Doctrina
Título:El art. 39, inc. h) de la LCQ ¿Una cuenta pendiente entre el derecho concursal y la defensa de la competencia?
Autor:Ferreyra Romea, Sebastián J.
País:
Argentina
Publicación:Revista Argentina de Derecho Concursal - Número 13 - Marzo 2016
Fecha:29-03-2016 Cita:IJ-XCVII-7
Índice Voces
I. Introducción
II. Conceptos necesarios para el desarrollo del tema
III. La materia concursal
IV. Quid de la cuestión: el art. 39 inc. 10 de la LCQ
V. Sugerencias tendientes a brindar la mayor transparencia posible
VI. Conclusión
Notas

El art. 39, inc. h) de la LCQ

¿Una cuenta pendiente entre el derecho concursal y la defensa de la competencia?

Sebastian J. Ferreyra Romea

I. Introducción [arriba] 

La ley 25.589 promulgada el 15 de mayo de 2002 introdujo modificaciones a una serie de disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522 (LCQ), entre las que se encuentra la incorporación de nuevos requisitos que debe cumplir el informe general del síndico, previsto en el artículo 39 de la LCQ. Entre otras cuestiones, a partir de la ley 25.589 el informe general del síndico debe reportar si el deudor resulta pasible del trámite legal prevenido por el Capítulo III de la ley de Defensa de la Competencia 25.156 (LDC), por encontrarse comprendido en el artículo 8 de dicha norma.

Más de una década ha transcurrido desde la promulgación de la ley 25.589, pero entendemos que ni la doctrina ni la jurisprudencia han desarrollado en profundidad en qué consiste y qué posibles alcances pudiera tener esta nueva carga de informar que pesa sobre el síndico.

Tomando en consideración la interrelación entre la materia concursal y la defensa de la competencia, el rol del síndico y la finalidad genérica del informe general, analizaremos el inciso 10) del art. 39 LCQ haciendo especial foco sobre la técnica legislativa utilizada, los efectos legales y operativos sobre los trámites de competencia y las posibles incertidumbres que se generan en materia concursal o falencial.

Finalmente propondremos una solución alternativa que tendrá por objetivo contribuir a una discusión más amplia dirigida a mitigar las preocupaciones identificadas a lo largo de este trabajo.

II. Conceptos necesarios para el desarrollo del tema [arriba] 

Se ha definido al derecho de la competencia como la rama del derecho que se encarga de regular el comercio mediante la prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y los monopolios.[1]

Para cumplir con su cometido, la LDC presenta dos ramas fundamentales (i) represión de conductas anticompetitivas – se prohíbe en forma general las conductas restrictivas de la competencia o que constituyan abuso de posición dominante, en la medida en que puedan ser perjudiciales para el interés económico general (Capítulo I); (ii) control de concentraciones económica - se prohíbe las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (Capítulo III).

El Estado Nacional realiza el control de legalidad a través de la autoridad de aplicación de la LDC[2], que cuenta con amplios poderes de investigación (art. 18° y subsiguientes) y de sanción (art. 46° y subsiguientes).

Hecha esta breve introducción, el régimen de defensa de la competencia puede interrelacionarse con la materia concursal del siguiente modo:

a) Conductas anticompetitivas - los acuerdos preventivos suponen un acto complejo en el que participan el deudor concursado y sus acreedores. También los acreedores ejercen por sí mismos diversos derechos y atribuciones en el contexto de los procesos concursales. Estos acuerdos entre agentes económicos o bien el ejercicio de derechos por los acreedores son susceptibles de tener elementos restrictivos de la competencia.

b) Concentraciones económicas - los procesos concursales pueden dar lugar a tales concentraciones por diversas vías: como parte de un acuerdo preventivo (por ejemplo, un acuerdo preventivo puede contemplar la transferencia de un fondo de comercio del deudor a un acreedor o a un conjunto de ellos), como parte de una adquisición de participaciones en el contexto de los "supuestos especiales" del art. 48 de la ley 24.522 y sus modificaciones, y como parte de la liquidación derivada de la quiebra del deudor.

Más adelante nos detendremos a analizar estas cuestiones.

III. La materia concursal [arriba] 

Inicialmente nos surgen una serie de interrogantes sobre el papel que juega el síndico en aquellos escenarios donde se vislumbra una interrelación entre la materia concursal y la defensa de la competencia.

En otras palabras, ¿corresponde que el síndico detecte (y denuncie) posibles conductas anticompetitivas o concentraciones económicas en el marco del proceso concursal o falencial? Agregando un poco más ¿cuál ha sido la verdadera intención del legislador al incluir en el inciso 10 del art. 39 los supuestos de concentraciones económicas y no a las conductas anticompetitivas? ¿Qué tipo de responsabilidad asume el síndico al expedirse sobre cuestiones reguladas en la LDC y que tienen entidad suficiente para generarle exposición por fuera del proceso concursal o falencial? ¿Qué tratamiento correspondería darle a una eventual multa que fuere impuesta contra el síndico por la Autoridad de Aplicación de la LDC? ¿Podrían estas cuestiones constituirse en causales de remoción del síndico, con los consecuentes efectos perniciosos (y demoras) sobre el proceso concursal o falencial?

Ni la letra ni en el espíritu de la LCQ son lo suficientemente claros en relación a estas cuestiones, pese a que las situaciones descriptas tienen entidad (hoy y ahora) para generar un impacto real en la materia concursal.

III.a) El rol del síndico en el concurso o quiebra

La jurisprudencia ha definido al síndico como un sujeto auxiliar de la justicia, cuya actividad en el proceso colectivo se desarrolla con autonomía, sin subordinación jerárquica, y en base a la idoneidad técnica que deriva de su título profesional.[3]

También se ha dicho que el síndico reúne las condiciones de investigador, informador y contradictor[4]; pero además que es recompositor y realizador del activo concursal cuando la liquidación es el mecanismo residual de resolución de la litis concursal. De conformidad con lo reglado por el art. 254 LCQ, “el síndico tiene las funciones indicadas por esta ley en el trámite del concurso preventivo hasta su finalización y en todo el proceso de quiebra, incluso su liquidación”.

Las funciones del síndico son tantas y tales que se ha convertido en la pieza maestra en materia concursal. A título de ejemplo, base señalar que (i) en todo procedimiento concursal debe: presentar un informe general (…), debe intervenir en el proceso de verificación de los créditos recibiendo las pertinentes peticiones y aconsejando sobre su procedencia (…), vigilar la administración del concursado; (ii) en la quiebra debe: asumir la administración del patrimonio del fallido, proveer a su realización, proyectar la distribución del producido, promover las eventuales acciones de revocatoria y solicitar la eventual extensión de la quiebra. Pero estos no son sino ejemplos, por cuanto la enumeración exhaustiva seria larga, interminable y probablemente imposible.[5]

Pese a que la ley impone como indelegable las funciones y como personal la actuación de los órganos y funcionarios concursales, ello no excluye la posibilidad común al síndico de requerir asesoramiento profesional, y patrocinio letrado, cuando la materia exceda de su competencia (arts. 257 y 260 LCQ).[6] Si existiera negligencia o falta grave en el desempeño de sus funciones, el síndico podría ser removido de sus funciones (art. 255, LCQ).

III.b) Aproximación al tema que nos ocupa: el informe general del síndico

Este informe es una de las piezas informativas más importantes (junto con el informe individual-art. 35 LCQ- y en caso de quiebra, el informe de continuación de la empresa – art. 190 LCQ- y el informe final – art. 218 LCQ) emitidas por el funcionario sindical del proceso concursal, ya que contiene una síntesis de la investigación e información vinculada con la empresa o actividad del concursado y su patrimonio (en sus nociones retrospectiva, actual y proyectiva)[7] y constituye una pieza clave para el procedimiento concursal.[8]

El informe general que debe elaborar el síndico se encuentra regulado en el artículo 39 de la LCQ y básicamente tiene por objeto informar a los acreedores y al juez respecto de diversos aspectos relacionados con el origen y causas del desequilibrio económico del deudor, época en que se produjo, estado de situación patrimonial del deudor y razonabilidad de la propuesta de categorización.

Explica Rouillon que la visión del síndico, volcada en el informe general luego de exhaustiva investigación sobre la actividad del deudor y su estado patrimonial, debe ser objetiva e imparcial.[9] El informe gozará de plena fe en todo lo relativo a la actividad de documentación, como es la comprobación de irregularidades en la contabilidad del deudor (…); en cambio, tendrán valor indiciario las otras opiniones y tareas de investigación cumplidas, vgr., fecha inicial del estado de cesación de pagos.[10]

Si el informe general no reúne suficiente información o resulta deficiente, el juez podría requerirle al síndico que efectúe ampliaciones o aclaraciones. Y aunque los requisitos del art. 39 de la LCQ son taxativos (el síndico cumple al expedir opinión respecto de los diez incisos), el juez pueda solicitar al funcionario concursal (en esa oportunidad o en otra) alguna información complementaria. No obstante, si los defectos son de tal entidad que impidan considerar cabal y suficientemente cumplida la tarea encomendada, o si imposibilitaran lo dispuesto por el art. 40 LCQ, la solución pasa por la remoción del síndico, porque existirá negligencia o falta grave en el desempeño de sus funciones (art. 255, LCQ).

El dictamen que se emita no será vinculante para el juez, quien decidirá teniendo en consideración todos los elementos reunidos en el proceso (inclusive los aportados por acreedores y terceros) a los que puede agregar otros colectados como medidas para mejor proveer.

Vale tener presente que una interpretación del último párrafo del art. 88, y del art. 200 de la LCQ dan la pauta que podría prepararse un nuevo informe general en la quiebra si existieren nuevos elementos de juicio que así lo justifiquen.[11]

IV. Quid de la cuestión: el art. 39 inc. 10 de la LCQ [arriba] 

El art. 39 inc. 10 de la LCQ es una innovación de la Ley 25.589[12], porque introduce abiertamente cuestiones de defensa de la competencia en el marco normativo concursal. El nuevo inciso pone en cabeza del síndico indicar en el informe general “si el deudor resulta pasible del trámite legal prevenido por el Capítulo III de la ley 25.156, por encontrarse comprendido en el artículo 8° de dicha norma”.

IV.a) El trámite legal prevenido por el Capítulo III de la LDC: el control de concentraciones económicas

El Estado Nacional, a través de la LDC, se permite revisar la legalidad de las concentraciones económicas con potencialidad de fortalecer un determinado poder de mercado.[13]

El régimen de control de concentraciones económicas establece la obligatoriedad de notificar ante la autoridad de aplicación de la LDC, aquellas transacciones por las que se opera un cambio de control en una empresa o varias (vía transferencia de acciones, activos, fondo de comercio, entre otros) en tanto el volumen de negocios de las empresas involucradas en la operación -durante el último ejercicio fiscal- supere los $ 200 millones, y no se encuentren exceptuadas bajo ninguno de los supuestos indicados en el artículo 10 de la LDC.[14]

La notificación debe ser hecha por todas las partes intervinientes en la operación en cuestión (Cfr. art. 8 del Decreto 89/2001 y Resolución 40/2001 de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor), lo cual en la práctica se ha traducido en que tanto comprador como vendedor deben notificar la operación.

La sanción por falta de notificación se encuentra prevista en el art. 9 y art. 46.d) de la LDC, donde se establece que [las partes sobre quienes pesare la obligación de notificar] serán pasibles de una multa de hasta un millón de pesos diarios, contados desde el vencimiento de la obligación de notificar (sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder). 

La LDC no incluye excepciones respecto de las concentraciones que tengan lugar en el marco de procesos concursales. Tanto es así que el síndico se encuentra obligado -conjuntamente con el comprador- a notificar una concentración económica que involucre el cambio de control sobre acciones, activos u otro de los elementos del art. 6 LDC que deriven de un proceso falencial.[15]

De esta manera, las adquisiciones de fondos de comercio, de activos o de participaciones societarias que tengan lugar como consecuencia de un acuerdo preventivo, o de los "supuestos especiales" del art. 48 de la ley 24.522 (Adla, LV-D, 4381), o de una liquidación derivada de una quiebra, deberán ser sometidas a la aprobación de la autoridad de aplicación de la LDC[16], si reúnen los requisitos antes explicados.

IV.b) Opiniones doctrinales esgrimidas respecto de la cuestión bajo análisis

Parte de nuestra doctrina sostiene que la incorporación del inc. 10 resulta razonable y que tiene principalmente en cuenta la futura contingencia del cramdown (art. 48 LCQ)[17], en tanto dicho procedimiento importa la adquisición de la propiedad sobre las acciones o participaciones de capital que dan derecho a tener influencia en las decisiones de la persona jurídica concursada, verificándose así el mentado cambio de control previsto en la LDC. Tales autores también sostienen que la regulación pudo haber sido más completa y requerido que el  síndico se expida respecto de las conductas anticompetitivas.[18]

Distinta opinión tiene el Dr. Cabanellas, para quien el inc. h) no tiene ningún efecto sobre el trámite concursal, sirviendo tan sólo para poner sobre aviso a las partes y al juez respecto de la necesidad de cumplir con las exigencias de la LDC[19]. En similar dirección se inclina el Dr. Vítolo, para quien la reforma no tiene en este punto ninguna trascendencia ni importancia, ya que igualmente llegado el caso, se deben respetar las normas de la LDC sin necesidad de que la Ley 25.589 lo dispusiera.[20]

El Dr. Cabanellas agrega, no obstante, que tal disposición es de muy difícil - si no imposible- aplicación práctica, pues recién puede saberse si el deudor quedará comprendido en el art. 8° de la LDC cuando se conoce no sólo el contenido del acuerdo preventivo, sino también la identidad de quien adquirirá activos en virtud de ese acuerdo preventivo o de los "supuestos especiales" del art. 48 de la ley 24.522. Sólo conociendo esa identidad podrá determinarse si las empresas involucradas en la operación de concentración económica, presentan el volumen de negocios requerido en el art. 8° de la LDC, luego de lo cual se analizará -como último eslabón de análisis- si algunas las excepciones previstas en la LDC (art. 10) resulta aplicable.

IV.c) Opinión del autor: el art. 39 inc. 10) de la LCQ presenta múltiples desafíos

La inclusión de cualquier nueva disposición en un cuerpo normativo dado (llámese ley, decreto, resolución u otro) merece siempre un cuidadoso análisis técnico en vista a sus posibles ramificaciones, efectos y operatividad. Cuanto más si existiera una interrelación normativa tal como sucede con el art. 39 inc. 10 de la LCQ, que vincula la materia concursal y la defensa de la competencia.

A efectos de comprender y analizar críticamente el art. 39 inc. 10 de la LDC, en los acápites anteriores nos pareció prudente repasar el rol del síndico en materia concursal, y la finalidad de su informe general en el concurso o quiebra. Habiendo puesto el tema en contexto, nos valemos del análisis de respetados doctrinarios, tomando distancia en ciertos supuestos e incorporando nuevos elementos de análisis para generar una mayor discusión.

IV.c.1) La redacción del art. 39 inc. 10) de la LCQ

El nuevo inciso pone en cabeza del síndico indicar en el informe general “si el deudor resulta pasible del trámite legal prevenido por el Capítulo III de la ley 25.156, por encontrarse comprendido en el artículo 8° de dicha norma”.

La redacción del inciso es deficiente, demuestra un desconocimiento de las normas de defensa de la competencia, y genera una peligrosa confusión.[21]

Como vimos al inicio de este trabajo, el Capítulo III de la LDC establece los presupuestos bajo los cuales las operaciones de concentraciones económicas deben notificarse ante la autoridad de aplicación de la LDC para su aprobación. Deducimos entonces que la intención de nuestro legislador al incorporar el inc. 10, pudo haber sido que el síndico indique si el proceso concursal o falencial podría derivar en una concentración económica de acuerdo con la LDC.

En caso de que mi interpretación fuere correcta, entonces el inciso fue mal redactado: como se explicó más arriba, la existencia (o no) de una concentración económica se determina en base a tres elementos (i) cambio de control sobre acciones, activos, etc. (art. 6, LDC), (ii) verificación del volumen de negocios de las empresas afectadas (art. 8, LDC) - donde en ningún caso se considera la facturación del vendedor-[22] y (iii) que ninguna de las excepciones dispuestas en el art. 10 de la LDC resulten aplicables.

Coincidimos con el Dr. Cabanellas en que sólo se podrá saber si el deudor [vendedor] queda comprendido en el art. 8° de la LDC una vez conocido el contenido del acuerdo preventivo [allí se identificará si hubo un efectivo cambio de control y sobre qué activos], y la identidad del comprador de los activos en virtud de ese acuerdo preventivo o de los "supuestos especiales" del art. 48 de la ley 24.522 [esto a los fines de la determinación del volumen de negocios]. Entonces nuestra propuesta sería, o bien se difiere el análisis “competitivo” para una etapa procesal ulterior donde ya se conozca el ámbito material del acuerdo y el comprador, o bien se modifica la redacción de la siguiente manera:

“ARTICULO 39: Oportunidad y contenido. Treinta (30) días después de presentado el informe individual de los créditos, el síndico debe presentar un informe general, el que contiene: (…)

10) Deberá informar, si el deudor resultaría pasible del trámite legal prevenido por el Capítulo III de la ley 25.156, en atención al valor de las acciones, participaciones sociales, fondo de comercio u otro tipo de activo concursal que pudiera quedar comprendido en el artículo 6 de la LDC .”

De esta manera, en oportunidad de emitir el informe general, el síndico se expide objetiva y formalmente respecto del valor de una potencial operación (art. 10, LDC), y quedará por determinar [a los fines de la notificación] si se cumplen los restantes requisitos una vez que se conozca el acuerdo y las partes involucradas.

IV.c.2) Análisis del tema a la luz de la función de la sindicatura

Independientemente de los comentarios arriba formulados respecto de la letra del inciso, creemos que no resulta conveniente exigir (vía informe general) que el síndico se expida acerca de si un proceso concursal o falencial encuadra bajo la notificación obligatoria prevista en la LDC.

En todo caso si el síndico considerase que debe brindar información relevante vinculado a esta u otra cuestión concursal, lo hará en su debida oportunidad y como un factor de responsabilidad profesional. No olvidemos que el art. 39 de la LCQ determina el contenido mínimo que debe tener el informe general, con lo que va dicho que, además de ese, el síndico puede abundar en toda otra consideración que estime de utilidad para el desarrollo ulterior del concurso.[23]

Adicionalmente, más arriba hemos dicho que el informe general no tiene fuerza vinculante respecto de la decisión que adopte el juez concursal; sin embargo, a cierta información volcada al informe general se le asigna valor probatorio pleno (ej. documentación contable) mientras que otra juega un rol indiciario. No está claro (y no fue analizado por la doctrina) qué valor convictivo cabría asignarle a la conclusión a la que arribare el síndico, en cumplimiento del inciso 10 del art. 39.

De cualquier manera, entendemos que exigirle al síndico el cumplimiento de este inciso va más allá de las funciones propias que tiene en materia concursal, origina gastos extra al concurso o quiebra (por ej. el síndico debe recurrir a asesores legales a los fines de poder expedirse) y aun así se mantiene cierto grado de exposición por responsabilidades y contingencias derivadas de la LDC, que tienen potencialidad de impactar en material concursal.[24]

Por ejemplo, pensemos en una situación totalmente común en nuestra Argentina de hoy: se decreta la quiebra de una empresa, donde el informe general del síndico reportaba que no corresponde trámite alguno ante la autoridad de aplicación de la LDC. En dicho contexto un tercero (grupo empresario con un gran volumen de facturación en Argentina, por encima del establecido en el art. 8 LDC) se dispone a adquirir activos falenciales que encuadran bajo el art. 6 de la LDC y cuyo valor es superior al establecido en el art. 10, LDC.

Así, estamos ante un escenario donde (i) la operación de concentración económica se debe notificar ante la autoridad de aplicación de la LDC, (ii) el comprador está dispuesto a notificar, (iii) el síndico concluyó en su informe general que no correspondía notificar (el juez concursal resolvió en consecuencia) y –consistente con sus propios actos- el síndico se niega a presentarse a notificar ante Defensa de la Competencia. Recordamos que la notificación compete al vendedor y al comprador[25] y la falta de cumplimiento se encuentra sancionada con multas de hasta 1 millón de pesos diarios por día de demora en presentarse a notificar.

Nos preguntamos inicialmente, entonces, ¿qué tratamiento concursal cabría darle a una eventual multa que fuere impuesta contra el síndico por la autoridad de aplicación de la LDC? ¿Podrían estas cuestiones constituirse en causales de remoción del síndico, con los consecuentes efectos perniciosos (y demoras) sobre el proceso concursal o falencial?

Son solo algunos de los interrogantes (no menores) que se han abierto y merecen respuesta; pero insistimos que gran parte de esta discusión pudiera haberse evitado si no exponíamos al síndico ante cuestiones que no le son propias en materia concursal.

V. Sugerencias tendientes a brindar la mayor transparencia posible [arriba] 

Adelanté en el acápite anterior que, en mi opinión, el inciso 10 del art. 39 LCQ introduce una cuestión material que resulta ajena a las funciones propias del síndico en material concursal, y por tal motivo debiera ser eliminado.

Ahora bien, previo a cualquier transferencia de activos (sea en el concurso o en la quiebra a través de la realización judicial de los bienes previstas en el Capítulo VI, Sección I de la LCQ) el tercero comprador podría (voluntariamente, en su beneficio propio) presentar en el expediente del concurso / quiebra un informe donde exponga las razones bajo las cuales entiende que la operación constituye una concentración económica en los términos del art. 8, LDC, sujeta a notificación obligatoria ante la autoridad de aplicación de la LDC.

Sugerimos que se curse traslado de ese escrito al síndico, quien debiera responderlo en caso de corresponder. Con dicha presentación, el tercero se asegura que tanto el síndico como así también el juez están formalmente notificados que la operación será notificada conforme la LDC, y el juez concursal se debiera limitar a tenerlo presente, a sus efectos.

VI. Conclusión [arriba] 

Muy respetuosamente  disentimos con el criterio doctrinario que sostiene que el inc. 10 del art. 39, LCQ no produce ningún efecto sobre el trámite concursal, ni tiene ninguna trascendencia o importancia.

Por el contrario, a lo largo de este trabajo nos hemos esforzado en suministrar las herramientas de análisis suficientes para comprender que la inclusión del citado inciso, si bien carece de eficacia en términos prácticos, al mismo tiempo eleva las preocupaciones y responsabilidades por sus posibles efectos de índole particular sobre el síndico (en cuestiones que entiendo le resultarían ajenas), y de índole general sobre el proceso concursal en sí.

Atento a la constante operatividad que tiene el informe general del síndico en todo proceso concursal o falencial, propiciamos que nuestros doctrinarios se incorporen a este discusión y se genere un debate más amplio sobre la cuestión bajo análisis.

 

 

Notas [arriba] 

[1] CERVIO, Guillermo y RÓPOLO, Esteban, Ley 25.156 Defensa de la Competencia comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 6.
[2] La Ley 26.993 de "Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo" sancionada el 17 de septiembre de 2014 introdujo ciertas modificaciones a la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia. Uno de los elementos centrales consistió en la eliminación de la figura del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. De acuerdo con el nuevo artículo 17 de la Ley 25.156, "El Poder Ejecutivo Nacional determinará la autoridad de aplicación de la presente ley", que tendrá las facultades previstas en el nuevo artículo 18 de la Ley 25.156. Por su parte, el nuevo artículo 19 establece que la Autoridad de Aplicación será asistida por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (“CNDC”) que contará con las facultades enumeradas en el artículo 20 de la Ley 25.156.
[3] CSJN, 04/11/2003, Amiano, Marcelo E. y otro c/ E.N. M. de Justicia y otro s/ Proceso de conocimiento.
[4] GARAGUSO, H., El síndico órgano necesario del proceso concursal, Jornadas de Actualización de Ciencias Económicas, La Plata, 1991.
[5] TONON, A., Derecho Concursal I. Instituciones Generales, De Palma, Buenos Aires, 1992, p. 62.
[6] GARAGUSO, H., MARIONDO, A., GARAGUSO, G., El proceso concursal. Tomo III, Ad.Hoc., Buenos Aires, 2000, p. 302.
[7] JUNYENT BAS, F. y MOLINA SANDOVAL, C., Ley de Concursos y quiebras comentada. Tomo 1 (Arts. 1 a 76), Depalma, Buenos Aires, 2003, p. 231.
[8] CNCom, Sala A, 16/6/88, “Frigocen S.A.”, LL, t. 1998-E, p. 361.
[9] ROUILLON, A., El informe general del síndico, Rev. “El Notificador”, Buenos Aires, 1991, No 36, p. 1943.
[10] CÁMARA, H. El concurso preventivo y la quiebra, Depalma, Buenos Aires, 1978, t. II, p. 785. JUNYENT BAS, F. y MOLINA SANDOVAL, C., op.cit., p. 232.
[11] CNCOM., Sala C, 14/3/89, “Rec. De queja Eugenio Diez s/ quiebra”.
[12] RIVERA, J., ROITMAN, H., VÍTOLO, D., Ley de Concursos y Quiebras. Tercera Edición Actualizada. Tomo I, Artículos 1 a 48, Rubinzal- Culzoni, 3ª ed., Santa Fe, 2005, p. 691.
[13] Artículo 7, LDC: Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.
[14] ARTICULO 10, LDC — Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo anterior las siguientes operaciones:
a) Las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya poseía más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones;
b) Las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de empresas;
c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina;
d) Adquisiciones de empresas liquidadas (que no hayan registrado actividad en el país en el último año).
e) Las operaciones de concentración económica previstas en el artículo 6° que requieren notificación de acuerdo a lo previsto en el artículo 8°, cuando el monto de la operación y el valor de los activos situados en la República Argentina que se absorban, adquieran, transfieran o se controlen no superen, cada uno de ellos, respectivamente, los VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000), salvo que en el plazo de doce meses anteriores se hubieran efectuado operaciones que en conjunto superen dicho importe, o el de SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000) en los últimos treinta y seis meses, siempre que en ambos casos se trate del mismo mercado.
[15] Resolución SCI 32 de fecha 14/3/2003 y Dictamen CNDC 340 de fecha 4/3/2003, en autos caratulados “Esmeralda Televisión S.A., Venado Tuerto TV S.A., y TV Interactiva S.A. (C. 380) s/ notificación art. 8, Ley 25.156”.
[16] CABANELLAS, G., Efectos de la ley de defensa de la competencia sobre los procesos concursales, LA LEY2003-C, 720 - Derecho Comercial - Concursos y Quiebras - Doctrinas Esenciales Tomo I, 01/01/2008, 569.
[17] JUNYENT BAS, F. y MOLINA SANDOVAL, C., p. 238.
[18] MOLINA SANDOVAL, CARLOS A., El derecho antimonopólico y el contenido del interés económico general en la ley 25.156, Semanario Jurídico, No. 1403, del 10/04/2003.
[19] CABANELLAS, G., Efectos de la ley de defensa de la competencia sobre los procesos concursales, LA LEY2003-C, 720 - Derecho Comercial - Concursos y Quiebras - Doctrinas Esenciales Tomo I, 01/01/2008, 569.
[20] VITOLO, R., Salvataje empresario, cramdown, transferencia forzosa de la empresa y derecho de defensa de la competencia, ponencia presentada al II Congreso Iberoamericano de la Insolvencia y IV Congreso de Derecho Concursal, Rosario, 2001.
[21] Lastimosamente, en la práctica esto conlleva normalmente a que los síndicos incluyan en el informe general una leyenda standard que reza “Concretamente dictamino que XXX no se encuentra comprendida dentro de las previsiones legales enunciadas en la LDC”, sin siquiera tener una acabada noción de los alcances de dicha afirmación.
[22] Resulta importante recordar que a los efectos del cómputo del volumen de negocios del art. 8 de la LDC, no corresponde incluir la facturación – en el último ejercicio fiscal - del vendedor, sino la de la empresa objeto de la operación con más la correspondiente al grupo comprador en Argentina.
[23] HEREDIA, P., Tratado exegético de derecho concursal. Ley 24.522 y modificatorias. Comentada, anotada y concordada. Tomo 1. Artículos 1 a 40, Editorial Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 796.
[24] Adicionalmente, siguiendo a los Dres. Junyent Bas y Molina Sandoval, hubiese sido loable que se incluyera en el inc. 10 la necesidad de que el síndico emitiera una opinión sobre conductas anticompetitivas (por ej., como resultado de la interrupción de un contrato comercial afectado por la situación concursal, se detecta una práctica explotativa o exclusoria con perjuicio al interés económico general tutelado por la LDC).  Sin embargo, no me parece que fuera necesario atento a que – frente a tal situación- el síndico puede hoy día – y con herramientas legales existentes- realizar la correspondiente denuncia directamente ante la autoridad de aplicación de la LDC para que investigue.
[25] Como vimos previamente, en el pasado el síndico de una quiebra se presentó a notificar una concentración económica, en conjunto con el comprador.