ARGENTINA
Doctrina
Título:Un tribunal internacional para cuestiones ambientales
Autor:Pigretti, Eduardo A.
País:
Argentina
Publicación:Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Número 20 - Junio 2016
Fecha:10-06-2016 Cita:IJ-XCVIII-789
Índice Voces
1. Palabras preliminares
2. Defensores y opositores del proyecto
3. Conclusiones del Seminario Científico Internacional de Florencia (mayo de 1991)
4. Una novedad que propugnamos
5. La continuidad de la historia

Un tribunal internacional para cuestiones ambientales


Eduardo A. Pigretti


1. Palabras preliminares [arriba] 


Un camino largo ha sido cumplido desde que el Magistrado Amedeo Postiglione resolviera hace ya muchos años atrás constituirse en el líder de un movimiento internacional mediante el cual se persigue instituir un tribunal internacional para cuestiones ambientales.


Su propósito fue al poco tiempo receptado por la Corte de Casación de Italia y la iniciativa ha sido motivo de reuniones especiales en múltiples lugares, debiendo destacarse –entre otros- los encuentros en Roma, Castel Gandolfo, Tokio, Florencia, Río de Janeiro y Nueva York en el corriente año.


Políticos y estudiosos, hicieron llegar sus comentarios y artículos respecto del tema, que tuvo la oportunidad de resumirse en diversos libros de los que ha venido resultando una verdadera filosofía respecto del asunto.


Tal vez uno de los mejores resúmenes de las posiciones adoptadas por los expertos internacionales de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Chile, Colombia, Dinamarca, Filipinas, Francia, Japón, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Yugoslavia, Luxemburgo, México, Holanda, Perú, Alemania, España, Suiza, Hungría, Uruguay y los Estados Unidos  ha sido la obra: Per un Tribunale Internazionale dell’Ambiente, en el cual se resumen todas las presentaciones del encuentro de Roma que tuviera lugar entre el 21 y el 24 de abril de 1989.


Entre los múltiples trabajos realizados, merece destacarse el de la Dra. Graciela Berra Estrada, quien propuso un Estatuto que debía regir la vida del Tribunal Internacional (Ver Pág. 59: Per un Tribunale Internazionale dell’Ambiente, Dott A. Giufre Editor – Milano – 1989).


Sin contradecir esos lineamientos, nos parece que es tiempo ya de resolver el diseño definitivo del tribunal, sin perjuicio de reconocer que un tribunal tiene una vida propia una vez establecido según la cual se requieren modificaciones y adecuaciones necesarias y al mismo tiempo imposibles de evitar.


A ese objetivo dedicamos este trabajo.


2. Defensores y opositores del proyecto [arriba] 


Antes de avanzar respecto del diseño definitivo de nuestro tribunal debemos destacar que la idea no ha tenido una aprobación total, en particular en razón de los intereses de las naciones que creen encontrarse en falta respecto del ambiente y que esperan, en consecuencia, resultar sancionadas por el tribunal.


Por lo demás, algunos tratadistas influidos por este tema no han creído conveniente prestar su adhesión plena al mismo, si bien el tenor de sus escritos nos hacen pensar que se trata de una posición de naturaleza “política” que les impediría adherir en plenitud a las ideas motivo de este objetivo tan calificado. Lamentamos tales deserciones fundadas más que nada en una suerte de legítimo patriotismo de parte de tales eruditos, quienes sin embargo esperamos corrijan su posición por las buenas razones que siguen siendo expuestas a favor de la tesis de este tribunal.


3. Conclusiones del Seminario Científico Internacional de Florencia (mayo de 1991) [arriba] 


No podemos dejar de señalar, entre los múltiples progresos que la doctrina científica internacional ha producido, la que se obtuvo en Florencia en la fecha citada anteriormente, conclusiones que se orientaban a la necesidad de la constitución de una agencia internacional del ambiente y junto a ella la creación del tribunal internacional.


No podemos menos que transcribir en este documento el artículo 10 de dicha declaración que esperamos ver concretarse en derecho internacional material a partir de las conclusiones del presente congreso.


El artículo 10 dice lo siguiente:


“Tribunal Internacional del Ambiente. Se establecerá un “Tribunal Internacional del Ambiente como órgano permanente de las Naciones Unidas.


Organización del Tribunal. El Tribunal estará compuesto por 15 jueces independientes, elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas de un listado presentado por le Secretariado General.


Los jueces estarán en funciones por un período de siete años y podrán ser reelectos.


El presidente del Tribunal será elegido directamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas y podrá ser reelecto.


Los jueces tendrán la prerrogativa de una absoluta independencia con respecto a sus Estados de origen y percibirán un honorario que será solventado por el presupuesto de las Naciones Unidas.


Funciones. Las funciones del Tribunal serán:


a) Proteger el entorno, como un derecho humano fundamental, en nombre de la comunidad internacional.


b) Resolver en sede judicial cualquier controversia sobre medio ambiente internacional que involucre la responsabilidad de los Estados respecto a la comunidad internacional, que no haya sido resuelto por medio de la conciliación o arbitraje en un período de dieciocho mese.


c) Decidir en cualquier disputa concerniente a daños al medio ambiente, causados por sujetos privados o públicos, incluyendo a los estados, en los que se presuma que debido a su extensión, características y tipo, afectan intereses fundamentales para salvaguardar y proteger el medio ambiente humano sobre la tierra.


d) Adoptar urgentes y preventivas medidas cuando cualquier desastre ecológico involucre a la comunidad internacional.


e) Promover a requerimiento de los organismos de las Naciones Unidas y otros miembros de la comunidad internacional, recomendaciones relativas a cuestiones  importantes concernientes al medio ambiente a nivel mundial.


f) Ejercer funciones de arbitraje a requerimiento, sin perjuicio de su rol judicial.


g) Llevar a cabo, de ser requerido, investigaciones e inspecciones, con asistencia de técnicos independientes y cuerpos científicos, cuando haya riesgos o daños al medio ambiente y, ex oficio, cuando se considere necesario y urgente.


Fallos preliminares. Una corte puede requerir al Tribunal que emita un fallo preliminar sobre la naturaleza, internacional o nacional, de una cuestión que ha sido presentada ante ella.


Procedimiento judicial. El procedimiento del Tribunal proveerá a que:


a) Las audiencias del Tribunal sean públicas.


b) Todas las partes tendrán derecho a la defensa.


c) Una sentencia establecerá las razones sobre las cuales se basa y será definitiva.


d) Las compensaciones civiles incluirán una interdicción temporaria o definitiva, o una orden disponiendo que la parte contra quien recae la sentencia se obliga a pagar el costo de la restauración del daño al medio ambiente, cuando esto sea posible, y de no ser así, compensar por los daños abonando una determinada suma al Fondo Mundial del Medio Ambiente.


e) El cumplimiento de las sentencia deberá ser encomendado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.


El Tribunal deberá sesionar con cinco jueces. El presidente del Tribunal nominará al juez que presidirá la audiencia y al juez informante.


Reglas procesales. El Tribunal diseñará sus propias reglas y determinará sus propios procedimientos.


Legitimación. Podrán presentarse ante la Corte:


a) Personas físicas;


b) Asociaciones no gubernamentales del medio ambiente.


c) Estados.


d) Organizaciones supranacionales, como la C.E.


e) Organismos internacionales dependientes de las Naciones Unidas y los órganos individuales de ésta.


La acción legal de un individuo o asociación de  medio ambiente no gubernamental estará sujeta a dos condiciones: a) que se haya llevado a cabo un reclamo previo ante las cortes nacionales declarándoselo inadmisible por no tener legitimación bajo las leyes nacionales, o no se haya hecho lugar por falta de méritos: y b) que se supere un nivel de admisibilidad que no se refiera exclusivamente a la legitimación, que sea admitida conforme a los principios generales internacionales relevantes de la cuestión propuesta (el juicio de previa admisibilidad será resuelto por el Tribunal Internacional del Ambiente y no podrá apelarse en su contra).


Individuos o asociaciones podrán presentar una acción por la violación de los derechos humanos al medio ambiente sobre la base de que se han visto impedidos de tener acceso a la información, no han podido participar en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental o de accionar legalmente, o por graves riesgos para el medio ambiente o daños de importancia internacional causados por quienquiera que sea en violación a la ley internacional.


Sanciones. Cuando la Corte falla a favor de un individuo o asociación, adoptará toda medida que considere necesaria para remediar el derecho violado, ordenando lo que se requiere que la parte, o aun el Estado, culpable de la alegada violación realice o no, de acuerdo a las circunstancias.


Si la demanda de un individuo o asociación está relacionada con daño al medio ambiente, la sentencia que ordena al ofensor pagar el costo de restauración del medio ambiente dañado resarcirá tanto la demanda de aquél como la de la comunidad internacional.


Si la demanda de compensación por daño general al medio ambiente, de un individuo o asociación, es acogida, se extenderá una orden a favor del Fondo Mundial del Medio Ambiente, mientras cualquier demanda por daño individual residual sólo puede presentarse ante las cortes nacionales y el demandante sólo tendrá derecho a los costos ante el Tribunal Internacional.”


4. Una novedad que propugnamos [arriba] 


Encomendar la secretaría del Tribunal Internacional a la Unión Internacional del Notariado Latino.


Para el supuesto de que no sea posible obtener en el ámbito de las Naciones Unidas la constitución lema del tribunal por el que tanto estamos luchando, es nuestro propósito que la tarea de secretaría permanente le sea encomendada a la Unión Internacional de Notariado Latino, institución cuya secretaría administrativa funcional en la ciudad de Roma en la Vía Flaminia Nº 158. Como se sabe, los notarios ejercen –según se ha reconocido- una especie de jurisdicción voluntaria y “desempeñan una magistratura”. Para procurar la paz de las relaciones sociales y jurídicas es posible integrar al tribunal una secretaría que constituya un órgano posible de cooperación para el enorme trabajo que surge de un tribunal internacional dedicado al ambiente.


Nos parece conveniente el establecimiento como secretaría permanente del tribunal, de la organización internacional denominada Unión Internacional del Notariado Latino, por la circunstancia de que dicha organización es una entidad de alcance mundial con secretarías en prácticamente todos los países del mundo en las cuales funcional como Oficina Notarial Permanente de intercambio internacional. Esta entidad fue creada por la iniciativa de un notario argentino, Don José Adrián Negri, y nació el 2 de octubre de 1948 durante la celebración del Primer Congreso Internacional del Notariado.


Queda pues propuesta la idea de constituir el Tribunal con la secretaría internacional de la Unión recién citada, la que implicaría una sugestiva reducción de costos y un apoyo internacionalizado en la mayoría de los países del orbe que redundará en el máximo beneficio para nuestra civilización.


5. La continuidad de la historia [arriba] 


El Dr. Amedeo Postiglione, Juez de la Corte de Casación  de Italia, vino a la Argentina dos veces, la última en el año 2000. Aún perduran los ecos de sus visitas. En ambas oportunidades explicó la necesidad de un “Tribunal Internacional del Ambiente”, como un sistema de perfeccionar las dificultades ambientales. Postiglione enseña que “Toda la legislación necesaria está creada en el mundo de lo nacional y lo internacional”, pero siempre hay dificultades con que el Estado, cuando sea demandado, tenga algún problemita con aceptar o no.


Mientras el Tribunal Internacional del Ambiente no se establezca, un grupo de especialistas ha creado una Corte Internacional “voluntaria” y “moral”. Dicha Corte efectúa arbitrajes y da opiniones consultivas como la que recoge la Revista de Jurisprudencia Argentina del 22 de diciembre del año 1998. Dicha opinión consultiva, que tuve el honor de ayudar a contestar junto con los doctores Ramón Martín Mateo, Eckar Rebinder, Mary Sancy y Ricardo Zeledón Zeledón (Juez también de la Corte Suprema de Costa Rica), en un conflicto parecido a este, entre México y EE.UU., dijo: “Las tendencias actuales de responsabilidad admiten la imputación a los estados de las actuaciones realizadas por los particulares que actúan bajo su jurisdicción”. Esta opinión consultiva, hasta ahí, es un conjunto de poesía escrito en papel. Pero el mundo está cambiando muchas cosas y este documento fue notificado al gobernador Bush  de Texas, que era el estado vecino norteamericano que estaba en conflicto con un estado de México.


Gracias a ello, hoy existe una Comisión Internacional Estadounidense-Mexicana que está atendiendo el problema sobre el cual se había dictado esta opinión consultiva. O sea que cualquier persona puede presentarse ante algún organismo a que se le resuelva la cuestión principal que estaba discutiendo en materia ambiental.


Me queda por mencionar que las actividades peligrosas o potencialmente peligrosas, como el uso del petróleo (porque no es sólo la energía atómica una actividad peligrosa, sino que la legislación ambiental también se preocupa de las actividades  peligrosas como el petróleo, como el gas, etc.), dan paso, según documento de la Comisión Europea (Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental, presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas, en Bruselas el 9.2.2000, COM (2000) 66 final), a la responsabilidad objetiva por daños tradicionales que son los del Código Civil y responsabilidad objetiva por lugares contaminados. Porque a la que se debe la indemnización por la contaminación, no es al propietario del agua (en este caso sería el Estado), sino a la Naturaleza. La Naturaleza, que hasta hoy no fuera considerada sujeto de Derecho. No va más que no sea sujeto de Derecho. Porque estamos matando su cuerpo y su alma, si es que la tiene. Su espíritu, en una consideración animista de la cosa.




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