Doctrina
Título:Intervención en el Medio Penitenciario: La Unidad Terapéutica y Educativa
Autor:Álvarez-Fresno, Esteban - Bringas, Carolina - Rodríguez-Díaz, Francisco Javier
País:
España
Publicación:Revista Iberoamericana de Justicia Terapéutica - Número 4 - Marzo 2022
Fecha:17-03-2022 Cita:IJ-II-DCCXVIII-188
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Sumarios

La utilización de privar de libertad a los individuos que rompen un orden social es milenaria; también es cierto que la privación de libertad como pena es relativamente reciente (la Edad Media). Este marco nos lleva a plantear como objetivo ofrecer la realidad de análisis de un sistema penitenciario alternativo, terapéutico y educativo, la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de Villabona (Asturias, España), que representa un ejemplo de buena práctica en el ámbito de intervención para la prevención de la reincidencia delictiva. Desde este posicionamiento se ha pretendido diseñar un ambiente de desarrollo que facilite el fomento de competencias en el que se identifican dos tipos de cambio claramente diferenciados. De un lado, aquel que tiene lugar dentro de una situación dada y, de otro, aquel que tiene lugar en un grupo y que se expresa más tarde en otro grupo, es decir, aquello aprendido y dinamizado en las unidades terapéuticas y educativas que va a ser utilizado posteriormente en otros contextos, ya familiares ya sociales. Esto nos permite establecer la hipótesis de que mejora el nivel de adaptación y, con ello, se reducirían tanto los problemas sanitarios como los propios que favorecen el delito. El planteamiento lleva a impulsar la necesidad de la alternativa que representa la UTE para que se concrete en una regulación normativa por la ley y el Reglamento, inspirada sobre principios de intervención eficaz.


Palabras Claves: Intervención, Justicia Terapéutica, Unidad Terapéutica y Educativa, adaptación, competencia.


Intervention in the Penitentiary Setting: The Therapeutic and Educational Unit


The use of depriving liberty to individuals who break the social order is ancient. It is also true that the deprivation of liberty as a punishment is relatively recent (the Middle Ages). This framework leads us to propose as an objective to offer the reality of analysis of an alternative, therapeutic and educational prison system, that is, the unit of the Villabona’ Therapeutic and Educational Unit (UTE) (Asturias, Spain), which represents an example of good practice in the field of intervention for the prevention of criminal recidivism. From this position, the aim was to design an environment for development that facilitates the promotion of skills, in which two clearly differentiated types of change can be identified. On the one hand, that which takes place within a given situation and, on the other, that which takes place in a group and is later expressed in another group, that is, what was learned and stimulated in the therapeutic and educational units will be used later in other contexts, whether family or social. This allows us to establish the hypothesis that it improves the level of adaptation and, therefore, it reduces both health problems and those that favor crime. The approach leads to the need to concretize in a normative regulation by law and the Regulation the alternative represented by the UTE, inspired by the principles of effective intervention.


Keywords: Intervention, prision, Therapeutic and Educational Unit, adaptation, competence.


I. Justificación
II. Planteamiento
III. A modo de conclusión para una Prisión Constitucional
Referencias

Intervención en el Medio Penitenciario:

La Unidad Terapéutica y Educativa

Francisco Javier Rodríguez-Díaz*
Carolina Bringas**
Esteban Álvarez-Fresno***

I. Justificación [arriba] 

La utilización de la privación de libertad de los individuos que rompen un orden social es milenaria; también es cierto que como pena es relativamente reciente (la Edad Media). El siglo XXI va a plantear que la cárcel, como lugar hermético y alejado, deberá ser sustituida por uno más cercano y humano, donde no prime necesariamente la seguridad. La cárcel de hoy, sin embargo, está lejos de ser un marco ideal para lograr estos objetivos y tratar a quienes han incumplido la ley. Se necesita un nuevo modelo cuya construcción, contando con políticos ‘responsables’, deberá ser conformado con el protagonismo de los expertos, los técnicos y los trabajadores del ámbito penitenciario y sus usuarios, basando la respuesta en el art. 25.2 de la Constitución española:

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados (…) en todo caso tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

Estamos de acuerdo con los posicionamientos que afirman que la mayor represión no garantiza mejoras sociales (Fernández-Ríos y Rodríguez-Díaz, 2002, 2007; Garrido, 2010), a la vez que se considera la necesidad de encarcelar a menos personas y durante menos tiempo (Redondo, 2007). Para privar de libertad ya no se necesitan muros, rejas, cámaras, edificios seguros, torres de control; basta un simple GPS que informa dónde está cada persona en cada momento. Al mismo tiempo, los expertos demuestran que la mejor manera para reducir la delincuencia es que las personas condenadas se rehabiliten socialmente, debiendo reconocer cifras de reinserción alrededor del 10% mejores con programas eficaces implantados en la propia comunidad penitenciaria tradicional (Redondo, Sánchez-Meca y Garrido, 2002).

Ello no significa que la delincuencia y la reincidencia se expliquen atendiendo exclusivamente a factores sociales. Hay que sostener una perspectiva multifactorial (Arce y Fariña, 2007; Arce, Seijo, Fariña y Mohamed-Mohand, 2010; Fariña y Arce, 2003; Paíno, Rodríguez-Díaz yCuevas, 1995; Redondo, y Pueyo, 2007) en la que la observación debe de ser el comienzo y el final de todo proceso que se precie de ser científico. Sin embargo, el objetivo principal no sólo consistiría en investigar este colectivo en su ambiente (intervención ambiental) sino, también, utilizar esa investigación para el diseño de programas de apoyo en dicho ámbito (Arce, Fariña y Novo, 2014). Así pues, no se ha de separar investigación de intervención en el medio penitenciario, puesto que son dos aspectos inseparables de la realidad científica, que se deben analizar desde los principios de la Justicia Terapéutica (TJ) (Rodríguez-Díaz, 2014; Wexler, 2010; Wexler y Winick, 1996): estudio de la ley como agente terapéutico, impacto de la ley sobre la vida emocional y bienestar de las personas implicadas ( presos y funcionarios/educadores) y la ley como fuerza social, que humaniza su proceso y práctica, a la vez que conforma comportamientos y consecuencias terapéuticas.

El propósito de este articulo, pues, no es demostrar que las cárceles no sirven para nada, sino al contrario; las cárceles desempeñan un papel importante y distinto al que se les supone en nuestra sociedad, globalizada e interconectada. El paradigma de acceso tiende a sustituir el paradigma de la posesión y la disponibilidad de activos intangibles y cobra una posición decisiva para explicar el poder y la centralidad social, asumiendo que los procesos de exclusión social no pueden explicarse únicamente desde una perspectiva economicista. Se plantea, por el contario, la adaptación como un conjunto de valores de acuerdo con un determinado planteamiento teórico utilizado para definir a los individuos; es de resaltar que, para la identificación de tales valores, nos encontramos con una gran variedad de métodos, aunque existan pocos conocimientos reales y objetivos.

A ello pretendemos contribuir con las siguientes líneas, cuyo esfuerzo únicamente tendrá un fin: ofrecer la realidad de análisis de un sistema penitenciario alternativo, terapéutico y educativo, es decir, la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de Villabona (Asturias, España), la cual representa un ejemplo de buena práctica en el ámbito de intervención para la prevención de la reincidencia delictiva.

II. Planteamiento [arriba] 

La delincuencia sería una forma más de inadaptación social que no consideramos como un acto sino como una forma conductual y compleja (como toda conducta humana) difícilmente reducible a una hipótesis de trabajo e investigación en función de una sola corriente psicológica. Por lo tanto, no hablamos de delincuentes sino de personas que delinquen bajo unas determinadas condiciones sociales a las que están expuestos (Rodríguez-Díaz, Álvarez, García, Longoria y Noriega, 2013; Sirvent, 2007; Valverde, 1988, 2014). Toda conducta está en función de dos elementos: organismo y ambiente, pudiendo el ambiente empobrecido implicar connotaciones nefastas. A la vez, las normas o reglas de convivencia varían de una sociedad a otra, y de un tiempo a otro, al igual que el concepto de desviación puede tomar uno u otro significado dependiendo de uno u otro contexto y/o época (Bringas, Rodríguez-Díaz, Gutiérrez y Pérez, 2010; Valverde, 2014). Dicho de otro modo, la sociedad establece unas determinadas normas para la convivencia de todos los miembros que pertenecen a ella.

El ‘pacto social’ posibilita el tránsito de la justicia penal privada y de carácter vindicativo a una justicia tarifada, basada en un sistema articulado de previsiones legales y consecuencias jurídicas; se trata de reglas de convivencia con el objetivo de dirigir y encauzar las conductas de sus miembros (aserciones y/o enunciado concreto = Norma Jurídica), generando en ello una gran variedad de formas de desviación que la propia sociedad asume que genera. A la vez, la transgresión de tales normas conlleva una sanción debido a la desviación de los patrones socialmente aceptados (Derecho = Pauta de conducta + deber ser + sanción) (Clemente, 2010; Morata, 2017).

Nuestro objetivo como Profesionales de la Conducta, pues, es estudiar la subjetividad de la conducta del preso y, para ello, la observación debe de ser el comienzo y el final de todo proceso que se precie de ser científico. Sin embargo, el objetivo principal no sólo consistiría en investigar este colectivo en su ambiente (intervención ambiental) sino, también, utilizar esa investigación para el diseño de programas de intervención en dicho ámbito. Es decir, no debemos separar investigación de intervención en el medio penitenciario, como se ha venido haciendo habitualmente, sino que hay que considerarlas como aspectos inseparables de la realidad científica de la intervención penitenciaria (Yela, 1998).

II.1 Discurso oficial vs. Reeducación

La utilización de privar de libertad a los individuos se mantiene en la convicción popular de estar ante un sistema libre de imperfecciones, capaz de prevenir la génesis de nuevas conductas delictivas y de reparar los daños a las víctimas. En la actualidad, el modelo prisional que implica el desarrollo de programas de intervención, orientados a la reinserción social, ha existido más en los manuales de Psicología Jurídica que en la realidad de las cárceles, donde sólo se han realizado experiencias aisladas, generalmente sin apoyo del personal penitenciario y en el marco de la prisión clásica (Álvarez-Fresno, 2007; Caride y Gradaille, 2013; Lorenzo, Aroca y Alba, 2013; Rodríguez-Díaz, Álvarez-Fresno, García, Longoria y Noriega, 2014a). Las consecuencias ofrecen una aplicación mucho menos idílica y nos introducen en un sistema que causa graves consecuencias (Valverde, 1991, 2002; Vila y Martín, 2013).

El discurso oficial considera que el sistema penal es racional, concebido, creado y controlado por seres humanos (p.e., policía, jueces, administración penitenciaria), y, a la vez, por un Parlamento que hace las leyes, siendo los Tribunales las que las aplican. Se reafirma como un sistema serio y gracias al cual hay justicia. No se estudia al preso en la cárcel sino que se recogen datos y análisis sin implicarse en las pautas de comportamiento adaptativo que la persona presenta en la prisión, ni las razones que le mueven para comportarse de dicha forma (adaptativamente). La realidad refiere que no es raro que los que intervienen olviden los objetivos externos y miren a los internos: los primeros lugares son para el orden, el interés general, la seguridad pública, la defensa de determinados valores; a su vez, se nos hace creer que es suficiente encerrar en una cárcel a las personas que cometen delitos (Paíno, et al., 1995; Pastor y Torres, 2017; Rodríguez-Díaz, Fernández-Ríos, Paíno., Jiménez y Hernández, 2004; Rodríguez-Díaz, Paino, Cuevas y Ordoñez, 1995).

Queda la sensación de venganza, que brota al observar cómo el infractor entra por la puerta de la cárcel, que ofrece una función: controlar socialmente la delincuencia mediante la retención de aquellos individuos que, por la peligrosidad social que generan, son incapaces de vivir en sociedad (evitar las consecuencias y garantizar la seguridad ciudadana). Ello implica distancia entre la prisión y la sociedad y asumir qué significa estar privado de libertad, aunque refiere que el resto de los derechos deben ser respetados; no se asume la necesidad de humanizar nuestras cárceles y las relaciones interpersonales que tienen lugar en ellas –preso/preso y preso/funcionario–. Se asume que el desarrollo de los principios de tolerancia cero implican consecuencias (aumento de presos, aumento de condenas, aumento de extranjeros…). Nadie pone en duda que la cárcel margina al que la habita –sea preso sea funcionario–, en tanto que no se trata de una institución neutra o de paso. A su vez, el aparato penal es la forma de recibir seguridad y protección, estando ello vinculado a juicios de valor y estereotipos, lo que resalta la preocupación por parte de los políticos y de los medios de comunicación por combatir la ‘indignación popular de impunidad’ (Garrido y Martinez-Frances, 1998; Gil-Cantero, 2010; Pastor y Torres, 2017; Rodríguez-Díaz, 2014; Rodríguez y Paino, 1994; Valverde, 2014).

Es decir, la cárcel, prisión o establecimiento penitenciario rezuma violencia y humillación entre seres humanos; es un espacio de sufrimiento, de alienación individual (ver Figura 1). La cárcel no logra disminuir la reincidencia en el delito, ante lo cual hay que tener cuidado con no confundir impunidad con el repudio al delito. Ello solo existe en los mensajes de los políticos para generar, a través de los medios de comunicación, la necesidad de aplicación de leyes represivas ante la imposibilidad de dar solución real a la imagen pública de las consecuencias de las transformaciones sociales, culturales y económicas en curso; los problemas reales se camuflan: bajo porcentaje de correlación entre el índice de encarcelamiento y el nivel de criminalidad (Martín, Vila y de Oña, 2013; Martinez-Catena y Redondo, 2017; Pérez-Sánchez, Rodríguez-Díaz, Bringas y Eguizabal, 2015; Redondo, 2007).

Por tanto, somos conscientes del fracaso del sistema penitenciario respecto a la reeducación y a la reinserción social de los presos. Por ello nos hacemos la siguiente pregunta: ¿para qué sirven las cárceles? Las cárceles desempeñan un papel importante en nuestra sociedad, pero, sin duda, radicalmente distinto del que se les supone. La pregunta real a responder sería ¿cuál es la función de la cárcel? La cárcel ofrece un rotundo fracaso en uno de sus fines primordiales: la reinserción social. Aquí no podemos confundir rehabilitación con reinserción social, estando el primero de ellos definido operativamente en el Código Penal por no reincidente: no ser detectado y no cometer más delitos en la convivencia social. Ello, por lo demás, se verá posibilitado por la intervención en instituciones y comunidades –incluye programas de intervención específicos– para crear formas de reenganche para sobrevivir, es decir, esta población se ubica en una zona de riesgo donde el Estado Social la mantiene como usuario de instituciones públicas (parados crónicos, afectados por multitud de enfermedades, vagabundos, pedigüeños…). Frente a ellos nos encontraríamos con la población reinsertada socialmente, es decir, desarrollan la competencia individual y social propia del individuo en su medio, a lo que se añade aprovechamiento y desarrollos para la convivencia en su contexto (Arce et al., 2014; Arce, Fariña, Vázquez, 2011; Yela, 2019).

Figura 1. ¿Cómo resulta la visión de la prisión como facilitadora del penado en su reinserción social? (Rodríguez-Díaz et al., 1995)


En este transcurrir se ve la cárcel como castigo, venganza, protección, disuasión y fábrica de delincuentes (Rodríguez et al., 2014b; Weitekamp y Kerner, 2002), lejos del que se trata de proponer de índole educativa, sin ofrecer fijar la pena por adelantado. Se supone que la conducta del individuo es la única cosa que debe ser modificada, sin que la sociedad (u organización social) en la que el individuo se mueve deba ser puesta en entredicho; supone, o puede suponer, que la persona, en general, y el delincuente, en particular, tienen su destino en sus manos y viven haciendo abstracción del mundo que les rodea (Fernández-Ríos, Rodríguez-Díaz, 2002, 2007; Paíno, Rodríguez-Díaz, Cuevas y Ordoñez, 1995; Rodríguez-Díaz et al., 2004). Sin embargo, la ciencia en general y, concretamente, la psicología muestran que la persona no actúa unidireccionalmente sobre su medio sino que estamos en presencia de una relación mutua. La conducta y, específicamente, la conducta delictiva son moldeadas por el ambiente (Arce y Fariña, 2007, Arce et al., 2010; Paíno y Rodríguez, 1998). La interacción no es mecanicista, simple, por lo que la reeducación no es posible sin una acción paralela y conjunta sobre la sociedad misma. Quizás por ello, la reeducación del delincuente en prisión no es más que, por el momento, una frase vacía a la cual algunos profesionales desde dentro tratan de darle contenido, haciendo frente a la Ley del Talión (ejemplo, la UTE del Establecimiento Penitenciario de  Asturias, Reino de España) (Clemente, Reig-Botella y Coloma, 2015; Morata, 2014, 2017; Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 2005; Estrada, Rodríguez-Díaz, Herrero, Chan, Torres y Madrigal 2011).

II.2 El Tratamiento penitenciario. Claves del fracaso

La realidad penitenciaria, a día de hoy, viene caracterizada por recibir el ‘conflicto’ que llega a la administración de justicia. Este deja de pertenecer a sus protagonistas –delincuente y víctima– y su realidad está caracterizada por dos notas; de un lado, la mayoría de las personas encarceladas están en los países desarrollados (los países más pobres no tienen presos por no tener Autoridad ni recursos socio-legales ni económicos para mantenerlos) y, de otro, la gran mayoría está en EEUU (casi tres millones, lo que implica cerca de mil presos por cada cien mil habitantes). Europa se está acercando al millón de presos y España es uno de los países con mayor número de penados (se ha llegado a sobrepasar la cifra de los setenta mil, siendo cinco mil mujeres, y se ha duplicado la duración media de los encarcelamientos en España frente la media de los países occidentales); de ellos alrededor del treinta por ciento son extranjeros (Pérez-Tudela y Ravagnani, 2016).

Por ello, debemos preguntarnos qué es y en qué falla el tratamiento penitenciario; se asume que hoy debemos mantenerlo y desarrollarlo si no queremos renunciar a la reinserción social de los presos. Lo entendemos como un conjunto de actividades realizadas en el medio penitenciario, destinadas a lograr una adaptación social y personal del preso, realizadas durante su pena privativa de libertad; siguiendo el art. 59 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de Estado Español, la intervención penal sería un conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados (El Defensor del Pueblo, 1987).Sea como fuere, el objetivo principal de esta intervención es normalizar la vida en prisión y mejorar la calidad de vida disminuyendo, así, el grado de prisionización que sufre el recluso, es decir, la prisión puede ser transformada pero no eliminada (Paíno, Rodríguez-Díaz, Cuevas y Ordoñez, 1995; Rodríguez-Díaz, Álvarez  y Soria, 2021).

Nosotros añadiríamos a esta frase 'de momento', buscando evitar la sensación de venganza que brota al observar cómo el infractor entra por la puerta de la cárcel: la función es controlar socialmente la delincuencia mediante la retención de aquellos individuos que, por la peligrosidad social que generan, son incapaces de vivir en sociedad (evitar las consecuencias y garantizar la seguridad ciudadana). La Prisión significa estar privado de libertad, pero ello igualmente se refiere a que el resto de los derechos deben ser respetados, implicando la necesidad de humanizar nuestras cárceles y las relaciones interpersonales que tienen lugar en ellas –preso/preso y preso/funcionario–,lo que será beneficioso para el preso; la implicación de este en el tratamiento es una de las pocas salidas que tiene para mejorar su futuro, sobre todo si hay continuidad fuera de la misma (Álvarez-Fresno, 2007; Garrido, Farrington y Welsh, 2006; Paíno, Rodríguez-Díaz, Cuevas y Ordoñez, 1995;  Rodríguez-Díaz, et al., 2014b; Rodríguez-Díaz, et al., 2021).

Se reconoce, pues, como básico el clima emocional en el que tiene lugar la intervención (Ruiz, 2007; Ruiz, Bringas, Rodríguez y García-Cueto, 2014), frente a la justicia como una vieja dama con poder (encubrir, ‘aniquilar’ al ciudadano, ‘destruir/ asesinar’ al ciudadano…) pero sin gloria (logra la reincidencia y no consigue la reinserción), dando una visión del técnico como diagnosticador, como clasificador muy alejado de aquél identificado como educador y terapeuta, que busca propiciar el cambio y/o la reinserción social.

II.3. Claves para la presentación y valoración de una alternativa: UTE

Los profesionales de la Psicología Jurídica debemos estar al servicio de la sociedad ofreciendo programas de intervención para lograr la reinserción social del delincuente, en el sentido de prestar al recluso todos aquellos mecanismos sociales para que pueda alcanzar un estado de adaptación satisfactorio. Algunas veces, debido a los nefastos resultados obtenidos por ellos, podemos preguntarnos para qué sirve el tratamiento. La respuesta es muy sencilla: ese tratamiento es beneficioso para el preso; su implicación en él es una de las pocas salidas que tiene para mejorar su futuro y, por esta razón, estamos obligados a seguir trabajando en la elaboración de nuevos y mejores programas de intervención.

Esta realidad lleva a que no se plantee buscar una prisión alternativa ni una alternativa a la prisión sino, más bien, que se propugne utilizar de forma inteligente los recursos internos y externos puestos a disposición de los Establecimientos Penitenciarios para llevar a cabo la misión que se le encomienda en el art. 25.2 de nuestra Constitución. En otras palabras, se busca constatar que otro sistema penitenciario es posible, que hay una alternativa, un modelo diferente que se puede sustentar desde los principios de la Justicia Terapéutica –TJ– (Wexler, 2000, 2010, 2016). Esto se sustenta en las afirmaciones:

1. El modelo alternativo generará un clima emocional diferente en el medio penitenciario frente al propio de la cárcel tradicional, que sustenta y favorece la subcultura carcelaria y el pesimismo vital, es decir, se busca estudiar el rol de la ley como agente terapéutico, lo que posibilitaría la eficacia y eficiencia de los diferentes programas que se pueden desarrollar en el contexto de los Establecimientos Penitenciarios.

2. El Establecimiento Penitenciario como referente de apoyo formal e informal para el interno, donde este lo verá no como distante y represor y sí cercano y educativo, es decir, verificar el impacto de la ley sobre la vida emocional y el bienestar de las personas, humanizando la puesta en práctica del proceso legal.

3. Verificar el nivel de satisfacción con la propia experiencia del sistema penitenciario, tanto a nivel de estancia como de grupo, es decir, constatar la humanización de la puesta en práctica del proceso legal y sus efectos en los comportamientos terapéuticos.

4. Probar la toma de conciencia personal en el sistema penitenciario, es decir, conformar el grado en el que la experiencia vital ha posibilitado el impacto sobre la vida emocional y produce fuerza para establecer respuestas significativas en ambientes significativos; se incorpora el concepto de consecuencias terapéuticas vs. el propio pago orientado por la pena.

Las respuestas darán paso a un sistema penitenciario alternativo para configurar otra cárcel (ver figura 2) que confronta lo vindicativo a lo educativo y terapéutico. El nuevo sistema se sostendrá sobre el principio de que la ley puede ser hecha y aplicada de un modo terapéutico, mientras que los valores como justicia y el proceso previsto para su aplicación pueden mantenerse respetados. Los resultados nos darán la respuesta y deseamos y esperamos que las opiniones se omitan y den paso ya a realidades no populistas y sostenidas, una realidad que a muchos aún hoy les parece utopía.

Figura 2. Diferencias entre los planteamientos de intervención del tratamiento penitenciario del modelo de castigo vs. UTE

La utopía de que esto hoy ya haya dejado de ser una aspiración y haya llegado a ser realidad nos implica y nos lleva a afirmar que lo que hagamos en la cárcel puede resultar muy valioso, sobre todo si hay continuidad fuera de la misma (Álvarez-Fresno, 2007; Pérez-Sánchez, Rodríguez-Díaz, Bringas, y Eguizabal, 2015, Valverde, 2014; Wexler, 2000, 2016). Hay que reconocer, al mismo tiempo, que el mayor obstáculo con el que nos encontramos son las inadecuadas condiciones y los problemas que presenta la institución para llevar a cabo una función rehabilitadora.

II.3.1 Planteamiento

Hay que reconocer a nivel jurídico que la condena es un ‘pago’ como paso de tiempo privado de libertad para rehabilitar (régimen ordinario de tratamiento); de esta manera, la justicia se percibe como una vieja dama con poder, pero sin gloria (no consigue la reinserción). El régimen ordinario de tratamiento que se propone busca el cambio del agresor a través de la internalización, es decir, que se asuma el daño causado (alejamiento de la queja), al mismo tiempo que reconoce en su fuero interno que la acción no debería haber tenido lugar y se le presenten otras alternativas que asuma como posibles. Se admite que el tratamiento, como repertorio comportamental que se debe ampliar, implica algo más que ser aceptado por la persona, en tanto la propuesta involucra el ser individualizado, continúo, dinámico, desde fuera del individuo y dirigido hacia un fin concreto (incrementar habilidades y actitudes de autocontrol, autorespeto, habilidades sociales, resolución de conflictos...), lo que se presupone reducirá la reincidencia delictiva (Pérez-Sánchez et al., 2015; Redondo et al., 1999; Valverde, 2014). Sin embargo, el tratamiento con ello no garantiza un ambiente:

1. Facilitador del encuentro para la modificación de la conducta. Un ambiente abierto donde se sienta seguro el interno y el profesional.

2. Un clima alejado del contexto anormal y violento de la prisión.

3. Transformar el ambiente tóxico, modificando conductas y posibilitando alternativas.

4. La institución no enmarque el contexto, como sistema rígido que distorsiona todo el trabajo.

Ante ello, la reforma legislativa en materia penitenciaria (Reglamento de 1996) pone las bases para iniciar la intervención educativa en prisiones como dinamizadora de la apertura de los centros penitenciarios a la comunidad, lo que ha permitido incorporar al centro penitenciario un alto número de prestaciones sociales (sanitarias, educativas,...) que, provenientes de distintas instituciones (de naturaleza pública o privada), actuarán con la finalidad de la reeducación y la reinserción social (que la constitución asigna como función a las penas de privación de libertad). Su práctica, a la vez, supone una compleja red de relaciones que modifica, cualitativa y cuantitativamente, las necesidades organizativas para responder a un Centro Penitenciario Abierto, donde los especialistas son los responsables de su desarrollo, asumiéndose distintos niveles de impacto (ver figura 3).

Figura 3. Modelo, planteamiento teórico y desarrollo del tratamiento penitenciario en la UTE de Villabona (Asturias, España) (Rodríguez-Díaz et al., 2013, pág. 17).

De esta manera, se supera el diferenciar entre técnicas básicas y técnicas multifacéticas (Redondo, 2007) en los tratamientos psicológicos de delincuentes, que son la base sobre las cuales se conforman los programas de actuación especializada dentro del régimen ordinario de tratamiento. Se van a entender como un intento programado de producir un cambio en la búsqueda de una adecuada reinserción social, debiendo considerar dar respuesta a los siguientes parámetros: Meta, Conducta objeto, Contexto y Mecanismo utilizado para su logro, a la vez que pueden agruparse de la siguiente manera (Rodríguez-Díaz et al., 2021):

* Régimen Ordinario de Tratamiento con Finalidad Terapéutica

- Intervención con toxicómanos.

- Grupos en comunidad terapéutica intrapenitenciaria.

- Desarrollo programas específicos con delincuentes contra la libertad sexual.

- Desarrollo de programas específicos con delincuentes condenados por delitos de violencia familiar.

- Desarrollo de programas específicos con enfermos mentales.

- Desarrollo de programas específicos de prevención de suicidios.

* Régimen Ordinario de Tratamiento con Finalidad Educativa

- Salidas programadas.

- Desarrollo de programas específicos con internos extranjeros.

- Desarrollo de programas específicos con internos peligrosos en régimen cerrado.

- Desarrollo de programas específicos con jóvenes y mujeres.

- Módulo de respeto.

* Régimen Ordinario de Tratamiento con Finalidad Terapéutica y Educativa: Unidades Terapéuticas y Educativas (UTEs)

Desde este posicionamiento, se ha logrado diseñar un ambiente de desarrollo que facilite el fomento de competencias, en el cual se identifica dos tipos de cambio claramente diferenciados. De un lado, aquel que tiene lugar dentro de una situación dada y, de otro, el que se produce en un grupo y se expresa más tarde en otro grupo, es decir, aquello aprendido y dinamizado en las unidades terapéuticas y educativas que va a ser utilizado posteriormente en otros contextos, ya familiares ya sociales (Rodríguez-Díaz et al., 2013, 2014a). Los módulos que escenifican situaciones –reales o simuladas– cotidianas procurando adaptar la intervención educativa a las expectativas del interno –la vieja prisión vista en su vertiente de apoyo– frente a aquellos que representan la clara vocación comunitaria, donde se le otorga a la educación un carácter preventivo y no sólo terapéutico, más emancipador que represivo, con soluciones desde el grupo, en las que, sin contravenir la necesidad de intervenciones terapéuticas, se ofrecen respuestas globales e integrales a cada uno de los internos atendiendo a sus circunstancias vitales (Rodríguez-Díaz et al., 2013).

Por ello, entre los objetivos principales que se deben asumir en las UTEs se ha de plantear mejorar la formación, selección y búsqueda de empleo, en tanto condición básica que necesita un individuo para alcanzar la adaptación al medio donde vive, es decir, se va a diseñar:  

El objetivo de ofrecer una retención social planificada. El delincuente tendría que hacer una devolución y reconocimiento del daño causado a la sociedad; se pretende la normalización conductual e inserción social.
El Código Penal entendido más como una Regulación Administrativa Social. El preso cumpliría su pena pensando en reinserción en la comunidad; dependiendo de la gravedad e intensidad del delito, este podría realizarse en situación de custodia vigilada.
Las intervenciones estarán dirigidas por equipos multiprofesionales especializados, los cuales se encargarán de llevar a cabo el desarrollo del programa para el logro de una formación adaptada a la persona.
El nivel de reincidencia sería la variable criterio que conforme el éxito y/o fracaso de dichos programas de intervención penitenciaria, respecto del actual sistema penitenciario. Respecto a la cuestión de reincidencia, nuestros datos indican que son muchos los presos que vuelven a delinquir (Morata, 2014, 2017; Pérez-Sánchez et al., 2015). Ello se admite al mantener que es el resultado de un ambiente empobrecedor vital y las escasas posibilidades de futuro que se les ofrecen: no conocen otras alternativas de vida y lo único que saben es delinquir. Se encuentran en una cadena y el final de esta es la vuelta a la prisión.

II.3.2 Elementos

Cualquier programa de intervención tiene que asumir, de un lado, su voluntariedad y, por otro, la normativa de convivencia del establecimiento penitenciario que ordena la convivencia. A su vez, todo programa de intervención que no quiera verse condenado al fracaso debe ir acompañado de una intervención ambiental y tener en cuenta las necesidades y demandas de la población a la que va dirigido. Por ello, el sistema penitenciario de intervención entre sus objetivos plantea lo siguiente (Rodríguez-Díaz et al., 2013, 2014b):

1. Evitar o retardar la prisionización: evitar la adaptación del recluso al ambiente anormalizador y carencial de la prisión; evitar el paso de una inadaptación objetiva a inadaptación subjetiva.

2. Normalización de la vida: dotar al preso de los mecanismos o pautas necesarias para integrarse en un proceso de adaptación social.

3. Ofrecer alternativas de vida: dadas las características del ambiente del que proceden la mayoría de estos individuos, es lógico suponer que no conocen otras alternativas; estas deben posibilitarse e introducirse en su repertorio y posibilidades de desarrollo.

4. Evitar o aminorar los efectos desestructuradores de la prisión y potenciar la formación integral del recluso en vistas a su futura puesta en libertad: implica reducir las posibilidades de aislarse de su red de apoyo así como identificar qué posibilidades le ofrece esta red para su reinserción social.

Desde este posicionamiento identificamos, como se dijo ya, dos tipos de cambio. De un lado, aquel que tiene lugar dentro de una situación dada y, de otro lado, aquel que tiene lugar en un grupo y que se expresa más tarde en otro grupo. En otras palabras, los módulos que escenifican situaciones cotidianas –reales o simuladas– procurando adaptar la intervención educativa a las expectativas del interno –la vieja prisión vista en su vertiente populista, representada en módulos experimentales– frente a aquellos que representan la clara vocación comunitaria (Rodríguez et al., 2013), donde se le otorga a la educación un carácter preventivo y no sólo terapéutico, más emancipador que represivo, con soluciones desde el grupo, en las que, sin contravenir la necesidad de intervenciones terapéuticas, se ofrecen respuestas globales e integrales a cada uno de los internos atendiendo a sus circunstancias vitales (ver Figura 4).

Figura 4. Fases de cambio y temporalidad asumidas en la propuesta de la UTE en el tratamiento penitenciario, basada en la propuesta realizada para la promoción de la salud de Velicer, Prochaska, Fava, Norman y Redding (1998).

En este sentido, la rehabilitación orientada a la reinserción tratará de aumentar la capacidad de desarrollo de la persona en la sociedad. Se asume que el tratamiento como repertorio comportamental que se debe educar implica algo más que ser aceptado por la persona, en tanto que la propuesta supone el ser individualizado, continuo, dinámico, desde fuera del individuo y dirigido hacia un fin concreto (incrementar habilidades y actitudes de autocontrol, autorespeto, habilidades sociales, resolución de conflictos...), que se presupone reducirá la reincidencia delictiva (Garrido y López-Latorre, 1995; Pérez-Sánchez et al., 2015; Redondo et al., 1999; Valverde, 2002, 2014).

Para ello el concepto de aprendizaje que se defiende es el que sostiene un cambio de las disposiciones o capacidades humanas, que persiste durante cierto tiempo y que no es atribuible solamente a los procesos de crecimiento, donde son de resaltar las siguientes características en la intervención (Martín et al., 2013; Rodríguez Díaz, Fernández-Ríos, Paíno, Jiménez y Hernández, 2004; San Martín, 2004; Rodríguez-Díaz, Pérez Sánchez, Bringas y Guizábal, 2017):

- Desarrollar una aplicación a múltiples niveles –individual, grupal, organizacional...–.

- Potenciar tanto el poder de los individuos, grupos y organizaciones para la determinación y control de su conducta y destino como la creencia, eficacia y disposición de los individuos para involucrarse en actividades que incidan sobre el ambiente social.

- Favorecer el incremento de una participación competente en la vida social, grupal, comunal..., teniendo como objetivo el reducir el nivel de ‘alienación’, ‘anomía’ al mejorar la autoeficacia y la promoción de la salud, el bienestar individual y comunitario, es decir, el ‘Wellness’ y/o el ‘placer de vivir’.

- Pasar del modelo de indefensión aprendida –experiencia de carencia de control, percepción de incontrolabilidad, atribuciones causales y expectativas futuras de eventos incontrolables...– a desarrollar la esperanza aprendida –experiencia de control, atribución causal y expectativas futuras de control exitoso, ‘empowerment’ psicológico... –, donde de forma explícita destacarán como principios que se deben mantener la globalidad, la coordinación, la integración, la participación, la prevención, la responsabilidad, la normalización y la universalidad o igualdad.

- Desarrollar habilidades prosociales en los individuos que, recientemente, se han reincorporado a la sociedad.

- Fomentar el desarrollo de estrategias de afrontamiento que les permitan tener elementos para enfrentar los diversos problemas en su adaptación y reincorporación a la sociedad.

Desde este planteamiento, el desarrollo de adaptación del interno se centra, en primer lugar, en la conducta –hechos, acciones observables–, lejos de considerarlo y confundirlo con personalidad –abstracción y/o constructo hipotético del comportamiento-, basándolo en su continuidad y consistencia para poder explicar el cambio y asumir su persistencia. La propuesta de cambio no pretendemos que siga la ley de todo o nada, sino más bien entenderla como proceso –gradual y con recaídas–, lejos de introducirla en el ámbito de la intimidación para lograr incorporar las nuevas acciones comportamentales. El proceso de cambio no es lineal sino, más bien, en espiral; en su consolidación se tratarán de fundamentar los procesos para su comprensión: corresponsabilidad y cogestión, y su mecanismo para la adaptación: confrontamiento, que implica actitudes e intenciones en pasos graduales orientadas a consolidar el cambio –ver Figura 4– (Rodríguez-Díaz et al., 2013, 2014a, 2014b). Ello implica diseñar un ambiente de desarrollo que facilite el fomento de competencias, en el cual se identifica el cambio (Rodríguez-Díaz et al., 2017, Valverde, 2014).

Esto va a significar que tendremos como elementos de intervención al educador; es necesario comprender que no existe nada personal en contra del penado. Por el contrario, se asume que sus pautas de conducta están vinculadas y son producto de la prisión, y el desarrollo de mecanismos de defensa, y el contexto donde está, es decir, la realidad que ofrece el recluso, que será el destinatario de la intervención. El educador debe conocer esta realidad y ser capaz de ponerse en su lugar, en tanto que el delito es irrelevante para comprender mejor la vida de la persona y/o para diseñar mejor una intervención. Ello conlleva, necesariamente, una nueva visión de la víctima –de acuerdo con los daños causados y su restitución– y del agresor, como integrado en otra institución, en un marco constitucional donde al menos se es consciente de las necesidades y las consecuencias de las posibles propuestas que se van a desarrollar y a ser derivadas desde la TJ  (Wexler, 2000, 2016); se considera alcanzar con el tratamiento penitenciario centrado en la perspectiva de la competencia y la salud, donde la reinserción social se logra mediante el crecimiento de aspectos individuales a través de estrategias de afrontamiento adaptativas y comunitarias, así como en el logro de una expansión de su red de apoyo para mejorar su bienestar y calidad de vida. Se espera que todo ello permita interiorizar hábitos y habilidades sociales basadas en actitudes y valores prosociales en base a trabajar la comunicación y las relaciones positivas en el grupo (asume valores y directrices a desarrollas en su contexto vital), propiciando un ambiente facilitador del encuentro, un ambiente abierto para un clima alejado del contexto violento de la prisión.

II.3.3 Dinámica del cambio y herramientas. Resultados

Se asume que la modificación de la conducta del delincuente no puede separarse del cambio estructural de la sociedad. En todo caso, mantener el status quo actual es la peor de las opciones, en tanto la vocación de la justicia no es en absoluto juzgar a un individuo (Dios, la Inquisición, el Tribunal Islámico o la conciencia, se cuidan de ello) sino ocuparse de las conductas que causan un daño a los demás. El acento debería ponerse no solo en castigar al culpable sino, también, en reparar el daño causado a la víctima. Todo lo demás no es sino venganza o falsas esperanzas de disuasión, lejanas siempre a la visión final de los facilitadores para la reinserción social y patrones (modelos culturales) que se han de aceptar para formar parte de la sociedad; es decir, conforma la violencia como es concebida por los distintos grupos sociales.

En este marco y tratando de desarrollar algunas ideas necesarias para hacer frente a las causas de la conducta delictiva y al conflicto delictivo, tenemos la obligación de trabajar en el campo de la prevención, lo que supone un reenfoque de la noción de inseguridad alejado del pensamiento y expresión centrada en que la ‘solución’ está en aplicar cada vez más dosis de represión –sostenido al no ver la población disminuir los delitos, más bien, al contrario; esto produce un sentimiento de desasosiego–. Ello hace necesarios programas de prevención que no solamente actúen sobre individuos en situación de riesgo –trayectorias transitorias–, sino que, también, presentan modificaciones institucionales (Garrido, 2002, 2010; Morata, 2017; Paíno, Rodríguez y Cuevas, 1995; Valverde, 2014). Estos programas deben ir dirigidos a cubrir todos los ámbitos: físico, familiar, escolar, social y laboral, contemplando en su base el apoyo social, que deberá tener como objetivo primordial ofrecer al individuo aquellos mecanismos o habilidades sociales necesarias para enfrentarse a las situaciones conflictivas. Aquí, pues, jugaría un papel nada despreciable la comunidad, lo que propiciará la integración social, la preparación para afrontar la vida en libertad (ver figura 4); se trabaja el mantenimiento de esta realidad  ya a través de la familia ‘sana’, tan importante para su adaptación (Estrada, et al., 2011; Estrada, Rodríguez-Díaz y Herrero, 2013; Estrada, Rodríguez-Díaz y Solano, 2012), ya por medio de asociaciones o recursos externos que se conforman mediante salidas formativas y permisos (art. 182, 83 o 86.4) y sobre los cuales se dan forma a sus actividades educativas y de ocio; también se dan sobre aquellos recursos externos a los que acudir y confrontar para prevenir la recaída (Morata, 2014, 2017; Rodríguez-Díaz et al., 2004).

La UTE está, a estas alturas, fortaleciendo la autoeficacia del interno, el cual ha ido superando las diversas etapas hasta el estadio de cambio de mantenimiento –se establece su alta terapéutica–. En este momento, se entiende que el balance decisional de los pros que conforma su adhesión a la subcultura carcelaria ha disminuido de tal manera que sus acciones se contemplan en la base de los contras con la misma, donde las acciones terapéuticas/educativas y su peso son diferentes y adaptadas al interno para dar lugar a una actitud en función del proceso de crecimiento de una nueva historia personal. Se enfatiza propiciar aprendizajes reales en medios donde pueda practicar conductas prosociales –(Rodríguez-Díaz et al. 2013).

Este desarrollo del cambio intentará sostenerlo y mantenerlo la UTE a través de la inclusión de agentes externos en el proceso formativo, el fomento de la ayuda mutua en los procesos de aprendizaje, la perspectiva comunitaria e internacional del proyecto, que facilitará la formación de respuesta a las competencias que demanda la sociedad (CREA, 2004). De igual manera, se busca fomentar la habilidad de procesar la información, la generalización del comportamiento adquirido, las competencias interculturales, la predisposición a  la formación permanente, capacitar para el autoaprendizaje, la responsabilidad y las habilidades comunicativas, es decir, se busca construir un escenario de interacción individual donde se utilicen de forma inteligente los recursos internos y externos, poniendo el acento en la dimensión instrumental del aprendizaje y tomando como base la cogestión y la corresponsabilidad sobre los que construir el cambio a través  del reconocimiento de su territorio como espacio educativo y trasformador de la propia historia personal del interno –se produce todo ello a través del encuentro entre el profesional penitenciario y el interno–.

En esta realidad y en la medida en que van teniendo éxito las fases para conquistar el territorio, el espacio educativo posibilita más un nuevo rol donde la impulsividad y el egocentrismo tienen una menor cabida y dan paso a nuevos valores que se tratarán de sostener. Para ello se desarrolla un mecanismo sobre el que se pueda observar y profundizar en el éxito de la adaptación del interno, es decir, el confrontamiento. En otras palabras, la responsabilidad personal en base a la experiencia en el contexto de la UTE y la autonomía en este dará paso a la internalización, que persistirá influido por el grupo y la demanda interpersonal e intrapersonal en la que el individuo es consciente de que podría alcanzar lo que otros miembros del grupo ya han logrado; se da una persistencia en su quehacer.

Es el cambio basado en la identificación donde la UTE toma al grupo como agente principal para favorecer el cambio –aunque no es el único, destacando a su nivel la escuela y la familia–, al acompañar al interno en su proceso e itinerario; asume la importancia del ejercicio de estar abierto a la opinión de otras personas o grupos. A la vez, se aprende a debatir y a tomar el diálogo como herramienta base para evaluar y reconocer errores y aciertos; en otras palabras, interactuar sobre la base del respeto mutuo, desde los roles y la responsabilidad de cada uno en el momento determinado de la acción en una atmósfera de ayuda y de compañerismo positivo (romper con el colegeo y la ley del silencio). El confrontamiento busca desarrollar y facilitar la implementación de habilidades sociales de resolución de problemas eficaces, al igual que, con la corresponsabilidad, el desarrollo de actitudes y valores centrados en la autonomía, el respeto y el reconocimiento entre profesionales e internos. Sin la confrontación, pues, sería imposible que la UTE fuera un medio saneado, libre de drogas y un espacio educativo, a la vez que tampoco se produciría el cambio de valores y la nueva construcción de la historia de vida; es decir, no se aprueba la idea de perdonar a las personas su infracción, aunque sea la primera vez.

Aquí, pues, tendría sentido el ejercicio de la solidaridad con las personas condenadas y con las víctimas, donde la reparación del daño florecería como solución alternativa, es decir, ¿por qué no condenar al culpable a realizar una serie de conductas socialmente útiles, lo más relacionadas posible con su delito? Las preguntas clave, pues, serían: ¿quién es el perjudicado, cuáles son sus necesidades y ¿cómo se pueden satisfacer dichas necesidades? Evidentemente, esto no devolvería la vida a nadie, pero la prisión, tampoco; en todo caso, su acción sería más útil, social y personal que picar piedra o plegar cartones en un establecimiento penitenciario. Fundar la legitimidad de la justicia sobre la reparación del daño –y no sobre una pretendida virtud expiatoria de la pena (en el doble sentido de la palabra)– supondría una nueva ética que separaría definitivamente el derecho de la subjetividad (respuesta emotiva de venganza, por ejemplo), y no se ocuparía más que de la utilidad real, para la víctima sobre todo pero también para el culpable, de la sentencia. Esto supondría, entre otras cosas, ir evolucionando desde la pena de muerte hasta la muerte de la prisión, revitalizando el tejido social al fomentar el asociacionismo crítico y exigiendo una información veraz y completa.

Centrándonos ya en el Contexto Penitenciario y asumiendo el fracaso de éste en materia de reinserción social, tenemos la necesidad de plantearnos también una alternativa a dicho sistema. Hagamos pues un esfuerzo de imaginación y, por qué no, de investigación. Aquí es donde se ofrece la alternativa de la "Comunidad de Inserción” o, incluso, el intento profesional que se está desarrollando en la UTE, del Centro Penitenciario del Principado de Asturias (Villabona, España) (Álvarez-Fresno, 2007; Rodríguez-Díaz et al., 2021).

III. A modo de conclusión para una Prisión Constitucional [arriba] 

No es posible atiborrar a la población con un miedo apocalíptico. No se puede tampoco confundir la intolerancia y la preocupación por el crimen con el incremento del propio crimen, lo que demanda diferentes remedios que apliquen una pluralidad de acciones que frenen y traten esta realidad de una manera alejada a los principios que se plantean implementar en la sociedad del siglo XXI. Igualmente, hay que asumir que no toda intervención, porque haya sido etiquetada como tal, es efectiva ni tiene por qué facilitar el objetivo último al que responden nuestros establecimientos penitenciarios: la reinserción social vinculada a la intervención educativa (Garrido, Farrington y Welsh, 2008; Lorenzo et al., 2013; Rodríguez y Becedoniz, 2007).

Después de analizar la realidad penitenciaria hay que sostener que la separación del delincuente de la sociedad o su reclusión en centros penitenciarios no modifica la situación o condición referida en diferentes estudios como aspectos presentes en las personas que refieren una carrera delictiva –nivel educativo bajo, adicciones, reincidencia, entre otros–. Se puede asumir que la pena recibida fue solo parte de un castigo, que dista mucho de los discursos de la función de la prisión. La cárcel es solo para contener y no para dar otra opción tanto a los individuos que han delinquido como a la sociedad víctima del delito. Así, la cárcel actual es un exponente visible de los fracasos de la libertad y, en cierto modo, de la educación (Caride y Gradaille, 2013).

Estos planteamientos llevan a impulsar la necesidad de que la alternativa que representa la UTE se concrete en una regulación normativa por la ley y el Reglamento, inspirada sobre principios de intervención eficaz (Garrido, 2010; Garrido et al., 2008). Es necesario ir más allá, recordando que el proyecto UTE surge de una profundización en la realidad penitenciaria, teniendo como referencia la LOGP del 26 de septiembre de 1979 (Ley Penitenciaria de la Democracia), el RP de 1996 y la LOGP del 30 de Junio de 2003, de los que se nutre; fuerza todas sus potencialidades y hace posible su desarrollo más allá del cambio por sumisión o identificación –se busca la internalización con el objeto de que el cambio logre un nuevo rol personal, el cambio sea persistente y la carrera del delito sea el pasado–.

Esta es la paradoja que se nos plantea, muchas veces expresada en términos de ‘seguridad’ y ‘no confirmación’ frente a aquella de ‘ayuda’ y ‘confrontación’, es decir, el cambio con internalización. Como conclusión general, se puede sostener que la UTE conforma el Tratamiento Penitenciario en su desarrollo bajo una perspectiva reformadora innovadora, donde se ve superada la sociología del castigo y la óptica tecnocrática de la prisión como ‘vagón escoba’; opta, frente a ello, por una racionalización del proceso de intervención del tratamiento penitenciario, donde lo decisivo es aprender a aprender y las políticas de integración complementadas con la inserción como estrategia. A su vez, llevará a sostener desde esta conclusión general y desde nuestros planteamientos (Rodríguez-Díaz et al., 2017) que:

1. El problema de la delincuencia no es una lacra ni un castigo o epidemia sino un problema social que nos concierne a todos. Por ello, la intervención para afrontarla adolece de exceso de sensacionalismo e ideologicismo, siendo escasas las investigaciones empíricas sobre las cuales fundamentan la toma de decisión.
2. La cárcel ha fracasado rotundamente en sus dos fines primordiales: reeducación y reinserción social y, por ello, nos cuestionamos su continuidad. Hoy hay un acuerdo generalizado de la nula capacidad de los establecimientos penitenciarios para disuadir y rehabilitar a los delincuentes. La cárcel de hoy no intimida ni tampoco reduce la reincidencia; luego, ¿cuál es su papel en nuestra sociedad?
3. Existen muchos obstáculos y limitaciones a la hora de aplicar programas de intervención penitenciaria, a pesar de que ya esté institucionalizado el tratamiento penitenciario; el cambio que viene implica el sustituir el modelo médico/clínico por el educativo, en tanto fundamentado en un componente psicosocial.
4. A pesar de las reticencias de los funcionarios de prisión, debemos contar con ellos, asumiendo la precariedad de recursos, tanto humanos como materiales, para el logro de la reinserción social; es imprescindible el desarrollo tanto de la percepción por parte de los internos penitenciarios de que su participación en tareas educativas no les genera ningún beneficio como la presencia de servicios comunitarios (se asume la necesidad de integración social  como necesidad, así como el derecho de los ciudadanos a participar plenamente en la sociedad, es decir, ser partícipes en las decisiones que les afecten).

Referencias [arriba] 

Álvarez-Fresno, E. (2007). La unidad terapéutica y educativa del centro penitenciario de Villabona (Asturias): un modelo alternativo de intervención penitenciaria. En F. J. Rodríguez-Díaz, C. Bringas, F. Fariña, R. Arce, y A. Bernardo, (Coord.), Psicología Jurídica. Entorno Judicial y Delincuencia (págs. 399-415). Oviedo, España: Ediciones de la Universidad de Oviedo. Colección Psicología y Ley, 5.

Arce, R. y Fariña, F. (2007). Teorías de riesgo de la delincuencia. Una propuesta integradora. En F.J. Rodríguez y C. Becedóniz (Coords.), El menor infractor. Posicionamientos y realidades (págs. 37-46). Oviedo, España: Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias.

Arce, R., Seijo, D., Fariña, F. y Mohamed-Mohand, L. (2010). Comportamiento antisocial en menores: Riesgo social y trayectoria natural de desarrollo. Revista Mexicana de Psicología, 27(2), 127-142.

Arce, R., Fariña, F. y Novo, M. (2014). Competencia cognitiva en penados primarios y reincidentes: implicaciones para la reeducación. Anales de psicología, 30(1), 259–266.  https://doi.o rg/10.6018 /analesps. 30.1.158201.

Arce, R., Fariña, F. y Vázquez, M. J. (2011). Grado de competencia social y comportamientos antisociales, delictivos y no delictivos en adolescentes. Revista Latinoamericana de Psicología, 43(3), 473-486.

Bringas, C., Rodríguez-Díaz, F. J., Gutiérrez, E. y Pérez, B. (2010). Socialización e Historia Penitenciaria. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 1(1), 101-116.

Caride, J. A. y Gradaille, R. (2013). Educar en las cárceles: Nuevos desafíos para la educación social en las instituciones penitenciarias. Revista de Educación, 30, 36-47  https://doi.org /10.4438/1988-592X -RE-2013-3 60-219.

Clemente, M. (2010). Psicología Jurícica.Una ciencia emergente explicativa del derecho. Madrid, España: Pirámide.

Clemente, M., Reig-Botella, A. y Coloma, R. (2015). La creencia en la rehabilitación y reinserción social de los internos de prisión como factor protector de la salud laboral de los trabajadores. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 2(2), 106-112. https://doi.org/10. 17979/reipe.201 5.2.2.1392.

CREA -Centre de Recerca Social i Educativa de la Universitat de Barcelona- (2004). WORKALÓ. The creation of new occupational patterns for cultural minorities. The gypsy cased. RTD. FP5. DGXII. Improving The Socioeconomic Knowledge base. European Commision.

Defensor del Pueblo (1987). Informe a las Cortes Generales.  Madrid, España: Publicaciones del Congreso de los Diputados.

Dirección General de Instituciones Penitenciarias (2005). Unidad Terapéutica y Educativa. Centro penitenciario de Villabona. Un Modelo de Intervención Penitenciaria. Documentos Penitenciarios, 1, 7-35.

Estrada, C., Rodríguez-Díaz, F. J., Herrero, J., Chan, C., Torres, A. y Madrigal, K. (2011). La reinserción social de los penados, En C. Estrada, E. Claudia y F. J. Rodríguez-Díaz (Coord.), Delito e Intervención Social. Una propuesta para la intervención profesional (págs. 65-96). Guadalajara Jalisco, México: Universidad de Guadalajara.

Estrada, C., Rodríguez-Díaz, F. J. y Olaizola, J. (2013): Rol del apoyo Social en la reincorporación de penados; un estudio del sistema de Postpenitenciario de Jalisco, México. Universitas Psychologica, 13(3), 15-28.  https://dx.doi.org/10 .11144/Javeriana.UPSY 13-3.rasr.

Estrada, C., Rodríguez-Díaz, F. J. y Solano, C. (2012): Castigo y carrera delictiva de liberados del sistema penitenciario de Jalisco. En S. P. Colín Soto, y E. García-López (Dirs.), Más allá de la Violencia; retos hacia la reconstrucción (págs. 291-320). Morelia, México: Universidad de Morelia.

Fariña, F. y Arce, R. (2003). Avances entorno al comportamiento antisocial, evaluación y tratamiento. Madrid, España: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Fernández-Ríos, L. y Rodríguez-Díaz, F. J. (2002). Prevención de la violencia en una sociedad violenta: hechos y mitos. Psicothema, 14 (Supl.), 147-154.

Fernández-Ríos, L. y Rodríguez-Díaz, F. J. (2007). ¿Individuos patológicos o sociedad enferma? Ambigüedades en la prevención de la violencia. En F. J. Rodríguez-Díaz y C. Becedoniz, (Coord.), El menor infractor. Posicionamientos y realidades (págs. 203-235). Oviedo, España: Gobierno Principado de Asturias. Colección Ley y Ciencias Sociales, Nº1.

Garrido, V. (2002). Psicología de la Delincuencia. Salamanca, España: Ciencias de la Seguridad.

Garrido, V. (2010). La prevención de la delincuencia en Europa y en España. Los retos pendientes. Revista de Derecho Penal y Criminología, 3, 377-408.

Garrido, V., Farrington, D. P. y Welsh, B. (2006). The Importance of an Evidence Based Approach in the Current Spanish Policy for Crime Prevention. Psicothema, 18 (3), 591-595.

Garrido, V., Farrington, D.P. y Welsh, B. C. (2008). Crime prevention: More evidence-based analysis. Psicothema, 20(1), 1-3.

Garrido, V. y López-Latorre, M. J. (1995). La prevención de la delincuencia. El enfoque de la competencia social. Valencia, España: Tirant lo Blanch.

Garrido, V. y Martínez-Frances, M. D. (1998). Educación Social para Delincuentes. Valencia, España: Tirant lo Blanch.

Gil-Cantero, F. (2010). La acción pedagógica en las prisiones. Posibilidades y límites. Revista Española de Pedagogía, 245, 49-64.

Lorenzo, M., Aroca, C. y Alba, J.L. (2013). La Pedagogía Penitenciaria en España: luces y sombras. Revista de Educación, 360, 119-139 https://dx.do i.org/10. 4438/1988-592X-RE-2013 -360-223.

Martín, V. M., Vila, E.S. y de Oña, J. M. (2013). La investigación educativa en el ámbito de las instituciones penitenciarias: panorámica, desafíos y propuestas. Revista de Educación, 360, 16-35. https://dx.doi.org/ 10.4438/1988-592X- RE-2013-3 60-218.

Martínez-Catena, A., y Redondo, S. (2017). Psychological treatment and therapeutic change in incarcerated rapists, European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 9(1),41-49. https://dx. doi.org/10.1016/j. ejpal.2016. 11.001.

Morata, T. (2014). Pedagogía Social Comunitaria: un modelo de intervención socioeducativa integral. Educación social: Revista de Intervención Socioeducativa, (57), 13–32.

Morata, T. (2017). Pedagogía Social Comunitaria y Exclusión Social. Madrid, España: Editorial Popular.

Paíno, S. G. y Rodríguez-Díaz, F.J. (1998). Socialización y delincuencia. Un estudio en la prisión de Villabona (Asturias). En V. Garrido y M. Dolores Francés (Coord.), Educación Social para Delincuentes (págs. 97-136). Valencia, España: Tirant lo Blanch.

Paíno, S. G., Rodríguez-Díaz, F. J. y Cuevas, L. M. (1995). Programas de Intervención en el ámbito penitenciario: Análisis para una propuesta. En F. J. Rodríguez-Díaz y L. M. Cuevas (Coord.), Psicología Diferencial. Lecturas para una disciplina (págs. 421-434). Oviedo, España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.

Paíno, S. G., Rodríguez-Díaz, F. J., Cuevas, L. M. y Ordoñez, F. (1995). Cárcel hoy, Alternativa mañana. Un análisis para la comunidad de inserción. Cuadernos de Política Criminal, 55, 297-322.

Pastor, E. y Torres, M. (2017). El sistema penitenciario y las personas privadas de libertad desde una perspectiva internacional. Política Criminal, 12(23), 124-150.

Pérez-Sánchez, B., Rodríguez-Díaz, F. J., Bringas, C. y Eguizabal, J. (2015). La Unidad Terapéutica y Educativa. Alternativa a la prisión tradicional en la reeducación y reinserción del penado. Debates Penitenciarios, 20, 3-21.

Pérez-Tudela, E. M. y Ravagnani, L. (2016). La población penitenciaria en Españae Italia. Estudio comparativo de la situación de la población carcelaria extranjera en ambos países. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 18-09, 1-32.

Redondo, S. (2007): Manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes. Madrid, España: Pirámide.

Redondo, S y Pueyo, A. A. (2007). La Psicología de la Delincuencia. Papeles del Psicólogo, 28(3), 147-156.

Redondo, S., Sánchez-Meca, J. y Garrido, V. (1999): The influence of treatment programmes on the recidivism of juvenile and adult offenders: An European meta-analytic review. Psychology, Crime, and Law, 5, 251-278. https://doi.org/10.1080 /10683169 908401769.

Redondo, S., Sánchez-Meca, J. y Garrido, V. (2002): Los programas psicológicos con delincuentes y su efectividad: La situación europea. Psicothema, 14, 164-173.

Rodríguez-Díaz, F. J. (2014). Una prisión alternativa desde la perspectiva de la Therapeutic Jurisprudence. La Unidad Terapéutica y Educativa. En D. B. Wexler, F. Fariña, L. A. Morales y S. P. Colín (Eds.), Justicia Terapéutica: Experiencias y Aplicaciones (págs. 139-152). Puebla, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Rodríguez-Díaz, F. J., Álvarez-Fresno, E., García, F., Longoria, B. y Noriega, M. I. (2013). Educar en las Cárceles: Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona (Asturias, España). Revista Criminalidad, 55(2), 9-28.

Rodríguez-Díaz, F. J., Álvarez, E., García, F., Longoria, B. y Noriega, M. I. (2014a). El Sistema Penitenciario: Un análisis desde el ayer para el mañana. En E. García-López (Ed.), Psicopatología Forense. Comportamiento Humano y Tribunales de Justicia (págs. 733-790). Ciudad de México, México: Manual Moderno.

Rodríguez-Díaz, F. J., Álvarez, E., García, F., Longoria, B. y Noriega, M.I. (2014b). Modelo Alternativo de Intervención Educativa en el contexto penitenciario; propuesta de un planteamiento desde la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona (España). Magister,26(2), 90-97.

Rodríguez-Díaz, F. J., Álvarez, E. y Soria, M. A. (2021). Psicología Penitenciaria, en M.A. Soria (Coord.), Manual de Psicología Jurídica, penal e investigación criminal (págs. 313-336). Madrid, España: Pirámide.

Rodríguez-Díaz, F.J. y Becedoniz, C. (2007). El menor infractor. Posicionamientos y realidades (págs. 203-235). Oviedo, España: Gobierno Principado de Asturias. Colección Ley y Ciencias Sociales, Nª1.

Rodríguez-Díaz, F. J., Fernández-Ríos, L., Paíno, S. G., Jiménez, A. y Hernández, E. (2004). La comunidad como vehículo de integración social de la persona. En A. Hidalgo y R. Medina (Eds.), R. Hernández Mejía, F. J. Rodríguez-Díaz, J. Zaiter (Coords.), Cooperación al desarrollo y bienestar social (págs. 387-406). Oviedo, España: Eikasia Ediciones.

Rodríguez-Díaz, F. J. y Paíno, S.G. (1994). Violencia y Desviación social. Bases y análisis para la intervención. Psicothema, 6 (2), 229-244.

Rodríguez-Díaz, F. J., Paíno, S.G., Cuevas, L.M. y Ordoñez, F.F. (1995). Cárcel hoy, Alternativa mañana. Un análisis para la comunidad de inserción. Cuadernos de Política Criminal, 55, 297-322.

Rodríguez-Díaz, F.J., Pérez Sánchez, B., Bringas, C. y Eguizábal, J. (2017). La prisión. Otra prisión es posible, en E. Norza (Coord.), Con-ciencia Criminal, Criminología, Psicología Jurídica y Perfilación Criminal (págs. 223-242). Bogotá, Colombia: Manual Moderno.

Ruiz, J.I. (2007). Síntomas Psicológicos, Clínica Emocional, Cultura y Factores Psicosociales en el Medio Penitenciario. Revista Latinoamericana de Psicología, 39(3), 547-561.

Ruíz, J.I., Bringas, C., Rodríguez-Díaz, F. J. y García-Cueto, E. (2014): Validación transcultural de una escala de clima emocional para ámbitos organizacionales penitenciarios. Revista Latinoamericana de Psicología, 46(2): 92-101.

San Martín, J. (2004). El laberinto de la violencia. Causas, tipos y efectos. Madrid, España: Ariel.

Sirvent, C. (2007). La sociopatía adquirida. Revista Española de Drogodependencias, 32(3), 310-341.

Valverde, J. (1988). El proceso de inadaptación social. Madrid, España: Editorial Popular.

Valverde, J. (1991). La cárcel y sus consecuencias: La intervención sobre la conducta desadaptada. Madrid, España: Editorial Popular.

Valverde, J. (2002). El dialogo terapéutico en exclusión social. Aspectos educativos y clínicos. Madrid, España: Narcea.

Valverde, J. (2014). Exclusión Social. Bases Teóricas para la intervención. Madrid, España: Editorial Popular.

Velicer, W.F., Prochaska, J.O., Fava, J.L., Norman, G.J. y Redding, C.A. (1998). Smoking cassation and stress management: Applications of the transtheorical model of behavior change. Homeostasis, 38 (5-6), 216-233.

Vila, E.S. y Martín, V. M. (2013). Presentación. Reflexiones en torno a los procesos educativos en centros penitenciarios. Revista de Educación, 360, 12-15.

Weitekamp, E. G. M. y Kerner, H-J. (2002). Restorative Justice: Theoretical foundations. London, UK: Willan.

Wexler, D. B. (2000). Therapeutic Jurisprudence: An Overview. Thomas M. Cooley Law Review, 17(1), 125-134.  http://hdl.han dle.net/1082 2/931158.

Wexler, D. B. (2010). Therapeutic Jurisprudence and its application to criminal justice research and development. Irish Probation Journal, 7, 94-107.

Wexler, D. B. (2016). Guiding court conversation along path ways conducive to rehabilitation: integrating procedural justice and therapeutic jurisprudence. International Journal of Therapeutic Jurisprudence, 1(2), 367-372. http://d x.doi.org/10.213 9/ssrn.2677431.

Wexler, D. B. y Winick, B. J. (1996). Law in a Therapeutic Key: Developments in Therapeutic Jurisprudence. Durham, NC: Carolina Academic Press.

Yela, M. (1998). Psicología Penitenciaria. Mas allá de vigilar y castigar. Papeles del Psicólogo, 70, 1-10.

Yela, M. (2019). Psicología en el Medio penitenciario. Revista de Estudios Penitenciarios, Extra-3, 377-392.

 

 

*Catedrático. Dpto. de Psicología. Universidad de Oviedo. (España)
https://orcid.org/0000-0002-5899-439X
gallego@uniovi.es
**Profesor Contratado Doctor. Universidad de Extremadura (España).
https://orcid.org/0000-0001-7956-2337
cbringas@unex.es
***Psicólogo Centro Penitenciario Principado de Asturias (España). esalfres@telecable.es
Autor de correspondencia: Francisco Javier Rodríguez-Díaz

Recibido: 23-11-2021 - Aceptado: 20-12-2021