ARGENTINA
Doctrina
Título:Los delitos forestales
Autor:Lamadrid Ubillus, Alejandro
País:
Perú
Publicación:Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Número 18 - Diciembre 2015
Fecha:10-12-2015 Cita:IJ-XCIV-127
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A modo de introducción
Análisis dogmático del art. 310 CP
Tráfico ilegal de productos forestales maderables (310-a CP)
Notas

Los delitos forestales


Alejandro Lamadrid Ubillus


A modo de introducción [arriba] - 


El Perú es un país con un importante patrimonio natural y cultural, que ofrece múltiples oportunidades de desarrollo  mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la gestión integral de la calidad ambiental y la realización de actividades socioeconómicas con criterios de protección ambiental. En el país existen al menos 78 millones de hectáreas de bosques, es el noveno país en bosques, el cuarto en bosques tropicales y posee el 13% de los bosques amazónicos. Tiene 17 millones de hectáreas para pastos, 55.3 millones de hectáreas de tierras de protección y más de 18 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas; 3.7 Millones ha. (2.8%) de Bosques secos en el Nor Oeste de la Costa Norte del Perú;  56 Millones ha. De Bosques Tropicales o húmedos, mayormente ubicados en la Selva y Ceja de selva (49.1%).


Somos afortunados en tener dicha riqueza forestal y justamente la valoración de dichos recursos, demanda a sus principales actores (entre ellos los juristas especializados en materia ambiental) a contribuir en la generación de conciencia forestal; en el desarrollo forestal sostenido, en el fortalecimiento de un marco jurídico promotor y estable, en la institucionalidad pública y privada integrada, fortalecida y descentralizada, en el manejo forestal sostenible, etc. 


Además resulta fundamental un cambio de actitud en relación a nuestros recursos forestales bajo un esfuerzo educativo que alcance una conciencia de conservación e incorporación a la cultura nacional; este cambio de actitud debería empezar por el gobierno; con voluntad y decisión política,  otorgamiento de recursos para la reforestación; además, el esfuerzo del sector público, privado y de toda la sociedad para lograr su desarrollo, sostenibilidad, y la erradicación de la informalidad e ilegalidad extractiva de nuestro vasto patrimonio forestal.


Sin embargo durante los últimos años, nuestro país enfrenta, un saldo negativo; las actividades referidas a la tala ilegal y al tráfico ilegal de productos forestales maderables, así como a las actividades relacionadas a éstos, tales como la tala, adquisición, acopio, almacenamiento, transformación, transporte, custodia, comercialización embarque, desembarque, importación, exportación o reexportación de productos o especímenes forestales maderables y su financiamiento; se vienen dando en forma indiscriminada.


Y siendo el Perú uno de los 15 países con mayor diversidad biológica del mundo, por su gran variedad de especies de flora, fauna y ecosistemas, le corresponde desempeñar un papel preponderante en la conservación de sus recursos naturales, para lo cual, entre otras medidas, debe fortalecer su marco normativo en el sector forestal y de esta forma conseguir armonizar el desarrollo ambiental, económico y social del país con la satisfacción de las necesidades de la población. 


Precisamente el ámbito normativo le corresponde al gobierno impulsar el control y protección de los recursos forestales maderables, por lo que resulta necesario adoptar las medidas que permitan combatir eficazmente la tala ilegal de madera. Con dicha finalidad el 24 de setiembre del presente año, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo Nº 1220, en donde se establecen medidas para la lucha contra la tala ilegal, otorgándole al Ministerio Público la facultad de combatir de manera directa y frontal el delito de tala ilegal de madera, a través de la interdicción.


El Estado, en ejercicio de su rol de protección del patrimonio de la Nación, debe utilizar herramientas legales que permitan desarrollar el aprovechamiento legal, sostenible y ordenado de los recursos naturales, en especial de los recursos forestales, que coadyuvaran a la reducción del impacto negativo sobre las formaciones boscosas a nivel nacional afectadas por la tala, transformación, comercio y transporte de madera extraída ilegalmente, así como las actividades ilícitas conexas que éstas generan. Las amenazas que se ciernen sobre nuestra flora incluido los árboles y sus hábitats van desde el desarrollo desordenado de las ciudades, la contaminación ambiental, el avance de la frontera agrícola, hasta la sobreexplotación por presión comercial. Estimar en qué grado o nivel este recurso se encuentra amenazado constituye un paso para promover la elaboración de políticas de conservación y aprovechamiento racional. Una de las herramientas que se requieren para coadyuvar a la conservación de las especies de flora y/o fauna silvestre amenazadas es la implementación de medidas normativas y legales.


En la actualidad, la criminalidad forestal se encuentra constituida por el aprovechamiento económico de los recursos forestales en toda la cadena de la trazabilidad forestal[1], que incluye: la extracción (tala), transporte, transformación y de comercio que ha implicado incluso perjuicio en la recaudación tributaria y aduanera. Como consecuencia de ello, las autoridades forestales y otros operadores realizan en la actualidad múltiples acciones de control indistinta y/o conjuntamente (autoridades forestales, Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, entre otros).


La tala ilegal es la actividad vinculada al aprovechamiento de madera (recursos forestales maderables) sin cumplir con las disposiciones legales vigentes. A manera de resumen podemos señalar, que entre los supuestos que configuran tala ilegal se encuentran:


1.- Talar recursos maderables en cantidades superiores a las autorizadas.


2.- Talar especies o individuos no autorizados dentro o fuera de un título habilitante.


3.- Talar árboles en lugares no autorizados y sin contar con un título habilitante.


Es importante señalar, que una vez que se configura un supuesto de tala ilegal, ingresamos a otro frente que es el comercio de productos ilegalmente obtenidos, que se relaciona con actividades de transporte, transformación y la consecuente  comercialización, consideradas, entre otras, como actividades en el tráfico ilegal de productos forestales maderables reguladas en el artículo 310-A del Código Penal.


Algunas de las modalidades de tráfico de madera realizadas en nuestro país revelan por lo general los siguientes factores, los que contribuyen a que se produzcan actividades ilegales en el sector forestal:


1.- Un marco normativo y jurídico deficiente como es el caso del sector forestal.


2.- Un escasa capacidad de aplicación e implementación del Estado.


3.- Insuficiencia de datos e información sobre los recursos forestales y las operaciones ilegales.


4.- Corrupción en el sector privado y de funcionarios y servidores del sector forestal.


5.- Una demanda elevada de madera a precios bajos.


6.- Inexistencia de una norma específica, como la que se propone sobre interdicción de tala ilegal, que combata de manera frontal el aprovechamiento ilegal de los recursos forestales en toda su cadena productiva.


El Estado, en ejercicio de su rol de protección del patrimonio de la Nación, debe utilizar herramientas legales que permitan desarrollar el aprovechamiento legal, sostenible y ordenado de los recursos naturales, en especial de los recursos forestales, que coadyuvaran a la reducción del impacto negativo sobre las formaciones boscosas a nivel nacional afectadas por la tala, transformación, comercio y transporte de madera extraída ilegalmente, así como las actividades ilícitas conexas que éstas generan. Las amenazas que se ciernen sobre nuestra flora incluido los árboles y sus hábitats van desde el desarrollo desordenado de las ciudades, la contaminación ambiental, el avance de la frontera agrícola, hasta la sobreexplotación por presión comercial. Estimar en qué grado o nivel este recurso se encuentra amenazado constituye un paso para promover la elaboración de políticas de conservación y aprovechamiento racional. Una de las herramientas que se requieren para coadyuvar a la conservación de las especies de flora y/o fauna silvestre amenazadas es la implementación de medidas normativas y legales.


En el Perú el marco jurídico regulatorio que rige para la actividad forestal y de fauna silvestre está compuesto por diversos instrumentos legales que van desde la Constitución Política del Perú, la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,  la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, su Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante DS.018-2015-MINAGRI, del 30 de Setiembre del 2015 y otras normas de menor jerarquía cuyo contenido temático se encuentra orientado a la consecución del aprovechamiento y manejo de nuestros recursos forestales y de fauna silvestre y que tienen como principal objetivo armonizar el desarrollo ambiental, económico y social del país para satisfacer las necesidades de la población. En efecto, el Estado reconoce constitucionalmente la necesidad de proteger los recursos naturales, en su calidad de patrimonio de la Nación, que incluye a las ANP, siendo el responsable de promover su uso en forma sostenible, el manejo racional de dichos recursos, evitando su explotación ilegal y sobreexplotación. Tomando en cuenta las potencialidades de los recursos naturales del país, el Estado Peruano ha ratificado diversos tratados y convenios internacionales multilaterales, regionales y bilaterales que establecen importantes compromisos y oportunidades para la gestión de recursos naturales, tales como, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres – CITES el Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Estados Unidos, entre otros.


Los esfuerzos desarrollados en el marco de la legislación vigente, frente a la tala ilegal y que se han aplicado durante años, no han sido suficientes, por tal motivo el Gobierno ha decidido impulsar el control y protección de los recursos forestales maderables, adoptando normativamente las medidas que permitan combatir eficazmente la tala ilegal de madera, otorgándole al Ministerio Público la facultad de combatir de manera directa y frontal el delito de tala ilegal de madera, a través de la interdicción[2], mediante el Decreto Legislativo Nº 1220 del 24 SET 2015.


Frente a la problemática expuesta se propone con el Decreto Legislativo bajo análisis, las medidas para la lucha contra la tala ilegal y el tráfico ilegal de productos forestales maderables reguladas en el Código Penal, así como las actividades relacionadas a éstos, con el fin de otorgar a las acciones de control que realizan las instituciones competentes un enfoque distinto, desde la perspectiva o en el marco de una investigación penal (prevención y persecución del delito) y que también permitirá la recuperación de bienes que le pertenecen al Estado (objetos sobre los que recae el delito), en tanto son patrimonio de la Nación, disponiéndose como consecuencia de la interdicción, el decomiso especial[3] y la destrucción de los instrumentos del delito[4]


Mediante el Decreto Legislativo Nº 1220, se otorga facultades al Ministerio Público, para que afecte mediante acciones coercitivas de naturaleza real, los instrumentos del delito, permitiendo combatir de manera inmediata y eficazmente la tala ilegal y los delitos conexos. Se debe entender que las medidas coercitivas de naturaleza real constituyen una limitación al ejercicio del derecho patrimonial de aquella persona a la que se le imputa un delito, respecto de los instrumentos del delito y/o sobre los objetos que recae el mismo. En ese sentido se trata principalmente de elevar los costos de la acción delictiva y hacerla menos rentable para sus autores, en la medida en que no se valgan de diversos mecanismo (lícitos o ilícitos) para obtener la devolución de los referidos instrumentos u objetos del delito.


Es pertinente precisar que aun cuando generalmente le corresponde al Poder Judicial, la afectación de los derechos reales, el Decreto Legislativo Nº 1220, recogiendo la experiencia del Decreto Legislativo Nº 1100 (que regula la interdicción de la minería ilegal y establece medidas complementarias) opta por otorgarle esta competencia al Ministerio Público para afectar mediante acciones coercitivas de naturaleza real a los instrumentos del delito y objetos sobre los que recae el mismo[5]. De esta forma la intervención del Ministerio Público, es  transcendental, pues interviene afectando extraordinariamente (sin necesidad de autorización judicial), mediante acciones coercitivas de naturaleza real a aquellos bienes, maquinarias, embarcaciones, vehículos, equipos, insumo y otros, que se utilizaron en los ámbitos de aplicación de la norma para realizar la tala ilegal, el tráfico ilegal de los productos forestales maderables y demás actividades conexas. 


Con relación a las acciones de interdicción previstas en el Decreto Legislativo bajo comentario, se debe resaltar que ellas se encuentran justificadas y amparadas en la necesidad de intervención eficaz e inmediata del Estado, para frenar la tala ilegal de madera y el tráfico ilegal de productos forestales maderables. Será entonces el Ministerio Público, el encargado de disponer las acciones de interdicción, en el ejercicio de sus funciones.


Continuando con la delegación de facultades del Congreso de la República al Poder Ejecutivo, mediante ley Nro.30336; de legislar en materia de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; el Poder Ejecutivo el 26 de SET 2015 publicó el D. Leg. 1237; donde modifica varios artículos del código penal, entre ellos los artículos 310 y 310 A; referido a los delitos contra los recursos naturales en la figura de delito contra los bosques o formaciones boscosas y el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables; elevando la pena mínima de tres años a  cuatro años de pena privativa de la libertad, en ambos tipos penales; de igual forma en el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables incorpora el verbo “acopiar” y en lugar del verbo “vender” lo reemplaza por el verbo “comercializar”; eliminando la frase: “protegidos por la legislación nacional”; suprimiendo la parte in fine del artículo 310-A del CP. Que establecía: “…la misma pena será aplicable para el que a sabiendas financia, de modo que sin su cooperación no se hubiera podido cometer las actividades señaladas en el primer párrafo. Está fuera del supuesto previsto en el primero párrafo, el que realiza los hechos previstos en el presente artículo, si sus acciones estuvieron basadas en una diligencia razonable y en información de documentos expedidos por la autoridad competente, aunque estos sean posteriormente declarados nulos o inválidos.”


Los delitos contra el medio ambiente, se encuentran ubicados en el libro II título XIII distribuidos en cuatro capítulos:


Capítulo I: Delitos de Contaminación (Art. 304 al 307)


Capítulo II: Delitos contra los Recursos Naturales (Art. 308 al 313)


Capítulo III: Responsabilidad Funcional e Información falsa (Art.314 al 314B)


Capítulo IV: Medidas Cautelares y Exclusión o Reducción de Penas (Art. 314 C, 314 D)


El primer capítulo tipifica el delito de contaminación y sus formas agravadas. Este tipo penal ha sido totalmente modificado, pero al igual que el anterior considera la responsabilidad penal por culpa incluye un nuevo delito como es el incumplimiento de normas relativas al manejo de los residuos sólidos, pero mantiene el tipo penal para aquellos que contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones establecidas utiliza los desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano, finalmente modifica el texto del delito por tráfico ilegal de residuos peligrosos. El segundo capítulo tipifica los delitos contra los recursos naturales, su ámbito de protección a diferencia del anterior es mayor, pues, sanciona el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida; el tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre protegidas y su extracción ilegal, la depredación de flora y fauna silvestre protegida, el tráfico ilegal de recursos genéticos, sus formas agravadas, los delitos contra los bosques o formaciones boscosas, el tráfico ilegal de productos forestales maderables, la obstrucción de procedimiento, sus formas agravadas, aumenta la pena para los delitos por utilización indebida de tierras agrícolas, autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley y la alteración del ambiente. Este capítulo incluye el tráfico ilegal de la flora, fauna, recursos genéticos y forestales, así como el delito por obstrucción de procedimiento referido al impedimento de una investigación, auditoría o inspección con relación a la flora y fauna protegidas legalmente.


El tercer capítulo modifica la tipificación de la responsabilidad de funcionario por otorgamiento de derechos, e incluye un nuevo tipo penal respecto a la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas y la responsabilidad por información falsa contenida en informes. El último capítulo modifica el texto de las medidas cautelares otorgadas por el juez dejando abierto a discrecionalidad del juez para dictar algunas de las medidas cautelares previstas en la legislación; incluye un nuevo tipo penal respecto a la confesión sincera para los autores o participes otorgándole el beneficio de la reducción de la pena.


Análisis dogmático del art. 310 CP [arriba] - [6] Delito contra los bosques o formaciones boscosas


“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis y con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones.”


1.-Tipicidad objetiva.


1.1. Bien jurídico


El bien jurídico protegido es el ambiente natural o la estabilidad del ecosistema; que constituye el conjunto de las bases naturales de la vida.


Se establece así a una concepción antropocéntrica moderada de medioambiente, con fundamento en el vínculo dado por el “desarrollo de la persona” y la “calidad de vida”, que relaciona los bienes ecológicos con los intereses humanos imprimiendo así un carácter antropocéntrico e instrumental. El interés protegido no es por lo tanto una realidad ambiental en sí, en cuanto valor absoluto, sino una realidad vinculada a la realización personal, en otras palabras; moderadamente antropocéntrica[7]


En síntesis, y en palabras de Sánchez Melgar, el medio ambiente consiste en el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de posibilidades para hacer su vida[8]


1.2. Sujeto activo.


Según se desprende de los artículos 310 y 310-A del CP, estamos ante un delito común, ya que sujeto activo puede ser cualquier persona, el tipo penal no exige una cualidad especial para ser considerado agente.


Se advierte que las conductas típicas que recoge el legislador en la criminalización primaria del artículo 310, constituyen actos anteriores a los que criminaliza en el artículo 310-A, esto es la tala del bosque u otras formaciones boscosas es una actividad primaria y esencial, para que se puede producir el almacenamiento, acopio, transformación o transporte de productos de productos o especímenes forestales maderables; en consecuencia podría admitirse que el mismo agente sea autor de ambos delitos, vía un concurso Real de delitos, aunque en la práctica, será por lo general una persona distinta el leñador o talador de bosques de quien se dedica a comercializar la especie maderable.


1.3. Sujeto pasivo


Es la colectividad o sociedad en su conjunto, que puede verse afectada como consecuencia de los efectos perjudiciales de las conductas típicas bajo comento. En algunos  casos la víctima o perjudicado directo con dichas conductas típicas, será la persona que ostenta el título habilitante[9]. Sin embargo en la praxis judicial, por “razones prácticas u operativas” se estila colocar como agraviado al Estado; esto en razón de que el Ministerio Publico no puede ser “juez y parte” en el proceso penal, ya que el Ministerio Publico, representa en Juicio a la sociedad según su Ley Orgánica; ese es el motivo por la cual en las disposiciones Fiscales o Resoluciones Judiciales, se notifica al Procurador Publico en asuntos ambientales en representación del Estado; quien es nombrado por el Ministerio del Ambiente.


1.4. Objeto material


Lo constituyen los bosques o formaciones boscosas, conceptos normativos que nos obligan a recurrir a la ley penal en blanco; en este caso a la ley de Flora y Fauna Silvestre Nro. 29763 del 22 JUL 2011 y su Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante DS. Nro.018-2015-MINAGRI, del 30 SET 2015; donde se establece que son Unidades de ordenamiento forestal: Los Bosques de Producción permanente, Bosques locales, Bosques de Reserva, Bosques protectores, Bosques en tierras de comunidades campesinas y nativas y Bosques en predios privados. El Reglamento de Gestión Forestal establece que Bosque es: “ un ecosistema en que predominan especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, cuya cobertura de copa supera el 10% en condiciones áridas o semiáridas o el 25% en condiciones más favorables”; Bosque Primario; es un bosque con vegetación original caracterizado por la abundancia de árboles maduros con especies del dosel superior o dominante, que ha evolucionado de manera natural; Bosque secundario, es un bosque  de carácter sucesional, surgido como proceso de recuperación natural de áreas en las cuales el bosque primario fue retirado como consecuencia de actividades humanas o por causas naturales; Bosque artificial; es aquel donde el hombre ha intervenido en su nacimiento o repoblación. Se le llama también plantación forestal[10].


El tipo penal derogado protegía además de los bosques a “otras formaciones vegetales naturales o cultivadas que están legalmente protegidas” mientras que el actual ha suprimido estas últimas y ha incluido a las “formaciones boscosas”. Como es obvio, una formación vegetal es mucho más amplia que una formación boscosa, dado que tanto el bosque como la formación boscosa se refieren a tierras con cubierta arbórea…Esto significa que, al excluirse las formaciones vegetales, han quedado fuera de protección penal algunos tipos de asociaciones vegetales de productos forestales diferentes a la madera como los juncales, o totorales; o los pastizales naturales protegidos de la ignición por la ley 25268[11]


En cuanto al término formación boscosa, este no abarca a toda plantación forestal (formación boscosa artificial), sino a las plantaciones forestales propiamente dichas, es decir aquellas que cuentan con rodales, entendiéndose por tal a la agrupación de árboles de manejo u otras plantas que ocupando una superficie de terreno determinada. Es suficientemente uniforme en su especie, edad, calidad o estado, para poder distinguirlo del bosque arbolado que lo rodea; este concepto no incluye por lo tanto, a las plantaciones forestales en linderos, en cortinas rompe vientos, cercos vivos, bermas, etc.[12]


Cabe aclarar que la ley de flora y fauna silvestre 29763, no considera a las plantaciones forestales en predios privados Patrimonio Forestal de la Nación;  pero si considera a las plantaciones forestales en tierras del Estado Patrimonio Forestal de la Nación, conforme al artículo 4to inciso “d” y al artículo 5to. Inciso “b” de la mencionada ley[13]; las plantaciones forestales en tierras de propiedad privada se rigen por el DS.017-2014-MINAGRI del 03 OCT 2014; que dispone en su artículo 3 que el establecimiento y manejo de plantaciones forestales en tierras de propiedad privada, así como su aprovechamiento, no requieren de aprobación por la autoridad forestal y de fauna silvestre competente del plan de establecimiento, ni del plan de manejo forestal y no están sujetas al pago por derecho de aprovechamiento; solo se sujetan a las normas del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental (SNEIA) en lo que resulte aplicable; En consecuencia el objeto material de la acción, recae, en bosques naturales, bosques artificiales en tierras de dominio público (plantaciones forestales) y formaciones boscosas.


Significando que la octava disposición complementaria final del Reglamento paran la Gestión Forestal DS.Nro.018-2015-MINAGRI de la ley de flora y fauna silvestre 29763;  establece que todas las especies de flora silvestre constituyen patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, las mismas que se encuentran protegidas por la legislación nacional, siendo de especial interés para el Estado las especies incluidas en la clasificación oficial de especies de flora silvestre categorizadas como amenazadas o en convenios internacionales, así como las especies categorizadas como casi amenazadas o como datos insuficientes o si es endémica. Esa es la razón por la cual el legislador ha criminalizado mediante el D. Leg. 1237 la modificatoria del Articulo 310 numeral 8 del CP. Como una figura agravada de los tipos penales 310 y 310-A a los productos o especímenes forestales maderables protegidos por la legislación nacional; esto es a los especímenes forestales que se encuentran comprendidos en la convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, CITES (Washington, 1973). O la clasificación de especies amenazadas según la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) a la que se afilia el legislador peruano, conforme es de verse del artículo 139 del reglamento de la ley de flora y fauna silvestre[14]


En la legislación nacional existe el D.S. Nro.043-2006-AG que determina las especies en peligro y las modalidades de conservación de recursos de flora y fauna.


En consecuencia a partir de la fecha todo comportamiento típico señalado en los artículos 310 y 310-A; que se realice en cualquier bosque natural, artificial o formación boscosa, se encuentra incurso en el tipo base, cuya pena es no menor de 4 ni mayor de seis para el delito contra los bosques o formaciones boscosas y no menor de cuatro ni mayor de siete para el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables; y si el hecho se comete sabiendo que dicha especie forestal está protegida por la legislación naciónal; el agente se encuentra incurso en la figura agravada del artículo 310-C numeral 8 cuya pena no será menor de ocho años ni mayor de 10 años de pena privativa de la libertad. Esto es nos hallamos ante un tipo penal cualificado y por ello doloso. Si por el contrario el sujeto que realiza la conducta correspondiente desconoce que está destruyendo, quemando, dañando o talando en todo o en parte bosques o formaciones boscosas protegidas por la legislación nacional; o el agente que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables protegidos por la legislación nacional; no procederá la aplicación de la agravante, ya que el agente se encontraría ante un error de tipo.


1.5. Comportamiento típico del art. 310 CP.


Es un delito de lesión porque implica un resultado que deberá probarse, es decir el bosque natural o artificial ha sufrido un daño, en todo o en parte, por la acción de destrucción, ignición, daño o tala. Tal daño para que merezca ser evaluado en sede penal, debe ser grave[15] y para establecerlo es necesario analizar aspectos tales como la magnitud del daño y su afectación al ecosistema o a las poblaciones humanas que lo habitan; la relevancia del daño económico; y el valor intrínseco de la especie afectada por ejemplo la Directiva Nro. 009-2002-INRENA-DGFFS, sobre mecanismos para la imposición de sanciones establece que son especies forestales de muy alto valor intrínseco la caoba (Swetenia macrophylla), el cedro (Cedrela odorata), el ishpingo (Amburanaq cearensis) y el nogal negro (Juglans neotropical).


Sin embargo, al mismo tiempo este elemento típico dificultará la aplicabilidad de este precepto, ya que es poco probable que cualquiera de estas conductas realizadas de manera aislada produzca un grave perjuicio  para el ambiente y aunque este resultado se produjera, sería muy difícil de demostrar al exigirse ( al tratarse de un deliro de lesión o resultado) la constatación de la causalidad y la imputación objetiva del resultado a la conducta realizada, Y por otra parte, los problemas de deslinde entre el ilícito penal y la infracción administrativa se van a seguir produciendo en el caso de las conductas reconducibles a la infracción administrativa.


Las conductas delictivas que se incriminan en este artículo son de cuatro clases:


En primer lugar el tipo incluye  una conducta destructiva de la especie, como es “destruir” estimamos aquella acción del agente que aniquila, demuele, provoca actos devastadores sobre las especies forestales, quebrando su integridad y armonía estructural.


En segundo lugar “quemar” ha de entenderse aquella acción, en mérito de la cual el agente prende fuego sobre las plantaciones boscosas, mediando el empleo de sustancias combustibles.


En tercer lugar “dañar” comprende toda aquella conducta que sin destruir por completo los bosques o formaciones boscosas, propicia una afectación significativa en las estructuras boscosas, debilitando su crecimiento y preservación.


Por último la conducta de “talar” los árboles o formaciones boscosas, significa ya  la acción natural que realizan aquellos que pretenden extraer suficiente material natural para la elaboración de productos madereros. Vía dicho comportamiento, el árbol es cortado, lo que a su vez propicia una pérdida sensible de la retención del agua, incrementándose el nivel de sequedad, lo que en otras palabras desencadena  el calentamiento global.


La tala indiscriminada de formaciones boscosas implica la deforestación de los bosques, afectando la integridad de la biodiversidad, lo que en definitiva repercute en la cantidad de oxigeno que el hombre necesita para su existencia vital, es decir, indispensable para la supervivencia de la raza humana[16]


La modalidad para el acceso a los recursos forestales, son los títulos habilitantes, que es el acto administrativo otorgado por la autoridad forestal y de fauna silvestre, que permite a las personas naturales o jurídicas el acceso, a través de planes de manejo, para el aprovechamiento sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. Los títulos habilitantes: las concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre; en función a su ubicación son:


a) En tierras de dominio público:


- La concesión forestal.- es un bien incorporal registrable. Puede ser objeto de hipoteca, así como de disposición a través de la figura de cesión de posición contractual u otros actos acordes a la naturaleza del título. Las concesiones tienen una vigencia de hasta 40 años, periodo que se puede ampliar hasta por 5 años cada vez que un informe de OSINFOR, así lo recomiende. Mediante la concesión forestal, EL Estado, a través de los Gobiernos Regionales otorga, en áreas de dominio público, derecho para el aprovechamiento sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre y derecho de uso y disfrute de dichos recursos naturales y en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos extraídos legalmente, así como para todo tipo de actividad forestal, incluyendo según los casos, la producción de madera, de productos forestales diferentes a la madera[17]


- Contrato de cesión en uso en bosques residuales o remanentes.-  Los titulares de concesiones forestales pueden ceder a terceros su posición contractual. Esta cesión procede en tanto el título habilitante está vigente y la autorice la autoridad regional forestal y de fauna silvestre considerando el estado de las obligaciones, según informe de OSINFOR, y sin el cesionario cumple con los requisitos técnicos y económicos exigidos en el concurso en el cual la concesión fue otorgada.


- Resolución del SERFOR que autoriza la administración del Bosque local.- Los bosques locales se establecen en cualquier categoría de zonificación u ordenamiento forestal en tierras de dominio público, incluidos bosques de producción permanente sobre superficies adecuadas a los objetivos de cada sitio y la demanda de los usuarios.


b) En tierras de dominio privado.


- Permiso Forestal en predios privados.-El aprovechamiento forestal con fines comerciales en bosques naturales en predios privados, requieren de un permiso otorgado por la autoridad regional de flora y fauna silvestre (ARFFS).


c) En tierras de dominio público o privado, en caso de no contar con alguno de los títulos habilitantes antes mencionados:


- Autorización para extracción de plantas medicinales.- La autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga autorización, hasta por 5 años renovables para la extracción con fines comerciales de plantas medicinales y vegetación acuática emergente en bosques y otros ecosistemas de vegetación silvestre, fuera de áreas con títulos habilitantes vigentes. Cuando se trate de especies categorizadas como amenazadas, corresponde al SERFOR emitir la autorización.


El  artículo 40 del Reglamento para la gestión forestal de la ley 29763; ley de flora y fauna silvestre, establece 20 actos administrativos que no constituyen títulos habilitantes, entre ellos, la autorización de desbosque, autorización de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios en predios privados, autorización para estudios de exploración y evaluación de recursos forestales, etc.


El OSINFOR, es la autoridad competente para declarar la caducidad de los títulos habilitantes o derechos contenidos en ellos. Constituyen causales de caducidad:


a) La presentación de información falsa en los planes de manejo a la ARFFS, siempre que esté en ejecución o haya sido ejecutado.


b) La extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no autorizadas.


c) El cambio no autorizado del uso de las tierras.


d) Causar severos perjuicios que pongan en grave riesgo al ambiente y la biodiversidad, de acuerdo con la normativa vigente.


e) El no pago por derecho de aprovechamiento al cual se encuentra sujeto, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento y en el titulo respectivo,


f) La realización de actividades distintas a las otorgadas en virtud del título habilitante.


g) El incumplimiento de los compromisos de inversión acordados para el otorgamiento del título habilitante, en los casos que corresponda, salvo que se demuestre que fue causado por hechos fortuitos o de  fuerza mayor.


Los títulos habilitantes o actos administrativos se extinguen por las causales siguientes:


a) Aceptación de renuncia escrita.


b) Resolución.


c) Revocación.


d) Rescisión.


e) Declaración de nulidad.


f) Sanción de paralización definitiva de actividades.


g) Caducidad.


h) Incapacidad sobreviniente absoluta.


i) Extinción de la persona jurídica.


j) Fallecimiento de la persona natural, salvo se haya realizado la sucesión del título habilitante.


2. Tipicidad subjetiva.


Todas estas conductas exigen dolo, al no existir una cláusula que tipifique el delito imprudente. El dolo debe abarcar todos los elementos del tipo, por lo que, en relación a las conductas, el sujeto debe conocer, al menos de forma eventual que se trata de bosques o formaciones boscosas que no cuentan con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, en este caso por SERFOR o ARFFS. Y también que con su conducta está causando un grave perjuicio a la estabilidad del ecosistema. El desconocimiento de cualquiera de estos extremos (error de tipo), determinará la atipicidad de la conducta.


Por lo que se refiere a la antijuricidad, es posible que conductas típicas se encuentren justificadas por razones de investigación o para evitar un riesgo mayor por ejemplo la limpieza de la vegetación bajo las líneas de un tendido eléctrico de alta tensión para evitar incendios. En estos casos serán de aplicación el artículo 20 numeral 4  (estado de necesidad) o 20 numeral 8 CP. (Cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho oficio o cargo). El error sobre la concurrencia de una causa de justificación se tratará como error de prohibición (artículo 14 C.P.)


En el ámbito de los concursos, resultan interesantes las relaciones concursales que pueden plantearse entre este delito y otros delitos que también afectan al medio ambiente.


Por otro lado la conducta “quemar” puede entrar también en el ámbito de aplicación de los delitos de incendio (Articulo 273 CP).


Tráfico ilegal de productos forestales maderables (310-a CP) [arriba] - 


“El que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta, reexporta productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años y con cien a seiscientos días-multa”


a) Consideraciones previas.


La tala ilegal resulta una mafia de gran envergadura, que cada vez extiende más sus tentáculos en los territorios más fecundos de la Amazonía peruana, y en los frágiles bosques secos de la costa norte del Perú; involucrando un gran número de personas. De forma símil que las mafias de narcotráfico, encontramos dos eslabones del circuito delictivo: Uno orientado a cortar árboles, que vendrían a ser los leñadores, quienes protegen su accionar con armas de fuego; encontramos también los individuos asalariados de los denominados intermediarios, quienes a su vez transportan la mercadería, confundiéndola con madera de procedencia lícita. Serán finalmente, los capos de estas organizaciones, quienes introducen la madera en las naciones extranjeras, reportándoles sumas importantes de dinero. Como sucede con los cocaleros, al encontrar una fuente de ingresos más ventajosa que otra labor eventual, estas personas (los leñadores forestales) optan por el camino de la ilicitud, por lo que este problema no puede ser enfrentado simplemente por las normas penales, sino también con otros mecanismos de control social (formales)[18]


El tipo penal constituye un avance notable en la lucha contra la tala ilegal, pero a la vez implica que su efectividad está supeditada al desarrollo de una básica infraestructura: patrulleras fluviales, patrulleros 4x4, mayor número de puestos de control y Gps, vigilancia satelital, radios, incrustación de chips en los árboles, (trazabilidad de la madera), etc. Lo que deberá ser acompañado con el fortalecimiento de las Fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA) y la Policía de protección al ambiente, aumentando el número de sus miembros e incorporando técnicos especialistas, y lo propio con el equipo forense ambiental ( EFOMA), perteneciente al Instituto de medicina legal y ciencias forenses del Ministerio Publico.


Mediante esta tipificación se pretende cerrar el circuito delictivo, de evitar cualquier espacio de impunidad, según consideraciones político-criminales, sabedores que la industria ilegal de los productores madereros presenta diversos escalones; uno de la tala indiscriminada de árboles, y otro, el que adquiere, almacena transforma, transporta, acopia, oculta, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables.


Después de la agricultura migratoria y en algunas regiones la minería ilegal, la acción que más daño provoca a los bosques y desincentiva a los agentes económicos que realizan actividad forestal sostenible, es la tala ilegal, y el tráfico de productos forestales maderables sin contar con la documentación oficial respectiva y si bien no cabe duda que la sanción debe recaer en el sujeto que directamente la práctica, esta actividad incluye a otros sujetos con roles claramente diferenciados y que tienen una influencia mayor en la comisión de este ilícito que el propio extractor o transportista, quien no es más que el eslabón más débil de la cadena.


Así encontramos:


- Grupos de pequeños extractores que realizan la tala y transporte de     trozas hasta los puertos y centros de acopio principales.


- Habilitadores o financistas que facilitan dinero o víveres y enseres a los pequeños extractores ilegales o que compran la madera de origen ilegal.


- Empresas que facilitan los recursos económicos a los habilitadores para que acopien el volumen de comercio interno o externo comprometido.


- Funcionarios corruptos de la autoridad forestal que permiten la emisión fraudulenta de las Guías de Transporte Forestal, su “ruleteo” o el transporte sin tales guías. Muchos son cómplices de la emisión fraudulenta de GTF por los concesionarios, pues no verifican la correspondencia de lo consignado con la madera realmente extraída de la concesión en función al respectivo Plan Operativo Anual. Otros lo son por aprobar Planes Generales de Manejo Forestal y Planes Operativos Anuales manifiestamente falseados para simular mayor densidad forestal a efectos de permitir “legalizar” madera obtenida fuera de concesiones.


- Otros funcionarios públicos corruptos (policías, aduaneros, fiscales, jueces, etc.)


- Profesionales de las Ciencias forestales que formulan Planes Generales de Manejo Forestal y Planes Operativos Anuales fraudulentos.


- Intermediarios o testaferros que han obtenido concesiones forestales con el ex profeso fin de emitir Guías de Transporte Forestal para “legalizar” madera de origen ilegal.


- Propietarios de tierras de uso agrario o Comunidades Nativas, en las que existen especies forestales naturales, que gestionan permisos de extracción que se usan para transportar la madera ilegal procedente de otras áreas.


El tipo penal abarca pues, la cadena de comercialización de madera, desde el talador, pasando por el habilitador hasta el exportador, en un esfuerzo por impedir el “blanqueo” de la madera y solo bastará la presunción del origen ilícito de la madera para comprometerse con este delito.


b) Análisis de tipicidad


El delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables; elevando la pena mínima de tres años a  cuatro años de pena privativa de la libertad, en ambos tipos penales; de igual forma en el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables incorpora el verbo “acopiar” y en lugar del verbo “vender” lo reemplaza por el verbo “comercializar”; eliminando la frase: “protegidos por la legislación nacional”; derogando la parte in fine del artículo 310-A del CP.


Al ser un delito común, autor puede ser cualquier persona (“el que…) Sujeto pasivo es la colectividad, ya que al tutelarse como objeto del delito los productos o especímenes forestales maderables  (se entiende provenientes de los bosques o formaciones boscosas), se está tutelando finalmente un bien jurídico de naturaleza difusa (estabilidad eco sistémica).


No obstante, como advertimos al analizar el tipo básico, puede darse el caso que exista una superposición típica entre esta sub- modalidad y la modalidad básica (Art. 310) en el caso que se trate de la misma persona que realiza la deforestación y a la vez, comercializa el producto forestal; en cuyo caso nos encontraremos ante un concurso real de delitos.


Ahora bien, el tipo penal alcanza también al hombre de atrás (autor mediato) y al propio financista de estas operaciones; que ahora el legislador ha creído conveniente incorporarlo como una figura agravada en el artículo 310-C numeral 4 parte in fine cuando establece: “4.- Financie o facilite la comisión de estos delitos “cuya pena será no menor de 10 años ni mayor de 12 años.


Con respecto al financista, ya hemos puesto de relieve que se trata de un cómplice primario y no un autor, ya que su contribución resulta esencial para la perpetración del hecho delictivo; no sucede lo mismo con el que dirige u organiza este tipo de actividades ilícitas, quien será el autor mediato, y quien además  ahora con la modificatoria del D. Leg. 1237 establece también como figura agravada prevista en el artículo 310-C segundo párrafo numeral 1 que: “1.- El agente actúa como integrante de una organización criminal[19]; igual sucede si el autor causa lesiones graves o muerte durante la comisión del hecho delictivo o a consecuencia de dicho acto, o si el hecho delictivo se realiza para cometer delitos tributarios, aduaneros y de lavado de activos.”


Con respecto  la tipicidad subjetiva, se exige dolo en la conducta del agente. En este aspecto, resulta lamentable la redacción normativa de este tipo penal cuando  hace mención a actividades sobre productos o especímenes forestales maderables, “cuyo origen ilícito conoce o puede presumir” Situación que de lege ferenda debe corregirse; pues conforme lo pone de relieve muy acertadamente el desaparecido penalista peruano PEÑA CABRERA, Raúl[20], citando al argentino Ricardo Núñez, “Es menester destacar que en el caso que el autor admita que el resultado presumido tenga la probabilidad que ocurra y no obstante esta probabilidad desprecie esta advertencia y siga adelante, nos encontramos ante dolo eventual. En cambio, el deber de presumir algo sólo puede conducir a un obrar culposo ya que al no haberlo hecho, únicamente indica ligereza o descuido de proceder” Y es que, resulta criticable que para la configuración de este delito sea suficiente con la simple presunción de la proveniencia ilícita de los productos o especímenes forestales maderables, puesto que en la gran mayoría de casos podría realizarse tal presunción, lo que elimina cualquier garantía para los ciudadanos.


Si estamos hablando de un estado presuntivo acerca de un deber de cognoscibilidad, lo que arribamos es a una infracción de ciertos deberes que, solo puede configurar un delito culposo. En otras palabras, como explica CABRERA FREYRE[21], lo que se reprime es la infracción del deber, de la debida diligencia, por no haberse informado adecuadamente acerca de la procedencia del bien; si estamos ante un deber cognoscitivo, que no puede ser identificado a un nivel virtual de conocimiento, concluimos que se ha incluido subrepticiamente la modalidad culposa, en franca contravención a los artículos 11º y 12º de la PG del CP.


Con respecto al dolo directo, el desconocimiento de dicha licitud, nos genera un error de tipo, de acuerdo a la descripción del tipo penal, donde la licitud se constituye en un elemento normativo del tipo penal; ya que, como veremos más adelante, será la autoridad administrativa la encargada del inventario, catastro, y registro oficial de los recursos forestales; siendo a la vez, la encargada de la publicación de la información de manera oportuna y eficaz.


La exoneración de pena por la diligencia razonable, basada en información favorable por parte de la Administración, ha sido también derogada porque como expone claramente CABRERA FREYRE, nos encontramos ante una causal de exoneración de responsabilidad penal, venida a más por criterios de imputación objetiva, en lo que respecta a la delimitación de ámbitos de responsabilidad, en el sentido que el disvalor de la conducta, obedece a una actuación defectuosa atribuible únicamente  a la esfera de competencia de la Administración. Empero, no estaríamos en tal supuesto, si de las investigaciones se comprueba que hubo un acuerdo ilegal con el funcionario público para la expedición del acto administrativo[22].


Con la anterior redacción del tipo penal, se prestaba a que ciertos funcionarios del ex Inrena se prestaran a corruptelas, ya que una vez intervenido el traficante de madera en cualquiera de las conductas delictivas antes descritas, por la Policía Nacional conjuntamente con la Fiscalía especializada en materia ambiental, trataban de conseguir la Guía, de transporte forestal con fecha anterior a la intervención policial o fiscal y sostenían que se había olvidado o argumentaban que la Policía no les requirió oportunamente la Guía de Transporte forestal, presentando dicho documento incluso en el proceso penal con la finalidad de exonerarse de responsabilidad.


Asimismo, al hacerse mención en el tipo penal sub exámine, sobre el “origen ilícito” de estos especímenes o productos forestales; se entiende que la comercialización debe ser realizada sin contar con los permisos, autorizaciones, concesiones, etc., otorgadas por autoridad forestal competente; por lo que esta sub-modalidad debe remitirse al tipo básico (Art. 310 del CP), en dicho extremo. 


Asimismo, nos encontramos ante un tipo penal en blanco, esquematizado bajo la expresión “productos o especímenes forestales maderables” es decir, se establece como objeto material dichos productos forestales en específico, que son objeto de acopio, almacenamiento, comercialización y tráfico ilícito por parte del sujeto activo; conceptualización que debe remitirse a la normativa extrapenal.


En tal sentido, el reglamento de la Ley forestal y de Fauna silvestre (Dec. Supremo 018-2015-MINAGRI) en su artículo 5 (definiciones) glosa los siguientes términos:


- Producto forestal.- Todos los componentes aprovechables de Los recursos forestales extraídos del bosque, asociaciones vegetales y/o plantaciones.


- Producto forestal al estado natural.-  Todo ejemplar de flora maderable o no maderable, vivo o muerto, entero o en partes, y que no han sufrido ningún proceso de transformación. 


- Producto forestal elaborado.- Piezas, partes y productos terminados resultantes de la transformación de productos forestales maderables; y otros productos del bosque obtenidos de los procesos de transformación primaria.


- Producto forestal maderable.- Madera, así como los productos y derivados que se obtengan de la transformación de ésta.


- Producto forestal diferente a la madera.- Todo material biológico de flora diferente a la madera que puede ser extraído del bosque, para su aprovechamiento.


- Producto forestal terminado.- Producto forestal que no requiere de más procesamiento para su uso final.


- Producto forestal transformado.- Son aquellos productos obtenidos de procesos de transformación para su comercialización, así como los provenientes de viveros o plantaciones forestales.    


Según WESTREICHER[23], la mayoría de personas piensa que el producto forestal es únicamente la madera, pero el bosque nos ofrece también otros productos forestales que son diferentes a la madera, como las plantas, frutos, semillas, vainas, aceites, látex, tallos, cortezas, hojas, raíces, flores, inflorescencias, etc.; esos son los otros bienes que brindan los bosques de producción a que se refiere la LFFS.


Según el artículo 27. 1 de la LFFS- Ley Forestal y de Fauna silvestre (29763) son bosques de producción las superficies boscosas que por sus características bióticas y abióticas son aptas para la producción permanente y sostenible de madera y otros servicios forestales.


Finalmente, las conductas típicas “exportar”, “importar” y “reexportar” e inclusive “comercializar” por ser actos complejos y que requieren un entramado de relaciones sociales; pueden devenir en un delito tentado. No sucede lo mismo con los otros verbos rectores (almacenar, transportar, custodiar, acopiar, ocultar. transformar, desembarcar, adquirir) que al constituir formas delictivas de mera actividad, no admiten la tentativa.


No podemos terminar el comentario sobre este precepto, ya que al haber sido derogado la frase: “protegidos por la legislación nacional”, ahora el imputado no podrá aducir que desconocía si los especímenes o productos forestales maderables estaban protegidos o no por la legislación nacional de las conductas delictivas descritas en el tipo penal; máxime si el legislador ha criminalizado dicho comportamiento no solo con dolo directo, sino con dolo eventual, por lo que basta que el agente conocía o podía presumir el origen ilícito, de adquirir, acopiar, almacenar, transformar, transportar, ocultar, custodiar, comercializar, embarcar desembarcar importar exportar o reexportar productos o especímenes forestales maderables, para que se configure el delito.


 


 


Notas [arriba] - 


[1] La trazabilidad comprende mecanismos y procedimientos preestablecidos que permiten rastrear (históricamente) la ubicación y la trayectoria, desde el origen, de los productos forestales y productos derivados de los mismos, a lo largo de la cadena de producción forestal, utilizando para ello diversas herramientas; como la vía satelital, el GPS, el ADN, etc.
[2] Interdicción: Acción dispuesta por la presente norma, mediante la cual el Ministerio Público afecta mediante acciones coercitivas de naturaleza real, los objetos sobre los que recae el delito y/o los instrumentos del delito detallados en la presente norma, vinculados a la tala ilegal y a las actividades descritas en el artículo 310-A del Código Penal, que recaen sobre productos o especímenes forestales maderables de origen ilegal. Son modalidades de interdicción: el decomiso especial, la destrucción y la reducción de valor comercial. Las acciones de interdicción se realizan sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.
[3] Medida de coerción extraordinaria autónoma y especial dispuesta por el Ministerio Público, mediante la cual se declara el dominio de los objetos sobre los que recae el delito a favor del Estado y/o la pérdida de titularidad de los instrumentos del delito, por estar vinculados con actividades ilegales. Asimismo, respecto de los objetos sobre los que recae el delito, el Ministerio Público dispone la recuperación de éstos, a favor del Estado, en tanto son Patrimonio de la Nación.
[4]Maquinarias, embarcaciones, vehículos, equipos, montacargas, cargadores frontales, retroexcavadoras, camiones tronqueros, volquetes, sierras, motores, generadores de energía eléctrica, tractores forestales, camiones cisterna que provean combustible o agua y otros equipos, vehículos, embarcaciones fluviales o maquinaria, independientemente de su potencia, tamaño, volumen o capacidad de carga o cualquier bien o insumo, utilizado en la comisión y desarrollo del delito.
[5] Productos forestales maderables que se encuentren al estado natural o con transformación cuyo origen lícito no pueda ser probado ante el requerimiento de la autoridad competente.
[6] Modificado por el D. Leg. Nro.1237 del 26 SET 15.
[7] Sessano Goenaga, Javier C., “La protección penal del medio ambiente. Peculiaridades de su tratamiento jurídico”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología del 20/7/02, Madrid, pág. 7
[8] Sánchez Melgar, J., “La jurisprudencia penal en materia medioambiental”, en incidencia medioambiental y derecho sancionador, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, pág. 54.
[9] Es un instrumento otorgado por la autoridad forestal y de fauna silvestre, que permite a las personas naturales o jurídicas el acceso a través de planes de manejo, para el aprovechamiento sostenible de los bienes forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre.
[10] Plan nacional de reforestación aprobado por RS. 002-2006-AG, anexo 6 Glosario de términos.
[11] ANDALUZ WESTREICHER, Carlos: “Manual de Derecho Ambiental” editorial iustitia 4ta. Edición 2013 Lima Perú, pág. 772.
[12] ANDALUZ WESTREICHER, Carlos: “Manual de Derecho Ambiental” editorial iustitia 4ta. Edición 2013 Lima Perú, pág. 770.
[13] Artículo 11 de la ley 29763, Plantaciones forestales (se refiere a los bosques plantados en tierras del Estado); son ecosistemas forestales constituidos a partir de la intervención humana mediante la instalación de una o más especies forestales nativas o introducidas, con fines de producción de madera o productos forestales diferentes a la madera, de protección, de restauración ecológica, de recreación, de provisión de servicios ambientales o cualquier combinación de los anteriores.
[14] Especie en peligro critico (CR): una especie o taxón está en peligro crítico cuando enfrenta un riesgo9 extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato.- Especie en peligro (EN): una especie o taxón se considera amenazada de extinción cuando sin estar en peligro crítico, enfrenta un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre en un futuro cercano.- Especie en situación vulnerable (VU): una especie o taxón se encuentra en situación vulnerable cuando enfrenta un riesgo alto de extinguirse en estado silvestre a mediano plazo o si los factores que determinan esta amenaza se incrementan o continúan actuando.-Especie en situación casi amenazada (NT): una especie o taxón se encuentra en situación casi amenazada cuando no satisface los criterios para ser categorizada como en peligro crítico, en peligro, o vulnerable; pero está próximo a satisfacerlos o posiblemente los satisfaga en el futuro cercano.- Especies con datos insuficientes (DD). Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación directa o indirecta de su riesgo de extinción basándose en su distribución o condición de la población.
[15] Las conductas típicas señaladas como destruir, quemar, dañar, talar; sino no son graves para la estabilidad del ecosistema, devienen en conductas atípicas.. El artículo 207 establece las infracciones en leves, graves y muy graves y los criterios específicos para la aplicación de las multas son: gravedad de los daños generados, los beneficios económicos obtenidos por el infractor, los costos evitados por el infractor, los costos administrativos para la imposición de la sanción, la afectación y categoría de amenaza de la especie, la función que cumple en la regeneración de la especie, la conducta procesal del infractor, la reincidencia, la reiterancia, la subsanación voluntaria por parte del infractor si es realizada con anterioridad a la notificación de la imputación de infracciones.
[16] CABRERA FREYRE, Alonso R. “Los delitos contra el medio ambiente”, editorial Rodhas, primera edición Marzo 2010 Lima-Perú.
[17] Vaina de algarroba, castaña, shiringa,  palminto, aguaje, ojè, lana vegetal, pijuayo, tara, copaiba sangre de grado, etc.
[18] PEÑA CABRERA FREYRE, ob. Cit. Pág. 229.
[19] Esta agravante fue introducida por la ley 30077 Ley de lucha contra el crimen organizado vigente desde el 01 JUL 2014
[20] PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte especial. Ediciones jurídicas, Lima, 1995. Tomo II-A. Pág. 261.
[21] CABRERA FREYRE, ob. Cit. Págs. 208-209.
[22] CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Los delitos contra el medio ambiente. Ob. Cit. Pág. 244-245. Quien agrega “El precepto en cuestión, no condiciona la admisión de esta exención de responsabilidad, a la declaratoria de Nulidad del Acto Administrativo, lo cual resulta contrario a la valoración de este enunciado, siendo la presunción de validez, una propiedad inherente a toda resolución administrativa. Por consiguiente, las consecuencias nulificantes del Acto Administrativo, es un presupuesto necesario, para la procedencia de la exención punitiva”
[23] ANDALUZ WESTREICHER, Carlos. Manual… Ob. Cit. Pág. 249. Resulta interesante la casuística de productos forestales que expone este autor.


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