Doctrina
Título:Entre la flexibilización relativa del límite de cobertura y la inalteridad absoluta del Contrato de Seguro. Comentario al fallo "Brethauer, Sergio G. c/Iñiguez, Sandra F. y Otros s/Daños y Perjuicios"
Autor:Morea, Adrián Oscar
País:
Argentina
Publicación:Biblioteca IJ Editores - Argentina - Seguros
Fecha:21-08-2019 Cita:IJ-DCCLVI-280
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1. Introito
2. Fundamentos
3. Solución jurídica adoptada
Notas

Entre la flexibilización relativa del límite de cobertura y la inalteridad absoluta del Contrato de Seguro

Comentario al fallo Brethauer, Sergio G. c/Iñiguez, Sandra F. y Otros s/Daños y Perjuicios [1]

Adrián Morea

1. Introito [arriba] 

El proceso inflacionario no es solamente un fenómeno económico que ha impactado en el deterioro del poder adquisitivo de la moneda nacional, sino que además ha desencadenado alteraciones cuantitativas y cualititativas en la vida de las obligaciones jurídicas.

Ante la ausencia de soluciones legales de carácter general que aseguren la preservación del contenido económico de las denominadas deudas de valor –las que no resultan alcanzadas por la prohibición de indexar impuesta por la Ley de convertibilidad n°23.928-, los jueces han tenido que asumir la responsabilidad de integrar pretoriamente ese vacío legal mediante la ideación de mecanismos que tiendan a neutralizar esta distorsión.

Sobre esta cuestión, la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, en un muy reciente fallo, ha propiciado la revisión del concepto de justicia legal a la luz del contexto económico. En este sentido, el Tribunal sostuvo que: “El paso del tiempo y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional siempre fueron factores que complejizaron la función jurisdiccional: los magistrados no solo deben dictar resoluciones judiciales que sean justas (entendiendo por tales a aquellas que hacen una correcta aplicación técnica de las normas vigentes) sino que también deben brindar soluciones que tengan eficacia práctica procurando mecanismos que permitan mantener mínimamente el valor del crédito controvertido y sobre cuya existencia y alcance se había gestado el pleito”[2].

Una de las grandes problemáticas que ha puesto de relieve el impacto inflacionario se refleja en la diferencia entre los montos de condena fijados a valores históricos y aquellos existentes al tiempo del dictado de la sentencia. Su referencia deviene igualmente útil en punto al tema que nos disponemos a introducir, cuál es la erosión por inflación del valor real del límite máximo de cobertura en el contrato de seguro.

En la causa que motiva este comentario, la Cámara Civil y Comercial de Pergamino advirtió que la determinación de la extensión del resarcimiento a que tienen derecho los damnificados por el hecho atribuible al responsable se canalizaba en una suma indemnizatoria que excedía el límite máximo de cobertura vigente al momento del hecho dañoso. Y siendo que ese hito temporal establecía la pauta determinante de las condiciones contractuales aplicables al deber de garantía de la compañía aseguradora, la aplicación de una solución lineal conllevaba ineludiblemente a una cobertura parcial del daño resarcible, dado que al momento de dictar sentencia la inflación había erosionado el contenido económico del monto nominal de la cobertura.

Cabe recordar aquí que, en la causa B.915.XLVII (Recurso de hecho en "Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios", sent. de 8-IV-2014), la Corte Nacional, si bien en un supuesto de exclusión de cobertura, ya había sostenido que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes y que los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos, porque no participaron de su realización, de modo que si desean invocarlo deben circunscribirse a sus términos (arts. 1137, 1.195, 1197 y 1.199, Cód. Civ. Y art. 118 de la ley 17.408). En consecuencia, y a tenor de esta tesis, al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aun aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad del asegurador, sin distinguir la naturaleza que éstas pudieran tener.

Frente a tan radical contexto normativo y jurisprudencial, y atento a que el deterioro del valor que experimentó el límite máximo de la cobertura contratada había sido materia específica de agravio por parte de los reclamantes con fundamento en esta circunstancia sobreviniente, el órgano revisor, con base en diversos fundamentos, procedió a elaborar una respuesta jurídica que permitiese neutralizar el impacto degradatorio del proceso inflacionario en la economía de la relación asegurativa y que, asimismo, respetase -en términos reales y no nominales- las condiciones de la cobertura contratada vigente al momento del hecho conforme a la naturaleza de deuda de valor de la obligación de indemnidad del asegurador.
En este sentido, los camaristas flexibilizaron el límite máximo nominal de la cobertura contratada sobre la base de la variación porcentual que había experimentado el precio de la prima por el seguro contratado entre la fecha del hecho y la fecha de la sentencia, a fin de extenderlo sobre la base del referido porcentaje.

2. Fundamentos [arriba] 

2.1. Estructura técnica del sistema de seguros.

En primer término, señalaron que, desde la perspectiva de los fundamentos técnicos del seguro, el ajuste propuesto no era incompatible con la previsibilidad del método estadístico como condición de funcionamiento de la mutualidad de riesgos que hace a la esencia del actividad aseguradora, toda vez que la flexibilización del límite de cobertura no quedaba librado a un hecho meramente potestativo o ajeno al conocimiento del asegurador, sino que guardaba estricta relación con las pautas de actualización de precios de prima que el propio sistema asegurador aplicaba a las pólizas que se iban renovando. En términos textuales, se dijo que: “el ajuste propuesto tiene la virtud de no desquiciar la necesaria previsibilidad del método estadístico en cuanto relevamiento mensurado de hechos humanos y naturales. En efecto, la determinación anticipada del costo que afronta cada integrante de la mutualidad queda garantizada desde el momento en que la flexibilización del límite de la cobertura estaría ligado a las pautas de actualización de precios de prima que determina el propio sistema asegurador”.

En relación a este aspecto, los magistrados votantes entendieron que el criterio de flexibilización propiciado atendía más fielmente a la relación de interdependencia entre la prima y el riesgo asegurado que debe caracterizar a la fase dinámica del contrato del seguro, por cuanto el parámetro utilizado “responde mejor al objetivo de lograr una deseable relación de equivalencia en la economía contractual, en auxilio de la máxima reciprocidad de intereses”.

Interesa notar que el Tribunal no se limitó en este punto a brindar el fundamento convalidante de la solución propuesta, sino que, con un sentido más amplio y global, explicitó los criterios interpretativos a partir de los cuales procedió a revisar la lógica interna del contrato de seguro. Al respecto, promovió expresamente una interpretación contextual de la relación asegurativa, sosteniendo que “constituye una regla hermenéutica consagrada en el ámbito del seguro que las condiciones generales no deben ser interpretadas aisladamente sino en relación al conjunto, ni en forma rígida, sino de manera que asegure el cumplimiento de los propósitos perseguidos en el contrato de seguro”.

2.2. Protección de la confianza legítima o buena fe subjetiva.

Por otra parte, la Cámara valoró la necesidad de proteger la confianza legítimamente suscitada en el tomador del seguro como manifestación específica del principio de buena fe (art. 9 del CCyC): “El principio de buena fe (art. 1198 del Código Civil) también ocurre en respaldo de esta interpretación, al ordenar a las partes un ´comportamiento legal y adecuado a la creencia y confianza despertada en la otra, (…) haciendo inadmisible la contradicción con una conducta previa y propia´…”.
En consonancia con ello, contempló que de no aplicarse el correctivo de referencia ”se estaría creando en el espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía inexistente (…)”. En sustento de lo dicho, puntualizó que si el límite máximo de cobertura existente al momento de la contratación se correspondía con una expectativa más elevada de indemnidad patrimonial, permitir que, a la postre, el efecto degradatorio del proceso inflacionario licúe el contenido económico real de la cobertura contratada implicaba lesionar la confianza suscitada en el tomador del seguro respecto a la extensión cuantitativa real de la obligación de indemnidad asumida por el asegurador.

2.3. Doctrina de los actos propios.

En íntima relación con lo antedicho, la Cámara le asignó relevancia a la práctica comercial habitual del asegurador consistente en elevar periódicamente el monto nominal de la prima sin que ello guarde relación con la amplitud del servicio prestado al asegurado. Al respecto, consideró que tal proceder debía funcionar como una pauta para evaluar si la flexibilización del límite de cobertura resultaba o no conforme a derecho.

En sustento de la solución expuesta, los magistrados hicieron mérito de una consolidada línea jurisprudencial que ha venido reconociendo que la conducta de las partes del contrato de seguro constituye una referencia de inestimable valor en punto a la determinación del alcance y sentido de las cláusulas que integran la relación jurídica asegurativa. En esta dirección, hicieron propios los fundamentos de la Sala D de la Cámara Nacional Civil en cuanto consideró que “por efecto del peculiar régimen normativo del seguro, los efectos de cualquier relación de esta índole no quedan determinados tan solo por sus propios términos, por las disposiciones legales y por los hechos materialmente acaecidos, sino que también incide notablemente al desempeño de las partes” (CNCom., Sala D, 14/3/1980, “Duran J. c. La Nueva Coop. De Seg”; CN Fed. Civ. Y Com., Sala III, 12/5/1998, “Perasso, R. c. Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires”)”. El razonamiento lógico desplegado en base a este criterio fue rotundo y contundente: “si el asegurador ha ido aumentando progresivamente la prima del seguro como consecuencia de la tendencia inflacionaria de la economía nacional sin que tenga ello relación con una mayor amplitud de la prestación brindada, no puede luego venir a pretender la inalteralidad absoluta del límite de la cobertura con fundamento en que la misma era la históricamente vigente al tiempo de la ocurrencia del siniestro. Tal actitud no sólo omite la obvia circunstancia de que el precio de la prima es la lógica contrapartida de la cobertura asegurativa, sino que además evidencia una contradicción manifiesta entre los parámetros que el asegurador aplica para resguardarse de las externalidades económicas (inflación) y aquellos que pretende aplicarle al asegurado frente a idéntica contingencia”.
En efecto, el referido proceder encuentra un límite infranqueable en el principio de buena fe (art. 9 del CCyC) a partir del cual se funda la doctrina de los actos propios cuya lógica determina que: "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz"[3]. La consecuencia sistémica que deriva de ello es la desestimación de la pretensión de la citada en garantía de circunscribir el alcance de la cobertura al límite máximo nominal vigente al momento del hecho.

2.4. Naturaleza jurídica de las deudas de valor.

Otro aspecto que fue expresamente considerado por la Cámara tanto para invalidar la aplicación del monto nominal del límite cobertura como para sostener la legitimidad del ajuste propuesto residió en la naturaleza jurídica de deuda de valor de la obligación de indemnidad a cargo del asegurador frente al tomador y, especialmente, al tercero damnificado, de cuya esencia derivaría la necesidad de proceder a su actualización intrínseca.

Más allá de la discusión doctrinaria en torno a si media una diferencia ontológica entre las deudas dinerarias y las deudas de valor, no puede dudarse de que éstas últimas tienen por objeto un valor abstracto o una utilidad, constituida por bienes, que habrá de medirse necesariamente en dinero en el momento del pago. A diferencia de las obligaciones dinerarias, aquí lo adeudado no es una suma de dinero sino un valor, que necesariamente habrá de cuantificarse en dinero en el momento del pago.

En rigor, en la obligación de valor lo que se debe no es dinero, sino un valor que, aunque termine traduciéndose en dinero, permitirá siempre la actualización que sea necesaria hasta alcanzarlo y representarlo por medio de una suma de dinero.

En este sentido, el art. 772 del Código Civil y Comercial ha venido a despejar cualquier duda que pudiese suscitar la vigencia de esta categoría obligacional: “ Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección”.

En tanto el Código de Vélez no contenía una previsión normativa general que rigiera este tipo de obligaciones por lo que la doctrina las encuadraba en el art. 616 de dicho cuerpo (“Art. 616. Es aplicable a las obligaciones de dar sumas de dinero, lo que se ha dispuesto sobre las obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles, sólo determinadas por su especie, y sobre las obligaciones de dar cantidades de cosas no individualizadas”), el nuevo Código ha venido a conferirle un estatus conceptual y jurídico autónomo a las obligaciones de valor. Lo adeudado aquí no es dinero, sino un determinado valor, utilidad o ventaja patrimonial que se traducirá en dinero al momento del pago[4].

Hecha esta digresión, cobra sentido la incidencia que tuvo en el caso la calificación que hizo el Tribunal de la obligación de indemnidad del asegurador en el seguro de responsabilidad civil (art. 109 de la ley 17408) como deuda de valor, por cuanto siendo el límite de la cobertura contratada un aspecto accesorio a ella, se impuso como consecuencia forzosa la necesidad de trasladar la pauta de actualización al valor representado en ese límite cuantitativo al momento de dictar sentencia.
Al respecto, los magistrados entendieron que: “Tal circunstancia se potencia si además se tiene en cuenta la naturaleza de deuda de valor de la obligación indemnizatoria de aquél frente al tercero damnificado lo que conlleva a un distanciamiento cada vez mayor entre el tope nominal de la cobertura originariamente convenida y la actualización intrínseca que caracteriza a la estructura de la obligación indemnizatoria, a medida que se prolonga el proceso judicial determinativo de la responsabilidad civil del tomador”.

Por vía indirecta, la Cámara entendió que la prohibición indexatoria (art. 9 de la ley 23.298) carecía de virtualidad para vedar el ajuste por inflación de las condiciones contractuales que integran el contrato de seguro y, en particular, del límite máximo de la cobertura contratada, toda vez que había quedado demostrado que el valor intrínseco de la obligación de indemnidad a cargo del asegurador resultó disminuido como consecuencia del efecto inflacionario.

2.5. Análisis económico del derecho.

Mención aparte merece la utilización de un argumento de análisis económico del derecho.

En este sentido, cabe señalar que nuestra Corte Nacional ha alertado sobre el riesgo que implica una aplicación mecánica de la ley en tanto puede conducir al absurdo del summus ius, summa injuria. Por este motivo, ha reclamado de los intérpretes que ponderen la realidad económica y que, en general, verifiquen la razonabilidad de los fallos atendiendo a las consecuencias que derivan de ellos.

No se trata de subordinar el derecho a la economía, o “presupuestar” -valga el neologismo- los derechos, sino de comprender la trascendencia económica de las decisiones legislativas y judiciales, a fin de poder estar mejor posicionados a la hora de realizar el derecho sobre bases firmes y no sobre quimeras.

El AED aporta conocimientos científicos útiles para poder elegir, dentro del universo de la juridicidad, la opción más eficiente posible, es decir aquella que permita cumplir el fin del derecho -para nosotros, el bien común- al menor costo posible.

Puntualmente, esta disciplina nos proporciona elementos de análisis para diagnosticar la sustentabilidad económica no sólo de las decisiones judiciales en concreto, sino también del régimen legal mediante el cual se reglamenta una actividad, un derecho o un programa institucional. En orden a tal fin, provee criterios útiles para identificar, a la hora de resolver una determinada cuestión, los incentivos y desincentivos que condicionan la acción humana individual y colectiva.

La Corte Suprema no se ha mantenido al margen de esta problemática. Desde mediados de la década del setenta y hasta la implementación de la convertibilidad en marzo de 1991 (épocas en las que se admitían mecanismos explícitos de indexación para menguar los efectos de la inflación), resolvió en numerosas oportunidades que los jueces deben resolver los casos dados a su entendimiento examinando cuidadosamente la realidad económica vigente al momento del fallo. Esta directriz fue aplicada en una serie de precedentes en los que, bajo la genérica regla de la arbitrariedad, se dio forma a un estándar por medio del cual la Corte censuró, por ejemplo, decisiones judiciales en las que se aprobaban liquidaciones de créditos reconocidos en sentencia cuyo resultado numérico se consideraba excesivamente alto o bajo, según las particulares circunstancias de cada pleito[5].

En todos fallos la Corte acudió a la idea de la “ponderación de la realidad económica” como parámetro general por medio del cual concluía que el monto liquidado, aun cuando estuviese en un todo conforme a las pautas fijadas por decisiones ya firmes, resultaba objetivamente injusto de acuerdo a los valores implicados y a la coyuntura inflacionaria que alteraba el poder adquisitivo de la divisa en la que se expresaba la condena.

Es precisamente desde esta perspectiva que los camaristas incursionaron en el análisis económico, sirviéndose del mismo como un argumento jurídico coadyuvante en orden a la justificación de la solución adoptada.

En tal sentido, advirtieron que una mirada de AED sobre el asunto no podía soslayar las consecuencias derivadas del incumplimiento del asegurador y, en particular, la prolongación excesiva del proceso judicial. Sobre este punto, se replantearon la suficiencia o no de incentivos reales para que las partes del contrato se vean impulsadas al cumplimiento eficiente de las obligaciones que derivan del mismo, por lo que consideraron “la necesidad de que los efectos de la inejecución del contrato sean lo bastante relevantes como para importar un estímulo (incitación) suficiente a los contratantes para decidirse a optar por una ejecución correcta (leal) de sus obligaciones”.

En contrapartida, señalaron que “la incitación a una eficiente ruptura del contrato estaría dada por la hipótesis de que, al tiempo de ejecución de su obligación principal, el obligado advirtiera que, desviando el destino natural de su prestación, el provecho que podría obtener de la ruptura fuese superior a la suma de su prestación más los daños-intereses debidos a la contraparte”.

Como derivación lógica de lo expuesto, los camaristas concluyeron la necesidad de que las consecuencias de la inejecución del contrato no sólo comprendan los intereses moratorios, sino también el mayor daño que, en relación causal adecuada con el incumplimiento, haya sufrido la contraparte. El criterio rector adoptado consistió en que los daños-intereses sean mayores que el provecho resultante de la inejecución del contrato. De lo contrario, el asegurador estaría trasladando una parte sustancial del costo derivado de su propia inejecución contractual al asegurado, perdiendo incentivos para asumir una prevención eficiente en relación a tal aspecto.

A la luz de estas consideraciones, los magistrados entendieron que la vinculación del límite máximo de cobertura originariamente contratada a la evolución del precio de la prima entre el momento del hecho y el momento de la sentencia judicial, estableciendo una movilidad porcentual equivalente entre ambas variables, constituye una forma razonable de desalentar la litigiosidad del asegurador en un contexto estructuralmente inflacionario.

2.6. Control de abusividad sobreviniente de las cláusulas del contrato de seguro.

Incorporando la perspectiva del derecho del consumidor al tratamiento de la problemática en ciernes, el Tribunal procedió concomitantemente a revisar la juridicidad de la cláusula del contrato de seguro de responsabilidad civil que establecía un límite máximo de cobertura de $ 3.000.000.

Es que, aun cuando la delimitación del riesgo constituye un rasgo esencial del contrato de seguro basado en el método estadístico, no toda delimitación constituye un medio proporcionado en relación al fin buscado (razonabilidad técnica económica).

A la luz de este aspecto, la Cámara estimó que la mentada disposición, si bien pudo resultar conforme a derecho en la etapa genética del contrato, se tornó abusiva por la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes a la relación asegurativa. Al respecto, sostuvo que: “Esta abusividad sobreviniente de la cláusula en cuestión se patentizó en el hecho de que el impacto del proceso inflacionario durante el alongado lapso temporal que demandó la tramitación del juicio, degradó el contenido económico de la prestación de indemnidad a la que se obligó el asegurador, como así también en la circunstancia dispar de que la obligación principal del asegurado consistente en el pago de la prima fue objeto de sucesivas actualizaciones”.

Fieles a una interpretación contextual del contrato, los camaristas entendieron que las circunstancias mencionadas no resultaban irrelevantes, toda vez que el desequilibrio de los derechos y las obligaciones de las partes presuponía también la necesidad de considerar la situación global de ellas en el contrato, sin perjuicio de que a la ruptura de la equivalencia se llegase tan sólo con una cláusula abusiva.

Desde tal óptica, y considerando el peso de los argumentos explicitados en los puntos anteriores, los magistrados concluyeron que el referido contexto contractual había determinado que la pretensión de la aseguradora de atenerse estrictamente a los términos originarios de la cláusula aludida resultase abusiva en el caso concreto.

Para ello, la Cámara introdujo una útil distinción metodológica en cuanto a la génesis de la abusividad de la cláusula cuestionada. Así, se puntualizó que las cláusulas de un contrato de consumo deben ser calificadas como abusivas cuando afecten inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo de los derechos y obligaciones de ambas partes, ya sea que “esa inequidad se verifique al momento de perfeccionarse el contrato de seguro, o se exteriorice ulteriormente en virtud de circunstancias sobrevinientes como acontece en nuestro caso”.

En cuanto al efecto de la cláusula abusiva, la Cámara entendió que la consecuencia de la declaración de abusividad en los términos del contrato no era su nulidad, sino la no incorporación de la misma al contenido del contrato de consumo (primer párrafo del art. 37 de la 24.240). Con todo, los magistrados interpretaron que el presente caso resultaba asimilable al supuesto previsto en el último párrafo del art. 37 de la ley que dispone que en aquellas situaciones en que procede la nulidad parcial, el juez está facultado para integrar el contrato si ello fuera necesario (art. 37, último párrafo de la ley 24.240).

Los magistrados consideraron que en el caso concreto la integración del contrato mediante la vinculación del límite de cobertura convenido a la evolución del precio de la prima vigente era la solución que mejor respondía a la justicia del caso. En orden a ello, incursionan en una interpretación sistémica y dinámica de las disposiciones legales aplicables al caso.

Al respecto, refirieron que: “El Código Civil argentino adopta (art. 1039) como pauta para deslindar los supuestos de aplicación de la nulidad ´completa´ o de la nulidad parcial, el de la separabilidad entre las distintas disposiciones del acto, aun cuando no suministra criterio alguno que sirva a ese propósito (…) Por su parte, el nuevo Código Civil y Comercial, aunque no es fuente normativa directamente aplicable al caso, puede ser traído a colación como argumento interpretativo coadyuvante respecto al justo alcance que corresponde otorgarle al art. 1039 del Código de Vélez”.

En este sentido, señalaron que la nueva norma codificada dispone en el art. 389 (último párrafo) que: "En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes". Destacaron que lo novedoso del Código Civil y Comercial es que pone fin al conflicto del rol del juez para el caso de declarar la nulidad parcial, pues la disposición precitada indica que el juzgador deberá integrar el acto, esto es, reemplazar el contenido de las disposiciones ineficaces con otras válidas que respeten los intereses de las partes razonablemente en relación a la ley aplicable al caso.En ese derrotero lógico, los magistrados votantes arribaron a la conclusión particular de que, en la especie, “la finalidad práctica perseguida por ambas partes, la economía general del contrato de seguro, la protección de los terceros damnificados, operan en favor de la prevalencia del principio de conservación del acto y, en consecuencia, de la preservación de la relación asegurativa”. En virtud de ello, concluyeron en la necesidad de integrar el vacío contractual con la solución propuesta, en cuanto entendieron que la misma constituía “una respuesta jurídica debidamente justificada en sus razones de base como en la justicia material del resultado arrojado”, erradicándose de tal modo la nota de abusividad que imposibilitaba la incorporación de la cláusula en cuestión al contenido del contrato.

2.7. Autoprecedente y doctrina legal de la SCJBA.

Desde una perspectiva jurídica global y abarcativa de las distintas fuentes del derecho que regulan el caso (art. 1 y 2 del CyCC), la Cámara evocó la jurisprudencia más reciente de nuestros tribunales provinciales y nacionales, en cuanto ha dado diáfanas muestras de la necesidad de resguardar el contenido económico de las deudas de valor, máxime en épocas de gran inflación.

Los magistrados refirieron que esta tendencia no ha sido patrimonio exclusivo de una rama jurídica determinada, sino que se ha proyectado transversalmente en todo el ordenamiento jurídico. Incluso, el propio Tribunal, en la causa “Contino” estableció como fecha de cómputo del valor del bien colacionable en una acción de colación aquella correspondiente al momento más próximo a la sentencia[6].

En este sentido, cabe aseverar que el respeto al propio precedente es la traducción jurídica del requisito de la universalidad que debe presidir la argumentación jurídica. Constituye, en tal sentido, una regla de racionalidad que garantiza la actuación no arbitraria de los órganos jurisdiccionales y que, en consecuencia, deja intacto el sistema de fuentes de nuestro Derecho articulado en tomo al principio de legalidad. Al decir de Abellán Gascón, “El respeto al precedente supone, pues, un género de motivación especial cuyo sentido podría formularse como sigue: hay que interpretar el Derecho conforme a criterios que, por considerarlos correctos, se estuviera dispuesto a utilizar en la resolución de todos los casos iguales que puedan presentarse en el futuro”[7].Empero, la regla precitada no significa que los órganos judiciales no puedan modificar sus propios precedentes, sino que en tal caso deberán hacerlo en términos que permitan apreciar que el nuevo criterio interpretativo ha sido adoptado como solución genérica dotada de vocación para ser aplicada en casos futuros o como solución justificada en las características diferenciales que presente el caso nuevo respecto a los casos en base a los cuales se consolidó el precedente. De manera que lo que prohíbe el principio de igualdad en la aplicación de la ley es el cambio irreflexivo o arbitrario, y no el cambio legítimo y razonable, es decir, basado en razones jurídicas objetivas que excluyan todo significado de resolución ad personam.

Y dado que las características particulares del presente caso no invalidaban, a juicio de los magistrados, la aplicación del autoprecedente sentado en otras causas por la propia Cámara, se impuso la necesidad de que la solución adoptada guardase coherencia lógica y jurídica con las resoluciones ya dictadas por el órgano revisor.

Por otro lado, los magistrados hicieron también referencia a la línea jurisprudencial establecida por el Máximo Tribunal Provincial en relación a las proyecciones distorsivas del efecto inflacionario en las denominadas deudas de valor.

En tal sentido, se destacó que en las recientes sentencias dictadas en C. 121.134, “Nidera S.A.” y C. 120.536, “Vera” (ambas del 3/08/18), la SCJBA ha reconocido el fenómeno inflacionario y la vigencia de distintas leyes (nacionales y provinciales), decretos y resoluciones que, de una u otra manera, prevén mecanismos de actualización: “Así, ha ejemplificado el Dr. Soria en su voto (que con contó con la adhesión de la mayoría del tribunal) con diversos supuestos de capitales expresados en monedas fuertes o ajustables por índices, tal como títulos públicos: bono ´dólar-link´ (decreto 164/13), bono de la Provincia de Buenos Aires (resol. ministerial 54/09), bonos nacionales en dólares o con cláusula CER, o depósitos a plazo fijo UVI (ley 27.271). Agrego, por mi parte, el art. 84 de la ley 24.449 (Ley Nacional de Tránsito), que establece que las multas se fijan en UF, unidad de medida según el precio de la nafta especial (obviamente para mantener actualizado el valor de las multas), los préstamos hipotecarios de bancos oficiales con cuotas UVA (mecanismo de actualización), y la misma ley 14.967, que prevé que los honorarios deben regularse en JUS (arts. 9 y 51)”.

Al respecto, la propia Corte Provincial ha precisado el alcance de sus fallos respecto a los tribunales inferiores, exteriorizando una pauta intermedia que fluctúa entre la vinculatoriedad absoluta y la libertad plena en orden al acatamiento de los criterios sentados por el Alto Tribunal Provincial: “Si bien es cierto que la doctrina legal que pronuncia esta Suprema Corte en el marco de sus facultades constitucionales y en el ámbito de su competencia natural (cfme. art. 161 inc. 3 "a" Const. provincial) no es vinculante para los tribunales inferiores dado que éstos deben siempre fallar conforme a la ley y a su propio criterio de interpretación de la norma, no cabe desentenderse de la misma sin verter argumentos nuevos no considerados oportunamente o demostrar que en el caso particular, la misma no podría ser aplicable” [8].

De manera que, no considerando que gravitaran aquí argumentos que justificasen un apartamiento del criterio establecido por la SCJBA en los precedentes citados, la Cámara entendió que cabía sostener la solución propiciada a fin de salvaguardar la coherencia con la doctrina legal de la Corte Provincial.

2.8. Principios sistémicos del derecho de daños y del derecho del seguro.

Finalmente, los magistrados ponderaron la pertinencia de la solución propuesta en función de la evolución sistémica que ha experimentado la responsabilidad civil en los últimos tiempos. Y, particularmente, tuvieron en cuenta la acentuación de la función reparatoria por encima de la función sancionatoria de la responsabilidad.
En esta lógica, advirtieron que: “el método planteado armoniza con el sentido de la evolución de la responsabilidad civil que, en los últimos años, ha modificado su epicentro, desplazándose de una obligación de reparar del responsable, hacia el derecho de la víctima a ser indemnizada. Es decir, la responsabilidad civil como crédito a la reparación”.

A partir de allí, consideraron también la influencia que ha tenido el derecho del seguro en la concepción tradicional de la responsabilidad civil, como en la progresiva colectivización del derecho de daños. Al respecto, señalaron que “el desarrollo del seguro ha trastocado el equilibrio interno del sistema tradicional de la responsabilidad civil, abriendo las vías de la colectivización de riesgos. Por lo que esta tendencia sistemática es más proclive a una interpretación amplia del derecho a la indemnidad del asegurado y los terceros que a una interpretación restrictiva[9]”.

2.9. Un precedente de la SCBA que aporta nuevos fundamentos.

Si bien en la causa en comentario, la Cámara Civil de Pergamino no hizo mención a este precedente judicial de la SCBJA, consideramos que, por su íntima vinculación conceptual, fáctica y jurídica con el tema en tratamiento, como por su dictado relativamente reciente, su consideración deviene ineludible, y su estudio en un título separado resulta metodológicamente conveniente.

En la causa “Martínez”, la Corte Provincial debió entender en un caso en el que se planteó idéntica cuestión a la aquí expuesta. El caso versaba sobre un accidente de tránsito seguido de reclamación de daños y perjuicios y citación en garantía a la aseguradora (SCJBA, "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios", causa C. 119.088, 21 de Febrero de 2018).

En la especie, resultaba que, al tiempo del siniestro, la cobertura contratada alcanzaba los montos mínimos previstos en las resoluciones generales 21.999/92 y 22.058/93 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Sin embargo, cuando la entidad de los daños sufridos por la víctima fue apreciada -a los fines de la ejecución de la garantía-, tales montos mínimos ya habían sido modificados sustancialmente por la mencionada autoridad nacional, resultando aplicable para dicha época la resolución general 36.100/11 [B.O. 23-IX-2011], a través de la cual se había elevado la cobertura básica a la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) por muerte o incapacidad total y permanente (encontrándose incluso próxima a entrar en vigencia la resolución general 38.066/13).

En virtud de la elevada factura técnica y jurídica que exhibe la fundamentación del fallo señalado, nos permitimos transcribir in extenso la parte que aquí resulta pertinente: “Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante.

“(…) Si bien el asegurado abonó oportunamente las cuotas respectivas (prima pura y gastos de gestión interna y externa del asegurador) en relación con la cobertura básica obligatoria vigente al momento del siniestro (v. fs. 59/60 y 180 y vta.), y aun cuando adicionalmente deba la aseguradora afrontar complementariamente y en forma proporcional los mayores costos por intereses, costos y costas judiciales y extrajudiciales del presente proceso (conf. arts. 110, 111 y concs., LS, conf. doctr. causa C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; e.o.); de todas formas, la ecuación económica del contrato de seguro ha sido afectada significativamente.

(…) Por un lado, pues a partir de una oposición a la procedencia de la acción (v. fs. 69/75 vta.) la compañía ha dilatado el cumplimiento de su obligación de garantía a pesar de haber recibido el premio (y haberlo administrado) por más de diez años, época durante la cual el valor de cambio de la moneda ha ido modificándose, tal como justamente ha sido puesto de manifiesto por el paulatino incremento de la cobertura mínima obligatoria dispuesto por la autoridad de aplicación en la materia (a través de su contralor sobre la legitimidad, equidad y claridad del contrato, art. 25, ley 20.091). Por otro, porque incluso considerando la operatividad del fondo de primas para compromisos futuros de la aseguradora (arts. 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091), no es posible soslayar en este esquema que las primas que se cobran hoy (sujetas a los valores actuales) son las que afrontan las coberturas judicializadas de ayer (conf. Stiglitz, Rubén, Derecho de Seguros, 5° Ed. Act. y Ampl., Tomo I, LL, 2008, pág. 64).

(…) Esta doble ecuación revela -en una interpretación contextual sobre el sistema por el que se establece un límite mínimo de cobertura (conf. arts. 217 y 218, Cód. Com.)- la sobreviniente irrazonabilidad y carácter inequitativo de las prestaciones a cargo de la aseguradora, por alterar el sentido del contrato.

(…) En efecto, si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización.

(…) Así, si la suma asegurada constituye de ordinario el límite de la obligación de la aseguradora, en la póliza básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil ésta determina la cobertura mínima que el sistema ha instituido como umbral para afrontar el daño real y cierto que el siniestro haya causado a la víctima. Por lo que el sobreviniente carácter irrisorio de su cuantía finalmente resultante implica en los hechos que se constate un infraseguro, al evidenciar un monto tan exiguo en relación con la valuación actual del daño que la gran parte de éste queda fuera de la garantía, a cargo exclusivo del asegurado, como si no hubiese mediado seguro alguno (conf. arts. 499, 953, 1.071 y concs., Cód. Civ.).

(…) Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor (en los términos del art. 68, ley 24.449) no puede ser lógicamente apreciada de antemano, el valor mínimo de la cobertura asegurada -que sí lo es- debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), pues la pérdida de dicha proporción o ratio -tal como sucede en autos- lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes (ratio premio/riesgo).

(…) II.3.b. A la vez patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.).

(…) En efecto, dado que el contrato de seguro no puede constituir un motivo de enriquecimiento sin causa para las partes, y por ello la obligación de resarcir a cargo de la compañía se encuentra limitada al monto de la suma asegurada siempre y cuando no supere el valor actual del interés asegurado (arts. 62, 65, 68 y concs., LS), corresponde bilateralizar dicha función privativa del enriquecimiento injusto de modo que el interés asegurado contemple el valor de la garantía mínima al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva.

(…) A tal solución conduce la ejecución de buena fe de la garantía a cargo de la aseguradora (conf. arts. 5, 7, 11 y concs., LS). Pues cabe considerar al seguro como un contrato de consumo, por adhesión a cláusulas predispuestas por el asegurador, en el que el asegurado adhiere a un esquema rígido y uniforme, y tiene en la génesis negocial una posición de ostensible desigualdad, cuya tutela de sus derechos es ejercida por la autoridad de contralor, quien debe aprobar previamente el clausulado del contrato (y en este tópico, lo ha venido haciendo incrementando paulatinamente la cobertura mínima obligatoria, conf. arts. 23, 24, 25, 61 y concs., ley 20.091; 158, LS).

(…) Luego, si bien las cláusulas de delimitación del riesgo asumido por la compañía no pueden ser consideradas ab initio abusivas, en tanto implican una limitación del riesgo por encima o debajo de la cual se carece de cobertura, es posible de todos modos que -considerando la situación global del contrato- su aplicación frente a ciertas situaciones sobrevinientes pueda resultarlo, como consecuencia de provocar un desequilibrio en los derechos y obligaciones, reduciendo sustancialmente las cargas de una de las partes en perjuicio de la otra (conf. arts. 42, Const. nac.; 3, 37 y concs., ley 24.240 y dec. 1.798/94), volviendo irrisoria la medida del seguro inicialmente contratado (´pacta sunt servanda rebus sic stantibus´).

(…) De modo que el orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que ha de implicar -por lo que se viene diciendo- incluir en la medida del seguro al valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva (conf. arts. 953, 1.037, 1.071, 1.137, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; arts. 61, 109, 118 y concs., LS).

(…) II.3.c. Máxime en el presente caso, en el que la compañía tomó a su cargo la defensa técnica del asegurado (v. fs. 91/96), por lo que la dilación del proceso y sus resultantes consecuencias patrimoniales no deberían redundar en desmedro del derecho de defensa y los intereses de éste (conf. arts. 1, 17, 18, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 15 y concs., Const prov.).

(…) II.3.d. Para más, una aplicación literal de la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza resultaría asimismo sobrevinientemente frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio (contrariando la indemnidad del patrimonio del asegurado, dejándolo desprotegido por una cobertura proporcionalmente muy inferior en relación con la magnitud del daño finalmente estimado, debiendo asumir la financiación de su descontextualización temporal) y destructora de su función preventiva (al desvirtuar la razón que diera nacimiento a la obligación del tomador de prevenir las consecuencias derivadas de su daño eventual, conf. art. 68, ley 24.449).

(…) Así como de su sentido solidarista, animador del dictado de los instrumentos legales en la materia; atendiendo a la función socializadora de los riesgos en miras de la tutela del superior interés dirigido al resarcimiento pleno de los daños padecidos por las víctimas. En efecto, el carácter irrisorio del resultado difuminaría en los hechos esa finalidad mutual de afrontar un riesgo colectivo a partir de un vínculo común tendiente a disminuir, moderar o eliminar el alea en conjunto, en base al empleo de la técnica jurídica, financiera, actuarial y estadística (conf. Stiglitz, Rubén, op. cit., Tomo I, pág. 8).(…) II.3.e. Situación que adicionalmente repercutiría en la víctima, tal como se argumenta en el recurso en tratamiento, frente a quien se respondería en muy inferior proporción, frustrando el carácter obligatorio del seguro y su naturaleza indemnizatoria, con agravamiento del principio de efectiva reparación integral del daño padecido por aquélla, en perjuicio de su integridad, dignidad y propiedad, derechos amparados por garantías constitucionales (arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 31 y concs., Const. prov.; 1.068, 1.069, 1.109, 1.077, 1.079 y concs., Cód. Civ.).

(…) Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden público- a las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social. Dicha obligatoriedad es una pieza más del sistema de protección de las víctimas porque la garantía de solvencia que -en ejercicio de una función social- ofrecen las aseguradoras permite que los daños irrogados con el ejercicio de determinadas actividades (como ser la conducción de un automóvil) sean efectivamente reparados (conf. Mosset Iturraspe, Jorge y Rosatti, Horacio, "Derecho de tránsito. Ley 24.449", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, pág. 269 y sigs.).

(…) Así, el seguro obligatorio -que no se agota en la relación jurídica que vincula al asegurado con el asegurador- también obedece a una necesidad y función socializadora y colectivizadora de los riesgos, atenta primordialmente a la protección de la víctima a través de la efectiva reparación de sus daños; de modo que una razonable aplicación de las cláusulas del contrato, ponderadas a la luz de la tutela reglamentaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del principio de reparación integral de los damnificados, debe llevar a extender la garantía contratada incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, sustituyendo dicho componente en su valor histórico, y sin perjuicio del mayor valor pactado por encima de dicho mínimo obligatorio y las demás prestaciones o riesgos convencionalmente comprometidos por la aseguradora (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43, y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 69, 109, 118, 158 y concs., LS; 3, 37 y concs., ley 24.240; arts. 217, 218, 219 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430)”.

Como puede apreciarse, el fallo se concentró en una plataforma fáctica de similares características a la de la causa “Brethahuer” en lo que refiere al problema específico que nos ocupa, circunstancia que refuerza su aplicación traslativa al caso que se planteó en la Cámara.

El sentido del fallo fue conteste en la necesidad de atenuar la inalterabilidad absoluta de los términos de la cobertura contratada. De hecho, la lógica flexibilizadora de los alcances originarios del contrato de seguros se erige como un denominador común entre ambas decisiones jurisdiccionales, lo que repotencia la dirección resolutiva que la Cámara le imprimó al caso en comentario.

La fundamentación del fallo discurre en un sentido argumentativo en parte coincidente con la sentencia de la Corte Provincial, por cuanto se brindan argumentos idénticos o muy similares a los expuestos en la causa “Brethauer”; y en parte convergentes, en el sentido de que ambos fallos desarrollan líneas argumentales que, si bien no han sido reproducidas in totum en éstos, son perfectamente compatibles con la orientación lógica, normativa y axiológica que es común a sendos pronunciamientos.
La diferencia radica en la solución técnica-jurídica conferida al caso. En tanto que en el fallo de la SCJBA se decidió aplicar la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva en orden a la determinación del límite máximo de cobertura, en “Brethauer” la Cámara resolvió aplicar la variación porcentual que experimentó el precio de la prima por el seguro contratado entre la fecha del hecho y la fecha de la sentencia al límite de cobertura a fin de extenderlo sobre la base del referido porcentaje.

Considero que si bien ambas soluciones son preferibles -en virtud de los fundamentos vertidos ut supra- a la aplicación del límite máximo de cobertura en las condiciones del contrato vigente al momento del hecho, la solución aportada por la Cámara de Pergamino permite una satisfacción más cabal –en relación a la adoptada por la SCJBA- del principio de reparación integral del daño, de la protección de la confianza existente entre las partes, del objetivo de AED consistente en desalentar la litigiosidad de las compañías aseguradoras y de la obligación de indemnidad a cargo del asegurado como deuda de valor.

Es que bien podría ocurrir que el proceso inflacionario descargue sus efectos corrosivos sobre el alcance máximo de la cobertura durante el período que transcurre entre el momento del hecho y el momento del dictado de la sentencia judicial, y sin embargo tal garantía se mantenga inalterada durante dicho período o resulte modificada en una medida menor a la pérdida del poder adquisitivo del valor máximo asegurado –como de hecho ocurrió en el caso de la SCJBA-.

Por tal motivo, consideramos que la vinculación del límite máximo de cobertura con la evolución del precio de la prima -y siempre que esa evolución no responda a una mayor prestación sino a la necesidad de neutralizar los efectos de la desvalorización de la moneda- constituye la solución que mejor se ajusta al valor justicia, al menos en aquellos supuestos de delimitación cuantitativa del riesgo asegurable en los que resulta fácilmente mensurable el impacto de la inflación en la concreta extensión de la cobertura contratada.

3. Solución jurídica adoptada [arriba] 

En función de los argumentos desarrollados ut supra, los magistrados votantes resolvieron “aplicar la variación porcentual que experimentó el precio de la prima por el seguro contratado entre la fecha del hecho (19/11/2013) y la fecha de la sentencia (10/2018) al límite de cobertura (ver fs. 157), a fin de extenderlo sobre la base del referido porcentaje”.

Y siendo que conforme a los valores actuales de plaza existentes en el mercado asegurador un seguro por todo riesgo para el vehículo de referencia, y en las condiciones de cobertura contratadas a la fecha de ocurrencia del siniestro, arrojaba al momento de la sentencia una prima superior a $4.500 aprox. (en tanto que la prima era de $ 454,45 al momento del hecho), estimaron una variación próxima al mil por ciento (1000%) del precio de la prima entre la fecha del hecho y la fecha de la sentencia. Y, en consecuencia, resolvieron elevar el límite de cobertura en esa proporción, lo que cubrió el monto total de la condena.

 

 

Notas [arriba] 

[1] Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, "Brethauer, Sergio Gerardo C/ Iñiguez, Sandra Fabiana Y Otros S/ Daños Y Perj. Autom. C/Les. O Muerte (Exc. Estado)", causa N° 2237-14, 22-11-2018.
[2] Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, "PASCALI GRACIANO C/ MAREXPORT S.R.L Y OTS.(RESERVADO) S/ INCIDENTE DE REVISION", 16 de Julio de 2019.
[3] ver SCBA, "Carpinetti, Raúl Jorge c/Fisco de la Prov. de Buenos Aires s/Daños y perjuicios", 17/06/1993.
[4] BUERES, Alberto, Código Civil y Comercial de la Nación, analizado, comparado y concordado, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2015, pag. 485.
[5] Fallos: 313:95, del 13 de febrero de 1990; Fallos: 315:2558; 20.10.1992.
[6] Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, "CONTINO, ADELA S/SUCESION AB-INTESTATO", autos N° 2750-16, del 4 de Octubre de 2018
[7] ABELLÁN GASCÓN, Marina, Igualdad y respeto al precedente, Universidad de Castilla La Mancha, pag. 233.
[8] SCJBA, “A. ,C. A. -. S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 69.656 DEL TRIBUNAL DE CASACIONN PENAL”, 16/12/2016.
[9] PIZARRO, Daniel Ramón, VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones, Tomo 2, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2018, pag. 461.