, 1892. pp. 14 y 15. Esta postura sería igualmente adoptada por la Corte de Bruselas en sentencia del 12 de agosto de 1861, Pasicrisie ou recueil général de la jurisprudence des cours de France et Belgique, Parte de Bélgica, Bruselas, 1861. pp. 23 y 24.
[31] Corte de Apelación de París, audiencia del 16 de noviembre de 1889, Journal des assurances, T XLI, Paris, 1890. p. 37.
[32] J. Lefort afirma que la distinción entre la muerte auto-producida de manera voluntaria y de aquella que es consecuencia de una afectación cerebral o de un estado de locura, es aceptada sin discusión por los juristas franceses Lefort, J. Traité théorique et pratique du contrat d’assurance sur la vie, T II, Thorin & Fils Éditeurs, Paris, 1894. p. 53.
[33] Herbault, Paul. Traité des assurances sur la vie, A. Marescq Aîné, Paris, 1877. p. 153, en el mismo sentido, el profesor italiano de la Universidad de Padova, Adolfo Sacerdoti, afirma que los motivos que justifican la exoneración de la compañía aseguradora solamente se presentan cuando la actuación de quien se quita la vida haya sido razonada y libre. Sacerdoti, Adolfo. Il contratto d’assicurazione, Vol II, P I, Padova, 1878. p. 123.
[34] Al respecto, Louis Pouget en su reconocido diccionario de seguros terrestres al abordar la locución ‘suicide’, en relación con el seguro de vida, expone que, cuando un sujeto se arrebata la vida en un ataque de alienación mental no podrá considerarse que pereció por un suicidio. Pouget, Louis. Dictionnaire des assurances terrestres, T II, A. Durand Libraire-Éditeur, Paris, 1855. p. 1056.
[35] Herbault, Paul. Traité des assurances sur la vie, op.cit. p. 153. Defrénois, Charles. Du contrat d’assurance sur la vie, Administration du Répertoire Général Pratique du Notariat, Paris, 1887. p. 42.
[36] Traducción libre, Namur, P. Le Code de Commerce belge, revisé interprété par les travaux préparatoires des lois nouvelles, T III, Bruylant-Christophe, Bruxelles, 1877. p. 97.
[37] Traducción libre, Codice di commercio del regno d'Italia, Barabèra Editore, Firenze 1893. pp. 174 y 175.
[38] Ya para finales del siglo XIX el profesor de la Universidad de Pavía, Ercole Vidari, en sus comentarios al artículo 450 del antiguo Código de Comercio italiano expresaba que, a pesar de que el pensamiento que determinó la comisión del suicidio haya podido llegar a turbar en alguna manera la serenidad mental del asegurado, si no cuenta con la virtualidad de evitar que el sujeto sea consciente de sus acciones, el asegurarador no deberá responder en tal supuesto. Vidari, Ercole. Il nuovo codice di commercio, Ulrico Hepli, Milano, 1884. p. 413. Por su parte, el penalista Enrico Altavilla, uno de los mayores exponentes de la psicología jurídica en Italia, y quien además ha abordado a profundidad el estudio del papel del suicidio en el escenario jurídico, afirma que, según el proceso introspectivo de quien se ve perturbado por un estado emotivo o pasional, el suicidio siempre será visto como un resultado inevitable, y que, por lo tanto, ello no podrá tener alguna relevancia frente al diagnóstico de alguna morbosidad, sin embargo afirma que las pasiones pueden llegar constituir un suicidio no voluntario cuando aquellas posean un carácter de morbosidad. Altavilla, Enrico. Il suicidio e l’art. 450 cod. comm., Assicurazione, II, 1934. pp. 6-8. Pasanisi, Emilio. Considerazioni intorno al suicidio nell’assicurazione sulla vita, Assicurazione, II, 1935. p. 70.
[39] Valeri, Giuseppe. In tema di volontarietà del suicidio nell’assicurazione sulla vita, Rivista del Diritto Commerciale, Vol X, Milano, 1912. Siguiendo esta línea de pensamiento, Ilardi, Saverio, Il “rischio suicidio,, nel contratto di assicurazione vita, Il Foro Italiano, Vol LX, Roma, 1935. Cols. 207 y 208.
[40] Son partidarios de esta postura Lordi, Luigi. Il suicidio nell’assicurazione, Rivista del Diritto Commerciale, Vol XXXII, II, Milano, 1934. p. 86 y Buttaro, Luca. v. Assicurazione sulla vita, Enciclopedia del Diritto, III, Giuffrè Editore, 1958. p. 640. Por su parte, en lo que respecta al common law, resulta imperioso hacer alusión a los ‘Estatutos Revisados del Estado de Misuri’ promulgados por la Asamblea General para el año 1879, y de conformidad con los cuales, la muerte del asegurado por causa suicidio no podría ser una excepción en favor de las aseguradoras salvo que se llegase a demostrar que el asegurado consideró quitarse la vida al momento de celebrar el contrato de seguro, determinando además que, cualquier estipulación en contrario carecería de efecto alguno. The revised statutes of the State of Missouri, Vol II, Carter & Regan State Printers and Binders, Jefferson City, 1879. p. 1170.
[41] El que, por lo demás, comenzó abordarse de una manera más estricta al llegarse a considerar que el único suicidio que podría anular el contrato de seguro sería aquel ‘absolutamente voluntario’, tal como se hizo alusión en sentencia proferida por el Tribunal Civil de la Seine el 18 de junio de 1884. La gazette du palais et du notariat, Marchal Billard & Co., Paris, 1885. p. 101 (Supplément).
[42] Fortunati, Maura. “ ‘La pietosa ingiustizia dei magistrati’. Il dibattito sul suicidio dell’assicurato tra ottocento e novecento”, en La morte nel prisma criminale, secoli XIX-XX, Historia et ius, 2016. p. 151.
[43] Un claro ejemplo de ello lo encontramos en ordenamiento francés con la Ley del 13 de julio de 1930 cuyo artículo 62, distando de la asilada concepción del ‘suicidio voluntario’ adoptada por el artículo 450 del Código de Comercio italiano del año 1882, hizo una expresa referencia al ‘suicidio voluntario y consciente’.
[44] En efecto, con ocasión del caso, ya aludido, Borradile v. Hunter, los jueces T. Wilde y R.V. Richards sostuvieron: “La compañía de seguros podría haber redactado la cláusula así: "Si muere por sus propias manos, ya sea cuerdo o demente", y entonces el significado del contrato habría sido claro", traducción libre. Cases argued and determined in the Court of Common Pleas, Vol V, William Benning and Co., London, 1845. p. 647. Compaginando con ello Ellis, Charles, Law of fire and life insurance and annuities, William Benning & Co., London, 1846. p. 110.
[45] Ghersi, Mario. Il rischio suicidio nell’assicurazione sulla vita, Assicurazioni, I, 1954. p. 147.
[46] En lo que respecta al marco europeo Mario Ghersi señala como la cláusula de ‘suicidio consciente’ adoptada por las compañías aseguradoras no tuvo la finalidad pretendida debido a la labor de la jurisprudencia. Ghersi, Mario. Il rischio suicidio nell’assicurazione sulla vita, op.cit. p. 147.
[47] Traducción libre, Vivante, Cesare. Il suicidio nelle assicurazione sulla vita, Stabilimento Tipografico Zamorani e Albertazzi, Bolonia, 1890. p. 18. Clara muestra de lo expuesto por Vivante, puede encontrarse interior del marco jurisprudencial norteamericano, en el cual, algunos tribunales sostuvieron que, en caso tal de figurar una cláusula que exceptue la cobertura del suicidio sea ‘sane or insane’, la misma no tendrá aplicación si el asegurado se encuentra en un estado de trastorno mental de tal embergadura que le impide concebir por completo la naturaleza física y las consecuencias de sus actos Crobaugh, Clyde J. Handbook of insurance, Prentice-Hall Inc., New York, 1931. p. 1255 y Schuman, Gary. Suicide and the life insurance contract: was the insured sane or insane? That is the question – or is it?, Tort & Insurance Law Journal, Vol 28, 1993. p. 760.
[48] Fehaciente testimonio de ello puede encontrarse en las elocuentes palabras del profesor Luís de Moya y Giménez, quien tempranamente se anticipaba a la necesidad de abrir paso a un modelo diverso de política legislativa respecto al suicidio como riesgo asegurado, lo que sustentó con un visionario discurso del siguiente tenor: “El asegurado quiere dejar á su familia un capital más o menos grande, y para ello aparta de sus bienes una porción que entrega al asegurador, privando de ella á los suyos, en la confianza de que más tarde lo recibirán; en estas circunstancias llega el asegurado á la aberración del suicidio; si á él se le castigase, no habría queja, pero con que derecho se priva á su familia del seguro (…) El caso del suicidio debía preverse, pero no en la forma en que lo está, ni como lo está, sino en ciertos casos determinados perfectamente (…) El legislador no puede ni debe vivir satisfaciendo preocupaciones estúpidas”. De Moya Y Giménez, Luís, El Código de Comercio, comentado y precedido de un estudio histórico, crítico y doctrinal, Librería de Fernando Fe, Madrid, 1886. p. 141, nota 1.
[49] Como ejemplo de ello, podemos referir a la compañía inglesa ‘Mutual Life Assurance Society’, la que ya para el año de 1840 ofrecía “Pólizas que no se invalidan en caso de muerte por duelo, suicidio, o por las manos de la Justicia”, traducción libre. Oliver & Boyd’s new edinburgh almanac and national repository, Edimburgo, 1840. p. 90; Así mismo, de forma casi coetánea, ‘The Economic Life Assurance Society’ ofreció pólizas con una cobertura similar. The small edition of the post office London directory, Frederic Kelly, London, 1843. p. 1581.
[50] Al respecto Bunyon afirmaba que “La compañía de seguros es una criatura de opinión pública, y la reputación de ‘iliberalidad’ se considera fatal para su progreso”, traducción libre. Bunyon, Charles John. Treatise upon the law of life assurance, op.cit. p. 72. En un sentido similar, un artículo rotulado ‘voluntary and involuntary suicide’ el cual fue publicado en ‘The Insurance Times’ recuenta como a las compañías que se negaban a asegurar el suicidio voluntario o involuntario se le acusaba por su ‘iliberalidad’. The insurance times, Vol VIII, New York, 1875. p. 177.
[51] El reconocido profesor de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Díaz de Guijarro, recuenta como: “La práctica comercial ha introducido variantes de hecho en los términos rigurosos de las leyes. La mayor difusión del seguro de vida y la consiguiente competencia entre las compañías que explotan el ramo, ha determinado una extensión de los riesgos. Es así como han aparecido cláusulas que cubren el suicidio (…)” Díaz De Guijarro, Enrique. El suicidio involuntario y la validez del seguro de vida, Jurisprudencia argentina, T 30, 1929. p. 187.
[52] Fidedigno testimonio de ello lo podemos encontrar en un interesante pronunciamiento proferido en el año 1962 por el Tribunal Supremo español, en el cual se determinó que: “Por suicidio ha de entenderse el que lo es ‘voluntario’. No hay suicidio involuntario; tan solo hay suicidio cuando la muerte está causada u ocasionada por actos conscientes del agente. Cuando hay carencia de voluntad, por facultades mentales perturbadas, no se da el suicidio”.
[53] The life assurer’s handbook, and key to life assurance, Effingham Willson, London, 1877. p. 229.
[54] Hamon, Georges. Histoire générale de l’assurance en France et à l’étranger, Paris, 1895. p. 534.
[55] De conformidad con la investigación realizada por nosotros, la póliza de vida más antigua que hemos podido evidenciar en la cual se implementa este tipo de cláusulas corresponde a la compañía ‘Life Assurance and Deferred Annuity Society’ y data del año 1840. Oliver & Boyd’s new edinburgh almanac and national repository, Edimburgo, 1840. p. 108.
[56] Tal es el caso de la ‘Life Assurance and Deferred Annuity Society’. Oliver & Boyd’s new edinburgh almanac and national repository, op.cit. p. 108.
[57] Hubner, Solomon S. & Black, Kenneth Jr. El seguro de vida, Editorial Mapfre, Madrid, 1976. p. 260.
[58] Schuman, Gary, Suicide and the life insurance contract… op.cit. p. 777.
[59] Greider, Janice E. & Beadles, William T. Law and the life insurance contract, op.cit. p. 391.
[60] Ballarani, Gianni. “Commento ai §§. 23-31, 42-56, 62-71, 75-76”, en Le assicurazioni, Giuffrè editore, 2014. p. 458.
[61] La doctrina decimonónica francesa, distando de la jurisprudencia, fue la principal opositora a este nuevo modelo. En efecto, la discusión se presentó a partir de 1862 en razón de un pronunciamiento del Tribunal Civil de la Seine, por virtud del cual le fue otorgada validez a una cláusula de una póliza de vida de una compañía inglesa, en la que se establecía que habría cobertura en caso de suicidio siempre que el mismo hubiese tenido lugar con posterioridad a los doce primeros meses de vigencia, providencia que puede ser consultada en Le Hir. Annales de la science et du Droit commercial mémorial du commerce et de l’industrie, T XVIII de la doceava parte, Au Bureau, Paris, 1862. pp. 238-241. Uno de los principales opositores a este pronunciamiento fue León Adrien de Montluc, quien afirmó que cualquier estipulación que pretendiera darle cobertura al suicidio del asegurado debía ser considerada nula, ya que contravendría el orden público, lo que fue desestimado por el Tribunal Civil de la Seine. De Montluc, León Adrien. Des assurances sur la vie, Typographie Alcan-Lévy, Paris, 1870. p. 209. Son partidarios de esta misma postura De Couder Joseph Antonie Ruben, Droit commercial industriel et maritime, T I, A. Marescq Aîné, Paris, 1877. p. 756, y Lefort, Joseph Jean. Traité théorique et pratique du contrat d’assurance sur la vie, T II, op.cit. p. 51, nota 1.
[62] Al respecto, Paul Herbault sostuvo que no era necesario invocar argumentos que se fundamentaran en consideraciones “de valor más o menos jurídico” atinentes al orden público y el orden moral, pues bastará acudir a la esencia misma del contrato de seguro para entender que una cláusula, como la que se discute, carecía de algún valor. Herbault, Paul. Traité des assurances sur la vie, op.cit. pp. 157 y 158. En un sentido similar Dupuich, Paul. L’assurance-vie, théorie et pratique, jurisprudence, Librairie Dalloz, Paris, 1922. p. 384 nota 4.
De igual forma Maurice Picard y André Besson, fueron partidarios de esta corriente de pensamiento, mostrándose severamente críticos ante el ingreso de estas nuevas coberturas, razón por la cual afirmaron que aquellas constituyen una desviación de los principios que rigen el Derecho de seguros. Picard, Maurice & Besson, André. Les assurances terrestres, T I, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1982. p. 751.
[63] Uno de los principales exponentes de esta línea de pensamientos ha sido Vivante, quien al respecto afirmaba que “La doctrina de los escritores que quisieran condenar a los hijos del suicida, por una malentendida protección de las buenas costumbres, a la pérdida del seguro (…) es la opinión de una escuela que desaparece en la nada frente a las tragedias de la vida, porque ningún juez entiende tan poco sobre las condiciones reales de la vida como para condenar a la miseria a la viuda y a los huérfanos del suicida en nombre de un malentendido orden público”, traducción libre. Vivante, Cesare, Il suicidio nelle assicurazione sulla vita, op.cit. pp. 10 y 11. Entre otros de los autores italianos que entienden que el orden público no se desvirtúa por la cobertura del suicidio sujeta a períodos de carencia se encuentran los profesores italianos Vidari y Marghieri, así como Bonolis, Guido. L’assicurazione sulla vita nel diritto internazionale privato, Archivio Giuridico «Filippo Serafini», Vol LIX, La Direzione dell’Archivio Giuridico, Messina, 1897. p. 337.
[64] Sánchez Calero, Fernando, “Validez de la cláusula de suicidio y carácter aleatorio del contrato de seguro”, Estudios de Derecho público y privado, T II, Universidad de Valladolid, 1965. p. 429.
[65] Claro partidario de esta línea de pensamiento ha sido el reconocido profesor español Fernando Sánchez Calero quien, con ocasión de escrito que intituló ‘Validez de la cláusula de suicidio y carácter aleatorio del contrato de seguro’, llegó a la conclusión que: “sólo puede admitirse que desaparece el carácter aleatorio del contrato de seguro cuando concurra la circunstancia de que el asegurado tenga el firme propósito de suicidarse con anterioridad al momento de contratar el seguro y precisamente para eliminar esta hipótesis se establece por la práctica contractual el plazo de ‘carencia’ ”. Sánchez Calero, Fernando. Validez de la cláusula de suicidio y carácter aleatorio del contrato de seguro, op.cit. p. 429.
[66] Garrigues explica como en España existía una laguna en relación a los períodos de carencia como consecuencia de que el Código de Comercio no hacía ninguna alusión en relación con los mismos. No obstante, afirma que, dicha laguna sería colmada por las aseguradoras al incluir los precitados períodos en sus pólizas, siendo ello lo que inspiraría la redacción del artículo 93 de la Ley 50 de 1980. Garrigues, Joaquín. Contrato de seguro terrestre, Madrid, 1982. pp. 515 y 516.
[67] Sumien, Paul. Des assurances terrestres des opérations de capitalisation, d’épargne et de crédit différé, Librairie Dalloz, Paris, 1957. pp. 139 y 141.
[68] Fortunati, Maura. “La pietosa ingiustizia dei magistrati”… op.cit. p. 159.
[69] Traducción libre. La norma en su versión original reza de la siguiente forma: “Suicide: (1) If, within one year after the conclusion of the contract, the person at risk commits suicide, the insurer shall be discharged from its liability to pay the insurance money. If so, the insurer shall pay the surrender value and any profits in accordance with Article 17:602. (2) Para. 1 shall not apply if (a) the person at risk, when committing suicide, acts in a mental state precluding the ability to freely determine his intent, or (b) it is proved beyond any reasonable doubt that, at the time of conclusion of the contract, the person at risk did not intend to commit suicide”. Principles of European Insurance Contract Law, Project Group “Restatement of European Insurance Contract Law”, Status 1, 2015. p. 41.
[70] Traducción privada, Principios de Derecho del Contrato de Seguro, Status 1, 2015.
[71] Jaramillo J., Carlos. Ignacio. Derecho de seguros, T V, Temis, 2013. p. 216.
[72] Al respecto, resulta nuevamente conveniente acudir a la claridad de las palabras del profesor Jaramillo, quien con su característica locuacidad ha expresado: “Así las cosas, tenemos que la libertad de riesgos concebida por el artículo 1056 del Código de Comercio, tiene sus limitantes en las raíces mismas del tantas veces citado artículo 1054, razón por la cual el asegurador no puede ofrecer la cobertura de suicidio, así se pretenda establecer un período de carencia de dos, tres o 50 años, pues el transcurso del tiempo es irrelevante ante la transparencia de la noción del riesgo que se insufla en el imperativo artículo 1054 de nuestro ordenamiento mercantil”. Jaramillo J, Carlos Ignacio. Derecho de seguros, T V, op.cit. p. 215. Expresamente se suma a sus palabras el reconocido profesor Hernán Fabio López en su obra Comentarios al contrato de seguro, Editorial Dupré, Bogotá, 2010. p. 94. En el mismo sentido se pronunció el siempre sapiente J. Efrén Ossa: “A la luz de la ley vigente concebido como acto voluntario, el riesgo de suicidio es inasegurable. Y lo es sin consideración al término de vigencia efectiva del seguro. El principio es absoluto (…) dadas estas circunstancias, no está llamada a producir efecto alguno la cláusula -que aún se estila en las pólizas de seguros de vida-, conforme a la cual aquel riesgo se entiende asegurado después de que hayan transcurrido dos años de vigencia del seguro”. Ossa, J. Efrén. Teoría general del seguro. El contrato, Temis, Bogotá, 1991. p. 470. Continuando con el estudio la doctrina patria, el profesor antioqueño, Arturo Gómez Duque, concuerda que, de conformidad con la legislación mercantil vigente, en Colombia el suicidio no puede ser objeto de cobertura, ya que, en sus palabras, ello “Es evidente, pues, para que se estructure la figura del suicidio, ese acto debe ser plenamente voluntario, y en tal caso, por ministerio de la ley, está excluido del seguro vida (…) decir que se excluye el suicidio es un pleonasmo, pues por ley está excluido todo acto exclusivamente voluntario”. Gómez Duque, Arturo. Régimen de seguros, T I, Diké, Medellín, 2014. p. 261.
[73] En dicha oportunidad la Corte Suprema habría manifestado que “como el suicidio inconsciente, el cual se ubica en el terreno de la involuntariedad, es susceptible de seguro, es claro que cuando las pólizas de seguro de vida cubren el riesgo de muerte por suicidio, luego de transcurrido un período de carencia, esa exclusión temporal no puede aplicarse al suicidio que es compatible con el seguro. En otras palabras, los períodos de carencia se aplican al suicidio voluntario y no al inconsciente, porque como quedó explicado, el riesgo queda cubierto después de iniciado el seguro sin importar la época en que ocurra. Distinto es que, con independencia de su validez, acaecido el suicidio voluntario fuera del término excluido, las compañías de seguros ‘honren sus compromisos en ese sentido”, como se expresa en el cargo’ ”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de mayo de 2005. MP: Jaime Alberto Arrubla Paucar.
[74] Con fundamento en este este segundo pronunciamiento, relativo a la temática de la asegurabilidad del suicidio, la Corte Suprema entendería que “El suicidio, al ser un acto que no depende de la autonomía o libre elección del sujeto, sino que es una patología de la función neocortical que se manifiesta como trastorno de los procesos cognitivos, de la dimensión afectiva, de la capacidad de tomar decisiones asertivas para adaptarse al medio y, en fin, del comportamiento biopsicosocial, es un riesgo asegurable que se encuentra en el mismo nivel de cualquier otro factor ajeno a la ‘exclusiva voluntad’ o ‘mera potestad’ de la persona, y, por tanto, es asimilable a un accidente o enfermedad que no haya sido declarada como preexistencia”. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 19 de diciembre de 2018. MP: Ariel Salazar Ramírez.
[75] Nuevamente resulta conveniente acudir a las elocuentes palabras del profesor Ossa: “¿Cómo no asegurarlo -repetimos- si es difícil, frecuentemente imposible acreditar la voluntariedad del suicidio? Si, de otro lado, no es el suicida asegurado sino sus beneficiarios quienes tienen la vocación jurídico-económica a la prestación asegurado. Y si el seguro de vida es una institución de tan noble y transparente contenido social”. Ossa, J. Efrén. Teoría general del seguro. El contrato, op.cit. p. 101.
[76] Proyecto Código Civil colombiano, Universidad Nacional, y Ministerio de Justicia, 2020.
[77] Cabe recordar que, ya de antaño, una importante vertiente doctrinaria afirmaba que la regulación atinente a la asegurabilidad del suicidio -incluso en el caso de las vetustas disposiciones que prohibían la cobertura del suicidio o del ‘suicidio voluntario’- carece de un carácter imperativo, al considerar que el asunto relativo a su aseguramiento no repercute en los lindes del orden público. En tal sentido, véase supra, nota 62.
[78] Veiga Copo, Abel. Tratado del contrato de seguro, T II, Thomson Reuters, 2017. p. 1148.
[79] Tal es el caso de los ordenamientos: francés, italiano, español, luxemburgués, portugués, chileno, y belga.
[80] Un esquema similar, aunque con ciertos matices, es presentado por Bataller Grau, Juan, Latorres Chiner, Nuria & Olavarría Iglesia, Jesús. Derecho de los seguros privados, Marcial Pons, Madrid, 2007. p. 336.
[81] Al respecto, resulta ciertamente llamativo el caso de la legislación argentina, por cuanto la norma que regula la asegurabilidad del suicidio, tal como expresa el egregio profesor Rubén Stiglitz, tiene una naturaleza ‘relativamente imperativa’, lo que significa “que la misma es factible de ser modificada sólo en favor del asegurado”, por lo que “las partes pueden acordar un plazo de carencia inferior a los tres años o suprimirlo”. Stiglitz, Rubén S. Temas de Derecho de seguros, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2010. p. 221. Por su parte, el profesor italiano Ilardi tempranamente había llegado a esta conclusión al comentar el artículo 450 del entonces vigente, Código de Comercio italiano (el cual cabe recordar no había incorporado la cobertura mediante períodos de carencia y prohibía la asegurabilidad del ‘suicidio voluntario’), expresando que, en su opinión, a pesar de que tal artículo no goza de una naturaleza de orden público, no podría pactarse en contrario, salvo que sea en el sentido más favorable para el beneficiario Ilardi, Saverio. Il “rischio suicidio,, nel contratto di assicurazione vita, op.cit. Col. 211.
[82] El mencionado artículo rezaba de la siguiente forma: “El asegurador no está obligado, a menos que se acuerde lo contrario, a pagar la suma asegurada: 1. Si el asegurado pierde la vida como resultado de un suicidio, duelo o condena judicial (…)”, traducción libre, puede consultarse en Bonolis, Guido. Les assurances sur la vie en droit international privé, Thorin et Fils, Paris,
 1902. p. 125, nota 2.
[83] Una exclusión de tal naturaleza, en línea de principio, y sin perjuicio de que pueda figurar en el plexo de las cláusulas generales del contrato, al representar una delimitación de la cobertura, siendo entonces menos favorable para el consumidor del mercado aseguraticio, deberá satisfacer determinados requerimientos, en procura de brindar la transparencia necesaria para que el contratante pueda conocer la existencia de dicha exclusión, y a su turno que poder comprender la implicación de la misma, cfr. Tirado Suárez, Francisco Javier. “Artículo 93. El suicidio del asegurado”, en Ley de contrato de seguro, comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1999. p.1740, en igual sentido Boldó Roa, Carmen. “Artículo 93: El suicidio del asegurado”, en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, Tirant lo blanch, Valencia, 2001. p. 1084.
[84] En lo que respecta a esta diciente y llamativa expresión, vale la pena recordar que el legislador mercantil colombiano en el artículo 1056 relativo a la ‘asunción de riesgos’ dispuso que: “Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.
[85] Jaramillo J., Carlos Ignacio. Derecho de seguros, T III, op.cit. p. 12.
[86] Ossa, J. Efrén. Teoría general del seguro. El contrato, op.cit. p. 101.
[87] Se han inclinado en este sentido: Sánchez Calero, Fernando. Validez de la cláusula de suicidio y carácter aleatorio del contrato de seguro, op.cit. p. 435; Tirado Suárez, Francisco Javier. Artículo 93. El suicidio del asegurado, op.cit. p. 1741; Boldó Roa, Carmen. Artículo 93 El suicidio del asegurado, op.cit. p 1084. La Torre, Antonio. “Suicidio dell’assicurato” en Le assicurazioni, Giuffrè Editore, Milán, 2007. p. 50; y Gasperoni, Nicola. Assicurazione privata, CEDAM, Padova, 1972. p. 399. Por su parte, llama fuertemente la atención que la Ley del contrato de seguro mexicana del año 1935 al regular el asunto del suicidio en su artículo 186 se dispuso que tal riesgo quedará cubierto si se verifica dos años después de la celebración, sin importar “el estado mental del suicida o el móvil del suicidio” (se destaca).
[88] Respecto a la relevancia actual que ostenta este principio cardinal y de su implicación en el Derecho contractual, en general, y, particularmente, en el campo del contrato de seguro, puede consultarse con sumo interés la reciente y enriquecedora obra de los profesores Kemelmajer De Carlucci, Aida & Jaramillo J. Carlos Ignacio. El criterio de la razonabilidad en el Derecho privado, Ibañez, Bogotá, 2020. pp. 365-372.
[89] En tal sentido, la distinguida profesora de la Università degli Studi di Firenze, Sara Landini, afirma que incluso la disposición vigente en el Código Civil italiano en el artículo 1942 relativa a la asegurabilidad del suicidio sujeta a períodos de carencia genera ‘problemas interpretativos’. Landini, Sara. “Art. 1927 – suicidio dell’assicurato” en Commentario del Codice Civile: dei singoli contratti, UTET, Milán, 2011. p. 296.
[90] En opinión del profesor Tirado Suárez, debido al carácter bilateral del contrato de seguro,
deberá tomarse como base para el cálculo del período de carencia el momento del pago de la prima, pues es a partir de este momento que los efectos de la cobertura se desarrolla en plenitud. Tirado Suárez, Francisco Javier. Artículo 93. El suicidio del asegurado, op.cit. pp. 1747.
[91] Ejemplo de ello son las legislaciones de los siguientes ordenamientos: Suecia, Italia, Polonia, El Salvador, Bolivia, España, Portugal, Venezuela, Alemania y Chile.
[92] Por su parte pueden enlistarse las siguientes legislaciones: Francia, Argentina, Brasil, Perú, y Bélgica.
[93] Donati indica que, en el caso de la legislación italiana se toma como base la conclusión del contrato, queriendo aludir con ello al momento en que el contrato se forma y no en el que inicia su eficacia, pues son momentos que pueden no coincidir. Donati, Antigono. Trattato del diritto delle assicurazioni private, Vol III, Giuffrè, Milán, 1956. p. 624.
[94] Una postura diversa, fuertemente inclinada a la protección de los beneficiarios, fue sostenida por la Corte de Apelación de Roma en sentencia del 21 de febrero de 1935. En dicha oportunidad, el alto tribunal italiano determinó que bastaría con que el contrato hubiese estado vigente desde su conclusión por el término de carencia correspondiente, con independencia de su interrupción, para que el asegurador deba responder. Esta sentencia, de suyo aislada en la jurisprudencia italiana, no tuvo mayor trascendencia y fueron pocos quienes se sumaron a tal razonamiento, uno de ellos fue Ilardi, quien sobre el particular expresó: "Sostenemos - y parece con buen fundamentado - que una vez transcurrido el período de franquicia en cualquier parte de la vida del contrato, el asegurador está obligado a pagar, sin que este período tenga que preceder al suicidio inmediatamente. No cabe duda de que, cuando el asegurado ha pagado continuamente las primas del período de franquicia, ha adquirido ciertamente el derecho a cubrir el riesgo de suicidio", traducción libre. Ilardi, Saverio. Il “rischio suicidio,, nel contratto di assicurazione vita, op.cit. Col. 219.
[95] Donati, Antigono. Trattato del diritto delle assicurazioni private, op.cit. p. 621. La problemática en torno de la suspensión del contrato aseguraticio tiene una particular trascendencia en aquellos ordenamientos en los cuales se establecen períodos de carencia superiores a un año, pues como con tino señala el profesor Tirado Suárez, en ordenamientos que adoptan períodos de un año, como es el caso de España, no es sencillo que la discusión tenga cabida por cuanto el pago de las primas suele ser igualmente anual, y por lo tanto coincidiría con el período de carencia establecido por la ley. No obstante, excepcionalmente podría tener lugar en los casos de fraccionamiento de la prima , al igual que en el evento que se pacte un período de carencia inferior a un año, teniendo en consideración que el artículo 93 de la Ley 50 española permite pacto en contrario. Tirado Suárez, Francisco Javier. Artículo 93. El suicidio del asegurado, op.cit. pp. 1747 y 1748.
[96] Al interior del continente europeo, un claro ejemplo de ello es el Código Civil italiano, cuyo artículo 1927 establece que, el asegurador no será responsable cuando, habiéndose presentado una suspensión del contrato por falta del pago de la prima, no han transcurrido dos años contados a partir del momento que finalizó la suspensión, ello en plena concordancia con lo dispuesto por el artículo 1901 del mismo Código, el que a su turno determina que, a falta de pago de la primera prima o cuota de la misma el contrato permanecerá suspendido hasta la hora 24:00 del día en el cual el asegurado pague el monto adeudado. Por su parte, en el escenario latinoamericano, de manera casi sinonímica, los Códigos de comercio de El salvador (art. 1490), Bolivia (art. 1139) y la Ley del contrato de seguro de Venezuela (art. 101), establecen que, el asegurador, será responsable aún en caso de suicidio del asegurado si el deceso se verifica dos años después de la ‘rehabilitación’ del contrato.
[97] En tal sentido, el profesor Antonio la Torre afirma: “el nuevo período de carencia, a partir de esta fecha, sirve precisamente para evitar que un contrato hace tiempo abandonado sea reactivado (con el pago de primas atrasadas) por quien tiene la intención de suicidarse”, traducción libre. La Torre, Antonio. Suicidio dell’assicurato, op.cit. p. 50. Véase igualmente Gasperoni, Nicola. Assicurazione privata, op.cit. p. 742.
[98] Stiglitz, Rubén S. Temas de Derecho de seguros, op.cit. p. 219. En el mismo sentido, los profesores Hubner y Black con diáfana claridad señala que con el modelo de cobertura sujeto a períodos de carencia lo que se pretendió fue “la protección frente a una antiselección, pero no la exclusión del suicidio por si mismo”, y continúa “Por lo afirmado se podría llega a la conclusión de que el demente es asegurable desde el primer día, porque su acción no sería consciente y no podría significar una antiselección”, sin embargo con razón advierte que “La regla sería aceptable en teoría, pero en la práctica sería muy difícil hacer una distinción nítida entre el suicidio del demente y el del que esté en su juicio” Hubner, Solomon S. & Black, Kenneth Jr. El seguro de vida, op.cit p. 260. Véase igualmente Bataller Grau, Juan, Latorres Chiner, Nuria & Olavarría Iglesia, Jesús, Derecho de los seguros privados, op.cit. p. 336.
[99] Así, el reconocido profesor español Abel Veiga Copo señala: “De este modo, como bien se ha afirmado, cuando el suicidio es la resultante de un estado patológico, se equipara al caso fortuito y, por tanto, es garantizado por la relación aseguradora”. Veiga Copo, Abel. Tratado del contrato de seguro, op.cit. pp. 1154 y 1155.
[100] La discusión guardaría algún sentido si las legislaciones vigentes hubiesen mantenido la terminología empleada por la Ley Belga de Seguros del año 1874 y el Código de comercio italiano del 1882, según la cual se excluía únicamente la cobertura del ‘suicidio voluntario’, permitiendo entender que existe un suicidio involuntario. Sin embargo, al acuñarse el vocablo ‘suicidio’ sin ningún calificativo, se elimina la posibilidad de poder acudir a artilugios lingüísticos que pretendan invocar concepciones erróneas, en las que la norma ha sido clara. En este sentido, Donati afirma: “La distinción entre el suicidio del capaz de entender y de querer y aquel del incapaz, si se podía hacer bajo el antiguo código, dado que se podría reconducir científicamente (también con la ayuda del artículo 85 del cod. pen.) a la distinción legal entre el suicidio voluntario y suicidio involuntario, en cambio, no me parece posible con el nuevo código, que, con la finalidad de evitar cualquier duda al respecto, no hace ninguna distinción, confiando el favor assecurati a la plena obligación del asegurador transcurrido un cierto período de tiempo”, traducción libre. Donati, Antigono. Trattato del diritto delle assicurazioni private, op.cit. p. 622.
[101] Así lo sostuvo en un escrito intitulado ‘Suicidio voluntario’ el cual puede consultarse en Stiglitz, Rubén S. Temas de Derecho de seguros, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2010. p. 220.
[102] Ghersi, Mario. Il rischio suicidio nell’assicurazione sulla vita, op.cit. p. 152. Soler Aleu, Amadeo. El nuevo contrato de seguro, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1970. p. 303.
[103] Amalgamando algunas de las voces con mayor autoridad en el escenario del Derecho de los seguros, podemos reseñar como Donati sostiene que la voluntad “constituye el presupuesto del suicidio”, lo que comparte Halperin al afirmar que “El requisito de la voluntariedad (…) es inherente al del suicidio”, y yendo más lejos, Jaramillo lo enaltece hasta el punto de concebirlo como “la piedra angular del concepto de suicidio”, y con su forma tan propia de expresarse acude al siguiente parangón “La voluntad es al suicidio, como la sal al mar, ni uno ni otro se conciben separadas”; fundamentándose en este razonamiento, Garrigues concibe que “no hay suicidio en todos aquellos casos en los que la voluntad está deformada, o disminuida, o anulada”, razón por la cual Sánchez Calero sentencia que “ha de abandonarse la distinción entre suicidio voluntario e involuntario”, todo lo cual es concretado por Stiglitz quien concluye que “el suicidio debe consistir en un acto (…) consciente, expresión que implica libertad en la decisión, lo que presupone una voluntad deliberada y dirigida intencionalmente a lograr el propósito perseguido por el suicida” (se destaca). Véase correspectivamente a Donati, Antigono. Trattato del diritto delle assicurazioni private, op.cit. p. 622; Halperin, Isaac. Seguros, Depalma, Buenos Aires, 1972, p. 615; Jaramillo J., Carlos Ignacio. Derecho de seguros, T V, op.cit. p. 212. Garrigues, Joaquín. Contrato de seguro terrestre, op.cit. p. 514. Sánchez Calero, Fernando. Validez de la cláusula de suicidio y carácter aleatorio del contrato de seguro, op.cit. p. 421; y Stiglitz, Rubén S. Temas de Derecho de seguros, op.cit. p. 222.
[104] El profesor Sánchez Calero no vacila en afirmar que “es un contrasentido hablar de ‘suicidio involuntario’, puesto que es de esencia al concepto de suicidio –como acabamos de ver– la voluntariedad del agente. Por otro lado resulta una redundancia, que puede dar lugar a equívocos, cuando se habla de ‘suicidio voluntario’ ”. Sánchez Calero, Fernando. Validez de la cláusula de suicidio y carácter aleatorio del contrato de seguro, op.cit p. 421. En una misma línea, el profesor francés Jérôme Kullman, expresa que “Siendo esta voluntad inherente a la cualificación misma de la muerte por suicidio, se torna inútil hablar de suicidio ‘voluntario’ ”, traducción libre. Kullman, Jérôme. Suicide et assurance: une déjà vieille notion, mais un tout nouveau régime, Revue Générale du droit des assurances, 4, 2002. p. 909.
[105] En tal sentido Kullman expone: “¡Debe quedar claro! Todo suicidio es siempre voluntario, pero puede ser consciente o inconsciente”, y en líneas posteriores continua, “pero el hecho es que, sea cual sea el momento de su comisión, el suicidio consciente aniquila la aleatoriedad de la realización del riesgo. Todo suicidio consciente debe excluirse imperativamente del ámbito del seguro de riesgo de muerte, sin la menor consideración por el período transcurrido entre el suicidio y la contratación del seguro”. Kullman, Jérôme. Suicide et assurance… op.cit. pp. 908 y 914.
[106] En este sentido Don José María Rey y Heredia anotaba: “La voluntad supone la inteligencia, porque querer es resolverse con la conciencia de que se puede resolver lo contrario de lo que se resuelve; y resolverse con esta conciencia supone que se ha juzgado necesario resolver lo que se resuelve”. Monlau, D. Pedro Felipe & Rey Y Heredia, D. José María. Curso de psicología y lógica, T I, Imprenta y Esterotipa de M. Rivadeneyra, Madrid, 1858. p. 83.
[107] Al respecto, Altavilla afirma “la 'voluntariedad' con su presupuesto de 'consciencia' es indispensable para la noción de suicidio" Altavilla, Enrico. Il suicidio e l’art. 450 cod. comm., op.cit. p. 5; por su parte, la profesora de la Universidad de Lyon III, Yvonne Lambert pone de presente lo delicado de la definición de ‘suicidio inconsciente’ al tener presente que el suicidio presupone de la voluntad al darse la muerte. Lambert Faivre, Yvonne. Droit des assurances, Dalloz, Paris, 1992. p. 255. Al interior de la doctrina colombiana, conservando cierta semejanza, la profesora Patricia Jaramillo Salgado expone como “En términos semánticos, se entendería que el suicidio siempre es consciente y en él interviene la voluntad (…)” Jaramillo Salgado, Patricia. La validez de la subrogación convencional derivada del pago de la obligación por parte de los herederos del asegurado fallecido y el suicidio frente al seguro, Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, 23, Bogotá, 2005. p. 128.
Por su parte, Lordi, al aludir a la distinción entre voluntad y la consciencia, de forma categórica, la tilda de ‘artificiosa e incomprensible’, Lordi, Luigi. Il suicidio nell’assicurazione, Rivista del Diritto Commerciale, Vol XXXII, II, Milano, 1934 p. 86, concuerda con ello Pasanisi, Emilio. Considerazioni intorno al suicidio nell’assicurazione sulla vita, op.cit. p. 72.
[108] Esta interpretación ha sido adoptada y ampliamente desarrollada por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, el que, a pesar de haberse inclinado por una postura diversa años antes (STJ-1076942/PR), en una providencia del 2010 determinó:Ancla "La inclusión del período de dos años previsto en la disposición legal antes mencionada tenía también por objeto evitar interminables discusiones judiciales sobre la premeditación del suicidio del asegurado, que generalmente se producía años después de la conclusión del contrato de seguro. A la luz de esta nueva disposición jurídica, al cabo de dos años se supondrá que el suicidio no fue premeditado, pero no ocurre lo contrario: si el acto se cometió antes de ese período, será necesario probar la premeditación" (se destaca), traducción libre, STJ1188091/MG. Cabe destacar que, a similar conclusión había llegado ya este tribunal con ocasión de un pronunciamiento en el año 2008 en el que afirmó: “En el caso, aunque el asegurado se haya suicidado en los dos primeros años después de haber sido contratado, no es necesario hablar de excluir la cobertura, ya que no se ha demostrado la premeditación del acto suicida en sí”, traducción libre.
[109] Este supuesto ha sido objeto de un interesante desarrollo al interior de la jurisprudencia norteamericana, en la que se han asumido diferentes posturas al respecto. Así, en el caso C.M Life Insurance Company v. Erika Estela Ortega, 562 So. 2d 702, 1990, la Corte de Apelación de Florida determinó que la muerte producida en desarrollo de la llamada ‘Ruleta Rusa’ encuadraba dentro de la exclusión de suicidio, al no considerar que dicho deceso podría encajar en un supuesto de accidentalidad afiliándose a la interpretación de la Corte de Apelación de Georgia en el caso Thompson v. Prudential Insurance Company of America, 8 Ga. App. 214 (1951), según la cual: “La muerte por la Ruleta Rusa no es menos intencional que si el arma hubiera estado completamente cargada y no puede ser resultado de un accidente, sino que debe presumirse que el participante tenía la intención de morir o resultar herido en caso de que el destino detenga el cartucho en el cilindro giratorio en la posición de disparo”, traducción libre. No obstante, en subsiguientes pronunciamientos la jurisprudencia norteamericana adoptó una postura más flexible, justificada en la particularidad de los supuestos fácticos, los que le permitieron considerar que el deceso producido como consecuencia del desarrollo de la ‘Ruleta Rusa’ como un deceso accidental en supuestos tales como: cuando el asegurado pensaba que el arma tenía activado el seguro, de modo que el sujeto podía contar con una expectativa razonable de seguridad al apuntarla a su cabeza Harrington v. New York Life Insurance Company, 299 F. 2d 803 (9th Cir. 1962); o cuando el asegurado confiaba que el arma no se encontraba cargada Gulf Life Ins. Co. v. Nash, 97 So. 2d 4 (Fla. 1957).
Una interpretación diversa fue adoptada por la en el precedente Oldring v. Metropolitan Life Ins. Co., 492 F. Supp. 994 (D.N.J. 1980), en el que la Corte del Distrito del Estado de New Jersey consideró como accidental la muerte del asegurado producida con ocasión del fatídico juego de la ‘Ruleta Rusa’ al estimar que, la creación negligente de un riesgo para la propia vida no impide que el resultado pueda ser calificado como accidental, permitiendo de esta forma desligar el óbito producido en este tipo de circunstancias con el concepto suicidio. En un sentido similar, la Corte de Apelación los Estados Unidos, en un reciente pronunciamiento proferido en razón de lo que el mismo tribunal denominó como un ‘clásico incidente de Ruleta Rusa’, concluyó que, a pesar de que la muerte del asegurado había sido calificada como consecuencia de un ‘suicidio’ por parte de los médicos forenses, la exclusión que debía ser aplicada al caso concreto sería la de lesiones auto-infringidas y no la de suicidio, inclinándose de esta forma por la escisión de la muerte ocasionada como consecuencia de la llamada ‘Ruleta Rusa’ y el suicidio, Freeman v. Securian Life Insurance Co. No. 18-51078 (5th Cir. 2019).
[110] Así fue determinado por la Corte de Casación francesa en sentencia del 8 de octubre 1996, en la que la muerte ocasionada por el ahogamiento auto-provocado por el asegurado fue considerada como un caso accidental y no un suicidio, ya que se conocía que el sujeto tenía una atracción por placeres particulares, y que el ahorcamiento hizo parte de una experiencia sexual que terminó en un funesto resultado, Cass. 1re civ., 8 octobre 1996, citada por Pierre, Phillippe. Suicide et assurances, en Revue juridique de l’Ouest, 2, 1998. p. 152, nota 12. En un sentido similar, en en dos precedentes judiciales norteamericanos, uno de la Corte de Apelación de Tejas, Connecticut General Life Ins. Co. v. Tommie, 619 S.W.2d 199 (Tex. App. 1981) y el otro de la Corte Distrital de Louisiana Sims v. Monumental General Life Ins. Co. 778 F. Supp. 325 (E.D. La. 1991), reafirmado por la Corte de Apelación de Estados Unidos en 1992 -960 F. 2d 478 (5th Cir. 1992)-, se determinó que la muerte producida como consecuencia de un ‘ahorcamiento auto-erótico’ no puede ser considerada como un suicidio.
[111] El profesor Stiglitz es preciso al indicar que “el sonambulismo y el hipnotismo pueden equipararse a la locura propiamente dicha, ya que los sujetos que las padecen son neuropáticos y en sus actos, debido a la acción de maniobras magnéticas, obran como autómatas, con absoluta ausencia de facultades psíquicas”. Stiglitz, Rubén S. Temas de Derecho de seguros, op.cit. p. 220.
[112] Sea lo primero señalar que estos casos deben ser diferenciados de aquellos en los que el asegurado consume altas cantidades de alcohol, anfetaminas, alcaloides, o similares, con el propósito de quitarse de esta forma su vida por medio de una sobredosis. Los supuestos a los que aquí hacemos referencia, son aquellos en los que el asegurado, estando en un estado de intoxicación, toma la decisión de darle un fin a sus días, ya que, será en estos eventos en los que no se logra determinar con claridad si podría considerarse como un suicidio, bajo el entendido que, la decisión autodestructiva fue tomada en una situación en la que el asegurado no podía juzgar con claridad las consecuencias del acto que estaba por cometer, y, por lo tanto, la voluntad se verá, por lo menos, viciada. Simon, Robert I. You only die once-but did you intend it?: psychiatric assessment of suicide intent in insurance litigation, Tort & Insurance Law Journal, Vol 25, 1990. p. 658.
Sobre el particular, la Corte de Apelación de París en un caso juzgado el 12 de marzo de 1984 calificó como inconsciente la muerte auto-provocada por el asegurado a pesar de que aquel se había colocado una pistola en su boca, por cuanto, al hacerlo se encontraba de un buen humor y en un estado de ‘alicoramiento’, motivo por el cual era incapaz de medir el alcance de sus actos, ya que, indica la Corte, la sangre fría -expresión que otrora era utilizada en el Derecho francés para calificar el ‘suicidio voluntario’- no va bien con el vino caliente. Pierre, Phillippe. Suicide et assurances, op.cit. p. 152, nota 12. En un sentido similar, Lambert Faivre sostiene que la jurisprudencia francesa ha concebido como ‘suicidio inconsciente’ el que resulta de una alteración mórbida de la voluntad, como es el caso del alcoholismo, y que le impide juzgar con claridad las consecuencias de sus actos. Lambert Faivre, Yvonne. Droit des assurances, op.cit. pp. 255 y 256. Una postura diversa fue desarrollada, un siglo atrás, por la Corte Suprema del Estado de Georgia, en el caso ‘The Equitable Life Assurance Society, etc, v. Paterson’ en el año 1870, en la que determinó que: “si la intención existe, el otro hecho de que el hombre estaba suficientemente embriagado y no podía tener una concepción inteligente de su entorno, no ayuda al caso, ya que la embriaguez es su propio acto, y la sociedad estaría en gran peligro si se pudiera escapar de las consecuencias de sus actos por el alegato de la embriaguez”, traducción libre. Bigelow, Melville. Reports of the life and accident insurances cases, determined in the courts of America, England, Ireland, Scotland and Canada, Hurd and Houghton, New York, 1874. p. 542.
[113] Sobre este particular, hace más de un siglo, el jurista francés Paul Herbault expresaba que: “Obedeciendo al sentido del deber, un hombre se expone voluntariamente a la muerte; se precipita en medio de las llamas o las olas para salvar a una persona y perece. Va a un país devastado por una epidemia para ayudar a los enfermos, y el flagelo prevalece: ¿podrá el asegurador negarse a pagar el capital prometido? Por supuesto que no, porque no es cierto decir que su muerte fue voluntaria, no era libre de huir. Hay circunstancias en la vida en las que es un deber enfrentarse al peligro. El deber es tan grande sólo porque a veces requiere que el hombre se sacrifique hasta la muerte”, traducción libre. Herbault, Paul. Traité des assurances sur la vie, op.cit. p. 158.
[114] Sánchez Calero, Fernando. “Validez de la cláusula de suicidio y carácter aleatorio del contrato de seguro”, op.cit. p. 429; y Pasanisi, Emilio. Considerazioni intorno al suicidio nell’assicurazione sulla vita, op.cit. p. 70.
[115] Entre otros, véase Sicot, Lucien & Margeat, Henri. Précis de la loi sur le contrat d’assurance, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1962. pp. 315; Lordi, Luigi. Il suicidio nell’assicurazione, op.cit. p. 94; y Loiseau, André. L’assurance sur la vie instrument de crédit, Jouve & C1e, 1935, p. 118.
[116] Muestra de ello puede encontrarse en el ordenamiento jurídico francés, el cual había establecido en el artículo 62 de la Ley del contrato de 1930, que conservaba la concepción bifronte del suicidio, por cuanto acuñaba a la expresión de ‘suicidio voluntario’, que: “La prueba del suicidio del asegurado es responsabilidad del asegurador, la prueba de la inconsciencia del asegurado al beneficiario del seguro”, mientras que, en la actualidad, el asunto se encuentra regulado por el artículo 162 de la Ley del contrato de seguro del año 2014, el cual, aludiendo al suicidio como un concepto unitario, en lo que respecta al ámbito probatorio, se limita a determinar que: “La prueba del suicidio es responsabilidad de la aseguradora”, dejando atrás la repartición probatoria inscrita en el artículo 62 de la Ley de 1930, pues su aplicación carece de sentido en el régimen vigente.
[117] Regla que se encuentra consagrada en el artículo 1077 del Código de Comercio, el cual reza de la siguiente forma: “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad” (se destaca).
[118] Precisas son las palabras del ilustre profesor argentino Isaac Halperin, de conformidad con las cuales: “Tampoco puede argüirse que la compañía se libera con la mera prueba del suicidio, porque un suicidio sin la voluntariedad y conciencia sana y normal del asegurado no libera al asegurador. Por definición, suicida es quien se quita la vida con conciencia y libertad de hacerlo; el asegurador debe probar estos extremos para liberarse, porque el suicidio de quien carece de conciencia o libertad es un mero accidente”. Halperin, Isaac. Seguros, op.cit. p. 622.
[119] Ossa, J. Efrén. Teoría general del seguro. El contrato, op.cit. p. 102. Véase igualmente Gómez Duque, Arturo. Régimen de seguros, op.cit. p. 258.
[120] Halperin, Isaac. Seguros, op.cit. p. 619.
[121] Bado, Virginia. El suicidio como causal de nulidad del contrato de seguro, Revista de la Facultad de Derecho, No 22, Universidad de la República, Montevideo, 2003. p. 115; 1086; Artículo 93; sentido Boldó Roa, Carmen. Artículo 93: El suicidio del asegurado, op.cit. p. 1086; y Bataller Grau, Juan, Latorres Chiner, Nuria & Olavarría Iglesia, Jesús. Derecho de los seguros privados, op.cit. p. 336.
[122] En este sentido se pronunció la Audiencia Provincial de la Coruña, en sentencia del 16 de enero de 2013, en la cual expresó: “Es cierto que es difícil probar que una persona se ha suicidado, pero la misma o mayor dificultad existe si hay que acreditar el hecho negativo, como lo es que no se ha suicidado (…) Por ello debe procederse en cada caso concreto al examen de las circunstancias concurrentes, para decidir si son suficientes para acreditar que la caída fue voluntaria”. Audiencia Provincial de la Coruña, Sala de lo Civil, Sección Quinta, sentencia 11/2013 del 16 de enero de 2013.
[123] El profesor argentino Amadeo Soler se inscribe en esta postura argumentando: “El suicidio antes del plazo señalado por la ley, libera al asegurador, pues hace presumir una conducta dolosa, o por lo menos el verdadero motivo para celebrar el contrato con vistas a enriquecer a un tercero a expensas del asegurador”. Soler Aleu, Amadeo. El nuevo contrato de seguro, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1970. p. 303.
[124] En efecto, la plataforma argumentativa con la cual se apoya la Corte para determinar el carácter de abusivas de este tipo de cláusulas se desprende de las siguientes palabras: “Mas, un principio supremo del derecho de los contratos consagra que la intención fraudulenta o mala fe tiene que probarse por la parte que la alega, salvo que exista una norma que disponga lo contrario de manera expresa e inequívoca. Luego, no es posible entender los ‘períodos de carencia’ respecto del riesgo de suicidio en los seguros de vida, como un plazo que opera objetivamente a favor del asegurador y en el que no queda cubierto el evento que condiciona el pago del seguro, pues ello sería tanto como presumir la mala fe del usuario o consumidor del servicio de seguros, lo que tornaría abusiva una cláusula que contuviera tal presunción, dado que una cláusula abusiva es aquélla que se estipula de mala fe, o presumiendo la mala fe de la otra parte contratante, o que rompe el equilibrio contractual”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre del 2018 MP: Ariel Salazar Ramírez.
[125] Nuevamente resulta pertinente acudir a la claridad las palabras del profesor Veiga Copo, de conformidad con las cuales: “No cabe duda que el tratamiento del suicidio índice directamente la delimitación del riesgo relativa a las causas de la muerte (…)” Veiga Copo, Abel. Tratado del contrato de seguro, op.cit. p. 1149.
[126] Tirado Suárez, Francisco Javier. Artículo 93. El suicidio del asegurado, op.cit. p. 1744.
[127] Palacios Sánchez, Fernando. El seguro, causas y soluciones de los conflictos entre asegurados y aseguradores con ocasión del siniestro, Universidad de la Sabana, Bogotá, 2012. p. 109.
[128] En geografías la cuestión es aún más clara, pues expresamente se determina que el control de contenido o de abusividad no podrá recaer sobre el objeto principal del contrato, como viene a ser el caso de todos ordenamientos europeos que incorporaron a su derecho interno lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, a cuyo tenor: “La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución (…)”. Bajo esta línea, los denominados períodos de carencia, siempre que hayan cumplido los presupuestos de transparencia, no podrán ser sometidos a la apreciación de abusividad, ya que, como expresamente señala el considerando diecinueve de dicha directiva, “las cláusulas que definen o delimitan claramente el riesgo asegurado y el compromiso del asegurador no son objeto de dicha apreciación”. Al respecto, la reconocida profesora italiana Sara Landini, al aludir a este tipo de estipulaciones que supeditan la cobertura al cumplimiento de unos períodos de tiempo determinados, expone que “se trataría, de cláusulas delimitativas del riesgo y por lo tanto del objeto principal del contrato de seguro, excluidas del control de abusividad”. Landini, Sara. Art. 1927 – suicidio dell’assicurato, op.cit. p. 297.
[129] Al respecto, en sentencia proferida en el año 2001, la Corte Suprema de Justicia, después de realizar un estudio de naturaleza comparativa en relación con la normativa internacional concerniente a la regulación de las cláusulas abusivas, manifestó que “se advierten como características arquetípicas de las cláusulas abusivas –primordialmente-: a) que su negociación no haya sido individual; b) que lesionen los requerimientos emergentes de la buena fe negocial -vale decir, que se quebrante este postulado rector desde una perspectiva objetiva: buena fe probidad o lealtad-, y c) que genere un desequilibrio significativo de cara a los derechos y las obligaciones que contraen las partes” (se destaca). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de febrero de 2001. MP: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

Para citar este artículo/To cite this article
Tabares Cortés, Felipe, La asegurabilidad del suicidio en el Derecho contemporáneo:
Evolución histórica y su proyección en el Derecho comparado y colombiano, 54 Rev.Ibero-Latinoam.Seguros, XX-XX (2021). https://doi.org/10.11144/Javeriana.ris54.asdc
Fecha de recepción: 15 de mayo de 2021
Fecha de aceptación: 07 de junio de 2021
Disponible en línea: 30 de junio de 2021