ARGENTINA
Doctrina
Título:Una deuda pendiente
Autor:Libster, Mauricio
País:
Argentina
Publicación:Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Número 29 - Octubre 2018
Fecha:10-10-2018 Cita:IJ-DXXXIX-650
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Una deuda pendiente


Por Mauricio H. Libster


Más allá de los tiempos en que se discutía acaloradamente sobre si el Derecho Penal tenía o no algo que hacer en la tutela del ambiente, todavía hoy se escuchan voces, aunque minoritarias, que sostienen la suficiencia de las normas administrativas para su eficaz custodia.


No obstante, la realidad ha superado la discusión en casi todo el planeta, toda vez que la mayor parte de los países cuentan con un compendio de normas penales referidas a la tutela de ese bien jurídico.


Es muy posible que esa realidad haya sido impulsada por las reuniones que desde hace ya muchos años y una vez por quinquenio, celebra la División Tratamiento del Delincuente y Justicia Penal de la Organización de Naciones Unidas, que invariablemente ha incluido esta cuestión en su agenda, generando importantes recomendaciones que luego se han visto plasmadas en las legislaciones domésticas de los países miembros. De ser así, como creemos por haber sido partícipes directos, ocurriría una vez más que desde organismos internacionales se impulsa el progreso de una disciplina.


Nuestro parecer es que la intervención penal en la tutela ambiental es de capital importancia.


El Derecho Penal protege los que se supone son los valores superiores de un sistema social sancionando su lesión. Y lo hace a través de los castigos más enérgicos, como lo son la privación de la libertad, la inhabilitación o la multa.


Cierto es que su aparición en la escena de los hechos solo se legitima en la etapa de la tentativa y, en el específico terreno de lo ambiental, la estadística señala que llega cuando los mecanismos normativos y fácticos de la prevención han fallado y el daño ya se ha producido.


Pero aún así, una de las funciones del Derecho Penal es la instalación cultural del llamado principio de prevención general, que no es otra cosa que la advertencia acerca de lo que es de importancia suma en un sistema y el aviso de las consecuencias ante su desoimiento. Y esto tiene su valor.


También, merece ser señalado, que en las últimas dos décadas el concepto de “ambiente” ha mutado hacia su ampliación progresiva y la ubicación del hombre en él.


De una concepción antropocentrista, hoy se sostiene que el hombre forma parte del ambiente, e interactúa con él a la par de los otros elementos que lo componen: la naturaleza en todas sus formas, los objetos culturales, históricos, paisajísticos y urbanísticos en interinfluencia constante con aquel.


Cuando nos adentramos en la escasa legislación penal de carácter ambiental en nuestro país, sin perjuicio de la buena fortuna de contar con algunos cuerpos normativos modernos, tanto en cuanto al momento de su sanción como en relación con su contenido (por ejemplo, la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, para no tomar sino uno), la primera en el tiempo y referida a uno de los problemas centrales de la problemática ambiental, como lo es la de los residuos, exige un “aggiornamento” urgente. Me refiero a la Ley N° 24.051, conocida como Ley de Residuos Peligrosos.


Su articulado penal sobrevivió a la derogación del resto de su articulado, ante la aparición de la Ley N° 25.612, y hoy está vigente, a pesar de la discusión respecto de su art. 58, que atribuye competencia a la Justicia Federal, colisionando con los textos de la Ley General del Ambiente y la mencionada N° 25.612, que consagran la competencia de la justicia local, aún cuando no son leyes de naturaleza penal. Digamos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde los albores del siglo XXI, atribuyendo la competencia federal solo a los casos de interjurisdiccionalidad, zanjó la cuestión dejando a la polémica, que continúa en el plano meramente teórico.


Pero cuando titulé este artículo, lo hice pensando básicamente en su figura “madre”, la de su art. 55, que dice textualmente: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el art. 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a los que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general…”.


La redacción de esta norma, que en apariencia solo remite al art. 200 del Código Penal, ubicado en el Capítulo Delitos contra la Salud Pública en cuanto a sus penas, aún cuando aumenta el campo de punibilidad de este, en rigor y ante una primera lectura, puede confundir legítimamente al incluir el término “ambiente” en su redacción y sugerir el acogimiento de las normas más modernas que tutelan el ambiente como entidad autónoma objeto de la protección.


Pero al subordinar sus verbos al “peligro para la salud” vuelve a ratificar la postura antropocentrista que caracterizó a los inicios conceptuales de nuestra disciplina.


De modo que la remisión no es solo respecto de las penas del mentado art. 200 del Código Penal; de una lectura fina, resulta que más allá de incluir el término “mágico” ambiente, no es más que un regreso al año 1921 en que se sancionó nuestro Código de fondo.


El agravante del aumento de pena para el caso de muerte de alguna persona, legible en la norma “in fine” no deja lugar a ninguna duda.


Aunque no es el objeto de este artículo, digamos que la jurisprudencia, afortunadamente, ha resuelto la insólita limitación de la norma que refiere exclusivamente a “los residuos a que se refiere la presente ley”, ampliándolo a cualquier sustancia que se compruebe como peligrosa, esté o no en los listados anexos que trae este cuerpo legal.


En tanto nos estamos refiriendo a un fenómeno clave en la protección ambiental, cual es de los residuos, responsables básicos y fundamentales de la contaminación y sus consecuencias, entiendo esto como una deuda pendiente de nuestra legislación, que pareciera tiende a avanzar en otros tópicos y precisamente en este, muestra un grave rezago.


Como sabemos, ya hace tiempo se ha integrado una Comisión Reformadora del Código Penal de la Nación, que, según ha trascendido, presentará un Anteproyecto que integrará las, hoy, leyes complementarias del Código a su texto (por lo cual se habla de una articulado de más de 500 artículos contra los más de 300 de hoy) y dará central importancia a los temas de nuestra materia, recogiendo todos los avances que ha experimentado desde los orígenes hasta nuestros días.


Así, se desprende de lo que ha trascendido de las Reuniones Preliminares que se celebraron con el fin de acordar criterios básicos de redacción.


Temo que, al margen de las bondades de la redacción, su contenido pueda verse condicionado por los “lobbies” empresarios, que suscriben la falsa antinomia, que predica que las normas ambientales y su cumplimiento obstaculizan el progreso industrial, y con él, el de la economía en general.


Ojalá mis temores sean infundados.