ARGENTINA
Doctrina
Título:La problemática en la persecución de los delitos ambientales
Autor:Lamadrid Ubillus, Alejandro
País:
Perú
Publicación:Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Número 18 - Diciembre 2015
Fecha:10-12-2015 Cita:IJ-XCII-938
Índice Relacionados Ultimos Artículos
I. Problemática producida por inconsistencias normativas en la criminalizacion primaria de los delitos ambientales
II. Problemática relacionada a la competencia institucional ambiental
III. Problemática relacionada a la capacitación de actores que tienen que ver con la prevención e investigación de los delitos ambientales
Casuística forestal de tala ilegal en los bosques tropicales
Notas

La problemática en la persecución de los delitos ambientales


Dr. Alejandro Lamadrid Ubillus


La presente investigación pretende desarrollar diversos aspectos de la denominada problemática en la persecución de los delitos ambientales en el Derecho Penal Peruano, esto es, dentro de una visión integral que abarque tanto la perspectiva penal, procesal penal y criminalística penal-ambiental.


A pesar del gran potencial forestal del país, las cifras económicasrelacionadas a la actividad forestal no permiten hablardel Perú como país forestal. Teniendo 78.8 millones de hectáreasde bosques naturales y más de 8 millones de hectáreasde tierras aptas para reforestar, lo que significa que el 68%del territorio nacional es forestal, y ubicándose como el octavopaís en el mundo con superficie forestal y segundo a nivelregional, sólo después de Brasil, el Perú no figura entre los 25países líderes en producción de madera, los cuales abastecenel 90% de la demanda mundial, y además tiene una balanzacomercial negativa, una tasa de deforestación de más de365,000 hectáreas anuales y su aporte al PBI nacional es mínimo,entre 1% y 4% si se incluye leña y otros productos delbosque.


Si bien existen diversos factores que afectan el desarrolloforestal, uno de los principales problemas es la tala ilegal demadera. La tala ilegal incluye la extracción no autorizada demadera, la extracción de especies maderables no autorizadasy la extracción de madera en áreas no autorizadas, así comotambién el transporte, transformación y comercialización demadera de origen ilegal.


De acuerdo a la Estrategia Nacional de Lucha Contra laTala Ilegal, el porcentaje estimado de madera ilegal de nuestraAmazonía oscila entre el 80 y 90% del total extraído. Segúnun estudio del Centro Internacional de Investigación Forestal(CIFOR) de 2002 realizado en Ucayali y Loreto, entre 78y 99% de la madera es de origen ilegal.


La tala ilegal de madera representa importantes pérdidas económicas. Según el Banco Mundial, a nivel mundial se calculan pérdidas de más de 5 billones de dólares anuales, así como 10 billones adicionales por delitos forestales relacionados. A nivel nacional, el Estado deja de percibir ingresos por concepto de derechos de aprovechamiento e impuestos, y constituye una competencia desleal para aquellos que acceden en forma lícita al aprovechamiento de la madera. Adicionalmente afecta a los bosques y a la biodiversidad ya que la mayor parte de la tala ilegal se realiza en las Áreas Naturales Protegidas, en los territorios de las Comunidades Nativas e incluso en los territorios de las poblaciones en aislamiento voluntario, y los que realizan la tala ilegal no hacen ni manejo forestal ni reponen los recursos extraídos. Finalmente, debe señalarse la relación de explotación que existe entre los que financian estas actividades y los pequeños extractores ilegales que tiene graves consecuencias sociales. Las causas de la tala ilegal son numerosas y variadas, van desde las socio económicas como las condiciones de pobreza y falta de oportunidades de empleo para los pobladores rurales de la Amazonía, hasta las de mercado como la demanda internacional por especies de alto valor comercial como la caoba y cedro que se encuentran principalmente en áreas no autorizadas para el aprovechamiento de la madera. Un importante grupo de causas están referidas a la actuación del Estado, su organización y régimen legal. Entre ellas destacan: Estado débil, falta de políticas claras, desconocimiento de normas legales por autoridades, descoordinación entre actores del Estado por desconocimiento de competencias, imprecisiones legales y administrativas que generan vacíos legales y zonas grises, limitaciones para la aplicación de las normas legales vigentes, y la dificultad de las autoridades para generar las condiciones para el cumplimiento de normas y políticas de prevención, control y sanción de la tala ilegal.


Si bien hay una amplia cobertura para acceder a la administración de justicia y denunciar ilícitos penales que afectan el ambiente en general y el bosque en particular, cabe destacar que la justicia nacional presenta distintos problemas que deben ser debidamente atendidos, para lograr niveles de eficiencia en la represión de estas conductas. En el caso específico de la tala ilegal, se pueden mencionar algunos de ellos: 1. Problemas en la criminalización primaria (las normas penales en esta materia no son solventes, ni recogen la complejidad del fenómeno); 2. Problemas de criminalización secundaria (hay, con obvias excepciones, marcada pasividad para sancionar delitos forestales, no existiendo un desarrollo jurisprudencial que ayude a interpretar las normas); 3. No hay una definición jurídica de lo que debe entenderse por tala ilegal ni que tipifique su contenido 4. Existen problemas generales de tipificación que conduce a una aplicación excesivamente restrictiva y literal de las normas penales para la protección del bosque; 5. No hay respuesta jurídica efectiva ni consideración político criminal por parte del Poder Judicial y de la propia autoridad administrativa, sobre el tema de la habilitación - enganche como un fenómeno violatorio de derechos humanos; 6. Las penas contenidas en el derecho penal son simbólicas por su levedad; 7. Hay dificultad para diferenciar delitos de infracciones administrativas. Estas dificultades advierten sobre la necesidad de perfeccionar las normas penales que regulan el fenómeno de la tala ilegal, así como de una mayor coordinación y comunicación bidireccional entre la autoridad Fiscal y la autoridad administrativa particularmente el INRENA, ahora (SERFOR) y otros actores relevantes enla prevención y control de la tala ilegal, como lo son la PolicíaNacional del Perú, la Fiscalías especializadas en materia ambiental, la Dirección de Capitanías y Guardacostas,entre otros, a fin de consensuar y perfeccionar estrategias ymodalidades de prevención, intervención y sanción. Pero tambiéndebe existir una voluntad política clara para involucrar enla respuesta penal a los actores “ocultos”de estos delitos, comoson los financiadores o aquellos que a través de su poder económicoo influencia, promueven y se benefician de la comisiónde estos delitos, los cuáles se ven beneficiados adicionalmente,por las limitaciones que tiene el propio Estado por los altos costosde la investigación y prevención. ( Mayormente se criminalizan a los “leñadores” e “intermediarios” pero no a los”capos” de la madera).


En el Perú la extracción ilegal de madera está ligada a pequeños extractores que son habilitados (financiados) por intermediarios para poder realizar la tala.


Un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que un número importante de madereros continúan utilizando el sistema de habilitación-enganche, que se basa en el anticipo de dinero o bienes a los trabajadores madereros con el objeto de incorporarlos a las labores de extracción de la madera. Según este informe, el mencionado patrón de reclutamiento conduce a un sistema de peonaje o servidumbre por deudas.


La novedad del estudio de la OIT es que reconoce la habilitación-enganche como “una de las peores formas de explotación, pérdida de libertad, ausencia absoluta de un mercado laboral y de un mercado de créditos moderno”. Más aún señala que, “normalmente viene asociado al no pago, a la remuneración en especies, a la prostitución de mujeres en los campamentos madereros y a condiciones de trabajo verdaderamente infrahumanos (...), y en numerosas ocasiones, se relaciona con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.”


Considerando el hecho que el pago de la madera se realiza una vez que ésta es entregada al habilitador, los pequeños extractores están dispuestos a todo con tal de evitar que las acciones de control los despojen de la madera, pues en ella han invertido hasta tres meses de “trabajo”.[1] Esto explica por qué es usual últimamente que estos grupos porten armas y se asocien para tener más fuerza y evitar cualquier intervención de la autoridad que los obligue a perder la madera. La acción penal entonces está direccionada al extractor que es el individuo que se ubica en la base de la pirámide delictiva y no incluye necesariamente al habilitador, financista y actor intelectual.


Sin embargo, es posible incluir en el proceso y sancionar penalmente a dichas personas, no en forma agravada, pero sí bajo la figura de la instigación (artículo 24 del Código Penal) y la complicidad necesaria o secundaria (artículo 25 del Código Penal).


Otra novedad en el marco del presente análisis es la reciente tipificación de laminería ilegal como un delito pasible de sanciónpenal. El primer país que optó por usar la víapenal para frenar este tipo de actividades fueColombia, que ya desde el año 2000 estableciósanciones penales para la exploración oexplotación de yacimientos mineros que nocuenten con los permisos correspondientes yque causen graves daños a los recursos naturaleso al ambiente.El Perú, por su parte, incorporó recientementeen su Código Penal los delitos de mineríailegal. Esta tipificación se parece al del casoColombiano, porque en ambos países la mineríailegal es un delito de carácter ambiental; es decir,el delito se configura cuando la actividad causao pueda causar alteración o daños al ambiente.Las novedades más relevantes que trae la normaperuana son: i) recoger supuestos que configuranformas agravadas del delito (por ejemplo,cuando se realiza en áreas naturales protegidas,cuando afecten sistemas de irrigación o aguas destinadas al consumo humano, o cuando se emplean menores de edad en la comisión del delito); y ii) no limitar la tipificación del delito a la exploración o extracción del mineral, sino extenderla a toda la cadena productiva, de este modo se regulan los delitos de financiamiento de la minería ilegal, la obstaculización de fiscalización administrativa y el tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a la minería ilegal. Si el problema de fondo que se desea atacar es la contaminación ambiental producida por los actos de minería ilegal, y no la minería ilegal en sí misma, entonces podemos llegar a la conclusión de que la legislación actual en torno a la minería ilegal resulta claramente insuficiente. Existe un gran sector que no ha sido incluido en la legislación cuya actuación es esencialmente tan importante como la obtención final del mineral. Nos referimos al conjunto de personas que realizan actos de tráfico(activo o pasivo) del mineral ilegal, quienes finalmente gozan de una absoluta impunidad en esta materia. Tal como se puede apreciar, la actual normativa sólo sanciona a un sector de la cadena del tráfico ilegal de minerales, al productor; mas no sanciona, o en algunos casos no lo hace suficientemente, al otro gran sector que es aquel que trafica y que compra los minerales.


Que el marco legal establezca una distinción clara entre la actividad minera informal -aquella que, si bien se realiza sin contar con las autorizaciones correspondientes, es pasible de formalización– y la ilegal –que por sus características no puede ser legalizada–, es un punto clave que puede marcar la diferencia para que las políticas de formalización tengan buenos resultados.


El D.Leg. 1110 introduce la distinción entre minero ilegal e informal, fue finalmente el DL 1105, en su Art. 2, el que estableció con mayor precisión dicha distinción. Según este, la minería ilegal es aquella actividad minera ejercida por una persona, natural o jurídica, o grupos de personas organizadas, utilizando equipo y/o maquinaria que no corresponde a las características de pequeño productor minero (PPM) o pequeño minero artesanal (PMA); o sin cumplir con las exigencias de carácter administrativo, técnico, social y medio ambiental; o que se realiza en zonas donde está prohibido su ejercicio.


Asimismo, define la minería informal como aquella que se ejerce utilizando equipos y maquinarias que no corresponden a las características de PPM o PMA, o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental; en zonas no prohibidas para la actividad minera, por una persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas, que han iniciado un proceso de formalización. Dado que el proceso de formalización está dirigido exclusivamente a pequeños productos mineros y productores mineros artesanales, las operaciones de minería que operan fuera de la ley y que por su tamaño no puedan entrar dentro de estas categorías necesariamente se califican como minería ilegal.


Sin embargo el plazo para la formalización ya se venció y son pocos los que a nivel nacional ha logrado la formalización; y por el contrario las Direcciones Regionales de minería, han otorgado una simple declaración de compromiso, con las cuales los mineros informales, viene, extrayendo el mineral en forma ilegal, ya que la autoridad administrativa competente, viene convalidando dicho documento, como si fuera un documento válido, y habilitante para el extractor, en tanto dure el proceso de formalización, lo que indudablemente obstaculiza la labor del Fiscal, en la persecución penal de estos ilícitos penales.


La ausencia de normas específicas que regulen la minería aluvial artesanal y de pequeña escala es una de las causas por las que no hay mejores resultados en los procesos de formalización. Ello debido a que los instrumentos actuales no responden de forma adecuada a sus particularidades, como son la alta movilidad de los campamentos mineros, el alto impacto en pérdida de bosques, la afectación a los causes de los ríos, etc.


Se necesita marcos legales y estrategias diferentes para minerías diferentes. El elemento en común que tienen los países incluidos en este estudio, es que comparten el ecosistema amazónico, donde el tipo de minería que se practica es la aluvial; aunque cabe precisar que en la mayoría de estos países también existe minería informal de socavón en las zonas andina. A pesar de ello, en ninguno de los países se cuenta con marcos normativos diferenciados para estos dos tipos de minería, sino que las reglas generales están diseñadas pensando en la minería de socavón, ya que es la que se desarrolla también a gran escala por empresas formales.


Se necesita sincerar la escala de las actividades minerías informales e ilegales. Un error recurrente en la región es que se tiende a identificar la minería informal e ilegal con la minería de pequeña escala; sin embargo, los mayores impactos han sido generados por operaciones ilegales de gran tamaño, con el uso de maquinaria pesada y con niveles de producción propios de minería mediana o incluso gran minería. Estos casos requieren una respuesta diferenciada por parte de los Estados, que deben empezar por identificar y excluir estas operaciones de los procesos de formalización diseñados para minería pequeña y artesanal, en los que se camuflan para acogerse a beneficios tributarios y administrativos que no les corresponden, y para no cumplir con las mayores exigencias ambientales propias de su verdadera escala.


Las estrategias que se diseñen deben ser multisectoriales. Si bien los impactos ambientales de la minería ilegal son los más conocidos, no son los únicos. También afecta a la salud humana, promueve delitos conexos como el lavado de activos, la trata de personas y la explotación sexual infantil, entre otros. Asimismo, para lograr la formalización de la minería pequeña y artesanal, se requiere atender problemas de fondo como la falta de oportunidades de desarrollo en las zonas rurales. En ese sentido, una estrategia integral debe involucrar a autoridades de los distintos sectores (minero, ambiental, salud, educación, fuerzas del orden, entre otros) y no debe limitarse a establecer reglas para la formalización, sino también a fomentar programas de reconversión laboral, de control de insumos, de prevención de contaminación por mercurio, de inteligencia financiera, y un largo etcétera.


Sin apoyo técnico e inversión en alternativas tecnológicas más sostenibles, la formalización de la minería, en especial la aluvial, se hace inviable.


En Perú, donde uno de los cuellos de botella en el proceso de formalización iniciado en el 2012 es la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), que debe contener una evaluación de impactos y las medidas de prevención y remediación correspondientes; en este tema, el Estado no ha determinado de forma previa qué tecnologías considera que son ambientalmente sostenibles para el desarrollo de minería aluvial de pequeña escala.


Se requiere lograr un acuerdo social paralegitimar el uso de la fuerza públicaen laerradicación de la minería ilegal. Se trata deun delito que ha llegado a dimensiones tangrandes como el narcotráfico, y para hacerlefrente se requiere de medidas drásticas, comola destrucción de maquinaria, que puedengenerar el rechazo de la opinión pública siesta no se encuentra bien informada sobrelas verdaderas dimensiones del problemao de sus impactos en términos de pérdidaseconómicas para el país y vulneración dederechos de terceros.


Para ganar la lucha contra la minería ilegal se requiere seguir la “ruta del dinero”. Mientras la actividad siga siendo rentable, seguirán existiendo incentivos para contravenir la ley. Es necesario entender las dinámicas económicas detrás de la actividad, particularmente cómo el oro extraído de manera ilegal ingresa al mercado formal, a fin de cortar este canal de comercialización.


La formalización minera no es un fin en sí mismo sino el medio para lograr una minería más sostenible que genere verdaderos beneficios. Es importante entender esta premisa, de lo contrario se corre el riesgo de desnaturalizar sus objetivos, cayendo en la flexibilización de los requisitos para lograr un mayor universo de mineros formalizados, lo que se traduciría en una actividad igual de dañina pero con protección legal. Teniendo esto en cuenta, debe verse la formalización como un primer paso que debe acompañarse de programas de remediación ambiental, fortalecimiento de estándares ambientales, etc.


Mientras trabajar fuera de la ley sea más rentable, habrá minería ilegal. Por ello, es necesario modificar la estructura de incentivos que impulsa el mercado. En la actualidad el oro extraído ilegalmente ingresa fácilmente al mercado formal y sale del país de origen sin mayores problemas. Igualmente, contar con los insumos y maquinarias necesarias para extraer y procesar el mineral no genera costos adicionales significativos. Por el contrario, trabajar de manera formal y responsable no genera ningún beneficio adicional.


Para que esto cambie, no basta fortalecer el control transfronterizo entre los países de la región –aunque ciertamente sería un avance– sino que se requiere que los países amazónicos ejerzan presión hacía los países compradores de oro y/o vendedores de insumos para promover la compra y/o venta responsable que ayude a generar un mercado certificado de oro, exigiendo su trazabilidad, premiando la extracción responsable del mineral, lo que generaría incentivos positivos para aquellos mineros informales que hoy ven más costos que beneficios en su ingreso a la formalidad.


La penalización, acciones de interdicción y demás medidas correctivas, son solo parte de la solución. El involucramiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Trabajo y muchos otros sectores más en el proceso, es fundamental porque brindaría alternativas sostenibles a las personas que se encuentran involucradas en las actividades de minería ilegal.


Debe existir una articulación entre los diversos poderes del Estado, a fin de enfrentar de manera conjunta a la minería ilegal y minería informal. En ese contexto, los tres poderes del Estado deben articular sus acciones tendientes a facilitar la formalización y, donde no sea posible, iniciar acciones de interdicción.


El Poder Ejecutivo, a través de sus entidades competentes, debe controlar y fiscalizar el transporte y comercialización del combustible e insumos químicos; asimismo, se debe realizar operativos destinados a la inutilización o destrucción de las dragas, maquinarias o equipos que se encuentren operando en los cuerpos de agua; también emprender acciones de interdicción en zonas no permitidas como son las áreas naturales protegidas y zonas de exclusión en Madre de Dios.


Se requiere de manera urgente, un programa de capacitación sobre delitos ambientales, minería ilegal, competencias de la formalización e instrumentos para su implementación. Esto debe dejar en claro que el incumplimiento de la Declaración de Compromisos o legislación vigente pueden conducir a la cancelación de inscripción en el Registro (art. 5° DL N° 1105). Como consecuencia de esto, se extingue el proceso de formalización y sus beneficios, pasando a ser considerado minero ilegal si desarrolla operaciones.


Se debe incorporar de legeferenda el verbo o la acción de “transportar” al artículo 307-A del Código Penal, a fin de que se haga frente al transporte convencional de minerales que acaban en las plantas de beneficio.


La penalización, acciones de interdicción y demás medidas correctivas, son solo parte de la solución. El involucramiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Trabajo y muchos otros sectores más en el proceso, es fundamental porque brindaría alternativas sostenibles a las personas que se encuentran involucradas en las actividades de minería ilegal.


Dada la complejidad y naturaleza de los delitos ambientales es uno de los problemas más complejos y urgentes que enfrenta la sociedad peruana. Su complejidad radica no sólo en las dificultades para generar políticas criminales adecuadas que respondan de manera eficaz a esta complejidad, sino también en la cantidad de peruanos vinculados y/o afectados directa o indirectamente por la misma contaminación que pone en grave riesgo la continuidad de la especie humana en la biosfera; sin embargo pese a ello, el Estado hasta la fecha no crea en todos los distritos fiscales las Fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA), de igual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, solo ha creado hasta la fecha solos dos (02) juzgados ambientales, con competencia supraprovincial, que en el caso de Piura, abarca las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajarmarca y Amazonas, y el Juzgado de Cuzco, abarca casi la otra mitad del Perú, lo que es físicamente imposible, que los señores fiscales, se desplacen de sus sedes a dichos Juzgados, máxime si en el caso del distrito Fiscal de Lambayeque, no existe FEMA, a pesar de contar con varias ANP, entre ellas, el Parque Nacional San Andrés de Cutervo, el Santuario Nacional TabaconasNamballe de San Ignacio, el Santuario Histórico del bosque de Pomac, así como diversos y graves problemas ambientales, como el tráfico ilícito de carbón (TIC) y leña, proveniente de los pocos bosques secos de las Regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes. Sin contar para ello con los problemas socio-ambientales de las mineras Buenaventura, Cañariaco, etc, lo que hace que una gran cantidad de delitos ambientales, queden impunes, frente a una alta cifra negra de la criminalidad ambiental, estos factores de orden Legislativo, Institucional y Criminalística, indudablemente perjudica el accionar persecutorio del titular de la acción penal.


Para una mejor sistematización de la presente exposición hemos dividido nuestro análisis en tres apartados:


1.- PROBLEMÁTICA PRODUCIDA POR INCONSISTENCIAS NORMATIVAS. Aquí se estudiará las consecuencias que producen la mala implementación y ejecución y/o ausencia normativa a nivel de la criminalización primaria en la técnica legislativa de tipificar los delitos ambientales, con respecto a cuestiones polémicas del CP.que producen graves reveses, incertidumbres y confusiones en la praxis fiscal y judicial.


2.- PROBLEMÁTICA RELACIONADA A LA COMPETENCIA INSTITUCIONAL AMBIENTAL.- Aquí se estudiará los factores intra e inter institucionales del FEMA y de la Policía de protección al ambiente, así como otras Instituciones del Estado que tiene que ver con la prevención, investigación de los delitos ambientales, como la OEFA, EFA, DIRESA, OSINFOR, SERFOR, PRODUCE, DICAPI, DREM, GORE, MUNICIPALIDADES, ETC. que están ocasionando una débil (y en muchas ocasiones inexistente) coordinación interinstitucional en la investigación y persecución del delito ambiental.


3,- PROBLEMÁTICA RELACIONADA A LA CAPACITACIÓN DE ACTORES QUE TIENEN QUE VER CON LA PREVENCION E INVESTIGACION DE LOS DELITOS AMBIENTALES.- Aquí se estudiarán las diversas manifestaciones y consecuencias originadas por la falta de profesionalismo a nivel de las partes intra proceso (fiscales, abogados, jueces, etc.).


I. Problemática producida por inconsistencias normativas en la criminalizacion primaria de los delitos ambientales [arriba] 


a) Se hace necesario, derogar, modificar y explicitar, algunos artículos del Titulo XIII del CP. Por ejemplo:


a) el artículo 304 CP, referido al delito de contaminación ambiental.- se sugiere que este tipo penal sea modificado, que en la actualidad es de naturaleza mixta, es decir criminaliza conductas de peligro concreto y de lesión, cuando establece “.. que cause o pueda causar…” dificulta la actividad probatoria, porque en ambos casos, se necesita la prueba para establecer si dicho comportamiento humano está en relación con el peligro o la lesión a la estabilidad del ecosistema, en cambio si el legislador hubiera usado la técnica legislativa de los delitos de peligro abstracto se adelantaría la barrera punitiva estatal y fuera más eficaz la persecución de los delitos ambientales, sin embargo esta técnica legislativa, no está exenta de críticas de la doctrina penal, porque refiere que se vulnera el principio de legalidad; sin embargo debe tenerse en cuenta que en sociedades de riesgo post industrial, así como el avance de la tecnología, y las complejas relaciones de la sociedad, hace que el derecho penal recurra a las nuevas categorías del delito que nos proporciona la dogmática penal; de igual forma al ser un tipo penal en blanco, cuyo supuesto de hecho tiene que remitirse a una norma extrapenal; se hubiese usado la técnica de reenvío estática y no la técnica de reenvío dinámica, porque esto dificulta al interprete jurídico ( Juez, Fiscal, abogado), encontrar la norma penal en blanco aplicable al caso, máxime si la autoridad ambiental competente no ha regulado en varios sectores de la Administración los LMP. Para que el intérprete pueda establecer si el agente, actuado dentro del riesgo permitido o no.


b) El artículo 307-A delito de minería ilegal.- debe ser modificado incorporando el verbo o la acción de “transportar” al artículo 307-A del Código Penal, a fin de que se haga frente al transporte convencional de minerales que acaban en las plantas de beneficio. Existe un gran sector que no ha sido incluido en la legislación cuya actuación es esencialmente tan importante como la obtención final del mineral. Nos referimos al conjunto de personas que realizan actos de tráfico (activo o pasivo) del mineral ilegal, quienes finalmente gozan de una absoluta impunidad en esta materia. Tal como se puede apreciar, la actual normativa sólo sanciona a un sector de la cadena del tráfico ilegal de minerales, al productor; mas no sanciona, o en algunos casos no lo hace suficientemente, al otro gran sector que es aquel que trafica y que compra los minerales. Tampoco hasta ahora la Jurisprudencia no ha clarificado cuales son los “…actos similares…” a la actividad de exploración, extracción y explotación.


c) El articulo 308 CP. referido al tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida.- debe ser modificado en el sentido que consideramos, que es un exceso del legislador criminalizar las especies de flora silvestre no maderable, es decir las asociaciones vegetales de productos diferentes a la madera como son: los juncales, totorales, cañaverales y similares; ya que éstos siempre ha estado bajo el control y vigilancia de la Ley de Flora y Fauna Silvestre y su Reglamento y en caso de incumplimiento el agente infractor, era pasible de una multa y el decomiso del producto,. No es racional, ni proporcional, que el derecho penal, se utilice como prima ratio y no como última ratio, en base al principio de mínima intervención en su versión subsidiaria y fragmentaria del derecho penal, dicha conducta cae dentro del derecho administrativo sancionador; por lo que el titular de la acción penal, evaluando cada caso concreto, puede derivar dicho caso a la autoridad administrativa ambiental competente, para que proceda conforme a sus atribuciones. Asimismo el legislador remite al intérprete jurídico al catálogo de las especies de fauna protegidas por la legislación nacional, y como se sabe el derecho administrativo mediante DS.Nro.043-2006-AG que establece la categorización de especies amenazadas de flora y fauna y el DS. Nro. 034-2004-AG que establece la categorización de especies y prohibición de cazar, captura, tenencia y transporte, exportación con fines comerciales; hace una larga lista de las especies de fauna protegidas; sin establecer a que categoría se refiere si se va a criminalizar; es decir, sin son especies de fauna en vías de extinción, en situación rara, en situación indeterminada o en situación vulnerable y en algunos caso la normativa administrativa hace referencia al género y no la especie, ejemplo el algarrobo; esto es de suma importancia en la persecución del Trafico Ilícito de Carbón ( TIC); porque cuando son intervenidos los traficantes de carbón; argumentan en su defensa que el carbón no es de algarrobo sino de la especie quinilla, limón, mango o ciruelo y por último alegan que el carbón si fuera de algarrobo, éste no está dentro del catálogo de especies amenazadas o legalmente protegidas, porque dicha normativa administrativa hace alusión al género y no la especie.


d) El articulo 310 CP Delitos contra los bosques o formaciones boscosas.- También debe ser modificado porque el legislador por desconocimiento y en un exceso de celo, ha criminalizado las plantaciones forestales, que son bosques para aprovechamiento futuro, y que no viene a ser sino los llamados “bosques cultivados” como: El eucalipto, los pinos, etc, en este caso la propia ley forestal, ni siquiera exige el plan operativo anual(POA); solo de un plan de establecimiento y manejo que es el estudio elaborado sobre la base de un conjunto de normas técnicas de silvicultura que regulan las acciones a ejecutar en una plantación forestal con el fin de desarrollar, mejorar y conservar las plantaciones en términos de aprovechamiento sostenible; estas conductas caen dentro del derecho administrativo, no siendo necesarias criminalizarlas; de igual forma el tipo penal también criminaliza: “… formaciones boscosas…” por lo que se refiere a estructuras vegetativas como el bambú, la caña brava, caña Guayaquil, carricillo, carrizo, hinea, junco, thola, pájaro bobo, cuya tala debe estar amparada por el derecho administrativo sancionador y no por el derecho penal. Siendo un exceso criminalizar meras desobediencias administrativas.


e) La incorporación de un tipo penal que criminalice en forma directa la responsabilidad penal de la persona jurídica.- En la actualidad de lege lata, la persona jurídica no puede ser responsable penalmente; sin embargo en la realidad, son las empresas las que más contaminan el medio ambiente, por lo que se hace necesario de legeferenda, que se criminalice la responsabilidad penal de la persona jurídica.


II. Problemática relacionada a la competencia institucional ambiental [arriba] 


Aquí existe un visible problema de coordinación institucional (superposición de funciones entre la diversas autoridades administrativas ambientales, que dificulta las acciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales) y de índole interinstitucional (entre la FEMA y la Policía de protección al ambiente) que no ha sido solucionado desde la creación de las fiscalías especializadas en materia ambiental. Veamos sus principales indicadores:


a) La superposición de funciones entre las diversas autoridades administrativas ambientales.


Cuando la FEMA, solicita el Informe Técnico fundamentado de la autoridad ambiental competente, para acusar o sobreseer el proceso, las diversas autoridades ambientales, llámese, DIRESA, GORE, DREM, OEFA, EFA, etc, “se tiran la pelota”, amén de que dicho informe, es deficiente en su contenido, ya que no establece, si la conducta perpetrada por el agente ha causado o puesto en peligro el bien jurídico protegido que es la estabilidad del ecosistema, o el ambiente natural; menos establece el daño real o potencial del ambiente, limitándose solo a enumerar las diversa normatividad administrativa, que en nada ayuda al titular de la acción penal.


El Informe Técnico Legal Fundamentado, podrá ser incorporado como prueba documental en el proceso penalconforme a lo establecido en el artículo 4 del D.S. N 009-2013-MINAM, del 04 SET 2013 contendrá como mínimo, lo siguiente:


Ø  Antecedentes de los hechos denunciados


Ø  Base legal aplicable al caso analizado


Ø  Competencia de la autoridad administrativa ambiental.


Ø  Identificación de las obligaciones ambientales de los administrados involucrados en la investigación penal, que se encuentra en contenidas en leyes, reglamentos o instrumentos de gestión ambiental y que resulten aplicables a los hechos descritos por el Ministerio Público.


Ø  Información sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas y/o reportes presentados por los administrados involucrados en la investigación penal, de ser el caso.


Ø  Conclusiones


El antiguo Reglamento DS.Nro.004-2009-MINAM, que regulaba el numeral 149.1 del art. 149 de la ley 28611 Ley General del Ambiente era mucho más claro que el actual ya que establecía:


La fundamentación de la autoridad competente, además de calificar los hechos y conceptos técnicos que se produjeran con la comisión del hecho investigado, deberá incluir un análisis de criterios como:


- Gravedad del Daño


- Superación de estándares ambientales


- Relevancia del objeto afectado


- Con miras a ilustrar al juez y fiscal sobre los reales alcances de los hechos


El actual Reglamento contenido en el Decreto Supremo N 009-2013-MINAM, es INCONSTITUCIONAL, porque:


Contraviene el inciso «f» de la Segunda Disposición Complementaria Final del D.Leg. 1013Ley de Creación del MINAM; la cual establece:


«…son funciones básicas de la OEFA Emitir opinión técnica sobre los casos de infracción ambiental que puedan dar lugar a la acción penal por la comisión de los delitos tipificados en la legislación pertinente…»


b) Falta de reglamentos o directivas que establezcan verdaderos protocolos de procedimiento e intervención en la prevención e investigación de los delitos ambientales No existe Manuales o protocolos que establezcan, los procedimientos en las diversas intervenciones que tiene que realizar el MP. Y la policía especializada de protección al ambiente, como sí existe en Colombia, Chile, Costa Rica, España,(Manual de investigación de los delitos ambientales, manual de juzgamiento de los delitos ambientales, propuesta de políticas de persecución de los delitos ambientales, como el MP. De Costa Rica que cuenta con un protocolo sobre la política de persecución penal ambiental); por lo que urge que a través de la Coordinación del FEMA, en conexión con la Dirección General de la policía de protección al ambiente, y los Juzgados ambientales se establezcan dichos Manuales, para una eficaz persecución de los delitos ambientales. De igual forma se debe capacitar en forma conjunta a los actores encargados de la prevención, investigación y juzgamiento de los delitos ambientales.


c) Falta de Fiscalías Especializadas en materia ambiental en algunos distritos fiscales, así como la implementación de Juzgados y Salas especializadas en materia ambiental en los diversos distritos Judiciales.- Esto se debe fundamentalmente a la falta de presupuesto y decisión política de los gobernantes de turno.


d) Fortalecimiento del Instituto de medicina legal y ciencias forenses, donde funciona el equipo forense ambiental (EFOMA).- los profesionales que trabajan en dicho laboratorio con sede en Lima, son escasos y no se abastecen para la gran demanda que solicitan los Fiscales ambientales a nivel nacional, por lo que hay que fortalecerlo, dotándolo tanto de personal especializado, así como de los insumos y logística necesaria, para que se pueda perseguir eficazmente a los delitos ambientales.


III. Problemática relacionada a la capacitación de actores que tienen que ver con la prevención e investigación de los delitos ambientales [arriba] 


Toda esta problemática, puede resumirse en los siguientes indicadores:


a) Deficiencia en el manejo de técnicas de criminalística ambiental, manejo de la escena del delito ambiental y cadena de custodia de la evidencia..


Las partes (Ministerio Público, Defensa de Oficio y la Policía de protección al ambiente) aún no están lo suficientemente capacitados en técnicas de criminalística ambiental, manejo de la escena del delito ambiental y cadena de custodia en el recojo y traslado de evidencias, por falta de peritos, logística, presupuesto, lo que repercute en la persecución de los delitos ambientales.


No disponemos de estadísticas, pero sabemos por experiencia que uno de los factores de la impunidad en el PERU, es la falta de consistencia o debilidad de la Investigación Criminal, la misma que es desarrollada con intervención directa del Ministerio Público y el apoyo de la Policía Nacional; en este caso de la policía de protección al ambiente. En nuestro país por lo que conocemos, los resultados que se vienen logrando con la aplicación progresiva del nuevo sistema penal acusatorio no parecen ser muy alentadores todavía, ya que aún existen deficiencias para que la Investigación Criminal dirigida por el Ministerio Público sea óptima y alcance sus objetivos fundamentales, principalmente por la ausencia de un decidido apoyo profesional, técnico y científico de parte de la Policía Nacional.


Estas deficiencias vinculadas a la Investigación Criminal, tiene diferentes factores, entre ellos uno de carácter histórico: Durante 84 años fue la Policía Nacional y no el Ministerio Público quien ha tenido la responsabilidad de investigar los delitos con eficiencia y carácter profesional, pero de manera autónoma, discrecional y de acuerdo a su propia metodología y criterios. En 1981 inclusive, se modificó como sabemos el Art. 62º del Código de Procedimientos Penales, estableciéndose que la investigación policial en donde hubiera intervenido el Ministerio Público, constituía elemento probatorio. Ese panorama ha cambiado con la aprobación del Código Procesal Penal, y el inicio de su aplicación progresiva a partir del año 2006 en el distrito judicial de HuauraSumado a esto, no existe una capacitación adecuada, y hasta la fecha no se ha realizado la reingeniería necesaria al interior de la organización policial para adecuarse al nuevo rol que le otorga el Código Procesal Penal en el ámbito de la Investigación Criminal, para poder trabajar eficazmente y en equipo con el Fiscal. Se desea que la Policía participe activamente en la reforma penal sin tenerse en cuenta que existe de por medio toda una cultura policial y mentalidad inquisitiva inalterable y que las autoridades responsables no hacen mucho por intentar cambiar. De esta manera el trabajo que actualmente realiza la Policía en los lugares donde ya se viene aplicando el NCPP es deficiente y a eso se suma que no hay una relación fluida entre ésta y el Ministerio Público. Es necesario que se cree una Policía Judicial que unifique el trabajo de peritos (Criminalística) y pesquisas (Investigación Criminal) en una sola organización que dependa funcionalmente del Ministerio Público y que sus integrantes por regla general no sean cambiados de colocación o destinados a realizar otras funciones, mientras no se dé prioridad a la creación de esa instancia policial será difícil que se pueda construir el sistema de Investigación Criminal que el PERU necesita ante tanta criminalidad. A la actualidad la discusión nacional referente al modelo policial adecuado y necesario para la Investigación Criminal no se ha iniciado todavía y lo que es peor, el Código Procesal Penal involucra a toda la Policía Nacional en funciones de investigación, cuando sabido es que en la Policía Nacional del Perú no existe desde hace más de 20 años la especialidad de investigación criminal, y que además tiene que cumplir otras funciones no menos importantes como la de prevención de la criminalidad, el control del tránsito, el control del orden interno, orden público, seguridad penitenciaria, seguridad del Estado, etc.., siendo así que los Policías que actualmente realizan funciones de investigación en cualquier momento pueden ser cambiados para realizar estas otras funciones, reemplazados por ejemplo por un Policía que estuvo trabajando en la Policía deTurismo.


Otro factor que afecta la Investigación Criminal, es la falta de especialización, lo que determina que se nombran investigadores con un curso de capacitación o sin él y que los pocos policías especializados, es decir los pocos que quedan en servicio activo procedentes de la desaparecida Policía de Investigaciones se encuentren prestando servicios en otro tipo de actividades policiales, no precisamente vinculadas a su área de especialidad de origen. La mayoría de policías que cumplen funciones de investigación criminal, no son especializados. En 1985 y durante el primer Gobierno del actual Presidente del Perú, se unificaron las Policías Especializadas: Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana, creándose la Policía Nacional como un organismo policial único pero sin especialización.


En la praxis del día a día, es común ver a menudo investigaciones fiscales defectuosas; que simplemente se limitan a asumir las investigaciones policiales precedentes, sin imaginación ni coordinación interinstitucional alguna con la PNP; como contrapartida de ello, también es común observar investigaciones policiales reticentes a permitir la intervención fiscal; o incluso realizadas casi solitariamente, a espaldas de toda dotación de garantías constitucionales.


b) Defectuosa asimilación del nuevo modelo procesal en los fiscales


Este grave problema se pone en evidencia cuando a nivel superior se constatan numerosas quejas, recursos y audiencias sobre la deficiente labor fiscal provincial, relacionadas a diversos motivos, como el control de plazos, conflictos de competencia, omisión de diligencias vitales, o simplemente, la errónea subsunción típica al momento de calificar el hecho delictivo; un buen indicador de ello se refleja en las audiencias, donde muchas veces los fiscales se refugian en la lectura del expediente todo el tiempo que demora la audiencia, incluso al momento de pronunciar la acusación leen textualmente sus escritos, reflejando inseguridad y desconocimiento del caso (lo cual sucede muchas veces pues es un secreto sottovoce que si se quiere recurrir a la persona que conoce el caso hay que ir al asistente del fiscal quien lo sabe todo); otro indicador es la falta de conocimientos en criminalística en los actos de investigación propios de las diligencias preliminares, y en la misma fase preparatoria en general, donde frecuentemente los fiscales no diseñan una estrategia en la investigación del delito de acuerdo a su naturaleza como directores, conductores y responsables de la investigación, limitándose solo a formar la carpeta fiscal y a expedir una disposición fiscal enumerando algunas diligencias, muchas de las cuales, ni siguieran guardan coherencia con la naturaleza del delito materia de investigación, sumándose a ello la demora en la remisión de la carpeta fiscal, para que la PNP practique dichas diligencias urgentes e inaplazables. A ello hay que agregar que, ciertos fiscales provisionales recientemente juramentados, y también algunos fiscales antiguos de mentalidad inquisitiva, así como cierto sector reacio de Oficiales PNP aletargados por el antiguo sistema; lejos de apoyar la reforma, la contrarrestan con comentarios negativos, críticas y hasta “chismes” poniendo su cuota de pesimismo a la ya alicaída labor funcional.


Otro problema detectado es la inercia de algunos fiscales durante la realización de las diligencias preliminares, el poco o casi nulo control y seguimiento que efectúan durante las mismas, así como el control de los plazos que el fiscal ha fijado para que se lleven a cabo estas diligencias preliminares la PNP, lo que resulta en investigaciones defectuosas llevadas a cabo sin respetar los plazos procesales, cuyo cumplimiento es obligatorio. Éste es, a mi entender, uno de los tantos paradigmas que deben ser cambiados radicalmente, toda vez que con el pretexto de acceder a una verdad absoluta o de absolver errores y falencias a nivel de diligencias preliminares, no se respetan los plazos y la investigación se alarga siendo pasible de tutela de derechos por parte de los defensores públicos. Muchas veces este retraso se debe a la deficiente preparación y falta de experiencia del fiscal a cargo de la investigación, o de los miembros policiales, quienes no entienden que este nuevo sistema requiere un respeto irrestricto a los tiempos y plazos señalados por la norma, hecho que muchas veces provoca la interposición de acciones de tutela de derechos, sobre todo en lo relacionado a la violación del plazo razonable.


Por otro lado, hay fiscales que caen en la tentación de formalizar por formalizar, es decir, sostener imputaciones sin contar con los suficientes elementos de convicción o indicios. Como contrapartida a ello también los hay, quienes por el “temor escénico” de no llegar al juicio oral, (falta capacitación en técnicas de litigación estratégica oral) intentan solucionar todo, a nivel de procesos especiales o criterios de oportunidad; tergiversando el principio de oportunidad. Se ha impartido instrucciones precisas, para que el uso de mecanismos alternativos al juzgamiento sean usados en forma razonable y cuando el caso lo amerita, y sobre todo protegiendo y respetando también los derechos de las víctimas.


Aquí se aprecia, en toda su extensión, un grave problema de asimilaciónde la lógica del nuevo modelo procesal, hecho que a menudo se ve reflejado en graves deficiencias de función, desconcierto, dudas, confusiones y conflictos entre los principales actores procesales. Si hubiera existido una verdadera capacitación e implementación (no sólo propagandística sino también práctica) a nivel conjunta de todos los actores de la reforma, considero que los resultados hubiesen sido mejores; y se hubiera comprendido que el NCPP no es un remedo de los códigos anglosajones, sino un conjunto de normas que consagran un espíritu, una nueva lógica que necesariamente debe concatenarse con la realidad, pero que para lograr ello, primero es necesario un cambio de mentalidad y de actitud a nivel de todos los actores. Se hubiera entendido también que el contenido de verdad procesal que inspira el NCPP, no se define como una verdad facilista, obtenible sin mayor esfuerzo, sino que debe ser una verdad basada en la legalidad del recojo de evidencias y elementos de convicción y ello sólo puede lograrse bajo el respeto irrestricto de las garantías constitucionales que nuestra máxima Carta política irradia sobre el nuevo código rituario (la denominada dialéctica eficacia vs. garantía).


Casuística forestal de tala ilegal en los bosques tropicales [arriba] 


Se han identificado 22 modalidades de Tala Ilegal, Transporte o Comercialización, que se presentan en la deforestación del bosque tropical de la selva peruana; sin mencionar el “modus operandi” de la extracción, transformación y tráfico de leña y carbón, proveniente del bosque seco del Nor Oeste Peruano[2].


PRIMERA.- Realizar las evaluaciones de los Planes Generales de Manejo Forestal - PGMF y Planes Operativos Anuales - POAs bajo la modalidad de aprobaciones automáticas, es decir bajo Silencio Administrativo Positivo de una POA y el PGMF, no se hace inspecciones solo se hace ponderaciones y esta actividad no es ciencia.


SEGUNDA.- Se realiza la aprobación del POA por parte de los servidores públicos técnicos forestales con la realización de una inspección ocular falsa con especies forestales puestas a la imaginación y esto es aprobado con un informe técnico que sustenta una resolución.


TERCERA.- Se presenta el POA para su aprobación y el expediente propuesto es verdadero, existen los individuos y /o especies forestales pero este es negociado con los servidores del ex INRENA creando especies forestales y volúmenes que no existen para luego ser vendidos con las Guía de Transporte Forestal - GTF.


CUARTA.-Se presenta el POA para su aprobación y el expediente propuesto es verdadero incluso se hace la inspección ocular antes de la aprobación, para luego ubicar en el bosque las especies en pie con poco valor, ocurre cuando las especies son de poco valor, existe mucha dificultad en la extracción, por lo que resulta onerosa su extracción y mucho más fácil resulta negociar las GTF.


QUINTA.- Falsificación de Guías de Transporte Forestal de Concesionarios Forestales o del Permiso autorizado en las Comunidades nativas. Por lo tanto cualquier modificación tendrá que vencer la habilidad de los falsificadores.


SEXTA.- Utilización de los saldos y/o volúmenes (NODOS) que se ubican dentro de las Administraciones Técnicas de Control Forestal es decir se negocian dentro de la Institución, se otorga el volumen y se transporta la madera y al día siguiente se vuelve a la normalidad el volumen del usuario que ha sido utilizado, para esto se requiere conocimiento de Computo y Sistemas.


SÉPTIMA.- De la Transformación, el producto forestal que llega a los aserraderos y depósitos legales (almacenes inscritos en la entidad competente) son recibidos y transformados por estos establecimiento, pero muchas veces no es registrado la Guía de Transporte Forestal y mucho menos la Lista de trozas – LT, en el Libro de Operaciones.


OCTAVO.- El producto forestal que llega a los aserraderos ilegales (sin licencia Municipal, sin Permiso del sector Industria, sin reconocimiento de la Administración Técnica de control forestal no está inscrita en la SUNAT) y se repite la misma acción descrita en el punto séptimo.


NOVENA.- Acuerdos con las garitas de control que están a cargo de las Administraciones Técnicas de Control Forestal para realizar el control de transporte forestal (terrestre y acuático) por lo general se realiza de noche previo pago a los de encargados de la Garita de control y los miembros de la PNP de Carreteras con una total ausencia de documentos que acrediten una actividad lícita forestal (GTF, guía de remisión - GR y LT).


DÉCIMA.- Transporte Forestal con el 50 % ó 30 % de la carga forestal no comprendida dentro de la GTF la misma que viaja en forma camuflada con las que si están comprendidas con la GTF, lo mismo sucede en los ríos con las chatas que transportan especies forestales e incluso en aviones fletados por terceros en la cual había ausencia de documentos.


DÉCIMA PRIMERA.- Respecto a la intervención una vez intervenida se inicia el procedimiento sancionador y este producto forestal es entregado en última instancia por la Jefatura del Ex INRENA, luego de 6 meses de silencio bajo sustentos ilegales y contrarios a principios generales del derecho y del marco normativo ambiental y en otros casos con pruebas presentadas fuera del término probatorio o fabricadas (fraudulenta) consiguen que la propia administración les devuelva el producto forestal decomisado. Por lo general esto se da cuando no se cumplen los términos señalados en el procedimiento sancionador para resolver, siendo la demora y el silencio indicios de corrupción.


DÉCIMO SEGUNDA.- Se realiza la intervención y el usuario señala que tiene todos los documentos oficiales y que su operación comercial fue de Buena Fe y el Estado representado por el ex INRENA sin investigación previa, sin valoración de documentos, sin inspección ocular procede a validar un acto fraudulento otorgándole dicha madera sustituyéndose en la función del Ministerio Público (Titular de la acción penal, Principio de legalidad, Debido Proceso).


DÉCIMO TERCERO.- Muchas veces se puede dar el caso de normas extraordinarias lamentablemente publicadas en el diario oficial que permiten la movilización y comercialización de madera extraída ilegalmente (Por única vez).


sin documentos y sin planes de manejo siendo esta norma contraria a la Constitución Política, de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y de la misma ley marco ambiental y del Estado de derecho.


DECIMO CUARTA.- Interpretación Del Artículo 363º Literal R) Y La Correspondiente Sanción Establecida en el Artículo 369º Literal D) del D.S. Nº 014-2001-AG Reglamento De La Ley Forestal, Resulta necesario establecer la correcta aplicación referente al artículo 363º literal r) y la correspondiente sanción establecida en el artículo 369º literal d) del D.S. Nº 014-2001 AG Reglamento de la Ley Forestal, concordada con el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 006-2003-AG.


DÉCIMO QUINTA.-Una vez ingresada a los Aserraderos sin la documentación correspondiente esta sufre la transformación primaria, secundaria llegando a la fabricación de muebles y estos son comercializados en el mercado nacional y extranjero dificultando la investigación del origen de la madera.


DÉCIMO SEXTA.- Muchas veces los concesionarios y los taladores ilegales efectúan los caminos, trochas y cambios de uso del suelo forestal, sin los estudios de impacto ambiental para facilitar la extracción de las maderas y en otras se realizan de común acuerdo con personas vinculadas al narcotráfico y a la minería artesanal (caso Valdez y Madre de Dios).


DÉCIMO SÉPTIMA.- Relativa a la “Veda Forestal” si bien es cierto que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre declaró la veda de la extracción de la caoba y el cedro en las cuenca de los Ríos Yavari, Putumayo, Tamaya y Purus; el ex INRENA - Instituto Nacional de Recursos Naturales llego a efectuar aprobaciones de Planes de Manejo Forestal correspondientes a Concesiones y permisos forestales (Comunidades Nativas) cuyas áreas se encuentran ubicadas dentro de las mencionadas cuencas, permitiendo la extracción de aproximadamente 17,119.695 m3 de caoba y 66,229.741 m3 de cedro.


DÉCIMO OCTAVA.-Otras de las modalidades en la cual se puede desarrollar la extracción ilegal es colocando y sustituyendo las inspecciones oculares con las presentaciones de las “Declaraciones Juradas” ejemplo de este caso es la Resolución Ministerial Nº 0192-2009-AG, en la cual se facultan a las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre de Iquitos, Contamana, Requena y Yurimaguas para aprobar Planes Operativos Anuales de la zafra 2008 - 2009 de las concesiones forestales con fines maderables sin realizar las inspecciones oculares previas.


DÉCIMO NOVENA.- Esta se desprende del Artículo 379° sobre Infracciones dentro de terrenos comunales o en áreas otorgadas en aprovechamiento forestal del Decreto Supremo Nº 014-2001 del Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre sobre Infracciones dentro de terrenos comunales o en áreas otorgadas en aprovechamiento forestal como son las Concesiones Forestales, en ellas se presentan las siguientes características de auto destrucción provocada del recurso forestal.


VIGÉSIMA.- Exista una gran duda respecto al Cupo de Exportación de la Caoba, por lo que resulta saludable su revisión del área administrativa y mayor certeza en el área científica y la Resolución Suprema Nº 040-2008-AG que Aprueba el “Plan de acción estratégico para la implementación del Apéndice II de la CITES para la Caoba en el Perú (PAEC - PERÚ) 2008 – 2012 “es decir los cupos de exportación deben basarse en “información científica fidedigna y válida” y no en aproximaciones de inventarios desactualizados e información dudosa de los administrados, siendo los traslapes una modalidad de colocar información que no se ha verificado, esto es incertidumbre, esto no es ciencia (se contradice con la ecología y conservación de la especie, diámetros de corte basados en ciencia y lo que es un plan de manejo para una especie que se ubica dentro del apéndice CITE).


VIGÉSIMO PRIMERA.- En esta última modalidad que se viene aplicando en forma indirecta está relacionada a la intervención del Poder Judicial en los procesos contencioso administrativo y las acciones de amparo que se inician contra el OSINFOR, en la cual paralizan las resoluciones administrativos del organismo supervisor como es el caso de AFORLAP en Madre de Dios.


VIGÉSIMO SEGUNDA.- Cuando se entrega trozas de madera bajo el permiso de autorización de árboles arrastrados por caída natural debiendo señalar que el patrimonio forestal es del Estado y sólo se autoriza la extracción bajo un Plan de Manejo y la madera debidamente marcada, encontrando los ilegales una salida para solicitar permiso por arrastre de ríos y servidores públicos que sin previo análisis lo autorizan.


 


 


Notas [arriba] 


[1] Generalmente cada grupo de extractores está compuesto por un promedio de 10 hombres y está implementado de un aserradero portátil, una motosierra y una canoa. Una vez que han acordado el precio con el habilitador, acuerdan el volumen de madera que generalmente, después de un promedio de tres meses de internamiento, oscila alrededor de los 10 000 m3.
[2] Ver: LAMADRID UBILLUS, Alejandro “La protección Penal del Ambiente” Editorial Grijley Lima – Perú 2011, páginas 443-447Las diversas formas o modalidades del tráfico ilícito de carbón del bosque seco, provenientes de la costa norte del Perú, para abastecer los mercados del Sur, como son Trujillo, Chimbote y Lima.




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