Doctrina
Título:Una mirada desde la perspectiva comparatista a los Sistemas Nacionales de Areas Protegidas de Estados Unidos de América y de España
Autor:López Alfonsín, Marcelo
País:
Argentina
Publicación:Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Número 22 - Diciembre 2016
Fecha:06-12-2016 Cita:IJ-CCXI-104
Índice
a. El Sistema de Parques Nacionales de Estados Unidos de América
b. El Sistema de Parques Nacionales de España
c. Conclusiones
Notas

Una mirada desde la perspectiva comparatista a los Sistemas Nacionales de Areas Protegidas de Estados Unidos de América y de España

Marcelo Alberto López Alfonsín*

a. El Sistema de Parques Nacionales de Estados Unidos de América [arriba] 

1. Introducción.

Una de los principales modelos para la creación de los sistemas de áreas protegidas, sin duda lo constituye el Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos de América, dado que fue en este país donde se estableció el primer parque nacional. Se trata de un parámetro de referencia para el resto de las modalidades existentes en el derecho comparado al momento de determinar un régimen legal para la conservación de la naturaleza, ya sea por las capacidades técnicas de ese organismo rector, por los recursos económicos con los que cuenta o bien por la extensión del sistema nacional de referencia.

El sistema de parques nacionales de los Estados Unidos -National Park System- es un régimen federal de áreas protegidas que abarca el conjunto de unidades gestionadas por el National Parks Service – en adelante, el NPS. Comprende los espacios clasificados como parques nacionales -National Parks- y la mayoría de los monumentos nacionales -National Monuments-, así como varias categorías de protección más, entre las que se destacan los memoriales, los parques militares, las áreas de recreo, las riberas y los senderos nacionales, entre otras.

Si bien todas estas unidades son responsabilidad de un solo organismo rector - el NPS-, son gestionados por éste en virtud de autorizaciones legislativas individuales, o en el caso de algunos monumentos nacionales, también creados por promulgación del Presidente de conformidad con la Ley de Antigüedades de 1906 -Antiquities Act- que dispuso el régimen de funcionamiento y de usos permitidos.

En el presente acápite se describirá su encuadre constitucional. Posteriormente, con el objeto de brindar un panorama global de la política empleada en este país, se analizará la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Parques, así como las diversas legislaciones que complementan la misma.

Finalmente, se profundizará sobre las características peculiares que presenta el NPS, haciendo especial énfasis en los principios rectores que rigen el funcionamiento del mismo, así como también la estructura general de dicho organismo.

2. Encuadre constitucional.

Ciertamente la fuente de inspiración del constituyente argentino de 1853 fue la Constitución de Estados Unidos de América, no obstante lo cual, como enseñaba Alberti, hay que tener presente que “la ley extranjera debe ser interrogada siempre, después de la ley propia, y nunca sola, con exclusión de otras”[1].

En primer término, es importante mencionar que la Ley Fundamental de este país no incluye a la fecha el reconocimiento del derecho al ambiente sano en una norma expresa. Sin perjuicio de ello, la Enmienda IX prescribe: “La inclusión de ciertos derechos en la Constitución no se interpretará en el sentido de denegar o restringir otros derechos que se haya reservado el pueblo”. Se trata de los denominados derechos implícitos o no enumerados[2], donde puede albergarse con un criterio amplio de interpretación la tutela constitucional al derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, con un enfoque similar al reconocimiento de la jerarquía constitucional del mismo previo a la reforma de 1994 en nuestro país con anclaje en el artículo 33 de nuestra Ley Fundamental, tal como se analizara en el capítulo 1 de la primer parte de esta tesis.

En materia competencial es aplicable a los parques nacionales el artículo I, Sección 8, cláusula 17 de la Constitución norteamericana que establece: “El Congreso tendrá facultad (...) Para ejercer el derecho exclusivo a legislar en todas las materias concernientes a aquel distrito (cuya superficie no excederá de diez millas en cuadro) que, por cesión de algunos estados y aceptación del Congreso, se convirtiere en la sede del Gobierno de los Estados Unidos; y para ejercer igual autoridad sobre todas aquellas tierras adquiridas con el consentimiento de la Asamblea Legislativa del estado en que radicaren, con el fin de construir fuertes, almacenes, arsenales, astilleros y otras edificaciones que fueren necesarias” .

Tal como se advertía en el capítulo 6 de la segunda parte de la presente tesis, no existe duda alguna de que este artículo ha sido la fuente del ex artículo 67, inciso 27 -actual artículo 75, inciso 30- de la Constitución argentina.

La particularidad de mayor relevancia que ostenta el precepto norteamericano en comparación con la cláusula argentina es la exigencia de consentimiento de las asambleas legislativas locales. Lo que resulta perfectamente lógico en su modelo de federación, donde los Estados miembros se reservaron históricamente poderes amplísimos. En suma, para que el Congreso pueda ejercer su jurisdicción exclusiva en estos establecimientos se requiere, en forma previa, el consentimiento de la Legislatura correspondiente.

El criterio de interpretación jurisprudencial por parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no es tan rico como los estándares de nuestro Máximo Tribunal ya analizados en el punto 4, apartado a del capítulo anterior. En un primer momento, se entendió que la simple adquisición por parte del gobierno federal de un territorio local, habilitaba el ejercicio de jurisdicción y legislación federal exclusiva[3]. En el caso “Fort Leavenworth R. Co. v. Lowe”[4], -1885- expresó: “Cuando el título es adquirido por compra con el consentimiento de la legislatura estatal, la tierra así comprada, por los términos verdaderos de la Constitución, ipso facto, queda comprendida dentro de la legislación exclusiva del Congreso; y la jurisdicción exclusiva es el corolario de la legislación exclusiva”. Por su parte, en “United States v. Unzeuta”[5], -1930- consideró que: “(…) cuando los Estados Unidos adquieren una tierra por compra con el consentimiento de la Legislatura del Estado, la jurisdicción federal es excluyente de toda autoridad estadual”. En “Steele v. Halligan”[6] se enfatizó: “La cesión por parte del Estado comprende tanto la jurisdicción judicial como la legislativa”. A mayor abundamiento también se ha entendido que: “Un Estado carece de jurisdicción para penar el homicidio cometido dentro del territorio cedido (…)”[7]. Sin perjuicio de lo expuesto en esta etapa también se admitió, que el ejercicio de la jurisdicción federal quedará subordinado a que el espacio se utilizara estrictamente para los fines específicos para los cuales fue cedido[8].

Sin embargo, aproximadamente a partir de la década de 1930, comienza a reconocerse que la cesión efectuada por un Estado podía efectuarse con reservas, es decir que las jurisdicciones locales podían reservarse ciertas facultades al momento de prestar su consentimiento[9], tal como se afirmara en autos “James v. Drago Contracting Co.”[10] y “Silas Mason Co. v. Tax Comission of Washington” [11]. Estos precedentes no han sido modificados por la Corte Suprema de Justicia norteamericana hasta la fecha.

3. Régimen legal de los parques nacionales norteamericanos.

El sistema de parques nacionales norteamericano se rige por un conjunto complejo de normas. Muchas de éstas datan de principios del siglo XX y, si bien fueron modificadas a través de enmiendas especificas en las últimas décadas, aún conservan plena vigencia.

Se encuentra estructurado a través de las leyes nacionales -entre ellas, por su especialidad, la de creación del NPS y las ya mencionadas en el punto 2.-, los tratados internacionales suscriptos por los Estados Unidos[12], las órdenes ejecutivas y las proclamaciones del Presidente, como también los reglamentos y directivas del Secretario y del Vicesecretario a cargo del Departamento del Interior. En un segundo plano, se encuentran normas de diversos géneros emanadas del propio Servicio Nacional de Parques, que cumplen un rol preponderante en la política pública y en la gestión en materia de conservación de las unidades concretas, ya que conforman el denominado “Sistema de Directrices” que se analizara más adelante. Conjuntamente con estas leyes aparece la legislación de carácter ambiental, aplicable en toda la administración. Esta última tiene una significativa incidencia en el sistema por las obligaciones que introduce. Sirvan como ejemplo la Ley Nacional de Protección Ambiental de 1969 -NEPA-[13] y las relativas a la gestión de residuos o a la calidad de las aguas, entre otras[14].

Concretamente, en el ámbito de las áreas protegidas federales la normativa más importante es la ya mencionada Ley Orgánica del Servicio Nacional de Parques de 1916, que establece los lineamientos generales del sistema y, a su vez, se erige en parámetro de interpretación de las normas específicas de cada uno los espacios protegidos. Entonces, en cuanto a los objetivos funciona como una especie de “ley marco” de parques, estrictamente en lo que hace a la finalidad, puesto que no contiene disposiciones de orden procedimental para incorporar nuevas unidades, ya que en este aspecto el Congreso se reserva la facultad de iniciativa para su creación.

A fin de examinar con mayor profundidad el régimen legal de áreas protegidas en Estados Unidos de América, se abordarán las normas que poseen mayor relevancia en el mismo.

a. Ley Orgánica del Servicio Nacional de Parques.

Esta normativa es la piedra angular del sistema nacional de parques norteamericano. Constituye la norma directriz en materia de política y de gestión, toda vez que se orienta a determinar los objetivos de los parques nacionales y demás áreas protegidas, erigiéndose en parámetro de validez al momento de esclarecer los conflictos de interpretación con las restantes normas que integran el régimen.

Son tan sólo cuatro artículos que básicamente disponen: 1) el establecimiento de un Servicio Nacional de Parques en la órbita del Departamento del Interior, 2) el objetivo del mismo, “promover y regular el uso de los parques nacionales, monumentos y reservas”, 3) limitaciones presupuestarias de partidas iniciales y 4) los principios cardinales de las áreas protegidas, entre los que se destacan la posibilidad de interceder en los procesos naturales, cumplimentando determinadas condiciones y la facultad de otorgar concesiones por un plazo máximo de 20 años.

Reviste vital trascendencia la definición de los objetivos de las áreas protegidas, ya que es complementaria de los actos legislativos destinados a la creación de dichos espacios. En forma expresa, subraya que: “la finalidad de los parques, monumentos y reservas es conservar el paisaje y los objetos naturales e históricos, así como la vida silvestre que albergan y facilitar su disfrute público de tal modo y por tales medios que se conserven inalterados para el disfrute de las generaciones futuras”[15].

b. Leyes complementarias.

Se trata de la reglamentación que desarrolla y actualiza la ley fundacional del NPS con el fin de adaptarla a las circunstancias sociales, económicas e históricas de las áreas protegidas, así como la ubicación del organismo dentro de la administración norteamericana.

La evolución del sistema generó varios conflictos relacionados con los criterios de gestión de las diferentes unidades, incluso, se llegaron a imponer objetivos divergentes para las distintos tipos de áreas protegidas. Con el propósito de zanjar el debate, en 1970 se dictó la “Ley General sobre Autoridades”[16] que determinó la forma de gestión de los espacios del sistema, y fue la clave para erradicar las divergencias existentes entre las áreas naturales, las históricas y las recreativas.

Así, se dispuso que todas las unidades administradas por el NPS conformaban un único sistema, por lo que -independientemente de la legislación específica de creación de cada una de éstas- debían ser gestionadas de conformidad con los principios estipulados en la Ley orgánica de 1916, así como por sus normas complementarias.

Poco tiempo después, en 1978, a través de una ley que versaba sobre el parque nacional Redwood, el Congreso reafirma este criterio al identificar los objetivos de todos los espacios protegidos con los de la ley de 1916. A su vez, pone de manifiesto que la finalidad de las mismas no es otra que alcanzar “un alto grado de protección”. Por consiguiente, enfatiza que “tanto la gestión de las unidades como la autorización de las actividades debe realizarse e interpretarse a la luz de su alto valor público y de la integridad del Sistema y no deben tener como consecuencia el deterioro de los valores de cada unidad (…)”.

No puede dejar de advertirse la existencia de una gran variedad de legislación complementaria. Sirvan como ejemplos:

1. Leyes sobre protección y gestión de recursos hídricos: Se trata de un conjunto integrado por varias normas. La primera de estas es la ley de preservación de las antigüedades americanas -Act for the Preservation of American Antiquities-, de 1916. Entre sus disposiciones establece: a) garantías de protección para los bienes históricos y prehistóricos ubicados en tierras federales, b) la facultad del Presidente de declarar monumentos naturales aquellos lugares de interés histórico o científico, limitada la superficie mínima imprescindible para la preservación de los bienes afectados, c) otorga la gestión de esos lugares al Departamento responsable del terreno donde se encuentran, y d) la obligación de destinar a museos públicos el material excavado. La norma comprende solamente los bienes ubicados en propiedades federales: cuando se encuentran en propiedades privadas, esos bienes pueden ser cedidos al Gobierno y, en ese supuesto, se faculta al Secretario de Interior para aceptar la donación.

La segunda es la ley de preservación de lugares, edificios y antigüedades históricas de 1935 - The Historic Sites Act-, la que concede al NPS amplias competencias y responsabilidades. Específicamente, prescribe que la preservación para el uso público de estos sitios que ostentan gran significación para la comunidad es una política nacional. En consonancia, encomienda al Secretario de Interior el inventario, control, estudio, investigación, restauración y puesta a disposición del público de dichos bienes.La tercera es la ley de 1955 sobre la gestión de bienes de museo -Management of Museum Properties Act -, mediante la cual se faculta al Secretario de Interior para mantener y proteger objetos arqueológicos e históricos de importancia nacional y a establecer los museos adecuados para cumplir dicho objetivo.

La cuarta data de 1966 y es la ley sobre la preservación de propiedades históricas -National Historic Preservation Act-, que fijó una política nacional de conservación histórica, incluyendo el fomento de la preservación en el nivel estatal y privado, autorizando a la Secretaría del Interior a ampliar y mantener un “Registro Nacional de Lugares Históricos” que incluía propiedades del Estado y locales. Además, autorizaba donaciones federales a los Estados y el National Trust for Historic Preservation de estudios y planificación para la adquisición y desarrollo del mencionado registro. Al mismo tiempo, se otorga al NPS la coordinación de estos programas y se nombra a su director como Director Ejecutivo del Consejo Asesor de Preservación Histórica.

Por último, la quinta norma se adoptó en 1979, la ley de protección de los recursos arqueológicos -Archaeological Resources Protection Act-. Define los recursos arqueológicos como cualquier material humano, restos de vida pasada o actividades que son de interés arqueológico y con antigüedad de por lo menos. Prohíbe todo tipo de excavación y alteración de estos recursos, como también su compra, venta e intercambio, salvo que medie autorización emanada de autoridad competente. 2. Fondo para la conservación de espacios terrestres y acuáticos -The Land and Water Conservation Fund (LWCF) Act-: se creó por ley en 1965. Reviste vital importancia, por ser la primera vez que se decide destinar en forma permanente ingresos públicos a la adquisición de tierras, para lo que se instituye un fondo especifico[17]. La finalidad del mismo es la planificación de la compra de tierras e instalaciones de recreo en espacios abiertos, ya sea por el Servicio o por otras agencias federales. Originariamente su actividad se iba a extender hasta el año 1989, pero a través de una reforma legislativa realiza en 1987 se lo extendió hasta el año 2015.

3. Ley sobre ríos nacionales inalterados y escénicos de 1968: declara que es política nacional el mantenimiento de determinados ríos en su estado natural, como también la preservación de su entorno inmediato para el disfrute de generaciones presentes y futuras. Se prohíbe expresamente a la Comisión Nacional de Energía otorgar cualquier tipo de autorización para la construcción de embalses, acueductos, centrales o conducciones eléctricas, así como todo tipo de proyecto susceptible de afectar los ríos del sistema.

Los ríos administrados por el NPS son los que forman parte del sistema nacional de parques. No obstante, en caso de conflicto entre su legislación específica y la del sistema, se aplicará la más restrictiva, es decir, esta última[18].

4. Ley sobre el sistema nacional de senderos de1968: prevé tres tipos de senderos: a) “senderos nacionales de recreo”, los que se encuentran próximos a los grandes centros urbanos y son establecidos por el Secretario de Interior o el de Agricultura; b) “senderos escénicos nacionales”, que son más extensos y se ubican en lugares remotos, tienen fines de recreo y conservación de los valores de las áreas que atraviesan y se declaran por ley del Congreso; y c) “senderos laterales de conexión”, cuyo objetivo es facilitar el acceso a los dos anteriores. A su vez, en 1978 a través de una enmienda a la ley de 1968 se adicionaron los “senderos históricos nacionales”. 5. Ley de áreas silvestres de 1964 –Wilderness Act-: destinada a garantizar la preservación de estos espacios, para lo cual establece un “Sistema Nacional de Preservación de Áreas Silvestres”. Define a esta última como un espacio natural de mas de 2.000 has donde la comunidad de seres vivos no ha sido alterada por el hombre.La peculiaridad de la normativa reside en que la declaración mediante ley del Congreso especifica de una unidad como “área silvestre” no implica su adscripción administrativa a este sistema, sino que permanece dentro la órbita del NPS, lo que en los hechos significa que establecen objetivos complementarios para los lugares que ya perteneciendo al NPS adquieren también el carácter de áreas silvestres. Sin perjuicio de ello, la reglamentación prohíbe algunos usos, tales como el desarrollo de actividades comerciales, la construcción de vías –temporales o permanentes-, los medios de transporte mecánicos y la edificación de infraestructura e instalaciones.

6. Ley nacional de política ambiental de 1969: es la norma de mayor alcance en la materia de la década del ´60. Es la legislación base en materia de protección ambiental de todas las agencias del Gobierno federal. La incorporación más importante fue la obligación de emplear un enfoque sistémico y multidisciplinar en la planificación y en la toma de decisiones que repercutan sobre el ambiente. Justamente, con esta norma surgen los estudios de impacto ambiental y la participación necesaria de la sociedad civil en los procedimientos de planificación.

7. Gestión de zonas costeras -1972-: prescribe como política nacional la preservación, protección, desarrollo, restauración y mejora –si fuera posible- de los recursos de las zonas costeras.

8. Control de la contaminación de las aguas, 1972: Su objeto es restaurar y conservar la integridad química, física y biológica de las aguas. Para cumplir con dicha finalidad, faculta a la Agencia de Medio Ambiente –EPA[19]- a prever estándares mínimos y obliga a los Estados a estipular los objetivos de calidad de las diferentes aguas.

9. Ley de protección del aire, 1967: es una norma horizontal que tiene por fin proteger la buena calidad del aire para resguardar la salud y el bienestar de la población.

10. Protección de especies amenazadas, 1973: exige a las agencias federales que el desarrollo de sus actividades no generen impactos desfavorables sobre las especies amenazadas o en peligro, así como tampoco modificar negativamente sus hábitats críticos.

11. La minería en el Sistema Nacional de Parques. Hasta el año 1976, esta actividad estuvo reglamentada por la Ley de Minas de 1872, que tenia como finalidad primordial facilitar la explotación minera. Sin embargo, en 1976 se produjo un cambio sustancial de criterio, aprobándose una ley que propicia, dentro del Sistema, la supresión definitiva de la actividad minera. En consecuencia, sujeta las concesiones en explotación a un plazo fijo trascurrido el cual prescriben, a la vez que cierra las unidades del sistema que otorgaban nuevas concesiones.

12. Ley de responsabilidad federal extracontractual de 1946: determina los criterios de atribución de responsabilidad del NPS cuando no cumplimenta su deber de protección de los visitantes.

13. Ley de protección de los recursos del Sistema Nacional de Parques -1990-: contempla un sistema de garantía respecto de la indemnización por daños y perjuicios, que las personas o sus bienes puedan ocasionar a los recursos protegidos por el sistema. Se estipula que cualquiera que dañe un recurso será responsable por los daños causados, salvo que pruebe que fueron producidos en el ejercicio de una actividad legalmente autorizada.

14. Las concesiones en el Servicio Nacional de Parques: reguladas por la ley de mejora de la gestión de concesiones de 1998. La regla general es la limitación de las instalaciones, a las estrictamente necesarias para el uso y disfrute de los espacios protegidos, claro está, dentro del marco de la compatibilidad con un alto nivel de protección de los valores naturales.

15. Visitas aéreas en los parques nacionales: La división competencial entre la gestión de los parques nacionales y el espacio aéreo no fue en absoluto una tarea sencilla. En el año 2000 se sancionó la ley de gestión de visitas aéreas de las áreas protegidas. Si bien la aviación civil conserva la competencia de gestión del espacio aéreo de los parques, se exige la coordinación entre la administración de ésta y la de los parques nacionales. Asimismo, se prohíben los vuelos comerciales en las unidades sin autorización previa y se fomenta la utilización de la tecnología más silenciosa.  4. El Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos de América.

El Sistema Nacional de Parques y el Servicio homónimo -National Parks Service o NPS- poseen existencia legal y diferenciada, por lo que no es posible utilizar estos conceptos como sinónimos.

Desde una perspectiva general, puede aseverarse que el Sistema Nacional de Parques comienza a desarrollarse en el año 1872 con la declaración de “Yellowstone” como parque nacional. Esta terminología es utilizada para hacer referencia al conjunto de áreas protegidas de nivel federal gestionadas por el Servicio Nacional de Parques.

La traducción en español consensuada a nivel general del National Parks Service es “Servicio de Parques Nacionales”, sin embargo esta denominación ha sido cuestionada[20]. Si bien se entiende que desde un punto de vista sintáctico tanto la designación reseñada como “Servicio Nacional de Parques” son correctas, se considera que esta última resulta más apropiada. Ello en el entendimiento, que el Servicio no se ocupa exclusivamente de la administración de parques nacionales, sino también de otro tipo de parques, como los que reseñamos en sus diferentes categorías en el punto anterior.

En estas coordenadas, esta entidad es el único organismo nacional orientado a la gestión de las áreas protegidas de ámbito federal. Por ende, el adjetivo “nacional” debe calificar al nombre “Servicio” de manera principal. Consecuentemente, la denominación correcta debiera ser “Servicio Nacional de Parques” ya que con ésta se subraya el carácter “nacional”, y dentro del vocablo “parques” quedan comprendidos, en forma amplia, los distintos espacios protegidos que gestiona –que trasciende la categoría de parques nacionales-[21].

Sentado ello, no es ocioso señalar que el Servicio es la agencia federal encargada de todos los parques nacionales de Estados Unidos de América. Funciona en la órbita del Departamento de Interior, bajo la dirección del Secretario y del Vicesecretario para Pesca, Vida Silvestre y Parques, es decir que tiene un rango administrativo de naturaleza técnica.

El Servicio Nacional de Parques se organiza en torno a cuatro órganos generales: 1) los servicios centrales con asiento en Washington D.C., 2) los Centros de Programas Nacionales, 3) los servicios con base territorial, y 4) el Consejo Nacional de Dirección.

La dirección estratégica del sistema es ejercida por el Consejo Nacional de Dirección y los Servicios Centrales, los que se encargan de delimitar los objetivos, las estrategias y la política de todo el régimen. Por su parte, los Centros de Programas Nacionales desarrollan proyectos temáticos, que son abordados a nivel federal. Finalmente, los servicios con base territorial se encargan, con amplio margen de autonomía, de la gestión concreta y especifica de las áreas protegidas.

En otro orden de ideas, es de vital relevancia detenerse en la estructura particular de la unidades de campo o territoriales. En el primer escalafón, aparecen las Direcciones Regionales. Bajo cada una de estas se ubican las unidades concretas de gestión, que son agrupadas en base a afinidades geográficas y naturales. Para cada grupo, se establece una oficina de apoyo del sistema –con igual rango que las unidades que la componen-, a fin de garantizar la mayor eficacia en la utilización de los recursos materiales y humanos disponibles. A su vez, éstos tienen la peculiaridad de ser compartibles, de modo tal que cada unidad puede aportar recursos al conjunto y también recibir los que necesita.

Con la finalidad de realizar un estudio exhaustivo de este organismo, se entiende necesario, a efectos de lograr una mejor comprensión del mismo, analizar cada una de las unidades mencionadas con anterioridad en forma más pormenorizada.

1. Unidades Territoriales de Gestión. Su función principal es la gestión y protección del territorio a su cargo –p.ej. el Neverglades National Park-. No obstante, también cumplen diversos objetivos adicionales.

Como el Servicio se basa en la colaboración mutua entre los distintos centros gestores, las unidades territoriales cumplen un rol protagónico y pierdan parte de su individualidad en aras del trabajo general. Por ejemplo, algunos de sus especialistas pueden ubicarse en las oficinas de apoyo o brindar asesoramiento a los restantes parques desde sus respectivas unidades. En efecto, dichas oficinas y las unidades no son independientes entre sí, por el contrario cada una depende de la otra en diferentes aspectos y servicios. Otra muestra de la vinculación existente es que los gestores de las unidades territoriales son evaluados no sólo en función de los resultados obtenidos en las mismas, sino también de acuerdo a la actividad realizada en las mencionadas oficinas de apoyo.

La idea en que se basa esta política es que las unidades de gestión no se orientan exclusivamente a la protección de sus áreas territoriales, sino que funcionan como centros de gran utilidad para el Servicio en toda su extensión, considerándoselas como elementos indispensables para la consecución de los objetivos generales propuestos.

Los gestores de las unidades territoriales, que reciben la denominación de “Superintendente”, además son responsables por: a) el interior del espacio que administran, b) la área adyacente, c) el liderazgo ambiental en la área protegida y d) la educación, la interpretación y la conservación del patrimonio natural y cultural.

2. Oficinas de apoyo. Estos órganos coordinan los grupos, compuestos por la unión de distintas unidades territoriales con características próximas en cuanto a ecosistemas y recursos naturales.

Sus funciones son de nivel horizontal, y básicamente son: a) participación en la planificación del grupo, b) asistencia técnica a las unidades territoriales, c) proporcionar apoyo para la ejecución de actividades de campo o administrativas y d) desarrollo de programas de asociación con otras instituciones. La finalidad primordial es de apoyo, por ende no deben sustituir a las unidades de gestión.

Asimismo, vale recordar que todas las unidades son dependientes entre sí, por lo que pueden compartir los medios. A través de dicha interdependencia, se maximizan las asociaciones entre las diferentes unidades y se otorga solución al conflicto de las unidades menores, que carecen de especialistas y medios indispensables para una adecuada gestión del territorio.

Cada oficina de apoyo tiene un superintendente que depende del Director Regional, del mismo modo que los demás superintendentes de las unidades de la región Es preciso aclarar que este esquema tiene simplemente carácter orientativo, por lo que pueden existir en la práctica diferencias sustanciales entre una y otra oficina. Ello obedece a la discrecionalidad con la que los superintendentes organizan cada grupo, a fin de alcanzar un mayor nivel de eficacia con los recursos disponibles, por supuesto, siempre dentro del marco general establecido en el sistema de directrices ya señalado.

Por regla general son organizaciones generales, aunque excepcionalmente pueden estructurarse con cierto grado piramidal. El superintendente es el responsable de la oficina y junto con los demás superintendentes de las unidades territoriales es miembro del equipo de gestión del grupo. Entonces, es directamente responsable de la oficina de dirección –superintendente adjunto y área de información- como también de los tres coordinadores de equipo: a) gestión de recursos, b) educación y servicios para los visitantes y c) apoyo administrativo. El equipo de gestión de recursos - como su nombre lo indica - se ocupa de la protección y conservación de recursos naturales y culturales.

Esencialmente, actúa en las siguientes áreas:

Finalmente, el equipo de apoyo administrativo asiste a las unidades en la ejecución y la gestión de todas las actividades presupuestarias, administrativas, de funcionamiento y aquellas vinculadas con los recursos humanos. Además, cumple funciones de asesoría en “financiación creativa”, con el objeto de promover la búsqueda de socios en la financiación de planes y actividades por medios no tradicionales.

3. Direcciones Regionales. Tienen responsabilidades directas sobre un espacio geográfico determinado, así como sobre las unidades de gestión y las oficinas de apoyo que se sitúan en éste.

El Director Regional tiene básicamente las siguientes atribuciones: a) garantizar la coherencia entre actividades nacionales y las locales, b) planificación estratégica, supervisión y dirección de las relaciones con el público como también con los medios de comunicación, c) presupuestarias, y d) disciplinarias respecto del personal que desempeña funciones en las unidades bajo su administración.

Tienen a su cargo la dirección y la fiscalización de toda la actividad del Servicio en la región, pero no llevan a cabo planes por su cuenta sino con el objeto de dirigir las acciones ejecutadas por las unidades.

El director local tiene autoridad jerarquía sobre todos los superintendentes de su jurisdicción. Una característica particular de la organización está constituida por el establecimiento de un oficial de enlace específico para cada una de las oficinas de apoyo. La misión de este agente es promover una adecuada comunicación entre la Dirección Regional, las oficinas de apoyo y las unidades de gestión, relativa a cuestiones de índole administrativa y de gestión. Además, se prevé otro oficial de enlace en la sede central del Servicio en Washington D.C.

4. Centros de Programas Nacionales. Tienen un radio de actuación de nivel federal. En virtud de la experiencia y capacidad profesional que centralizan en un ámbito concreto, no se considera conveniente ofrecer esos servicios a cada de unidad de gestión, por razones de eficacia y de economía de escala.

El Servicio en toda su extensión cuenta con 11 de estos Centros, los que se agrupan de acuerdo a programas de diversos géneros; administrativos, de gestión de recursos, de ingeniería, de planificación, etc.

Para el establecimiento de los mismos se exige el cumplimiento de tres recaudos mínimos, a saber: a) la experiencia que concentran debe superar un umbral determinado, de forma tal que redunden en beneficio para el conjunto del sistema, b) la centralización debe contribuir a la mejora de las funciones que se realizan en las unidades de gestión y c) su descentralización se tornaría antieconómica.

En lo referido a su estructura, dependerán en forma directa del Director Asociado competente en Washington D.C., independientemente de su ubicación y de la materia que se ocupen. Los programas de trabajo son establecidos por las unidades de gestión y los centros, teniendo especialmente en miras el método más eficaz y de mayor calidad para efectuar la tarea solicitada por el Servicio, procurando la utilización eficiente de los limitados recursos naturales disponibles.

5. Servicios centrales de Washington D.C.. Es la oficina que dirige al Servicio, estableciendo la política, el marco legislativo, los presupuestos y, a su vez, controla las actividades de todas las unidades de campo.

Se encuentra a cargo del Director del Servicio Nacional de Parques –tercero en la escala jerárquica del Departamento del Interior, después del Secretario y del Vicesecretario.

En el nivel inferior inmediato, se ubican cinco Directores Asociados y los Directores Regionales, con responsabilidades sectoriales y territoriales, respectivamente.

6. Consejo Nacional de Dirección. Su finalidad principal es determinar la política general del NPS, lo que incluye objetivos y estrategias de carácter legislativo. En otro orden de ideas, se ocupa de fijar las prioridades de acción, cumpliendo además funciones ejecutivas en lo referido a la puesta en práctica de las estrategias generales y a la toma de decisiones sobre la totalidad del Servicio.

Se encuentra conformado por el Director y el Director Adjunto del Servicio, los Directores Asociados Sectoriales y los Directores Regionales.

7. Consejo de Gestión del Servicio Nacional de Parques. Las decisiones del Consejo Nacional de Dirección se materializan mediante la línea jerárquica del Servicio en su conjunto. A fin de simplificar esta tarea y garantizar una eficaz comunicación entre el Consejo Nacional de Dirección y las restantes unidades del Servicio se crea un Consejo de Gestión del NPS. Éste se constituye por los gestores del segundo nivel de la escala jerárquica de la organización.

Se trata de un órgano asesor adjunto al Consejo Nacional de Dirección, dependiente de este último. Básicamente se encarga de cuestiones de comunicación, de la gestión del Servicio, así como del desarrollo y puesta en marcha de estrategias y políticas generales. Sus miembros se encuentran habilitados para asistir, cuando sea necesario, a las reuniones del Consejo Nacional de Dirección.

La composición y funcionamiento de este organismo es establecida por el Consejo Nacional de Dirección. Entre sus integrantes aparecen los Directores Regionales Adjuntos, los Directores Asociados Adjuntos, los Superintendentes y los Directores de Centros.

Estos siete órganos son los que administran según el Plan de Reestructuración y las Directrices la totalidad del Sistema, con una eficacia que merece su reconocimiento expreso.

b. El Sistema de Parques Nacionales de España [arriba] 

1. Introducción.

En el presente acápite se analizarán las particularidades del sistema de áreas protegidas de España. Como ya se ha expresado en la primera parte de esta tesis, no puede soslayarse la trascendental influencia que tuvo la Constitución de 1978 de este país en la reforma de 1994, específicamente en lo que a la materia ambiental respecta. Por consiguiente, es innegable el preponderante rol que ocupa la cláusula española como fuente del artículo 41 de nuestra Carta Magna.

La Constitución española de 1978 ha consagrado en su artículo 45 el derecho a un ambiente sano. En cumplimiento del mandato del constituyente se crea un régimen jurídico tuitivo de los recursos naturales, sin perjuicio de la necesaria explotación en aras de un desarrollo económico y social ordenado. Este sistema será de aplicación con mayor intensidad sobre aquellas áreas definidas como “espacios naturales protegidos”. Se instaura una política de conservación de la naturaleza, otorgando un alto grado de protección para las áreas que así lo requieran por la singularidad e interés de sus valores naturales.

Por su parte el artículo 149.1.23 de su Ley Fundamental reserva al Estado español la competencia exclusiva para dictar la “legislación básica” sobre protección del ambiente, en términos similares a los que fueron receptados por el constituyente de nuestro país.

Para desentrañar el alcance del precepto mencionado, se torna indispensable acudir a la interpretación que ha ido realizando el Tribunal Constitucional español. Al respecto, pueden distinguirse dos fases claramente diferenciadas. En los primeros tiempos posteriores a la entrada en vigor de la Constitución[22], la jurisprudencia[23] de dicho Tribunal permitió al Estado dictar normativa sumamente minuciosa en función de su competencia en la legislación básica ambiental, desconociendo las atribuciones de las Comunidades Autónomas.

No obstante, poco tiempo después iba a producirse un leve viraje jurisprudencial que sería definitivamente consolidado en 1995 a través de la sentencia del Tribunal Constitucional –en adelante, STC -102/1995[24]. Entre los fundamentos de dicho decisorio se advierte: “(…) en materia de medio ambiente, el deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación básica por la normativa autonómica, aún siendo menor que en otros ámbitos, no se puede llegar, frente a lo afirmado en la STC 149/1991, de la cual hemos de apartarnos en este punto, a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medio ambiente, vaciándolas así de contenido” (Fundamento Jurídico Nº 8).

Si bien el decisorio citado con anterioridad se refiere al deslinde de competencias establecido para la protección del ambiente, corresponde aplicar por analogía estos parámetros en materia de parques nacionales. En tal sentido, en dicha sentencia se destaca que la tutela del ambiente tiene “carácter trasversal” por incidir en diferentes asuntos que se enmarcan en el diseño constitucional de competencias Estado español - Comunidades Autónomas. Sin embargo, esa transversalidad en modo alguno legitima la vis expansiva de la competencia, toda vez que en esta materia no puede encuadrarse cualquier tipo de actividad relacionada con los recursos naturales, sino únicamente aquellas que tiendan a su preservación, conservación y mejora. En suma, no se impide que dentro del territorio del parque puedan tener jurisdicción otros organismos, pero la competencia de los órganos de parques nacionales se extiende a todas las actividades que tengan por finalidad la preservación, mejora y conservación de los recursos naturales.

Tal como se advertía, el objeto central de este acápite es describir exhaustivamente el sistema normativo en materia de espacios protegidos que rige en España. Se desarrollará el marco constitucional de protección ambiental, del que surge el deslinde de competencias ya esbozado sobre este tema entre el Estado español y las Comunidades Autónomas. Luego, se analizarán las distintas modificaciones que atravesó la legislación originaria de parques, para arribar al régimen legal vigente hoy en la materia, haciendo especial hincapié en su notable descentralización legislativa y administrativa -sin duda la particularidad más importante del sistema español-. Específicamente, el régimen normativo se complementa, por un lado, con lo que se denomina la “legislación marco” de conservación de espacios naturales, y por el otro, con las restantes leyes especificas, teniendo ambas reglamentaciones igual jerarquía normativa. Si bien, en un principio, el Estado español tenía jurisdicción exclusiva – y excluyente- sobre la gestión de los parques nacionales, posteriormente se establecieron competencias compartidas entre éste y las Comunidades Autónomas.

Posteriormente, se profundizará acerca de la “Red española de Parques Nacionales” y los organismos que la componen: 1) Parques nacionales, 2) Comisiones mixtas de gestión, 3) Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 4) Consejo de la Red y 5) Patronatos.

Por último, se examinarán las estrategias que rigen la gestión de los espacios naturales protegidos españoles, contempladas en el denominado “Plan Director”.

2. La protección del ambiente en la Constitución de 1978.

La Constitución española de 1978 receptó el derecho a un ambiente sano en el artículo 45, ubicado en el Capítulo III, denominado “De los principios rectores de la política social y económica”, del Título I “De los derechos y deberes fundamentales”.

El precepto textualmente prescribe: “1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.

Como puede observarse, la norma se estructura en tres partes. El primer apartado reconoce el derecho a disfrutar de un ambiente “adecuado”, en forma simultánea con el deber constitucional de todos de conservarlo. En el segundo, se imponen obligaciones a los poderes públicos de promover y restaurar el ambiente, así como la de velar por el uso racional de los recursos naturales. Por último, en el tercer apartado se prevén sanciones administrativas y penales para aquellos que violen lo dispuesto por la cláusula ambiental, así como también el deber de reparar el daño ocasionado.

En otro orden de ideas, es importante señalar que por primera vez en el derecho constitucional comparado se incorpora el término “calidad de vida”. Se trata, al igual que el de desarrollo humano, de conceptos jurídicos abiertos que hacen más complicada – a la vez que más rica – la interpretación constitucional, tal como lo señalamos en los capítulos 1 y 2.

Sin embargo, siguiendo la trama argumental del citado artículo 45. 1 se considera que el derecho constitucional ambiental español abarca al conjunto de normas jurídicas que regulan bienes ambientales con la finalidad de preservarlos para su disfrute, que es el objetivo primordial que deben perseguir las autoridades.

El ambiente adecuado para el desarrollo de los individuos es uno de los presupuestos que, conjuntamente con el bienestar económico y el ejercicio regular de los derechos constitucionales, forman la calidad de vida. Como señala autorizada doctrina: “La secuencia puede ser ordenada de la siguiente manera: dignidad, calidad de vida y medio ambiente, se trata de nociones normativas a las que habrá que dotar de contenido y clarificar”[25].

La jurisprudencia contribuyó considerablemente a delimitar el alcance y contenido de este derecho fundamental. En efecto, el Tribunal Constitucional[26] puso de manifiesto la necesidad de armonizar la utilización racional de los recursos naturales con la protección de la naturaleza, para alcanzar el mejor desarrollo de la persona y garantizar una mejor calidad de vida.

Específicamente sobre la temática ambiental existe una pluralidad de competencias, según lo estipulado por la Norma Suprema tanto el Estado como las Comunidades Autónomas poseen competencias en la materia. Por un lado, el artículo 148.1.9 Constitucional prescribe que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en lo concerniente a montes y aprovechamientos federales. De lo que se desprende que todas las Comunidades Autónomas pueden asumir la facultad de gestión sobre medio ambiente. No obstante, en un principio sólo las Comunidades encuadradas dentro del artículo 151 de la Constitución española[27] -y algunas otras- se adjudicaron la competencia de desarrollo normativo y ejecución, así como la de sancionar la legislación adicional sobre protección ambiental. Mientras que las restantes Comunidades Autónomas únicamente obtuvieron competencias de gestión en materia ambiental. Situación que fue completada a través del proceso de reformas estatutarias llevado a cabo durante los años 1998 a 1999, alcanzándose la equiparación entre todas las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, el artículo 149.1.23 de la Ley Fundamental de 1978 dispone: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre (…) Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, y la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias”.

De conformidad con esta norma, el Estado español tendrá facultades para sancionar la legislación básica en materia de protección ambiental, mientras que las Comunidades Autónomas serán competentes para dictar las normas adicionales, ya sean de desarrollo legislativo de las citadas leyes básicas o complementarias.

A fin de esclarecer el concepto de “legislación básica”, el Tribunal Constitucional[28] manifestó que ésta se identifica con los “presupuestos mínimos de protección”, y las “normas de desarrollo” con la tutela adicional que otorgan las Comunidades Autónomas. Siguiendo esta línea de pensamiento precisó que es al Estado español a quien le corresponde delimitar el alcance de “lo básico” estableciendo la protección que considere indispensable, y dejando el margen para posibilitar la mejora de la misma a través de las normas autonómicas.

Resulta de vital importancia advertir que a dichas competencias normativas autonómicas hay que adicionarle la de legislar en materia de espacios naturales, también en el contexto de la reglamentación básica del Estado. Tal como se expresaba con anterioridad, el precepto constitucional introduce una doble cláusula de residualidad: una respecto del Estado y otra a favor de las Comunidades Autónomas, otorgando a estas últimas aquellas competencias que no hayan sido atribuídas expresamente al Estado español.

No es ocioso señalar que la temática ambiental es amplísima, comprende la valoración jurídica de títulos competenciales estatales, como también la reglamentación mínima sobre la conservación del ambiente y la regulación de las condiciones básicas tendiente a garantizar la igualdad de todos los habitantes en el ejercicio de los derechos fundamentales y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. A lo que, sin duda, deben adicionarse los autonómicos –artículo 149.1.1. de la Constitución[29]-, esto es las normas adicionales de protección ambiental.

En definitiva, el punto de partida para determinar el alcance de las competencias autonómicas y estatales en material ambiental es el citado artículo 149.1.23 de la Ley Suprema. La cláusula diferencia cuatro funciones: la legislación básica, que es atribuída al Estado, y las tres restantes son encomendadas a las Comunidades Autónomas. Concretamente, en este deslinde competencial se está haciendo referencia al desarrollo normativo, la ejecución o la gestión y las normas adicionales de protección, todas a cargo de las Comunidades Autónomas. A su vez, este esquema es complementado por el artículo 149.1.1. que concede facultades al Estado para sancionar normas necesarias, a los efectos de consolidar la igualdad de todos los españoles respecto de los derechos y las obligaciones constitucionales.

La Constitución española no excluye la legislación autonómica en materia de derechos, sino que atribuye resortes competenciales al Estado para que las divergencias entre las legislaciones autonómicas no menoscaben la igualdad que debe imperar entre todos los españoles, los que deben tener los mismos derechos y obligaciones en todo el territorio nacional[30]; por ello se concede al Estado la facultad de regular las posiciones jurídicas fundamentales.

El marco legal descripto se encuentra íntimamente vinculado con la caracterización que se le otorga a los espacios naturales, como bien señala Canosa Usera[31], por cuanto pueden considerarse un nuevo título creado estatutariamente de conformidad con lo prescripto por el artículo 149.1.23 del texto constitucional. Entonces, en este supuesto estaríamos ante competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, también pueden ser entendidos como parte integrante del título concerniente al ambiente, lo que trae aparejado un límite concreto configurado por la legislación básica del Estado, es decir que en esta hipótesis las Comunidades Autónomas tendrían un margen más reducido de facultades.

Acerca de este tema, el Tribunal Constitucional español no mantuvo una línea uniforme, sino que por el contrario su postura fue mutando con el correr del tiempo. En un primer momento, sostuvo que existían notables diferencias entre este título competencial -el de los espacios naturales- y el de protección ambiental. Este criterio puede apreciarse con absoluta claridad en las STC 69/1982 y 82/1982. En estos pronunciamientos expresó que al no estar la competencia sobre espacios protegidos contemplada en el artículo 149.1, esto es no reservadas al Estado, podían ser otorgadas válidamente con carácter exclusivo a las Comunidades Autónomas.

Esta tesis jurisprudencial fue dejada de lado a través de la STC 102/1995, decisorio en el que se puntualizó que el esquema primario de deslinde de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la protección del ambiente se dificulta por su coexistencia con otros títulos competenciales, afines o colindantes, entre los que se ubican los espacios naturales protegidos. Asimismo, puso de manifiesto que las Comunidades Autónomas que tengan competencias sobre áreas naturales pueden dictar normas de protección y conservación, siempre que respeten la reglamentación básica del Estado sobre protección del medio ambiente.En síntesis, la Constitución española reconoce: por un lado, la facultad de legislación del Estado para sancionar las normas básicas de protección ambiental –artículo 149.1.23-, y por el otro, las competencias autonómicas para dictar leyes adicionales de protección –artículo 149.1.23-, como también las atribuciones de gestión en materia de conservación del medio ambiente –artículo 148.1.9-.

En este contexto pareciera que las Comunidades Autónomas poseen dos competencias legislativas ambientales: 1) de desarrollo legislativo, de conformidad con el típico esquema de materias compartidas y 2) la de dictar normas adicionales de protección, esto es aquella legislación que no tiene por objeto desarrollar la reglamentación básica, sino que por el contrario está orientada a completarla con mayor protección. Sin embargo, con excelentes lineamientos se ha sostenido[32] que se trata de dos competencias que se proyectan sobre una misma materia y tienen idéntica finalidad. En consecuencia, las Comunidades Autónomas pueden adoptar distintas actitudes frente a la legislación básica del Estado: desarrollarla o complementarla con leyes adicionales. Si bien es cierto que la Constitución sólo contempló el segundo supuesto, no lo es menos que los estatutos de autonomía incorporaron el sistema de materias compartidas en la esfera ambiental desde antaño. A este esquema competencial, hay que adicionar las facultades autonómicas de legislar sobre espacios naturales protegidos, dentro del marco de la legislación básica del Estado.

3. Régimen legal de áreas protegidas español.

Es conveniente resaltar que en España opera una fuerte descentralización legislativa y administrativa en las Comunidades Autónomas, de forma tal que cada una de éstas tiene poderes legislativos y ejecutivos distintos de los de la administración central en lo que respecta a materias propias de su competencia. Entre éstas pueden destacarse las concernientes al ordenamiento del territorio y las relativas a los recursos naturales, incluyendo la reglamentación sobre áreas protegidas.

No obstante, dentro de este deslinde de competencias, impera una reserva a favor del Estado español para asuntos de interés nacional o que afectan a más de una Comunidad Autónoma. Por consiguiente, en lo vinculado a parques nacionales, en principio media una reserva de gestión exclusiva a favor del Estado –declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en el año 1995[33], sentencia que se abarcará in extenso en la parte correspondiente de este capítulo-. Entonces, actualmente existen competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre cuestiones relativas a parques nacionales, tanto en lo referido a su creación como en su gestión.

Es imprescindible recordar que desde los comienzos de la política de parques nacionales existió, en España, una ley marco para todo el sistema de espacios protegidos. Circunstancia que perdura hasta la actualidad, dado que independientemente de las competencias descentralizadas en las Comunidades Autónomas, se sigue manteniendo la vigencia de una norma básica nacional que engloba la política de todas las administraciones en la materia[34].

En esta legislación de base, de forma genérica se determinan las características que deben reunir los parques nacionales, el procedimiento de declaración, así como los principios rectores de gestión y sus objetivos principales de conservación.

En igualdad jerárquica con la mencionada normativa, coexisten leyes específicas para el establecimiento de cada parque, donde se estipulan las finalidades concretas como también disposiciones para la gestión de esa área protegida. Por otro lado, existen los denominados “planes de gestión”, aprobados por el Poder Ejecutivo, que derivan tanto de la ley marco como de las reglamentaciones individuales.

A su vez, con el mismo rango normativo, el Gobierno sanciona para toda la Red Española de Parques Nacionales el “Plan Director”, donde se fijan los lineamientos de la política de parques.

En suma, el régimen legal de parques español, desde una perspectiva general, está compuesto por la ley marco de conservación de los espacios naturales y el Plan Director. Sin embargo, desde un nivel específico, se integra por la legislación de cada parque nacional en particular, y el plan rector de gestión de cada unidad. No puede soslayarse la relevancia del plan de ordenación de los recursos naturales, consecuencia de la ley marco, que debe aprobarse previamente a la declaración de cualquier parque nacional.

A mayor abundamiento, este esquema se completa con normas de carácter estatal –horizontales y sectoriales- y, normas de carácter autonómico –también horizontales y sectoriales-.

Se analizará a continuación el desarrollo de la legislación básica en la materia, posterior a los fundamentos constitucionales ya mencionados.

a. Ley Marco: la Ley Nº 4/89 y su modificatoria Ley Nº 41/1997.

La Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Nº 4/89[35] fue la primera norma sobre el tema que se sancionó en España con posterioridad a la Constitución de 1978.

La legislación “marco” se estructura en base a tres principios fundamentales: la ordenación del territorio, las áreas protegidas y las especies de flora y fauna silvestre.

En relación al primer pilar, la norma incorpora una innovación en materia de ordenamiento territorial al prescribir la obligación de elaborar “planes de ordenación de los recursos naturales” en los que se deben estipular los diferentes usos que pueden llevarse a cabo en las unidades con la finalidad de proteger los recursos naturales. A la vez, determina que estos planes especiales tienen preeminencia sobre la planificación derivada de la ley del suelo. Sin duda, teniendo en cuenta las características del sistema, donde la mayoría de los parques se establecen sobre territorios que no son del dominio del Estado español y son las Comunidades Autónoma las competentes para calificar el uso del suelo, se trata de una herramienta indispensable para garantizar la conservación de la naturaleza.

La competencia exclusiva sobre la gestión de los parques nacionales fue otorgada en la ley de 1989 al Estado español, aunque posteriormente a la declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional en 1995 -como ya adelantamos - éste se vio obligado a la reforma del año 1997.

En otro orden de ideas, la norma contiene cinco instrumentos claves para cualquier sistema de parques nacionales, a saber: 1) determina el procedimiento de declaración y administración; 2) fortalece a su autoridad de aplicación al crear la “Red Española de Parques Nacionales” y establecer su Consejo Rector; 3) sistematiza las bases de organización de los parques nacionales y de la mencionada Red; 4) puntualiza las funciones de los Patronatos y 5) formaliza el aporte de recursos presupuestarios públicos para el desarrollo sostenible de las áreas del entorno de los parques nacionales. El Tribunal Constitucional Español -TCE-, a través de la sentencia 102/1995, declaró inconstitucional la reserva de gestión exclusiva a favor del Estado nacional que contenía la Ley Nº 4/89. Las actuaciones se inician por sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno Vasco, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Canarias, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Galicia, el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, el Parlamento de Cataluña, la Junta de Castilla y León, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Gobierno de la Diputación de Cantabria, contra la norma prereferida y el Real Decreto 1095/1989[36], en el entendimiento de que vulneraban el bloque de constitucionalidad en orden a la atribución y reconocimiento de competencias.

De modo previo al análisis de constitucionalidad sobre la normativa cuestionada, el Tribunal examina las características de la legislación marco de 1989. En primer término señala que la Constitución en varias de sus disposiciones hace referencia a “condiciones básicas” –artículo 149.1.1.- “normas básicas” –artículo 149.1.27[37]-, “legislación básica” –artículo 149.1, 17 y 18[38]-, y además enuncia las atribuciones exclusivas del Estado. Estas cláusulas se encuentran estrechamente vinculadas aún cuando se utilizan denominaciones diferentes.

En los dos primeros conceptos predomina la dimensión material, mientras que en la última sobresale el aspecto formal, el que se maximiza cuando las Comunidades Autónomas tienen encomendado el desarrollo legislativo y su ejecución. Sirva de ejemplo lo concerniente a la protección del ambiente ya señalado en el punto anterior.

El vocablo “básico” trae aparejado la acepción de “fundamento”, el objeto es garantizar en aras de valores generales superiores del Estado español a los de las Comunidades Autónomas. Es decir, un común denominador normativo y, en la materia objeto de estudio, una política global sobre el ambiente.

Entonces, la legislación “básica” comprende un conjunto de normas legales sancionadas en virtud de la potestad reglamentaria que la Constitución de 1978 le encomienda al Gobierno nacional -artículo 97 C.E.[39]-, siempre que resulten imprescindibles y se justifiquen por el contenido técnico o por un carácter coyuntural, estacional y circunstancial. Ello en modo alguno implica, que el contenido normativo de lo “básico” en esta materia excluya otro tipo de actuaciones que exijan intervención estatal. Esta solución sería verdaderamente excepcional, y únicamente podrá llegarse cuando no exista ningún punto de conexión que posibilite el ejercicio de las competencias autonómicas, o bien cuando el carácter supraautonómico del fenómeno objeto de competencia haga imposible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre éste. Entendemos que, aún frente a esta hipótesis, se requeriría que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación con las Comunidades Autónomas. Como bien señala el TCE en el fundamento jurídico Nº 8 de su decisorio, se produce así la novación del título habilitante de tales actuaciones, cuya legitimidad se encuentra en la competencia residual del Estado español -artículo 149.3 C.E.[40]-, mientras que en supuestos ordinarios las facultades ejecutivas o de gestión en materia de ambiente corresponden a las Comunidades Autónomas dentro de su ámbito espacial y no al Estado.

En este contexto, puede afirmarse que lo “básico” cumple un rol de ordenación a través de “presupuestos mínimos” obligatorios, pero que permiten a las Comunidades Autónomas establecer niveles de protección mayores. Por consiguiente, lo básico tiene simultáneamente carácter mínimo, funcionando como patrón indispensable para la protección del ambiente. Por fuera de este núcleo están las normas que lo complementan y desarrollan con la ejecución, sin fisura alguna de este conjunto normativo. Se trata -según el fundamento jurídico Nº 9 de la sentencia analizada- de una estratificación de la temática por niveles, donde el estatal es suficiente y homogéneo, pero mejorable a efectos de adaptarlo a las circunstancias particulares de cada Comunidad Autónoma. Ahora bien, la extensión de la legislación básica no puede impedir el desarrollo legislativo de las Comunidades Autónomas con competencias en materia ambiental. Es característico de este título competencial, que éstas pueden sancionar normativa adicional de protección, lo que se traduce en la posibilidad de dictar leyes más rigurosas a favor del ambiente. En sentido contrario, no podrán disminuir el nivel de protección dispuesto en la legislación nacional.

En lo que respecta a los parques nacionales, el TCE subrayó: “La característica que sirve para definirlos pone de manifiesto simultáneamente la concurrencia de un interés general para el conjunto de la Nación, cuya fuerza expansiva trasciende su importancia local hasta infiltrarse, diluirse y perderse en la trama y urdimbre de la estructura ecológica de la península o de sus archipiélagos. La posibilidad, pues, de su mera existencia reúne todos los rasgos de lo básico por su carácter selectivo y primario en la materia como los reúne la configuración abstracta que actúa como presupuesto de hecho de la declaración. A esta calificación material se une y exige, cumpliendo así el mandato constitucional, la vestidura formal de una ley de las Cortes Generales no sólo para ratificar la subsistencia de los ya existentes, (…) sino también para declarar en el futuro como tales otros espacios que puedan merecerlo. Cualquiera que fuere la naturaleza intrínseca de las leyes con un objeto singular o un sujeto individualizado, es lo cierto que la declaración de que un determinado espacio natural reviste las características para ser considerado Parque Nacional no se agota con tal declaración sino que conlleva el sometimiento a un régimen jurídico especial para una protección más intensa. No repugna, por tanto, al orden constitucional de competencias que pueda corresponder al Estado, como titular de ese interés general de la Nación la creación de tales Parques, para la cual además se reconoce una facultad de propuesta a las Comunidades Autónomas, aunque no vinculante jurídicamente. Se ajustan, pues, a la Constitución no sólo el artículo 22 de la Ley, salvo en lo que se dice más abajo, sino la disposición adicional primera” -Fundamento Jurídico Nº 21-.

Sin perjuicio de ello, con claridad meridiana expuso en el punto siguiente: “(…) no vale la misma respuesta para la gestión de los Parques Nacionales, que la Ley atribuye en exclusiva al Estado, aún cuando sus funciones en esta materia no se agoten en la declaración del interés general de ese espacio natural que le haga merecedor de protección, pues la norma, tal y como aparece diseñada, desconoce paladinamente la competencia de las Comunidades Autónomas para ejecutar lo legislado sobre protección del medio ambiente y la posición singular de algunas de ellas, con una competencia exclusiva sobre los espacios naturales protegidos. No hace falta insistir en el contenido del concepto de gestión, que se utiliza como sinónimo de administración y en la concepción constitucional de las potestades públicas sobre la materia cuyo ejercicio en este ámbito se configura como competencia normal o habitual de las Comunidades Autónomas y que sólo residualmente, en ciertos supuestos límite que no es necesario concretar ahora, aunque uno sea éste, pueda participar en ella el Estado. No es admisible en cambio la exclusión de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio esté enclavado el Parque Nacional, como hace el texto en tela de juicio. Desde esta perspectiva ha de predicarse la inconstitucionalidad parcial del primer párrafo del art. 22 en cuanto atribuye la gestión exclusivamente al Estado, sin que esa tacha se comunique al siguiente precepto. En efecto, el art. 23 diseña un Patronato para cada uno de los Parques Nacionales con las funciones de proponer, informar o vigilar, y en ningún caso decisorias, en la línea de coparticipación sugerida más atrás, donde estarán presentes todas las administraciones implicadas o comprometidas. No son órganos gestores sino colaboradores, pero su estructura plural con funciones adjetivas o secundarias respeta la participación de las Comunidades Autónomas” -Fundamento Jurídico Nº 22-.

El Tribunal entiende que los parques nacionales ostentan rasgos especiales por su carácter representativo, que justifican una mayor intervención estatal para su delimitación, identificación, declaración como espacios naturales únicos y, en definitiva, su protección. La Constitución de 1978 ampara la intervención del Estado español para regular la gestión de los parques, en aras de consolidar la unidad de su régimen jurídico y la uniformidad en la administración, que conlleven a garantizar su preservación y disfrute por toda la sociedad en base a criterios comunes imperantes en todo el territorio.

Sin embargo, teniendo especialmente en cuenta la concurrencia en la materia y espacio físico de competencias autonómicas, el decisorio del TCE declara inconstitucional la total exclusión de las Comunidades Autónomas de la participación en la gestión de parques. Es decir, que ordena establecer un régimen que coordine en forma adecuada las competencias concurrentes.

En cumplimiento con lo dispuesto por el Tribunal, se sancionó la Ley Nº 41/97[41] modificatoria de la legislación anterior. Esta nueva reglamentación impactó directamente sobre los procedimientos de establecimiento y de gestión de los parques nacionales, pero no tuvo repercusiones sobre la finalidad de los mismos.

Efectivamente, se mantiene en esta nueva norma la definición de parques nacionales estipulada en la Ley Nº 4/89: “espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, que siendo susceptibles de ser declarados parques, se declare su conservación de interés general de la Nación”[42].

Como puede observarse, se establecen dos requisitos para que un espacio sea declarado parque nacional. Por un lado, debe cumplir las condiciones previstas para alcanzar la categoría de parque. Éstas se refieren a un área natural con insignificantes transformaciones por la actividad humana y que, a su vez, posee valores ecológicos, estadísticos o científicos que justifican un tratamiento preferente. Por otro lado, será indispensable que su conservación revista interés general para toda la Nación, recaudo que se determinará por las Cortes Generales y que, además, exige que sea representativo del patrimonio natural español, como también que incluya alguno de los principales sistemas naturales que se incorporan en el anexo de la nueva ley.

La iniciativa de la declaración está en cabeza del Gobierno nacional o de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se encuentre el espacio que se pretende proteger. En ambos supuestos, se necesita el acuerdo del poder legislativo de la comunidad afectada. Por último, las Cortes Generales serán las encargadas de adoptar la decisión correspondiente. Esta competencia estará, en última instancia, sometida al control del Tribunal Constitucional que deberá determinar, en cada caso concreto, si el parque nacional cumple con los requisitos para poder ampararse en la competencia básica del Estado.

Los parques nacionales serán financiados por los presupuestos generales del Estado español y con los aportes de recursos presupuestarios que realicen las Comunidades Autónomas.

La gestión es compartida entre el Estado nacional y las Comunidades Autónomas involucradas, la que se llevará a cabo a través de una Comisión Mixta de Gestión, principal órgano gestor y piedra angular del sistema. Al respecto, el artículo 23.1 prescribe: “la gestión de los Parques Nacionales se efectuará, en cada uno de ellos, por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma en que se halle ubicado, a través de una Comisión Mixta de Gestión, que estará integrada por el mismo número de representantes de la Administración General del Estado, designados por el Ministro de Medio Ambiente, que de la Comunidad Autónoma”.

El organismo tendrá como función principal llevar a cabo todo tipo de acto ejecutivo, entre que se encuadra la elaboración del plan de uso y gestión. No obstante, la aprobación del mismo es una atribución de las Comunidades Autónomas, al igual que la propuesta de nombramiento del Director-Conservador que tendrá a su cargo la administración y la coordinación de las actividades del parque.

La característica fundamental es que la titularidad del ejercicio ejecutivo de competencias corresponde en forma concurrente a ambas administraciones –la nacional y la autonómica-, sin que los órganos creados se adicionen funcional o jerárquicamente a la estructura de ninguna de las dos administraciones. El carácter mixto les otorga una posición “flotante” respecto de las administraciones “madres” sin que se encuentren adscriptos a ninguna de éstas en particular; produciéndose lo que se denomina “mancomunización” de las competencias para la planificación común de actuaciones y la ejecución unificada por el órgano[43].

En suma, en un parque nacional español la competencia de conservación de la naturaleza es conjunta y se ejerce a través de la mencionada Comisión Mixta, mientras que otras competencias –forestal, caza, etc.- son exclusivas de las Comunidades Autónomas. Lo que evidencia, que sobre una misma área protegida pueden actuar distintas administraciones públicas con diferentes funciones y facultades. Es decir que la existencia de un parque nacional, no implica así el vaciamiento de las competencias de las Comunidades Autónomas: en sentido contrario, implica una limitación sobre éstas para la salvaguarda de la conservación de la naturaleza. Ahora bien, corresponde analizar sí el ejercicio de estas competencias puede llevarse a cabo sin colisión en un mismo territorio. Para obtener una respuesta será necesario desentrañar el “título competencial predominante por su vinculación directa e inmediata, en virtud del principio de especificidad, operando así dos criterios, el objetivo y el teleológico, mediante la calificación del contenido material de cada precepto y la averiguación de su finalidad”, tal como expusiera de manera indubitable el TCE en la sentencia 102/1995[44].

La especificidad supone que la regulación en cuestión es específica del respectivo título, de modo que cuanto más específica sea mayor preferencia ésta tendrá. Por su parte, el criterio teleológico consiste en acreditar de qué forma incide la interferencia competencial en el cumplimiento de la finalidad de la normativa. Es decir, valorar si el objeto de regulación resulta imposible a raíz de la existencia de otra competencia, de manera tal que si ésta se puede realizar por otros medios, incluso parcialmente, cederá ante otra reglamentación que tenga su finalidad frustrada. En otras palabras, la competencia que resulte más afectada negativamente para cumplir su fin será la prevalente. Ciertamente, resulta evidente que estos conflictos competenciales requerirán para su solución mecanismos de cooperación y de contribución por los actores involucrados.

Finalmente, es preciso subrayar que la ley de 1997 constituye como órgano asesor del sistema el Consejo de la Red. Este organismo de carácter consultivo tiene como función primordial el seguimiento continuo y permanente de la totalidad de las áreas protegidas españolas. En su seno, se encuentran representadas la Administración General del Estado, cada una de las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito geográfico se ubiquen parques nacionales, las entidades locales y las asociaciones más representativas vinculadas con la protección del ambiente.

Dentro de sus atribuciones, se destaca la de elaborar el Plan Director de la Red Española de Parques Nacionales –aprobado por el gobierno nacional-. Éste se trata del documento que establece los lineamientos generales de actuación de la Red. En definitiva, el Plan Director será el parámetro político- institucional para la elaboración de los planes de uso y gestión que se establecen en forma específica para cada uno de los parques nacionales que conforman el sistema.

b. Leyes específicas.

De conformidad con lo señalado con anterioridad, la posibilidad de este tipo de normas surge de la propia ley marco, toda vez que determina que en cada ley específica de creación de un área protegida, conjuntamente con la declaración de cada parque nacional y de sus objetivos de conservación se deberán incluir los instrumentos jurídicos, financieros y materiales necesarios para tal fin.

Desde sus orígenes el establecimiento de cada parque nacional se materializó a través de actos jurídicos individuales, en los que se reglamentaba su uso y gestión. Hasta el año 1975, se formalizaron mediante decretos con base en la Ley de Parques de 1916 y posteriormente en la Ley de Montes de 1957[45]. Los primeros ocho parques nacionales[46] fueron creados todos por decretos del Gobierno español; no obstante, en 1975 la Ley de Espacios Naturales Protegidos nuevamente ordenó que los parques nacionales fueran declarados por vía legislativa, imponiendo además el deber de volver a clasificar todos los existentes también a través de una nueva ley de “reclasificación”.

Las legislaciones complementarias, en su mayoría, son homogéneas entre sí, con formas similares y concretas. El contenido básicamente hace referencia a la protección y a la administración del parque en vista a la conservación de sus recursos. Usualmente, entre sus disposiciones, se ubican ciertas cláusulas restrictivas del derecho de propiedad.

En la redacción de sus textos pueden encontrarse esencialmente los siguientes elementos comunes: 1) finalidad del parque nacional, 2) establecimiento de zonas periféricas de protección y relación con el entorno del parque, 3) normas especificas de planificación, 4) práctica de usos tradicionales, 5) derecho de terceros y limitaciones sobre la propiedad, 6) formas y medios para la gestión, 7) composición y funciones del Patronato y 8) régimen de sanciones.

4. La Red Española de Parques Nacionales.

La Red Española de Parques Nacionales posee un elemento particular: la gestión conjunta del Estado nacional y las Comunidades Autónomas. Esta característica reviste trascendental importancia al momento de analizar la estructura administrativa y operativa del sistema.

La administración de parques nacionales se organiza en torno a cinco órganos fundamentales: 1) el parque nacional como unidad territorial de gestión; 2) Comisiones Mixtas de Gestión; 3) el Organismo Autónomo de Parques Nacionales; 4) el Consejo de la Red y 5) los Patronatos.

1. Parques Nacionales. Dirigidos por un Director Conservador que tendrá a su cargo la responsabilidad de administración y la aplicación de las políticas de gestión pertinentes sobre el territorio a su cargo. Usualmente los Directores Conservadores están orgánicamente adscriptos al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, pero desde el punto de vista funcional dependen de las Comisiones Mixtas de Gestión de cada unidad.

Si bien su responsabilidad directa es la administración de los parques nacionales, también desempeñan otro tipo de labores vinculados con el funcionamiento de los Patronatos y las Comisiones Mixtas de Gestión. La figura del Director Conservador como un órgano independiente data de mediados de la década de los ‘80, ya que antiguamente los parques nacionales se estructuraban en unidades de gestión dentro delInstituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, compartiendo no sólo el presupuesto sino también el personal.

2. Comisiones Mixtas de Gestión. Es el órgano de decisión política de cada área protegida, donde se materializa la gestión conjunta de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas. La ejecución de las decisiones que se adoptan, por lo general, está a cargo del Director Conservador, aunque pueden afectar a otros organismos.

Su función primordial es la confección del plan rector de uso y gestión del parque nacional, cuyo objetivo es ordenar los diferentes usos y actividades susceptibles de poner en peligro la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas presentes. Dentro de otras atribuciones relevantes merecen destacarse la aprobación de los planes anuales de actividades, la elaboración de planes sectoriales y la determinación de las concesiones de servicios.

Cada parque nacional cuenta con su propia comisión mixta, integrada por cuatro miembros –excepcionalmente por ocho-, respetándose en su composición la representación proporcional de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas involucradas. La presidencia es ejercida en forma alternativa –con rotación anual- por un representante de la Administración del Estado y de la comunidad autónoma.Fueron establecidas por la ley Nº 41/1997, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional Español ya analizada que determinó que no resultaba constitucionalmente válida la exclusión de las Comunidades Autónomas sobre la gestión de parques situados en sus territorios. De esta manera, culminó la gestión exclusiva del Estado español.

3. Organismo Autónoma de Parques Nacionales. Es el encargado de la ejecución de la totalidad de las facultades en materia de parques nacionales del Estado español.

Este organismo sucede a la Junta Central de Parques Nacionales de 1917, a la republicana Comisaría de Parques Nacionales de 1931 y a la Dirección General de Montes de 1975.

Tiene su origen directo en la fusión del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza –ICONA- y el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario –IRYDA- conforme el Real Decreto 1055/1995[47], por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Es preciso poner de resalto que las responsabilidades sobre parques nacionales históricamente recayeron sobre el Ministerio de Agricultura[48]. No obstante, esta situación se modifica en el año 1996 con la creación del primer Ministerio de Medio Ambiente. A partir de este momento la competencia sobre áreas protegidas fue traspasada a la autoridad ambiental, y es justamente a dicho departamento al que pertenece el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Está presidido por el Secretario General de Medio Ambiente –segundo nivel jerárquico del ministerio- y, la vicepresidencia es desempeñada por el Director General de Conservación de la Naturaleza.

Inicialmente, sus funciones eran las depositadas en las dos instituciones ya mencionadas -ICONA e IRYDA-. Básicamente las siguientes: 1) planificación y gestión de la Red Española de Parques Nacionales y otros espacios naturales de competencia estatal; 2) elaboración de los planes rectores de uso y gestión así como - en colaboración con las Comunidades Autónomas - de los planes de desarrollo sostenible a realizar en el entorno de los parques nacionales; 3) gestión de los montes, fincas y otros bienes patrimoniales de los que eran titulares los organismos anteriormente referidos y 4) en forma residual, las restantes competencias que hasta ese momento correspondían a los organismos autónomos antes mencionados no atribuidas por el Real Decreto Nº 1055/1995 a la Secretaría General de Desarrollo Rural y Conservación de la Naturaleza.

Sin embargo, estas funciones fueron incrementándose posteriormente. Así, el Organismo Autónomo Parques Nacionales es el titular de la totalidad de facultades que tiene la Administración General del Estado vinculadas con los parques nacionales, siendo el ente público encargado de tutelar el cumplimiento del Plan Director de la Red Española de Parques Nacionales y de desarrollar su programa de actuación. Complementariamente posee atribuciones no relacionadas con la Red como la gestión de los centros adscritos al organismo y las funciones del Ministerio de Medio Ambiente en materia de educación ambiental, entre otras.

A pesar de lo indicado, la función primordial es la dirección, el desarrollo y el impulso de la Red y la cogestión de los parques nacionales con las Comunidades Autónomas. Tiene un rol preponderante, dado que su participación en el régimen es imprescindible para garantizar la coherencia y la homogeneidad del conjunto de la Red. A mayor abundamiento, merece especial mención su papel en la iniciativa legislativa y reglamentaria, su participación en los Patronatos y en las Comisiones Mixtas.

En la práctica, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales por un lado coopera en la gestión directa del territorio a través de su intervención en las Comisiones Mixtas, en el carácter ya resaltado de “codecisor” junto con las Comunidades Autónomas, y por el otro realiza funciones de apoyo, de gestión administrativa y de provisión de medios materiales como también humanos indispensables para ejecutar las decisiones.

Para su funcionamiento se estructura en cinco áreas, a saber:

1. Área técnica, dentro de la que se enmarcan las funciones de planificación, así como la elaboración y el seguimiento de proyectos.

2. Área de apoyo, que abarca responsabilidades en materia de uso público, formación, educación ambiental, relaciones institucionales e internacionales, entre otras.

3. Área de conservación y seguimiento de recursos, que efectúa actividades referidas a conservación, gestión de los recursos naturales, investigación, seguimiento y también aquellas concernientes al fomento del desarrollo sostenible en los parques nacionales.

4. Área de gestión económica, encargada de la planificación, provisión y administración de los recursos financieros o materiales para el funcionamiento adecuado del sistema.

5. Área jurídica y de personal, que tiene encomendados los aspectos administrativos, jurídicos y judiciales de la gestión, así como los de recursos humanos.

4. El Consejo de la Red. Es el organismo superior de participación de las Comunidades Autónomas y de la sociedad civil española en la gestión y en la elaboración de la política de parques a nivel nacional, dado que su ámbito de actuación alcanza a todo el conjunto de la Red. Su establecimiento trajo aparejado dos ventajas de vital importancia: en primer término, contribuyó a que las Comunidades Autónomas como también la comunidad en general se involucren en el diseño y ejecución de la política de espacios protegidos, y en segundo término, el propio sistema se vió fortalecido por dicha participación.

Se encuentra presidido por el Ministro de Medio Ambiente. Entre sus integrantes se destacan los consejeros competentes en materia ambiental de las Comunidades Autónomas en las que existen parques nacionales, los presidentes de los Patronatos, representantes de los Ayuntamientos y también por representantes de las organizaciones no gubernamentales que propendan a la conservación de la naturaleza.

5. Los Patronatos. Constituyen los genuinos órganos de participación de la sociedad civil en la gestión de parques nacionales, no ya a nivel nacional sino en cada parque. Básicamente tienen carácter consultivo, aunque usualmente su informe favorable es determinante para que la Comisión Mixta pertinente adopte alguna medida.

Son particularmente relevantes ya que canalizan formalmente las preocupaciones y los interés de los diferentes actores vinculados con el correspondiente parque que pueden verse afectados por las decisiones que se tomen.

Su origen data de principios de siglo XX -1918-, en la entonces denominadas “Juntas” que fueron creadas para administrar los primeros dos parques nacionales. Si bien estos órganos colegiados tenían históricamente funciones de gestión y no de consulta, posteriormente fueron evolucionando y enmarcándose en lo que actualmente se conoce como Patronato.

Como una derivación lógica de su objeto, su composición es amplia y variada, para alojar los diversos intereses que confluyen alrededor de los territorios donde se sitúan los parques nacionales.

c. Conclusiones [arriba] 

El modelo de parques nacionales de los Estados Unidos de América tuvo -y tiene- una influencia notable en los distintos sistemas nacionales de áreas protegidas. Ya fue remarcado como antecedente central al momento de describir el sistema argentino, al igual que el régimen federativo establecido por el constituyente histórico de 1853/60 en el molde de la Constitución norteamericana de 1787.

Conviene remarcar que la naturaleza constitucional de los parques y su correspondiente dominio y jurisdicción federal jamás fueron cuestionados por los Estados ante la Corte Suprema de Justicia de ese país. Evidentemente, la cláusula que sirvió de origen a nuestro antiguo artículo 67, inciso 27 -actual artículo 75, inciso 30- de nuestra Ley Fundamental no generó conflicto competencial alguno a partir de la exigencia de cesión previa por parte de las Legislaturas locales al momento del establecimiento, condición que no aparece en las normas ya analizadas anteriormente. Esta ausencia de conflictos competenciales ha redundado, a nuestro entender, en un perfil más técnico que político en la dirección de su organismo rector en la materia: el National Parks Service –NPS-.

Es importante señalar que la finalidad de los parques estadounidenses está igualmente sostenida por la preservación del patrimonio tanto natural como cultural, como se ve reflejado en las diferentes categorías de protección. La incorporación al régimen establecido por la ley orgánica como por su legislación complementaria de los 9 tipos de espacios protegidos hacen que los mismos se encuentren bajo un mismo órgano de gestión.

Esta unidad de gestión se ve consolidada por una importante asignación de recursos presupuestarios, producto de un eficiente federalismo fiscal. Asimismo, para fortalecer la coherencia del régimen, el NPS estableció un “Sistema de Directrices” en la gestión de las áreas protegidas.

La estructura del organismo rector en materia de conservación tiene un perfil marcadamente regionalizado, con un esquema descentralizado que se asienta en una gran capacidad técnica de sus cuadros.

Toda la política de conservación del NPS está enmarcada, además, en la política ambiental que se fija a través de la Environmental Protection Agency –EPA-, la que influye de manera vertical y horizontal en todas las políticas públicas de todos los niveles de la administración.

La ausencia de un reconocimiento expreso del derecho al ambiente sano en el texto constitucional norteamericano, y su encuadre en la Enmienda IX del Bill of Rights de 1791, no ha menoscabado un muy eficaz sistema nacional de áreas protegidas que se encuentra reconocido a la cabeza de los modelos comparados.

España, por su parte, tiene un modelo de organización territorial como forma de Estado muy diferente del modelo federativo estadounidense y del argentino. Las competencias que expresamente no se delegan en las Comunidades Autónomas son del Estado español, en un esquema inverso al federalismo norteamericano y al ya señalado por el artículo 121 de nuestra Ley Fundamental. Sin embargo, la Constitución de 1978 avanzó fuertemente en la descentralización, y consolidó un modelo de autonomías muy diferente al que se desarrolló durante el régimen franquista (1939-1975). Aún hoy las autonomías históricas siguen exigiendo traspasos competenciales al gobierno central, con fuertes reivindicaciones en diversas materias. Una cuestión que marca en gran medida este modelo es la material ambiental, donde la concurrencia competencial se fue robusteciendo con el desarrollo constitucional posterior a 1978. Dentro de esta materia, ocupa un lugar muy trascendente la gestión de los espacios naturales protegidos.

El objetivo principal de conservación del sistema español fue desde sus orígenes en 1916 la preservación del patrimonio natural. Ello en gran medida porque la estructura de su gobierno previó a lo largo de todo siglo XX diferentes organismos orientados a la protección del patrimonio cultural.

Ese desarrollo se vio reflejado en sucesivos regímenes legales que intentaron adecuar de manera eficaz el modelo competencial ambiental de la Constitución de 1978. Queda claro por el análisis jurisprudencial que esto no fue pacífico, y que tuvo un complejo derrotero que se afirma a partir del pronunciamiento del Tribunal Constitucional español de 1995 que obligó a una revisión integral de la Ley orgánica de 1989.

Surge así el modelo de gestión compartida, uno de los esquemas de gobernanza descriptos por la UICN para la administración de las áreas protegidas en sus “Directrices”. Hoy en día los 14 parques nacionales españoles están bajo esta modalidad de gestión integrada dentro de la “Red Española de Parques Nacionales” creada en 1999, a partir de la reforma legislativa de la Ley orgánica producida en 1997.

El apartamiento del constituyente de 1994 del modelo federativo estadounidense y la adopción de un federalismo ambiental muy similar al modelo competencial español impone repensar el sistema nacional de áreas protegidas de Argentina a la luz de la perspectiva comparatista, a fin de evitar inevitables conflictos que debiliten una gestión eficaz, sin dejar de lado la naturaleza constitucional que le atribuimos a los parques nacionales argentinos.

 

 

Notas [arriba] 

· El autor fue presidente de la Administración de Parques Nacionales de Argentina (2000/2001).

[1] Alberdi, Juan B., Estudios Sobre la Constitución Argentina de 1853, Buenos Aires, W. M. Jackson editores, Colección Grandes Escritores Argentinos, Vol. XIII, 4° ed., 1945, p. 6. 
[2] La consideración de esta enmienda como una fuente directa del artículo 33 de la Constitución Nacional argentina introducida en la reforma de 1860 permite dos lecturas: una apunta a subrayar el carácter del “Bill of Rights” estadounidense de 1791 como una limitación del poder del gobierno federal no extendida a los Estados, al igual que el artículo 32 de la Ley Fundamental argentina incorporada en el mismo proceso constituyente reformador antes indicado, y otra la amplía con carácter de “derechos implícitos o no enumerados” en el sentido que le atribuimos en este trabajo. Cabe aclarar que más de un tercio de los Estados norteamericanos que incluyeron en sus textos constitucionales alguna cláusula de contenido ambiental no la consideran “self executing”, sino que la jurisprudencia y la doctrina les otorgan carácter de mandato de desarrollo legislativo.
[3] SC EEUU, 16 US 336, “Unites States v. Bevans”, (1818).
[4] SC EEUU, 114 US 525.
[5] SC EEUU, 281 US 138,
[6] District Court, W. D. Washington, 229 Fed. 1011, (1916).
[7] SC EEUU, 209 US 36, “Battle v. United States”, (1908).
[8] SC EEUU, 114 US 542, “Chicago R. I. & P. R. Co. v. McGlinn”, (1885).
[9] BIANCHI, Alberto B., “Los establecimientos de utilidad nacional en las provincias y el sistema federal de gobierno”, El Derecho 136:468, p. 484.
[10] SC EEUU, 302 US, 134, (1937).
[11] SC EEUU, 302 US 186, (1937).
[12] Vale la pena recordar que en relación con la jerarquía del derecho internacional, Estados Unidos de Norteamérica es el modelo clásico del dualismo en la relación con su derecho interno.
[13] National Environmental Protection Act., 1969.
[14] BOLIBAR CASTROVIEJO, Miguel, De Yo-Semite a las Islas Cíes, del Presidente Lincoln al Rey Juan Carlos I: Un paseo por dos sistemas de parques nacionales, Editado por The German Marshall Fund of The United States, Estados Unidos de Norteamérica, 2004, p. 79/80.
[15] Como se ve, un objetivo muy similar al contenido en la Ley orgánica argentina Nº 22.351 analizada en el capítulo 5.
[16] Una norma similar a nuestra Ley de Ministerios.
[17] Es un precedente del Fondo de Fomento de los Parques Nacionales creado por la ley orgánica argentina Nº 22.351, según su propia exposición de motivos.
[18] Es decir que hay una preeminencia de la legislación de parques por sobre los de esta materia en razón de su especialidad, similar a la ya mencionada en el sistema argentino en materia de bosques nativos o en materia de glaciares.
[19] La Environmental Protection Agency fue creada por la citada NEPA en 1969.
[20] BOLIBAR CASTROVIEJO, Miguel, De Yo-Semite a las Islas Cíes, del Presidente Lincoln al Rey Juan Carlos I: Un paseo por dos sistemas de parques nacionales, Op. Cit., p. 164.
[21] Por razones de síntesis también en español se usa el término “parques nacionales” como sinónimo de “áreas protegidas” y no como una categoría de manejo, como lo hacemos en más de una ocasión en el desarrollo de la presente tesis.
[22] Esto ocurrió el 3 de diciembre de ese año, fecha que se conmemora en ese país como el “Día de la Constitución”·
[23] Pueden verse: STC 64/1982, 69/1982, 227/1988, 148/1991 y, 149/1991.
[24] STC 102/1995, del 26 de junio de 1995.
[25] CANOSA USERA, Raúl, Constitución y Medio ambiente, Jurista Editores, Lima, Perú, 2004, p. 63/65.
[26] STC 64/1982.
[27] Constitución española, artículo 151.- “1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143,2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que establezca una Ley Orgánica. 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente: El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como Ley. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de Ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.3. En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la Constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la Ley Orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo”.
[28] STC 149/1991.
[29] Constitución española, artículo 149.- “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1ª) La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (…)”.
[30] Constitución española, artículo 139.- “1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (…)”.
[31] CANOSA USERA, Raúl, Constitución y Medio ambiente, Op. Cit., p. 63/65.
[32] Ibídem, p. 264/265.
[33] STC 102/1995, Op. Cit.
[34] BOLIBAR CASTROVIEJO, Miguel, De Yo-Semite a las Islas Cíes, del Presidente Lincoln al Rey Juan Carlos I: Un paseo por dos sistemas de parques nacionales, Editado por The German Marshall Fund of The United States, Estados Unidos de Norteamérica, 2004, p. 71/72.
[35] Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Nº 4/89, sancionada el 27 de Marzo de 1989, publicada en el BOE Nº 74, del 28 de marzo de 1989.
[36] Real Decreto Nº 1095/1989, publicado en el BOE del 12/09/1989, núm. 218, p. 28819.
[37] Constitución de España, artículo 149.- “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. (…) 27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas (…)”.
[38] Constitución de España, artículo 149.- “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. (…) 17. Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18. Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas (…)”.
[39] Constitución de España, artículo 97.- “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
[40] Constitución de España, artículo 149.- “(…) 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas”.
[41] Ley Nº 41/1997 sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, sancionada el 05/11/1997, publicada en el BOE Nº 266 del 06/11/1997.
[42] Ley Nº 41/1997, artículo 22.1.
[43] SANZ GANDASEGUI, Francisco, “El modelo de gestión compartida de los Parques Nacionales previstos en la Ley 4/1989, de 27 de marzo de conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres, según la reforma introducida por la Ley 41/1997 de 5 de noviembre: análisis desde la perspectiva constitucional”, AAVV, Jornadas jurídico-técnicas sobre Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente Parques Nacionales y Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2000, p. 179/181.
[44] JIMENEZ GARCIA HERRERA, José, “Gestión compartida de los Parques Nacionales. El Parque Nacional de Cabañeros”, AAVV, Ibidem, p. 75/76.
[45] Recuérdese que, si bien durante el período de la República expresamente se había dispuesto que la declaración de nuevos parques debería llevarse a cabo por ley, como en esta época no se estableció ninguno, dicha disposición no alcanzó efectos prácticos, tal como ya lo mencionamos en el punto 2 del presente capítulo.
[46] Montaña de Covadonga y Valle de Ordesa, (1918); Teide y Caldera de Taburiente (1954); Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, (1955); Doñana, (1969); Tablas de Daimiel, (1973) y; Parque Nacional de Timanfaya, (1974).
[47] Real Decreto Nº 1055/1995, publicado en BOE Nº 158 del 4 de julio de 1995.
[48] Al igual que lo que establecía la ley orgánica argentina Nº 22.351.



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