Doctrina
Título:La opinión pública y el STF como representante argumentativo
Autor:Cardoso, Plauto C. L.
País:
Brasil
Publicación:Revista Argentina de Justicia Constitucional - Número 4 - Octubre 2017
Fecha:12-10-2017 Cita:IJ-CDLXIX-398
Índice
Sumarios

En este artículo analizamos de qué manera el Supremo Tribual Federal (STF), la Corte Constitucional brasileña, escoge manejar la opinión pública con protagonismo activo en contraste con el rol contramayoritario idealizado para este tipo de institución. Se analiza si en el ámbito del control de constitucionalidad, decisiones contramayoritarias son una regla o apenas una excepción, y si la protección de los derechos de las minorías presupone necesariamente una actuación contramayoritaria. Concluimos que la llamada dificultad contramayoritaria, según parecen apuntar los datos disponibles, es un mito que no corresponde tampoco a la realidad del STF. Nos parece, y esta es la premisa de este artículo, que la tensión entre la Corte Constitucional y la Teoría Democrática aparenta ser una creación académica y a priori no respaldada por la práctica, por lo menos, de la corte constitucional norteamericana. Un análisis preliminar de las instituciones jurídicas y políticas parece indicar que se trata de una dicotomía más metafórica que real. Sostenemos que una dicotomía irreflexiva entre mayoría y minoría puede opacar una visión más realista y conducir a respuestas innecesariamente antagónicas o fundamentar propuestas de cambios innecesarios.


This work analyses the way the Supremo Tribunal Federal (STF), Brazilian Constitutional Court, deals with public opinion in contrast with the idealized countermajoritarian role conceived for it. We analyse if countermajoritarian decisions in the context of constitutionality control are the rule or just an exception as well as if the protection of minorities presupposes necessarily a countermajoritarian role. We conclude that the so-called countermajoriatrian difficulty, or so the data available seems to suggest, is a myth that does not correspond to the manner in which the STF seems to have been deciding in a general manner. The premise of this article is that the tension between the Constitutional Court and the Democratic Theory seems to be more academic than practical. A preliminary analysis of the judicial and political institutions suggest that this is a more metaphorical dichotomy than a real one. We sustain that an exclusively dichotomist perspective between minority and majority may only eclipse a more realist perception and lead to unnecessarily antagonistic answers or to the proposal of unnecessary changes.


Neste artigo analisamos de que maneira o Supremo Tribunal Federal (STF), a Corte Constitucional Brasileira, escolhe lidar com a opinião pública de modo protagônico em contraste com o papel contramajoritário idealizado para este tipo de instituição. Analisa-se se no âmbito do controle de constitucionalidade, decisões contramajoritárias são a regra ou apenas a exceção e se a proteção dos direitos das minorias pressupões necessariamente uma atuação contramajoritária. Concluímos que os dados disponíveis parecem sugerir que a chamada dificuldade contramajoritária é um mito que não corresponde à realidade do contexto decisório do STF. Nos parece, e esta é a premissa sustentada neste artigo, que a tensão entre a Corte Constitucional e a Teoria Democrática aparente ser uma criação acadêmica e a priori não respaldada pelo contexto fático pelo menos da Corte norte-americana. Uma análise preliminar das instituições jurídicas e políticas parece indicar que se trata de uma dicotomia mais metafórica que real. Sustentamos que uma dicotomia irreflexiva entre maioria e minoria pode eclipsar uma visão mais realista e conduzir a respostas desnecessariamente antagônicas ou a propostas de reformas desnecessárias.


1. Introducción
2. ¿Opinión de quién?
3. ¿(El mito de) la dificultad contramayoritaria?
4. Conclusiones
Bibliografia
Notas

La opinión pública y el STF como representante argumentativo

Plauto Cavalcante Lemos Cardoso*

A mi Joaquim, por supuesto.

“o resultado dos casos decididos pela Suprema Corte dos EUA podem ser previstos mais precisamente por meio de um punhado de variáveis, nenhuma das quais envolvendo a doutrina jurídica, do que por uma equipe de especialistas em direito constitucional”.
Richard Posner[1]

1. Introducción [arriba] [2]

Es impresionante lo que vivimos como seres de una cultura de masas. Según datos de The Grouth and Structure of Human Populations: a Mathematical Investigation publicada por la Universidad de Princeton, se calcula que en el año 1 de la era Cristiana, la población mundial era de 300 millones, en el año 1750 se estima en 800 millones, y en 1850 había ascendido a 1.300 millones. Se observa que en 17 siglos la población aumentó en 500 millones de personas, la misma cantidad de aumento que se registró en un solo siglo, de 1750 a 1850; 1 siglo después, en el año 1950 la población aumentó a 2.500 millones. La ONU estimó en 6.400 millones la población mundial para el año 2000[3].

El más reciente estudio publicado el 21/06/17 por el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU y titulado Las Perspectivas de la Población Mundial 2017, estimó la población mundial actual en 7.600 millones, prevé 8.600 millones para el año 2030 y que llegaremos a la alarmante cifra de 9.800 millones en 2050, alcanzando increíbles 11.200 en 2100[4]. Añadimos 500 millones de personas en los 17 siglos anteriores a la revolución industrial y ahora prevemos en apenas 12 años –entre 2017 y 2030– un aumento de 1.000 millones de nuevos seres humanos para educar y cuidar.

Sea como sea, vivimos culturalmente profundas transformaciones. La propia palabra cultura, usada como adverbio en la frase anterior, ya no puede ser tomada de forma consensual o con el mismo sentido que tenía en el siglo que dejamos atrás hace poco tiempo. Cultura, que antes era una conciencia que nos impedía darle la espalda a la realidad, hoy es sinónimo de una cultura de la distracción[5].

El Derecho, como un claro producto cultural, no pasa incólume por estos tiempos de posverdad, “la idea de que no hace falta someterse al chequeo de las informaciones y hechos que pretenden presentarse como verdaderos”[6]. Seguramente no podemos seguir usando los mismos conceptos de la misma manera que fueron utilizados en la Francia revolucionaria para tratar temas como la opinión pública y la separación de poderes[7]. ¿Cómo entonces pensar el derecho en este contexto? Se percibe una enorme mezcla de conceptos del presente y del pasado que vuelven los debates sombríos, desesperanzados y claramente infructuosos[8]. Como nos sugieren Englemann y Penna[9],

“abordar la producción intelectual de los profesionales del Derecho del punto de vista de las ciencias sociales tiene como presupuesto evitar la representación ideológica que los juristas construyen al respecto, en especial de que el debate doctrinario es un debate 'técnico', objeto de especialistas y autónomo en relación a las polarizaciones políticas”. (Traducción propia)

Apenas en los últimos doce meses que dejamos atrás, el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño suspendió del cargo y del mandato al presidente de la Cámara de Diputados, suspendió al presidente del Senado –que se rehusó a cumplir la decisión- se atuvo a su jurisprudencia para abstenerse a debatir el mérito del juicio del Impeachment de la ex presidente de la República, Dilma Rousseff, y suspendió del mandato al senador y candidato a la Presidencia de la República en la fórmula opositora a la de la ex presidente Rousseff, Aécio Neves[10].

El Supremo es pop. Llevó algún tiempo, pero el STF es una institución ya consolidada en el imaginario popular. La cuestión es saber exactamente qué imagen es esta. Tuvimos la primera transmisión televisiva de una sesión del plenario de la Suprema Corte en 23 de septiembre del 1992 con el juzgamiento del Mandado de Seguridad 21564, impetrado por la defensa del entonces Presidente de la República, Fernando Collor, contra acto del Presidente de la Cámara de Diputados aún en una fase preliminar del juicio del Impeachment del ex presidente Collor en 1992[11]. Diez años más tarde, en 14 de agosto del 2002, la TV Justicia inició las transmisiones en vivo de las sesiones del plenario de la Corte Constitucional[12].

Sin embargo fue con el juicio de la Acción Penal 470, más conocida como “Mensalão”, que el contacto se volvió intenso y los datos podrían dar envidia a los otros poderes o astros del rock:

“En 2012, año del juicio del mensalão y de otros casos de gran repercusión, la exposición del Supremo Tribunal Federal (SFT) en 1.424 medios de comunicación escrita del país creció un 116%, en comparación con 2011. El pico en el número de citaciones al tribunal en periódicos, revistas, portales y blogs de internet verificados por empresas de medios de comunicación contratadas por el STF, fue en agosto, primer mes del mensalão, cuando las referencias a la corte se cuadriplicaron. El ‘año pop’ del STF también fue notado en las redes sociales. En enero de 2012 el tribunal tenía cerca de 180 mil seguidores en Twitter. Ese número subió a 316 mil en diciembre”[13]. (Traducción propia)

El ex presidente del STF y relator del mediático juicio del Mensalão y uno de los principales protagonistas, el ex Ministro Joaquim Barbosa, sigue bajo presión para presentarse como candidato a la Presidencia de la República en 2018. Los liderazgos de partidos como la Rede, el PSB y hasta el PT ya se reunieron con él recientemente. Barbosa aparenta también ser popular entre parte de la clase artística[14]. En una encuesta de opinión pública realizada por el instituto Datafolha a fines de 2012, Barbosa llegó a tener 10% de las intenciones de voto para la Presidencia de la República, ocupando el tercer lugar entre los posibles candidatos[15].

Marcelo Novelino sugiere que:

“La intensa exposición mediática y la presión ejercida por la opinión pública a favor de la condenación de los reos parece haber influenciado, en mayor o menor medida, la actitud de parte de los Ministros. No faltaron críticas dirigidas a la supuesta mudanza en la jurisprudencia del Tribunal, en el sentido de que se distanció de su tradición garantista y flexibilizó la interpretación y los criterios de admisión de determinadas pruebas. Algunos especialistas en Derecho Penal llegaron a afirmar que la “teoría del dominio del hecho”, adoptada como fundamento teórico para parte de las condenaciones, habría sido aplicada equivocadamente, con una finalidad distinta de aquella para la cual fue desarrollada”. (Traducción propia)

[...] “Vale recordar que poco antes del inicio del 'juicio del mensalão', el periódico Folha de S. Paulo publicó una encuesta de opinión pública en la cual cerca del 70% de los brasileños estaba a favor de la condenación de los reos”[16]. (Traducción propia)

Corte Suprema alguna en un mundo tan mediático está libre de la presión resultante de la exposición pública[17]. Los eventos y manifestaciones presenciales y virtuales en Argentina y especialmente en Buenos Aires después que se conoció el caso Muiña, popularmente conocido como el 2x1, son una prueba contundente de tal hecho. Las consecuencias legislativas adoptadas enseguida por el Senado argentino, las declaraciones en forma de mea culpa de jueces pop como Zaffaroni para los medios de comunicación también son una prueba de esta influencia de la opinión pública sobre los jueces[18].

En este artículo analizamos de que manera el la Corte Constitucional brasileña (STF) escoge manejar la opinión pública con protagonismo activo en contraste con el rol contramayoritario idealizado para este tipo de institución. No es ningún secreto que cuantitativamente el Supremo no es una “corte constitucional” en el sentido original en que ese tipo de institución fue pensada. “En números absolutos, está mucho más próximo de una 'corte recursal suprema'”. “No es una corte que escoge lo que juzga fundamental juzgar. Es más bien una corte escogida por la parte. No construye su destino. Su destino es construido por cada recurso que le llega por deliberación ajena, de terceros”[19]. En este contexto, verla ser maestro de sus elecciones llama la atención y merece ser estudiada en mayor profundidad.

La metodología utilizada tiene como base investigación de doctrina relevante tanto en Argentina como en Brasil, artículos relevantes publicados en periódicos, analisis de fallos de jueces de la Corte, de entrevistas, de datos cuantitativos y cualitativos de encuestas sobre el tema, de grabaciones e informes de sentencias de la Corte Constitucional Brasileña, ademas de estudios comparativos sobre su par amerciano, La Corte Constitucional Americana.

Se intentan contestar preguntas fundamentales sobre lo que nos parece ser el mito de la dificultad contramayoritaria, como es la pregunta madre: ¿En el ámbito del control de constitucionalidad, decisiones contramayoritarias son una regla o apenas una excepción? Y las preguntas que le siguen como consecuencia lógica: ¿Quién, de hecho, es alcanzado por la declaración de inconstitucionalidad de una ley? ¿La protección de los derechos de las minorías presupone, necesariamente, una actuación contramayoritaria? ¿Qué es lo que lleva a una sociedad democrática a permitir que un pequeño grupo de personas que no fueron elegidas substituya las elecciones hechas por sus representantes democráticamente escogidos a través del control de constitucionalidad de las leyes? ¿Cuáles son las razones subyacentes a la convergencia entre la opinión pública y el comportamiento de los miembros de una Corte Constitucional? ¿El alineamiento de opiniones significa necesariamente una influencia? ¿Quién influencia a quién? ¿Por qué razón los jueces no sometidos al voto popular y protegidos por la garantía de la inamovilidad vitalicia se preocuparían con el público general?

Nuestras conclusiones son dos. Primero, la dificultad contramayoritaria, los datos parecen nos apuntar, es un mito que no corresponde tan poco con al realidad de cómo falla la Corte Constitucional brasileña. El hecho de que no tenemos los datos del STF sobre este asunto como por ejemplo tenemos de la Corte Suprema Norteamericana no debe paralizarnos y hay seguramente algunos puntos muy interesantes se pueden abordar en este debate. Nos parece, y esta es la premisa de este artículo, que la tensión entre la Corte Constitucional y la Teoría Democrática aparenta ser una creación académica y a priori no respaldada por la práctica, por lo menos, de la corte constitucional norteamericana.

Finalmente, y por consecuencia, sostenemos que una dicotomía irreflexiva entre mayoría y minoría puede opacar una visión más realista y conducir a respuestas desnecesariamente antagónicas. Una Corte Constitucional puede actuar de manera esencial no apenas en la protección de los derechos de las minorías contra eventuales excesos de la mayoría, sino también en el rol apuntado por Robert Alexy de “representante argumentativo de la sociedad”[20], fomentando el proceso de conformación de la política estatal a las efectivas preferencias nacionales existentes y/o emergentes frente a eventuales conflictos entre a legislación y la voluntad de la mayoría popular[21]. O, aún, como afirmado Luís Roberto Barroso, en un papel representativo en el sentido contraponerse “à falta de atuação legislativa para atender essas demandas da sociedade, coube ao STF, interpretando princípios constitucionais, formular as respostas constitucionalmente adequadas”[22].

2. ¿Opinión de quién? [arriba] 

“Es un error garrafal tratar de formular teorías antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno comienza a forzar los hechos para que se adapten a las teorías, en lugar de que las teorías se adapten (y expliquen) a los hechos”.
Sherlock Holmes en Un Escándalo en Bohemia, de Arthur Conan Doyle.

En primer lugar, es interesante notar como se usa la expresión Opinión Pública como si ella tuviese realmente un significado. ¿Pero de qué estamos hablando al final cuando utilizamos el término Opinión Pública? ¿Es una clase social? ¿Son los obreros? ¿Quién es esa quimera amorfa tan usada para guiar los tres poderes de nuestras repúblicas?

Como bien nos recuerda Bercholc en Opinión Pública Y Democracia, Habermas nos sugiere que Opinión Pública es un “concepto que debiera dejarse de utilizar a efectos científicos dada la falta de acuerdo sobre su significado y alcance”. Peor, según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, es algo “que definitivamente debe considerarse inexistente”[23].

Afirmamos que el derecho como ciencia sufrió demasiado con su artificial alejamiento de las ciencias sociales. Así, se hace menester hacer hincapié en el hecho que “opinión pública” es un concepto que se tomó prestado de las ciencias sociales y que asume múltiples sentidos. Cómo nos apunta Paulo Bonavides, “el término es utilizado ora como la opinión de una clase, ora de toda la nación (opinión de todos), ora simplemente de la mayoría dominante o incluso de las clases instruidas, en contraste con las masas analfabetas”[24].

En segundo lugar, aunque se tenga claro de quién es la opinión en cuestión, partiendo del principio de que esto es posible, influenciar no es determinar. Afirmar que el comportamiento judicial puede ser influenciado por la opinión pública en determinados contextos decisorios no significa que sea necesariamente determinado por ella. Si, por más experiencia que tenga, un juez difícilmente logra mantenerse totalmente indiferente al contexto fáctico de su vida como ciudadano y por ende a la opinión pública en los casos de alto destaque social y mediático, no es razonable esperar que el individuo con sólida formación profesional decida pura y simplemente basado en la voluntad popular. El principal sustrato en el iter decisorio aún sigue siendo el material jurídico convencional.

Como nos afirma Marcelo Novelino en A Influência da Opinião Pública no Comportamento Judicial dos Membros do STF:

“Cuando se afirma que, bajo determinadas circunstancias fácticas (alto destaque social de la decisión) y jurídicas (relativa indeterminación del material jurídico convencional referente al caso), la opinión pública tiene grandes probabilidades de interferir en el comportamiento judicial, lo que se quiere decir es que los puntos de vista de la sociedad sobre determinados asuntos pueden actuar, juntamente con elementos jurídicos y otros factores extrajurídicos, como razones contributivas para la manutención o cambio de una determinada conclusión. Dicho de otra manera: en aquellos casos en que un juzgador posee serias y razonables dudas sobre cuál es el mejor camino a seguir, sobre cuál de las alternativas posibles y justificables adoptar, la opinión pública puede actuar – de forma consciente, subconsciente o inconsciente – otorgando razones a favor o en contra la elección de determinados resultados. Pese a que las decisiones del plenario sean por mayoría, cuando una Corte Constitucional se encuentra fuertemente dividida, la influencia de la opinión pública sobre el comportamiento de uno de sus miembros puede ser decisiva para moldear el resultado final”[25].

En este sentido, el ex Ministro Carlos Ayres Britto, en su discurso de posesión como presidente del STF en 2012 afirmó que “juez no es polilla de los expedientes, no es ácaro de gabinete, y por eso, sin huir de las pruebas de los expedientes ni volviéndose rehén de la opinión pública, tiene que llevar los pertinentes dispositivos jurídicos al cumplimiento de su mediata o macro función de conciliar el Derecho y la vida”[26]. (Traducción propia).

Last but not least, es importante que se tenga en mente que los jueces no suelen admitir de manera abierta en los fundamentos de sus sentencias el rol desempeñado por la opinión pública en el contexto del fallo. Y cuando lo admiten lo hacen con cautela o de manera indirecta. Thomas Marshall demostró en su estudio que en el caso de la Corte estadounidense la opinión pública es mencionada en menos del 2% de los votos mayoritarios de la Corte. Y además, nos sugiere que solamente en cerca de una quinta parte de esos casos los jueces dejan trasparecer que el derecho debe reflejar esta opinión[27].

Marcelo Novelino nos alerta que “la parsimonia sobre el tema, no obstante, no es exclusividad de nuestro Supremo. Incluso en los EUA, donde el alineamiento de la Suprema Corte con la opinión pública es ampliamente admitido, las referencias hechas por los jueces no son comunes”[28].

Coincidimos totalmente con la conclusión de Novelino de que:

“La inexistencia de un 'pronunciamiento oficial', pese a ello, no significa mucho en términos descriptivos. El hecho de que la opinión pública raramente sea mencionada en la fundamentación de las decisiones tiene poca relevancia en la medida de la real influencia que ella ejerce, incluso porque es bastante improbable que, al decidir, un juez diga que está cediendo a la presión pública o que ha cambiado de idea como respuesta a la evolución de las costumbres sociales”[29].

3. ¿(El mito de) la dificultad contramayoritaria? [arriba] 

La Corte Suprema norteamericana es una “instituición esencialmente mayoritaria”. Así concluyó Thomas Marshal al final de su impresionante y amplio estudio sobre las decisiones del Tribunal norteamericano y la opinión pública acerca de los temas de los fallos captada en encuestas nacionales, en lo cuall cruzó estas informaciones en un período de aproximadamente cincuenta años, desde mediados de 1930 hasta mediados de 1980[30].

Una vez más, la falta de datos puede llevarnos a certezas meramente escolásticas y etéreas. Este autor conoce a pocos abogados, juristas y hombres del derecho que no creen en el rol contramayoritario fundamental de las cortes constitucionales. Lo que pasa es que pocos se preocupan en chequear si en la práctica lo que es pensado y debatido conceptualmente se muestra como una realidad cotidiana palpable, mensurable, visible y eficaz. No se trata aquí de negarles a las Cortes tal rol, pero sí de desmitificar si este es realmente su rol preponderante como suele argumentarse.

El discurso de la función Robin Hood de las Cortes Constitucionales es seductor y, claro, encanta. ¿Pero es éste el rol que ellas realmente desempeñan y para lo que sirven? ¿Y si se descubre que el STF no tiene un rol tan rosado? ¿Esto significa necesariamente que no está sirviendo a la función para la cual fue creada? No, seguramente que no. Como ya afirmamos, una Corte Constitucional puede actuar de manera esencial no apenas en la protección de los derechos de las minorías contra eventuales excesos de la mayoría, sino también en el rol de “representante argumentativo de la sociedad”, fomentando el proceso de conformación de la política estatal a las efectivas preferencias nacionales frente a eventuales conflictos entre a legislación y la voluntad de la mayoría popular[31].

Novelino nos recureda que Robert Dahl afirma, por ejemplo, que es en vano la preocupación con la llamada “dificultad contramayoritaria”:

“Dahl formuló la llamada tesis del 'régimen dominante' (ruling regime) en un artículo de gran influencia en la ciencia política. Según el Profesor Dahl, la preocupación con la 'dificultad contramayoritaria' es algo sin fundamento, por haber sido rarísimos los casos en los cuales la Suprema Corte Norteamericana fue exitosa en el intento de bloquear la voluntad de la mayoría en cuestiones políticas importantes (DAHL, 1957). Dahl argumenta que, aunque tenga competencia para tomar decisiones políticas contramayoritarias, la Suprema Corte generalmente no lo hace por estar alineada al 'régimen dominante', esto es, con el Presidente de la República y con el Congreso. Solamente durante cortos periodos de transición, cuando la antigua alianza está desintegrándose y la nueva está luchando para asumir el control de las instituciones políticas, el papel contramayoritario tendría mayores probabilidades de ser desempeñado, teniendo en cuenta que en esos periodos el Tribunal todavía es un resquicio de la antigua coalición. De acuerdo con esta concepción, el Tribunal funciona como una especie de órgano de legitimación de las políticas de la alianza dominante y de los padrones básicos de comportamiento necesarios para el funcionamiento de una democracia, los cuales presuponen la existencia de un amplio consenso acerca de su validad y adecuación. Por estas razones, a pesar de no ser una institución formalmente democrática, por ser sensible a la voluntad de la mayoría popular, la Suprema Corte posee un carácter sustancialmente democrático”[32].

¿Sería ese el caso del STF? ¿Podría usarse el comportamiento de la Suprema Corte norteamericana como explicación del comportamiento de su par brasileño?

Y aquí tomaremos como guía el siguiente interrogante: ¿La protección de los derechos de las minorías presupone, necesariamente, una actuación contramayoritaria?

Más allá de la imposibilidad de afirmar que el aparente alineamiento de opiniones entre la Corte y el Público en un dado momento significa una influencia unilateral o mutua de alguna forma, las premisas aquí son dos: 1) la defensa de los derechos de las minorías no significa siempre una decisión contramayoritaria per se y 2) una decisión contra la mayoría aparente de la voluntad popular representada por un acto de agentes electos tampoco significa una decisión contramayoritaria. Tiene que quedar claro que una decisión contramayoritaria stricto sensu defiende un derecho de una dada minoría contra la voluntad de una mayoría hipotética representada por un parlamento idealmente representativo del electorado.

Dada la imposibilidad de tomar el pulso del parlamento brasileño por pura ausencia de un método de acompañamiento de los mandatos, tomaremos el pulso directamente de la población a través de encuestas de opiniones públicas cómo lo hizo Thomas Marshall en la investigación más amplia que se conoce sobre la corte norteamericana[33]. En nuestro caso, utilizaremos el excelente estudio llevado a cabo por Joquim Falção y Fabiana Oliveira, titulado “O STF e a Agenda Pública Nacional: de Outro Desconhecido a Supremo Protagonista?”[34].

Los autores analizan una encuesta en la cual participaron internautas urbanos que acompañaban el noticiero político, por lo menos una vez por semana a través de diarios impresos y/o blogs y páginas web de noticias en las capitales de los estados de Rio de Janeiro y San Pablo, sobre sus opiniones al respecto de la decisiones de la Corte brasileña en los meses anteriores a la encuesta.

En un contexto que sugiere que la elección de los medios sobre lo que era publicado afectó la pauta de diálogo en este dado momento histórico, volcaremos nuestra atención para las tres noticias escogidas como las más importantes por los participantes. La influencia de los medios es tan evidente que prácticamente refleja el resultado de la encuesta descrita en el Cuadro 1 abajo. Según los autores:

“Uma simples pesquisa na página eletrônica de um jornal de grande circulação nacional, a Folha de S. Paulo, entre janeiro a julho de 2011, ajuda a lançar um pouco de luz sobre o assunto. A busca pelos termos de pesquisa listados abaixo, associados a STF, resultaram nos seguintes números: Cesare Battisti: 130 notícias; união homoafetiva: 40 notícias; marcha da maconha: 40 notícias; aviso prévio proporcional: 7 notícias; ICMS: 5 notícias.”[35]

Así, tenemos la siguiente tabla:

Afirman los autores que el STF juzgó en contra de la opinión pública y por consecuencia contramayoritariamente en dos de los tres casos mencionados arriba y que ocupan las tres primeras posiciones en el ranking. Lo que se busca demostrar aquí es la fugacidad y la fragilidad del análisis desde un punto de vista minoritario o mayoritario y no que las afirmaciones de los autores están equivocadas. Nuestra premisa es que el concepto contramayoritario puede simplemente ser sostenido o deconstruido según la elección de los recortes hecho de la realidad.

Veamos entonces las asertivas de los autores y los datos que las fundamentan.

En el gráfico 6, una sentencia que por naturaleza es contramayoritaria en esencia –trata del derecho de minorías– no lo fue porque la opinión de la Corte coincidió con la de la mayoría del público encuestado. Entretanto, en un país con altos niveles de homofobia reflejados en los datos sobre violencia practicada contra gays y transexuales, este autor se pregunta si en realidad este no hubiera sido un fallo contramayoritario si la encuesta hubiera sido llevada a cabo en el contexto nacional, muy distinto del de las dos capitales más cosmopolitas del país.

En lo que se refiere al gráfico 8, sustentan los autores que se trata de una decisión contramayoritaria por el simple hecho de que la decisión de la Corte de conceder libertad al italiano Cesare Battisti, acusado de crímenes comunes en Italia en el marco de un pedido de asilo político que se volvió extremamente mediático, estaba en contra de la mayoría de la opinión pública en cuestión.

Aquí tenemos algunos desafíos. En primer lugar, como nos alertan los propios autores, no es un hecho fortuito que en una simple búsqueda en la página web del diario Folha de San Pablo, al mismo tiempo de la formulación del trabajo aquí analizado, se sugiere una coincidencia entre la cobertura mediática intensa sobre exactamente los tres asuntos que resultaron populares en el gráfico 1[36]. Además, la manera como la presidencia del STF maneja la pauta de juicios y elige lo que es juzgado y cuándo por la Corte y siempre en el calor de los debates mediáticos, sugiere una búsqueda atenta por legitimación de sus decisiones en un accionar estratégico de la Corte sincronizado con la madurez del público sobre el asunto.

El recorte elegido –lectores de diarios urbanos de los dos estados económicamente más relevantes de Brasil– generó una situación de clara oposición como resultado de la encuesta ejecutada. Sin embargo, llamó la atención para la tabla presentada aquí abajo con los datos gubernamentales más recientes sobre el contexto de analfabetismo en Brasil.

Solo la región nordeste, que según lo divulgado por la agencia de geografía estadística del gobierno brasileño -IBGE- abarca alrededor del 28% de la población del país, tiene una masa del 30% de analfabetos funcionales. No es improbable que el caso aislado y especifico del italiano Cesare Battisti nunca llegó a ser tema de debate en los bares, las peluquerías o panaderías del nordeste brasileño. Este autor no cree que ese haya sido un asunto cercano a realidad y contexto socio cultural de esta región, por ejemplo.

Aquí estamos, muy probablemente, delante de un caso que apunta para un contexto de posibles divergencias entre la mayoría nacional y las minorías regionales o locales. En innúmeras cuestiones federales, la protección de derechos de la mayoría de la población nacional puede exigir decisiones contrarias a los intereses locales. Esto significa que una determinada decisión puede ser contramayoritaria en términos regionales o locales, pero mayoritaria en el ámbito nacional.

En este caso en particular, es difícil pensar que hubo un movimiento nacional contra la liberación del extranjero. Lo que aparenta ser una decisión contramayoritaria de la Corte en términos numéricos –un fallo en un contexto numéricamente en contra de la potencial voluntad de la población– tal vez no se mantendría como tal si la encuesta hubiera sido nacional o simplemente hubiera incluido a la población completa –de la capital y provincia– de los dos estados encuestados.

En suma, una sentencia con rasgos contramayoritarios, con un accionar de la Corte en defensa de las reglas del juego democrático y de las minorías, no necesariamente sería vista como contramayoritaria desde un punto de vista numérico en una encuesta nacional por el simple hecho de que el tema no era precisamente un tema de preocupación nacional.

Como bien apuntado por Movelino,

“Las investigaciones realizadas en el ámbito de la ciencia política tienden a concentrar el análisis en áreas de mayor destaque o en casos sobresalientes, cuya repercusión despierta un mayor interés general y en los cuales, por consiguiente, la opinión pública tiende a interferir con mayor intensidad. Por eso, parte de los estudios sobre el tema tiene un alcance limitado y termina por sobrevalorar la influencia de la opinión pública en el resultado de las decisiones. Basta recordar que la abrumadora mayoría de los casos decididos por una Corte Constitucional se caracteriza por la baja publicidad y por la poca relevancia entre el público”[37]. (Traducción propia)

El Gráfico 10 trata de la “marcha da maconha”, una protesta urbana, organizada por los que apoyan a la despenalización de la marihuana. ¿Fallar en contra del 51% de la opinión pública resultante de una encuesta en la cual participaron lectores frecuentes de diarios de las capitales de los dos estados más activos y ricos es decidir contramayoritariamente?

Y además, como señalado por los autores:

“No entanto, essa questão é bastante polêmica; com relação a ela, há uma divisão mar- cante entre entrevistados de diferentes gêneros, idades e orientações religiosas. Metade dos homens concorda com liberação das passeatas, enquanto apenas 32% das mulheres concordam. A maioria dos jovens de até 24 anos concorda, enquanto maioria dos entrevistados acima de 24 discorda. A maioria dos religiosos discorda, enquanto a maioria dos que não segue religião concorda com decisão.

A posição também é divergente entre pessoas de baixa e alta escolaridade e renda quem tem escolaridade e renda mais alta tende a concordar e quem tem renda e escolaridade mais baixa tende a discordar”[38].

Es importante recordar que el 16 de enero del 2017 la agencia gubernamental encargada de liberar el uso de drogas en Brasil (ANVISA -agencia nacional de vigilância sanitária-) aprobó el registro del primer remedio a base de Cannabis Sativa para el tratamiento de las enfermedades relacionadas a la esclerosis múltiple sin grandes protestas mediáticas o callejeras[39]. Este autor no está seguro si este fallo tampoco puede ser considerado contramayoritario desde algún punto de vista concreto.

Sin embargo, una clara sentencia contramayoritaria fue emitida por la Corte en el marco de la Ley de la Ficha Limpa, la cual fue puesta en marcha por iniciativa popular y que impedía políticos condenados por un largo listado de crímenes –entre ellos los en contra de la administración pública lato sensu– por tribunal de segundo grado, de presentarse delante del electorado como candidatos.

Cómo bien nos apunta Novelino, “el estado de tensión entre el papel de la jurisdicción constitucional y la democracia fue destacado por el Ministro Gilmar en su voto”[40].

“Frente a la expectativa de gran parte del público en relación a la incidencia inmediata de las nuevas reglas, Mendes argumentó que la misión de la Corte sería aplicar la Constitución, independientemente de la opinión pública, siendo que el principio de la anterioridad electoral -artículo 16 de la Constitución Federal[41]-, como garantía de la minoría, debería actuar como 'una barrera contra la actuación siempre amenazadora de la mayoría'”.

El voto del ministro Gilmar Mendes es merecedor de nuestra atención:

STF – RE 633.703/MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 23.3.2011: “El argumento de que la ley es de iniciativa popular no tiene aquí peso suficiente para minimizar o restringir el papel contramayoritario de la Jurisdicción Constitucional. Es comprensible la acción de las varias asociaciones y de las varias organizaciones sociales teniendo en cuenta la repercusión que este tema tiene en la opinión pública. Sabemos que, para temas complejos en general, siempre hay una solución simple y en general equivocada. Y para ese caso la población pasa a creer que la solución para la improbidad administrativa, para las mazelas de la vida política, es la Ley de la Ficha Limpa. A partir de esto hay, en verdad, una tentativa de encarcelar, lo que nos dificulta enormemente la misión en esta Corte, como en otros casos, porque terminamos teniendo que pronunciarnos de forma contramayoritaria, claro, teniendo en cuenta la opinión pública, según las encuestas de opinión. Pero esta es la misión de esta Corte: aplicar la Constitución, aunque sea contra la opinión mayoritaria. Ese es el ethos de una Corte Constitucional. Es fundamental que tengamos esa visión. Eso ya está, en verdad, en las lecciones de los clásicos norteamericanos desde Hamilton; eso está en Alexander Bickel y su famoso The least dangerous branch; [...] Tengo la impresión de que este es un caso ejemplar de tensión entre jurisdicción constitucional y democracia. Es evidente que la expectativa de la llamada opinión pública era en el sentido de que nosotros nos pronunciáramos por la aplicación inmediata de la Ley de la Ficha Limpa, hasta que descubrieran que esa solución sería un atentado contra la propia democracia. La Ley de la Ficha Limpa (LC 135/2010) fue resultado de un proyecto de iniciativa popular, suscripto por más de un millón seiscientos mil ciudadanos brasileños. El hecho es presentado por los diversos medios de comunicación como representativo de una pujante voluntad popular de retirar del proceso electoral ciudadanos que tengan vida anterior no condecente con la probidad y moralidad necesarias para el ejercicio de cargos políticos. De esta manera se terminó construyendo y estimulando un sentimiento popular extremamente negativo en torno del juicio de la constitucionalidad de esta Corte, al profundizarse en el examen de la Ley de la Ficha Limpa, decide por no aplicar esta ley a las elecciones de 2010 o encuentra problemas de constitucionalidad en uno u otro dispositivo especifico de la ley, esto porque dicha ley está a favor o al menos transige con la corrupción en la política. El hecho de que la ley esté bajo el cribo e la Suprema Corte de Brasil es llevado al público en general como una amenaza a la Ley de la Ficha Limpa y a la moralidad en las elecciones. Es el deber de esta Corte aclarar, por medio de este juicio, el papel que cumple en la defensa de la Constitución. Por eso creo que estamos, hoy, cumpliendo bien esa misión, el ethos para el cual esta Corte se destina”. (Traducción propia)

4. Conclusiones [arriba] 

Así, he aquí algunos hechos importantes que deben ser tomados en cuenta cuando se analiza la influencia de la presión popular, expresada de la forma que sea, y que termina, a veces, siendo ignorada. Este autor cree que la verificación de la existencia de una sintonía real entre la opinión pública y las decisiones de un Tribunal debería tener en cuenta las consideraciones y hechos a seguir.

Primero, como en el contexto norteamericano, tal vez el concepto tradicional del STF presente en los discursos de sus ministros más activos como el defensor de los derechos de las minorías contra las imposiciones de la mayoría sea, en gran medida, incorrecto.

Segundo, lo que llamamos de dificultad contramayoritaria, definida como característica de la jurisdicción constitucional, asume como premisas conceptos idealizados y elusivos. ¿Quién garantiza que hay una identidad entre la voluntad popular y lo que eligen como prioridad los representantes electos? En un contexto como el brasileño y el argentino en los cuales hay una profunda crisis de representatividad instaurada en el seno de los poderes políticos, en los cuales prácticamente no hay herramientas de acompañamiento del ejercicio de los mandatos legislativos, la probabilidad de falta de sinergia entre la voluntad popular y la expresa por sus agenten electos es significativa.

Tercero, mucho de lo que es llamado como Opinión Pública presupone un concepto de ‘público’ idealizado por una Francia revolucionaria y que respondía a los deseos de legitimación de una burguesía de 3 siglos atrás.

Cuarto, La dificultad contramayoritaria presupone una corte idealizada y defensora de derechos minoritarios que en el contexto norteamericano se mostró empíricamente inexistente, y la acción contramayoritaria presupone un parlamento alineado y representante de la voluntad de la mayoría de los electores en un contexto como el brasileño en el cual de los 513 parlamentares, solamente 28 fueron elegidos con votos propios. Todos los demás, por lo tanto, recibieron un “aventón” para llegar al mandato. No fue en vano el shock de la nación en el reciente proceso de Impeachment de la ex presidente Dilma en Brasil que no se reconocía a sí misma en los nobles legisladores que se presentaban para votar en nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, de la madre de santo, de la suegra, etc.

Quinto, en un contexto continental como el brasileño, difícilmente la defensa de derechos de una mayoría nacional esté en sintonía con los intereses locales o regionales. La consecuencia inevitable es que una determinada decisión de la Corte puede ser contramayoritaria en términos regionales o locales, pero mayoritaria en el ámbito nacional o viceversa.

Sexto, lo que fue aprobado por una determinada legislatura en el pasado no necesariamente refleja más los intereses y necesidades de la población actual y de los miembros de la legislatura actual. Hay que tener en cuenta el lapso temporal. Así, la invalidación de una ley provocada por un cambio en los intereses políticos de la legislatura actual, no necesariamente es una decisión efectivamente contramayoritaria.

Séptimo, pero no menos importante, y visiblemente demostrado en el caso debatido en este trabajo en la decisión de la Corte de reconocer la unión estable de parejas homoafectivas y equipararlas en derecho a las heterosexuales, el Tribunal puede decidir a favor de los derechos de las minorías y, así mismo, contar con el apoyo mayoritario. La defensa de derechos de una minoría no necesariamente implica un accionar contramayoritario.

Finalmente, los datos crudos pueden ser engañosos. Un análisis simplemente cuantitativo y no profundizado del número de leyes declaradas anticonstitucionales no nos ilumina en relación a la manera que actúa una Corte. Nada nos garantiza que haya sincronía entre el accionar legislativo y los intereses de la mayoría de la población. La democracia formal en el contexto brasileño no representa ninguna garantía de legitimidad democrática sustancial. La anulación por la jurisdicción constitucional de actos de otros ramos del gobierno no siempre representa una decisión contraria a las preferencias de la mayoría popular. En otros, la declaración de inconstitucionalidad de una ley y/o la protección de derechos de las minorías puede significar un refuerzo de la voluntad mayoritaria y no su debilitamiento.

Una Corte Constitucional puede actuar de manera esencial no apenas en la protección de los derechos de las minorías contra eventuales excesos de la mayoría, sino también en el rol apuntado por Robert Alexy de “representante argumentativo de la sociedad”, fomentando el proceso de conformación de la política estatal a las efectivas preferencias nacionales existentes y/o emergentes frente a eventuales conflictos entre la legislación y la voluntad de la mayoría popular[42]. O, aún, como afirmado por Luís Roberto Barroso, en un papel representativo en el sentido de contraponerse “a la falta de actuación legislativa para atender esas demandas de la sociedad, le cupo al STF interpretando principios constitucionales, formular las respuestas constitucionalmente adecuadas”[43].

Hay en este momento histórico en Brasil, un proceso muy riesgoso en el cual parece esperarse que el judicial supla la falta de legitimidad institucional que atraviesan el legislativo y el ejecutivo. No creemos que el judicial o que el STF tenga mayor competencia o que sea la institución más adecuada para acomodar el debate y la representatividad del interés popular. Sin embargo, como ya afirmamos, la tradicional mirada maniquea enfocada solamente en el binomio mayoritario y contramayoritario puede llevar a una dicotomía irreflexiva entre mayoría y minoría, opacar una visión más realista y por consecuencia conducir a respuestas innecesariamente antagónicas. Y peor, fundamentar propuestas de cambios innecesarios. Tal vez la respuesta esté situada entre los dos extremos, y a pesar de las razones fundacionales que teníamos para crear el STF, quizás su rol mayor sea el de estimular la conformación de la política a la voluntad de la mayoría popular.

 

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Notas [arriba] 

* Profesor de Bioderecho del grado de la Facultad Pitágoras en Belo Horizonte y de Derecho Constitucional del posgrado de la Fundación Getúlo Vargas/Rio – red conveniada nacional, Brasil. Alumno del Programa de Doctorado en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires – UBA, Argentina. Master of Laws – LL.M en Litigation en la Fundación Getúlio Vargas – FGVRio, Brasil. Master en Literatura Inglesa en la Universidad de Sussex, Inglaterra y Especialista en Lingüística Aplicada en la Universidad de Brasilia - UnB. Graduado en Derecho en la Universidad Cândido Mendes – UCAM, Rio de Janeiro y en Letras en la Universidad Federal de Minas Gerais, UFMG. Abogado, profesor y conferencista en las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho & Literatura/Cine. Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional – AAJC, y del Instituto de Estudios Políticos y del Estado de la AAJC. Miembro del Colegio de Profesores de la Academia Brasileña de Derecho Constitucional y Investigador Parlamentario del Congreso de México – REDIPAL.

 

[1] POSNER, Richard A. How judges think. Cambridge: Harvard University Press, 2008, p. 24.
[2] Traducido al castellano por Florencia Bevacqua y revisado por Plauto Cardoso.
[3] COALE, Ansely. The Growth and Structure of Human Populations: A Mathematical Investigation. Princeton: Princeton University Press, 1972, cap. II.
[4] Disponible en https://www.un.org/development/desa/es/news/population/world-population-prospects-2017.html. Acceso: 23/06/17.
[5] Para ver más sobre sobre este asunto, hacemos referencia al lector al fundamental LLOSA, Mario Vargas. La civilización del espectáculo. 1a ed. Buenos Aries: Alfaguara, 2013.
[6] SARLO, Beatriz. Buenos Aires, 26/02/17. Entrevista concedida al periodista Alejandro Czerwacki del diario Clarín. Disponible en: http://www.clarin .com/ opinion /di sgusta- uso-fam ilia-fel iz-herram ienta-propag andis tica_0_r yHPH 8Ru g.html. Acceso: 10/03/17.
[7] Para más sobre una prespectiva histórica del concepto de Opinión Pública, recomendamos el imprecindible BERCHOLC, Jorge. Opinión Pública y Democracia: influencia y efectos de los medios de comunicación masiva. Buenos Aries: Lajouane, 2015.
[8] Para más, ver CARDOSO, Plauto, et al. Constitucionalismo en América Latina: evolución, retos y perspectivas para el siglo XXI. Ciudad de México, Editora Sedia, 2017. http://www.di putados. gob.mx/ sedia/sia /redi pal/CRV_X_ 10_1 7_Re sumen.pdf. (en prensa)
[9] ENGLEMANN, Fabiano; PENNA, Luciana Rodriguez. “Constitucionalismo e Batalhas Políticas na Argentina”. In: Estudos Históricos: Rio de Janeiro, vl. 29, n. 58, p. 505-524, mayo-agosto, 2016, p. 507.
[10] Para más sobre la amplitud del debate en la Corte a lo largo del año 2016, sugerimos el excelente texto Onze Supremos: o supremo em 2016, organizado por FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego; FELIPE, Recondo (org.). Belo Horizonte: Letramento: Caso do Direito: Supra: Jota: FGV Rio, 2017.
[11] Disponible en http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfSobreCorte_pt_br&idConteudo=196222&modo=cms. Acceso: 23/06/17.
[12] El término Corte Constitucional es utilizado aquí para designar a las cortes y tribunales creados a imagen y semejanza de la Corte Suprema Estadounidense – caso del STF brasileño, así como sus pares europeos.
[13] Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/88400-visibilidade-do-supremo-mais-que-duplica.shtml.Acceso: 20/06/2017.
[14] http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/06/1894741-estou-mais-para-nao-ser-diz-joaquim-barbosa-sobre-sair-candidato.shtml. Acceso: 23/06/17/
[15] DATAFOLHA, Opinião Pública, 14/12/2012, Disponible en: http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=1281. Acceso: 19/12/2012.
[16] NOVELINO, Marcelo. A influência da opinião pública no comportamento judicial dos membros do STF, p. 267. Disponbile en http://www.osco nstituciona listas. com.br/wp -co ntent/upl oads/A-influ %C3%AAncia- da-opini%C3% A3o-p%C 3%BAb lica-no-com portament o-judicial-do s-membros-do -STF.pdf. Acceso en 10/05/2017.
[17] Para un debate sobre las presiones sufridas por jueces en procesos mediáticos, ver CARDOSO, Plauto. “Precedentes Judiciais: o papel da hermenêutica e dos elementos não textuais da norma para a unidade do direito e a segurança jurídica”. In: Izolani, Franciele Lung; Oliveira, Jaqueline Sampaio (Coord.) Latinoamerica Y Derecho en Exposición. Vol. VI. Olinda: Editora Livro Rápido, 2017.
[18] Para más detalles, ver http://w ww.cij.gov. ar/nota-25746- La-Corte-Supre ma--por-mayor- a--declar--aplicable- el-c-mputo-d el-2x1-pa ra-la- prisi-n-en-un-caso-d e-delitos-d e-lesa-hu manidad. html.
[19] I Relatório Supremo em Números: o Múltiplo Supremo. FGV, p. 21. Disponible es http://www.fgv .br/supremo emnumer os/. Acceso: 20/12/2017
[20] ALEXY, Robert. “Ponderación, control de constitucionalidad y representación”, in: ALEXY, Robert. Teoría del discurso y derechos constitucionales. México: Distribuciones Fontamara, 2005. El filósofo alemán sostiene que las cortes arreglan las distorsiones generadas por el Legislativo. Para Alexy, el Parlamento representa al ciudadano políticamente y las Cortes Supremas lo hacen argumentativamente.
[21] BARNUM, David G. The Supreme Court and public opinion: judicial decision making in the post-New Deal period. The Journal of Politics, Vol. 47, N. 2, Jun., 1985, p. 664. Disponible en http://www .jstor.or g/stabl e/2130901. Acceso: 22/06/17.
[22] http://www.conj ur.co m.br/ 2014-f ev-13/stf- exerce -papeis- contramajoritari o-repre senta tivo- afirma-barro so. Acceso: 20/06/17.
[23] BERCHOLC, 2015, p. 15. Le recomendamos al lector el fundamental debate profundizado sobre el tema llevado a cabo por Bercholc en la página 39, de la sesión VI del capítulo I del referido libro en el cual se analizan los posibles significados aislados de los términos “Opinión” y “Público” y los potenciales resultados semánticos de la expresión “Opinión Pública”, apuntando el peligro de generar una definición abarcadora, inaplicable, contradictoria e ineficaz como la siguiente: “se trataría de juicios subjetivos, pareceres, intuiciones, que no implican saber ni conocimiento, que no requieren prueba de objetividad, y que se expiden por los individuos sobre temas de interés general vinculados al Estado, a la política, a actos de gobierno y toma de decisiones, cuestiones que adquirieron publicidad y respecto de las cuales se exteriorizan opiniones a efectos de apoyar, influir o criticar, que puedan expresarse sin temor a ser aislado o discriminado, y que por ello coincidirán con la opinión mayoritaria.”
[24] BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 7. Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1988., p. 562. Traducción propia.
[25] NOVELINO, Marcelo, p. 322. Traducción propia.
[26] Discurso completo de posesión del Ministro Carlos Ayres Brito como Presidente del STF. Disponible en http://www.conjur.com.br/2012-abr-19/ayres-britto-toma-posse-presidencia-supremo-tribunal-federal. Acceso: 23/06/17. Hasta qué punto llegamos en el extremo del positivismo jurídico para que el rol del juez pueda ser visto como el de unir el derecho con la vida. Que uno de los jueces más preparados que el STF tuvo en su historia pueda concebir el derecho escindido de la vida, como si nuestro ordenamiento jurídico fuese creado en marte y en algunos momentos bajase a la tierra y hubiese un encuentro y una fortuita yuxtaposición entre derecho y vida, apunta el absurdo aislamiento del derecho de su contexto original como una ciencia social aplicada presente hasta en el discurso de uno de los más relevantes de sus doctrinadores. Para un Constitucionalista como este autor, que viene de la literatura y que ve al derecho y la literatura igualmente como productos culturales, pensar el derecho ajeno a la vida es simplemente una imposibilidad.
[27] MARSHALL, Thomas R. Public Opinion and the Supreme Court. New York: Longman, 1989, p. 35-39.
[28] NOVELINO, Marcelo, p. 269-270. Traducción propia.
[29] Ibídem, p. 270. Traducción propia.
[30] MARSHALL, Thomas R., p. 192.
[31] En este sentido, ver el análisis sobre el debate de la aplicación del instituto original del derecho Colombiano del Estado de Cosas Inconstitucional en Brasil por primera vez en un contexto argumentativo interesante, pero con consecuencias prácticas limitadas desde un punto de vista jurídico: CARDOSO, Plauto. “Estado de Coisas Inconstitucional e Violação a Direito Fundamental no Contexto do Sistema Carcerário Brasileiro.” In: Izolani, Franciele Lung; Oliveira, Jaqueline Sampaio (Coord.) Latinoamérica Y Derecho en Exposición. Vol. VII. Olinda, Editora Livro Rápido, 2017. (en prensa)
[32] NOVELINO, Marcelo, p. 276-277. Traducción propia.
[33] MARSHALL, Thomas R. Public Opinion and the Supreme Court. New York: Longman, 1989.
[34] FALCÃO, Joaquim; OLIVEIRA, Fabiana. O STF e a Agenda Pública Nacional: De Outro Desconhecido a Supremo Protagonista? Lua Nova, São Paulo, 88: 429-469, 2013. Disponible en http://www.s cielo.br/p df/ln/n8 8/a13n8 8.pdf. Acceso: 05/05/17.
[35] Ibidem, p. 455.
[36] FALCÃO, Joaquim; OLIVEIRA, Fabiana, p. 455.
[37] NOVELINO, Marcelo, p. 289-290.
[38] FALCÃO, Joaquim; OLIVEIRA, Fabiana, p. 462.
[39] https://notic ias.uol.co  m.br/saude /ultimas-notici as/redac ao/2017/01/ 16/anvisa-ap rova-reg istro-do- primeiro -medica mento-a -base-de- maco nha-no-br asil.htm
[40] NOVELINO, Marcelo, p. 274. Traducción propia.
[41] Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993). Disponible en http://www.pla nalto.gov .br/ccivil_03 /constituicao/cons tituicaoc ompilado. htm. Acceso: 23/06/17.
[42] BARNUM, David G. The Supreme Court and public opinion: judicial decision making in the post-New Deal period. The Journal of Politics, Vol. 47, N. 2, (Jun., 1985), p. 664. Disponible en http://w ww.js to r.org /stable /2130901. Acceso: 22/06/17.
[43] http://www.co njur.com .br/2014 -fev-13/s tf-exerce -pa peis-co ntram ajo ritario -repre se ntativ o-afi rm a-bar ros o. Acceso: 20/06/17.